Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2013-00643-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2013-00643-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2013-00643-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2013-00643-02 (0803-2022)
Demandante: Jenny Figueroa Duarte
Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom
Vinculado: Fabio Alberto Ramírez Ayala
Temas: Declaratoria de insubsistencia. Cargo de libre nombramiento y
remoción. No se probó la desviación de poder. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones
y condenó en costas.
ANTECEDENTES
La señora Jenny Figueroa Duarte instauró demanda en contra del Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Caprecom, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 227 del 8 de marzo de 2013, mediante
la cual la directora general de la extinta Caprecom declaró insubsistente el
nombramiento de la demandante en el cargo de jefe de división código 2040 grado
23 de la División Administrativa y Financiera Regional Tolima de esa entidad y Oficio
10175 de 2013 «que comunicó el hecho de que contra la Resolución No. 00027 no
procede recurso alguno en la vía gubernativa (sic)».
Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro sin solución
de continuidad al cargo que venía desempeñando o a otro de la misma o superior
jerarquía; se condene a reconocer y pagar todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta que se vincule nuevamente con
los respectivos aumentos legales y en suma ajustada conforme al IPC.
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Que se reconozca el pago de 100 smmlv por los daños y perjuicios causados; se
disponga dar cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y 195 de la
Ley 1437 de 2011, y se impongan costas procesales.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante Resolución 1632 del 13 de agosto de 1999 fue nombrada en el cargo
de jefe de división código 2040 grado 23 en la División Administrativa y Financiera
Regional Tolima de la extinta Caprecom. Empleo del cual tomó posesión el 23 del
mismo mes y año.
Que, a pesar de su destacado servicio, el 8 de marzo de 2013 la directora general
de Caprecom la declaró insubsistente a partir del 22 de marzo de ese año.
Que, ante dicha decisión presentó recurso de reposición, y mediante Oficio 10175
de 2013 la jefe de Recursos Humanos le comunicó que no procedía recurso alguno.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
Que se quebrantaron los artículos 1.°, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53 y 84 de la
Constitución Política de Colombia; 26, 27, 61 y 67 del Decreto 2400 de 1968; y 46
de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012.
En el concepto de la violación se indicó que los actos demandados fueron expedidos
con desviación de poder porque no se buscó el mejoramiento del servicio, sino que
atendieron a razones políticas, pues la directora general de la entidad debía cumplir
con las cuotas burocráticas exigidas. Que, no se dejó constancia en la hoja de vida
de las razones de la desvinculación.
Que el servidor que fue nombrado en su reemplazo dista mucho de la capacitación
y experiencia de la actora, por lo que no puede concebirse de manera razonable ni
proporcional que se mejoró el servicio, por el contrario, se desbordaron lo límites
trazados por la ley en el ejercicio de la facultad discrecional.
Falsa motivación, porque bajo el supuesto motivo de mejorar el servicio, de manera
arbitraria e injustificada la retiró de sus funciones sin tener en cuenta que fue una
profesional destacada por más de 12 años, por lo que no es cierto lo señalado en el
acto de desvinculación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 29 de noviembre de 2013 el Tribunal admitió la demanda y el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Caprecom se opuso a las pretensiones, al considerar
que el cargo desempeñado por la actora era de libre nombramiento y remoción por
lo que podía ser retirada sin necesidad de motivar el acto, pues se entiende
expedido en aras del buen servicio.
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Formuló la excepción de caducidad al indicar que transcurrieron más de 4 meses
entre la notificación del acto de retiro y la presentación de la demanda.
El señor Fabio Alberto Ramírez Ayala a través de curador ad litem sostuvo que el
acto de insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y remoción no requiere
motivación e intrínsecamente se profiere por razones del buen servicio.
El 25 de febrero de 2015 y 9 de febrero de 2017 se llevaron a cabo las audiencias
iniciales, en la primera se declaró probada la excepción de caducidad, decisión que
fue revocada por el Consejo de Estado1 al considerar que, pese a considerarlo
improcedente lo resolvió de fondo; en la segunda, se fijó el litigio y se decretaron
pruebas. En providencia del 7 de noviembre de 2018 se celebró audiencia de
pruebas, y el 18 de enero de 2019 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
En sentencia del 9 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Tolima negó
las pretensiones de la demanda, al indicar que la actora desempeñaba un cargo de
libre nombramiento y remoción, por lo que podía ser retirada del servicio
discrecionalmente sin necesidad de motivación, pues no era titular de algún fuero
de inamovilidad.
Que los testimonios practicados carecían de fuerza suficiente para acreditar el
desmejoramiento en la prestación del servicio con ocasión de la desvinculación de
la actora y el encargo de otro servidor, pues fueron solo suposiciones que realizaron
sin ningún sustento probatorio.
Que no era prepensionada porque cuando fue retirada del empleo, le faltaban más
de 7 años para tener derecho a la pensión de vejez.
Que el oficio demandado que informó la improcedencia del recurso de reposición,
pero a la vez informó que la desvinculación obedeció a la facultad discrecional del
nominador, estaba viciado de nulidad por haberse expedido sin competencia, esto
es, por servidor diferente a quien profirió el acto de retiro; sin embargo, esta
situación no afectaba la validez de la insubsistencia al ser proferido de forma
posterior.
Que era procedente la condena en costas, pues fue la parte vencida.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que reiteraba los
argumentos expuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia, además,
que se demostró la desviación de poder, porque el nombramiento del servidor que
la reemplazó, si bien podía reunir los requisitos para ejercer el cargo, tenía menor
experiencia laboral y estudios, lo que permite advertir que se desmejoró el servicio,
1 El Tribunal la declaró probada en providencia del 25 de febrero de 2015, sin embargo, fue revocada por parte
del Consejo de Estado en auto del 26 de octubre de 2017.
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situación que no fue sopesada en el fallo de primera instancia según los principios
de la sana crítica.
Que no existió por parte del Tribunal una real ponderación de los testimonios, pues
fueron coherentes en afirmar que el motivo de la declaratoria de insubsistencia fue
cumplir con la cuota política de turno por parte del nominador, situación que originó
una persecución en su contra.
Que, prueba de lo anterior es precisamente es la declaración de la señora Sandra
Mili Raad Rubiano quien afirmó que el nuevo gerente manifestó tener compromisos
y amigos que lo rodeaban, impidiéndole incluso el ingreso al despacho y a la
semana siguiente la declaró insubsistente, nombrando en su lugar a un amigo
personal que no contaba con experiencia en el sector público.
Que, en igual sentido, las declarantes Martha Astrid Peña y Orfa Cabezas Medina
señalaron que el retiro del servicio tuvo origen netamente político en virtud del
cumplimiento de las cuotas que debía cumplir el nuevo gerente.
Que los testigos fueron unívocos sobre las razones que originaron el retiro del
servicio, incluso tuvieron conocimiento personal de la situación laboral de la actora
desde el momento en que llegó el nuevo gerente, el asedio que se adelantó en su
contra hasta el punto de no dejarla ingresar a su despacho, circunstancia que fue
excluida de plano en la decisión apelada.
Que al haberse declarado la nulidad del Oficio 10175 de 2013 debió anularse el acto
administrativo que declaró la insubsistencia, porque dicho oficio se expidió como
consecuencia del principal, pues ambos conforman una unidad jurídica.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 28 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esa providencia, el expediente pasaría a despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa. Advierte la Sala que ninguna manifestación se efectuará sobre la
naturaleza del cargo ocupado por la demandante, a saber, jefe de división código
2040 grado 23 de la División Administrativa y Financiera Regional Tolima de
Caprecom, en la medida que no se discute que es de libre nombramiento y
remoción.
En los estrictos términos del recurso de apelación, corresponderá determinar si el
acto administrativo acusado, por medio del cual se declaró insubsistente el
nombramiento de la actora desbordó la proporcionalidad y razonabilidad del
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ejercicio de la facultad discrecional que le confiere la Constitución y la ley, al
expedirse presuntamente bajo desviación de poder. Igualmente, si se designó en
su reemplazo a un servidor con menos experiencia a pesar del excelente
desempeño de la demandante afectándose el buen servicio; y ii) tener fuero de
prepensionada.
Del retiro del servicio por insubsistencia en cargo de libre nombramiento y
remoción
Ley 909 de 2004 en su artículo 41 -aplicable de forma supletoria- determinó que el
retiro del servicio de los cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través
de la declaratoria de insubsistencia mediante acto administrativo no motivado2. Ello,
en la medida en que la selección de este personal, supone la escogencia de quien
va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.
La Sección Segunda de esta Corporación3 respecto de los empleos de libre
nombramiento y remoción, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de los cargos
de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol preponderante, lo
que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin
que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión,
[…]». (Se destaca).
A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional4 indicó que
dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su ejercicio los
siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple
la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de
la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa.
En similar sentido se ha pronunciado esta Corporación5 al señalar que la potestad
de remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida
bajo dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado, supone la
existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio.
Finalmente, el artículo 44 del CPACA establece que en la medida en que el
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe
ser adecuada a los fines de la norma que lo autoriza, y proporcional a los hechos
que le sirven de causa, por tal motivo se advierte que el precitado artículo busca
evitar la arbitrariedad, pues materializa la posibilidad de ejercer el control
jurisdiccional del acto administrativo discrecional a partir de las nociones de causa
y fin del acto administrativo.
2 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones». El numeral 2 del artículo 3 señala que esta normativa se aplica con carácter
supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, entre otros, a los servidores públicos
de la Rama Judicial del Poder Público.
3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-
000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4 Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. Referencia: expediente T-3.215.182.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del
15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-
23-33-000-2013-00938-01 (4632-2019). C.P. William Hernández Gómez.
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De la desviación de poder
Esta causal está referida a la «[…] intención con la cual la autoridad toma una
decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un
propósito particular, personal o arbitrario». En otras palabras, incurre en desviación
de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras del buen servicio
público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios,
caprichosos, egoístas, injustos u ocultos6..
Como lo ha precisado la doctrina, si bien el acto fue expedido por órgano o
autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines
distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico7. Entonces, este vicio de
anulabilidad tiene como finalidad atender un propósito particular, personal o
arbitrario.
En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos
de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla
general contenida en el artículo 167 del CGP.
Resolución al caso concreto
La señora Jenny Figueroa Duarte fue nombrada a través de la Resolución 1632 del
13 de agosto de 1999, en el cargo de jefe de división código 2040 grado 23 de la
División Administrativa y Financiera de la extinta Caprecom8.
Por Resolución 227 del 8 de marzo de 2013, la directora general de la entidad
declaró insubsistente su nombramiento a partir del 22 del mismo mes y año9. Se
advierte que no contiene motivación respecto de los supuestos de hecho y de
derecho, pues solo se plasmó que era en uso de las atribuciones legales.
Contra la anterior decisión, la interesada interpuso recurso de reposición 10, y
mediante Oficio 10175 de 201311, la jefe de la División de Recursos Humanos
encargada, a pesar de declarar improcedente el recurso, realizó un estudio de la
naturaleza del cargo por ella desempeñado y la facultad discrecional que le asistía
al nominador según la ley y la jurisprudencia.
De acuerdo con el análisis realizado, al ser un cargo de libre nombramiento y
remoción, el acto de insubsistencia no debía contener una motivación expresa
porque se presume fundamentado en el mejoramiento del servicio y el interés
general.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional LTDA.,
Bogotá, Colombia, 2014, página 547.
8 Folios 179 y 180 del cuaderno principal 1. Se destaca que el expediente tiene múltiple foliatura.
9 Folio 4 ibid.
10 Folio 5 ibid.
11 Folios 5 y 6 ibid.
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Para la Sala no se demostró que la desvinculación tuvo una finalidad política, pues
el dicho de los testigos no permite llegar a la convicción de que se desatendieron
los límites de razonabilidad y proporcionalidad que prevé la ley.
Así, el señor Carlos Alfonso Pinto12 sostuvo que la actora fue removida por parte del
señor Harold Bautista porque «él tenía que colocar su cuota política en ese puesto»,
pero al dar la razón señaló: «como es bien sabido en la parte pública, un director
para colocar su gente tiene que ser de su cercanía para poder manejar las cosas
de la territorial». En igual sentido se pronunció la señora Orfa Cabezas Molina13
quien indicó que «la sacaron porque venía el de la política», pero al preguntársele
por qué lo sabía, afirmó: «porque todo el mundo dijo, y allá todo era político, todo el
mundo decía que era por política».
La señora Martha Astrid Peña14 también afirmó que la razón de la desvinculación
fue porque el nuevo gerente llegó a manejar los cargos desde el punto de vista
político, porque era lo que se «escuchaba en los pasillos». Y la señora Sandra Mili
Raad Rubiano15 señaló que cuando llegó el director territorial manifestó «traer
compromisos y amigos que lo rodeaban a él», además, que nunca atendió a la
actora ni la dejaba ingresar a su despacho. Que a la semana de haber sido
nombrado tal como lo había señalado en una reunión la retiró y nombró a un amigo
suyo.
La Subsección advierte que se trata de afirmaciones sin respaldo probatorio, que le
impiden a esta Corporación llegar al convencimiento que con la expedición del acto
demandado se obró con motivos diversos y contrarios a la facultad discrecional de
la cual se encuentra investido el nominador, en la medida en que los declarantes
son armónicos en señalar que solamente existían rumores sobre el particular, sin
que se hayan aportado otros elementos de convicción que den cuenta de su dicho.
Si bien la señora Sandra Mili Raad Rubiano, en su testimonio señaló que el nuevo
director territorial afirmó en una reunión que la desvinculación de la actora fue por
motivos políticos, su dicho no fue respaldado con medios de prueba que permitan
construir un indicio de tal señalamiento, es más quien expidió el acto de retiro no
fue el director territorial sino la directora general.
En este sentido, no fueron acreditados los argumentos de la demanda respecto de
un contexto de burocracia política al interior de la entidad demandada, al punto de
que todos los testigos fueron coincidentes en afirmar que ingresaron a la entidad
por méritos profesionales y que eran apolíticos.
También se alegó la desviación de poder, aseverando que la persona que la
remplazó contaba con menor formación académica y experiencia laboral, esta
última enfocada en el sector privado, a diferencia de la actora que era básicamente
pública.
12 Minuto 11:57 a 35:36 del cd folio 568 del cuaderno principal 3.
13 Minuto 1:15 a 1: 26, ibid.
14 Minuto 36:30 a 53.20, ibid.
15 Minuto 54:12 a 1:14, ibid.
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Al respecto, debe recordarse que la jurisprudencia de la Corporación16 ha indicado
que la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador la plena convicción
de que la intención de quien profirió el acto, se alejó de la finalidad del buen servicio,
es decir, se usó con fines distintos a los previstos por la norma.
Así, se ha sostenido que la prueba de esta causal «ha de encontrarse en
circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de
establecer, precisamente la intención del funcionario que expide el acto, que es
previa a la toma de la decisión».
En tal sentido, el argumento esbozado por el recurrente, tratándose de un hecho
posterior a la declaratoria de insubsistencia -esto es, el nombramiento del servidor
que la reemplazó-, no puede tenerse como fundamento para acreditar una
desviación de poder, a lo sumo podría obtener el tratamiento de indicio; que en este
caso no se encuentra respaldado con ninguna prueba adicional.
No se desconoce la nutrida hoja de vida de la demandante, sin embargo, el simple
hecho de que esta tuviere más experiencia que quien la remplazó, no garantiza por
sí solo que el servicio tuviere un mejor desarrollo con el ejercicio de su cargo. Lo
que se pondera, es el cumplimiento de los presupuestos legales, más aún, porque
no puede dejarse de lado que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción
que apareja un grado mayor de confianza entre nominador y nominado, lo que, en
efecto, determinó la toma de la decisión de retiro.
Por otra parte, en relación con la calidad de prepensionada17, esta Corporación ha
señalado que, si bien esta condición se predica del servidor que desempeña un
cargo de libre nombramiento y remoción, no excluye el ejercicio de la facultad
discrecional del nominador, por lo que la decisión de retiro debe consultar, en cada
caso concreto, la afectación de los derechos fundamentales del funcionario18.
Ahora, la Sala comparte el análisis del tribunal de instancia en cuanto a que no le
era aplicable dicha garantía, pues para el 1.° de abril de 1994, la actora tenía más
de 36 años19, por lo que era beneficiaria del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, este beneficio se extinguió el 31 de
julio de 2010, en la medida en que para el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005), contaba solo con 10 años, 8 meses y 2120
días de servicio; siendo necesario tener 15 años de servicio a esa fecha para
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Exp.
17001233100020030141202 (0734-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Subsección A. Sentencia del
2 de julio de 2020. Exp. 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre
otras.
17 Al respecto la Corte Constitucional aclaró que el objetivo de la misma es proteger la expectativa del trabajador
de obtener su pensión de vejez y, en esas medida, señaló que el único requisito faltante para acceder al derecho
pensional es la edad «dado que si se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización,
no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad reforzada de prepensionable,
donde el requisito faltante en edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral. En
estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez». Corte Constitucional. Sentencia SU-003 de 2018.
M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 29 de febrero de 2016. Exp: 050012333000201200285-01.
(3685-2013). C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Tesis reiterada por la Subsección A en sentencias del 27 de
agosto de 2020. Exp. 250002342000201502038 01 (0887-2018). C.P. William Hernández Gómez; y del 3 de
febrero de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2016-05963-01 (3537-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
19 Según registro civil visible a folio 34 del cuaderno principal 1, nació el 3 de junio de 1957.
20 Folios 343 a 346 del expediente físico principal.
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extender la transición hasta el año 2014.
En este sentido, y dando aplicación al artículo 33 de la Ley 100, la demandante
adquiriría el estatus de pensionada aproximadamente el 22 de febrero de 2020,
momento en cual concurrirían los requisitos de edad (57 años) y semanas de
cotización (1300). Como el acto de insubsistencia fue expedido el 8 de marzo de
2013, se advierte que le faltaban casi 7 años para tener derecho a la pensión, por
lo que no era prepensionada.
Con todo, la parte demandante tampoco acreditó la afectación de sus derechos
fundamentales con ocasión de la desvinculación, pues como se expuso, dicha
condición por sí sola no es suficiente para agotar la potestad de libre remoción.
Finalmente, en cuanto a la nulidad del Oficio 10175 de 2013 que señaló la
improcedencia del recurso de reposición en contra del acto de insubsistencia, pero
al mismo tiempo le informó a la demandante que según la naturaleza del cargo el
retiro obedeció a la facultad discrecional del nominador autorizado por la ley, para
la Sala no es posible que la ilegalidad del primero afecte la validez del acto de
desvinculación, pues contra el acto de retiro no procedía el recurso alguno.
Sumado a ello, la nulidad del oficio obedeció a la comprobada falta de competencia
de su emisor, irregularidad que no se predicó del acto de desvinculación.
En estas condiciones, se encuentra que el acto administrativo de retiro se expidió
en ejercicio de la potestad discrecional esto es, en ejercicio de la facultad de libre
remoción y, en beneficio del servicio público a cargo de la entidad, circunstancia
que conlleva que los cargos de nulidad señalados en la demanda y en la apelación,
no tengan vocación de prosperidad, por lo que habrá de confirmarse la sentencia
apelada.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202121 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 «ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
9
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Radicación: 73001-23-33-000-2013-00643-02 (0803-2022)
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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