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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02728-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02728-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por Nestor Raúl Correa Henao, en relación con los desacuerdos sobre la ausencia de valoración probatoria y desconocimiento del precedente judicial, y NEGAR el amparo solicitado, frente al reparo sobre la indebida apreciación de determinadas pruebas. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02728-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02728-00
Demandante: Nestor Raúl Correa Henao
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Acoso laboral. Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en relación con el desacuerdo sobre la ausencia
de valoración probatoria. Falta de relevancia constitucional, en lo
que atañe al desconocimiento del precedente judicial. Ausencia
de defecto fáctico, en cuanto al reparo sobre la indebida
apreciación de determinadas pruebas.

Decisión: Declara improcedente, frente a los dos primeros cargos, y niega
el amparo solicitado, respecto del tercero.

La Sala decide la acción de tutela formulada por Néstor Raúl Correa Henao contra
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 10 de abril de 2026, Néstor Raúl Correa Henao presentó acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y al trabajo. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 20 de
noviembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-42-000-2018-02444-01, para, en su lugar, dictar una nueva
providencia, en la que se tenga debidamente probado el despido injusto por acoso
laboral al cargo de secretario ejecutivo de la JEP.

2. Adicionalmente, peticionó que se ordenen las investigaciones a que haya
lugar, tanto disciplinarias como fiscales; y a la JEP que rinda informe completo sobre
todas las denuncias que ha recibido por acoso laboral, en el que se especifique
fecha, denunciado, motivo, evolución y terminación de las investigaciones.

3. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que el accionante junto con Ana María Botero San Clemente,
Mariana Correa Botero y Joaquín Correa Botero instauraron demanda de nulidad y

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Demandante: Nestor Raúl Correa Henao

restablecimiento del derecho en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (en
adelante JEP), con el fin de obtener la nulidad del acto del 12 de abril de 2018,
mediante el cual se le aceptó la renuncia del cargo que venía desempeñando el
primero de los mencionados como secretario ejecutivo de la JEP, a partir del 1 de
mayo de 2018.

4. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) el
reintegro al cargo de secretario ejecutivo de la JEP; ii) el reconocimiento y pago de
los salarios, prima especial de servicios y de vacaciones, gastos de representación,
aportes al sistema de seguridad social y las cesantías de los periodos comprendidos
entre el 1 de mayo de 2018 y el 14 de marzo de 2028, fecha en la cual se cumplirían
los 10 años de operaciones de la entidad demandada; en subsidio, el pago de esas
sumas entre el 1 de mayo de 2018 y la fecha que se determinara en la sentencia;
iii) el pago de los perjuicios morales a favor del demandante y su núcleo familiar; iv)
el cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, relacionado con las
sanciones por acoso laboral; y v) la condena en costas a su favor.

5. El 12 de octubre de 2023, la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Para soportar su decisión, en relación con el acoso laboral, adujo que no se probó
que el demandante hubiese presentado denuncia ni queja alguna en ese sentido,
teniendo la facultad para poner en conocimiento ante las autoridades competentes
las conductas que consideraba que constituían acoso laboral, de acuerdo con la Ley
1010 del 23 de enero de 2006.

6. Adicionalmente, sostuvo que no se acreditó la desviación de poder alegada,
ya que de las pruebas allegadas no se logró establecer que con la expedición del
acto que aceptó la renuncia se persiguiera un fin distinto del señalado en la norma
o que el nominador actuara con un móvil oscuro reprochable al aceptarla.
Igualmente, en relación con la falsa motivación, explicó que el acto acusado fue
expedido con ocasión de la renuncia del cargo que el actor venía desempeñando,
radicada el 3 de abril de 2018, por lo que su aceptación por parte de la Sala Plena
de la JEP se encontraba ajustada a derecho, pues no se encontró inconsistencia
alguna en su contenido.

7. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual sostuvo que la sentencia carece de argumentación judicial,
pues no realizó un análisis en conjunto y crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales lo que permitía advertir sin dificultad que ellas apuntaban a
demostrar el prolongado maltrato y persecución contra el demandante,
desconociendo con ello lo dispuesto en los artículos 176 del Código General del
Proceso y 187 del CPACA.

8. Asimismo, insistió en que en el expediente se encontraba plenamente
acreditado el acoso laboral del que fue víctima durante su desempeño como
secretario ejecutivo de la JEP, lo cual se vio reflejado en los actos de

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desacreditación constante de su trabajo, el cambio del periodo del secretario
ejecutivo de «10 años» a 2 años y la sustracción de funciones que le eran propias.

9. El 20 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que la
renuncia fue válida y voluntaria, pues no se probó que existieran vicios en el
consentimiento. Además, consideró que el demandante, por su experiencia como
exmagistrado y secretario ejecutivo de la JEP, tenía la capacidad suficiente para
decidir libremente si renunciaba o no. Por ello, aun si hubo una sugerencia o
solicitud de renuncia por parte de la administración, esto no constituía una coacción
que anulara su voluntad. Asimismo, explicó que el acto que aceptó la renuncia fue
expedido por la autoridad competente y fue notificado, de acuerdo con la constancia
de recibido del 17 de abril de 2018 que obra en el Oficio OSJ0014 suscrito por la
secretaría general de la JEP, por lo que no encontró acreditada una expedición
irregular de este.

10. Adicionalmente, consideró que el juez de primera instancia sí valoró en
conjunto las pruebas documentales y la prueba testimonial y que el hecho de no
haberles dado el alcance pretendido por el demandante no implicaba vulneración
de las normas procesales invocadas, pues la autoridad judicial tiene la potestad de
examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los medios de convicción, así
como de otorgarles grados de certeza, siempre que se haga de forma integral y bajo
los criterios de la sana crítica. Además, señaló que, aunque la denuncia de acoso
laboral no era obligatoria, esta podía constituir un indicio de que se estaba frente a
esta conducta; no obstante, con el material probatorio allegado al proceso no se
logró acreditar que existiera la conducta por acoso laboral alegada ni desvirtuar la
legalidad del acto demandado.

11. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia del 20 de
noviembre de 2025, incurrió en defecto fáctico, al no realizar una valoración integral
de las pruebas, sino «selectivo, sesgado y fragmentado», puesto que omitió el
estudio de la supresión de sus funciones, comoquiera que en el Reglamento Interno
de la JEP del 15 de marzo de 2018, expedido más de un año después de que
ejerciera esas funciones, quitaron funciones administrativas al secretario ejecutivo
y se las trasladaron a la presidenta, toda vez que el artículo 19, literal I, dispuso que
es la presidenta quien asume las funciones de jefe de personal, que es una función
típicamente administrativa, propia del resorte competencial de un administrador, o
sea del Secretario Ejecutivo, como por ejemplo conceder licencias, permisos,
vacaciones, etc; por lo que se produjo un «vaciamiento» en sus funciones, lo cual
es típica causal de acoso laboral.

12. Asimismo, omitió el examen del comunicado «insultante de la Presidenta de
la JEP del 26/04/18», en el cual se le calificó públicamente como «delincuente,
chantajista e incompetente», lo cual daba cuenta del «odio y del resentimiento; así
como el ambiente tóxico que se vive en esa Institución». Agregó que las denuncias
por acoso laboral en la JEP y entre los propios magistrados demuestran un clima

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generalizado y sistemático de acoso laboral, pues esa corporación «tiene uno de
los mayores índices de denuncia por acoso».

13. Indicó que no se realizó el estudio sobre las denuncias penales y
disciplinarias que los magistrados de la JEP interpusieron en su contra, las cuales
afectaron su buen nombre y el de su familia. Adicionalmente, expuso que, aunque
la sentencia de primera instancia consideró que no podían tenerse en cuenta por
ser posteriores a la renuncia, constituyen un indicio de un acoso laboral extremo,
pues ellas encajan en la causal contenida en el literal e) del artículo 7 de la Ley 1010
de 2006, comoquiera que se cumplen los dos requisitos allí previstos: las denuncias
son múltiples y son temerarias, pues ninguna de las 3 denuncias resultó en nada.
Adujo que se pasó por alto su declaración y la propuesta de conciliación que le
realizó a la JEP, en el sentido de que «retiraba sus pretensiones económicas si ella
le ofrecía unas excusas públicas»; sin embargo, aquella entidad contestó que no
conciliaba.

14. Sostuvo que no se tuvieron en cuenta los correos electrónicos enviados
entre magistrados del Comité Estratégico de la JEP a finales de 2017, divulgados
por la prensa, en los cuales se ponía de presente la intención de excluir a la
Secretaría Ejecutiva del órgano de gobierno, modificar funciones y sacar al
«secretario de la Sala de Gobierno», lo que, en su criterio, constituye acoso laboral.
Finalmente, manifestó que la providencia cuestionada nunca analizó el motivo de
su renuncia, pues no se indagaron las razones por las cuales dejaría un cargo tan
importante y bien remunerado, siendo padre de familia, con obligaciones
económicas y dos hijos en la universidad, por lo que no existía razón para
abandonar voluntariamente ese empleo salvo una situación grave.

15. De otra parte, manifestó que en la providencia cuestionada no se valoró
adecuadamente la declaración rendida por el señor Julián Trujillo, ya que se
omitieron apartes importantes de este, donde se señaló que «un grupo de
magistrados conformaron de manera informal lo que llamaron el «Comité
Estratégico», liderado por Patricia Linares, que se dedicó a buscar la salida del
Secretario Ejecutivo de la JEP; A Correa lo ponían a tomar fotocopias, le quitaron
funciones, le quitaron la oficina y lo mandaron a un cubículo, despotricaban de él en
la prensa». También, señaló que el testimonio se redujo a simples diferencias de
criterio sobre la estructura y funcionamiento de la JEP, ignorando que las demás
pruebas evidenciaban una «violenta persecución laboral».

16. Adicionalmente, aseveró que se efectuó un estudio «sesgado» del examen
ocupacional de retiro, pues en este fue remitido al psiquiatra «por sospecha de
enfermedad común agravada por el trabajo»; sin embargo, la autoridad judicial
accionada lo desestimó por tratarse de solo una sospecha, confundiendo la
sospecha judicial con la médica, ya que en la primera la sospecha no basta para
probar nada; mientras que en la segunda esta es una importante señal de alerta.

17. Aseguró que la autoridad accionada realizó una interpretación inadecuada,
frente al recorte del período del cargo de secretario ejecutivo de la JEP, pues,

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contrario a lo sostenido por la autoridad accionada, en el reglamento de la
corporación no había un vacío, sino que dicho cargo tenía un período equivalente
al de los magistrados de la JEP, con un régimen salarial y prestacional idéntico y
sin límite temporal específico. El período de los magistrados y del secretario
ejecutivo era sui generis: no correspondía al de ocho años de las altas cortes ni
estaba sujeto al retiro obligatorio a los 70 años.

18. Por otro lado, afirmó que el proveído censurado incurrió en desconocimiento
del precedente judicial, puesto que existe múltiple jurisprudencia pacífica,
relacionada con el estudio integral, racional y sistemático de las pruebas y el acoso
laboral. Concretamente, mencionó las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional: T-442 de 1994, T-814 de 1999, T-237 de 2017, T-198 de 2022, T-
018 de 2023 y SU-167 de 2024; y los fallos dictados por el Consejo de Estado el 14
de junio de 2007 (Rad. 6681-05), el 16 de octubre de 2017 (Rad. 25000-23-41-000-
2014-01359-01), el 11 de septiembre de 2023 (Rad. 13001-23-33-000-2023-00038-
01), el 15 de febrero de 2024 (Rad. 52001-23-33-000-2016 00274-01) y el 3 de mayo
de 2024 (Rad. 25000-23-42-000-2016-01553-01).

19. Finalmente, manifestó que se configuró la causal de violación directa de la
Constitución Política, toda vez que la Subsección accionada transgredió sus
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.

Intervenciones1

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que
la decisión objeto de reproche se fundamentó en el material probatorio allegado al
proceso, por lo que el hecho de que la valoración de las pruebas no fuese en el
sentido que pretendía el demandante no quiere decir que se haya incurrido en
vulneración alguna, dado que se concluyó que aquellas no fueron suficientes y
contundentes para demostrar que el acto demandado estaba viciado de desviación
de poder, falsa motivación y expedición irregular por acoso laboral.

21. En ese sentido, afirmó que la solicitud de amparo está encaminada a
proponer un debate como si se tratara de una tercera instancia, toda vez que lo
discutido fue considerado, controvertido y resuelto por el juez natural de la causa en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, solicitó declarar
improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo
deprecado.

22. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 2 , luego de exponer las
excepciones y argumentos planteados en la contestación presentada en el proceso
ordinario, indicó que lo expuesto por el accionante se sustenta en hechos y

1 El 14 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y se vinculó, en calidad de terceros interesados, a Ana María Botero San Clemente, a
Mariana Correa Botero, a Joaquín Correa Botero, y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
2 El apoderado de la JEP aportó copia del poder especial debidamente conferido por Carlos Iván Castro
Sabbagh, en calidad de director nacional (E) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP;
información que reposa en el índice 13 del expediente digital que obra en SAMAI.

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circunstancias posteriores a la presentación de su carta de renuncia, la cual fue
voluntaria, espontánea, clara y precisa y, adicionalmente, en esta se evidencia que
no existió la más mínima manifestación de que hubiese sido provocada o
presionada por la entidad nominadora.

23. Asimismo, adujo que la autoridad accionada realizó un análisis integral,
ponderado y riguroso del material probatorio allegado al expediente, cuyas
conclusiones reflejan de manera precisa las disposiciones legales aplicables y la
actuación ajustada a derecho por parte de esa entidad. De igual manera, indicó que
el reproche relacionado con la presunta vulneración del principio de favorabilidad
laboral resulta incongruente frente a las pruebas recaudadas en el proceso
ordinario, toda vez que tanto en primera como en segunda instancia quedó
plenamente acreditado que la renuncia fue libre y voluntaria.

24. Finalmente, en relación con los precedentes jurisprudenciales invocados,
afirmó que estos no resultan aplicables a las circunstancias particulares del proceso
ordinario. Precisó que tales criterios podrían eventualmente ser pertinentes en
escenarios distintos, en los que se hubiese demostrado que la renuncia fue
provocada o ejercida bajo presión, e incluso en aquellos casos en los que se
configura la denominada renuncia motivada.

25. Ana María Botero San Clemente, Mariana Correa Botero y Joaquín Correa
Botero guardaron silencio, a pesar de que fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la acción de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

27. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala estima
necesario precisar que si bien la parte actora alegó la configuración del defecto de
violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que no expuso ningún
argumento para sustentar esta causal más allá de señalar la transgresión de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, por lo que no se realizará
un análisis de fondo frente a este desacuerdo.

Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, las exigencias de subsidiariedad

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y relevancia constitucional, si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, al emitir la sentencia del 20 de noviembre de 2025, incurrió en defecto
fáctico, al no valorar las pruebas que discute el peticionario del amparo, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, respecto de los cargos
relacionados con el defecto fáctico, por la omisión en la valoración de las pruebas
citadas por el accionante, y el desconocimiento del precedente judicial, por no
haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos generales de subsidiariedad y
relevancia constitucional, de acuerdo con los argumentos que a continuación se
exponen:

30. El accionante afirmó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia del 20 de noviembre de 2025, no realizó un
estudio sobre (i) la supresión de sus funciones en el reglamento de la JEP, (ii) el
comunicado «insultante de la Presidenta de la JEP del 26/04/18»; (iii) las denuncias
penales y disciplinarias que los magistrados de la JEP interpusieron en su contra,
las cuales afectaron su buen nombre y el de su familia; y (iv) los correos electrónicos
enviados entre magistrados del Comité Estratégico de la JEP a finales de 2017,
divulgados por la prensa, en los cuales se ponía de presente la intención de excluir
a la Secretaría Ejecutiva del órgano de gobierno, modificar funciones y «sacar al
secretario de la Sala de Gobierno».

31. No obstante, la Sala advierte que el accionante dispone de otro
mecanismo idóneo de defensa judicial para discutir dicha omisión probatoria como
lo es el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal contenida
en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la existencia de
una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación. Sin embargo, no se observa que aquel haya
empleado dicho instrumento antes de acudir a la vía de amparo.

32. Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-026 de 2021,
enfatizó que la acción de tutela resulta improcedente cuando el ordenamiento
jurídico tiene a su alcance instrumentos judiciales adecuados para controvertir los
yerros alegados, incluso si estos tienen carácter extraordinario. En particular,
el máximo tribunal constitucional ha precisado que el recurso extraordinario de
revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones
probatorias, situaciones asociadas a la aparición de nuevos elementos de
convicción o irregularidades que afecten la dimensión material del debido proceso.

33. En esa medida, se concluye que el demandante tiene a su alcance otro
instrumento de defensa idóneo y eficaz para plantear la presunta irregularidad que
ahora pretende ventilar por vía de tutela, por lo que no se cumple con el requisito
general de subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado todos los

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mecanismos de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico, para
proteger las garantías fundamentales que se estiman vulneradas.

34. Lo anterior, dado el carácter excepcional, preferente y sumario de la acción
de tutela, el cual impone como una obligación dirimir los conflictos jurídicos
relacionados con los derechos fundamentales, en un principio, a través de las vías
ordinarias dispuestas para el efecto, por lo que al juez constitucional le está vedado
emitir un pronunciamiento al respecto, pues, de lo contrario, estaría desconociendo
las competencias que el legislador atribuyó a otra autoridad judicial, máxime cuando
no se observa la inminente configuración de un perjuicio irremediable.

35. Ahora bien, en cuanto al cargo de desconocimiento del precedente judicial,
la Sala advierte que el accionante manifestó que se inobservaron las sentencias
proferidas por la Corte Constitucional: T-442 de 1994, T-814 de 1999, T-237 de
2017, T-198 de 2022, T-018 de 2023 y SU-167 de 2024; y los fallos dictados por el
Consejo de Estado el 14 de junio de 2007 (Rad. 6681-05), el 16 de octubre de 2017
(Rad. 25000-23-41-000-2014-01359-01), el 11 de septiembre de 2023 (Rad. 13001-
23-33-000-2023-00038-01), el 15 de febrero de 2024 (Rad. 52001-23-33-000-2016
00274-01) y el 3 de mayo de 2024 (Rad. 25000-23-42-000-2016-01553-01).

36. No obstante, se precisa que la exigencia de relevancia constitucional
impone cumplir con unos requisitos mínimos de argumentación y explicación. En
este sentido, quien interpone la solicitud de amparo tiene la carga de exponer de
forma razonada los hechos que, según su criterio, dieron lugar a la vulneración de
derechos fundamentales, identificar cuáles derechos resultaron comprometidos y
especificar claramente el defecto o la causal que haría procedente la acción, en
caso de comprobarse.

37. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha identificado los siguientes
criterios para determinar si un asunto goza de importancia constitucional: (i) que la
discusión involucre algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal y/o económica; (iii) que la acción de tutela exponga
argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de
manera grave un derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la
parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia o
a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone
justificar de manera razonada y clara la «existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental»; y (iv) el análisis contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales, ya que estas, al ser tribunales de cierre, son a quienes les
corresponde «la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico».3

3 Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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38. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), indicó expresamente
que el requisito mencionado requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con suficiencia, la
relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su
intervención en el asunto; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto
de obtener una instancia adicional al proceso ordinario y (3) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.

39. Analizados los anteriores presupuestos, la Sala evidencia que la discusión
relativa al desconocimiento del precedente judicial carece de relevancia
constitucional, comoquiera que si bien es cierto que la parte actora identificó los
derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo y alegó la configuración de
la causal precitada, no cumplió con la carga argumentativa exigida para demostrar
que la discusión expuesta es de carácter constitucional, ya que solo citó de manera
genérica providencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, sin
señalar específicamente cuáles resultaban aplicables al caso, ni precisar la regla
jurisprudencial presuntamente desconocida, ni demostrar su pertinencia fáctica y
jurídica en relación con la controversia decidida.

40. Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que la providencia que
resolvió de forma definitiva el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue
proferida por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
por lo cual, como se dijo en líneas atrás, el examen debe ser más restrictivo, pues
debe acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca abiertamente
mandatos constitucionales y que, por ende, requiera la imperiosa intervención del
juez constitucional.

41. Así las cosas, debe reiterarse que el mecanismo de amparo no es un
instrumento de revisión o corrección de las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales, menos cuando aquellas han sido proferidas en el pleno
ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues la función del juez
constitucional se centra en realizar un juicio de validez, con el fin de determinar si
se produjo una vulneración de los derechos fundamentales deprecados a la luz de
la Constitución Política.

42. Por tanto, si bien es cierto que la acción de tutela no exige formalismos, no
lo es menos que sí requiere un mínimo de argumentación, para poder definir si
se presenta o no un yerro, sin necesidad de nuevo estudio de todo el proceso, pues
ello implicaría invadir la autonomía e interpretación de la autoridad judicial
accionada. De este modo, se concluye que los desacuerdos relacionados con el
defecto fáctico, por la ausencia de valoración de las pruebas citadas por el
accionante, y el desconocimiento del precedente judicial, no superaron los requisitos
generales de subsidiariedad y relevancia constitucional, respectivamente.

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43. Sin embargo, no sucede lo mismo frente a la causal de defecto fáctico por
las pruebas que el accionante considera irregularmente apreciadas, comoquiera
que explicó de manera suficiente los argumentos para sustentar dicho cargo, por lo
que la discusión tiene relación con la presunta transgresión al debido proceso, dado
que la valoración de estas podría incidir en la decisión adoptada, comoquiera que
con estos elementos de juicio pretendía demostrarse el acoso laboral al que
presuntamente fue sometido el actor.

44. Asimismo, la Sala encuentra acreditados los demás requisitos de
procedencia, puesto que (1) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como
pasiva, comoquiera que el accionante es el titular de las garantías constitucionales
que se invocan como vulneradas y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el
escrito de amparo; (2) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte
actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; (3) la acción de tutela
se presentó el 10 de abril de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la Sentencia del 20 de noviembre de 20254; (4) no se cuestionó una
irregularidad procesal; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

45. En consecuencia, tras haberse superado todas las exigencias generales,
en relación con el defecto fáctico, procederá a realizarse un estudio de fondo frente
a dicha causal.

Análisis de la vulneración alegada: estudio del defecto

46. La Sala negará el amparo solicitado, al no haberse estructurado el defecto
fáctico invocado por la parte accionante, en relación con las pruebas que, en su
criterio, se apreciaron erradamente, de acuerdo con los argumentos que a
continuación se exponen:

47. El accionante afirmó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia del 20 de noviembre de 2025, valoró de forma
indebida (i) el testimonio rendido por Julián Trujillo, pues omitió apartes relevantes
que daban cuenta de una actuación coordinada de algunos magistrados para forzar
la salida del Secretario Ejecutivo de la JEP y de conductas que evidenciarían una
persecución laboral, reduciendo indebidamente el testimonio a simples diferencias
de criterio; (ii) el examen ocupacional de retiro, ya que se descartó sin justificación
la remisión a psiquiatría por sospecha de enfermedad agravada por el trabajo,
confundiendo el alcance de la sospecha médica con la judicial; y (iii) el recorte del
período del cargo de secretario ejecutivo, pues el reglamento de la JEP no
presentaba vacío alguno y dicho cargo tenía un período «sui generis», equivalente
al de los magistrados, con igualdad en el régimen salarial y prestacional y sin un
límite temporal específico.

4 La providencia fue notificada por mensaje de datos el 10 de diciembre de 2025.

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48. Pues bien, al revisar el contenido de la providencia objeto de reproche, se
observa que la Subsección accionada reiteró que los actos administrativos gozan
de presunción de legalidad y que la finalidad del acto administrativo debe
corresponder al interés público, por lo que la desviación de poder se configura
únicamente cuando el acto persigue fines distintos a aquellos previstos por el
ordenamiento.

49. Asimismo, recordó que, según el artículo 2.2.11.1.3. del Decreto 1083 de
2015, la renuncia regularmente aceptada es irrevocable y que, para desvirtuar la
legalidad del acto que la acepta, cuando se considere que este ha sido expedido
con infracción de las normas en que debía fundarse, debía acreditarse que aquella
fue producto de una coacción invencible que eliminara el carácter voluntario de la
dimisión.

50. En cuanto al supuesto acoso laboral, la Subsección, al analizar el testimonio
de Julián Trujillo Guerrero, concluyó que existían diferencias de criterio respecto de
la concepción de la estructura y operación de la Jurisdicción Especial para la Paz,
por parte de sus magistrados y del secretario ejecutivo, pues mientras el primero
proponía un modelo «minimalista o austero», los segundos defendían uno
«maximalista» similar al de las altas cortes. Agregó que las apreciaciones del testigo
sobre un ambiente hostil y sobre la intención de excluir al demandante
correspondían a valoraciones subjetivas que no encontraban respaldo suficiente en
otros elementos probatorios.

51. Asimismo, respecto del comunicado del 26 de abril de 2018, sostuvo que
en este no se evidenciaba que se hubiese calificado al demandante de «delincuente,
chantajista e incompetente», sino que se hicieron observaciones relacionadas con
omisiones en el ejercicio de sus funciones. Además, precisó que dicho comunicado
fue posterior a la presentación de la renuncia, por lo que no podía considerarse
como una conducta orientada a inducirla.

52. En relación con la supuesta restricción de funciones y el cambio del período
del secretario ejecutivo, la Subsección explicó que los correos electrónicos
aportados reflejaban opiniones y propuestas jurídicas sobre la regulación de la JEP
y no evidenciaban un interés personal de los magistrados contra el demandante.
Asimismo, indicó que ninguna norma previa había fijado el período del secretario
ejecutivo y que fue el Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018 el que estableció un
período de dos años y que ese podía ser reelegido indefinidamente.

53. Adicionalmente, precisó que si bien con el Acuerdo ASP 001 de 2020 la JEP
adoptó el reglamento de esa jurisdicción, dispuso que el periodo del secretario o
secretaria ejecutiva sería de 4 años y podía ser reelegido indefinidamente por la
plenaria del tribunal, previa rendición de cuentas y aprobación de su gestión, la
nueva normativa fue expedida casi 2 años después de habérsele aceptado la
renuncia como secretario ejecutivo de esa jurisdicción, por lo que no se encontraba
la relación de causalidad entre esa disposición y el acoso laboral del que asegura
fue víctima.

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54. Respecto de la competencia para aceptar la renuncia, la Sala concluyó que
la Sala Plena del Tribunal para la Paz era la autoridad competente para hacerlo, de
conformidad con el reglamento de la JEP, y que la comunicación del acto a través
de la Secretaría Judicial también se ajustó a la normativa aplicable. Por ello,
descartó la existencia de expedición irregular del acto demandado.

55. Finalmente, la Subsección sostuvo que la renuncia fue presentada de
manera libre, expresa e irrevocable, sin que se acreditaran vicios del
consentimiento. Agregó que el hecho de que el juez de primera instancia no hubiese
apreciado las pruebas en el sentido pretendido por el demandante no significaba
que se hubiesen desconocido los artículos 176 del Código General del Proceso y
187 del CPACA, pues el juez sí realizó una valoración conjunta e individual de las
pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. En ese sentido, concluyó que no
se acreditó el acoso laboral alegado ni se logró desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado.

56. Analizado el razonamiento efectuado por la autoridad accionada, la Sala
observa que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado sí
efectuó una valoración expresa, integral y razonada de los elementos probatorios
cuestionados, conforme a las reglas de la sana crítica y dentro del ámbito de
autonomía judicial que le asiste al juez natural del proceso.

57. Ciertamente, se observa que la Subsección accionada no valoró
indebidamente el contenido del testimonio rendido por Julián Trujillo Guerrero, pues
se pronunció expresamente sobre dicha declaración, incluyendo las afirmaciones
relativas al ambiente hostil existente entre algunos magistrados y el entonces
secretario ejecutivo de la JEP, así como las supuestas descalificaciones y
restricciones funcionales denunciadas. Además, la autoridad precitada reprodujo
apartes concretos del testimonio en los que el declarante manifestó que, en su
apreciación personal, existía la intención de excluir o desacreditar al demandante.

58. Sin embargo, la Subsección concluyó que tales afirmaciones correspondían
a apreciaciones subjetivas del testigo y que no encontraban corroboración suficiente
en los demás medios de convicción allegados al proceso. Incluso destacó que esta
conclusión cobraba mayor relevancia, en tanto el propio testigo afirmó que «no le
constaba que le hubiesen insinuado o pedido la renuncia, por lo cual no se encontró
constreñimiento o persecución que haya viciado su consentimiento para la
presentación de su renuncia al cargo de secretario ejecutivo de la JEP». De esta
manera, la autoridad judicial no ignoró la prueba testimonial ni omitió apartes
relevantes de ella, sino que le otorgó un alcance probatorio distinto al pretendido
por el demandante, ejercicio que se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia propios de la actividad judicial.

59. De igual forma, tampoco se advierte una valoración caprichosa del
certificado de aptitud ocupacional del 3 de mayo de 2018, toda vez que la
Subsección accionada examinó dicho documento y reconoció que en él se consignó

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la expresión «sospecha de enfermedad común agravada por el trabajo» y la
recomendación de remisión a psiquiatría. Sin embargo, explicó que ese documento
no contenía un diagnóstico definitivo ni establecía de manera concluyente la
existencia de una enfermedad derivada de acoso laboral.

60. Además, puso de presente que no obraba en el expediente prueba posterior
que acreditara que el accionante hubiera acudido a valoración psiquiátrica o que se
hubiera determinado clínicamente una afectación física o psicológica asociada a los
hechos denunciados, por lo que esta conclusión refleja una constatación objetiva de
que el documento médico, por sí solo, no demostraba la existencia del acoso laboral
alegado ni acreditaba el nexo causal requerido para desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado.

61. En igual sentido, tampoco puede predicarse una interpretación irregular o
defectuosa sobre el período del cargo de secretario ejecutivo de la JEP, por cuanto
se analizó el marco normativo aplicable y se concluyó, con fundamento en el Acto
Legislativo 01 de 2017, la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 1760 de 2017, que ninguna
disposición previa había fijado expresamente la duración del período de dicho cargo
y, por tanto, se determinó que fue el Acuerdo 001 de 2018 el que estableció por
primera vez un período de dos años y que el secretario podría ser reelegido
indefinidamente, por lo que la corporación accionada descartó que existiera una
modificación arbitraria de un período previamente consolidado.

62. En suma, fuerza concluir que la sentencia cuestionada contiene una
motivación suficiente, coherente y razonable sobre el mérito de las pruebas
debatidas y evidencia un ejercicio legítimo de valoración probatoria conforme a las
reglas de la sana crítica y dentro del ámbito de autonomía judicial que le asiste al
juez natural del proceso, por lo que los desacuerdos expuestos por el accionante no
acreditan la configuración del defecto fáctico invocado. En contraste, lo que se
denota es una discrepancia con el análisis realizado por la autoridad judicial
accionada por no haberle sido favorable, para lo cual la acción de tutela no es
procedente.

Conclusión

63. De acuerdo con los argumentos expuestos en precedencia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela formulada por Nestor Raúl Correa
Henao, en relación con los desacuerdos sobre la ausencia de valoración probatoria
y desconocimiento del precedente judicial. Adicionalmente, negará el amparo
solicitado, frente al reparo sobre la indebida apreciación de determinadas pruebas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Nestor Raúl Correa Henao

III. FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por
Nestor Raúl Correa Henao, en relación con los desacuerdos sobre la ausencia de
valoración probatoria y desconocimiento del precedente judicial, y NEGAR el
amparo solicitado, frente al reparo sobre la indebida apreciación de determinadas
pruebas.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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