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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04041-02

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04041-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: 48 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 25 Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021) Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame Primero. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Manuel Eduardo Aljure Salame contra Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado José Aicardo Rubio López, quien representaba los intereses de la parte demandada.49 Cuarto. Reconocer personería a la abogada Martha Mireya Pabón Páez como apoderada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04041-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame
Demandado: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Temas: Declaratoria de insubsistencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 18 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Manuel Eduardo Aljure Salame, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare lo siguiente:
i) la nulidad del Acta de Junta Directiva 67/2016 del 2 de febrero de 2016, que
aprobó su remoción como gerente general de Empresas Públicas de Cundinamarca

1 Folios 100 a 108, 111 a 112 y 117 a 125.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

S.A. E.S.P.; y ii) que el nombramiento «no podía ser declarado removido, al ser de
período fijo de dos (2) años, como se establece en el artículo 1° del Acuerdo de
Junta Directiva Nro. 005 del 24 de junio de 2015», que lo designó en ese cargo.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
actor solicitó lo siguiente: i) disponer el reintegro al empleo que venía
desempeñando o a otro de igual o superior categoría; ii) pagar de manera indexada
los emolumentos dejados de percibir como consecuencia de su desvinculación y
hasta el momento en que ingrese nuevamente al servicio o, subsidiariamente, hasta
el 24 de junio de 2017, cuando se cumplía el período para el cual fue designado; iii)
acatar la sentencia y pagar los intereses a que haya lugar, en los términos del
artículo 192 del CPACA; y iv) sufragar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:2

i) Por Acuerdo 005 del 24 de junio de 2015, la Junta Directiva de Empresas Públicas
de Cundinamarca S.A. E.S.P., en adelante EPC S.A. E.S.P., eligió al señor Manuel
Eduardo Aljure Salame como gerente general por un período de 2 años.

ii) El accionante desempeñó el cargo en forma satisfactoria, cumplió las metas,
programas y proyectos que estaban bajo su responsabilidad y nunca se le hicieron
llamados de atención ni fue investigado disciplinariamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 25, 29, 53, 58, 125 y 209 de la
Constitución Política; 44 y 137 del CPACA; 2, 47 y 49 de la Ley 909 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:

2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación por lo que se resumirán en dicho acápite.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

i) El retiro del señor Manuel Eduardo Aljure Salame se apoyó en la Cláusula 40 de
los estatutos de EPC S.A. E.S.P., en tanto indicó que el gerente general sería
designado para períodos de 2 años, «pero será reelegible o removible en cualquier
tiempo».

ii) La parte accionada interpretó erróneamente la anterior previsión y desconoció
que allí se estableció un período fijo tendiente a «obtener eficiencia en la prestación
de los servicios mediante la garantía de estabilidad en el cargo», por ende, el actor
estaba amparado por una inamovilidad relativa, que impedía el ejercicio de la
facultad discrecional.

iii) El demandante solamente podía ser removido antes de cumplirse el período fijo
para el cual fue elegido por razones referentes a su desempeño laboral como incurrir
en una falta disciplinaria, defraudar la confianza, obtener una calificación deficiente,
desatender los compromisos a su cargo y las demás establecidas por el legislador
con miras a salvaguardar la eficiencia en la prestación del servicio.

iv) La desvinculación del demandante incurrió en desviación de poder, pues se
apartó de los principios que orientan la función pública, el interés general y las
características de los empleos gerenciales. Además, obedeció a «móviles políticos
mezquinos y arbitrarios», por cuanto en la primera reunión realizada por la nueva
junta directiva se le pidió la renuncia, pese a que el accionante rindió su informe de
gestión sin que los integrantes manifestaran reparo alguno.

1.2. Contestación de la demanda

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se opuso a las pretensiones de la
demanda y esgrimió las siguientes razones de defensa:3

3 Folios 151 a 172.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

i) El actor no fue nombrado en un empleo de período fijo, sino de libre nombramiento
y remoción. A su vez, la Junta Directiva de la entidad accionada dispuso su
desvinculación, al tenor de las facultades que le confiere la Cláusula 39 de los
estatutos internos.

ii) Conforme a los artículos 1618 y 1622 del Código Civil, la Cláusula 40 de los
citados estatutos, que estableció un período de 2 años para la aludida designación,
no puede leerse de forma aislada sino en consonancia con el resto del clausulado
y de cara a la intención que se tuvo al momento de conformar la empresa.

iii) Una interpretación integral y sistemática del contrato societario evidencia que la
administración goza de la facultad discrecional para proveer y disponer el retiro del
gerente general. Esta premisa se reconfirma con lo dispuesto en la Cláusula 56
ibidem, en tanto indicó que los servidores de EPC S.A. E.S.P. serían trabajadores
oficiales y excepcionó, entre otros, al gerente, quien tendría condición de empleado
público de libre nombramiento y remoción en aras de atender las dinámicas que
comporta un empleo de dirección, manejo y confianza.

iv) El demandante no aportó pruebas tendientes a demostrar que fue retirado bajo
una desviación de poder. En consecuencia, debe mantenerse la presunción de
legalidad del acto acusado, pues se entiende que en estos casos el nominador actúa
en procura del buen servicio.

v) Se proponen las excepciones de caducidad, ineptitud de la demanda y genérica
o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 18 de marzo de 2021, negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:4

4 Folios 259 a 278.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

i) De acuerdo con los estatutos de la empresa demandada, en concordancia con
criterios del DAFP,5 el actor desempeñaba un cargo de libre nombramiento y
remoción, razón por la que su desvinculación obedece al ejercicio de una facultad
discrecional y no requiere motivación.

ii) Las Cláusulas 39, 40 y 56 de los mencionados estatutos evidencian que el
interesado no estaba amparado por un nombramiento de período fijo; por el
contrario, podía ser removido en cualquier tiempo.

iii) La Junta Directiva que dispuso el retiro del demandante estaba conformada por
personas diferentes a quienes lo nombraron, lo cual demuestra que el interés de la
administración fue mantener la confianza propia de esa clase de empleos.6

iv) El señor Manuel Eduardo Aljure Salame no acreditó que el acto enjuiciado se
hubiera expedido con desviación de poder. Además, el correcto desempeño no le
confería fuero de estabilidad y el servidor que lo reemplazó cumplía con los
requisitos mínimos.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:7

i) El a quo no se pronunció respecto de la decisión de la Junta Directiva del 23 de
junio de 2015 que nombró al demandante como gerente general de EPC S.A. E.S.P.
por un período de 2 años, pues se trata de una determinación que goza de validez
y, por ende, debe protegerse la confianza legítima generada en el beneficiario.

5 Departamento Administrativo de la Función Pública. El a quo citó el concepto 267781 del 19 de junio de 2020.
6 El Tribunal apoyó su decisión en la sentencia del 16 de febrero de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección

Segunda, Subsección B, radicado 20001233100020110019001 (1260-2013) y en la Sentencia T-511 de 2012, suscrita por
la Corte Constitucional.
7 Folios 288 a 290.

5

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

ii) El fallador de primera instancia solo reparó en el retiro, pero no tuvo en cuenta
que en el acto de nombramiento se establecieron derechos de estabilidad y no se
hizo referencia a la posibilidad de desvincularlo en cualquier tiempo, por lo que el
accionante confió en que permanecería en el cargo por un lapso de 2 años.

iii) El proveído apelado interpretó los estatutos de la empresa accionada en
contravía del principio in dubio pro operario o favorabilidad. Es así como ante la
ambigüedad de la redacción contenida en la Cláusula 40 se debió concluir que el
actor desempeñaba un empleo de libre nombramiento y remoción que contaba con
un término de permanencia en aras de favorecer la autonomía de la entidad, la
buena marcha de la administración, «asegurar un desempeño óptimo en un período
determinado», la continuidad del servicio y la calidad de los resultados.

iv) El acto enjuiciado incurrió en desviación de poder, ya que para el nombramiento
se interpretó que el cargo implicaba una estabilidad relativa, pero en la
desvinculación se desconoció en forma unilateral e injustificada tal entendimiento.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Las partes y Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en el trámite de segunda
instancia.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar si el acto demandado, por el cual se
declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Manuel Eduardo Aljure
Salame como gerente general de EPC S.A. E.S.P., se encuentra viciado de nulidad
por desviación de poder, puesto que presuntamente se expidió con fines ajenos al

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

buen servicio y sin respetar la estabilidad relativa de la que gozaba el accionante.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Naturaleza de EPC S.A. E.S.P. y de sus colaboradores

El artículo 14.5 de Ley 142 de 1994 define las empresas de servicios públicos
oficiales como aquellas en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o sus
entidades descentralizadas tienen el 100% de los aportes.

Por su parte, el artículo 17 ibidem indica que el régimen aplicable a las entidades
descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo
lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en la Ley 142 de
1994.8 A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido que esta norma no regula «lo
atinente a su creación, estructura y organización, por lo cual, ha de acudirse a las
disposiciones de la Ley 489 de 1998, a la ley de su creación o autorización y a sus
estatutos internos, y en lo demás, a las normas del Código de Comercio».9

Igualmente, el artículo 19.15 ibidem señala que las materias no reguladas en dicho
cuerpo normativo en torno al régimen jurídico de esas empresas, incluidas las de
carácter oficial, se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre sociedades
anónimas.

En consonancia con las anteriores previsiones, los estatutos contenidos en la
Escritura Pública 3766 del 12 de septiembre de 200810 establecen que EPC S.A. E.S.P.
es «una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas Empresa de Servicios
Públicos, del orden departamental, de carácter oficial» y su régimen jurídico está
contenido en las Leyes 142 de 1994, 286 de 1996, 632 de 2000 y 689 de 2001, el
Código de Comercio y demás normas complementarias y concordantes.

8 Artículo 17 de la Ley 142 de 1994.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de octubre de 2013. Rad. 05001-23-31-000-2002-

03400-01 (1388-12).
10 Folios 10 a 55.

7

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

En este orden de ideas, la entidad demandada es una empresa de servicios
públicos, constituida como una sociedad por acciones, de carácter oficial y
pertenece al sector descentralizado del orden territorial.

Ahora bien, el artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 clasificó los empleos oficiales de la
siguiente forma:

Artículo 5°. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades
regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:
[…]
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:
[…]

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario
General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de
Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien
haga sus veces;
[…]

De acuerdo con la anterior disposición, el empleo de gerente fue clasificado como
de libre nombramiento y remoción para la administración descentralizada del nivel
territorial. A su vez, tienen ese carácter aquellos cargos con funciones de dirección,
conducción, orientación y asesoría institucionales, adopción de políticas o
directrices o que impliquen especial confianza.

En esta línea de intelección, los estatutos sociales de EPC S.A. E.S.P. determinaron
que sus órganos principales son la Asamblea General de Accionistas, la Junta

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

Directiva y el Gerente o su suplente. En cuanto a las funciones de estos últimos y la
clasificación de los servidores se destacan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.-
Corresponde a la Junta Directiva:

1. Adoptar las políticas generales de la sociedad […].

2. Nombrar y remover libremente al Gerente General, quien será el Representante
Legal de la sociedad, y sus suplentes, darles instrucciones y fijarles su remuneración,
todo sin perjuicio de la relación laboral existente y de los efectos legales laborales de
su vinculación o remoción. […]. Mientras la sociedad conserve el carácter de oficial
en razón de pertenecer todas sus acciones a entidades públicas, el representante
legal tendrá la calidad de servidor público de libre nombramiento y remoción;
[…]

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. REPRESENTANTE LEGAL – PERÍODO.- La sociedad tendrá un
Gerente, quien será su Representante Legal. El Gerente será designado por la Junta
Directiva para períodos de dos (2) años, pero será reelegible indefinidamente o
removible en cualquier tiempo.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. GERENTE.- El Gerente será el Representante
Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y administración de
los negocios sociales, con sujeción a la ley, los estatutos, las resoluciones y acuerdos
de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

CLÁUSULA QUINTOGÉSIMA SEXTA.- CLASIFICACIÓN DE PERSONAL: Todos los servidores
de La Sociedad tendrán la calidad de Trabajadores Oficiales vinculados mediante
Contrato de Trabajo, con excepción de El Gerente, de Los Subgerentes, y los Jefes
de la Oficina Jurídica, y de Planeación y Financiera, quienes tendrán la calidad de
empleados públicos de libre nombramiento y remoción.

De acuerdo con las anteriores disposiciones, se observa que i) la junta directiva de
EPC S.A. E.S.P. tiene la atribución de designar al gerente para períodos de 2 años,

quien será reelegible indefinidamente o removible en cualquier tiempo; ii) la
empresa demandada tiene el carácter de oficial y, bajo esta óptica, los estatutos
clasificaron el personal en trabajadores oficiales y empleados públicos de libre
nombramiento y remoción, a este segundo grupo pertenece el cargo de gerente.

2.2.2. Insubsistencia del nombramiento en empleos de libre nombramiento y
remoción

En concordancia con lo expuesto en el acápite precedente, la Sala advierte que los
artículos 125 de la Constitución Política y 5 de la Ley 909 de 2004 establecieron

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

como regla general que la totalidad de los cargos de la administración pública deben
ser de carrera administrativa; sin embargo, existen algunas excepciones, entre las
que se encuentran los empleos de libre nombramiento y remoción. Esto quiere
significar que para los primeros el ingreso debe hacerse mediante el sistema del
mérito, mientras que para los segundos la administración goza de cierta libertad
para seleccionar y retirar a sus empleados, en atención a la trascendencia de las
funciones que desempeñan y al grado de confianza que se exige. En este último
caso, al nominador le está permitido disponer su provisión y retiro, incluso sin que
sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión.

En armonía con el anterior planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha
identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes:11 a) debe
existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad
expresamente; b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la
autoriza; y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

A su turno, el artículo 44 del CPACA establece que, en la medida en que el contenido
de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser
«adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y «proporcional» a los hechos
que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón para adoptar
la decisión, fundada en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo cual hace
que la discrecionalidad tenga como medida la «razonabilidad», y ello, de suyo,
comporta un límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.

En suma, la potestad discrecional se traduce en la voluntad libre de apreciación y
valoración de una autoridad administrativa, ejercida dentro del marco jurídico, de su
autonomía y de su competencia, para determinar y decidir un asunto concreto,
buscando siempre la consecución de un interés general y la satisfacción de los
derechos de los asociados, haciendo la ponderación respectiva.

11 Sentencia T-372 de 2012.

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

Según lo ha precisado la doctrina, la discrecionalidad tiene su fundamento en el
concepto de Estado Social de Derecho, puesto que atañe a elementos de
oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; en la circunstancia de que la ley
necesita ejecutarse; en la existencia de conceptos jurídicos indeterminados; y en la
progresiva actuación de la administración.

Por su parte, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, sostuvo que «[l]a competencia
para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y se efectuará mediante acto no motivado». En similar sentido, el
Decreto 1083 de 2015,12 modificado por el Decreto 648 de 2017, dispuso lo
siguiente:

Artículo 2.2.11.1.2. De la declaratoria de insubsistencia. En cualquier momento
podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la
providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el nominador de
nombrar y remover libremente sus empleados.
[…]. [Resalta la Sala].

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-686 de 2014, hizo un recuento de
la línea jurisprudencial trazada en torno a la posibilidad de declarar la insubsistencia
de nombramientos efectuados en empleos de libre nombramiento y remoción sin
necesidad de motivación y destacó los siguientes pronunciamientos:

En este sentido, la Sentencia C-443 de 1997, señaló:

“(…) la estabilidad “entendida como la certidumbre que debe asistir al empleado en
el sentido de que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones fijadas
por la ley en relación con su desempeño, no será removido del empleo”, es plena para
los empleos de carrera pero restringida o precaria para los de libre nombramiento
y remoción, “pues para éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus cargos
depende de la voluntad del empleador, quien goza de cierta discrecionalidad para
decidir libremente sobre estos asuntos, siempre que no incurra en arbitrariedad por
desviación de poder.
[…]

En igual sentido, en la Sentencia T-132 de 200713 se reiteró […]:

12 Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
13 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

“En efecto, la Legislación prevé que en ciertos casos no se requiere la motivación.
Esto sucede, por ejemplo, cuando quien se desvincula del servicio es un empleado
de libre nombramiento y remoción. Ha manifestado la Corte Constitucional que al
“tratarse de personas que ejercen funciones de confianza, dirección o manejo, la
permanencia en sus cargos depende, en principio, de la discrecionalidad del
nominador.”14 Este tipo de empleos suponen la existencia de estrechos lazos de
confianza de modo que “el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a
las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente
vigilancia y evaluación.”15

Bajo estas circunstancias, el nominador goza de un margen amplio de
discrecionalidad que no puede, desde luego, derivar en actuación arbitraria o
desproporcionada pero tampoco exige para que proceda el retiro que el acto de
desvinculación deba ser motivado. Ha sostenido la Corporación en numerosas
ocasiones que, “la falta de motivación del acto que desvincula a una persona que
ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción no es contrario a la Constitución.”16
Ha recalcado, además, que la no motivación de esos actos constituye “una excepción
al principio general de publicidad, sin que ello vulnere derecho fundamental alguno.”17

Con base en los anteriores lineamientos, la Corte Constitucional reiteró que la
desvinculación de los servidores de libre nombramiento y remoción puede realizarse
de forma inmotivada, ya que la escogencia para proveer esos empleos se basa en
razones de orden personal o de confianza.

Aunque la ausencia de motivación en tales casos es una excepción al principio de
publicidad, ello no vulnera garantías fundamentales, pues la facultad discrecional
no implica arbitrariedad. Además, ese margen de libertad debe estimarse como
adecuado en consideración a la naturaleza de las labores que desempeñan dichos
funcionarios y la cercanía con sus nominadores. En efecto, entre ellos debe existir
un alto grado de confianza, por cuanto se manejan asuntos de reserva y cuidado,
que involucran la toma de toma de decisiones de alta trascendencia e impacto.

En este orden de ideas, una vez efectuado el análisis armónico de las anteriores
normas y según lo expresado por el máximo tribunal constitucional, es viable
concluir que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados
de libre nombramiento y remoción es una facultad discrecional del nominador que

14 Así lo expresó en las sentencias C-514 de 1994, SU 250 de 1998 y C-292 de 2001.
15 Ver Sentencias C-195 de 1994, C-368 de 1999, C-599 de 2000, C-392 y C-1146 y C-392 de 2001.
16Sentencia T-222 de 2005.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-610 de 2003.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado,
no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación
del servicio público.

2.3. Hechos probados

• El 12 de septiembre de 2008, por Escritura Pública 3766, se reformaron los
estatutos sociales de EPC S.A. E.S.P.18

• El 24 de junio de 2015, a través del Acuerdo 005, la Junta Directiva de EPC S.A.
E.S.P. nombró al señor Manuel Eduardo Aljure Salame como gerente general, «por

un período de dos (2) años. Lo anterior, en los términos establecidos en la parte
considerativa del presente acto administrativo».19

• El 26 de enero de 2016, por Acta 65-2016, se aprobó el informe de gestión
presentado por el demandante en su condición de gerente de la sociedad
demandada. Además, la Junta Directiva le solicitó al actor su renuncia, conforme a
la Cláusula 39 de los estatutos societarios, pero este se negó a esta petición porque
«su período es de dos años, que no se han cumplido».20

• El 2 de febrero de 2016, mediante Acta 67/2016, la Junta Directiva de EPC S.A.
E.S.P. aprobó con votación unánime la remoción del actor como gerente general de

dicha empresa, para lo cual se invocaron las cláusulas 40 y 56 de los estatutos.21

• El 2 de febrero de 2016, por Acuerdo 001, se ejecutó la anterior decisión y,
mediante oficio sin número de esa fecha, se le comunicó el retiro al accionante.22

18 Folios 10 a 55.
19 Folios 66 a 67.
20 Folios 69 a 77.
21 Folios 83 a 86.
22 Folios 87 a 89 .

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Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El apelante solicitó revocar la decisión de primera instancia porque considera que
el acto que dispuso su desvinculación se encuentra viciado de nulidad por
desviación de poder, puesto que presuntamente desconoció su excelente
desempeño laboral, se expidió con fines ajenos al buen servicio y sin respetar la
estabilidad relativa de la que era beneficiario, toda vez que fue elegido como gerente
general de EPC S.A. E.S.P. por un período de 2 años.

Sin embargo, la Sala se aparta de la anterior conclusión por las razones que se
expondrán a continuación y que se centrarán en el análisis de cada uno de los
argumentos que fundaron la alzada.

2.4.1. Empleo de período fijo

El señor Manuel Eduardo Aljure Salame sostiene que el a quo no aplicó el principio
de favorabilidad que rige en materia laboral y desconoció la expectativa legítima que
le asistía de permanecer en el cargo de gerente general de EPC S.A. E.S.P. por el
término de 2 años, pues ello se derivaba de la interpretación de los estatutos
sociales y del Acuerdo 005 del 24 de junio de 2015, que lo designó en esa posición
por el referido período.

Esta Sala no comparte el aludido entendimiento, ya que de los estatutos o del
ordenamiento jurídico superior no es posible inferir que el accionante desempeñaba
un cargo de período fijo, por cuanto:

i) El Consejo de Estado se ha referido a los empleos de período fijo en los siguientes
términos:23

Esta clase de empleos tiene como fundamento, entre otros, los principios de
participación y el principio democrático, en el sentido de que facilitan el acceso a un

23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de diciembre de 2021, radicado 11001-03-06-000-

2021-00137-00 (2471).

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cargo público, porque permiten el cambio continuo de servidores públicos, y, a la vez,
velan porque las funciones se ejerzan de manera autónoma e independiente, «al
margen de los vaivenes políticos»24.

Los empleos de periodo fijo, por regla general, son institucionales, es decir, que la
persona debe permanecer en el cargo durante un tiempo objetivo, que atiende a una
fecha genérica establecida para todos los servidores públicos que se vinculen al
mismo cargo. El tiempo está delimitado de forma específica por la Constitución o la
ley, o es deducible de este marco jurídico. […]

De acuerdo con el anterior criterio, los empleos de período fijo se diferencian de los
demás cargos oficiales en que están delimitados temporalmente, esto es, tienen
una duración determinada. En efecto, dicho período se define como «el lapso que
la Constitución y la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública».25

ii) Esta corporación ha explicado que el cargo de gerente, como representante legal
de las empresas de servicios públicos oficiales, es de libre nombramiento y
remoción, al tenor de lo dispuesto por Ordinal 2, literal a) del artículo 5 de la Ley 909
de 2004.26 Igualmente, por disposición del artículo 440 del Código de Comercio,27
dicho servidor puede ser designado «por la junta directiva para períodos
determinados» y podrá ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier
tiempo, previsión que se replicó en la cláusula 40 de los estatutos sociales de EPC
S.A. E.S.P.

iii) Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial,
trazado por la Sección Quinta del Consejo de Estado a partir del análisis de las
normas antes citadas:28

[…] de conformidad con la remisión contenida en los artículos 19, ordinal 15, y 32 de
la Ley 142 de 1994, con lo señalado en el artículo 440 del Código de Comercio y en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 5, ordinal 2, letra a) de la Ley 909 de

24 Corte Constitucional, Sentencia T-014 de 2019.
25 Sentencia C-093 de 1994, proferida por la Corte Constitucional. Ver también del Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, sentencia del 3 de agosto de 2017, radicado 25000-23-25-000-2010-01028-01 (0219-13).
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de abril de 2022, radicado 54001-23-33-000-2020-00520-03.

27 En relación con la aplicación de las disposiciones del Código de Comercio sobre sociedades anónimas a las empresas

oficiales de servicios públicos domiciliarios, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 28
de abril de 2022, radicado 54001-23-33-000-2020-00520-03; y ii) del 6 de abril de 2017, radicado 54001-23-33-000-2016-
00118-01.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de abril de 2022, radicado 54001-23-33-000-2020-00520-03.

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2004, los representantes legales de las empresas oficiales de servicios públicos: i)
son servidores públicos de libre nombramiento y remoción sometidos a los
principios rectores de la función pública y a los regímenes de responsabilidad,
inhabilidades e incompatibilidades correspondientes a los servidores públicos; ii) su
nombramiento corresponde a las juntas directivas de tales empresas; iii) dicha
designación debe realizarse para un periodo determinado, iv) sin perjuicio de la
posibilidad de que dichas juntas puedan removerlos en cualquier tiempo.
Adicionalmente, v) estos cuerpos colegiados tienen la posibilidad de reelegir en el
cargo a quien lo viene desempeñando, vi) así como de encomendar la elección del
representante legal de la empresa a su asamblea general de accionistas. [Se resalta]

iv) Bajo este contexto, se concluye que cuando la cláusula 40 de los estatutos
sociales de EPC S.A. E.S.P. indicó que el «Gerente será designado por la Junta
Directiva para períodos de dos (2) años» no puede leerse en forma aislada, pues
seguidamente se señaló que sería «removible en cualquier tiempo». Esta previsión
resulta congruente con el ordenamiento superior, así como con la naturaleza de ese
empleo y las especiales responsabilidades que tiene asignadas en orden a
implementar las políticas organizacionales, planes y proyectos de la sociedad con
miras a actuar en el mercado en términos de eficiencia y competitividad.

v) El apelante sostuvo que su elección se hizo por un plazo determinado y no se
establecieron previsiones adicionales o contrarias al fuero de estabilidad que de ello
se derivaba; sin embargo, la Sala disiente de tal afirmación ya que en el plenario se
encuentra acreditado que la Junta Directiva de la empresa demandada, por Acuerdo
005 del 24 de junio de 2015, nombró al actor como gerente general, «por un período
de dos (2) años» y también indicó que tal designación se hacía «en los términos
establecidos en la parte considerativa del presente acto administrativo», en la que
también se citaron las cláusulas referidas a la posibilidad que tiene ese órgano de
remover en cualquier tiempo al representante legal de la empresa.

vi) El Consejo de Estado ha explicado que, salvo disposición legal, no es posible
predicar la existencia de un período fijo frente a un empleo de libre nombramiento y
remoción, por cuanto ello pugna con la naturaleza de este último y desconoce que
se trata de 2 clases de cargos «claramente diferenciados en la ley, que obedecen a

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razones o fundamentos distintos». Esta premisa se edificó sobre los siguientes
argumentos:29

[…] El empleo de período supone un tiempo para su ejercicio, sin que pueda ser
despojado su titular del término fijado por la ley, sino cuando operan causales
expresamente fijadas por el ordenamiento jurídico, que normalmente deviene de
sanciones judiciales o administrativas30. Tienen una estabilidad relativa que deriva del
derecho de permanecer por un tiempo, razón por la cual ocupan una posición
intermedia entre los empleos de carrera y los de libre nombramiento y remoción31.
Existe una garantía institucional en favor de este tipo de empleos inspirada en la
necesidad de asegurar la continuidad de la política pública, la ejecución de los planes
y programas, el modelo de gestión adoptado y los fines comprometidos con las
responsabilidades asumidas.

Por su parte, el empleo de libre nombramiento y remoción, como lo indica la Corte
Constitucional, se fundamenta “en un grado importante de confianza, la cual es
inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el
cuidado que requieren cierto tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se
toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata”32. Esta
característica le otorga al nominador la potestad de nombrar y retirar
discrecionalmente a su titular, por razones de necesidad, mérito o conveniencia
públicas. […].

Bajo el anterior lineamiento, la clasificación legal y estatutaria del cargo de gerente
que ocupaba el demandante en EPC S.A. E.S.P., como un empleo de libre
nombramiento y remoción, impide predicar la existencia de un período fijo en los
términos pretendidos.

Así las cosas, una lectura integral de las cláusulas 39, 40, 41 y 56 de los estatutos
de la sociedad demandada, transcritos en el marco normativo de esta providencia,
en concordancia con los artículos 5 de la Ley 909 de 2004 y 440 del Código de
Comercio, permite evidenciar que el empleo de gerente que desempeñaba el actor
era de libre nombramiento y remoción, no estaba amparado por fuero de estabilidad
alguno y su designación podía culminarse en cualquier momento con independencia
de que en el acto de nombramiento se hubiera hecho alusión al período de 2 años.

29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicado 11001-03-24-000-2015-00542-00.
30 La Sala se abstiene de transcribir la cita por cuanto el tema ha quedado ilustrado con suficiencia.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección "A". sentencia de 10 de febrero

de 2011. M. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad No.: 25000-23-25-000-2001-07885-01(1653-08).
32 Corte Constitucional. Sentencia No. C-514 de 1994. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

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En efecto, los estatutos y el legislador han sido enfáticos en reivindicar la posibilidad
de remover en cualquier tiempo a los gerentes de las empresas de servicios
públicos oficiales y sin que el aludido período sea oponible para el ejercicio de tal
potestad, criterio que también ha sido sostenido en anteriores oportunidades por
esta corporación.33

En igual sentido, esta Subsección ha indicado que el gerente de una empresa de
servicios públicos oficial es un empleado público de libre nombramiento y remoción,
cuya estabilidad es frágil en virtud de las delicadas funciones que desempeña, las
altas responsabilidades a su cargo y la confianza en él depositada.34

2.4.2. Desviación de poder

Entre las causales de anulación de los actos administrativos que consagra el artículo
137 del CPACA, está la desviación de poder que se configura cuando el elemento
teleológico del acto está viciado, esto es, cuando no se expide en aras del buen
servicio y de la correcta marcha de la administración, sino por móviles arbitrarios,
caprichosos, egoístas o injustos. Entonces, se podrá pedir la nulidad de un acto
administrativo cuando se dicta con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que lo profirió.

Como lo ha precisado la doctrina y la jurisprudencia, si bien el acto fue expedido por
órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue
fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico.35 Al respecto, el
doctrinante Tomás Ramón Fernández Rodríguez afirma que la desviación de poder
es un vicio determinante de anulabilidad del acto administrativo, toda vez que afecta
el fin como uno de sus elementos esenciales.

33 Al respecto se puede consultar la sentencia del 4 de agosto de 2002, proferida por la Sección Segunda, Subsección B,

radicado 19001-23-33-000-2016-00215-01 (0718-2019).
34 Sentencia del 23 de septiembre de 2019, radicado 52001-23-33-000-2013-00054-01(0992-15). En similar sentido

pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 21 de octubre de 2021, radicado 17001-23-33-000-2016-00010-01
(2869-19); y ii) del 9 de julio de 2015, radicado 25000-23-42-000-2012-00261-01 (0596-14).
35 Berrocal Guerrero, Luis Enrique Manual del acto administrativo, Librería ediciones del profesional LTDA., Bogotá,

Colombia, 2014, página 547.

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Para el mencionado autor, esta causal de nulidad es altamente reprochable porque
el titular de la potestad administrativa antepone un fin privado en el ejercicio de sus
funciones y, en forma correlativa, atenta contra el interés general. «En este caso
hay una verdadera apropiación de la organización y de sus instrumentos por un
sujeto privado, que hace querer a la Administración lo que ésta no puede
institucionalmente pretender, y ello para su exclusivo beneficio individual».36

Bajo este hilo de intelección, el vicio de nulidad analizado concierne a la intención
que tiene la autoridad para adoptar una decisión, encaminada a perseguir un fin
diferente al previsto por el legislador y, en su lugar, atender un propósito particular,
personal o arbitrario.37

Por su parte, la jurisprudencia ha manifestado que «demostrar la causal de
desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la
intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó
con fines distintos a los previstos por la norma».38

De esta manera, es a los accionantes a quienes les corresponde probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para
destruir la presunción de legalidad del acto acusado; 39 esta afirmación, atendiendo
a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, está determinada por
la regla contenida en el Código General del Proceso de que «incumbe a las partes
probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen».40

36 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón. Orden público y nulidad de pleno derecho. Revista de administración pública,

ISSN 0034-7639, N.° 59, 1969, págs. 71-128. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2111655
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Gustavo

Eduardo Gómez Aranguren, siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación número: 13001-23-31-000-2007-
00052-01(0105-12).
38 Sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de 23 de febrero de 2011, radicado interno: 0734-

10.
39 Sentencia del 16 de febrero de 2006, Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Jesús

María Lemos Bustamante. Radicación número: 25000-23-25-000-2002-08208-01(2485–04).
40 Artículo 167 del CGP.

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En lo que atañe al sub lite, se observa que el señor Manuel Eduardo Aljure Salame
ostentaba un empleo de libre nombramiento y remoción, como gerente de EPC S.A.
E.S.P., por lo que la Junta Directiva contaba con la facultad discrecional para

removerlo mediante un acto inmotivado y tal actuación se presumía ajustada a la
legalidad.

Inclusive, dicha potestad podía ejercerse ante la pérdida de confianza por parte del
nominador, pues esa clase de empleos revisten especiales responsabilidades y
profundas implicaciones al momento de tomar decisiones, por lo que debe existir
coordinación y el mejor entendimiento posible entre los funcionarios del más alto
nivel, quienes están a la cabeza de las entidades y deben velar porque la misión
institucional se cumpla en términos de eficiencia, oportunidad y conveniencia.

Es así como la Corte Constitucional ha explicado que «siendo la confianza un factor
determinante a la hora de vincular funcionarios en cargos de libre nombramiento y
remoción, su pérdida constituye una razón justificada para que la administración de
por terminada la relación laboral con el empleado público y de esta forma garantice
tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción del interés público».41

Al respecto, se observa que la Junta Directiva que nombró al demandante varió
mayoritariamente en cuanto a los miembros que la integraban, por lo que resultaba
razonable que esta nueva conformación incidiera en la vinculación del interesado,
en aras de que hubiera la mejor comunicación posible entre los dos órganos
principales de la sociedad, pues los estatutos se configuraron de manera en que
dichos estamentos colaboraran armónicamente para el cumplimiento del objeto
social de EPC S.A. E.S.P. Esta afirmación se sustenta en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.-
Corresponde a la Junta Directiva:
[…]

2. Nombrar y remover libremente al Gerente General, quien será el Representante
Legal de la sociedad, y sus suplentes, darles instrucciones y fijarles su remuneración,

41 Sentencia T-686 de 2014.

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todo sin perjuicio de la relación laboral existente y de los efectos legales laborales de
su vinculación o remoción. […].
18. Servir de órgano consultivo del Gerente;
19. Cooperar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios sociales;
20. Delegar en el Gerente alguna o algunas de las funciones que conforme a la ley
puedan ser delegadas;
[…]

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del
Representanta Legal, además de las señaladas en los presentes estatutos y en la ley,
las siguientes:

1. […] Elaborar para todas y cada una de las áreas y someter a la aprobación de la
Junta Directiva, los proyectos, planes, programas, reglamentos, presupuestos y
políticas generales y particulares de la sociedad […];

7. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas y de la Junta Directiva;

8. Diseñar la planta de personal, proponer a la Junta las políticas de personal y
estructura salarial de la Sociedad.

9. Nombrar a los empleados subalternos que se necesiten para el desarrollo y
administración de los negocios, señalarles su remuneración y atribuciones,
conforme a las políticas fijadas por la Junta Directiva, y removerlos cuando estime
conveniente.
[…]

12. Rendir cuentas comprobadas de su gestión a la Junta Directiva, al final de cada
ejercicio, cuando la misma Junta se lo exija y dentro del mes siguiente a la fecha
que se retire del cargo. […]

13. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, los
estados financieros e informes que sobre la situación financiera de la sociedad
exigen la ley y el literal D) del artículo 37 de estos estatutos. Tales documentos
deberán ser preparados por el Gerente para ser presentados a la Junta y podrán
ser formulados conjuntamente por el Gerente y la Junta, a la Asamblea General
de Accionistas; […]

16. Elaborar y presentar a la consideración de la Junta Directiva el presupuesto
anual de la sociedad, el plan anual de negocios, los planes estratégico, de acción,
de gestión y de resultados de corto, mediano y largo plazo;

18. Preparar y someter a la aprobación de la Junta los contratos de condiciones
uniformes […].

Las anteriores funciones evidencian la confianza y correcto relacionamiento que
debe existir ente la Junta Directiva y el Gerente de la entidad demandada, pues son
sus principales órganos de dirección y están encargados de determinar sus políticas

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y planes de acción. De esta manera, resulta imperioso que ambos desarrollen
armónicamente sus funciones y trabajen en forma mancomunada para conducir con
idoneidad los destinos de la empresa.

Así las cosas, no se puede concluir nada diferente a que el demandante, al estar
vinculado laboralmente con EPC S.A. E.S.P. en un cargo de libre nombramiento y
remoción, tenía una estabilidad precaria, la Junta Directiva podía removerlo en
cualquier momento sin necesidad de motivar el acto, pues se presume que fue
proferido para satisfacer el interés general y garantizar la buena prestación del
servicio público.

De otro lado, el interesado no allegó al plenario el acto de posesión ni la hoja de
vida de quien lo reemplazó para verificar si incumplía los requisitos mínimos para
el ejercicio del cargo o que tuviera calidades evidentemente inferiores a las suyas,
criterios que ha establecido esta corporación para determinar si la administración
se apartó de las normas que determinan las competencias de los nominadores para
designar a los servidores.42

2.4.3. Excelencia en el desempeño laboral

El señor Manuel Eduardo Aljure Salame sostuvo que su nombramiento fue declarado
insubsistente pese a que no existía una causa válida, en tanto cumplía cabalmente
sus funciones y metas, no tenía antecedentes disciplinarios, ni llamados de
atención.

Ahora bien, esta corporación y la Corte Constitucional en múltiples oportunidades
han explicado que la estabilidad de los servidores de libre nombramiento y remoción
no depende exclusivamente del adecuado desempeño laboral, ya que se trata de
personas que son vinculadas por razones personales y de confianza, por lo que el
nominador goza de un amplio margen de libertad para disponer su retiro y tal

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2015, radicado: 05001-23-31-000-

2002-00382-01 (0193-12).

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potestad también responde a las necesidades del servicio.

De esta manera, se ha explicado que la función pública exige que sus servidores
tengan calidades sobresalientes respecto a su formación moral, profesional y
experiencia, pero ello no elimina la potestad discrecional del nominador de remover a
sus funcionarios. En tal sentido, se ha sostenido lo siguiente:43

[…] el simple mérito personal y las ejecutorias44 aunque son elementos valiosos para
juzgar el posible abuso de la arbitrariedad, no son por sí solos fuente de inmunidad
contra el uso de la discrecionalidad por parte del nominador, sin perjuicio de que ese
buen servicio se vea menguado con el ingreso del reemplazo, y que en casos
excepcionales pueda tomarse como un indicio que, junto con otras manifestaciones y
señales, constituyan la prueba de la desviación de poder. Entonces, aunque no debe
descartarse que pueda haber desviación de poder en el uso de la facultad discrecional
por el retiro de empleados de libre nombramiento y remoción, su configuración es
asunto más exigente de lo que se piensa, pues la responsabilidad del nominador en
el éxito de su gestión, depende en gran medida de la posibilidad de ejecutar sus
políticas por el círculo más cercano de sus colaboradores que se identifican con ellas
y que por ser de confianza se mantienen en una relación laboral siempre precaria.
[…]
La meritoria hoja de vida tampoco otorga estabilidad en el empleo, ni es cierto, como
se sugiere en el proceso, que la carga de la prueba se invierte y que a la
Administración le corresponde probar que la desvinculación implicó una mejora del
servicio, pues ello llevaría a imponer la motivación a posteriori del uso de la
discrecionalidad y derrumbaría la presunción de legalidad y acierto que acompaña a
los actos de la administración.

A partir de este lineamiento, se concluye que el excelente desempeño laboral del
actor, así como el cumplimiento de sus funciones y metas no son suficientes para
reclamar un fuero de inamovilidad o impedir el ejercicio de la facultad discrecional
de remoción por parte del nominador.45

Finalmente, es preciso indicar que en el recurso de apelación se hizo un acápite
introductorio denominado «irregularidades de la notificación» en el que se afirmó
que el a quo no aportó a la notificación electrónica las dos primeras hojas de la

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de septiembre de 2010, radicado: 25000-23-25-000-

2001-12130-02 (1972-07).
44 Sentencias de 7 de diciembre de 1992, Sección Segunda, M.P. Alvaro Lecompte Luna; y 8 de junio de 1994, exp. 729,

M.P. Dolly Pedraza de Arenas
45 En similar sentido puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

20 de mayo de 2021, radicado: 47001-23-31-000-2012-00382-01 (1152-15).

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sentencia impugnada, equivocó el último número del expediente y afirmó que se
trataba de un fallo de segunda instancia; sin embargo, estas falencias no son
constitutivas de causal de nulidad al tenor del artículo 133 del CGP, ni afectaron la
garantía de doble instancia o la posibilidad de controvertir la decisión en comento,
es decir, que de ninguna manera se afectó el derecho al debido proceso; por el
contrario, el apelante pudo identificar el radicado correcto asignado al litigio,
presentó la alzada y la sustentó con explicación detallada de los motivos de
inconformidad frente al proveído recurrido. Además, el interesado no propuso
trámite incidental de nulidad. En consecuencia, el proceso se entiende saneado al
tenor de los numerales 1 y 4 del artículo 136 del CGP.46

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201647, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea

46 Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
[…]
4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,48 la Sala no condenará en costas
de segunda instancia a la parte demandante, por cuanto no se encuentran causadas
y, aunque se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto, la
entidad accionada no intervino en esta instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del demandante, razón por la que
deberá confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

48 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente

aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicación: 25000-23-42-000-2016-04041-02 (4127-2021)
Demandante: Manuel Eduardo Aljure Salame

Primero. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda incoada por el señor Manuel Eduardo Aljure Salame
contra Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado José Aicardo
Rubio López, quien representaba los intereses de la parte demandada.49

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Martha Mireya Pabón Páez como
apoderada de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y para los efectos
del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

49 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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