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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01432-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-01432-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de julio del 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió el señor Sergio Jaramillo Marín en contra del Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez” E.S.E. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2019-01432-01 (2345-2025) Demandantes: Sergio Jaramillo Marín serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-01432-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-01432-01 (2345-2025)
Demandante: Sergio Jaramillo Marín
Demandado: Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez”
E.S.E.
Llamado en garantía: La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Tema: Empleado de libre nombramiento y remoción. La
“renuncia protocolaria" es una figura legal y propia de
este tipo de vínculos laborales.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
actora contra la sentencia del 18 de julio del 2025, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones nro.
384 G del 12 de agosto de 2016, por medio de la cual se aceptó la renuncia
presentada por el demandante al cargo de subgerente de Procesos Administrativos
y Financieros del hospital demandado y 399 del día 22 de ese mismo calendario,
que reconoció y ordenó el pago de sus prestaciones sociales.

3. Como restablecimiento del derecho se exigió el reintegro al citado empleo y/o a
otro de mayor categoría con el consecuente pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir durante el tiempo cesante.

4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

5. El actor se vinculó al ente accionado el 2.° de enero de 2008 en el cargo de
director Comercial y de Servicios Generales -luego denominado director de Apoyo
Logístico-.

1 Con tales fines se consultó la demanda inicial -visible a folios 1 a 9 del cdno. principal- y su respectiva reforma

-folios 352 a 364 del cdno. nro. 2-.

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Demandantes: Sergio Jaramillo Marín

6. Posteriormente, y luego de superar el proceso de selección de méritos
adelantado por una empresa particular -AMROP TOP MANAGEMENT-, fue
designado en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado subgerente
de Procesos Administrativos y Financieros, cargo que ocupó hasta el 12 de agosto
de 2016. Durante este ejercicio cumplió con sus actividades con responsabilidad,
diligencia y eficacia y nunca recibió llamados de atención sobre el particular.

7. El 4 de agosto de 2016 se posesionó un nuevo gerente en el hospital, quien el
12 de agosto siguiente le exigió al demandante renunciar a su cargo para no
declarar insubsistente su nombramiento. Por ende, la aludida dimisión fue producto
de la presión del nominador y no de una decisión libre y voluntaria de su parte.

8. Ese mismo día, el actor entregó el cargo a la tesorera del hospital, pese a que
esta no tenía la competencia para recibirlo. Posteriormente se le comunicó la
Resolución que aceptaba su renuncia, en la que se consignó falsamente que esta
había sido voluntaria.

9. Luego se expidió el acto administrativo que liquidó sus prestaciones sociales y
en él se reiteró esa supuesta voluntariedad y, por demás, se le otorgó efectos
jurídicos a la dimisión antes de que el acto hubiera sido notificado, contrariando la
normativa aplicable.

10. Adicionalmente, pese a no cumplir con los requisitos que tal empleo
demandaba, la tesorera fue encargada como subgerente y permaneció en tal
ocupación por un término superior al previsto en la ley. Incluso, ese cargo
permaneció vacante durante un tiempo prolongado, lo que demostró que la
desvinculación no obedeció a necesidades del servicio.

11. La solicitud de renuncia no fue un hecho aislado, sino que hizo parte de una
decisión del gerente de exigir la salida de varios funcionarios del nivel directivo, lo
que generó cuestionamientos por parte de la Junta Directiva y del alcalde de
Medellín, quienes consideraron que tal accionar implicó despidos encubiertos y
contrarios a las directrices de la administración pública.

12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 2.°, 3.°, 6.°, 25, 53, 95 y 125 de la Constitución Política; 299
de la Ley 4.ª de 1913; 27 del Decreto 2400 de 1968; 110 al 116 del Decreto 1950
de 1973. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que:

13. La facultad discrecional fue ejercida de manera indebida, pues se presionó al
demandante para que renunciara a su empleo, lo que vulneró su derecho a
permanecer en el servicio público. La dimisión perdió el carácter libre y voluntario
exigido en el artículo 27 del Decreto 2400 de 1968, lo que vicia su legalidad.

14. Se configuró la desviación de poder, toda vez que la autoridad accionada utilizó
su competencia con fines distintos a los previstos por la normativa vigente, sin que
existiera un interés general que justificara esa determinación. Asimismo, se

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presentó la falsa motivación, pues los actos administrativos señalaron
erróneamente que la renuncia fue voluntaria.

15. Contestación de la demanda2. Oportunamente la accionada se opuso a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos.

16. Adujo que el gerente del hospital goza de la facultad discrecional para conformar
su equipo de trabajo con las personas de su entera confianza, por lo que puede
disponer de los empleos de libre nombramiento y remoción.

17. En tratándose de cargos de esta naturaleza no opera la misma estabilidad
laboral que se predica de otras formas de relación de trabajo. Por ende, como el
actor desempeñaba un cargo de confianza y manejo, podía ser retirado del servicio
sin la necesidad de que el acto contentivo de esa orden fuera motivado.

18. En consecuencia, y a pesar de que el demandante fue vinculado luego de
superar un proceso de selección adelantado por el hospital, tal situación no mutó la
naturaleza del cargo ni mucho menos limitó la potestad discrecional que, en torno
al retiro del servicio, ostenta el respectivo nominador.

19. Sostuvo que en su reemplazo fue encargada la tesorera de la entidad hasta
tanto se adelantara el respectivo proceso de selección, en el que la institución
analizaría varias hojas de vida antes de proveer definitivamente ese empleo. Sin
embargo, alegó que de tales hechos no se puede inferir la causal de nulidad de
desviación de poder.

20. Finalmente, la demandada llamó en garantía a la Previsora S.A. Compañía de
Seguros, quien contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones insertas en ella3.

21. Sentencia de primera instancia4. Es la dictada el 18 de julio de 2025, a través
de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la
demanda. Con tales fines, concluyó que:

22. El demandante prestó sus servicios al ente accionado entre los años 2008 y
2016 y el último cargo que ocupó correspondió al de subgerente de Procesos
Administrativos y Financieros, empleo de libre nombramiento y remoción al que
accedió previa superación del proceso de selección adelanto por el hospital. El 12
de agosto de 2016, el nuevo gerente le solicitó renunciar a su cargo, dimisión que
fue presentada y aceptada ese mismo día mediante uno de los actos administrativos
demandados.

23. No se desvirtuó la presunción de legalidad de las decisiones cuestionadas, pues
el empleo desempeñado por el accionante habilitaba al nominador para ordenar en

2 Ver folios 532 a 546 del cuaderno nro. 2.
3 Folios 22-47 del cuaderno de “llamamiento en garantía”.
4 Ver índice 47 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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cualquier momento su desvinculación, en orden a conformar el equipo de trabajo
que lo ayudaría a cumplir con su plan de gestión. En consecuencia, el hecho de que
el actor hubiera accedido a esa ocupación con base en el mérito no elimina el
componente subjetivo de confianza necesario para su permanencia en la función
pública.

24. Aunque el demandante desempeñó a cabalidad las actividades que le fueron
encomendadas, tal circunstancia no produce la estabilidad laboral reclamada, ni
limita la facultad discrecional del nominador. En este contexto, la solicitud de
renuncia es una práctica válida que no refleja coacción ni vicia la voluntad del
trabajador, por lo que no se configuró el cargo de falsa motivación.

25. Los reparos relacionados con el encargo prolongado de la que fue destinataria
la tesorera de la institución y/o la salida simultánea de otros funcionarios del nivel
directivo no demostraron la desviación de poder, pues tales movimientos son
consustanciales y normales ante los cambios de administración.

26. EL hecho de que el acto administrativo que aceptó la renuncia se ejecutó sin
ser notificado previamente al demandante no genera su nulidad, sino que, por el
contrario, afecta su eficacia. Con todo, el propio demandante demostró que tenía
conocimiento de aquel, por lo que no se avizora ninguna ilegalidad, pues se produjo
la notificación por conducta concluyente.

27. Recurso de apelación5. Oportunamente el apoderado de la parte demandante
recurrió la anterior decisión en los siguientes términos:

28. El fallo incurrió no analizó adecuadamente la normativa aplicable ni valoró
integralmente las pruebas incorporadas a la actuación, lo que condujo a negar las
pretensiones de la demanda, a pesar de que se probaron las causales de falsa
motivación y desviación de poder.

29. En cuanto a la falsa motivación argumentó que la supuesta renuncia no fue libre
ni espontánea, sino producto de una orden directa del nominador, lo que desvirtuó
su naturaleza jurídica. Adujo que se trató de un despido encubierto, presentado
formalmente como dimisión para aparentar su legalidad. Esta circunstancia se
encuentra acreditada con las pruebas documentales y testimoniales recopiladas e
incluso la entidad demandada reconoció este hecho al contestar la demanda.

30. Respecto a la desviación de poder señaló que la facultad discrecional fue
ejercida con fines distintos al mejoramiento del servicio. Que tal circunstancia se
evidenció porque: (i) el empleo fue provisto mediante un encargo ilegal que recayó
sobre una funcionaria vinculada en provisionalidad y que además no cumplía con
los requisitos para ocuparlo; (ii) dicha figura se extendió por un término superior al
legal; y (iii) no existían razones de confianza o conveniencia para ordenar la

5 Ver índice 54 ejusdem.

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desvinculación laboral, máxime porque el demandante demostró un desempeño
sobresaliente en el cargo.

31. Sostuvo que la facultad discrecional del nominador frente a los empleos de libre
nombramiento y remoción no es arbitraria y está limitada por la ley, la satisfacción
del interés general y el mejoramiento del servicio público. Que en este caso la
entidad accionada adoptó criterios meritocráticos para la provisión de esos cargos
directivos, lo que relativiza el factor de confianza como fundamento exclusivo para
ordenar el retiro.

32. Reprochó que el a quo omitiera valorar las pruebas relevantes que daban
cuenta de que la dimisión fue previamente exigida y que la desvinculación no tuvo
por finalidad mejorar el servicio.

33. Concluyó que la actuación administrativa desconoció los principios de la función
pública, en particular la legalidad, la moralidad y la prevalencia del interés general,
pues ordenó el retiro de un funcionario idóneo y lo reemplazó con una persona que
no demostró el cumplimiento de los requisitos que tal empleo demandaba.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

34. La admisión de los recursos. Mediante auto de 29 de agosto de 20256 se
admitió el recurso de apelación.

35. Dentro de la oportunidad de ley intervinieron la aseguradora llamada en
garantía7 y la Agente del Ministerio Público Delegada ante esta corporación8,
quienes solicitaron confirmar la sentencia impugnada.

36. La primera de ellas alegó que la alzada carece de técnica jurídica, pues antes
que exponer los errores en que incurrió el fallo, reiteró los argumentos izados en la
demanda y en los alegatos de conclusión de primera instancia. Además, argumentó
que el juez de primer grado resolvió adecuadamente el problema jurídico, para lo
cual pregonó que no se acreditaron las causales de nulidad señaladas en la
demanda.

37. La segunda interviniente advirtió que el acto administrativo sometido a juicio se
dictó conforme a los lineamientos normativos y jurisprudenciales vigentes, por lo
que no se avizoraba ninguna nulidad en él.

38. Control de legalidad9. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

6 Ver índice 5 de la plataforma SAMAI.
7
Actuación visible en el índice 00011 ib.
8 Ver índice 12, ib.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

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Demandantes: Sergio Jaramillo Marín

II. CONSIDERACIONES

39. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,10 esta Sala de
Subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

40. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados en la
alzada, se deberá establecer si

41. ¿El acto administrativo demandado está falsamente motivado porque la
renuncia presentada por el actor no fue libre, voluntaria, ni espontánea?

42. ¿La decisión cuestionada adolece de desviación de poder, pues la facultad
discrecional fue ejercida con fines distintos al mejoramiento del servicio, el cual se
evidenció por el hecho de que el empleo fue provisto mediante un encargo ilegal
con una persona que no cumplía los requisitos legales?

43. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

44. La renuncia como causal de retiro del servicio de los empleados públicos.

45. El literal b) del artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 1968 11 estableció que la
cesación definitiva de funciones opera, entre otros casos, en virtud de una renuncia
regularmente aceptada. A su turno, el artículo 27 ejusdem., dispuso que la dimisión
se produce cuando el servidor público manifiesta por escrito y de forma inequívoca
su voluntad de separarse de la función pública, evento en el que deberá precisar la
fecha de su retiro. Se señaló, además, que la ausencia de esta última determinación
resta valor jurídico a ese acto.

46. Por su parte, el Decreto 1950 de 1973, “Por el cual se reglamentan los decretos
leyes 2400 y 3074 de 1968 […]”, preceptuó:

«ARTICULO 111. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015> La renuncia se produce cuando el empleado
manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse
del servicio.

ARTICULO 112. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.4 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015>Si la autoridad competente creyere que hay
motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá
solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras

disposiciones».

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ARTICULO 113. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.5 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015> Presentada la renuncia, su aceptación por
la autoridad competente se producirá por escrito y en la providencia correspondiente
deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a
treinta (30) días de su presentación.

Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre
la renuncia, el funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en
abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la
renuncia no producirá efecto alguno.

ARTICULO 115. <Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.7 del Decreto Único
Reglamentario 1083 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
3.1.1 del mismo Decreto 1083 de 2015> Quedan terminantemente prohibidas y
carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, o sin fecha determinada, o
que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipación en manos de la
autoridad nominadora la suerte del empleado».

47. Por tratarse de un acto que proviene del trabajador, la renuncia debe reflejar su
voluntad inequívoca y, en todo caso, debe ser consciente y ajena a todo vicio de
error, fuerza (coacción física o moral) o dolo que pueda cercenarla o constreñirla.12

48. Por tanto, su ejercicio no debe estar precedido de presiones externas, por ser
fruto de la libertad de quien lo practica. Presentada de este modo, la dimisión debe
ser aceptada, pues así lo disponen las normas referidas en el párrafo que precede.
En caso contrario, carece de validez por contrariar la libre voluntad que debe
antecederle.

49. La Ley 909 de 2004 preservó la «renuncia regularmente aceptada» como causal
de retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción y de los adscritos a la
carrera administrativa.13 Respecto del concepto de renuncia y los efectos de su
aceptación, la Subsección “B” de esta Sección expresó:

«[…] Es pertinente destacar que, dentro de las causales de retiro del servicio, se
encuentra la renuncia regularmente aceptada de un empleo público, entendida ésta
como la manifestación espontánea y voluntaria de separarse definitivamente del
ejercicio de la función pública. Sea la oportunidad para señalar que el acto
administrativo que acepta la renuncia, reconoce efectos jurídicos irrevocables, y,
además, goza de presunción de legalidad».14

50. De cara a lo expuesto, la renuncia a un cargo público es el resultado de una
manifestación escrita e inequívoca del funcionario de culminar el ejercicio de sus
funciones, de tal suerte que dicho acto debe reflejar su voluntad indiscutible de
retirarse del empleo, esto es, constituir una expresión consciente y ajena a todo vicio
de error, fuerza y/o engaño.

12 Sección Segunda. Subsección A. Expediente: 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). Sentencia de
fecha 22 de febrero de 2018. Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
13 Ver artículo 41, literal d).
14 Sentencia de 1° de junio de 2017, radicación número 25000-23-42-000-2014-02869-01 (4778-15) M.P.

Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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51. La renuncia protocolaria de los empleados de libre nombramiento y
remoción.

52. Por su naturaleza, los empleos de libre nombramiento y remoción están
permanentemente supeditados a la «renuncia protocolaria», figura según la cual el
servidor público deja en total libertad al nominador para reorganizar su equipo de
trabajo -normalmente vinculado al nivel directivo- y escoger a las personas que, en
una determinada coyuntura, son las más idóneas para ejercer el cargo.

53. Se le denomina así, en razón a que su presentación deviene por solicitud de la
administración, petición que, según lo ha entendido la jurisprudencia de esta
corporación refleja un acto de cortesía del respectivo nominador, en tanto pretende
evitar el uso de la facultad discrecional con que se cuenta frente a esos puestos de
trabajo.

54. Sobre este particular, esta Subsección15 se pronunció en los siguientes
términos:

«[…] Acerca de la renuncia protocolaria, esta Corporación, en fallo de 19 de octubre
de 201716, precisó:

La renuncia protocolaria se produce por la voluntad inequívoca del funcionario de
dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia respectiva,
designando a las personas que a su juicio sean las más idóneas para el ejercicio del
cargo. Asimismo, respecto de la solicitud de la renuncia, ha dicho esta corporación,
que esta conducta por parte de la administración se acostumbra a realizar como un
acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra
investido el nominador, máxime cuando se halla frente a un empleado que no goza
de fuero de estabilidad.

Así, en sentencia del 25 de marzo de 2010, la Subsección A de la Sección Segunda
de esta corporación, consideró:

Esta situación se ha denominado jurisprudencialmente como RENUNCIA
PROTOCOLARIA, con la cual se busca dejar en libertad al nominador para
que tome las medidas que considere pertinentes frente al personal directivo
o de confianza, sin necesidad de recurrir al retiro del servicio mediante la
declaración de insubsistencia.17

También se ha sostenido de tiempo atrás, que tratándose de cargos de alto nivel,
de libre nombramiento y remoción, la insinuación de la presentación de la renuncia
no es ilegal, pues ello obedece, en razón de la naturaleza del cargo, a la posibilidad
de la máxima autoridad de la entidad de conformar su equipo de trabajo y de
permitirle al funcionario una salida ajena a cualquier connotación negativa. De igual
manera, tal práctica (la solicitud de renuncia) por parte del nominador, no constituye
una conducta desviada, atendiendo el rango y las atribuciones de responsabilidad y
confianza que deben manejar quienes ocupan dichos cargos”.

15 Sección segunda, subsección B, expediente 68001-23-30-000-2017-00228-01 (3365-2021), C.P. Carmelo

Perdomo Cuéter.
16 Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 25000-23-25-000-2011-00056-01 (1102-

2013), consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
17 Radicado interno 7716-2005, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Demandantes: Sergio Jaramillo Marín

55. La renuncia protocolaria puede ser presentada por el empleado sin ser
requerido por el nominador; sin embargo, en caso de que ello no ocurra, este puede
pedirla sin que tal proceder sea interpretado como un acto de persecución o presión
en contra del trabajador, pues un cargo de esa estirpe no genera fuero de estabilidad
laboral como el que se pregona de los empleados en carrera administrativa o en
provisionalidad y, por el contrario, «[…] se encuentra bajo el imperio de una potestad
discrecional de libre nombramiento y remoción y, en consecuencia, en una situación
de confianza distinta de la que se advierte en los demás niveles de la
administración»18.

56. La jurisprudencia ha precisado que la solicitud de renuncia a un funcionario de
libre nombramiento y remoción es una deferencia del empleador, que le garantiza
una salida decorosa de su empleo y evita la declaratoria de insubsistencia del
respectivo nombramiento.

57. Como se aprecia, el grado de especial confianza ínsito en estos cargos, avalan
el ejercicio de la potestad discrecional tanto para garantizar el ingreso a la función
pública, como para solventar su retiro. Así entonces, esa misma libertad se predica
frente a la solicitud de renuncia, la cual, como ya fue dicho, no es ilegal ni comporta
desviación de poder de la administración.

58. Con fundamento en todo lo estudiado hasta aquí, esta Sala resolverá los
interrogantes formulados en acápite anterior.

59. Caso concreto. La resolución de los interrogantes planteados.

60. Primer interrogante: ¿El acto administrativo demandado está falsamente
motivado porque la renuncia presentada por el actor no fue libre, voluntaria, ni
espontánea?

61. En primer lugar, se precisa que en la fecha en que actor renunció, el empleo
que ocupaba correspondía al de subgerente de Procesos Administrativos y
Financieros, el cual estaba clasificado como de libre nombramiento y remoción. Este
aspecto no fue objeto de controversia en el proceso, pues ambas partes coincidieron
en reconocer esa naturaleza.

62. Ahora bien, en relación con la afirmación del apelante según la cual su dimisión
obedeció a una solicitud previa del nominador, se advierte que este hecho fue
aceptado en la contestación de la demanda y corroborado por los testigos Jorge
Uriel Urrego, Fernando López Álvarez, Jesús Efrén Marulanda, Leopoldo Giraldo
Velásquez, John Jaime Zuluaga y Adriana Marcela Fontalvo19. Esos declarantes
coincidieron al señalar que en el mes agosto del año 2016 el nuevo gerente del
hospital, señor Jesús Eugenio Bustamante, le solicitó la renuncia a varios servidores

18 Sección Segunda. Subsección B. Expediente 25000-23-25-000-2009-00417-01 (2805-13). Sentencia de
fecha 25 de noviembre de 2019. Consejero ponente: César Palomino Cortés.
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2 que contiene enlace drive del expediente – archivos 011, 012 y 013.

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del nivel directivo de la institución, entre esos el demandante. Además, indicaron
que se trató de una situación de conocimiento general, que provocó
inconformidades y reparos por parte de la Junta Directiva del Hospital, en la medida
en que para ese momento existían Acuerdos internos que ordenaban que los cargos
directivos debían ser provistos mediante criterios de meritocracia y procesos de
selección.

63. No obstante, el testigo Jorge Uriel Urrego, quien se desempeñaba como
secretario de la Junta Directiva del ente accionado precisó que dichos Acuerdos
fueron revocados, al considerar que no era posible limitar la facultad discrecional
del gerente para efectuar nombramientos en cargos de libre nombramiento y
remoción. En el mismo sentido, señaló que, aunque tales dispositivos fueron
respetados por administraciones anteriores, no tenían la virtualidad de derogar la
facultad discrecional que, con fines de retiro del servicio ostentan los gerentes de
los hospitales frente a los empleos de aquella naturaleza.

64. Si bien los anteriores testimonios dan cuenta de que el gerente de la época
solicitó la renuncia a varios directivos, dicho requerimiento no configura un
constreñimiento del cual la parte actora no pudiera sustraerse, por cuanto: i) no
estuvo mediado por coacción moral o física irresistible que lo obligara a presentarla
y; ii) provino de quien ostentaba la potestad legal para hacerlo, en ejercicio de la
libertad con que contaba para reorganizar la entidad a su cargo y conformar el
equipo de trabajo que estimara más idóneo para el cumplimiento de su gestión.

65. En consecuencia, la Sala no advierte irregularidad alguna en la actuación
desplegada por el entonces gerente de la demandada, en la medida en que se trata
de una práctica legítima y admitida en la administración pública respecto de los
cargos de libre nombramiento y remoción.

66. Dicho accionar se ajusta al ejercicio de la facultad discrecional que, por cierto,
no puede ser reducida por los Acuerdos de la Junta Directiva que habían previsto el
adelantamiento de procedimientos de selección para proveer esos cargos, en tanto
la ley está por encima de ellos. En tal sentido, el nominador puede disponer con
libertad sobre el particular, sin que le sea exigible motivación alguna, ni resulte
determinante el buen desempeño de las funciones invocado por el accionante.

67. Al respecto, la Subsección “B” de esta Sección ha considerado que la solicitud
o insinuación de renuncia por parte del empleador frente a este tipo de servidores
no afecta la legalidad de los actos que disponen su retiro ni infringe el artículo 27 de
Decreto 2400 de 1968, pues dicha facultad obedece a la oportunidad que la ley le
otorga para reorganizar su equipo de trabajo y escoger al personal que, en la debida
oportunidad, es el más apto para realizar la función respectiva.20

20 Sección Segunda, Subsección B, Sentencia 25 de noviembre de 2019, Rad.: 25000-23-25-000-2009-00417-

01 (2805-2013) Consejero Ponente César Palomino Cortés.

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68. Así las cosas, no está acreditado que la petición de renuncia hubiese estado
acompañada de un acto de constricción que limitara el ejercicio de la voluntad de la
parte activa. Contrario a ello, se demostró que la actuación del otrora empleador se
ajustó al protocolo que en este tipo de situaciones se sigue para facilitar la
conformación de un nuevo grupo de colaboradores. En consecuencia, la dimisión
protocolaria se avino a parámetros aceptables y predicables frente a los empleados
de libre nombramiento y remoción. De cara a lo expuesto, la respuesta a este
planteamiento es negativa.

69. Segundo interrogante: ¿La decisión cuestionada adolece de desviación de
poder, pues la facultad discrecional fue ejercida con fines distintos al mejoramiento
del servicio, el cual se evidenció por el hecho de que el empleo fue provisto mediante
un encargo ilegal con una persona que no cumplía los requisitos legales?

70. El demandante alegó que la persona designada en su reemplazo, bajo la figura
del encargo, no cumplía con los requisitos que tal empleo exigía y que,
adicionalmente, no podía ser titular de esa situación por ostentar un nombramiento
en provisionalidad.

71. Al respecto, la Sala advierte, en primer término, que la jurisprudencia de esta

corporación21 ha destacado que la causal de nulidad desviación de poder se asocia
y/o debe estar asociada a circunstancias y eventos anteriores a la producción de la
decisión demandada, pues a través de ella se pretende develar la verdadera
intención que movió a la administración a proferirla. Corolario, es improcedente que
a través del cargo en cita se abriguen, en principio, supuestos fácticos posteriores
al acto administrativo sometido a escrutinio judicial. Sin embargo, aunque las
decisiones posteriores emitidas por la administración pueden ser consideradas
como indicios de esa irregularidad, en este asunto tales situaciones tampoco se
encuentran demostradas22.

72. Así entonces, como las censuras que soportan el cargo de anulación se
concretan en situaciones ulteriores a la determinación demandada, no es viable que
la Subsección emita un pronunciamiento sobre ellos. Además, debe tenerse en
cuenta que la decisión contentiva del encargo que la parte activa estima ilegalmente
conferido, no fue demandada en este asunto, lo que veta el análisis de su legalidad
por parte de esta corporación.

73. De otro lado, la Sala advierte que, aunque el actor ingresó al empleo de
subgerente de Procesos Administrativos y Financieros luego de superar el proceso
de selección adelantado por el hospital, tal evento no mutó la naturaleza de ese
cargo, clasificado como de libre nombramiento y remoción -lo que, se reitera, no fue

21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Exp. 17001-23-

31-000-2003-01412-02 (0734-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; Consejo de Estado. Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de julio de 2020. Exp. 20001-23-39-000-2016-00154-01(2896-17).
C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
22 Sentencia del 29 de abril de 2026, expediente nro. 70001-23-33-000-2020-00315-01 (2168-2025), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.

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discutido en este asunto- ni mucho menos condicionó la potestad discrecional con
que contaba el gerente del hospital para disponer con libertad su retiro del servicio,
en este caso representado con la solicitud de «renuncia protocolaria».

74. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados en la alzada
no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primer grado.

75. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

76. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

77. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

78. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

79. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de julio del 2025, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió
el señor Sergio Jaramillo Marín en contra del Hospital General de Medellín “Luz
Castro de Gutiérrez” E.S.E.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho

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serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.

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