Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-01553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-01553-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
2 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 25000-23-42-000-2016-01553-01
Nº interno: (6185-2019)
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Acción: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –
Ley 1437 de 2011
Temas: Retiro del servicio activo por solicitud propia como
consecuencia de acoso laboral, acreditación de las causales
de nulidad
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la
demandante, en contra de la sentencia de fecha 9 de agosto de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
La señora Adriana Rodríguez Clopatofsky a través de apoderada judicial, interpuso
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el objeto de que se declaren
las siguientes pretensiones1:
1
Folios 96-151 C.P. 2
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
-Declarar la nulidad del Acta N° 017 –APROP-GRURE-3-22 de 14 de julio de 2015
“Que trata de la recomendación del retiro por solicitud propia y disminución de la
capacidad sicofísica de un personal de oficiales de la Policía Nacional”, en la que
se relaciona el nombre de varios oficiales entre ellos el de la CR ADRIANA
RODRÍGUEZ CLOPATOFSKY.
-Declarar la nulidad del Decreto Número 1706 del 28 de agosto de 2015 “Por el cual
se retira del servicio activo a un personal de Oficiales Superiores de la Policía
Nacional”, expedido por el Presidente de la República, mediante el cual retiró del
servicio activo de la Policía Nacional ‘por solicitud propia’ a la CR ADRIANA
RODRÍGUEZ CLOPATOFSKY.
-A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reintegre a la Coronel
Adriana Rodríguez Clopatofsky a la Policía Nacional al mismo grado o a uno
superior y con la antigüedad reconocida en el escalafón de oficiales; que se declare
que no hay solución de continuidad desde el momento del retiro del servicio hasta
el reintegro; como condenas subsidiarias solicitó que se ordene el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro;
pidió que dichos valores sean indexados al momento del reconocimiento; que se
condene en costas a la demandada y que se ordene los pagos dentro de la
oportunidad legal; solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios morales
sufridos.
Los hechos que fundamentan las anteriores pretensiones fueron así relatados por
la apoderada judicial de la demandante:
La señora Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky prestó sus servicios a la Policía
Nacional desde el 26 de agosto de 1991 hasta el 28 de agosto de 2015, por un
lapso de 24 años, 3 meses y 5 días. En vista de que la profesión de la accionante
es la Odontología, se desempeñó en la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional, dependencia en la que ocupó varios cargos siendo reconocidos sus
servicios con más de 51 felicitaciones y 24 condecoraciones.
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
A la Dirección de Sanidad llegó el señor Coronel Hugo Casas Velásquez quien
inició acciones y conductas como malos tratos, traslados infundados, descortesía
permanente con el fin de afectar las condiciones laborales y personales de la
demandante, que alteraron su voluntad pues la condujeron a una crisis personal
que la llevó a tomar una determinación abrupta e irreflexiva, que fue la presentación
de su renuncia, con el fin de protegerse del acoso laboral permanente y agresivo
de los que era objeto por parte de su superior inmediato.
Citó como conductas que estructuraron el acoso laboral las siguientes: i) el 15 de
enero de 2015 fue trasladada de la jefatura del Área de Medicina Laboral a la
jefatura de la Seccional Bogotá en calidad de encargada, mientras que en el cargo
que ocupaba fue designado el subteniente Luis Carlos Flórez Romero; ii) el 11 de
marzo de 2015 el director de Sanidad designó nuevos jefes para el área de
medicina laboral, dejando sin cargo a la Coronel Adriana Rodríguez; iii) por orden
del Coronel Hugo Casas se le ordenó recibir la Oficina de Garantía y Calidad de la
Dirección de Sanidad; iv) al no haberle sido entregada la oficina de Garantía y
Calidad se le informó que a partir del 18 de marzo de 2015 volvería al Área de
Medicina Legal, por lo que quedó sin cargo entre el 11 y el 18 de marzo, durante
el desempeño de este empleo la Coronel Rodríguez Clopatofsky no fue convocada
por su superior a las reuniones propias del área, además que su jefe inmediato no
tenía contacto directo con ella sino a través del subteniente Carlos Guillén; v) el 25
de mayo de 2015 el Coronel Casas le ordenó a la accionante que debía trasladar
la oficina de la jefatura de medicina legal a las instalaciones del edificio de la
Dirección de Sanidad dentro de las 24 horas siguientes, vi) mediante oficio del 3
de junio de 2015 fue designado el Mayor Javier Alexander Rodríguez Parra en el
cargo de jefe de Área de Medicina laboral que ocupaba la accionante; vii) entre el
3 y el 16 de junio se quedó sin cargo, hasta que el 16 le notificaron a la Coronel
Adriana Rodríguez que debía asumir el cargo Direccionamiento y Gerencia del
proyecto SISAP, funciones que ejercería en el área de gestión de servicios en salud
bajo la supervisión del Coronel Francisco Russy Escobar con menor antigüedad
que la demandante.
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
En vista de los anteriores traslados injustificados que constituyeron acoso laboral,
el 6 de junio de 2015 la Coronel Rodríguez presentó un informe al Inspector
General de la Policía Nacional en contra del director de Sanidad Coronel Hugo
Casas Velásquez, en el que le solicitó se iniciara la respectiva investigación
disciplinaria por presunto acoso laboral.
El 30 de junio de 2015 le notificaron a la demandante que había sido trasladada a
la Seccional de Sanidad del Meta desde el 26 de dicho mes y año, decisión que
desconoció su situación familiar dado que tenía un hijo de seis años en adopción,
por lo que le solicitó al director de Sanidad reconsiderara dicho traslado
permitiéndole seguir trabajando en Bogotá, petición que le fue negada mediante
oficio del 13 de julio de 2015 en el que se le dijo que se “negaba su solicitud porque
priman las necesidades del servicio sobre su vida personal y familiar”. Ante esta
negativa, dirigió el anterior requerimiento al director y subdirector General de la
institución sin embargo el mando institucional no le respondió.
En vista de los anteriores hechos de acoso laboral constitutivos de maltrato y
persecución que afectó la esfera personal, emocional y familiar de la Coronel
Adriana Rodríguez Clopatofsky, fue que solicitó su retiro de la Policía Nacional que
le fue puesto en consideración el 14 de julio de 2015 de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en la que hace parte el
Inspector General de la institución a quien ya se le había informado los hechos de
acoso laboral desde el 9 de junio anterior, no obstante el Inspector General no
informó nada a los demás miembros de la Junta Asesora. Igual ocurrió con el
director y el subdirector de la Policía, quienes no obstante tener conocimiento de
la solicitud de reconsideración del traslado, tampoco informaron dicha situación a
la Junta Asesora.
Según la demandante, al no haber sido informada por los altos mandos
institucionales sobre la situación real que vivió la demandante de acoso laboral por
parte del director de Sanidad, la Junta Asesora se limitó a expedir el acto formal de
recomendar al Gobierno Nacional su retiro, que se concretó con la expedición del
Decreto 1706 del 28 de agosto de 2015 el cual invocó como causal de retiro, la
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
renuncia por solicitud propia. Acotó que previa a la expedición de este acto
demandado, la coronel enteró al Ministerio de Defensa Nacional sobre su traslado
a la dirección seccional de sanidad en el Meta, decisión que fue desconocida al
proceder a expedir el acto de retiro.
Indicó que el 2 de septiembre de 2015 se reunió el Comité de Convivencia Laboral
de la Policía Nacional, en el que el Coronel Hugo Casas Velásquez “reconoció que
si hubo falta de planeación del servicio al disponer los diversos traslados de la
señora Cr Adriana Rodríguez y que estos se hicieron sin pensar debido a la
dinámica institucional y que lamenta no haberla llamado y sentado en su oficina y
finalmente le pide públicamente disculpas”.
La apoderada de la accionante refirió de acuerdo con los hechos anteriormente
relatados, que la solicitud de retiro que presentó la Coronel Adriana Rodríguez no
fue libre ni espontánea, sino que fue directa consecuencia de una presión indebida
y antijurídica que se evidenció por una serie de actuaciones tipificadas como acoso
laboral por parte del Coronel Hugo Casas Velásquez.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Según la parte activa resultaron transgredidos por los actos administrativos
demandados los artículos 11, 16, 25, 26 y 53 de la Carta Política, así como los
decretos 1791 y 1800 ambos de 2000, la Ley 857 de 2003 y la Ley 1010 de 2006
(no citó normas en particular).
Invocó como causales de nulidad de los actos acusados el desconocimiento de las
normas en que debían fundarse, por cuanto el concepto de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, se expidió sin considerar los hechos
precedentes que motivaron la indebida presentación de la renuncia, al invocar
como fundamento legal los artículos 55 y 56 del Decreto 1791 de 2000 relativos a
la renuncia por solicitud propia carente de vicios que afecten su legitimidad, cuando
en realidad su fundamento fue ilegítimo pues su voluntad no era libre al haber sido
sometida a presión y acoso que mermó la posibilidad de tomar una decisión
ausente de factores externos, razón por la que esas normas no tienen aplicación
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
en el presente caso. Igual predicamento se aplica respecto de la invocación a la
Ley 857 de 2003 efectuada en el decreto de retiro.
Destacó que el retiro por solicitud propia presentado por la accionante está viciado
de nulidad, porque no fue ni libre ni espontáneo, sino que fue consecuencia del
acoso laboral al cual fue sometida la accionante por parte del Coronel Hugo Casas
Velásquez director de Sanidad, quien dispuso de seis traslados en menos de seis
meses sin justificación válida dentro del servicio institucional, los cuales
desconocieron el grado y la experiencia laboral, así como la situación personal y
familiar de la actora.
Indicó que los traslados fueron intempestivos y desconocieron aspectos tales como
la concertación de objetivos entre la autoridad evaluadora y el evaluado; en
reemplazo de la accionante fueron designados oficiales con menor antigüedad que
ella y no reunían el perfil y las competencias para asumir el cargo que ocupaba,
por lo que fueron desconocidos los artículos 1°, 6° y 14 del Decreto 1800 de 2000.
Tampoco se le dio un tiempo prudencial para dar resultados en los cargos que
desempeñó entre enero y junio de 2015, que según el Instructivo 041 del 6 de
octubre de 2011 exige que el uniformado debe tener una estabilidad laboral con un
mínimo de permanencia de dos (2) años en cada cargo.
Refirió la parte actora que existió un abuso por parte del director de Sanidad
configurándose el acoso laboral que afectó los actos acusados, al inadvertir los
supuestos jurídicos trazados en la sentencia T-682 del 10 de septiembre de 2014,
al fijar los límites del ius variandi que debe tener en cuenta el empleador público o
privado, al modificar las condiciones laborales de sus empleados.
Endilgó también las causales de falsa motivación y desviación de las atribuciones
propias del funcionario, ya que los actos motivaron como causal del retiro la
solicitud propia, cuando dicha circunstancia no se dio producto de la voluntad, sino
que fue motivada por el acoso laboral del que fue víctima la actora por parte de su
superior jerárquico y funcional. La desviación de poder se evidenció, porque la
Junta Asesora recomendó el retiro sin que se hubiera tenido en cuenta el informe
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
dirigido al Inspector General de la Policía sobre el acoso laboral, que no se puso
en conocimiento de los restantes miembros de la Junta, como tampoco se enteró
al Ministerio de Defensa de las verdaderas razones del traslado de la accionante a
la Seccional de Sanidad del Meta, que la afectó a título personal y familiar.
2. Contestación de la demanda
Luego de vencido el término del artículo 172 CPACA, el despacho ponente del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Auto el 2 de febrero de 2018
mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda por el Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y convocó a audiencia inicial2.
Lo anterior, en vista de que la entidad demandada no se pronunció no obstante
haber sido remitidos los oficios SBO 199 del 2 de agosto de 2017 tanto al Ministro
de Defensa Nacional como al Director General de la Policía Nacional, a través de
correos electrónicos enviados el 2 de agosto de 2017, que informaban la admisión
de la demanda, para que ejerciera el derecho de defensa3.
3. Audiencia Inicial
El día 12 de marzo de 2018 se llevó a cabo diligencia de Audiencia Inicial del artículo
180 CPACA, a la cual asistieron los apoderados de las partes en conflicto y la
delegada del Ministerio Público. Estableció como fijación del litigio “determinar si la
parte demandante tiene derecho o no a que se le reintegre al grado y cargo igual o superior,
con todas las consecuencias legales en caso afirmativo, en igual forma, en caso de
reintegro, si a la parte demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de perjuicios
morales”. En esta Audiencia se decretó la prueba trasladada a la Procuraduría
General de la Nación -a petición de la parte actora-, relativa a la grabación
magnetofónica realizada por el Comité de Convivencia Laboral de la Subdirección
General de la Policía Nacional llevada a cabo el 2 de septiembre de 2016 (sic) es
2
Folio 177
3
Folios 156-175
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
2015, al tiempo que dispuso la práctica de la prueba testimonial solicitada por la
demandante4.
4. Audiencia de pruebas
El 23 de abril de 2018 se llevó a cabo diligencia de audiencia de pruebas en la que
se llevó a cabo la recepción de los testimonios rendidos por los señores Henry
Armando Sanabria Cely, Adriana Patricia Camero Lazcano, Elianne Katerine Gaitán
Serrano, Ginette Aurora Sarmiento Clopatofsky y Nataly Tovar Cruz5.
El 24 de julio de 2018 se continuó la diligencia de audiencia de pruebas en la que
declararon las señoras Luisa Mendoza, Claudia Bohórquez y Neudivis Herrera6.
5. Fallo de la primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B,
mediante sentencia del 9 de agosto de 2019 negó las pretensiones de la demanda
sin condena en costas a la demandante con fundamento en las siguientes
consideraciones7:
Respecto del Acta N°017 APROP-GRURE-3-22 del 14 de julio de 2015 apreció que
se trata de un acto de trámite que no definió la situación jurídica de la demandante,
sino que se constituyó como un acto preparatorio para la expedición del acto de
retiro consignado en el Decreto N°1706 del 28 de agosto de 2015, por lo que se
abstendría de emitir pronunciamiento al no ser pasible de control judicial.
El Tribunal de primera instancia para solucionar el problema jurídico según el cual,
la presentación de la renuncia de la Coronel Adriana Rodríguez no fue voluntaria,
sino que obedeció al acoso laboral del cual dijo ser víctima por parte del Coronel
Hugo Casas Velásquez por infringirle malos tratos, traslados infundados y
4
CDS folios 193-194
5
CD 239 folios 240-242
6
CD 252 folios 253-254
7
Folios 310-319
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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descortesía, analizó la prueba testimonial recaudada de la cual extrajo los
siguientes apartes literales:
i) El General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY quien se desempeñaba como
Director de Sanidad de la Policía Nacional refirió: “PREGUNTADO: En relación con lo
que se quiere demostrar en este proceso, del acoso laboral ¿qué conocimiento tiene usted
al respecto? CONTESTO. “…pero que yo directamente haya visto acoso por parte de mi
CR hacia ella… nunca…”.
ii) La Coronel PATRICIA CAMERO LAZCANO, ex compañera de trabajo de la
demandante refirió: “…yo presencié llamados de atención en una forma irrespetuosa y
grosera, comentarios descalificativos de él con respecto a la CR ADRIANA … son muchos
momentos porque eso era, llegó a constituirse en el pan de cada día, y que uno iba a una
reunión, ADRIANA expresaba algo o alguna otra oficial de género femenino, expresaba
algo y era el comentario descalificativo, despectivo o destructivo, también del CR
CASAS…”
iii) La Coronel ELIANNE KATERINE GAITÁN SERRANO, ex compañera de trabajo
de la actora afirmó: “… yo nunca presencié ninguna situación, evento o algún encuentro
donde se evidenciara lo que usted señala. Sin embargo, en ese momento se escuchaban
comentarios, pero cosas que yo hubiera presenciado personalmente, no …”
iv) La Coronel GINETE AURORA SARMIENTO CLOPATOFSKY prima y también
ex compañera de trabajo de la accionante indicó: “…Después ella me empezó a
comentar cosas, que como familiares que somos, sucedían dentro de la dirección de
sanidad… cuando llegó a medicina laboral, ella fue objeto de muchas cosas….que ella iba
a la oficina y no la atendía, en una ocasión también la sacó de la oficina y ella,
sinceramente, en calidad de oficial, con un grado bastante alto …hubo una novedad con
una valoración de patrulleros para ascensos, en donde yo en esa época era la jefe
seccional y se presentó una novedad en donde “’x” o “y” informe (sic) se me pasó hubo
mucha cantidad de patrulleros y se presentó algo, que mi CR CASAS tuvo que intervenir.
Cuando llegamos allá, yo estaba en ese momento, es más, yo fui ese día atacada por él y
él le dice que no, que se tiene que quedar ese día, y efectivamente, nos tocó quedarnos
ahí…”.
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
v) La señora Nataly Tovar Cruz abogada que trabajó como contratista de la
dirección de Sanidad afirmó: “ella lloraba en el carro, lloraba en la oficina, lloraba por
fuera de la oficina, porque el trato el GR era pésimo. Realmente el GR no era que tuviera
un trato con ella así, sino que era peor, porque el GR tiene un trato muy feo con la gente,
pero con la CR ADRIANA se empecinó….ella realmente si tenía que ir a trabajar un fin de
semana en donde estaba franca, ella lo hacía….fui testigo directa de esos porque yo para
esa época estaba estudiando una maestría en derecho administrativo en la Universidad
Externado y yo tenía que completar el tiempo que iba a estudiar, los fines de semana y
cuando la CR estaba franca, ella tenía que llegar allá, estar pendiente de eso. Inclusive a
veces, la CR estando franca, el GR la llamaba y ella tenía que irse para allá”.
vi) La señora CLAUDIA YANETH BOHÓRQUEZ BOHORQUEZ quien fue secretaria
jurídica en el área de medicina laboral declaró: “….ella llegaba bastante estresada,
muchas veces llegó llorando, que la trataban mal, la maltrataban allá en la dirección, ella
nos comentaba de que cuando llegaba, no la dejaban pasar, o siempre era con una
humillación…ya que me conste más adelante, no vi nada porque nunca tuve ese contacto
allá…pero siempre si la veía, todas las veces llegaba llorando del maltrato que le daban
allá… la citaban a una reunión y cuando llegaba, la devolvían, ya no …siempre llegaba
bastante mal, indispuesta a la oficina”.
vii) La señora LUISA FERNANDA MENDOZA MONTAÑA también ex secretaria de
la misma dependencia dijo: “…no fui testigo del trato que le diera el CR CASAS a la CR
ADRIANA, pero sí sé que cuando ella volvía de la dirección de sanidad a la seccional
Bogotá…ella llegaba muy descompensada, llegaba llorando, llegaba estresada,
descompensada totalmente, pero no fui testigo presencial del trato del CR frente a ella…”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca apreció la declaración rendida por la
Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky en el Comité de Convivencia Laboral que
obra dentro del expediente IUS 2015-197937, en la que afirmó: “… el día 11 de
marzo…mi CR CASAS convoca a una reunión de todos los oficiales que ocupan cargos en
la ciudad de Bogotá de la dirección de sanidad, en la cual publica una serie de traslados,
entre ellos, asignan nuevo jefe para el área de medicina laboral y para la seccional Bogotá.
En mi caso, el citado oficial me deja pública y sorpresivamente sin cargo, generando….una
gran zozobra y afectación personal grave ante una situación intempestiva y por demás
irregular…en la reunión mencionada, fui la única oficial presente a la cual no se le asignó
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
ningún cargo, lo cual me hizo sentir degradada, vulnerada y humillada públicamente, no se
tuvo en cuenta en estas decisiones mi experiencia y conocimientos durante toda mi
trayectoria institucional…mi CR CASAS deliberadamente me excluyó de algunas de las
reuniones convocadas, especialmente en el comité de adquisiciones… con fecha 25 de
mayo de 2015, mi CR CASAS mediante memorando 2959 manifiesta, que debo trasladar
la oficina de la jefatura de medicina laboral …a las instalaciones del edificio de la dirección
de sanidad con plazo 24 horas. Esta nueva orden se emite sin ninguna justificación, sin
considerar siquiera que la misma afectaría seriamente el control y supervisión de los
funcionarios a mi cargo… no obstante lo anterior y a pesar de lo absurdo de la orden, le
solicité al jefe logístico me informara en qué espacio podía ubicar mi oficina…me ordenan
que busque un puesto de trabajo en el área de AGESA bajo la supervisión de un señor CR
menos antiguo que la suscrita, situación que me hizo sentir nuevamente minimizada y
ultrajada….”
En este comité de convivencia laboral el General Hugo Casas Velásquez afirmó:
“… nos vimos en la necesidad de nombrarla encargada del área de medicina o de la
Seccional Bogotá y eso no obedeció a otra cosa, sino al accidente que tuvo la CR GINET
SARMIENTO... y se fracturó el codo y nos vimos en la necesidad de colocarla como
encargada porque era la persona que tenía ese perfil y ahí estuvo por más de tres meses,
mientras la CR llegó…después volvió al área de medicina laboral….cuando yo llegué a la
dirección, ADRIANA, sí, usted estuvo en mi oficina, ese día no la nombré dentro de los
traslados del nivel central porque se tenía pensado disponerla para Barranquilla a
reemplazar al CR BOTERO, del cual había habido algunas quejas, pero contemplando su
situación personal,, no se trasladó y se dejó y se volvió a nombrar en medicina laboral…
hay una situación donde la CR ADRIANA gritó a una funcionaria, me dan la queja y yo le
digo ‘Adriana no la grite, a usted no le gusta que la griten, no grite’ y se enfrentan delante
de mí, la CR ADRIANA...y la CR ADRIANA RODRÍGUEZ, ¿qué hace uno en ese sentido?,
o se callan y respetan o las sanciono a las dos… no hay ninguna persecución… la cité para
el día sábado a las 10 de la mañana para que me lo entregara y usted me alzó la voz en
mi oficina, y yo le dije, para no alargar la cosa: ‘mire, esto no me lo aguanto, se sale usted
de mi oficina o me salgo yo, y como siguió gritando, yo me salí, mi GR…”.
Con fundamento en el anterior material probatorio el a quo efectuó las siguientes
consideraciones: i) a los testigos no les consta directamente la actitud del CR Hugo
Casas hacia la CR Adriana Rodríguez del cual se deduzca acoso laboral, pues lo
que afirmaron lo dedujeron de comentarios y de lo que les contaba la coronel; ii) la
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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CR Ginette Sarmiento Clopatofsky refirió que tanto ella como la CR Adriana
Rodríguez habían sido maltratadas por el CR Hugo Casas; iii) la CR Adriana
Camero presenció llamados de atención irrespetuosos y groseros, sin embargo,
apreció el fallador que se trató de afirmaciones que por sí solas no constituyen
acoso laboral, ya que no se evidenciaron las expresiones injuriosas, ultrajantes o
soeces utilizadas contra la actora, ni cuáles fueron los comentarios hostiles y
humillantes de descalificación profesional utilizados en su contra.
Respecto de la prueba documental, apreció que la CR Rodríguez Clopatofsky fue
objeto de varios traslados durante el primer semestre del año 2015, que en una
reunión de oficiales a ella no le asignaron cargo a ocupar, que no pudo trasladar la
jefatura de medicina laboral a las instalaciones de la dirección de sanidad como se
lo ordenó su superior, debido a que no había espacio en dicha dependencia y que
no era citada a reuniones de comités.
En todo caso y sin perjuicio de los anteriores hechos acreditados consignó el fallo
“no advierte la Sala, que las anteriores situaciones devengan en la imposición de deberes
extraños a las obligaciones laborales, ni que sean exigencias desproporcionadas al
cumplimiento de la labor de la accionante como coronel de la Policía Nacional, dado que
esta institución, como cuerpo armado y permanente de naturaleza civil, cuyo fin principal
es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas,8 determinada por ley, y de acuerdo al grado y jerarquía, la forma de realizar sus
movimientos de personal”9.
Advirtió que no obra en el plenario ninguna decisión que evidencie el resultado de
la investigación radicada en la Procuraduría General de la Nación IUS-2014-
197937, relacionada con la denuncia interpuesta por la Coronel Rodríguez
Clopatofsky por el supuesto acoso laboral del que era objeto.
En lo que respecta al traslado a la Seccional de Sanidad Meta, el a quo señaló que
la solicitud de reconsideración presentada por la accionante ante el director de la
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Artículos 216 y 217 de la Constitución Política
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Artículos 40 y 42 del Decreto 1791 de 2000
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Policía Nacional y el subdirector de sanidad, fue en su momento resuelta en forma
negativa fundamentada en las necesidades del servicio.
En suma a juicio de la primera instancia, la demandante no demostró el nexo de
causalidad entre el supuesto acoso laboral y la presentación de su carta de
renuncia, pues las declaraciones no acreditan hecho alguno que permita dar crédito
a su afirmación según la cual, fue víctima de acoso laboral por parte del Cr Hugo
Casas Velásquez que la condujeron a radicar su renuncia, razón por la cual negó
las pretensiones de la demanda porque el decreto de retiro se expidió en ejercicio
del marco normativo y porque no se desvirtuó su presunción de legalidad.
6. Fundamentación del recurso de apelación
Inconforme con la providencia anterior, la parte accionante interpuso recurso de
alzada con el fin de obtener la revocatoria del fallo de primera instancia para que
en su lugar, se acceda a la declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho
deprecados, con fundamento en los siguientes argumentos de inconformidad10.
Luego de reiterar el recuento de las conductas irregulares de las que fue objeto la
accionante por parte del Coronel Casas Velásquez que la indujeron a renunciar,
destacó la impugnante que la renuncia no fue libre ni espontánea, sino que fue la
directa consecuencia de una presión indebida e ilegal, dadas las ininterrumpidas
acciones que sin duda constituyeron el acoso laboral y motivaron la presentación
de la renuncia decisión que distaba de su voluntad.
Cuestionó que el fallo impugnado hubiera exceptuado del presente control de
legalidad, el Acta N° 017 del 28 de agosto de 2015 expedida por la Junta Asesora,
comoquiera que este acto constituye un acto administrativo complejo que tiene la
misma finalidad, objetivo y contenido que no era otro que el retiro por solicitud
propia de la coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky.
Reiteró que el Decreto N°1706 del 28 de agosto de 2015 adolece de las causales
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Folios 327-367
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse, de falsa motivación
y desviación de poder, por cuanto el retiro de la accionante no fue por voluntad
propia, al no ser libre ni espontáneo sino como consecuencia del acoso laboral al
que fue sometida por parte de su inmediato superior el coronel Hugo Casas.
Reprochó que el fallo impugnado hubiera considerado que la actora no acreditó el
nexo de causalidad entre el posible acoso laboral y la presentación de su renuncia,
por cuanto no es necesario que existan expresamente expresiones ultrajantes e
injuriosas para que se tipifique el acoso laboral, pues éste se evidencia con el
maltrato reiterativo y público del que fue objeto la actora al haber sido degradada
en su rango, porque fue objeto de inestabilidad laboral al ser trasladada seis veces
en menos de seis meses y, porque el último traslado fue a un cargo de inferior
categoría fuera de Bogotá que la perjudicó a nivel familiar debido a su condición
de madre adoptante de un menor de 6 años, que requería de visitas habituales de
seguimiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
situaciones que no fueron analizadas en la sentencia apelada.
Frente al perjuicio ocasionado por el traslado a la Seccional Meta en lo que
respecta al proyecto familiar que se veía afectado con ocasión de la adopción del
menor, la apelante señaló que no desconoce que de acuerdo con la misión de la
Policía Nacional prima el cumplimiento de las órdenes, pero que también es cierto
que se debió tener en cuenta la condición familiar especial debido al proceso de
adopción de su menor hijo que era de conocimiento del director de Sanidad, quien
al adoptar dicha decisión incurrió en un acto arbitrario y de abuso de poder,
justificado por las supuestas necesidades del servicio.
En cuanto a la descalificación de forma humillante y degradante de la Coronel
Rodríguez Clopatofsky de las que fue objeto por parte del Coronel Hugo Casas,
abusando de su condición de jefe inmediato, afirmó que se evidenció por las
siguientes actuaciones: i) descalificaba las intervenciones que hacía en las
reuniones, cuando no la retiraba o le negaba el ingreso; ii) convocaba a un oficial
subalterno del área de medicina laboral para que la reemplazara; iii) designó en
reemplazo de la accionante a oficiales con menor antigüedad y que no reunían el
14
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
perfil ni las competencias según el manual de funciones y, iv) la trasladó a cargos
de menor rango y perfil incluso haciéndola depender de oficiales de menor
antigüedad, como ocurrió con el traslado a la seccional Meta.
Las anteriores afirmaciones encuentran sustento probatorio en los ocho
testimonios recepcionados en la audiencia de pruebas de primera instancia, que
fueron contestes en señalar que la demandante fue descalificada e ignorada dada
su condición de oficial de rango superior y jefe de área.
La impugnante afirmó que la prueba testimonial acreditó el acoso laboral al que fue
sometida la coronel Adriana Rodríguez, por lo que al verse presionada presentó el
retiro de la institución decisión viciada de presión que fue informada en su momento
al Inspector General de la Policía, quien no tramitó el informe ni se lo dio a conocer
a la Junta Asesora, aunado a que su solicitud de traslado a la Seccional Meta le
fue negada por el director de Sanidad luego del escrito de reconsideración
presentado.
Insistió en que el decreto que la retiró del servicio por solicitud propia adolece de
falsa motivación, por cuanto dicha decisión no fue producto de su voluntad, sino
que fue adoptada por circunstancias relacionadas con el acoso laboral irrogado por
su superior jerárquico y funcional señor coronel Hugo Casas Velásquez, al
trasladarla en seis ocasiones en un lapso menor a seis meses, de manera
desorganizada al punto que la planeación en la prestación del servicio se vio
afectada.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
7.1. Por parte de la parte demandante
Mediante memorial remitido el 6 de abril de 2021 vía correo electrónico, la parte
actora descorrió el traslado para alegar de conclusión, mediante escrito en el que
15
Número interno:6185-2019
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reiteró las argumentaciones esgrimidas en el recurso de apelación reiterando la
solicitud de revocatoria del fallo impugnado11.
Reiteró que el acta demandada proferida por la junta asesora objeto de nulidad
junto con el decreto N° 1706 del 28 de agosto de 2015 conforman un acto
administrativo complejo y que la primera instancia desconoció que este se
constituye en el acto definitivo por lo que al no ser analizado, el a quo desconoció
las pruebas allegadas al proceso de las cuales se puede concluir que el retiro de la
actora está viciado de nulidad por quebrantar las normas en las que deberían
fundarse los actos administrativos, por falsa motivación y por desviación de las
atribuciones propias de quien las profirió. De manera extensa reiteró los
argumentos de inconformidad respecto del fallo impugnado.
7.2. Por parte de la entidad demandada
De acuerdo con la certificación secretarial del 12 de mayo de 2021, la parte
demandada guardó silencio en esta etapa procesal12.
8. Concepto del Ministerio Público
La señora Procuradora Tercera Delegada para el Consejo de Estado el día 26 de
abril de 2021 radicó concepto N° 108-2021 allegado vía correo electrónico,
mediante el cual pidió que se debía efectuar una revaloración de los medios
probatorios allegados al proceso, a través de una apreciación que consulte la sana
crítica, así como la legislación y jurisprudencia sobre acoso laboral, por cuanto si
se acreditaron las conductas constitutivas de acoso laboral, forzando las decisiones
de retiro del servicio de la demandante, con especial atención a su situación
familiar13.
11
Visible a índice 12 del aplicativo SAMAI
12
Folio 381 C.P. 2
13
Visible a índice 13 del aplicativo SAMAI
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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Advirtió que la documental dio cuenta de traslados continuos de oficinas y espacios
físicos en la ciudad de Bogotá, que en principio podrían considerarse por
necesidades del servicio como actuaciones permitidas del ius variandi, sin
embargo, el Tribunal de primera instancia no tuvo especial consideración frente al
traslado No. 2623 de 2015, a pesar de las solicitudes de reconsideración
presentadas por la Coronel Rodríguez Clopatofsky, teniendo en cuenta la situación
de adopción en la que se encontraba, por lo que el fallo impugnado contraría el
deber de consultar la situación del empleado y de su núcleo familiar, de conformidad
con la sentencia T-007 de 2019.
El Ministerio Público soportó la anterior conclusión, con fundamento en los mismos
apartes de los testimonios rendidos por la Coronel Adriana Camero, Nataly Tovar
Cruz y Luisa Fernanda Mendoza Montaño, que fueron analizados de una manera
distinta por el a quo, por cuanto a pesar de no haber sido testigos directos de los
actos irregulares desplegados por el director de Sanidad –excepto el testimonio de
la coronel Adriana Camero que sí fue presencial- el a quo los desestimó, por no
contar con los términos precisos para poder concluir el acoso o las expresiones
injuriosas, evidenciando una apreciación probatoria rígida que no consulta la sana
crítica ni los demás medios probatorios que evidenciaron la configuración del acoso
laboral, de allí que el acto administrativo demandado incurrió en las causales de
falsa motivación y desviación de poder.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA 14 , el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de
la parte demandante.
14 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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2. Problema Jurídico
En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si revoca
la sentencia de primera instancia proferida el 9 de agosto de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las súplicas de la demanda, al
considerar que el Decreto N° 1706 del 28 de agosto de 2015 no adolece de las
causales de nulidad endilgadas por la actora, en vista de que no se acreditó el nexo
de causalidad entre el supuesto acoso laboral del que fue víctima la demandante y
la presentación de la renuncia por solicitud propia.
Para el efecto, se determinará si el análisis de valoración probatoria efectuado por
la primera instancia a la prueba documental y testimonial fue el correcto a la luz de
la sana crítica o si, en efecto la demandante logró acreditar que su carta de dimisión
no fue producto de su decisión libre, sino que fue producto de la presión y acoso
laboral al que fue sometida por parte de su superior inmediato y funcional.
Con el fin de desatar los anteriores problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Delimitación de los actos administrativos objeto del presente control
de legalidad; 2.2 Marco normativo relacionado con el retiro del servicio para los
miembros de la Policía Nacional; 2.3. Marco legal y aporte jurisprudencial acerca
del acoso laboral; 2.4. Hechos probados; 2.5. Resolución del caso concreto; 2.5.2.
Análisis de la prueba documental que acredita el acoso laboral; 2.5.3. Análisis de
la prueba testimonial que acredita la persecución laboral como modalidad del acoso
laboral; 2.6. Del restablecimiento del derecho.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de
radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se
esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la
independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los
intervinientes.
Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y
celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PARÁGRAFO. En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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2.1. Delimitación de los actos administrativos objeto del presente control de
legalidad
De manera a priori a la resolución del caso concreto, la Sala encuentra necesario
pronunciarse desde ya respecto del primer argumento de inconformidad esgrimido
por la demandante relativo a la decisión del a quo de excluir del presente examen
de legalidad, el Acta N° 017 –APROP-GRURE-3-22 del 14 de julio de 2015
proferida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía
Nacional.
En efecto mediante este acto administrativo que sin duda es un acto jurídico, la
junta asesora recomendó al Gobierno Nacional el retiro por solicitud propia y
disminución de la capacidad sicofísica de un personal de oficiales de la Policía
Nacional, entre ellos, el de la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky.
Según la parte activa este acto administrativo junto con el Decreto 1706 del 28 de
agosto de 2015, constituyen un acto administrativo complejo “porque tiene la misma
finalidad, objetivo y contenido, consistente en el retiro por solicitud propia de la
Coronel ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY”, motivo por el cual solicitó al ad
quem revocar esta decisión para en su lugar, emitir pronunciamiento de fondo
respecto de la recomendación efectuada por el órgano asesor.
La Sala no acoge el anterior planteamiento, por cuanto ha sido postura reiterada y
uniforme de esta Sección la de considerar que este tipo de actas, al contener
apenas una recomendación no tienen la naturaleza de un acto administrativo
definitivo al no crear, ni reconocer una situación particular para el administrado,
motivo por el cual se trata de un acto preparatorio que no es pasible de control
judicial.
El artículo 43 CPACA prevé la definición de actos definitivos en los siguientes
términos: Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo
del asunto o hagan imposible continuar la actuación.
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No cabe duda alguna que fue acertada en este punto, la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca de abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo
respecto de la nulidad deprecada en contra del Acta N° 017 –APROP-GRURE-3-
22 del 14 de julio de 2015, por cuanto se reitera, a pesar de contener una decisión
jurídica lo cierto es que la situación laboral de la demandante en la Policía Nacional,
la definió el Decreto N° 1706 del 28 de agosto de 2015.
Así las cosas, se desestima este argumento de apelación y la Sala centrará el
presente control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el examen del acto
de desvinculación de la demandante consignado en el Decreto Número 1706 del
28 de agosto de 2015 “Por el cual se retira del servicio activo a un personal de
Oficiales Superiores de la Policía Nacional”, expedido por el Presidente de la
República en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 1° de la Ley 857
de 2003, mediante el cual retiró del servicio activo “POR SOLICITUD PROPIA”, a
varios oficiales entre ellos a la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky y a otros
siete oficiales, acto que comenzó a regir a partir de la fecha de su expedición.
2.2. Marco normativo relacionado con el retiro del servicio para los miembros
de la Policía Nacional
La Policía Nacional según la definición consignada en el artículo 218 de la
Constitución Política, es un cuerpo armado permanente, de naturaleza civil, a cargo
de la Nación, cuya misión primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz.
El tema relativo a la determinación del régimen de carrera, prestacional y
disciplinario de los miembros de la Policía Nacional, concebida como una entidad
pública cuya planta de personal se caracteriza por ser global y flexible 15 , se
encuentra reglamentado en el Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”, cuyo ámbito de aplicación
15
Así lo analizó la sentencia T-175 de 2016
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se encuentra previsto en el artículo 1° ídem, al tiempo que reguló entre otros
aspectos los relativos a la evaluación de la trayectoria profesional a cargo de Juntas
de Evaluación y Clasificación, para efectos de recomendar: el ascenso, continuidad
o retiro del servicio policial, tal y como lo estableció el artículo 22, así como las
causales de retiro de servicio previstas en el artículo 55 y siguientes ibídem.
En cuanto a la definición jurídica de “retiro”, se encuentra consignada en el artículo
54 del Decreto 1791 de 2000, según la cual es la situación por la cual el personal
uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio, mientras
que el artículo 55 enlista las causales de retiro, entre ellas, la consignada en el
numeral 1° Por solicitud propia.
El artículo 56 de la legislación analizada dispone: “El personal podrá solicitar su retiro
del servicio activo en cualquier tiempo, el cual se concederá cuando no medien razones
de seguridad nacional o especiales del servicio que requieran su permanencia en
actividad, a juicio de la autoridad competente.”
De acuerdo con el marco legal transcrito, el legislador extraordinario previó que el
personal de la Policía Nacional podía optar por retirarse del servicio activo en
cualquier momento, decisión que en principio no está sometida a consideración
distinta que por razones de seguridad nacional o especiales del servicio que exijan
de la permanencia en el servicio.
Posteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 857 del 26 de
diciembre de 2003 “Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el
retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica
en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.”, que dispuso:
“ARTÍCULO 1o. RETIRO. El retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de
la Policía Nacional, es la situación por la cual este personal, sin perder el grado,
cesa en la obligación de prestar servicio.
El retiro de los Oficiales se efectuará a través de decreto expedido por el
Gobierno Nacional. El ejercicio de esta facultad, podrá ser delegada en el
Ministro de Defensa Nacional hasta el grado de Teniente Coronel.
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Número interno:6185-2019
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El retiro de los Suboficiales se efectuará a través de resolución expedida por el
Director General de la Policía Nacional.
El retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo de la junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto
cuando se trate de Oficiales Generales. La excepción opera igualmente en los
demás grados, en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y
permanente, gran invalidez, cuando no supere la escala de medición del
decreto de evaluación del desempeño y en caso de muerte.”
De acuerdo con el artículo transcrito, el retiro de un oficial de la Policía Nacional se
efectúa a través de decreto expedido por el Gobierno Nacional, que para los grados
inferiores a Teniente Coronel podrá ser proferido por el Ministro de Defensa
Nacional, decisión de retiro que en todo caso estará sometida al concepto previo
de la junta asesora de dicho ministerio para la Policía Nacional, a excepción de
quienes ostenten el grado de General. La norma también previó la exoneración del
concepto en caso de que el retiro sea por destitución, incapacidad absoluta y
permanente, gran invalidez, por no superar la escala de medición de la evaluación
de desempeño o en caso de muerte.
Por su parte, el artículo 2° de la legislación citada, reconoció que se mantenían las
mismas causales de retiro contempladas en el Decreto Ley 1791 de 2000 para los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, pero que también se contemplaban
como eventos para el retiro, el llamamiento a calificar servicios por voluntad del
Gobierno Nacional para los oficiales o del Director General de la Policía Nacional
para los suboficiales, así como la causal de incapacidad académica.
Debe tenerse presente que la institución policial debe resolver la solicitud de retiro
presentada por el actor dentro del término de 45 días, so pena de tenerse como no
presentada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Ley 1214 de 1990
“Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de
Defensa y la Policía Nacional”, que indica:
“ARTÍCULO 27. ACEPTACION DE LA RENUNCIA. Presentada la renuncia, su
aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito y en la
providencia correspondiente, deberá determinarse la fecha en que se hará
efectiva, que no podrá ser posterior a cuarenta y cinco (45) días calendario de
su presentación. Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se
haya decidido sobre la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del
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Número interno:6185-2019
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cargo sin incurrir en abandono de empleo, o continuar en el desempeño del
mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.”
Siendo así en vista de que en el presente caso operó la causal de retiro por solicitud
propia, se observa que el Decreto Número 1706 del 28 de agosto de 2015 –objeto
de nulidad- invocó como sustento normativo los artículos 55 numeral 1° y 56 del
Decreto Ley 1791 de 2000, así como las facultades legales previstas en el artículo
1° de la Ley 857 de 2003 para su expedición por parte del Gobierno Nacional, por
lo que, en punto al tema de la fundamentación jurídica, no se observa irregularidad.
2.3. Marco legal y aporte jurisprudencial acerca del acoso laboral
El Congreso de la República expidió la Ley 1010 del 23 de enero de 2006 “Por
medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, que en el
artículo 1° estableció:
“ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY Y BIENES PROTEGIDOS POR ELLA.
Objeto. Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión,
maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje
a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades
económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Son bienes
jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y
justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores,
empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y
el buen ambiente en la empresa.
PARÁGRAFO: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones
civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en
los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco
se aplica a la contratación administrativa”16.
Bien se observa que esta disposición normativa señaló tanto el objeto como los
bienes que protege la legislación que regula el acoso laboral, al tiempo que excluyó
del ámbito de su aplicación las relaciones tanto civiles como comerciales derivadas
de los contratos en la modalidad de prestación de servicio, por lo que sin duda los
preceptos normativos de la Ley 1010 de 2006 se aplican a las relaciones laborales
16
Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-960-07 de 14 de
noviembre de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, 'en el entendido de que si en
realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006'
23
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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tanto del sector público como privado, sin razón alguna para excluir las que se
desarrollan en el ámbito de la Fuerza Pública.
El artículo 2° de la legislación analizada estableció la definición y modalidades del
acoso laboral en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL. Para
efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo.
En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse,
entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:
1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la
libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad
moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en
una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de
trabajo de tipo laboral.
2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración
o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la
renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga
excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan
producir desmotivación laboral.
3. Discriminación laboral: <Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley 1622
de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> todo trato diferenciado por razones de
raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia
política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de
vista laboral.
4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento
de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador
o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la
privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos
para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de
correspondencia o mensajes electrónicos.
5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la
integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de
funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y
seguridad para el trabajador.” (subrayas y negritas fuera de texto)
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Según se lee de la norma transcrita, en cuanto a la definición de acoso laboral se
evidencia la utilización de varios verbos rectores poniendo de presente que dichas
acciones -que pueden provenir del jefe o superior jerárquico inmediato o mediato-,
lo que procuran es causar distintos sentimientos en el acosado, que le perjudican
laboralmente y que incluso lo pueden inducir a renunciar a su empleo.
En cuanto a las modalidades en que se puede evidenciar el acoso laboral, el
legislador previó el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento,
la inequidad y la desprotección laboral, cada una de ellas debidamente definidas
en el artículo 2° ídem.
Mientras los artículos 3° y 4° establecen las circunstancias atenuantes o agravantes
del acoso laboral, el artículo 5° relativo a la graduación previó que lo dispuesto en
los dos artículos anteriores, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Disciplinario Único, para la graduación de las faltas. A su vez el artículo 6° relativo
a los sujetos y al ámbito de aplicación de la ley dispuso: “Pueden ser sujetos activos
o autores del acoso laboral: (…) Los servidores públicos, tanto empleados públicos
como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen
en una dependencia pública (…)”.
A juicio de la Sala los artículos 1° y 6° de la Ley 1010 de 2006, abren la posibilidad
para que a pesar de reconocerse el régimen especial que reglamenta la prestación
del servicio público por parte de los miembros de la Policía Nacional, también
tengan aplicabilidad las previsiones de la normatividad en comento en el
desenvolvimiento de las relaciones laborales en este sector de la administración
pública.
A su turno el artículo 7° describió el siguiente supuesto factico:
“ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se
presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública
de cualquiera de las siguientes conductas:
a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
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b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de
palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional,
la preferencia política o el estatus social;
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional
expresados en presencia de los compañeros de trabajo;
d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los
compañeros de trabajo;
e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos
del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los
respectivos procesos disciplinarios;
f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de
las propuestas u opiniones de trabajo;
g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en
público;
h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones
laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el
cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo
o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad
técnica de la empresa;
j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral
contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral
y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún
fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma
discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;
k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en
cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición
de deberes laborales;
l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente
indispensables para el cumplimiento de la labor;
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por
enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones
legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;
n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con
contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación
de aislamiento social.
En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente
valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas
denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 2o.
Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral.
La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la
conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad
humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos
fundamentales.
Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado,
deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley
procesal civil.” (negritas para referir las expresiones que fueron examinadas por
la Corte Constitucional subrayas nuestras).
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la demanda de inexequibilidad
interpuesta únicamente contra las expresiones “repetida y pública” consignadas en
el primer inciso del artículo 7° de la Ley 1010 de 2006, mediante sentencia C-780
del 26 de septiembre de 200717, declaró exequible la integridad del citado precepto
normativo, al considerar lo siguiente:
“Es relevante destacar que las actoras únicamente demandaron las
expresiones “repetida y pública” contenidas en el primer inciso del artículo, pero
excluyeron otros apartes que se encuentran en relación inescindible de
conexidad con las mismas, las cuales aisladamente consideradas no
constituyen una proposición jurídica completa que permita efectuar el examen
de constitucionalidad, de suerte que en caso de que la Corte decidiera
declararlas inexequibles, perdería todo sentido la permanencia, en el orden
jurídico, de los apartes que establecen las circunstancias que no se encuentran
revestidas por la presunción de acoso laboral, al igual que el resto del primer
inciso en el que los vocablos “repetida y pública” se encuentran contenidos. De
lo anterior se sigue que es necesario revisar estos apartes de forma integral a
fin de evitar que la decisión que aquí se profiera resulte inocua, por cuanto
constituyen un único contenido normativo.” (subrayas fuera de texto)
Por su parte el artículo 8° de la Ley 1010 de 2006 prescribe:
“CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No constituyen
acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:
a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los
cuerpos que componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional
de obediencia debida;
b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente
corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad
empresarial e institucional;
d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a
solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación
laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de
rendimiento;
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la
institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para
solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución;
f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por
terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa
causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la
función pública.
17
M.P. Humberto Sierra Porto
27
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata
el artículo 95 de la Constitución.
h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos
55 a 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan
los artículos 59 y 60 del mismo Código.
i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los
reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.
j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que
trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.
PARÁGRAFO. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las
peticiones de colaboración a que se refiere este artículo deberán ser
justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios.” (subrayas
nuestras)
Llama la atención la Sala respecto del supuesto fáctico previsto en el literal a)
transcrito, relativo al hecho de que el legislador previó que las exigencias y órdenes
necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen la Fuerza
Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida, no configuran
como tal acoso laboral en ninguna de sus modalidades. Las negritas para destacar
la expresión “necesarias”.
Por su parte el artículo 9° de la legislación examinada, señala las medidas
preventivas y correctivas del acoso laboral, mientras que el artículo 10 estipula el
tratamiento sancionatorio al acoso laboral; el inciso 2° del artículo 12 ídem en
cuanto a la competencia dispuso “cuando la víctima del acoso laboral sea un
servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde
al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos
Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala
la ley.”
El artículo 13 ibídem estableció respecto del procedimiento sancionatorio: “Cuando
la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el
procedimiento previsto en el Código Disciplinario único.”, el artículo 15 resulta de
suma importancia al establecer el llamamiento en garantía así: “En los procesos
relativos a nulidad y restablecimiento del derecho en los cuales se discutan vicios
28
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
de legalidad de falsa motivación o desviación de poder, basados en hechos que
pudieran ser constitutivos de acoso laboral, la parte demandada podrá, en el
término de fijación en lista, llamar en garantía al autor de la conducta de acoso.”,
mientras que el artículo 18 estableció la Caducidad de la acción en tres años.
En lo relativo al ius variandi laboral en la Policía Nacional, tema que será objeto de
desarrollo en la resolución del caso concreto, esta Sala dijo lo siguiente18:
“Igualmente se observa de los formularios de evolución que, el señor Valencia,
no permaneció en una sola unidad policial, sino que con relativa frecuencia fue
trasladado, incluso para distintos departamentos de policía, entre estos,
Antioquia y Casanare, También dos traslados consecutivos efectuados por el
Coronel Luís Eduardo Martínez Guzmán-Comandante Departamento de
Policía Antioquia. Sin embargo, esos hechos per se, no son demostrativos de
acoso laboral o persecución, pues el personal policial está sometido a
evaluación constante y los cambios de unidad policial es propio de la Institución
dado que cuenta con una planta de personal global y flexible19. Estas [planta
global y flexible] tienen por fin garantizarle a la administración pública mayor
capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las
cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con
la misión institucional y sus funciones20“(subrayas fuera de texto)
2.4. Hechos probados
En el expediente obra abundante prueba documental y testimonial, por lo que la
Sala advierte que aquella prueba que se relacione con los movimientos de personal
de los que dijo ser objeto la demandante, será analizada en la resolución del caso
concreto, así como la prueba relativa a los testimonios recepcionados en la
audiencia de pruebas.
Dentro del acopio probatorio obran las siguientes pruebas documentales:
2.4.1. Acta N° 02-ADEHU-JEFAT-2.25 del 2 de septiembre de 2015 sobre la
reunión del comité de convivencia laboral de la Subdirección General de la Policía
18
Sentencia del 4 de febrero de 2021 radicación número: 05001-23-31-000-2009-01441-01 (M.P. César
Palomino Cortés.
19
Sentencia T-175/16, Radicación número: 70001-23-33-000-2017-00209-01(AC
20
Sentencia T-175/16
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Nacional, con motivo de la queja interpuesta por la Coronel Adriana Rodríguez
Clopatofsky en contra del Coronel Hugo Casas Velásquez por presuntas conductas
constitutivas de acoso laboral. En esta reunión que se llevó a cabo con
posterioridad al retiro de la ahora demandante, la ex uniformada no concilió 21.
2.4.2. Extracto hoja de vida de la demandante de fecha 13 de noviembre de 2015,
según el cual la señora Adriana Rodríguez Clopatofsky nació el 13 de octubre de
1967, es decir que para el año 2015 fecha del retiro, contaba con 47 años de edad.
Igualmente se consigna que la última unidad laborada fue la Dirección de Sanidad
y que los servicios prestados fueron: Tiempo civil PONAL del 26 de agosto de 1991
al 25 de junio de 1993; cadete y alférez del 29 de junio de 1993 al 6 de diciembre
de 1993; oficial desde el 7 de diciembre de 1993 al 2 de septiembre de 2015, que
fue dada de alta durante los tres meses entre el 2 de septiembre al 2 de diciembre
de 201522.
Según esta prueba la accionante laboró en la Policía Nacional durante 24 años, 3
meses y 5 días.
2.4.3. Formulario I Evaluación del desempeño policial en los que aparece como
evaluada la oficial Rodríguez Clopatofsky Adriana como Jefe Área Medicina
Laboral y evaluador el coronel Casas Velásquez Hugo subdirector (A) de Sanidad
año 201423.
2.4.4. Comunicación del 30 de junio de 2015 suscrita por la Coronel Adriana
Rodríguez Clopatofsky dirigida al Presidente de la República radicada el 1° de julio,
ASUNTO: Solicitud de retiro, en la que esgrimió: “Con toda atención me permito
solicitar al señor Presidente de la República, el retiro voluntario del servicio activo de la
Policía Nacional. Agradezco a mi institución por haberme dado la oportunidad de servirle
a mi país a través del desempeño como servidora pública en el Ministerio de Defensa
21
Folios 19-32 C.P. 2
22
Folios 36-37 C.P. 2
23
Folios 38-46 C.P. 2
30
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Nacional”24.
2.4.5. Acta de entrega del niño XX a los señores Adriana Rodríguez Clopatofsky y
Oscar Humberto Garavito Ruiz llevada a cabo el día 24 de mayo de 2013 expedida
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander Centro Zonal.
Luis Carlos Galán Sarmiento. Esta prueba acredita que la demandante era madre
adoptante para el año 2015 fecha del retiro de la Policía Nacional25.
2.4.6. Comunicación del 6 de junio de 2015 suscrita por la Coronel Adriana
Rodríguez Clopatofsky dirigida al Inspector General de la Policía Nacional,
mediante la cual le informó las novedades laborales en su contra presentadas con
el Coronel Hugo Casas Velásquez director de Sanidad, con el fin se adelantaran
las acciones disciplinarias por constituir conducta de acoso laboral26.
2.4.7. Descripción de cargos y perfiles correspondiente al cargo: JEFE AREA
MEDICINA LABORAL fecha 05-02-2013, que exige como grado en formación el de
Coronel y Teniente Coronel, nivel académico de educación en Bacteriología,
Medicina General y Odontología y requiere de especialización, postgrado,
maestría, como experiencia relacionada: Comandante unidad básica operativa,
Comandante /subcomandante de estación, jefe unidad comando operativo de
seguridad ciudadana o Comandante sección operativa27.
2.4.8. Notificación personal del Decreto N° 1706 del 28 de agosto de 2015 por el
cual se retira del servicio a un personal de oficiales de la Policía Nacional por
solicitud propia, diligencia llevada a cabo el 2 de septiembre de 201528.
2.5. Resolución del caso concreto
Sea lo primero acotar, que a lo largo de la presente actuación contenciosa la entidad
demandada guardó silencio ya que no contestó la demanda ni se pronunció en el
24
Folio 47 C.P.2
25
Folio 48 C.P. 2
2626
Folios 62-69 C.P. 2
27
Folios 79-81 C.P. 2
28
Folio 92 C.P. 2
31
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, pues apenas radicó
memorial en sede de esta misma etapa procesal ante el Tribunal de primera
instancia, por lo que a pesar de no poderse dar por probados de forma automática
los cargos de nulidad invocados -en vista de que esa circunstancia debe valorarse
en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente-, lo cierto es que si
llama la atención de la Sala, la falta de defensa jurídica de los intereses de la Policía
Nacional.
Ahora bien, en lo que respecta a la resolución del caso concreto, consiste en
determinar si la parte demandante cumplió con la carga probatoria mediante la cual
pretende desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto N°1706 del 28 de agosto
de 2015, mediante el cual fue retirada de la Policía Nacional al advertir que la
presentación de su renuncia, en realidad, no fue por voluntad propia sino que
obedeció al acoso laboral del que había sido objeto por parte de su inmediato
superior el director de Sanidad de la Policía Nacional.
Para el efecto, la apoderada de la demandante invocó como causales de nulidad
del acto acusado, el desconocimiento de las normas en que debía fundarse, la falsa
motivación y la desviación de poder, por cuanto la renuncia que presentó la
uniformada al Presidente de la República no fue la expresión de un acto voluntario
y espontáneo, sino que fue la alternativa que tuvo al verse agobiada, maltratada y
humillada en su condición de oficial en grado de Coronel de la Policía Nacional,
porque su renuncia fue producto de acoso laboral propiciado por su superior
jerárquico.
Aduce como fundamento de sus predicamentos, que para el año 2015 se
desempeñaba como jefe del Área de Medicina Laboral dependencia adscrita a la
Dirección de Sanidad, que en la institución llevaba laborando más de 24 años
ejerciendo la profesión de Odontología siendo objeto de 24 condecoraciones y 51
felicitaciones, según lo acredita el extracto de su hoja de vida.
Señaló que, a partir del 15 de enero de 2015, tras la llegada del Coronel Hugo
Casas Velásquez como director de dicha dependencia e inmediato superior, fue
32
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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objeto de una serie de traslados infundados e intempestivos –seis en menos de
seis meses- y de trato degradante, hechos que sin duda la afectaron a nivel
personal, laboral y familiar, al punto que la indujeron a la presentación de su
renuncia cuando dicha determinación no la tenía contemplada.
La señora demandante aportó al expediente la prueba documental con la cual
pretende acreditar las causales de nulidad incoadas, a las cuales se hizo parcial
alusión en el acápite 2.3. ut supra y solicitó la práctica de ocho testimonios que
fueron recepcionados en audiencia de pruebas ante el Tribunal de primera
instancia, material probatorio que será en seguida objeto de análisis por esta Sala.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, al
considerar que la actora no logró demostrar el supuesto nexo de causalidad
existente entre el supuesto acoso laboral y la presentación de su carta de renuncia
“dado que no se prueba con las declaraciones, hecho alguno que permita dar crédito a su
afirmación, según la cual, fue víctima de acoso laboral por parte del CR HUGO CASAS
VELÁSQUEZ, lo que la condujo a presente su carta de renuncia”.
Inconforme con la anterior decisión, la actora en el recurso de apelación reiteró los
cargos de nulidad al reprochar que el a quo no le hubiera dado crédito a la prueba
testimonial y documental que acredita que la renuncia consignada en el acto de
retiro acusado, no fue libre ni espontánea, sino que fue producto del acoso laboral.
Siendo así el panorama, corresponde a la Sala determinar de acuerdo con el
abundante material probatorio arrimado al expediente, a la luz de la normatividad
que regula el tema del acoso laboral, si la demandante logró acreditar el nexo de
causalidad y por ende desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado,
ante el inadecuado y excesivo ejercicio del ius variandi dados los cambios o
movimientos laborales que, a pesar de preverse como rutinarios en una institución
como la Policía Nacional, para el caso en estudio pudieron exceder los
presupuestos de la planeación y moderación.
Lo anterior, teniendo de presente aspectos tales como: i) que la demandante
desempeñaba un empleo de naturaleza administrativa pero no misional que pudiera
33
Número interno:6185-2019
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calificarse como imprescindibles y necesarios para el objetivo de la disciplina
institucional; ii) fueron varios durante un lapso breve de tiempo, por lo que se
presentan como intempestivos, sin planeación y quizás injustificados que no solo
afectaron a la uniformada a título personal, sino que pudieron trascender la
afectación de la adecuada prestación del servicio público; iii) los movimientos
laborales desconocieron el rango y el nivel del cargo que desempeñaba la
demandante, al haber sido trasladada a desempeñar empleos de menor jerarquía,
por lo que fue transgredida su estabilidad laboral y, iv) no se mantuvo el perfil de
quienes reemplazaron a la Coronel Adriana Rodríguez en el Área de Medicina
Laboral, en vista de que no ostentaban el mismo grado sino inferiores y no contaban
con la trayectoria laboral de la accionante, por lo que no existió el mejoramiento en
la prestación del servicio.
2.5.2. Análisis de la prueba documental que acredita el acoso laboral
Bajo los anteriores parámetros, la Sala entrará a analizar la prueba documental
que acredita los movimientos laborales de la Coronel Adriana Rodríguez
Clopatofsky, en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 17 de junio de
2015, documental que será relacionada en estricto orden cronológico para mayor
comprensión del caso:
1) Oficio S-2015 002121 ARAFI-GUTAH 38.10 del 15 de enero de 2015, mediante
el cual el director de Sanidad de la Policía Nacional (E) le informó a la demandante
en su condición de Jefe Área Medicina Laboral DISAN, lo siguiente: “La señora
Coronel se dispondrá asumir como Jefe de la Seccional Sanidad Bogotá, a partir
de la fecha y hasta nueva orden; asumirá el cargo de Jefe (E) del Área de Medicina
Laboral el señor subteniente LUIS CARLOS FLÓREZ ROMERO”29
Esta determinación sin duda degradó el perfil y nivel del empleo que desempeñaba
la accionante, como quiera que pasó de la jefatura de un área en el nivel central a
la jefatura de una seccional dentro de la Dirección de Sanidad, además que en su
reemplazó no fue designado un oficial que ostentara el mismo grado exigido según
29
Folio 78 C.P. 2
34
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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el perfil del cargo, sino que lo fue por un uniformado de evidente menor grado que
el de la Coronel.
2) mensaje enviado por correo electrónico del 11 de marzo de 2015 DE: DISAN
SEBOG-JEFAT a varias direcciones electrónicas en las que aparece el de la
Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky, a quienes citan con el fin de que se
presenten para realizarles la respectiva entrega y el recibimiento de los cargos
asignados. Sin embargo en un listado de correos electrónicos envidados el día
anterior, a la actora no le fue asignado cargo, tal y como así lo corrobora el listado
del personal requerido para la entrega de los nuevos cargos, en los que no aparece
el nombre de la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky30.
3) Según lo refiere la declaración de la Coronel Adriana Camero (testimonio que
luego será transcrito), el 17 de marzo de 2015, la accionante fue designada para
desempeñarse como Jefe de la Oficina de Garantía y Calidad, sin embargo, al día
siguiente fue nuevamente designada como Jefe del Área de Medicina Laboral.
4) Memorando N° 2959 del 25 de mayo de 2015 procedente de la DISAN para la
Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky (Jefe Área de Medicina Laboral), que dice:
“ORDENO A LA SEÑORA CORONEL, EL TRASLADO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA
DE MEDICINA LABORAL A INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD “, para lo cual le otorgó el plazo de un día, entre el 25 y el
26 de mayo de 201531.
En sentido estricto, no es un traslado como tal sino un movimiento logístico de la
jefatura que dirigía la accionante, decisión que en todo caso implicaba esfuerzo por
lo que al otorgarle un plazo de 24 horas se evidencia como una radical decisión,
que además resultó incoherente al implicar la separación de la jefe del Área de su
grupo o equipo de trabajo, lo cual a todas luces dificultaba las funciones de control
y seguimiento que le correspondía desempeñar a la demandante, en aras de la
adecuada prestación del servicio público.
30
Folios 75-76 C. P. 2 se relaciona el nombre de veinte (20) oficiales pero no aparece el nombre de la
Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky
31
Folio 77 C.P. 2
35
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
5) Oficio S-2015 045504 SUBDIR-GUTAH 38.10 del 3 de junio de 2015 suscrito
por el Subdirector de Sanidad Policía Nacional Coronel Henry Armando Sanabria
Cely dirigido a la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky Asunto: entrega de cargo:
“Respetuosamente me permito informar a la señora coronel que debe hacer entrega del
cargo como jefe del Área de Medicina Laboral al señor Mayor JAVIER ALEXANDER
RODRGRIGUEZ PARRA identificado con cédula de ciudadanía XXX, dentro de un lapso
no superior a tres días a partir de esta notificación”32.
Con esta determinación se evidencia una vez más que fue designado en reemplazo
de la demandante como Jefe Área de Medicina Laboral, un oficial con menor grado
y antigüedad para asumir este empleo, según el Manual de Funciones consignado
en el Formato de cargos y perfiles, tema que ya se analizó en el acápite 2.4.7.33.
En la declaración que rindió el Coronel Henry Sanabria Cely afirmó que dicha
decisión había sido por orden del Coronel Hugo Casas Velásquez.
6) Oficio S-2015 048879 DISANJEFAT 29 del 16 de junio de 2015 Asunto:
notificación de cargo: “Respetuosamente me permito informar a la señora Coronel que
a partir de la fecha, será encargada del direccionamiento y gerencia del proyecto SISAP
de la Dirección de Sanidad, estas funciones las ejercerá en el Área Gestión de Servicios
en Salud”34.
De bulto se observa que la dirección o gerencia de un proyecto reviste menor
responsabilidad que la Jefatura de un Área, pudiéndose quizás equiparar a la
jefatura de un grupo de trabajo. Al respecto resulta ilustrativa la declaración de la
señora Neuvis Yaneth Herrera Acosta quien fue conteste en afirmar acerca del
nivel jerárquico del grupo SISAP que dependía de AGESA a cargo de un
uniformado de menor antigüedad (Coronel Russy) que el que ostentaba la
demandante. Más adelante se transcribirá esta declaración.
32
Folio 71 C.P. 2
33
Folios 79-81 C.P. 2
34
Folio 59 C.P. 2
36
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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7) No obstante la anterior designación, se observa que mediante Oficio N° S-2015
045660 SUBDIR-GUTAH-40.45 del 3 de junio de 2015 dirigido por el Coronel Hugo
Casas Velásquez como director de Sanidad a la Subdirectora General de la Policía
Nacional, manifestó Asunto Traslados: “Respetuosamente me permito solicitar a mi
General estudie la posibilidad de autorizar la ubicación laboral con costo de un personal
de Oficiales en el grado de Coronel, en cumplimiento a la Resolución 02731 del 30 de
agosto de 2010 … lo anterior teniendo en cuenta mi General, que por sus competencias
del saber, saber hacer y ser deben ocupar cargos de nivel de administración de ejecución
dentro de la Policía Nacional, así: CR ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY unidad de
destino Seccional Sanidad Meta, Justificación. Por su perfil profesional y grado debe
asumir la Jefatura de la Seccional Sanidad Meta, ya que en la estructura del nivel central
en la Dirección de Sanidad no hay cargo disponible para ocupar según su grado y
antigüedad. 35
Según se observa, este oficio corrobora la intención del director de Sanidad de
trasladar a la demandante de la Seccional Bogotá a la Seccional Meta, no obstante
haberla designado en el proyecto SISAP el 16 de junio de 2015, al esgrimir como
fundamento de tal decisión que no existía cargo disponible para ubicarla en el nivel
central debido a su antigüedad y grado, lo cual en efecto aconteció por cuanto
había sido designado en el Área de Medicina Laboral el Mayor Javier Alexander
Rodríguez Parra, oficial de menor grado y antigüedad que el del perfil exigido para
ocuparlo y que sí cumplía la demandante.
8) Notificación Traslado N°2623 efectuado por la dirección de Talento Humano del
17 de junio de 2015, en el que la Coronel Rodríguez Clopatofsky fue trasladada –
a petición del Director de Sanidad- de la DISAN-DIRECCIÓN DE SANIDAD a la
DISAN SECSA-SECCIONAL DE SANIDAD META, notificación que se llevaría a
cabo dentro de las 24 horas siguientes y el término para el traslado fue de 15 días36.
Como se observa resulta evidente el traslado de la accionante a una dependencia
de inferior categoría como lo es la Seccional Meta respecto de la que ocupaba
como jefe Área Medicina Laboral del nivel Central, con el agravante del cambio de
35
Folio 70 C.P. 2
36
Folio 57 C.P. 2
37
Número interno:6185-2019
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
ciudad con los efectos que implica una decisión como esta en los componentes
personal y familiar.
9) Inconforme con esta determinación de la Subdirección General de la Policía pero
que había sido pedida por el director general de Sanidad, la Coronel Rodríguez
Clopatofsky remitió el 30 de junio de 2015 a su inmediato superior, solicitud de
reconsideración del traslado a la Seccional Meta, en el que le esgrimió razones de
índole familiar como el cuidado de su hijo entregado luego del proceso de adopción
con las consecuentes visitas de seguimiento efectuadas por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar en la ciudad de Bogotá, para verificar la condición del menor.
Incluso en este oficio la uniformada le afirmó su disposición de seguir trabajando
como responsable de direccionamiento y gerencia del proyecto SISAP37.
10) Mediante oficio N° S-2014 058805 del 13 de julio de 2015, el Subdirector de
Sanidad de la Policía Nacional Coronel Henry Armando Sanabria Cely le respondió
a la Coronel Adriana Rodríguez su solicitud de reconsideración del traslado a la
Seccional Meta, en los siguientes términos: “…concluyendo que a pesar de su
justificado argumento prima la necesidad del servicio que se presenta en la actualidad para
ejercer como Jefe de la Seccional Sanidad… así mismo revisado los posible cargos a
ocupar en el Nivel Central, Seccional Sanidad Bogotá y Hospital Central no hay vacante
según el grado que ostenta38.
10) Mediante oficio N°s-2015 013101 del 1° de julio de 2015 la Coronel Adriana
Rodriguez Clopatofsky como responsable del direccionamiento y gerencia del
proyecto SISAP, le solicitó al director general de la Policía Nacional reconsiderara
el traslado a la Seccional Sanidad Meta39. En el expediente no aparece la respuesta
a esta petición.
11) El 1° de julio de 2015 la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky le dirigió al
Presidente de la República escrito en el que de manera escueta le presentó
solicitud de retiro del servicio activo de la Policía Nacional, sin mencionar que era
37
Folio 54 C.P. 2
38
Folio 49
39
Folios 52-53 C.P. 2
38
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
“por solicitud propia”40.
A juicio de la Sala de acuerdo con la anterior prueba documental, se observa que
en realidad la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky si fue objeto de una serie de
abruptos movimientos laborales que desconocieron su antigüedad y trayectoria
laboral en la Policía Nacional, al ser trasladada a empleos de menor nivel jerárquico
que el de jefe de área, los cuales se llevaron a cabo todos a petición de su
inmediato superior jerárquico, dentro de un lapso breve de tiempo, siendo
reemplazada por uniformados de menor antigüedad y distinto perfil para ocupar el
cargo de jefe del área de Medicina Laboral que venía siendo ocupado por la
demandante.
Así lo corroboró la respuesta al requerimiento efectuado por el despacho ponente
en Sala Unitaria, mediante Auto del 4 de agosto de 202241 en el que dispuso oficiar
por Secretaría de la Sección Segunda a la dirección de Talento Humano de la
Policía Nacional, para que aportara copia de la hoja de vida del Mayor Javier
Alexander Rodríguez Parra, con el fin de verificar el cuestionamiento de la
demandante en el sentido de que había sido reemplazada por un funcionario que
no cumplía con la trayectoria ni experiencia que ella tenía.
Según la respuesta de la entidad demandada remitida vía correo electrónico en
octubre de 201142, se encuentra acreditado con fundamento en la hoja de vida del
señor Rodríguez Parra Javier Alexander que fue ascendido al grado de Mayor
mediante Decreto 2416 del 1° de diciembre de 2009 y al grado de TC a través del
Decreto 1930 del 1° de diciembre de 2016, lo cual acredita que para el mes de junio
de 2015 cuando fue designado en reemplazo de la demandante, ostentaba el grado
de Mayor.
Así mismo la prueba acredita que en su momento, el Mayor Javier Alexander
Rodríguez Parra asumió la jefatura del área de Medicina Laboral el 3 de junio de
2015 hasta el 31 de agosto de 2016 en la dirección de Sanidad.
40
Folio 47
41
Folio 382
42
Visible a índices 23 y 26 aplicativo SAMAI
39
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
En cuanto al requerimiento relativo a los requisitos exigidos para el cargo jefe del
Área de Medicina Laboral, la citada respuesta consignó lo siguiente:
“En atención a la comunicación oficial del asunto, comedidamente me permito
informar, que una vez verificado el Sistema para la Administración del Talento
Humano (SIATH), y de acuerdo a la Resolución No. 00937 del 10 de marzo de
2016 "por el cual se establece el Manual de Funciones para el personal
uniformado de la Policía Nacional, la metodología de evaluación para el perfil
de los cargos y se derogan unas disposiciones", los requisitos para el cargo de
Jefe Área Medicina Laboral son: EDUCACIÓN: (Ley 30/1992) Familias que
contienen estudios técnicos profesionales, tecnológicos, profesionales
universitarios y posgrados; Requiere Profesional Universitario: • Administración
en salud • Derecho • SGSST / salud ocupacional / seguridad industrial •
Ciencias de la salud • Derecho laboral / seguridad social FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO: (Ley 115/1994) Actualización de conocimientos evidenciados en
seminarios, cursos y diplomados. Requiere Curso o Seminarios: •
Administración en salud • SGSST / salud ocupacional / seguridad industrial
EXPERIENCIA: Cargos de menor o igual nivel de responsabilidad que aportan
al desarrollo del proceso en el que participa el funcionario. • Jefe área/grupo
dirección de sanidad (familia) • Jefe área medicina laboral.
GRADO POLICIAL: (Decreto 1791/2000) • Coronel • Teniente coronel”
(negriatas y subrayado fuera de texto)
Cotejada la anterior información con la hoja de vida del señor Javier Alexander
Rodríguez Parra, ostentaba el título de abogado otorgado en diciembre de 2010
por la Universidad La Gran Colombia y en el año 2014 obtuvo el título de
especialista en derecho médico de la Universidad Javeriana, por lo que cumplió el
requisito de la formación académica pero lo cierto es que no cumplía para el año
2015 cuando fue designado en reemplazo de la demandante, con el requisito de la
experiencia y grado policial como Coronel o Teniente coronel, toda vez que accedió
al grado de TC en diciembre de 2016 un año después de haber asumido la jefatura
del área de medicina laboral.
De tal manera que en efecto le asiste la razón a la parte demandante al haber
cuestionado que fue reemplazada por un funcionario de menor jerarquía en grado
y en experiencia laboral.
Retomando el tema de los movimientos laborales de los que fue objeto la ahora
demandante fueron los siguientes: jefe de área de medicina laboral, jefe seccional
de sanidad Bogotá, jefe de garantía y calidad; jefe de medicina laboral nuevamente,
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
encargada del direccionamiento y gerencia del proyecto SISAP y jefe de la
seccional de sanidad del Meta, los cuales fueron llevados a cabo en menos de 6
meses entre enero y junio de 2015, por lo que resulta evidente la vulneración al ius
variandi laboral de la Coronel Rodríguez Clopatofsky.
No puede la Sala perder de vista, que dada la estructura de la Policía Nacional el
tema de la antigüedad resulta de suma trascendencia, por lo que al haber sido
reemplazada la accionante por uniformados con menor tiempo de servicio en la
institución y trayectoria laboral que el que ella tenía, incluso al haber terminado
siendo dirigida por jefes que no tenían si quiera su mismo grado de Coronel, es un
hecho indiscutible que tal situación le mermó su orgullo y moral como oficial de la
entidad a la cual le había entregado más de 24 años de servicios, de manera
eficiente en vista de que no le figuraban investigaciones en su contra según el
extracto de su hoja de vida laboral en el que se acreditan las felicitaciones y
condecoraciones de las que fue objeto43, por manera tal que no se evidenciaron
como necesarios y justificados.
Sin duda alguna, los anteriores movimientos laborales tal y como lo deprecó la
parte activa, incurrieron en el desconocimiento de normas relacionados con el tema
de la concertación de los objetivos de la gestión de la Coronel Rodríguez
Clopatofsky en los empleos a los que fue designada, como tampoco se le dio la
oportunidad de presentar los respectivos resultados en su desempeño laboral
durante el periodo enero a junio de 201544.
También se desatendió en el presente caso, el Instructivo 041 del 6 de octubre de
2011 expedido por la Dirección General de la Policía Nacional, que señaló los
parámetros y requisitos para el cumplimiento de los traslados que pueden provenir
por Orden Administrativa de Personal (OAP) que es firmada únicamente por el
Director General de la Policía Nacional, en cuyo caso exige que el uniformado haya
cumplido con un mínimo de permanencia en el cargo de dos (2) años o, por Orden
43
Folios 36-38 C.P. 2 entre ellas 24 condecoraciones por servicios distinguidos entre los años 96 y 2013 y 51
felicitaciones entre los años 2006 al 2012
44
En los términos del Decreto 1800 del 14 de septiembre de 2000 “Por el cual se dictan normas para la
evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional”
41
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Interna (OI) que es la que proviene del director o comandante según el cargo, que
exige entre otros requisitos un mínimo de (1) un año en la dependencia interna de
la unidad para solicitar traslado45.
Pero quizás el traslado que con mayor razón motivó la presentación de la renuncia,
fue el de cambio de ciudad al haber sido trasladada a la Seccional de Sanidad del
Meta, el cual sin duda alguna rebasó los estándares de aceptación de la propia
uniformada, quien invocó razones de índole familiar relacionadas con el cuidado
de su hijo dado en adopción, las cuales fueron desatendidas por la institución.
Ante la proximidad en el acontecer de los distintos traslados ordenados por el
director de Sanidad y la presentación de la renuncia “por solicitud propia” dirigida
por la demandante al Presidente de la República, hechos que se presentaron por
espacio de casi seis meses, no cabe duda para esta Sala acerca de la acreditación
del nexo causal entre dichos acontecimientos, contrario al punto de vista del a quo
que en el fallo impugnado consideró, que dichos traslados correspondían a
obligaciones propias del empleo desempeñado por la Coronel Rodríguez
Clopatofsky en una institución jerarquizada como lo es la Policía Nacional.
La Sala disiente del anterior planteamiento, dada la naturaleza administrativa del
empleo desempeñado por la accionante que, a pesar de estar sometido también al
principio de la disciplina institucional, no era de aquellos relacionados con el
mantenimiento de la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, pues la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky no
tenía a su cargo una unidad policial encargada de asumir dicho objetivo misional,
que justificara las medidas laborales a las que fue sometida.
Según el manual de funciones de la Policía Nacional consignado en la Resolución
N° 00937 del 10 de marzo de 201646, el cargo jefe área medicina laboral es del
nivel de gestión administrativo cuyo propósito principal es el de Administrar el
proceso médico laboral del personal vinculado a la Policía Nacional para la
45
Documento consultado en la página Web de la Policía Nacional.
46
Ver índice 23 aplicativo SAMAI
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Número interno:6185-2019
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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
calificación de la capacidad médico laboral.
Igualmente no se acoge el criterio del fallador de primera instancia según el cual,
la demandante al ingresar a la Policía Nacional debía anteponer sus intereses
personales frente a la prevalencia del interés general dado que el nominador está
revestido de la potestad para efectuar los traslados de personal, por cuanto según
se ha iterado, dicha facultad no es absoluta en vista de que se deben considerar
distintos factores como las condiciones personales, laborales y de jerarquía como
elementos de ponderación a ser tenidos en cuenta por la Administración, previo a
adoptar dichos cambios laborales.
Una prueba documental que para la Sala tiene aporte de relevancia para las
resultas de esta decisión, es la reunión del Comité de Convivencia Laboral de la
Subdirección General de la Policía Nacional diligencia llevada a cabo el 2 de
septiembre de 2015, con motivo de la queja interpuesta por la Coronel Adriana
Rodríguez Clopatofsky en contra del Coronel Hugo Casas Velásquez por presuntas
conductas constitutivas de acoso laboral, a la que asistieron las partes en conflicto
y el Subdirector General (E) de la Policía Nacional47.
En dicha reunión, la ex uniformada fue enfática en solicitar al Comité que se
continuara con el trámite de la queja ante las instancias pertinentes con el fin de
adelantar la respectiva investigación por acoso laboral en contra de su ex jefe,
además que manifestó su voluntad de no conciliar “ya que las circunstancias que
acabo de expresar, me han ocasionado un daño que en este momento es irreversible e
irreparable, tanto así, que me vi en la imperiosa necesidad de solicitar mi retiro, ya que las
condiciones laborales eran de persecución y humillación y si no hubiera sido por esta
situación, tenga la seguridad que estaría prestando mi servicio en esta amada institución.”
Por su parte, el Coronel Hugo Casas Velásquez a modo de exculpación efectuó
las siguientes afirmaciones: “los movimientos que hubo para la Coronel ADRIANA
tuvieron soporte. Adriana Rodríguez se estaba desempeñando como Jefe del Área de
Medicina Laboral no me acuerdo por cuanto tiempo, tal vez año y medio, no me acuerdo
47
Folios 19-32 C.P. 2
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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exactamente; pero tal vez año y medio. A la Coronel ADRIANA por su perfil, por sus
condiciones, nos vimos en la necesidad de nombrarla encargada del Área de Medicina o
de la Seccional Bogotá, y esto no obedeció a otra cosa, sino al accidente que tuvo la
Coronel Yineth Sarmiento, se fracturó el codo, nos vimos en la necesidad de colocarla
como encargada porque era la persona que tenía este perfil y ahí estuvo por más de tres
meses mientras la Coronel llegó, después volvió al Área de Medicina Laboral, es
básicamente esos los movimientos que ha habido. (…)”.
Más adelante el Coronel Casas en la misma diligencia refirió: “De pronto si fue falta
de planeación, a veces Sanidad se nos sale de las manos; cuando por ejemplo todo los
coroneles de la Dirección de Sanidad y alguien dijo: le tocó bailar con la más fea (…) Yo
le reitero Adriana, le reitero a usted doctora, que en ningún momento mi intención fue
perjudicarla en su vida personal, en su vida laboral, mucho menos lo del retiro, sobre todo
usted ya por ejemplo, una persona ya con 23 años de servicio y que diga que está
coaccionada a pedir el retiro porque se sintió maltratada, pudo haber acudido a otras
instancias en su momento y eso se hubiera resuelto; pero no, mire que las cosas se fueron
dando sin pensar dentro de la misma dinámica institucional, es que esto es una dinámica
y un movimiento muy grande y así hay que llevarla día a día. Lamento no haberla llamado
y haberla sentado como la vez que usted estuvo en mi oficina, mi Coronel; pero es que
usted no me contempló (sic) Ojalá pudiera usted reconsiderar la situación, de llevar esto
a otra instancia, pienso en que en esta institucionalmente lo podemos resolver si usted lo
tiene a bien, si usted lo reconsidera porque podemos inclusive llamar al Coronel Guerra y
Sanabria, llamar a algunos oficiales y no hay ninguna mala intención, no hay otra queja de
otro oficial que esté diciendo, usted me acosó. Contra usted no tengo nada ADRIANA, no
tengo nada personal, ni mucho menos la intención de haberla lesionado, si lo hice, le pido
públicamente disculpas. Pero fue todo institucional y dentro de la misma dinámica que
tiene la institución” (subrayado nuestro)
Según se lee de las anteriores afirmaciones, el Coronel Hugo Casas Velásquez no
obstante tratar de justificar las decisiones adoptadas en torno a los movimientos
laborales a los que sometió a la demandante, con el argumento de que eran
producto de la dinámica institucional, lo cierto es que en ningún momento los negó
al punto que aceptó que fueron producto de la ausencia de planeación, lo cual
podría considerarse como un indicio de responsabilidad.
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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Incluso el Coronel Casas Velásquez persuadió a la ex Coronel Rodríguez
Clopatofsky, para que se abstuviera de poner la situación en conocimiento de las
instancias competentes, al tiempo que le presentó disculpas por lo acontecido que
en todo caso resultaron insuficientes para enmendar el daño ya causado.
De tal manera que, en el presente caso, no se observa que dichos movimientos
laborales estuvieran precedidos de la motivación relativa al mejoramiento del
servicio, pues no obra prueba en el expediente que así lo acredite ya que apenas
se cuenta con la versión defensiva del Coronel Casas Velásquez. Por las anteriores
razones a juicio de esta instancia, lo que se observa es que la prueba documental
no fue en rigor integralmente analizada por el a quo, a la luz de la sana crítica en
los términos del artículo 176 CGP48.
Respecto del argumento del a quo que desestimó las pretensiones de nulidad,
relativo a que no aparece en el expediente providencia que acreditara el resultado
de la investigación radicada en la Procuraduría General de la Nación bajo el
radicado IUS-201-197937, esta Sala observa que en virtud a que la demandante
interpuso ante la Inspección General de la Policía Nacional queja disciplinaria en
contra del Coronel Hugo Casas apenas el 9 de junio de 201549, resultaba lógico
que no existiera decisión definitiva sobre el particular.
En todo caso obra en el plenario, copia del Auto del 3 de agosto de 2015 proferido
por el Procurador Delegado para la Policía Nacional, mediante el cual remitió por
competencia las diligencias radicadas bajo el N° IUS-2015-199737 a la oficina de
control disciplinario interno de la Inspección General de la Policía Nacional, con el
fin de evitar duplicidad de procesos por los mismos hechos50.
De tal manera que, al no existir investigación disciplinaria en curso en la
48
ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
49
Folio 62 C.P. 2
50
Folios 33-35 C.P. 2
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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Procuraduría General de la Nación, porque la queja por acoso laboral se tramitó
ante la Inspección General de la Policía Nacional, actuación de la cual apenas se
conoció el resultado de la reunión del Comité de Convivencia Laboral asunto ya
comentado, la Sala considera que se trató de un argumento que no era válido para
denegar las súplicas de la demanda como lo consideró el a quo.
Llama la atención de la Sala la respuesta al requerimiento del despacho ponente
en el citado Auto del 4 de agosto de 2022, que ordenó a la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Inspección General de la Policía Nacional informara el
trámite dado por la entidad a la queja instaurada por la ahora demandante por
posibles conductas que constituían acoso laboral en contra de su jefe inmediato.
La jefatura de la oficina de instrucción de procesos disciplinarios de la Inspección
General y Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, respondió mediante
oficio Nro. GS-2022- 001446 SUBIN-OFINT-1.10 del 27 de septiembre de 2022 en
los siguientes términos51:
“En atención al punto 1 de la solicitud de la referencia, que a la letra indica “Por
Secretaría, ofíciese a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Inspección General de la Policía Nacional para que remita copia de la
actuación disciplinaria adelantada contra el Coronel Hugo Casas
Velásquez, Director de Sanidad de la Policía Nacional para el año 2015,
donde obra como quejosa la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky,
identificada con la cédula de ciudadanía xx” cordialmente me permito
informar al Honorable Consejo de Estado, que una vez verificado el Sistema de
Información Expediente Electrónico Disciplinario de la Policía Nacional, no se
encontró registro de investigaciones disciplinarias adelantadas con relación a
los hechos descritos en su solicitud” (negritas originales del texto y subrayado
nuestro)
Según lo acredita la prueba transcrita en contra del Coronel Hugo Casas
Velásquez, la Policía Nacional apenas agotó la etapa de la reunión del Comité de
Convivencia laboral del 2 de septiembre de 2015 –asunto ya analizado en
precedencia-, pero no surtió los demás trámites de la Ley 1010 de 2006 y, en la
Procuraduría General de la Nación no se adelantó tampoco ninguna investigación
por cuanto fue trasladada a la entidad nominadora. En últimas, los reclamos
efectuados por la ex Coronel Rodríguez Clopatofsky en sede administrativa contra
51
Ver índice 23 SAMAI
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Número interno:6185-2019
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el ex director de Sanidad de la Policía Nacional para el año 2015, no tuvieron eco.
2.5.3. Análisis de la prueba testimonial que acredita la persecución laboral
como modalidad del acoso laboral.
Recientemente esta misma Sala de Subsección en sede de control de legalidad de
nulidad y restablecimiento del derecho 52 , anticipó que la resolución de dicho
proceso se analizaría bajo un enfoque diferencial de género dado que la Comisión
Nacional de Género de la Rama Judicial 53 , ha considerado que deben construirse
marcos interpretativos que permitan a los jueces visiones más amplias y estructurales para
aportar al cumplimiento del deber de eliminación de violencia y discriminación contra las
mujeres; esto en desarrollo de los postulados de la Constitución Política de Colombia que
garantiza, de manera reforzada los derechos de las mujeres y rechaza cualquier tipo de
discriminación; bajo esta premisa el Estado debe velar por el cumplimiento de los
compromisos para erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, que abarca a todas
las instituciones, en especial a los jueces, que en sus decisiones están obligados a
reivindicar los derechos vulnerados a las mujeres.
Bajo esta óptica, aprecia la Sala que el fallo impugnado respecto de los testimonios
recepcionados en la audiencia de pruebas, efectuó las siguientes consideraciones:
i) que los declarantes coincidieron en afirmar que no les constaba de manera
directa el acoso laboral del Coronel Hugo Casas hacia la Coronel Adriana
Rodríguez, pues sus afirmaciones las hicieron producto de la deducción de los
comentarios y de lo que les comentaba la uniformada, ii) que en el caso de la
declarante Gineth Sarmiento Clopatofsky sí señaló un evento de maltrato en su
contra por parte del Coronel Casas y, que la Coronel Adriana Camero presenció
llamados de atención de manera irrespetuosa y grosera contra la demandante.
No obstante, luego del anterior análisis valoratorio, arribó a la siguiente conclusión:
“d) Tanto el maltrato y los llamados de atención irrespetuosos, que las anteriores testigos
refieren en sus declaraciones, son afirmaciones que por sí solas no constituyen acoso
laboral, por cuanto no se evidencia de manera clara cuáles fueron las expresiones
52
Sentencia del 18 de abril de 2024 radicado 52001-23-33-000-2021-00338-01 M.P. Jorge Portocarrero
Banguera
53
Construcción de la justicia de género en Colombia, Comisión Nacional de Genero
47
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injuriosas o ultrajantes ni las palabras soeces utilizadas contra la accionante, ni cuáles
fueron los cometarios hostiles y humillantes de descalificación profesional utilizados contra
ella”.
Esta Sala de subsección no comparte los anteriores argumentos del a quo, como
quiera que efectuó una interpretación sesgada y parcial de la Ley 1010 de 2006, al
desconocer que en el presente caso resulta evidente el acoso laboral deprecado
por el Coronel Hugo Casas Velásquez en contra de la demandante, bajo una
modalidad distinta a la de las expresiones injuriosas o ultrajantes o soeces a las
que se refiere el numeral 2° del artículo 7° ídem, como quiera que en el sub judice
lo que se evidenció fue la configuración del acoso laboral en la modalidad de
persecución laboral del artículo 2° numeral 2° ibídem, acreditado no sólo con la
prueba documental en precedencia analizada, sino con la testimonial que se
entrará en seguida a analizar.
Es así como la Persecución Laboral como una de las seis modalidades en que se
puede manifestar el acoso laboral, en los términos del artículo 2° numeral 2°de la
Ley 1010 de 2006 la define como “toda conducta cuyas características de reiteración o
evidente arbitrariedad permite inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o
trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios
permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral”. (subrayas
nuestras)
En el presente caso, si bien no se trató de cambios permanentes de horario en la
jornada laboral, igualmente lo es que dichas novedades se dieron en cuanto al
cambio de empleo, de funciones, de dependencia y hasta de Seccional, los cuales
se tornan aún mucho más drásticos que un simple cambio permanente de horario,
factores que sin duda le produjeron a la Coronel Rodríguez Clopatofsky,
desmotivación laboral y la condujeron a presentar su dimisión, determinación que
no la tenía contemplada en dicha etapa de su vida laboral.
Apreciados los testimonios que fueron recepcionados en las audiencias de pruebas
llevadas a cabo los días 23 de abril y 24 de julio de 2018 ante el magistrado ponente
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del Tribunal de primera instancia, la Sala destacará los siguientes apartes54:
2.5.3.1. DECLARACIÓN DEL CORONEL HENRY ARMANDO SANABRIA CELY,
quien para la fecha de su declaración ostentaba el cargo de director de Sanidad de
la Policía Nacional afirmó: que llegó a dicha dependencia en febrero de 2015 que
tuvo conocimiento de la situación laboral de la demandante, que en dicha época en
la Dirección de Sanidad habían varios coroneles y que algunos debían ir a las
regionales para cumplir con el manual de funciones y el perfil, en el grado y
específicamente en el caso de la coronel ADRIANA, dijo que “el coronel Casas
dispuso que debía ocupar una regional, debía salir de Bogotá, obviamente esto afectaba
su situación personal, familiar y económica, pero esto afectaba no solo a ella, sino a
varios oficiales, en los mismos grados” Afirmó que directamente no vio nunca acoso
por parte del coronel Casas hacia ella o insubordinación por parte de la coronel
Adriana hacia el coronel.
“Frente a la pregunta si tenía conocimiento si fueron varias las oportunidades
en las cuales se ordenó o se aprobó el traslado para otras dependencias y fuera
de la ciudad a la demandante, contestó que “fueron más de dos criterios por
parte del Coronel Casas, frente al traslado de la señora coronel ADRIANA,
de alguna manera el creía que el perfil y la situación personal de cada uno
de los oficiales fuera tenido en cuenta y por eso él, no era que me
consultara pero si me comentaba que tenía pensado hacer varios
movimientos de los coroneles, y con él o la jefe de talento humano se
miraba ese tema, a la señora coronel Rodríguez, se tuvo la idea de ubicarla
en un Área dentro de la Dirección de Sanidad, posterior a eso mi coronel
tuvo a bien si mal no recuerdo a otra dependencia y finalmente para el
Departamento de Policía Meta, como Jefe de Sanidad Seccional que tal
vez fue lo que finalmente obligo a la señora coronel ADRIANA, a tomar la
decisión de retiro.”
Respecto de la pregunta si podría señalar a esta audiencia cuales fueron las
razones especificas por la cual el coronel Casas, ordenó ese traslado de la
coronel ADRIANA RODRÍGUEZ CLOPATOVSKY. CONTESTO. En las
reuniones que teníamos con la Jefe de Talento Humano y mi coronel CASAS,
él la manifestación que siempre hacia era que los coroneles estuvieran
ubicados en los sitios donde ellos deberían ejercer su cargo por razón del
grado, pero específicamente con la señora coronel ADRIANA, no se hizo
ninguna manifestación de las razones que de alguna manera obligaron a
mi coronel Casas a tomar esa decisión, pero en ese momento era por el
perfil, porque la señora coronel era una de las oficiales más preparadas
(…)” (negritas y subrayado nuestro)
54
Folios 250 y 252 aparecen las grabaciones en medio magnético CD
49
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A juicio de esta Sala, la anterior declaración analizada bajo las reglas de la sana
crítica se aprecia parcializada, comoquiera que en varias ocasiones el testigo fue
quien firmó los movimientos laborales de la Coronel55, aunado a que se encontraba
laborando en la institución al momento de rendir el testimonio, fue subalterno y
posteriormente reemplazó al Coronel Hugo Casas en la Dirección de Sanidad, de
allí que su relato evidentemente no es objetivo frente a la realidad acontecida con
la ex funcionaria, dado que procuró la defensa de sus propios intereses y sin duda,
pretendió justificar una actuación irregular de la institución.
2.5.3.2. DECLARACIÓN DE LA CORONEL ADRIANA PATRICIA CAMERO
LASCANO, ya retirada de la Policía Nacional quien fuera compañera de trabajo de
la demandante, fue enfática en afirmar:
“PREGUNTADO, en relación con los hechos que conocimiento sabe de la
situación que se le presento a la coronel ADRIANA RODRIGUEZ
CLOPATOFSKY, con el general CASAS VELASQUEZ, como Director de
Sanidad de la Policía Nacional.
CONTESTO. Bueno yo puedo comentar que fue una época difícil para
ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY, y para muchas mujeres de la
Dirección de Sanidad, desafortunadamente para nosotras las mujeres que
teníamos los conocimientos en sanidad éramos las que teníamos los cargos
más altos, y era por la trayectoria que llevábamos, Adriana al igual que varias
oficiales y me puedo incluir entre ellas fuimos víctimas de un trato
irrespetuoso, despectivo, descalificador, y no solo la parte de
irrespetuoso, sino que diría además grosero delante del público, a una
persona que tiene el conocimiento pero que es a nivel de la escala en la parte
jerárquica es un año menos antigua que esa persona, entonces sí puedo decir
que fui testigo de la parte de la descalificación, crítica de la parte irrespetuosa
del comportamiento del general Casas con respecto a la coronel ADRIANA
RODRIGUEZ CLOPATOFSKY.
(…)
PREGUNTADO. Y alguna otra manifestación a parte de lo que está señalando
de llamados de atención irrespetuosos que usted conociera. CONTESTO. Si
puedo decir que fueron varios, sobre todo dentro o fuera de la oficina del
director de sanidad o en los pasillos. PREGUNTADO. Qué clase de
manifestación. CONTESTÓ. Llamados de atención en tonos de verdad a gritos
en un quinto piso de un sitio que es como un rectángulo, tiene hacia abajo que
todos se pueden dar cuenta, y yo fui testigo de llamados de atención a Adriana
y varios oficiales.
(…)
PREGUNTADO. En su criterio el cargo del SISAP que fue asumido por la
coronel ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY, después de que la sacan de
55
Oficio 058005 del 13 de julio de 2015 (fl. 49 ) y oficio 045504 del 3 de junio de 2015 (fl. 71)
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medicina laboral y la mandan a Garantía y Calidad y después la remiten a
SISAP, usted considera que es un cargo para una coronel de la antigüedad de
la coronel ADRIANA RODRIGUEZ CLOPATOFSKY.
CONTESTO. El cargo de SISAP, ese cargo que cuando empezó el sistema lo
tenía un mayor, pienso que por toda la gran experiencia que tenía ella no estaba
para perfilarse como jefe de un grupo tan pequeño que tenía una
responsabilidad grande, porque eso tiene otras competencias debe saber de la
telemática y debe conocer la historia clínica a nivel administrativo y de atención
y por el perfil de Adriana y el grado no el cargo ideal para ella.
(…)
INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
…(…)
PREGUNTADO. Usted presenció mal trato del coronel Casas hacia la coronel
Rodríguez, y sí lo presenció que maltrato fue.
CONTESTO. No solo fue con la coronel Adriana Rodríguez, yo presencie
llamados de atención de una forma irrespetuosa y grosera comentarios
descalificadores de el con respecto a la coronel ADRIANA RODRIGUEZ, ese
si decirle en que momentos son muchos momentos llego a constituirse como
en el pan de cada día en el que uno iba a una reunión Adriana expresaba algo
u otra oficial del género femenino comentaba algo y era el comentario
descalificador, despectivo o destructivo del coronel Casas.” (subrayas fuera de
texto)
De acuerdo con el testimonio anterior, pierde solidez el argumento del a quo según
el cual a ninguno de los testigos les constaba de manera directa el comportamiento
del Coronel Casas frente a la Coronel Rodríguez, como quiera que la ex Coronel
Camero Lazcano fue enfática en sostener que ella sí los había presenciado
directamente e incluso fue más allá, al afirmar que también ella había sido víctima
de un trato irrespetuoso, despectivo, descalificativo, irrespetuoso y grosero por
parte de su ex Jefe. También refirió que el cargo para el cual fue designada la actora
en el SISAP, no era para el perfil que tenía dada su trayectoria además que era un
grupo de trabajo pequeño. Esta declaración para la Sala, merece total credibilidad
y no existe motivo alguno para desestimarla.
2.5.3.3. DECLARACIÓN DE LA CORONEL ELIANA KATERINE GAITÁN
SERRANO
La declarante quien ostenta menor antigüedad que la Coronel Adriana Rodríguez,
la refiere como una persona honorable, capacitada, responsable y con una amplia
trayectoria en la institución, fue quien le recibió la jefatura del área de medicina
laboral por 15 días, pues el coronel Sanabria como subdirector de sanidad, le
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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ordenó que debía hacer entrega nuevamente del área a la Coronel Rodríguez
Clopatofsky.
La coronel Eliana tuvo la oportunidad de trabajar con el Coronel Casas por
aproximadamente dos años y manifestó que dentro de la dinámica institucional se
reciben órdenes que se deben cumplir, admitió que en un par de ocasiones recibió
órdenes en tono fuerte “que de pronto uno como mujer se siente intimidado por el tono,
las gesticulaciones y ademanes al hablar con el general Casas”.
Este testimonio resulta imparcial y objetivo que merece también valoración, al
identificar un aspecto característico de la personalidad del Coronel Casas
Velásquez relativo al tono intimidador al transmitir sus órdenes.
2.5.3.4. DECLARACIÓN DE LA CORONEL GINETTE AURORA SARMIENTO
CLOPATOFSKY, que reconoce el grado de familiaridad con la demandante al ser
primas y ex compañeras de trabajo, cuyos apartes de su testimonio a destacar son:
“PREGUNTADO. Cuando el coronel Casas Velásquez se desempeñaba como
Director de Sanidad Ud. donde se desempeñaba o si compartía labores con la
coronel Rodríguez Clopatofsky.
CONTESTP. Si yo me desempeñaba como jefe de la seccional de sanidad
Bogotá y ella estaba como jefe de medicina laboral, ella jefe de área yo de una
seccional por mi antigüedad obviamente, laborábamos en el mismo piso y me
pude dar cuenta de la persecución laboral que mi coronel Casas tenía con
Adriana, en mi condición de oficial me pude dar cuenta de los continuos
traslados que tuvo a nivel de Sanidad, ella me recibió a mí el cargo porque yo
tuve una lesión en el brazo, cuando yo llegue de mi incapacidad hubo una
reunión de oficiales ordenada por mi coronel Casas, en donde notifico traslados
a los oficiales y a ella la dejo sin cargo. Ella me comento coas que sucedían en
la Dirección de Sanidad, luego ella fue a hablar con él para ver su situación,
luego la trasladaron a Garantía y Calidad, donde ella llego después le dijeron
que no que tenía que esperar para que le asignaran un cargo luego la
regresaron a Medicina laboral, eso fue en un transcurso de dos meses que
sucedieron esas cosas, cuando llego a medicina laboral fue objeto de muchas
cosas, ella iba a la oficina y no la atendía en una ocasión él también la saco de
la oficina, ella en calidad de oficial con un grado alto es obvio que uno se sienta
mal y triste en sus situación familiar fue una situación difícil porque como ella
adopto un niño, estaba en ese proceso es difícil la situación laboral y familiar.
PREGUNTADO. Ud. tuvo conocimiento directo cuales fueron momentos en que
hubo mal trato u órdenes que fueron arbitrarias que pudo estructura el tema del
acoso laboral.
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
CONTESTO. En la reunión de oficiales el nombró a todos los oficiales a ella no
la nombró, la dejó sin cargo, para nosotros fue muy abrupta esa decisión porque
era una persona que ocupó varios cargos todos nos aterramos, también tuve
la oportunidad cuando era jefe de la seccional Bogotá, hubo una novedad con
una valoración de patrulleros para ascenso, cuando llegamos a donde mi
coronel yo también fui maltratada por él, la responsabilidad era de la
seccional Bogotá, la Coronel Adriana era la jefe de Medicina Laboral pero el
coronel Casas la llama y le dice que se presente, era un sábado ella va con su
niño porque estaba en descanso se le presenta y le explica que eso no es
competencia de ella, él estaba enardecido, yo también fui atacada por él y él le
dice que se quede a solucionar el problema, ella le dice que no es competencia
de ella que ella tiene a su niño y él le dice que no que ella se tiene que quedar
ese día y les toco quedarse ese día hasta las 10 de la noche por orden del
coronel, y una vez hubo una orden de sacar al personal que tenía más de 60
días de vacaciones, ella tenía más de 60 le que ella no tenía las condiciones
para salir a vacaciones porque ella ya había salido a vacaciones pero él no la
atendió ese día, y le toco hablar con el subdirector, y pues fue cuando la
regresaron a Medicina Laboral.
(…)
APODERADA PARTE DEMANDANTE
PREGUNTADO. Como afectó los continuos traslados que se realizaron con la
coronel Rodríguez Clopatofsky en el aspecto familiar y personal, como la afecto
personalmente el trato que le daba el coronel Casas.
CONTESTO. En este caso hablo como prima y amiga, la afectaba mucho, tenía
continua tristeza y desilusión, incluso el niño aún sigue diciendo, porque me
consta, que la persona que trataba mal a la mamá era el coronel Casas, y
obviamente con su alto perfil tenía desilusión total, se sentía ansiosa, la
desacreditaba delante del personal subalterno, no la citaba en reuniones, ella
hacia el trabajo y era el teniente el que los presentaba, ella se sentía muy triste
y lo viví permanentemente con ella y con su familia.
PREGUNTADO. Usted considera que los traslados de los cuales fue objeto la
señora coronel Rodríguez Clopatofsky, específicamente el SISAP y el Área de
Sanidad del Meta eran adecuados, al grado que ella tenía en ese momento en
la Dirección de Sanidad.
CONTESTO. No en sanidad uno genera ascensos y cargos SISAP no estaba
acorde al grado y lo del Seccional del Meta, no porque ella ya había sido Jefe
de Área y para bajarla a jefe seccional, era bajarla de categoría porque ella ya
estaba en el staff de asesor y ese cargo era bajarla de categoría. (…)”
(subrayado nuestro)
A pesar del grado de parentesco de la declarante con la demandante, este
testimonio resulta creíble en la medida en que fue dependiente del Coronel Casas
Velásquez y compañera de trabajo de la Coronel Rodríguez Clopatofsky, además
que fue testigo presencial de los continuos movimientos laborales de los que fue
objeto la actora, incluso porque fue quien le recibió la Seccional de Sanidad de
Bogotá que la declarante dirigía, fue conteste en afirmar acerca del estado anímico
que le causó a la actora el hecho de que hubiera sido ignorada por su superior al
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
momento de asignar los cargos en la Dirección de Sanidad, excluyéndola a ella;
refirió un evento en el que le tocó laborar a la Coronel Rodríguez un fin de semana
estando de descanso teniendo que llevar a su hijo menor para que la acompañara,
también afirmó que el cargo en el SISAP no era acorde con el grado y que al
trasladarla a la Seccional de Villavicencio, le bajaron de categoría. Incluso afirmó
bajo la gravedad del juramento, que también había sido objeto de mal trato por parte
del Coronel Hugo Casas cuando trabajó como jefe de la Seccional de Sanidad
Bogotá. A juicio de la Sala no existe motivo para restarle mérito probatorio a esta
declaración por el hecho de la familiaridad entre la declarante y la demandante,
pues se observa un testimonio objetivo y creíble, que guarda armonía con las
demás declaraciones y los hechos de la demanda.
2.5.3.5. DECLARACIÓN DE NATALY TOVAR CRUZ, abogada y contratista de la
Policía Nacional, laboró desde el año 2013 con la Coronel Adriana Rodríguez, quien
afirmó lo siguiente:
“lo que le tocó vivir con el coronel casas fue un karma porque fue algo muy
triste en el año 2015, ella sufrió muchos atropellos que yo vi, porque al ser la
abogada del área yo tenía que acompañarla a varias reuniones entonces el
coronel Casas citaba a un teniente de nombre Gineth, no citaba a la coronel
Adriana siendo la jefe del área, en los comités de adquisiciones la sacaban y
mandaban a llamar a ese teniente, en otros comités de gestión humana a ella
también la sacaron sabiendo que ella tenía que estar en ese comité, el general
cuando la llamaba o cuando estaba con nosotros en una reunión era el general
que la llamaba y realmente el trato era tosco porque se escuchaba por el
Avantel, ella ni siquiera tenía que poner el altavoz para que uno lo escuchaba
y como lo repito, con ella me tocaba estar todo el tiempo por ser la abogada,
entonces me tocó ver cómo ella vivía todas esas cosas, posteriormente
nosotros en la oficina la sacaron de ahí y le entregó al teniente que estaba de
segundo al mando al ST FLOREZ, y a ella la mandaron a la seccional Bogotá
y volvieron y la sacaron la coronel quedó sin cargo y a ella se le veía por todos
lados y la veían detrás del coronel Casas diciéndole que la ubicara que ella
estaba sin cargo, el coronel la olvidaba, la hacía esperar porque yo la veía en
el quinto piso sola y hasta altas horas de la noche el coronel Casas salía de
una y otra reunión y la dejaba ahí, no la atendía ni nada. Posteriormente ella
volvió al área donde llegó un mayor de nombre Rodríguez, en mi caso personal
yo fui acosada sexualmente y laboralmente por ese señor, por la llegada del
mayor una de las uniformadas que estaba en el equipo de trabajo salió
trasladada, yo salí trasladada en octubre del año 2015, siendo subordinado el
mayor le daba órdenes a la coronel, él al equipo de trabajo nos humillaba,
nos maltrataba fue un ambiente laboral pésimo. A la coronel yo la vi otra
vez rondando en el quinto piso de la dirección de sanidad, sentada en un
escritorio aislada manejando el SISAP, después nos enteramos era que la iban
a sacar trasladada para Villavicencio, ella no aceptó y el retiro de ella fue
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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forzoso porque cuando yo estaba con la coronel ella lloraba en el carro en la
oficina porque el trato del general era pésimo realmente el general tenía un
trato peor, se empecinó se encegueció.
(…)
PREGUNTADO. Aspecto puntual en el que Ud. fue testigo directo en que el
general Casas hubiese maltratado a la coronel Rodríguez Clopatofsky.
CONTESTO. Pues en las reuniones ella siempre llegaba conmigo, en una de
esas él salió y le dijo que ella no tenía por qué estar ahí y tenía que salirse y
que no la quería volver a ver ahí que de ahora en adelante mandara al teniente”.
(subrayas fuera de texto)
Esta declaración comprueba la desacreditación que el Coronel Casas infligió a la
demandante, al no convocarla a las reuniones y comités a los que le correspondía
asistir en atención a su cargo, sino que citaba al Teniente Guillén oficial de grado
inferior al que ostentaba la accionante, al tiempo que la hacía retirar de los comités
a los que pudo asistir, también refirió que el trato del coronel Casas era tosco, que
la Coronel Rodríguez fue objeto de desplantes por parte del Coronel Casas que
presenció en varias oportunidades y que, la accionante recibió órdenes del Mayor
Rodríguez siendo éste subordinado de ella.
Este testimonio fue conteste en afirmar acerca del mal trato que recibió la
demandante por parte de su superior, tanto así que no dudó en calificar que se
había empecinando y enceguecido en contra de la accionante.
A juicio de la Sala no existe razón para no otorgarle credibilidad a las afirmaciones
efectuadas por la declarante, quien fue testigo indirecto de los malos tratos
deprecados (aunque en una ocasión sí los presenció), pero testigo directo en
cuanto a los sentimientos de tristeza, frustración y humillación que vio padecer a la
Coronel Rodríguez Clopatofsky en varias ocasiones.
2.5.3.6. DECLARACIÓN DE CLAUDIA YANETH BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ,
quien se desempeñó como secretaria del grupo jurídico de la Dirección de Sanidad,
a quien le consta que veía a la demandante cuando llegaba de las reuniones de la
Dirección muy estresada y llorando, porque la trataban mal o muchas veces no la
dejaban pasar. Al respecto afirmó:
“(…)
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
PREGUNTADO. Esa situación de la que usted habla cuánto tiempo duro.
CONTESTO. Bastante tiempo porque nosotros trabajando ella llegaba mal,
cuando llegaba de una reunión la devolvían o el maltrato de palabras que le
podían decir allá por ejemplo que ya no podría pertenecer a los comités decía
la coronel, por qué me tiene que maltratar así, por qué me tienen que tratar así.
PREGUNTADO. Esa situación sucedió justo cuando llego el coronel HUGO
CASAS VELASQUEZ o cómo.
CONTESTO. Él llego como director de sanidad y el periodo cuando ella laboro
con nosotros era cuando él estaba ahí.
APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE
PREGUNTADO. Ud. Durante el tiempo que estuvo como secretaría, tuvo
conocimiento de los traslados de la coronel ADRIANA RODRÍGUEZ
CONTESTO. Si a ella la trasladaron estuvo en la Seccional Bogotá, llegó la
coronel HELIANE, luego a ella la devolvieron después llego un mayor y a ella
la mandaron a una oficina sola con un computador ahí como algo del SISAP.
PREGUNTADO. Usted tuvo conocimiento que a ella la trasladaron al Meta y
que consecuencia trajo ese traslado para su situación familiar.
CONTESTO. Tuve conocimiento que la trasladaron al Meta, todo el tiempo
decían que iba a salir trasladada.
PREGUNTADO. Quien representaba al Área en las reuniones de los oficiales
en ese momento con el coronel HUGO CASAS
CONTESTO. Iba el mayor o el teniente porque cuando ella iba siempre la
devolvían y ella decía que si ella era jefa del Área ella era la que tenía que ir,
pero siempre representaba al Área otra persona.
PREGUNTADO. Obra testimonio en el que se manifiesta que la persona que la
representaba a ella era el teniente GILLEN, él trabajaba en esa área y qué
función desempeñaba.
CONTESTO. El teniente Gillen era odontólogo y a veces hacia diferentes
funciones, pero iban los dos a ella la devolvían y se quedaba el teniente
cumpliendo la función de la coronel.
(…)
PREGUNTADO. Cómo influía el trato del coronel HUGO CASAS en el
desempeño laboral de la coronel ADRIANA RODRÍGUEZ.
CONTESTO. Por lo que ella me decía lo veía mal, cuando uno se dirige a un
jefe no es para que la maltrate, una cosa es llamar la atención, pero no el trato
como desprecio a la persona.
PREGUNTADO. Usted tenía conocimiento que la coronel ADRIANA había
adoptado un niño y como influyó eso en el traslado de la coronel ADRIANA al
Meta.
CONTESTO. Si porque con la coronel trabajé bastante tiempo ella tenía un niño
recién adoptado, ella sufría eso le traía problemas porque con un niño recién
adoptado y tenía que dejar su familia, dejar al niño, nuevamente irse trasladada,
no me parecía justo.” (negritas y subrayas nuestras)
Si bien no se trata de una testigo presencial y directa del trato descalificativo, fue
conteste en afirmar que ella veía llegar a la Coronel Rodríguez de muy mal ánimo
luego de ser devuelta de los comités o porque en su reemplazo dejaban a un oficial
con menor grado que el de la actora, hecho que sin duda alguna para una oficial
del grado de la Coronel resultaba un trato degradante dada la estructura piramidal
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
de la institución. En todo caso, lo que sí presencio fueron los efectos negativos a
nivel familiar que soportó la demandante, con ocasión del traslado a la Seccional
Meta, relacionados con la adopción de su hijo. Por lo expuesto, no existe mérito
para no darle crédito a esta declaración.
2.5.3.7 DECLARACIÓN DE LUISA FERNANDA MENDOZA MONTAÑO, quien
afirmó ser la secretaria de la Coronel Adriana Rodríguez para la época de los
hechos:
“PREGUNTAS DEL MAGISTRADO
(…)
PREGUNTADO. Puede precisar qué relación laboral tenía con la señora
coronel ADRIANA RODRÍGUEZ CLOPATOVFSKY.
CONTESTO. Era la secretaría de la coronel
APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE
PREGUNTADO. De acuerdo a la jerarquía institucional, cómo veían que un
Subteniente reemplazara a la coronel ADRIANA RODRÍGUEZ en los comités
de Gestión Humana y en las reuniones que usted manifiesta del comité
compras como lo veían como subalternos y como influía esa situación en el
Área.
CONTESTO. Por ser la policía una institución de jerarquías no estaba bien visto
que en vez de que una coronel fuera oficial de menor rango, para mí no debía
asistir un teniente en lugar de una coronel.
PREGUNTADO. Usted considera que la coronel ADRIANA RODRÍGUEZ al ser
tratada de esta forma o ignorada de esta forma en las reuniones afecto el
funcionamiento del Área de Medicina Laboral.
CONTESTO. Si un poco porque como ella entraba, salía, volvía no había una
estabilidad de un jefe.
PREGUNTADO. Usted escucho o vio algún maltrato por parte del coronel
Casas directamente hacia la coronel ADRIANA RODRÍGUEZ.
CONTESTO. No presenció el trato del coronel porque estábamos distantes de
la Dirección de sanidad, pero como lo dije anteriormente se veía que ella
llegaba mal de las reuniones.
PREGUNTADO. Como afecto el último traslado que le hicieron a ella al Meta
con relación a su situación familiar de la coronel ADRIANA RODRÍGUEZ
CONTESTO. Bastante porque ella tiene un niño y para esa fecha no estaba
bien que tuviera que salir de Bogotá eso la afecto mucho.
PREGUNTADO. El cargo de la Seccional Meta era de igual jerarquía que el
cargo del Área de Medicina Laboral.”
CONTESTO. No porque la jefatura Medicina Laboral es un proceso misional,
no es de la misma magnitud pasar de un área a una seccional.
PREGUNTADO. El cargo del SISAP era de igual o superior jerarquía que el
área de medicina laboral.
CONTESTO. No era de menor jerarquía
PREGUNTADO. Como veían Uds. como subalternos que a la coronel
ADRIANA la mandaran a cargos de inferior jerarquía al que ella le correspondía
como coronel de la Policía Nacional de acuerdo con su grado y antigüedad.
CONTESTO. Con extrañeza porque pasar de jefe de Área a recibir un cargo
que no tenía la misma importancia, porque era una oficina que todos
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
desconocíamos nos parecía extraño.” (subrayas nuestras)
Esta declaración resulta creíble a la luz de la sana crítica, por parte de una persona
que no tenía interés alguno en favorecer a una parte y perjudicar a la otra, quien
fue conteste en afirmar que a pesar de que no presenció directamente el mal trato
del Coronel Casas hacia la demandante porque se encontraban en dependencias
distintas, sí refirió acerca de las diferencias de nivel jerárquico entre las oficinas a
las que fue trasladada la demandante, determinaciones que en cierto modo
evidencian el mal trato del que fue víctima la accionante. Refirió además acerca de
la jerarquización en la estructura de la Policía y que en el caso de la Coronel
Rodríguez Clopatofsky no se le respetó.
2.5.3.8. DECLARACIÓN DE NEUVIS YANETH HERRERA ACOSTA, quien
también trabajó con la demandante en la que manifestó:
“PREGUNTADO. Tuvo conocimiento directo de maltrato de palabra del coronel
Casas de acoso laboral.
CONTESTO. Yo observe que convocaban reuniones a oficiales y a ella no. Al
comité de Gestión Humana no citaban, al Área de Medicina Laboral, citaban a
una reunión y no la citaban a ella y citaban al teniente, y los múltiples traslados
en menos de 6 meses, presentó varios traslados, que estabilidad puede tener
a nivel profesional y familiar, estuvo en medicina laboral seccional Bogotá,
Garantía y calidad SISAP, yo creo que eso no es sano.
APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE
PREGUNTADO. Ud. Manifestó que a la coronel Adriana Rodríguez, la pasaron
a laborar al SISAP, el SISAP de acuerdo a la jerarquía institucional y al
organigrama de Sanidad es una oficina de mayor o menor jerarquía que el Área
de Medicina Laboral.
CONTESTO. Es de menor jerarquía porque el SISAP es un grupo que incluso
depende del área de AGESA, y el que estaba de jefe del AREA DE AGESA,
era menos antiguo que mi coronel Adriana.
PREGUNTADO. Usted conocía la situación familiar de la coronel ADRIANA
relacionada con el hijo.
CONTESTO. Si yo sabía que ella tuvo un proceso de adopción yo me acuerdo
que mi coronel le informo a mi general, lo relacionado con su bebé, ella le hablo
para que no la sacara fuera de Bogotá por la estabilidad del niño.
PREGUNTADO. El teniente Flórez reemplazo a la coronel ADRIANA
RODRÍGUEZ en el puesto, de acuerdo a las competencias laborales que grado
se requería para reemplazar a la coronel Rodríguez.
CONTESTADO. Un señor coronel porque es un área a nivel nacional mi
teniente Flórez, por ser abogado la base del proceso es jurídica, pero el área
requiere un señor coronel con experiencia.
PREGUNTADO. Cuál era la situación anímica de la señora coronel ADRIANA
RODRÍGUEZ en el puesto de acuerdo a las competencias laborales que grado
se requería para reemplazar a la coronel Rodríguez.
CONTESTO. Algo que le admire a mi coronel fue su trabajo y hasta antes de
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
esa situación ella quería continuar laborando, a ella se le veía triste y ansiosa
sentía como que todo lo que hacía no tenía eco, no se valoraba, no se tenía en
cuenta su trabajo a raíz de esta situación ella decidió pedir el retiro.
(…)
PREGUNTADO. Usted manifestó que el señor HUGO CASAS llamaba al ST
GILLEN, ¿por qué considera que lo llamaba a él y no a la coronel ADRIANA a
las reuniones?
CONTESTO. Mi opinión es que desde que un jefe no lo cite es porque no quiere
interactuar, a esa persona no hay motivo de no citar a la cabeza del área de
medicina laboral.
(…)
PREGUNTADO. Usted manifestaba que el coronel Russy era menos antiguo y
que la coronel Adriana entró a depender de él como jefe de AGESA, cómo ve
usted como subalterna que un oficial más antiguo entre a depender de un oficial
menos antiguo.
CONTESTO. Me parece terrible y el orden es que a medida que adquiero grado
se supone que yo seré jefe de los menos antiguos (…) para mí sería una ofensa
para mi carrera policial que me mande uno menos antiguo porque para eso la
policía nos prepara y no es para que no menos antiguo lo mande a uno.”
(subrayas fuera de texto)
Como se observa este testimonio también coincide con los anteriores en el sentido
de la descalificación de la que fue objeto la demandante por parte de su superior,
incluso llamando la atención en el sentido de afirmar que resulta una ofensa que un
oficial de grado superior reciba órdenes de uno de inferior antigüedad por cuanto
ello riñe con la estructura jerarquizada de la Policía Nacional, testimonio que resulta
objetivo y creíble.
Apreciados en conjunto los anteriores testimonios la Sala observa, que fueron tres
las declarantes que afirmaron ser testigos directas y presenciales de los
acontecimientos, tal es el caso de las coroneles Adriana Camero y Ginette Aurora
Sarmiento y el de la abogada Nataly Tovar, quienes incluso refirieron ser víctimas
también de malos tratos por parte del Coronel Hugo Casas –en el caso de las
señoras coroneles-, de tal manera que esta prueba se constituye en fundamental
para la acreditación del acoso laboral, como causa inmediata de la renuncia
presentada por la demandante mediante la cual fue retirada del servicio activo de
la Policía Nacional.
2.5.6. Conclusiones sobre la configuración del acoso laboral
Luego de apreciada la prueba documental y testimonial a la luz de la sana crítica
59
Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
que la conforman la lógica y la experiencia56, a juicio de esta instancia judicial en
el presente caso no sólo se evidenció el acoso en la modalidad de persecución
laboral acorde con el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1010 de 2006 al que ya
se hizo alusión en el acápites anteriores, sino que también se configuró la conducta
prevista en el literal i) del artículo 7° ídem , según la cual se presume que hay acoso
laboral dada la repetida y pública conducta ante: i) La imposición de deberes
ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente
desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco
cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo
referente a la necesidad técnica de la empresa.”
Igualmente se configuró el supuesto previsto en el inciso 2° del artículo 7° analizado
que dice: “Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso
laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de
la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana,
la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.”
(subrayas fuera de texto)
Sin duda alguna, la evidente transgresión al ius variandi laboral del que fue objeto
la Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky, se tradujo en un acto hostil y repetitivo
que tuvo la capacidad de ofender por sí solo la dignidad humana, el honor, la moral
como oficial de la Policía Nacional y su vasta trayectoria laboral, así como también
ofendió los demás derechos fundamentales como al de la conservación del núcleo
familiar de la demandante, supuesto que no requería necesariamente para su
configuración de expresiones injuriosas, ultrajantes o soeces –como lo interpretó
la primera instancia-, cuando lo cierto es que esos cambios se tradujeron en la
descalificación profesional de la Coronel Rodríguez Clopatofsky ante sus pares en
la Policía Nacional57.
56
Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
57
ejemplo de ello fue la reunión del 11 de marzo de 2015 cuando fueron convocados todos los oficiales de la
Dirección de Sanidad a quienes se les asignó cargo, menos a la actora de lo cual existe la evidencia ya referida
con antelación.
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Igualmente se evidencia el acoso laboral, por cuanto los movimientos laborales se
tornaron bruscos e irreflexivos, como el que le ordenó el cambio de oficina
separando a la demandante de su equipo de trabajo, que no decir del traslado a la
Seccional Meta motivado “porque según el perfil profesional y grado debe asumir
…ya que en la estructura del nivel central de la Dirección de Sanidad no hay cargo
disponible para ocupar según su grado y antigüedad”, por cuanto de ser cierto este
supuesto fáctico, la decisión de traslado estaba supeditada en todo caso al respeto
del nivel jerárquico y del perfil que ostentaba la uniformada, con el fin de no
desmejorarle sus condiciones laborales.
Por tanto, contrario al respetuoso punto de vista de la primera instancia en el que
negó el acoso laboral porque no se acreditaron las expresiones injuriosas o
ultrajantes sobre la demandante con utilización de palabras soeces, supuesto
previsto en el artículo 7° literal b) de la Ley 1010 de 200658, lo cierto es que como
ya se analizó los movimientos laborales fueron producto de falta de planeación tal
y como así lo reconoció el propio Coronel Hugo Casas en la reunión el Comité de
Convivencia llevado a cabo el 2 de septiembre de 2015. En vista de que el cargo
jefe del Área de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad, es del nivel
administrativo no se podían catalogar como necesarios para el mantenimiento de
los derechos y libertades públicas cometido primordial de la institución policial, de
allí que dichos movimientos laborales no se hacían inevitables y necesarios.
Recuérdese que la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido, que para el caso
de la Fuerza Pública -integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional- según el artículo 216 de la Carta Política, pese a que se le
reconoce una amplia discrecionalidad en las decisiones relativas al traslado de
personal, igualmente lo es que dichas decisiones deben ser respetuosas de los
derechos mínimos del trabajador.
58
ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se presumirá que hay acoso
laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:
(…)
b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a
la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
61
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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En punto al tema del ius variandi entendido como los movimientos o cambios que
se pueden presentar en el desenvolvimiento de una relación laboral en el campo
de la Fuerza Pública, esta Sala efectuó las siguientes consideraciones que resultan
más que ilustrativas para el caso en estudio59:
“En concreto respecto de la institución del ius variandi se trata de un concepto
relativo y restringido , definido como la facultad que tiene el empleador para
modificar las condiciones de trabajo en el curso de la relación laboral, pero que
no es absoluta, en la medida en que deben consultarse las condiciones
particulares del trabajador, en cuanto a sus necesidades; sin embargo, dichos
criterios no son aplicables, en estricto sentido, a los miembros de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional.
En lo concerniente al traslado de funcionarios de la fuerza pública, dada la
naturaleza y funciones de la misma, resulta oportuno precisar que la
administración tiene un mayor grado de discrecionalidad en el ejercicio del ius
variandi. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-355 de 2000,
puntualizó:
(…)
Sin perjuicio de ello, como se anunció en precedencia, aún en el campo
de la fuerza pública, las decisiones sobre traslado de personal, pese a su
amplia discrecionalidad, deben ser respetuosas de los derechos mínimos
del trabajador, en virtud del cumplimiento de las siguientes situaciones:
(i) el empleador debe sustentar su decisión en razones del buen servicio;
(ii) el traslado debe realizarse a un cargo de la misma categoría y con
funciones afines, en cuanto no implique desmejora de las condiciones
laborales; y (iii) han de tenerse en cuenta las consecuencias que el
cambio de sede pudiere implicar de manera grave sobre aspectos
personales del servidor y su entorno familiar, en orden a evitar una
intensa afectación de los derechos del núcleo familiar.” (negritas nuestras)
Cotejado el anterior aporte jurisprudencial al caso en estudio esta Sala observa
que i) no fueron sustentadas por el empleador, las razones del buen servicio para
efectuar los distintos movimientos laborales a los que fue sometida la accionante;
ii) los traslados no se realizaron a un cargo de la misma categoría y funciones que
desempeñaba la demandante como jefe del Área de Medicina Laboral, por lo que
le fueron desmejoradas sus condiciones laborales y, iii) sin duda el traslado del que
fue objeto a la Seccional Meta afectó el entorno familiar en particular, en lo relativo
a las visitas y seguimientos que el ICBF debía efectuar al matrimonio conformado
por la actora y su esposo, en virtud del proceso de adopción del hijo llevado a cabo
59
Sentencia del 2 de octubre de 2019 radicación número: 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16) M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
en el año 2013, aspectos que fueron desatendidos por la Policía Nacional, no
obstante caracterizarse por ser una institución que promueve en su personal el
fortalecimiento de los lazos familiares.
Sin más disquisiciones, en vista de que en el presente caso la demandante sí logró
acreditar las causales de nulidad de infracción a las normas en que debía fundarse,
falsa motivación y desviación de poder en las que incurrió el acto administrativo
demandado, por cuanto la renuncia por solicitud propia presentada por la señora
Adriana Rodríguez Clopatofsky no fue libre ni espontánea, sino que fue la
consecuencia del acoso laboral propinado por su jefe inmediato en su momento el
director de Sanidad, quedando de esta manera acreditado el nexo causal entre
tales acontecimientos, la Sala declarará la nulidad del Decreto N°1076 del 28 de
agosto de 2015, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.
2.6. En cuanto al restablecimiento del derecho
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado, la Sala dispondrá a título de restablecimiento del derecho de la
demandante las siguientes decisiones: i) ordenar el reintegro al cargo que
desempeñaba la señora Adriana Rodríguez Clopatofsky en el grado de oficial que
ostentaba al momento de su retiro de la institución; ii) ordenar el pago de todos los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir por la demandante desde el
momento en que fue retirada del servicio hasta la fecha en que se lleve a cabo
efectivo su reintegro; iii) declarar que no hay solución de continuidad desde el
momento del retiro del servicio hasta el reintegro, para efectos pensionales; iv)
disponer que de las sumas que le serán pagadas, se deberán descontar aquellas
que hubiera devengado la demandante por salarios devengados en el sector
público y privado incluyendo las asignaciones de retiro -en caso de haberle sido ya
reconocida esta prestación-, durante el periodo en que estuvo desvinculada de la
institución; v) los valores que sean reconocidos producto de esta sentencia,
deberán ser indexados al momento de su pago con fundamento en la fórmula del
IPC del inciso final del artículo 187 CPACA adoptada por esta corporación y, vi) el
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Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
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cumplimiento de lo dispuesto en este fallo estará sometido a las previsiones del
artículo 192 ídem.
En lo que atañe al reconocimiento y pago de los perjuicios morales sufridos por la
demandante, petición deprecada como pretensión subsidiaria en la demanda, la
Sala no accederá por cuanto no se encuentran acreditados en el expediente, lo
cual impide tasar el supuesto daño moral padecido por la demandante.
Sobre la condena en costas
Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que
venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el
artículo 188 ídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y
ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que
determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a
que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar
total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido
de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos
ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del
proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código
General del Proceso.
Como quiera que la Sala no observa en la actuación de la parte demandada haya
estado prevalida de actos temerarios que evidencien mala fe o dilación en el trámite
procesal, la Sala se abstendrá de imponer en su contra condena en costas, tal y
como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
FALLA
Artículo Primero. - REVOCAR la sentencia del 9 de agosto de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de
esta providencia.
Artículo Segundo. - Como consecuencia de la declaración anterior, DECLARAR
la nulidad parcial del Decreto N° 1706 del 28 de agosto de 2015 expedido por el
Gobierno Nacional, en lo relativo al retiro del servicio por solicitud propia de la
Coronel Adriana Rodríguez Clopatofsky, de acuerdo con las motivaciones
expuestas en la parte considerativa de este fallo.
Artículo Tercero.- A título de restablecimiento del derecho ORDENAR: i) el
reintegro al cargo que desempeñaba la demandante en el grado de oficial que
ostentaba al momento de su retiro de la institución; ii) el pago de todos los salarios
y demás emolumentos dejados de percibir por la accionante desde el momento en
que fue retirada del servicio hasta la fecha en que se lleve a cabo su reintegro de
manera efectivo; iii) declarar que no hay solución de continuidad desde el momento
del retiro del servicio hasta el reintegro, para todos los efectos en particular los de
carácter pensional; iv) de las sumas pagadas deberán ser descontadas aquellas
que hubiera devengado la demandante por salarios devengados en el sector
público y privado incluyendo las asignaciones de retiro -en caso de haberle sido ya
reconocida esta prestación-, durante el periodo en que estuvo desvinculada de la
institución; v) los valores que sean reconocidos producto de esta sentencia,
deberán ser indexados al momento de su pago con fundamento en la fórmula del
IPC prevista en el inciso final del artículo 187 CPACA adoptada por esta
corporación y, vi) el cumplimiento de lo ordenado en este fallo estará sometido a
las previsiones del artículo 192 ídem.
Artículo Cuarto. - Sin condena en costas en esta instancia judicial, según se anotó
en precedencia.
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Número interno:6185-2019
Demandante: Adriana Rodríguez Clopatofsky
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Artículo Quinto. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Aclaración de voto)
Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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