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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00125-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00125-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Tercero. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00125-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C, diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00125-02 (2639-2025)
Demandante: Adriana Marcela Ruiz González
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa

Temas: Declaratoria de insubsistencia. Empleado de Libre
nombramiento y remoción. Personal civil del Ministerio de
Defensa. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Adriana Marcela Ruiz González instauró demanda en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 666 del 29 de marzo de 2021,
mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento como asesora del sector
defensa, código 2-2, grado 22.

3. Como restablecimiento del derecho, que se ordene la reincorporación sin
solución de continuidad al cargo o a otro de superior categoría; el pago indexado de
lo dejado de percibir hasta la fecha en que se haga efectivo; la consignación de las
cesantías y los aportes de seguridad social en pensiones; el reconocimiento de los
gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios para ella y sus hijas asumidos
durante el retiro y que se condene en costas y agencias en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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4. Que el 17 de mayo de 2014 fue nombrada como asesora del sector defensa,
código 2-2, grado 22, por medio de la Resolución 2941.

5. Que en su matrimonio con el señor Jaime Andrés Polanco Barreto tuvo dos
hijas (Isabel y Sara Polanco Ruiz) y la menor fue diagnosticada con Lupus y afección
renal. Que el matrimonio terminó en el 2011 y conservó la custodia de ambas.

6. Que el 18 de marzo de 2021 la directora de Comunicación Sectorial la citó a
su despacho el día siguiente, pero cuando asistió fue atendida por la asesora de la
Secretaría General del Ministerio y le informó que el ministro necesitaba su cargo y
el de los asesores Juan Carlos Sierra y Gabriela Rodríguez, además, la requirió a
su oficina para imprimir y firmar la renuncia que ya estaba redactada.

7. Que decidió no suscribir el documento, aunque fue amenazada con la
declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, como efectivamente ocurrió el
29 de marzo de 2021, a través de la Resolución 666.

8. Que fue reemplazada por el señor Rodrigo Rieder Ospino, comunicador en
lenguajes audiovisuales; sin embargo, la mayoría de sus funciones fueron
cumplidas a través de un contrato con la firma «Alotrópico».

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

9. Considera vulnerados los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; 44 del
CPACA; las Leyes 909 de 2004 y 82 de 1993; los Decretos Leyes 2400 y 3130 de
1968; el Decreto 1950 de 1973 y la sentencia C-553 de 2010 porque de las labores
descritas en el manual de funciones se concluye que este no era de libre
nombramiento y remoción pues no era directivo, de manejo, conducción u
orientación política o institucional.

10. Que el acto debió ser motivado, pero, por el contrario, se ocultó su verdadero
fin: el nombramiento de otras personas por intereses políticos y no en favor del
mejoramiento en la prestación del servicio. Que existió abuso de poder y falsa
motivación. Que no se tuvo en cuenta su condición de madre cabeza de familia y,
especialmente, la emergencia sanitaria vigente para la época.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. El 14 de febrero de 2023 se admitió la demanda. La entidad expresó que el
acto administrativo fue expedido en ejercicio de la facultad discrecional de libre
nombramiento y remoción, pues, en los términos del numeral 2.° del artículo 6 del
Decreto 91 de 2007, los cargos que tengan asignadas funciones de asesoría en
materia directa o de apoyo a la seguridad y defensa tienen esta naturaleza y los
artículos 13 y 14 del mismo Decreto habilitan el retiro discrecional. Que el artículo
38 del Decreto 1792 del 2000 prevé las causales de retiro de personal civil del
Ministerio de Defensa y, entres estas, incluye la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento cuando el empleo tiene esta calificación.

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12. Que el ordenamiento presume la legalidad de los actos administrativos y, para
este tipo de decisiones, que son expedidos para el mejoramiento del servicio; por lo
tanto, la demandante debía expresar, concretar o especifica cuáles fueron los
verdaderos motivos presuntamente «ajenos» y tiene la carga de la prueba. Pero no
los especificó, ni los probó, por lo que no se encuentra demostrado que la entidad
incurrió en falsa motivación o desviación de poder.

13. En audiencia inicial del 20 de septiembre de 2024 se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas. El despacho tuvo por cierta la afirmación de la entidad
demandada en cuanto manifestó no disponer de antecedentes administrativos del
acto, pues correspondió al ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción,
por lo que negó el decreto de la prueba a través de exhorto. La parte demandante
presentó recurso de reposición y en subsidio apelación. Ambos fueron despachados
desfavorablemente, el primero durante la misma audiencia y el segundo mediante
auto del 11 de noviembre de 2024, emitido por este Despacho. En audiencia del 21
de marzo de 2025 se perfeccionó el recaudo de las pruebas documentales, se
practicaron las testimoniales y se corrió traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. Mediante sentencia del 22 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. Argumentó que el empleo de «asesor del
sector defensa, código 2-2, grado 22 del Ministerio de Defensa es de libre
nombramiento y remoción, según lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6 y 8 del
Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4891 de 2011. Por lo tanto, el ministro de Defensa
era su nominador y definía discrecionalmente si colmaba o no sus expectativas de
confianza para el desempeño del cargo, así mismo, el acto podía ser inmotivado.

15. Que, como lo establecen los artículos 25 y 26 del Decreto Ley 2400 de 1968 y
la jurisprudencia del Consejo de Estado, los empleados de libre nombramiento y
remoción pueden ser retirados por declaratoria de insubsistencia del nombramiento
sin motivación y se presume que está inspirado en razones del buen servicio, en
atención al alto grado de confianza que se requiere para su cargo, asociado a las
funciones de dirección u orientación institucional.

16. Que no probó la existencia de fines políticos ocultos o de cualquier otro distinto
al mejoramiento del servicio, por lo que no se advierte abuso o desviación de poder
ni falsa motivación. Afirmó que el cumplimiento de sus funciones o su excelente hoja
de vida no le creaba un fuero de estabilidad. En cuanto a la discutida condición de
madre cabeza de familia, dijo que no acreditó el cumplimiento de los presupuestos
jurisprudenciales previstos en la sentencia SU-388 de 2005, porque no demostró la
ausencia de alternativa económica ni la comunicación previa de esta circunstancia
al nominador.

17. Por último, que la solicitud de renuncia en ese tipo de empleos no supone una
coacción invencible.

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RECURSO DE APELACIÓN

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que la
entidad omitió el deber dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968,
según el cual, estaba obligada a consignar en la hoja de vida de la señora Ruiz
Gonzáles las razones y circunstancias que rodearon su separación del servicio.
Manifestó que en primera instancia el Tribunal se impuso una venda para auscultar
los vicios en la motivación del acto al no insistir en el decreto de la prueba por
exhorto de los antecedentes administrativos, decisión confirmada por el Consejo de
Estado.

19. Que, según el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades que
impera en las relaciones laborales, el empleo que ocupaba no era de libre
nombramiento y remoción sino de carrera, como se aprecia en el manual de
funciones y se concluye del testimonio del señor Juan Carlos Sierra, según el cual,
él era el único que tenía acceso al nominador y la señora Ruiz González
desempeñaba unas labores exclusivamente operativas. Agregó que no tomaba
decisiones importantes o asesoraba directamente al ministro.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. El 2 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio.

21. El Ministerio público solicitó que se confirme la decisión de primera instancia
pues comparte la conclusión de que el empleo que ocupaba la demandante era de
libre nombramiento y remoción1.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

22. De acuerdo con el recurso, el problema jurídico que debe resolver la
Subsección consiste en determinar la legalidad de la Resolución 666 del 29 de
marzo de 2021, especialmente, si el nombramiento del cual se declara la
insubsistencia correspondía o no a un empleo de libre nombramiento y remoción y
si debían consignarse los motivos de la decisión en la hoja de vida de la
demandante.

Marco normativo y jurisprudencial

Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento
y remoción

23. La Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determina que el retiro del servicio de
los cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria

1 Índice 8, Samai.

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de insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional2.

24. Al respecto, la Sección Segunda ha sostenido que: «[…] para el desempeño
de los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»3 (énfasis fuera de texto).

25. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a
los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa4.

26. En sentido similar, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción
de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia, al ser inmotivado, supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio 5.

De los empleos de libre nombramiento y remoción en el personal civil del
Ministerio de Defensa

27. El Decreto Ley 1792 del 2000, expedido en virtud de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 578 del mismo año, modificó el estatuto que
regula la administración de personal y estableció la carrera administrativa para los
servidores públicos civiles del Ministerio de Defensa Nacional. En el artículo 3.°
clasificó a los empleados de la entidad entre los que se encuentran en carrera
administrativa, los que cumplen funciones por un período fijo y los de libre
nombramiento y remoción.

28. El artículo 59 reiteró esta clasificación y precisó que, con excepción de los dos
últimos tipos de empleo (designados a través de nombramiento ordinario, en los
términos del artículo 44), todos los cargos de la planta de personal de la entidad son
de carrera administrativa.

2 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos

de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se
efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-

000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-
31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.

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29. La misma normativa estableció las causales de retiro del servicio en el artículo
38 y, entre estas, previó la declaratoria de insubsistencia por el ejercicio de la
facultad discrecional del nominador cuando se trate de empleados de libre
nombramiento y remoción (numeral 9, literal b). A su vez, el artículo 44 autorizó que
esta decisión sea inmotivada. El artículo 60 precisó cuáles son los empleos de
aquella naturaleza, así:

«Artículo 60. Empleos de libre nombramiento y remoción. Son empleos de libre
nombramiento y remoción, los siguientes:

1. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices. Esto es, los de Ministro de Defensa
Nacional, Viceministro, Secretario General, Comisionado Nacional para la
Policía Nacional, Jefes de Oficina Jurídica, Planeación y demás oficinas
asesoras, Directores y Jefes de Control Interno.

2. Los empleos de cualquier nivel jerárquico cuyo ejercicio implique
confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional,
asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los
siguientes funcionarios, siempre y cuando se encuentren adscritos a sus
respectivos despachos: Ministro de Defensa Nacional, Viceministro,
Secretario General, Comandante General de las Fuerzas Militares,
Comandantes y Segundos Comandantes de Fuerza, Jefe del Estado Mayor
Conjunto, Director y Subdirector General de la Policía Nacional.

3. También serán de libre nombramiento y remoción los empleos adscritos a las
Oficinas de Comando, de las unidades y reparticiones de inteligencia y de
comunicaciones, en razón de la necesaria confianza intuito personas,
requeridas en quienes los ejerzan, dado el manejo que debe dársele a los
asuntos sometidos al exclusivo ámbito de la reserva, del orden público y de la
seguridad nacional.

4. Los empleos cuyo ejercicio implique la administración y el manejo directo de
bienes, dineros o valores del Estado, esto es, pagadores, almacenistas,
tesoreros.

Parágrafo. También se considerarán de libre nombramiento y remoción aquellos
empleos que posteriormente sean creados y señalados en la nomenclatura con
una denominación distinta, que correspondan a los criterios señalados en el
presente artículo» (énfasis por fuera de texto).

30. Posteriormente, la Ley 1033 de 2006 estableció un régimen de carrera
especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa y en el artículo 2.° le confirió facultades extraordinarias al presidente de la
República para que expidiera normas con fuerza de ley que contengan las reglas
de carrera para el ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, estímulos,
evaluación del desempeño y retiro de estos servidores.

31. El ejecutivo ejerció esta facultad a través del Decreto Ley 91 del 2007, que
expresamente mantuvo la vigencia del Decreto Ley 1792 del 20006. El artículo 6.°
reiteró la clasificación de los empleos antes descrita y el 8 reguló los de libre
nombramiento y remoción en los siguientes términos:

6 «Artículo 92.Vigencia. El presente decreto tiene vigencia a partir de la fecha de su publicación, deja vigentes

las normas especiales contenidas en el Decreto-ley 1792 de 2000 y demás normas concordantes y afines y en
las disposiciones legales especiales de las entidades del Sector Defensa y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias».

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«Artículo 8°. Empleos de libre nombramiento y remoción. Son empleos de libre
nombramiento y remoción los siguientes:

1. Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, así como los que tengan
asignadas funciones de asesoría en materias directas o de apoyo a la
seguridad y defensa, así: Ministro, Viceministro, Superintendente, Gerente,
Presidente o Director General o Nacional de entidad descentralizada adscrita o
vinculada o de Unidad Administrativa Especial, Superintendente de Vigilancia y
Seguridad Privada, Superintendente Delegado, Secretario General,
Subgerente, Vicepresidente o Subdirector General, Nacional o Administrativo
de entidad descentralizada, adscrita o vinculada o de Unidad Administrativa
Especial, Director del Sector Defensa, Asesor de Defensa o Misional, Jefe de
Oficina del Sector Defensa, Obispo y Vicario Castrense, Subdirector o Auditor
del Sector Defensa, Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa.

2. Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan
asignadas funciones de asesoría institucional, profesionales, técnicas,
asistenciales o de apoyo, siempre y cuando tales empleos en los decretos de
planta, se encuentren adscritos a los siguientes despachos así:

a) Ministro, Viceministro y Secretario General;

b) Comandante General y Jefe de Estado Mayor Conjunto, de las Fuerzas
Militares;

c) Comandantes y Segundos Comandantes de Fuerza;

d) Director y Subdirector de la Policía Nacional;

e) Superintendente y Superintendente Delegado;

f) Jefaturas y Direcciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así
como Comandantes de Unidades, y Reparticiones de Inteligencia, Operaciones
y Comunicaciones en las Fuerzas Militares y su equivalente en la Policía
Nacional;

g) Director, Presidente o Gerente General de entidad descentralizada, adscrita
o vinculada;

h) Director de la Justicia Penal Militar, Director General Marítimo, Director
General de Sanidad Militar, Director General de Sanidad de la Policía Nacional,
o de quien haga sus veces;

i) Director de Investigación Criminal, o de quien haga sus veces. […]» (énfasis
fuera de texto).

32. Los artículos 13 y 14 reiteran que la provisión de estos empleos corresponde,
según el caso, a cada autoridad nominadora y, sin perjuicio de la discrecionalidad
que los caracteriza, deberán cumplirse los requisitos para el cargo y los factores de
seguridad, que prevalecen para la provisión.

33. Si bien los empleados que integran el personal civil del Ministerio de Defensa
gozan de un régimen legal autónomo, lo cierto es que conserva la clasificación
general de los empleos, entre estos, los de libre nombramiento y remoción. Para el
retiro de aquellos servidores, como es regla general, no se requiere motivación,
pues el ordenamiento presume que la decisión se orienta por el mejoramiento del

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servicio. En cuanto a su provisión, esta se efectúa a través de un nombramiento
ordinario que se funda en la confianza entre nominador y empleado, como permiten
concluir las reglas para su identificación, que fueron expresamente invocadas.

Resolución al caso concreto

34. La inconformidad de la demandante se centra en dos reproches. El primero
consiste en un aspecto fundamental para el análisis jurídico del caso: la naturaleza
del empleo del cual fue retirada la demandante.

35. Afirmó que, según el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades que impera en las relaciones laborales, el empleo que ocupaba no era
de libre nombramiento y remoción sino de carrera administrativa, como se aprecia
en el manual de funciones y se concluye del testimonio del señor Juan Carlos Sierra,
según el cual, él era el único que tenía acceso al nominador y la señora Ruiz
González desempeñaba unas labores exclusivamente operativas. Agregó que no
tomaba decisiones importantes o asesoraba directamente al ministro e invocó el
tratamiento de un empleado nombrado en provisionalidad.

36. Para la Sala, esta inconformidad no debe prosperar porque la señora Adriana
Marcela Ruiz Gonzáles fue nombrada «[…] en el empleo de Libre Nombramiento y
Remoción Asesor del Sector Defensa, Código 2-2 Grado 22, de la Planta Estructural
de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión
General – Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa “GSED”
y Bienestar […]»7 por medio de la Resolución 2941 del 17 de mayo de 2012.

37. Además de que expresamente calificó el empleo como de libre nombramiento
y remoción, el acto expresó que efectuaba un nombramiento «ordinario» e invocó
los artículos 13 y 14 del Decreto Ley 91 de 20078. También se allegó exposición de
motivos, donde se argumentó que, por tratarse de un empleo de «Asesor de
Defensa o Misional (sic)», era un empleo de esta naturaleza, de aquellos descritos
en el artículo 8 del Decreto Ley 91 de 20079.

38. Junto con el nombramiento, en la historia laboral se advierte el «formato
descripción de funciones específicas de empleados»10 con fecha del 19 de junio de
2012, que enlista las siguientes funciones:

«1. Asesorar al Ministerio de Defensa Nacional en el fortalecimiento de la
imagen corporativa de la institución.

2. Proponer y llevar a cabo el diseño y diagramación de las publicaciones
impresas tales como folletos, libros, revistas u otros.

3. Diseñar y diagramar en el sitio web, banners, galerías fotográficas virtuales.

4. Diseñar las presentaciones en power point y flash para el sector defensa.

7 Fl. 117, Historia laboral. Índice 45, Samai-Tribunales.
8
Ibid.
9 Fl. 119, ibid.
10 Fl. 121, ibid.

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5. Revisar y coordinar los procesos de pre prensa, impresión, acabados de los
productos que se entrega a la Imprenta Nacional.

6. Crear y desarrollar las piezas publicitarias o de difusión de campañas
institucionales: logos, pancartas, escarapelas, afiches, vallas, material POP,
entre otros.

7. Apoyar las funciones de prensa como transcripciones, monitoreo,
alimentación de la página web.

8. Asesorar en diseño gráfico a cada una de las dependencias que así lo
requieran.

9. Las demás que le sean asignada»

39. También se allegó el formato con fecha del 22 de febrero de 2021, en el cual
se destaca el deber de «[…] 3. Asesorar, proponer y acompañar campañas de
difusión de temas del sector Defensa»11. De modo que se cumplen los criterios
descritos en el artículo 60 del Decreto Ley 1792 del 2000 para considerar que el
empleo era de libre nombramiento y remoción, toda vez que tenía funciones de
asesoría institucional y estaba adscrito a un viceministerio; así como las previsiones
del artículo 8 del Decreto Ley 91 de 2007, que conservó el mismo criterio en el
numeral 2°.

40. En apoyo, el Decreto 92 de 2007, que modificó el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos del sector defensa, dispone que el empleo de «asesor
del sector, código 2-2, grado 22» integra el nivel «asesor», que el artículo 6.°
describe como aquel que: «Comprende los empleos que tengan asignadas
funciones de asistencia en materias directas o de apoyo con la seguridad y defensa,
incluida el área misional de salud, así como las de aconsejar y asesorar a la alta
dirección del Sector Defensa, y a los servidores públicos uniformados y no
uniformados, de las entidades y dependencias que conforman el Sector Defensa».

41. La recurrente insistió en que la lectura de sus funciones y el testimonio del
señor Juan Carlos Sierra12 permiten concluir que cumplía con labores operativas y
no tenía un rol de dirección. Sin embargo, además de que el testigo reconoció que
él y la demandante ocupaban empleos de libre nombramiento y remoción13, su
relato no da cuenta de las circunstancias en que la demandante cumplía sus
funciones ni mucho menos sobre su rol en la entidad.

42. De manera que, aun si se dejara de lado el carácter estrictamente reglado que
caracteriza el empleo público y su calificación jurídica, no existe prueba de que, en
la práctica, desempeñó funciones propias de un cargo de carrera y no uno de libre
nombramiento y remoción. En otras palabras, incluso si la presente decisión aplicara
el principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades», como lo solicita en
el recurso, lo cierto es que no se probó contradicción alguna entre la realidad y las
formalidades.

11
Fl. 122, Ibid.
12 Minuto 12:30 en adelante, audiencia de pruebas. Índice 60, Samai-Tribunales.
13 Minuto 19:00, Ibid.

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43. El segundo reproche versa sobre la omisión del deber de consignar en la hoja
de vida de la demandante las razones y circunstancias que rodearon su separación
del servicio, previsto en el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968. Adujo que esto
es fundamental para conocer (aunque de forma posterior y sumaria) las causas del
acto para controvertirlo.

44. Para la Sala, basta con advertir tres ideas por las cuales este reparo no
prospera: i) este asunto no hizo parte del concepto de violación de la demanda y,
en virtud del principio de congruencia, no hay lugar a estudiarlo en esta instancia; ii)
aún si se tuviera como un argumento en relación con el presunto abuso o desviación
de poder, ninguna norma del régimen aplicable a los empleados públicos civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa contiene este obligación y iii) incluso en el
marco del régimen general del empleo público, la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha insistido en que esta omisión no constituye un elemento de validez del
acto o un presupuesto para su eficacia, pues se trata de un deber que se cumple
con posterioridad a la expedición del acto y que, máximo, podría comprometer la
responsabilidad disciplinaria del competente14.

45. Como no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de noviembre de 2025. Rad. 25000-

23-42-000-2013-05185-01 (4154-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-23 33-000-2016-01374-01 (1500-
2021). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

10
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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2022-00125-02 (2639-2025)

49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Tercero. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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