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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00482-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00482-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Tercero. Aceptar la renuncia al poder conferido por la demandada al abogado Jair David Díaz Granados Corredor, identificado con la cédula de ciudadanía 10.029.866 y la tarjeta profesional 106.720 del CSJ, según memorial visible a índices 12 y 13 del aplicativo SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00482-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00482-01 (4583-2023)
Demandante: Martín Alonso Restrepo Osorio
Demandado: Corporación Autónoma de Regional de Risaralda (CARDER)

Temas: Insubsistencia. Empleado de libre nombramiento y remoción.
Desviación de poder. Falsa motivación. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Martín Alonso Restrepo Osorio instauró demanda en contra de
Corporación Autónoma de Regional de Risaralda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones A-1140 «Por la cual se declara
una insubsistencia» y A-1142 «Por la cual se corrige un error de trascripción» del
29 de octubre de 2019. A título de restablecimiento del derecho, que se ordene el
reintegro; se paguen debidamente indexadas las sumas de dinero, prestaciones
periódicas y demás emolumentos dejados de percibir; y se reconozcan perjuicios
morales.

HECHOS

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Radicación: 66001-23-33-000-2020-00482-01 (4583-2023)

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

3. Que fue nombrado jefe de la oficina jurídica de la CARDER mediante Resolución
811 del 26 de abril de 2016, suscrito por el entonces director general encargado
Julio César Gómez Salazar. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2016 se posesionó
en propiedad el señor Jairo Leandro Jaramillo Rivera, director de la entidad hasta el
13 de marzo de 2018 y con quien sostuvo una relación de confianza similar a la
existente con su antecesor.

4. Que el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del señor Jairo
Leandro Jaramillo Rivera y, por lo tanto, el 13 de marzo de 2018 fue designada
como directora general encargada la señora Martha Mónica Restrepo Gallego.
Afirmó que presentó su renuncia verbalmente luego de 4 meses de trabajo, pero
aquella no la aceptó argumentando que brindaba confianza para la dirección jurídica
de la entidad. El 19 de marzo de 2019 reiteró su renuncia al correo institucional,
pero nuevamente la nominadora se abstuvo de aceptarla.

5. Que durante el mes de octubre de 2019: i) la directora encargada le consultó la
viabilidad de declarar insubsistente al subdirector de gestión ambiental sectorial por,
presuntamente, realizar reuniones proselitistas con los contratistas, pero el señor
Restrepo Osorio indicó que no era posible en virtud de la Ley de Garantías
Electorales y, en su lugar, propuso una ruta disciplinaria, situación que no agradó a
la nominadora; ii) trató de intervenir en el proceso de elección de representantes de
las organizaciones ambientales al Consejo Directivo, pues sugirió al señor Restrepo
Osorio que no tuviera en cuenta a un postulado, argumentando que no allegó la
documentación pertinente, pese a que la entidad disponía de esta y no era exigible
por la legislación anti trámites; iii) le exigió la presentación de la renuncia porque,
supuestamente, su aspiración para ser elegido director de la entidad en propiedad
provocaba múltiples impedimentos.

6. Sostuvo que se negó a renunciar porque la directora encargada también aspiraba
al cargo y, en consecuencia, declaró insubsistente su nombramiento a través de los
actos demandados. Manifestó que procedió en sentido similar con el señor Carlos
Ancizar Arcila Ríos, quien también aspiraba al empleo de máxima dirección.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

7. Considera vulnerados los artículos 1 y 6 de la Constitución Política porque la
decisión estuvo falsamente motivada en razones de pérdida de confianza y con la
finalidad de garantizar la prestación del buen servicio, cuando la verdad es que tuvo
un interés desviado y se fundó de una retaliación por negarse a tomar decisiones
manifiestamente ilegales, como la insubsistencia del señor Arcila Ríos y la
intervención en un proceso de elección de representantes de las organizaciones
ambientales al Consejo Directivo.

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8. Agregó que los vicios de falsa motivación y desviación de poder se concretan en
el ánimo de fortalecer las aspiraciones de la directora encargada al empleo en
propiedad y el ataque a la intención del demandante de acceder al mismo. Que la
medida no mejoró el servicio, pues se encargaron en la Oficina Asesora Jurídica a
empleadas de la entidad que estaban próximas a renunciar o que debían cumplir
con las funciones de las cuales eran titulares y, además, las del empleo encargado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

9. El 9 de abril de 2021 se admitió la demanda. La entidad expresó que el cargo
ocupado era de libre nombramiento y remoción y, por su naturaleza, conlleva una
facultad discrecional que se justifica en la confianza que debe existir entre el
nominador y el nominado, que se sustenta en criterios de oportunidad y
conveniencia. Enfatizó en que la confianza puede desaparecer al margen del buen
desempeño o la gestión del nominado. Sostuvo que fue precisamente este
presupuesto el que desapareció y dio lugar a la declaratoria de insubsistencia.

10. El 8 de marzo de 2022 se celebró audiencia inicial, se fijó el litigio y se decretaron
las pruebas, que se practicaron en audiencia del 19 de abril del mismo año, donde
se corrió traslado para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. Por sentencia del 11 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Risaralda
negó las pretensiones. Luego de caracterizar el régimen jurídico de los empleos de
libre nombramiento y remoción sostuvo que, si bien las partes pueden tachar la
falsedad de los testigos, esto no era óbice para la práctica y valoración de la prueba.
Concluyó que el ordenamiento jurídico no imponía el deber de motivar el acto
demandado y que se probaron discrepancias entre la nominadora y el demandante;
sin embargo, estas circunstancias no dan cuenta de los vicios de falsa motivación o
desviación de poder o de un desmejoramiento del servicio, sino de una pérdida de
confianza, presupuesto legal de estos empleos.

RECURSO DE APELACIÓN

12. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Expresó que la
providencia no tuvo en cuenta los principios previstos en los artículos 1, 2, 4, 6, 13,
25, 53, 122, 125 y 209 de la Constitución Política. Que la directora encargada debía
relacionar en la hoja de vida los motivos o las causas que originaron la declaratoria
de insubsistencia y, aunque la ausencia de esta anotación no logra viciar el acto, sí
constituye una infracción disciplinaria y una desmejora en el servicio.

13. Insistió en que la testigo Lina Andrea Brand Soto, encargada como jefe de la

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Oficina Asesora jurídica con posterioridad a la insubsistencia, tenía animadversión
por el demandante y quiso dejar constancia del incumplimiento de sus deberes
funcionales en los borradores de actas de entrega, donde admitió también que no
revisaría ni refrendaría las actuaciones que quedaron sin revisión y firma del
demandante. Además, que se tenía conocimiento de que estaba próxima a
posesionarse en otra entidad. En suma, que el servicio sí desmejoró.

14. En relación con los vicios de falsa motivación y desviación de poder, cuestionó
la hipótesis de pérdida de confianza propuesta por la demandada y asumida por el
Tribunal. Adujo que las renuncias no se pueden tener como motivos de
inconformidad y tensión laboral porque fueron mucho antes de la expedición del
acto. Enfatizó en que desobedecer instrucciones y directrices ilegales no supone un
desacuerdo o tensión sobre la dirección de la entidad, sino un deber de todos los
servidores, especialmente en el cargo que ocupaba. Añadió que, de haberse
perdido la confianza, la directora general encargada no habría suscrito y expedido
actos administrativos que fueron elaborados por el demandante, como es el caso
de una Resolución del 5 de diciembre de 2019.

15. Que, como lo señaló el testigo Mario de Jesús Jiménez, algunos miembros del
Consejo Directivo de la CARDER pretendían declarar el incumplimiento del plan de
acción para revocar el encargo de la señora Mónica Restrepo y, en su lugar,
designar como director general encargado al señor Restrepo Osorio. Lo anterior,
mientras se adelantaba el procedimiento de elección del director en propiedad,
donde este también contaba con oportunidad de nombramiento. En síntesis, que se
trató de una decisión orientada a proteger su posición y aspiración laboral en la
entidad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. El 8 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

17. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si las Resoluciones A-1140 y A-1142 del 29 de octubre de
2019, fueron expedidas con falsa motivación y desviación de poder, por no fundarse
en el mejoramiento del servicio sino en intereses personales.

Marco normativo y jurisprudencial

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Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y
remoción

18. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determina que el retiro del servicio de los
cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de
insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional1.

19. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de
los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»2 (énfasis fuera de texto).

20. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a
los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa3.

21. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción
de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio 4.

Desviación de poder

22. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»5. En otras palabras, se
incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en

1 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos

de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional
y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-

000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-

31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-

000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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aras del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por
móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.

23. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime,
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.

24. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP6. Sobre el particular, esta Corporación ha
sostenido que «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma […]»7.

25. Pero, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de
quienes expiden el acto, como ha considerado la Sección Primera:

«Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente
de quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la
indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la
presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba
auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre
todo cuando la desviación es hacia intereses espurios, innobles, o mezquinos,
caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias
intenciones, lo que además de un problema de legalidad, entraña también un
problema ético y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»8.

26. Esto supone que existe una dificultad probatoria inherente a la causal de
nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio, permanece
siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no una
imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que
faciliten al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia,

6 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la

desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera
de texto) (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad.
68001-23-33-000-2016-01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-

31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-31- 000-1998-00645-

01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

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nada obsta para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y
practicadas permita concluir que los móviles de una decisión fueron desviados9.

Falsa motivación

27. La falsa motivación tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica. El Consejo de Estado ha precisado que cuando se invoca esta causal, la
prosperidad de la pretensión de nulidad requiere la concurrencia de tres elementos:

«[…] (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»10.

28. El último elemento puede demostrarse acreditando que los hechos que la
autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa o que la autoridad no
tuvo en cuenta hechos que sí estaban probados y que, de haberse considerado,
habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

Resolución al caso concreto

29. El señor Martín Alonso Restrepo Osorio fue nombrado jefe de la oficina asesora
jurídica, código 1045, grado 12, a través de la Resolución 811 del 26 de abril de
2016, suscrita por el entonces director general encargado de la CARDER, el señor
Julio Cesar Gómez11. La Sala no efectuará ninguna manifestación sobre la
naturaleza del cargo, pues no se discute que es de libre nombramiento y remoción,
por lo que avanzará al estudio de los reproches de la apelación.

30. El Consejo Directivo de la entidad expidió el Acuerdo 15 del 6 de diciembre de
2016 «Por el cual se elije al director general de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda “CARDER”, de la lista de habilitados durante el proceso de escogencia,
en cumplimiento de decisión judicial proferida por el H. Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo – Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
dentro del proceso radicado 2015-00044, acumulados» y designó en el máximo

9 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad:

«La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y
pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse
en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es
menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Rad. 52001-23-

33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
11 Índice 9, Samai-Tribunales.

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empleo al señor Jairo Alejandro Jaramillo Rivera12.

31. Posteriormente, emitió el Acuerdo 5 del 13 de marzo de 2018 «Por el cual se
designa director general -encargado- de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda “CARDER”, en cumplimiento de la decisión judicial proferida por el H.
Consejo de Estado H. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Quinta – Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate dentro del proceso
radicado: 2016-00083-00 acumulados» y designó a la señora Martha Mónica
Restrepo Gallego como directora general encargada13. Fue esta última quien, a
través de las Resoluciones A-1140 y A-1142 del 29 de octubre de 2019, declaró
insubsistente el nombramiento del señor Restrepo Osorio.

32. La inconformidad del demandante se centró en el desmejoramiento del servicio
y en las causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder. En relación
con el primer asunto, adujo que desvirtuó la presunción que ampara los actos
administrativos que declaran la insubsistencia del nombramiento de empleados de
libre nombramiento y remoción, según la cual, son decisiones orientadas al interés
público y la cualificación o mejoría en la prestación del servicio.

33. Argumentó que la directora encargada debía relacionar en la hoja de vida los
motivos o las causas que originaron la declaratoria de insubsistencia, y aunque esto
no vicia el acto, sí supone una falta disciplinaria y un correlativo desmejoramiento.
Además, que en su reemplazo se nombraron servidores en encargo que estaban
próximos a posesionarse en otra entidad, incluso, que Lina Andrea Brand Soto dejó
constancia en uno de los borradores de actas de entrega de que no revisaría las
actuaciones que quedaron pendientes de revisión y firma por parte del demandante,
mostrando negligencia.

34. Sin embargo, el móvil de disenso no tiene vocación de prosperidad. Recuérdese
que el correcto desempeño laboral, el cumplimiento de metas o el destacado
liderazgo no produce para este tipo de empleados ningún fuero o restricción para el
ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción. Pero,
adicional a esto, no puede presumirse que el encargo de funcionarios de la entidad
supone, en sí mismo, que decline el servicio, aun cuando se prevea un desempeño
del cargo temporal o corto, pues para efectos de la legalidad de su nombramiento
basta examinar el cumplimiento de los presupuestos legales para tomar posesión
del empleo, asunto que no fue cuestionado o discutido en el presente proceso14.

35. La jurisprudencia de la Corporación ha indicado que la prueba de la desviación
de poder «[…] ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación

12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 73001-23-33-

000-2013-00643-02 (0803-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

8
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que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente la intención del funcionario
que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión»15. De allí que, tratándose
de hechos posteriores a la declaratoria de insubsistencia, no pueden tenerse como
fundamento para acreditar una desviación de poder y, a lo sumo, podrían obtener
el tratamiento de indicio.

36. El recurrente insistió en que no se evidenció una «pérdida de confianza» que
validara el sustento fáctico y jurídico del acto. Expresó que: i) si bien presentó dos
renuncias al cargo, estas fueron mucho antes de la expedición del acto; ii)
desobedecer instrucciones y directrices ilegales, como fue el caso, no supone un
desacuerdo o tensión de oportunidad o conveniencia; iii) de haberse perdido el
vínculo de confianza, la directora encargada no habría suscrito y expedido actos
administrativos que fueron elaborados por el demandante y iv) se trató de una
decisión orientada a proteger su posición y aspiración laboral en la entidad, pues
ambos aspiraban a ser directores generales en propiedad y estaban participando
del proceso de selección.

37. Al respecto, la Sala observa que los empleos de libre nombramiento y remoción
revisten especiales responsabilidades y profundas implicaciones al momento de
tomar decisiones, por lo que debe existir coordinación y el mejor entendimiento
posible entre los funcionarios del más alto nivel. Sobre este asunto, la Corte
Constitucional ha explicado que «[…] siendo la confianza un factor determinante a
la hora de vincular funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción, su
pérdida constituye una razón justificada para que la administración de por terminada
la relación laboral con el empleado público y de esta forma garantice tanto la
prestación del buen servicio como la satisfacción del interés público» 16.

38. Dicha Corporación realizó un estudio juicioso del fundamento y la teleología de
la facultad de libre nombramiento y remoción en la Sentencia de Unificación 3 de
2018. Expuso que el ordenamiento jurídico permite a la administración la
configuración de los equipos de trabajo atendiendo a criterios de plena confianza,
desde una perspectiva eminentemente subjetiva, excepcionando la regla general de
carrera del empleo público para que se administre conforme a las razones de
conveniencia del titular de la competencia. Concluyó:

«Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza,
justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso
a la carrera administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en
la aplicación de los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de
“prepensión”, en los términos de la primera regla de unificación de esta

15 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Exp. 17001-23-

31-000-2003-01412-02 (0734-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de julio de 2020. Exp. 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17).
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-686 del 11 de septiembre de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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sentencia […]

Son, pues, estos dos criterios, de manera fundamental, los que ha considerado
relevantes la jurisprudencia constitucional para justificar la validez constitucional
de este tipo de empleos: uno de índole material, en razón a las funciones que
desarrollan, y, otro, de índole subjetivo, que da cuenta del alto grado de
confianza que exige su ejercicio»17 (énfasis fuera de texto).

39. El Consejo de Estado no ha sido ajeno a estos razonamientos y estima la
confianza un factor determinante a la hora de vincular y desvincular funcionarios
en cargos de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, su pérdida constituye una
razón justificada para que la administración de por terminada la relación laboral y
de esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción
del interés público18.

40. Cuando la afinidad ideológica y funcional orientada a la definición y ejecución
de políticas públicas se desvanece, el acto de insubsistencia del nombramiento no
puede catalogarse como arbitrario o dictado con desviación de poder. Esta Sección
ha sostenido: «[…] Por ello, un empleado en tal cargo que no esté en sintonía con
el representante y responsable de la institución pública, al margen de sus
capacidades y desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya que, en la
dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre otras, para ese
tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la actividad
laboral»19.

41. En el presente caso, la Sala encuentra múltiples razones para considerar que
los fines del acto no excedieron el ejercicio de la facultad discrecional descrita.
Primero, la directora encargada no nombró al demandante, es decir, una vez que
tomó posesión del cargo no vinculó al equipo de trabajo a un nuevo servidor, de su
entera confianza, conocimiento, intimidad y seguridad, sino que conservó como
asesor al señor Restrepo Osorio que, como se advirtió, gozó originalmente de la
confianza del entonces director Julio Cesar Gómez. De allí que la empatía y
sincronía en el trabajo fue un desarrollo durante su desempeño.

42. Segundo, fue el propio demandante quien informó que presentó dos renuncias
al empleo que, aunque no fueron aceptadas, son un indicio claro de las
desavenencias entre nominador y nominado, que corroboran los testimonios de
Juan Carlos Rivera Peña20 y Carlos Ancizar Arcila Ríos21. Aunque alega una
distancia temporal amplia entre estos sucesos y la expedición del acto de
insubsistencia, lo cierto es que los hechos que dan cuenta de la «pérdida de

17 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. 25-000-23-42-

000-2016-05968-01 (1911-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Rad. 25000-

23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Minutos 0:11:00 - 0:19:50 de la audiencia de pruebas, índice 27 de Samai-Tribunales.
21 Minutos 0:45:00 - 0:57:00, Ibíd.

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confianza» puede reflejar efectos de forma inmediata o a través del tiempo, en el
marco del proceso relacional en el cual se resquebraja el vínculo entre ambos.

43. Tercero, la participación conjunta de la directora y su asesor en el proceso de
selección al cargo en propiedad da cuenta de una circunstancia que, de forma
concomitante a la prestación del servicio, puede producir rivalidad y contienda. De
allí que, como puede argumentarse que esta situación da cuenta de una desviación
de poder, también podría decirse que corrobora la hipótesis de la pérdida de
confianza, pues se está siendo asesorado por alguien que tiene un interés personal
que pugna con el del nominador.

44. Por último, el recurrente manifestó que desobedecer órdenes o directrices
ilegales no puede aducirse como una causal válida de pérdida de confianza, so pena
de auspiciar la contradicción del ordenamiento. Al respecto, es claro que el asesor
jurídico de cualquier entidad está en el deber de cuidar y promover la legalidad de
las decisiones que aquella adopta; sin embargo, esto no es más que el cumplimiento
de su labor. No existe certeza de que la directora encargada haya declarado la
insubsistencia del nombramiento del demandante como una retaliación por negarse
a incurrir en prácticas ilegales que, de observarlas, debió denunciarlas
oportunamente.

45. En consecuencia, la presunción de legalidad de los actos demandados
permanece incólume y se confirmará la decisión de primera instancia.

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

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48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de mayo de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Tercero. Aceptar la renuncia al poder conferido por la demandada al abogado Jair
David Díaz Granados Corredor, identificado con la cédula de ciudadanía 10.029.866
y la tarjeta profesional 106.720 del CSJ, según memorial visible a índices 12 y 13
del aplicativo SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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