Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2013-05185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-05185-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-05185-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
Demandante: Diana Marina Vélez Vásquez
Demandado: Bogotá, Distrito Capital
Temas: Insubsistencia. Empleada de libre nombramiento y remoción.
Desviación de poder. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Diana Marina Vélez Vásquez instauró demanda en contra de Bogotá
Distrito Capital, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Decreto 546 del 29 de noviembre de 2012 «Por el
cual se declara una insubsistencia y se hace un nombramiento» y, a título de
restablecimiento del derecho, que se ordene su reintegro al cargo que ocupaba o a
uno de igual o superior jerarquía, se paguen las asignaciones, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir y se condene en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
3. Que fue nombrada directora general del Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (FONCEP) el 16 de septiembre de 2010. Que durante su
ejercicio cumplió cabalmente sus funciones y debió afrontar el reto profesional de
ajustar el régimen salarial de la entidad al de la rama ejecutiva del orden nacional,
como conclusión de una acción popular. Para este fin contrató la Universidad
Distrital con el ánimo de asesorar el proceso.
4. Manifestó que, pese al descontento de la junta directiva y los funcionarios del
Distrito, cumplió con la providencia rigurosamente, amparada por los conceptos de
la Universidad y los funcionarios del FONCEP.
5. Que nombró a la señora Mónica Liliana Torres Cárdenas como subdirectora de
prestaciones sociales, en virtud de su experiencia y el resultado de un proceso de
selección. Sin embargo, esta renunció y ella le aceptó la renuncia, especialmente,
porque recibió quejas sobre su desempeño laboral y maltrato a sus subordinados.
6. Afirmó que el secretario general le solicitó revocar el acto administrativo de
aceptación de la renuncia o reintegrarla, por supuesta orden del alcalde mayor de
Bogotá D.C., quien tenía un compromiso burocrático de un concejal; sin embargo,
se abstuvo de proceder en dicho sentido. Que, en virtud del vínculo de amistad entre
aquel y la señora Torres Cárdenas, fue citada a control político por el Concejo
Distrital; pero antes fue declarado insubsistente su nombramiento, por lo que el
concejal desistió de convocar la audiencia de control.
7. Que, una vez se apartó del cargo, nombraron nuevamente a la señora Torres
Cárdenas como subdirectora de prestaciones económicas del FONCEP. Adujo que
su sucesora ignoró toda la propuesta y el diseño institucional para cumplir con la
orden del juez popular y, descartada la estrategia de implementación de una planta
de personal definitiva, procedió a crear plantas temporales de empleo, en contravía
del deber ser legal.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
8. Expuso que los actos demandados vulneran los artículos 2, 29, 209 y 315 de la
Constitución Política; 1, 2, 3, 44, 104 y 138 del CPACA y 38 (numeral 8) de la Ley
1421 de 1993. Argumentó que la consecuencia del acto fue la desmejora en la
prestación del servicio y que este se expidió con desviación de poder, pues atendió
a finalidades burocráticas y transgredió los principios de transparencia y moralidad
pública. Adujo que tuvo por finalidad entorpecer el cumplimiento de una orden
judicial y permitir el nombramiento de la señora Torres Cárdenas como subdirectora
de prestaciones sociales del FONCEP, asuntos relacionados. De allí que se hizo
uso desproporcional e irrazonable de la facultad discrecional de libre nombramiento
y remoción. Añadió que la decisión no fue motivada.
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
9. El 14 de febrero de 2014 se admitió la demanda. La entidad expresó que el
empleo de directora general del FONCEP, código 50, grado 09, era de libre
nombramiento y remoción, por lo tanto, la demandante no gozaba de estabilidad y,
tratándose de una facultad discrecional, podría ser retirada del servicio en cualquier
momento sin necesidad de motivar la decisión. Que estos actos se presumen
fundamentados en el mejoramiento del servicio y que el buen desempeño de las
funciones no implica estabilidad en el cargo.
10. Que la entidad cumplió con la providencia judicial y que las tareas desarrolladas
por la demandante en este sentido no fueron precisamente adecuadas y
convenientes; sin embargo, que la determinación del incumplimiento del fallo solo
corresponde a las autoridades judiciales.
11. Manifestó que el servicio no desmejoró por la declaratoria de insubsistencia y
que la demandante no explicó cómo es que esto sucedió por la creación de una
planta temporal de empleo, medida que se consideró urgente para adelantar el
proceso de dignificación del empleo en la entidad mientras que, en el largo plazo,
se creaba la planta definitiva.
12. Que no existe un vínculo causal entre la aceptación de la renuncia a la señora
Torres Cárdenas y la posterior insubsistencia del nombramiento y que no se acreditó
la intervención de un concejal para este cometido. Lo anterior, porque la
demandante sustentó la cercanía entre el concejal y la subdirectora saliente de
acuerdo con la información disponible en la red social «Facebook», que no es medio
idóneo para probar esta clase de relación.
13. Excepcionó «ausencia de causales que invaliden los actos administrativos» y
caducidad.
14. El 13 de marzo de 2018 se celebró audiencia inicial, donde se pospuso para la
sentencia la decisión sobre la excepción de caducidad, se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas. La parte demandante interpuso recurso de apelación ante
la negativa de varias solicitudes probatorias, pero desistió del mismo previo envío
al superior jerárquico. El 30 de marzo de 2022 se practicaron las pruebas y se corrió
traslado para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. En sentencia del 8 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, negó las pretensiones de la
demanda. Distinguió entre los empleos de carrera y los de libre nombramiento y
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
remoción, enfatizó en que los últimos requieren de un mayor grado de confianza y
responsabilidad administrativa o política que sustenta la facultad discrecional para
su provisión y retiro. Que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en un
cargo de esta naturaleza no requiere motivación, pero debe atender al mejoramiento
en la prestación del servicio y el interés general, móviles que se presumen, pero
admiten prueba en contrario.
16. Concluyó que no se violó el debido proceso de la demandante por la ausencia
de motivación del acto administrativo, pues esta es una potestad inherente a la
facultad de libre nombramiento y remoción con sustento legal. Estimó que no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto, que se entiende orientado al logro del
interés general.
17. Sostuvo que, en lugar de una férrea oposición administrativa, la dirección del
FONCEP convocó a una mesa de trabajo conjunta con asistencia de representantes
de varias dependencias del Distrito donde se discutió el cumplimiento de las
sentencias anteriormente citadas (acción popular) y, como es común en la dinámica
administrativa, hubo disparidad de criterios.
18. Que la adopción de una planta de empleos temporales era una opción legal y,
además, la provisión de los cargos observó el trámite normativamente previsto.
Aunque algunos testimonios dieron cuenta de subjetividad e intervención de
concejales en la provisión de dichos cargos, explicó por qué estas declaraciones no
lograron el estándar de prueba.
19. Que no se acreditó que la decisión del alcalde se sustentara en el cumplimiento
de compromisos burocráticos o el descontento por la gestión de la demandante para
el cumplimiento de sentencias judiciales. Añadió que tampoco se probó la amistad
entre la señora Torres y el concejal que, de existir, no se evidenció cómo es que
aquel incidió para que el alcalde expidiera el acto demandado.
20. Descartó que la citación al concejo fuera una presión política por aceptar la
renuncia de la señora Torres. Adujo que las proposiciones en las cuales se solicitó
convocar a la demandante como directora del FONCEP a control político no fueron
presentadas únicamente por un concejal, sino por tres; además de la demandante,
se citó también al secretario de Hacienda; los temas a desarrollar eran objetivos
sobre las funciones del fondo y se presentaron mientras la señora Torres se
desempeñaba como subdirectora de prestaciones sociales.
21. En cuanto a la supuesta desmejora del servicio, que no se aportó una prueba
técnica que permita objetivamente concluir que este se vio alterado.
RECURSO DE APELACIÓN
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó en que el acto de
insubsistencia no fue motivado y no se dejó constancia de los hechos y las causas
que sirvieron de fundamento. Que en primera instancia se efectuó una equivocada
y aislada valoración probatoria, alejada de un análisis objetivo en búsqueda de la
verdad. Insistió en que se probó la desviación de poder, porque:
23. Existe una relación de causalidad cronológica que devela motivos ocultos entre:
i) la aceptación de la renuncia a la señora Torres; ii) la reunión entre la demandante
y el secretario general el 26 de septiembre de 2012; iii) el contenido de los correos
electrónicos del día siguiente entre el subdirector administrativo y la jefe de talento
humano, donde se discute sobre la suspensión de la notificación o eventual
revocatoria del acto de aceptación; iv) la insubsistencia del nombramiento en
discusión y v) el posterior (casi inmediato) reintegro de la señora Torres.
24. Que no contó con apoyo de la Alcaldía de Bogotá para cumplir con la sentencia
de la acción popular, como presuntamente se acredita en el testimonio rendido por
el señor José Antonio Hoyos. Que su propuesta de estructurar una planta definitiva
de empleos afectaba la disponibilidad de cargos de supernumerarios y contratistas
que implicó, a modo de retaliación, la declaración de insubsistencia del
nombramiento.
25. Que el servicio sí desmejoró, pues se declaró la insubsistencia del
nombramiento y, en su lugar, se nombró en el cargo la señora Myriam Rosa Agosta
Suárez, que no contaba con experiencia en cargos de dirección y permitió que la
entidad operara de forma ineficiente por dos meses, pues, como solo dispuso del
personal en carrera administrativa, no contaba con talento humano suficiente para
atender oportunamente las solicitudes de los usuarios y ejercer la defensa judicial
de la entidad. Adujo que esto se acredita en los testimonios de José Antonio Hoyos,
Alejandro García Urdaneta y Diego Alejandro Herrera Montañez.
26. Por último, manifestó inconformidad con dos asuntos. Primero, que al valorar el
informe de auditoría de la Contraloría para el año 2013, el Tribunal sostuvo que no
contaba con una prueba técnica similar para la vigencia del año 2012 que le
permitiera comparar objetivamente si el servicio desmejoró, por lo que el juez
condicionó la validez y eficacia probatoria en desmedro del principio de libertad
probatoria.
27. Segundo, que se rechazó la posibilidad de consultar como «indicio indirecto» la
sentencia proferida el 20 de septiembre de 2016 por la Sala Plena del Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca donde falló la pérdida de investidura
del concejal Roger Carrillo, que estimaba un debate probatorio útil a efectos del
presente asunto.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
28. El recurso de apelación fue admitido el 8 de septiembre de 2023 y se dispuso
que una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar
sentencia, sin necesidad de traslados.
29. La parte demandada solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia
porque el cargo ocupado por la demandante era de libre nombramiento y remoción,
no gozaba de estabilidad alguna por su buen desempeño y no se desmejoró el
servicio.
30. El Ministerio Público guardó silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si el Decreto 546 del 29 de noviembre de 2012 es nulo por
desviación de poder, esto es, si los móviles que inspiran su expedición se apartan
del interés general y la finalidad impuesta por el ordenamiento jurídico.
Marco normativo y jurisprudencial
Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y
remoción
32. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determinó que el retiro del servicio de los
cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de
insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional1.
33. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de
los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»2 (énfasis fuera de texto).
1 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional
y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-
000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
34. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a
los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa3.
35. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción
de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio4.
36. El segundo inciso del artículo 2 del CPACA excluyó el ejercicio de la facultad de
libre nombramiento y remoción del ámbito de aplicación de la primera parte del
Código. Expresamente dispone: «Artículo 2°. Ámbito de aplicación. […] Las
disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares
o de policía […] Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre
nombramiento y remoción […]» (énfasis fuera de texto).
37. En consecuencia, contra los actos administrativos expedidos en virtud de una
facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no proceden los recursos
administrativos previstos, por regla general, en el artículo 74 del CPACA. Entre otras
razones, porque el ordenamiento presume que estas decisiones están orientadas
al mejoramiento del servicio, al punto de no exigir su motivación.
38. Esto no significa que se trate se actos arbitrarios, solo que no son susceptibles
de la interposición de recursos administrativos, lo que habilita el control directo de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de decisiones que, además
de atender a los parámetros generales de legalidad, deben ser adecuados a los
fines de la norma que los autoriza, proporcionales y razonables.
Desviación de poder
39. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»5. En otras palabras, incurre
en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras
del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles
3 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-
31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos. Por excelencia, la desviación
de poder es la técnica de control propia de los actos administrativos expedidos en
ejercicio de facultades discrecionales, pues impone márgenes y límites a la libertad
decisoria de la administración que emanan de la teleología definida en el
ordenamiento6.
40. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime,
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.
41. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP7. Sobre el particular, esta Corporación ha
sostenido que «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma […]»8.
42. Pero, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de
quienes expiden el acto, como ha considerado la Sección Primera:
«Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente
de quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la
indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la
presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba
auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre
todo cuando la desviación es hacia intereses espurios, innobles, o mezquinos,
caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias
intenciones, lo que además de un problema de legalidad, entraña también un
problema ético y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»9.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2021. Rad. 08001-23-33-
000-2013-00801-01 (3437-2016). C.P. William Hernández Gómez.
7 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la
desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera
de texto) (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad.
68001-23-33-000-2016-01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
8 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-
31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-31- 000-1998-00645-
01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
43. Esto supone que existe una dificultad probatoria inherente a la causal de
nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio, permanece
siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no una
imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que
faciliten al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia,
nada obsta para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y
practicadas permita concluir que los móviles de una decisión fueron desviados10.
Resolución al caso concreto
44. La señora Diana Marina Vélez Vásquez se desempeñó como directora general
del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) desde
el 16 de septiembre de 201111 y hasta el 29 de noviembre de 2012, cuando se le
notificó la expedición del Decreto 546 del mismo día, por el cual se declaró
insubsistente su nombramiento12. Las partes no discutieron que este era de libre
nombramiento y remoción, por lo tanto, la Sala avanzará al estudio del recurso de
apelación.
45. El desacuerdo de la parte demandante tuvo una naturaleza eminentemente
probatoria pues, en su criterio, se efectuó una equivocada y aislada valoración,
porque según dice, se acreditó con absoluta certeza que la decisión demandada se
apartó de los fines jurídicamente asignados por el ordenamiento, esto es, que se
incurrió en desviación de poder.
46. Para sustentar esta hipótesis, argumentó: i) que el Tribunal administrativo
inadvirtió motivos ocultos en la cronología de los hechos narrados, especialmente,
la reunión con el secretario general del distrito, la insubsistencia y el posterior
nombramiento de la señora Torres como subdirectora de prestaciones sociales13; ii)
que no contó con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá para cumplir con las órdenes
de la acción popular, pues su propuesta de estructurar una planta definitiva de
empleos afectaba la disponibilidad de cargos de supernumerarios y contratistas; y
iii) que se nombró en el cargo la señora Myriam Rosa Agosta Suárez, que no
10 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad:
«La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y
pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse
en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es
menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
11 Fls. 19-22. Cuaderno 5. Debe precisarse que la demandante desempeñó el cargo con anterioridad, pues se
referencia el Decreto 409 del 6 de septiembre de 2011 «Por el cual se hace un reintegro en cumplimiento de
una orden judicial» y la correspondiente acta de posesión. Sin embargo, no se tiene prueba de la fecha en que
se vinculó al cargo por primera vez.
12 Fls. 18-19. Cuaderno principal.
13 Sostuvo que existe una relación de causalidad cronológica que devela motivos ocultos entre: i) la aceptación
de la renuncia a la señora Torres; ii) la reunión entre la demandante y el secretario general el 26 de septiembre
de 2012; iii) el contenido de los correos electrónicos del día siguiente entre el subdirector administrativo y la jefe
de talento humano, donde se discute sobre la suspensión de la notificación o eventual revocatoria del acto de
aceptación; iv) la insubsistencia del nombramiento en discusión y v) el posterior (casi inmediato) reintegro de la
señora Torres.
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
contaba con experiencia en cargos de dirección y permitió que la entidad operara
de forma ineficiente por dos meses, pues, como solo dispuso del personal en carrera
administrativa.
47. Al respecto, la Sala resalta que contrario a lo alegado, el Tribunal de primera
instancia presentó un análisis minucioso de las pruebas que da cuenta de las
razones por las cuales no se alcanzó el nivel de convicción esperado para anular el
acto por el vicio de desviación de poder atendiendo a las normas de la sana crítica:
el pleno convencimiento de la intención extrajurídica del funcionario que lo expidió.
Pero, aún cuando el análisis de la prueba fue amplio, suficiente y razonable, esta
no es la razón principal para considerar que el acto de insubsistencia es legal.
48. En su lugar, son los propios argumentos de la demanda y el recurso de apelación
los que permiten concluir que, en el caso concreto, el acto administrativo obedeció
a la pérdida de confianza entre el nominador y el nominado. Recuérdese que los
empleos de libre nombramiento y remoción revisten especiales responsabilidades y
profundas implicaciones al momento de tomar decisiones, por lo que debe existir
coordinación y el mejor entendimiento posible entre los funcionarios del más alto
nivel.
49. Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha explicado que «[…] siendo la
confianza un factor determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de
libre nombramiento y remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que
la administración de por terminada la relación laboral con el empleado público y de
esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del
interés público»14.
50. Entre otras providencias, dicha Corporación realizó un estudio juicioso del
fundamento y la teleología de la facultad de libre nombramiento y remoción en la
sentencia de unificación 3 de 2018. Expuso que el ordenamiento jurídico permite a
la administración la configuración de los equipos de trabajo atendiendo a criterios
de plena confianza, desde una perspectiva eminentemente subjetiva,
excepcionando la regla general de carrera del empleo público para que se
administre conforme a las razones de conveniencia del titular de la competencia. De
allí la precariedad en su estabilidad laboral. Concluye:
«Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza,
justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso
a la carrera administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en
la aplicación de los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de
“prepensión”, en los términos de la primera regla de unificación de esta
sentencia […]
14 Corte Constitucional. Sentencia T-686 del 11 de septiembre de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
Son, pues, estos dos criterios, de manera fundamental, los que ha considerado
relevantes la jurisprudencia constitucional para justificar la validez constitucional
de este tipo de empleos: uno de índole material, en razón a las funciones que
desarrollan, y, otro, de índole subjetivo, que da cuenta del alto grado de
confianza que exige su ejercicio»15 (énfasis fuera de texto).
51. El Consejo de Estado no ha sido ajeno a estos razonamientos y estima la
confianza un factor determinante a la hora de vincular y desvincular funcionarios
en cargos de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, su pérdida constituye una
razón justificada para que la administración de por terminada la relación laboral y
de esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción
del interés público16.
52. Por lo tanto, cuando la afinidad ideológica y funcional orientada a la definición y
ejecución de políticas públicas se desvanece, el acto de insubsistencia del
nombramiento no puede catalogarse como arbitrario o dictado con desviación de
poder. Esta Sección ha sostenido: «[…] Por ello, un empleado en tal cargo que no
esté en sintonía con el representante y responsable de la institución pública, al
margen de sus capacidades y desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya
que, en la dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre
otras, para ese tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a
la actividad laboral»17.
53. En el presente asunto, la recurrente expresó que el sector central de la
administración le impuso el reintegro de la señora Mónica Torres como subdirectora
de prestaciones sociales, decisión que tenía como propósito «mejorar la
gobernabilidad frente al concejo». Sugirió que la imposición devino de agradar a un
concejal de la comisión de presupuesto para facilitar decisiones distritales en la
corporación de elección popular. Pero no se probó el nexo entre aquel concejal y la
señora Torres, sustento original del interés «desviado». Solo se dispone de las
afirmaciones de la demanda y el testimonio del señor Alejandro García Urdaneta
que, si bien lo señaló como finalidad del acto administrativo18, reconoció tener
conocimiento de este solo a través de los medios de comunicación, es decir, de
forma indirecta19.
54. Añadió que, además de la intención de reintegrar a la señora Mónica Torres, la
teleología del acto fue garantizar la disponibilidad de cargos de supernumerarios y
contratistas de prestación de servicios. Lo anterior porque la demandante pretendía
cumplir el fallo de la acción popular con rigor a través de la propuesta de un amplio
estudio y la implementación de una planta de empleos definitiva. Expresó que no
15 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. 25-000-23-42-
000-2016-05968-01 (1911-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Rad. 25000-
23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Audiencia de pruebas. Minuto 1:04:50.
19 Audiencia de pruebas. Minuto 1:10:50.
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
contó con apoyo de la Alcaldía de Bogotá para ejecutar la providencia, como
presuntamente se acredita en el testimonio rendido por el señor José Antonio
Hoyos.
55. Al respecto, la prueba testimonial da cuenta de «apoyo» institucional preliminar
por parte del Distrito al FONCEP y, especialmente, a la gestión de la demandante.
En este sentido José Antonio Hoyos Dávila sostuvo que, pese a que percibió
múltiples interferencias de la administración distrital, él y la demandante se sintieron
respaldados durante el primer semestre del 201220. El más enfático fue Diego
Alejandro Herrera Montañez, quien expuso que, en principio, los procesos dirigidos
por la demandante en relación con la planta de personal de la entidad y el
cumplimiento del fallo de la acción popular eran compartidos y acompañados por el
sector central de la administración, que se adelantaron con su anuencia y
satisfacción21.
56. En suma, del acervo probatorio no se concluye que el Distrito se opuso
radicalmente a las gestiones que adelantaba la demandante. En otras palabras,
contó con la confianza de su nominador. Sin embargo, en hechos posteriores se
observan discrepancias en criterios de conveniencia y oportunidad, que condujeron
finalmente a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento.
57. El mejor ejemplo está dado por el viraje institucional inmediato al retiro de la
demandante, que calificó como «delirio de la improvisación y desprecio por mi
labor»22 y consistió en la creación de una planta temporal de empleos, opción legal
y constitucional que se plasmó en el acta 9 del 3 de diciembre de 2012 de la junta
directiva del FONCEP, donde se lee:
«El Secretario de Hacienda Distrital, doctor Ricardo Bonilla, observa que el
estudio de planta definitiva presentado por la universidad Distrital debe
ajustarse a la realidad presupuestal existente en la entidad dado que la
asignación presupuestal para la vigencia 2013 en gastos de
funcionamiento se encuentra aprobado. De igual manera es importante
destacar que los supernumerarios van hasta el 31 de diciembre de 2012 y a
partir del 1° de enero de 2013, se debe contemplar la propuesta de una planta
temporal, la cual debe incluir la aplicación de la ley del primer empleo y costo
cero. […]
Esta planta temporal es transitoria mientras se desarrolla el proyecto de
la planta global. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
como responsable técnico a nivel distrital señalará los lineamientos y
metodología para la elaboración sustentación y aprobación de las plantas
temporales. De igual manera el FONCEP es responsable de realizar los ajustes
a la propuesta de planta definitiva, con el cumplimiento de las normas emanadas
del DASCD y la CNSC.
20 Audiencia de pruebas. Minuto 0:45:00.
21 Audiencia de pruebas. Minuto 1:26:00.
22 Fl. 197, cuaderno principal.
12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
La doctora Nasly Jennifer Ruiz (directora Distrital de Tesorería), refiriéndose a
la provisión de la planta global, indica que ella no se podría cubrir de manera
inmediata, dado que se requiere realizar el proceso de vinculación a los
cargos de acuerdo con las normas establecidas por parte del DASCD y la
CNSC» (énfasis fuera de texto)23.
58. Es decir que, en principio la propuesta de un estudio, diseño e implementación
de una planta de empleos definitiva para la entidad (estructurada por la
demandante) fue aceptada; sin embargo, el hecho de que esta decisión fue
«alterada» inmediatamente se declaró insubsistente el nombramiento, optando por
una de carácter temporal, demuestra que existió diferencia en criterios de
oportunidad y conveniencia sobre este asunto, como ella misma referencia
alegando la «falta de apoyo institucional». De allí que en algún punto se resquebrajó
la afinidad ideológica y funcional, es decir, se perdió la confianza.
59. Por otra parte, manifestó que la señora Myriam Rosa Agosta Suárez no contaba
con experiencia en cargos de dirección y permitió que la entidad operara de forma
ineficiente por dos meses. En relación con las calidades de la persona que
reemplazó a la demandante, se recuerda que esta es un hecho posterior a la
insubsistencia y esta Subsección ha sido enfática en que la causal de nulidad por
desviación de poder se encuentra en circunstancias anteriores a la determinación,
pues consiste en establecer los fines del funcionario que expidió el acto24.
60. Aunque en el presente asunto la insubsistencia y el nombramiento concurren en
un mismo documento, son actos administrativos independientes, siendo el
nombramiento posterior a la insubsistencia. En consecuencia, a lo sumo podría
tener el tratamiento de indicio. Pero, si bien no se desconoce la nutrida hoja de vida
de la demandante, su experiencia «adicional» no garantiza un mejor desarrollo en
el ejercicio del cargo. Tratándose de empleos de libre nombramiento y remoción,
debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los presupuestos legales para tomar
posesión del empleo, asunto que no fue cuestionado o discutido en el presente
proceso25.
61. Recuérdese que el correcto desempeño laboral, el cumplimiento de metas o el
destacado liderazgo no produce para este tipo de empleados ningún fuero o
restricción para el ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y
remoción. Como se expuso, basta la pérdida de confianza por parte del nominador
proceda legítimamente la declaratoria de insubsistencia del nombramiento26.
62. En relación con la inconformidad por no darle alcance probatorio a la sentencia
23 Fl. 133, ídem.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 73001-23-33-
000-2013-00643-02 (0803-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
25 Ibíd.
26 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de noviembre de 2022. Rad. 25000-
23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
13
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
proferida el 20 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, donde falló la pérdida de investidura del concejal Roger Carrillo, se
recuerda que esta no fue decretada como prueba en la audiencia inicial del 13 de
marzo de 201827.
63. Finalmente, la demandante reiteró que el acto de insubsistencia no fue motivado
y no se dejó constancia de los hechos y las causas que sirvieron de fundamento. Al
respecto, el recuento normativo y jurisprudencial expuesto es claro en que el acto
de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción no requiere,
como es regla general según el CPACA, la exposición de los motivos de hecho y
derecho que dan lugar a su expedición.
64. Además, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha insistido en que la
anotación en la hoja de vida de las causas que dieron lugar al retiro de un servidor
público que ocupaba un empleo de libre nombramiento y remoción no constituye un
elemento de validez del acto o un presupuesto para su eficacia, pues se trata de un
deber que se cumple con posterioridad a la expedición del acto y que, máximo,
podría comprometer la responsabilidad disciplinaria del competente28.
65. En consecuencia, la presunción de legalidad de los actos demandados
permanece incólume y se confirmará la decisión de primera instancia.
Condena en costas
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
27 Fl. 441 del Cuaderno principal.
28 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-23-
33-000-2016-01374-01 (1500-2021). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023)
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el ocho (8) de mayo de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. NEGAR la renuncia al poder presentada por el abogado de la parte
demandante visible a índice 12 de la plataforma SAMAI, porque no adjuntó la
comunicación a la parte demandante exigida en el artículo 76 del Código General
del Proceso.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
15
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.