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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00293-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2022-00293-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00293-01 (1464-2025)
Demandante: Yilen Tobón Jaramillo
Demandados: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas
(Inficaldas)

Temas: Declaratoria de insubsistencia, luego del cambio de naturaleza de cargo
de carrera a libre nombramiento y remoción, en virtud de proceso de modificación
de la planta de personal de Inficaldas. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Yilen Tobón Jaramillo instauró demanda1 en contra del Instituto de
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con acumulación de pretensiones de
nulidad, consagrados en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los acuerdos 010 del 29 de mayo de 2001, 029, 030 y
031 del 18 de julio de 2006, mediante los cuales se modificó la planta de personal
de Inficaldas; y de la Resolución 185 del 23 de julio de 2018, en la que se declaró
la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de profesional especializado en
sistemas, código 222, grado 03.

Que, a título de restablecimiento del derecho se ordene reintegrarlo en el cargo que

1 Ibidem.

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00293-01 (1464-2025)

venía desempeñando en provisionalidad sin solución de continuidad, pagarle los
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de devengar durante
el tiempo que estuvo desvinculado y hasta la fecha de su vinculación, y convocar al
concurso de méritos para dicho empleo. Que, como pretensión subsidiaria, se
ordene su reintegro al cargo que ocupaba en calidad de libre nombramiento y
remoción y el pago de los emolumentos señalados.

Que el pago de dineros se efectúe con la respectiva indexación, desde la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento hasta que se dé cabal
cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso, incluidos los intereses
moratorios a partir de su ejecutoria; y se condene en costas y en agencias en
derecho a la parte demandada.

HECHOS

La demanda y su reforma se fundamentaron en los hechos que se resumen de la
siguiente manera:

Que mediante la Ordenanza 234 del 25 de febrero de 1998, la Asamblea
Departamental de Caldas modificó los estatutos del Fondo de Desarrollo de Caldas
(Fodecal) y se estableció el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de
Caldas (Inficaldas), y posteriormente a través de las ordenanzas 565 del 5 de mayo
de 2007 y 595 del 21 de julio de 2008, cambió nuevamente los estatutos.

Que por medio de la Resolución 319 de 1998 y del Acta de Posesión 006 del 13 de
noviembre de 1998, el gerente general de Inficaldas lo nombró en el cargo de
profesional especializado sistemas e informática, código 335 04, el cual era de
carrera administrativa conforme al parágrafo de ese acto y al Manual Específico de
Funciones y Requisitos de septiembre de 1998.

Que mediante el Acuerdo 010 del 29 de mayo de 2001 se estableció la planta de
cargos para Inficaldas y se denominó el cargo que desempeñaba como profesional
especializado, código 335.

Que a través de los acuerdos 029, 030 y 031 del 18 de julio de 2006 se crearon las
nomenclaturas, escalas salariales y se ajustó el manual de funciones, requisitos
mínimos y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de
Inficaldas, respectivamente, y se modificó el código de profesional especializado
335 asignado en el Acuerdo 010 del 29 de mayo de 2001, por el código 222.

Que durante las modificaciones a la planta de cargos, Inficaldas cambió la
naturaleza del cargo que desempeñaba por el de libre nombramiento y remoción, y
posteriormente y sin solución de continuidad tomó posesión en el cargo de
profesional especializado sistemas, nivel profesional, código 222, grado 02, según

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Acta de Posesión 32 de 2007, en el que fue nombrado mediante libre nombramiento
y remoción, pero con las mismas funciones que tenía cuando estaba en
provisionalidad en el cargo de carrera administrativa.

Que en respuesta emitida por Inficaldas el 15 de noviembre de 2018 se expuso que
su hoja de vida no obraba ni la resolución mediante la cual se le nombró en dicho
cargo ni su comunicación.

Que a través de la Resolución 185 del 23 de julio de 2018 se declaró insubsistente
su nombramiento, sin explicar las razones para ello y con fundamento en la facultad
discrecional, acto que le fue comunicado mediante el Oficio G. G. – 412-218.

Que por medio de documento del 23 de ese mes y año realizó la entrega formal del
cargo con los procesos que estaba adelantando hasta la fecha, el cual fue recibido
por Inficaldas el 25 de julio de 2018.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Considera vulnerados los artículos 1, 2, 6, 11, 90, 125, y 229 de la Constitución
Política; 3 y 37 (inciso 1) de la Ley 640 de 2001; 13 de la Ley 1285 de 2009;
2.2.4.3.1.1.2, 2.2.4.3.1.1.6 (parágrafo 3), 2.2.4.3.1.1.9, 2.2.3.2.1, 2.2.3.2.2. y
2.2.3.2.4 del Decreto 1069 de 2015; 138, 155, 156, 157, 161, 192, 215, 217 y 306
(numeral 1, inciso 1) de la Ley 1437 de 2011; 167, 191, 198 y 613 del Código
General del Proceso; 4 del Decreto 165 de 2013; y «parágrafo 2°» del Decreto Ley
4085 de 2011.

Expresó que se le vulneraron sus derechos desde que se modificó la planta de
personal de Inficaldas en el año 2001 sin realizarse los estudios técnicos
establecidos en la Ley 443 de 1998, vigente para ese momento, los cuales debieron
enfatizar en cada uno de los cargos sobre los cuales se iba a realizar la modificación,
lo que no ocurrió, pues no existe el estudio que avaló el cambio de naturaleza del
empleo que desempeñaba.

Que solamente fue posesionado en el cargo de libre nombramiento y remoción
hasta el año 2007, sin que existiera una resolución de nombramiento ni mucho
menos una comunicación o notificación de ese acto administrativo y tampoco se le
informaron los derechos que le asistían por ser un servidor público en carrera
administrativa, cuando se modificó su cargo, conforme lo establecía el artículo 41
de la Ley 443 de 1998, ni se convocó a un concurso de méritos durante el tiempo
que laboró en la entidad o se le brindó la oportunidad de adquirir su cargo de manera
definitiva, por lo cual debía entenderse que obtuvo «derecho de estabilidad laboral».

Indicó que no se presentó la mejora del servicio supuestamente pretendida con la
declaratoria de insubsistencia, pues al confrontar las hojas de vida de la persona

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que lo reemplazó en el cargo y la suya, se evidencia que la primera solo tiene 12
años y 9 meses de experiencia y no cursó un prosgrado mientras que él tiene 20
años solo en Inficaldas, sin contar el tiempo desempeñado en otras empresas, y
tiene un posgrado en Informática y Computación y distintos diplomados y
certificados de asistencia a congresos nacionales e internacionales, lo que
demuestra una desviación de poder, máxime si se tiene en cuenta los
inconvenientes que se presentaron con la gerente del Instituto por unos negocios
contractuales relacionados con el sistema de tecnología en la información.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda y su reforma fueron admitidas2 el 1 de marzo de 2019 y el 28 de
septiembre de 2021, respectivamente. El Instituto de Financiamiento, Promoción
y Desarrollo de Caldas adujo que el cargo ostentado por el demandante hasta el
cambio de nomenclatura era de carrera administrativa y su nombramiento se
efectuó en provisionalidad, como consta en la Resolución 319 del 13 de noviembre
de 1998, pero con la reestructuración de la planta de personal, el empleo que
desempeñaba cambió de nomenclatura y naturaleza, pasando a ser de libre
nombramiento y remoción, por lo cual tomó posesión de este, mediante acta del
junio de 2007, y adquirió desde ese momento las condiciones y características de
esa clase de empleos, por lo que no era necesaria la motivación del acto de
insubsistencia.

Manifestó que no se probó una desviación de poder, pues no consta que la
desvinculación haya obedecido a una finalidad distinta al mejoramiento del servicio
y a conformar un equipo de trabajo de confianza para lograr los fines propios de la
entidad, a pesar de que la carga de la prueba la tiene el demandante.

Propuso las excepciones de mérito de inepta demanda por indebida escogencia del
medio de control e indebida individualización de pretensiones, y caducidad frente a
los actos por medio de los que se realizó la reestructuración de la planta de personal,
y las de fondo denominadas «no es procedente aplicar derechos de carrera
administrativa a quien no ostenta tal privilegio por no haber superado un concurso
público de méritos», «la declaratoria de insubsistencia de cargos de libre
nombramiento y remoción no requiere ser motivada», «inexistencia de la causal de
desviación de poder», «no se puede declarar una vulneración de derechos por
circunstancias que debieron ser alegadas frente a una unos (sic) actos que debieron
ser demandados en otro momento» y «la declaratoria de insubsistencia obedeció al
mejoramiento del servicio».

El 18 de julio de 20233 se abrió la etapa probatoria y se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes.

2 Índice 00002 de SAMAI.
3 Ibidem.

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El 5 de diciembre de 20234 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia
del 10 de abril de 2025, declaró probadas las excepciones de «inepta demanda –
indebida escogencia del medio de control – indebida individualización de
pretensiones» y «caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho frente a los actos por medio de los cuales se realizó reestructuración a la
planta de personal de INFICALDAS» planteadas por Inficaldas y, en consecuencia,
negó las pretensiones 1 y 3; declaró probadas las excepciones denominadas «la
declaratoria de insubsistencia de cargos de libre nombramiento y remoción no
requiere ser motivada» y «la declaratoria de insubsistencia obedeció al
mejoramiento del servicio» propuestas por Inficaldas; y condenó en costas,
únicamente en lo atinente a agencias en derecho, a la parte demandante.

Argumentó que los actos administrativos generales que modificaron la planta de
personal de Inficaldas en los años 2001 y 2006 debieron ser demandados a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los cuatro
meses siguientes a su publicación, pues lo pretendido era el restablecimiento del
derecho consistente en el reintegro al cargo con nombramiento en provisionalidad,
pero ello no ocurrió, por lo cual no podía examinarse su legalidad.

Adujo que no estaba demostrada la causal de nulidad de desviación de poder, pues
no se advirtió un desmejoramiento del servicio con el nombramiento de otra persona
en el cargo de profesional especializado, al no demostrar que esta incumpliera con
los requisitos establecidos en el manual de funciones y competencias para
desempeñar el cargo, distinto es que el actor considerara que él tenía más
trayectoria profesional y estudios, pero esa situación no generaba que otra persona
no pudiera ser nombrada, al ser el cumplimiento de los requisitos el aspecto que
debía ajustarse a la ley, y al no constituir esa situación un fuero de estabilidad. Que
además la entidad no sufrió traumatismos por la desvinculación del demandante.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que los actos
administrativos generales se pueden controvertir en cualquier tiempo mediante el
medio de control de nulidad simple, de conformidad con el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011; que lo que pretendió con la solicitud de nulidad de los acuerdos que

4 Ibidem.
5 Folios 663-679 del cuaderno 2.
6 Ibidem.

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modificaron la planta de personal fue la defensa del orden jurídico, por la omisión
de los estudios técnicos exigidos en la Ley 443 de 1998; y que el restablecimiento
del derecho fue pedido como consecuencia de la nulidad de la Resolución 185 de
2018, mediante la cual se declaró la insubsistencia, y no de manera directa de los
actos generales, por lo que no se incurrió en indebida escogencia del medio de
control.

Que según los artículos 138 y 143 del CPACA se permite la acumulación de
pretensiones, siempre que haya conexidad fáctica y jurídica, como ocurre en el
caso, en el que existe una relación directa entre los actos generales que modificaron
la planta de personal y el acto particular de insubsistencia, máxime cuando la
reestructuración efectuada sin estudios técnicos afectó directamente su estabilidad,
al cambiar la naturaleza del empleo que venía desempeñando desde el año 1998
en provisionalidad, lo que evidencia la existencia de una unidad jurídica y fáctica
que justifica la acumulación de las pretensiones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Que el perjuicio causado se materializó con la Resolución 185 de 2018, cuando fue
desvinculado del cargo por una supuesta mejora del servicio, momento para el cual
el acto general produjo efectos individuales, por lo que el término de caducidad
debía contarse desde la notificación del acto de insubsistencia, de conformidad con
el parágrafo del artículo 138 del CPACA.

Que allegó elementos probatorios que demostraban la desviación de poder, entre
ellos, las comunicaciones internas, los cambios administrativos previos, y
especialmente la comparación objetiva entre su perfil profesional y el de la persona
que lo reemplazó, lo que evidenciaba una incongruencia entre la supuesta mejora
del servicio y la decisión adoptada, y la existencia de un interés particular contrario
a los fines del cargo público.

Que aunque fue nombrado en provisionalidad estaba amparado por las garantías
propias de un cargo de carrera administrativa, por lo cual no podía ser desvinculado
arbitrariamente, sin que mediara una convocatoria al concurso de méritos o sin
haberse realizado los trámites establecidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, en los términos de los artículos 125 constitucional y 41 y 44 de la Ley 443 de
1998.

Que la Resolución que declaró la insubsistencia se basó en la supuesta
discrecionalidad, pero no se expuso alguna justificación objetiva, lo que desconoce
que incluso en los actos discrecionales debe observarse el principio de motivación
suficiente, con mayor razón cuando existen indicios de desviación de poder.

Que se aceptaron como suficientes las afirmaciones de la señora Paula Andrea
Escudero Manrique, quien lo reemplazó en el cargo, a pesar de que su hoja de vida

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no obraba en el expediente, lo que generaba dudas sobre si realmente cumplía con
los requisitos establecidos en el Manual de Funciones, lo cual debía ser entendido
como un indicio a su favor, sin que resultara procedente trasladarle la carga de la
prueba.

Que el argumento consistente en que carecía de estabilidad laboral reforzada y su
desempeño no era suficiente para alterar la discrecionalidad de la administración
desconoce el alcance de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con
las insubsistencias, en atención al cambio de naturaleza del cargo sin que mediaran
los estudios técnicos para la reestructuración, a su vinculación por más de 20 años,
principalmente en provisionalidad, sin que se hubiera convocado a concurso, y a la
decisión de desvinculación sin una motivación objetiva.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 22 de julio de 20257 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para sentencia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Subsección deberá resolver si la demanda fue instaurada oportunamente para
controvertir los acuerdos 010 del 29 de mayo de 2001, 029, 030 y 031 del 18 de julio
de 2006, mediante los cuales se modificó la planta de personal de Inficaldas, y si la
Resolución 185 del 23 de julio de 2018 se encuentra viciada de nulidad por
desviación de poder.

Marco normativo y jurisprudencial

Acerca del retiro por insubsistencia de los empleados que ocupan un cargo
de libre nombramiento y remoción

Ley 909 de 2004, en su artículo 41, determina que el retiro del servicio de los cargos
de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de
insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional8.

7 Índice 00004 de SAMAI.
8 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos

de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; (…)

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Al respecto, la Sección Segunda ha sostenido que: «(…) para el desempeño de los
cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión (…)»9 (énfasis fuera de texto).

En la jurisprudencia constitucional se ha indicado que dicha facultad debe ser
ejercida dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad,
estableciendo como límites para su ejercicio los siguientes: (i) debe existir una
norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad
expresamente, (ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la
autoriza, y (iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de
causa10.

En similar sentido, esta corporación ha expuesto que la potestad de remoción de un
empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio 11.

Desviación de poder

Esta causal de nulidad se refiere a la «(…) intención con la cual la autoridad toma
una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece
a un propósito particular, personal o arbitrario»12. En otras palabras, incurre en
desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras del
buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles
arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.

De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.

Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional
y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-

000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-

31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-

000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP13. Sobre el particular, esta corporación ha
sostenido que «(…) demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma (…)»14.

Sin embargo, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de
quienes expiden el acto15, lo que supone una dificultad probatoria inherente a la
causal de nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio,
permanece siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no de
una imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que
faciliten al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia,
nada obsta para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y
practicadas permita concluir que los móviles de una decisión fueron desviados16.

Resolución del caso concreto

La demandante pretende la nulidad de los acuerdos 010 del 29 de mayo de 2001,
029, 030 y 031 del 18 de julio de 2006, mediante los cuales se modificó la planta
de personal de Inficaldas, los cuales, a su juicio, podían demandarse en cualquier
tiempo, mediante el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011.

13 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la

desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los supuestos
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera de texto) (Consejo
de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-23-33-000-2016-
01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-

31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
15 «Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de quienes intervinieron en la

expedición del acto, y resulta velada por la indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o
por la presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en las
intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la desviación es hacia intereses espurios,
innobles, o mezquinos, caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias intenciones,
lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético y puede llegar incluso al campo
penal o disciplinario» (Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-
31- 000-1998-00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno [E]).
16 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad:

«La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y
pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse
en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es
menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve).

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00293-01 (1464-2025)

Sin embargo, se advierte que el fundamento de esa pretensión es la supuesta falta
de estudios técnicos, específicamente respecto al cambio de naturaleza del cargo
que desempeñaba, el cual pasó a ser de carrera a libre nombramiento y remoción,
y con ello el desconocimiento de los derechos que considera tenía respecto al
empleo.

En ese entendido, aunque se busca la nulidad de actos administrativos generales,
no puede admitirse el argumento consistente en que la finalidad de la solicitud de
nulidad simple es la defensa del orden jurídico, pues se pretende el
restablecimiento del derecho vulnerado por los acuerdos, que no es otro, en criterio
del recurrente, que el cambio de la naturaleza del cargo que ocupaba, lo cual debía
ser invocado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho dentro de los cuatro meses siguientes a su publicación.

Adicionalmente, aunque en los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo pueden acumularse pretensiones, entre otros, de
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, uno de los requisitos para que
sea procedente es que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas,
lo que no se cumple en el asunto, pues las pretensiones relativas al medio de
control de nulidad no fueron planteadas oportunamente, como lo exige el artículo
165 del CPACA.

En relación con el argumento relativo a que el perjuicio causado solo se materializó
con la Resolución 185 de 2018, basta con señalar que a través de los acuerdos de
reestructuración se modificó el cambio de naturaleza del empleo que ocupaba, por
lo que si no estaba de acuerdo con esa determinación debió demandar en tiempo.

En consecuencia, se concluye que respecto a los anteriores actos administrativos
el medio de control se encuentra caducado, lo que impide su estudio y mantiene
incólume su presunción de legalidad. En ese orden, el análisis de legalidad que aquí
se efectuará se circunscribirá a la Resolución 185 del 23 de julio de 2018, en la que
se declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de profesional
especializado en sistemas, código 222, grado 03.

Al respecto, se observa que el argumento central para demostrar la causal de
nulidad de desviación de poder consistió en la comparación objetiva del perfil entre
el demandante y quien lo reemplazó en el cargo, por lo que debe precisarse que,
según la jurisprudencia del corporación, la prueba de esa causal de nulidad «(…)
ha de encontrarse en situaciones anteriores a la determinación que se acusa, pues
se trata de establecer, precisamente la intención del funcionario que expide el acto,
que es previa a la toma de la decisión (…)». De allí que los hechos posteriores a la
aceptación de la renuncia no pueden tenerse como fundamento para acreditar esta

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causal y, a lo sumo, podrían obtener el tratamiento de indicio17.

Además, en relación con las situaciones previas a la expedición del acto
administrativo, no se encuentra prueba testimonial ni documental que dé cuenta de
una finalidad distinta a la del mejoramiento del servicio con la declaratoria de
insubsistencia, a pesar de que la carga de la prueba le correspondía al demandante,
en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso.

Tampoco puede aceptarse que gozaba de las garantías o derechos propios de un
cargo de carrera administrativa, pues la naturaleza del empleo que ocupaba era el
de libre nombramiento y remoción, con independencia de que se hubiera adelantado
o no un concurso de méritos para proveer el cargo cuando era de carrera, pues ello
en nada modifica la situación del demandante al momento de la declaratoria de
insubsistencia.

Por último, se precisa que el cargo atinente al incumplimiento del principio de
motivación suficiente no fue manifestado en la demanda como fundamento para
solicitar la nulidad del acto demandado, por lo que no fue objeto de contradicción.
Lo anterior impide en esta instancia efectuar un análisis sobre el particular, pues ello
desconocería el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de
congruencia.

En consecuencia, al no prosperar los motivos de apelación, se confirmará la
sentencia recurrida.

Condena en costas de segunda instancia

La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021 fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el

17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 29 de abril de 2026 y del 12 de febrero

de 2023. Expedientes 7001-23-33-000-2020-00315-01 (2168-2025) y 66001-23-33-000-2020-00482-01 (4583-
2023), respectivamente. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de abril de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de
Decisión.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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