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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00671-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00671-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Tercero. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el apoderado de la parte demandada, abogado Alberto Elías Gonzales Mebarack, identificado con la cédula de ciudadanía 13.745.458 y la tarjeta profesional 149.736 del C.S.J., visible a índice 11 de la plataforma SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2016-00671-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00671-01 (4055-2022)
Demandante: Claudia Leonor Camargo Acevedo
Demandado: Municipio de Barrancabermeja

Temas: Insubsistencia. Empleada de libre nombramiento y remoción.
Estabilidad laboral reforzada por situación de debilidad
manifiesta. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones y condenó en costas.

ANTECEDENTES

1. La señora Claudia Leonor Camargo Acevedo instauró demanda en contra del
municipio de Barrancabermeja, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Decreto 3 del 1.° de enero de 2016 «Por medio del
cual se designa algunos funcionarios del gabinete municipal, aceptando unas
renuncias y efectuándose unos nombramiento en cargos de libre nombramiento de
la planta del nivel central y del nivel descentralizado, del municipio de
Barrancabermeja». A título de restablecimiento del derecho, que se ordene su
reintegro al cargo que ocupaba y, en los términos del artículo 192 del CPACA, que
se paguen los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde la expedición del

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acto y hasta el reintegro efectivo, la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997,
cien salarios mínimos como perjuicio moral y que se condene en costas y agencias
en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

3. Que, mediante Decreto 265 del 8 de noviembre de 2013, fue nombrada asesora
en la gestión para el resultado del desarrollo, código 105, grado 02, adscrito al
despacho del alcalde del municipio de Barrancabermeja.

4. Manifestó que el 3 de diciembre de 2015 sufrió un accidente de trabajo al caer
por las escaleras de la oficina y fue incapacitada por 30 días, desde el 3 de
diciembre y hasta el 2 de enero de 2016. Sin embargo, la incapacidad fue
sucesivamente prorrogada hasta el 24 de febrero de 2016. Sostuvo que informó
oportunamente de esta circunstancia a la Secretaría General del Municipio y a la
administradora de riesgos laborales.

5. Que se declaró insubsistente su nombramiento mediante el Decreto 3 del 1 de
enero de 2016, en los siguientes términos: «Aceptar las renuncias presentadas por
los Empleados Públicos, que la hayan presentado y declarar la Insubsistencia de
aquellos funcionarios que no presentaron renuncia y que venían desempañándose
en los cargos de Libre Nombramiento y remoción que se mencionan a continuación
[…]».

6. Que el 28 de enero de 2016 el Ministerio del Trabajo certificó que la entidad
territorial no tramitó solicitud de despido para dar por terminado el vínculo en estado
de debilidad manifiesta.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

7. Argumentó que la decisión vulnera el preámbulo y los artículos 1, 25, 54, 209 de
la Constitución Política; 3 y 44 del CPACA; 26 de la Ley 361 de 1997 y la
jurisprudencia constitucional1. Afirmó que el acto no fue motivado y, especialmente,
que se declaró la insubsistencia ignorando el fuero de estabilidad por vulnerabilidad
manifiesta en que se encontraba en virtud de su incapacidad médica,
desconociendo el procedimiento previsto para este tipo de escenarios, como la
solicitud de autorización ante el Ministerio del Trabajo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

1 Sentencias T-292 de 2011, T-372 de 2012, T-519 de 2003, T-392 de 2008 y T-198 de 2006.

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8. El 28 de julio de 2016 el Tribunal admitió la demanda y la entidad expresó que la
facultad discrecional de libre nombramiento y remoción se sustenta en la relación
especial de confianza que debe existir entre el nominador y el nominado, por su
nivel jerárquico y funciones; de allí que los actos de insubsistencia no deben
motivarse.

9. Que la demandante no informó al municipio ni al superior jerárquico sobre el
estado de incapacidad, por lo que la administración saliente y la entrante no tuvieron
conocimiento de la situación administrativa. Pero, además, que no era discapacitada
ni se encontraba en una situación de vulnerabilidad manifiesta, simplemente fue
incapacitada con ocasión de un accidente laboral y no se vio disminuida en su
capacidad laboral.

10. Precisó que el acto administrativo se expidió le primer día del período del
alcalde, en su afán de conformar su equipo administrativo con los servidores de la
más alta confianza, no tuvo que ver con la situación de salud de la demandante.
Excepcionó «cobro de lo no debido».

11. El 27 de febrero de 2018 se celebró audiencia inicial, donde se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas. El 11 de abril de 2018 se practicaron y se ordenó correr
traslado para alegar de conclusión una vez se anexaren pruebas pendientes de
recaudo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

12. En sentencia del 28 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda. Explicó que, si bien se acreditó
que la demandante sufrió un accidente laboral, su condición de salud no tuvo nexo
con la declaratoria de insubsistencia. Expresó que no fue una conducta
discriminatoria, sino el ejercicio pleno de la facultad discrecional de libre
nombramiento y remoción. Que el permiso de la oficina del trabajo solo era exigible
en caso de que el retiro estuviese fundado en razones atribuibles a una limitación
física.

RECURSO DE APELACIÓN

13. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Expresó que sí se
consolidó una situación de debilidad manifiesta que conocía la entidad y que, prueba
de ello, la demandante pasó 82 días de incapacidad. Sostuvo que la decisión
desconoció los principios constitucionales invocados en primera instancia y se
apartó injustificadamente de los precedentes aplicables. Enfatizó en que el fuero de
estabilidad manifiesta es aplicable a los empleados de libre nombramiento y

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remoción y que este se configura con la simple afectación a la salud que impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de labores en condiciones regulares. De allí
que el municipio precisaba de autorización de la oficina del trabajo.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

14. El recurso de apelación fue admitido el 17 de agosto de 2022 y se dispuso que,
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, pasara el proceso
a despacho para dictar sentencia. Las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

15. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si el Decreto 3 del 1.° de enero de 2016, especialmente el
fragmento que declaró la insubsistencia del nombramiento de la demandante fue
expedido con infracción de las normas en que debía fundarse por retirar del servicio
a la demandante durante un período de incapacidad, es decir, en situación de
debilidad manifiesta.

Marco normativo y jurisprudencial

Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y
remoción

16. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determina que el retiro del servicio de los
cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de
insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional2.

17. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de
los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y

2 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos

de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional
y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).

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retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»3 (énfasis fuera de texto).

18. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a
los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa4.

19. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción
de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio5.

20. El segundo inciso del artículo 2 del CPACA excluyó el ejercicio de la facultad de
libre nombramiento y remoción del ámbito de aplicación de la primera parte del
Código. Expresamente dispone: «Artículo 2°. Ámbito de aplicación. […] Las
disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares
o de policía […] Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre
nombramiento y remoción […]» (énfasis fuera de texto).

21. En consecuencia, contra los actos administrativos expedidos en virtud de una
facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no proceden los recursos
administrativos previstos, por regla general, en el artículo 74 del CPACA. Entre otras
razones, porque el ordenamiento presume que estas decisiones están orientadas al
mejoramiento del servicio, al punto de no exigir su motivación.

22. Esto no significa que se trate se actos arbitrarios, solo que no son susceptibles
de la interposición de recursos administrativos, lo que habilita el control directo de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de decisiones que, además
de atender a los parámetros generales de legalidad, deben ser adecuados a los
fines de la norma que los autoriza, proporcionales y razonables.

Estabilidad laboral por situación de debilidad manifiesta

23. El artículo 26 de la Ley 361 de la Ley 1997 dispone:

3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-

000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-

31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.

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«Artículo 26. En ningún caso la discapacidad de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va
a desempeñar. Así mismo, ninguna persona en situación de discapacidad
podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
discapacidad, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.

No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de
su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero
del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o
aclaren» (énfasis fuera de texto).

24. En la sentencia T-372 de 2012, la Corte Constitucional sostuvo que, al margen
de esta disposición, la protección de las personas en situación de debilidad
manifiesta tiene fundamento en los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política6.
En referencia puntual a esta norma, indicó que la Ley impuso un freno o limitación
a los nominadores sin importar el tipo de vínculo laboral para que las limitaciones
físicas no fueran, en ningún caso, el fundamento para despedir un empleado u
obstaculizar el ingreso de cualquier persona al empleo. La jurisprudencia incluyó en
este grupo a quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción, pese
a la precariedad en su estabilidad7.

25. Se trata de una protección que no solo cubre a quienes padecen una pérdida de
capacidad laboral superior al 50% calificada y certificada, sino también a quienes se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la
afectación de su estado de salud8.

26. Pero el amparo por esta circunstancia no limita absolutamente el retiro de
empleados en condiciones adversas de salud, sino la posibilidad de que este se
efectúe con fundamento exclusivo en dicho móvil, es decir, de forma discriminatoria
y poco solidaria. Por el contrario, es perfectamente admisible el retiro de estos
trabajadores, siempre que se aduzca una razón objetiva o justificada, como sería la
imposibilidad en la prestación del servicio o el bajo desempeño9.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Ibíd.
8 Criterio adoptado por el Consejo de Estado en los siguientes términos: «[…] esta condición se predica de

aquellas personas que en el curso de la relación laboral, padecen una disminución en su estado de salud, con
inclusión de aquellas que no han sido calificadas como discapacitadas, y es respecto de ellas que procede
la estabilidad laboral reforzada definida por la Corte Constitucional» (Consejo de Estado. Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 16 de febrero de 2017. Rad. 20001-23-31-000-2011-00190-01 [1260-2013] C.P.
César Palomino Cortés).
9 Ibíd.

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27. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sido enfática en
que los trabajadores, para invocar la protección constitucional descrita deben «[…]
demostrar que el nominador tenía pleno conocimiento en el momento de disponer
el retiro del servicio, sobre la disminución de la capacidad laboral que lo aquejaba
en su integridad personal»10. De lo contrario, la imposición intempestiva de
obligaciones laborales en contra del empleador por parte del juez sería
desproporcional, pues no contaba con el contexto suficiente para adecuar su
conducta a derecho.

28. Ahora bien, la situación de debilidad manifiesta supone la disminución de las
capacidades físicas o mentales en virtud de una condición clínica que obstruye el
desempeño de las funciones asignadas y que, en todo caso, no es equivalente a
una circunstancia de incapacidad temporal.

29. Es decir que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de un empleado
durante el transcurso de una incapacidad médica no es ilegal en sí misma, salvo
que esta devenga en una conducta discriminatoria que se identifica a partir de un
contexto más amplio y del conocimiento de la circunstancia de vulnerabilidad del
nominador. De allí que «[…] la situación de incapacidad en que se encuentre un
empleado de libre nombramiento y remoción, no le otorga fuero de relativa
estabilidad, pues tal situación no tiene la virtualidad de suspender la facultad de libre
remoción con que la ley ha investido al nominador»11.

Resolución al caso concreto

30. La parte demandante centró su inconformidad en la consolidación de un
supuesto de estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta presuntamente
desconocido por el municipio de Barrancabermeja y, de paso, el Tribunal de primera
instancia. Adujo que esta protección de origen constitucional es procedente por la
simple afectación a la salud que impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de las labores del empleado en condiciones regulares, al margen de que este ocupe
un cargo de libre nombramiento y remoción. Adujo que la principal prueba de esta
circunstancia es el período de incapacidad de 82 días.

31. Como no se discute la naturaleza del empleo, la Sala avanzará directamente al
estudio del móvil principal de disenso: la existencia o no de una circunstancia que
diera lugar a la estabilidad laboral reforzada por las razones que se alegan.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2021. Rad. 18001-23-33-

000-2014-00054-01(4190-2017). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de abril de 2005. Rad. 17001-23-31-

000-2001-00595-01(4613-2003). C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.

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32. Se acreditó que la demandante fue nombrada asesora en la gestión para el
resultado en el desarrollo, código 105, grado 02 y desempeñó el cargo desde el 8
de noviembre de 201312. Que, durante la jornada laboral del 3 de diciembre de 2015,
sufrió un accidente mientras bajaba por las escaleras de la oficina, donde se dobló
el pie, resbaló y se apoyó en su mano derecha al caer, causando una «fractura de
radio distal derecho»13. En virtud de esta circunstancia, permaneció incapacitada
desde el 3 de diciembre de 2015 por períodos sucesivos que finalizaron el 24 de
febrero de 2026 (82 días)14.

33. El primer día en que ejerció las funciones propias del cargo, el alcalde del
municipio expidió el Decreto 3 del 1 de enero de 2016, a través del cual se declaró
la insubsistencia del nombramiento de la demandante durante el anteriormente
descrito período de incapacidad15, sin que mediara motivación expresa sobre su
desvinculación16.

34. La jurisprudencia de esta Sección ha sido enfática en que la facultad discrecional
de libre nombramiento y remoción se justifica en el alto grado de confianza y afinidad
que debe existir entre el nominador y el nominado para el desempeño de ciertos
empleos de alta responsabilidad política y ejecutiva, por lo que encuentra pocos
límites en su ejercicio, al punto que el ordenamiento admite la ausencia de una
exposición de motivos para su cumplimiento.

35. Pero también reconoce el amplio desarrollo de la jurisprudencia constitucional
sobre eventuales restricciones para esta facultad, como es el caso de las personas
que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por una afección de
salud que suponga la disminución de las capacidades físicas o mentales. En todo
caso, admite que esta no puede utilizarse para incurrir en conductas discriminatorias
que se justifiquen en el deterioro significativo de la salud de los empleados.

36. En este sentido, ha sostenido:

«No obstante lo anterior, la Sala no desconoce lo establecido por la jurisdicción
constitucional respecto a la protección de quienes se encuentran en situación
de debilidad manifiesta. Sin embargo, se ha de dejar en claro, que esta
condición se predica de aquellas personas que en el curso de la relación
laboral, padecen una disminución en su estado de salud, con inclusión de
aquellas que no han sido calificadas como discapacitadas, y es respecto de
ellas que procede la estabilidad laboral reforzada definida por la Corte
Constitucional.

Del examen anterior se advierte, que la demandante no logró probar
encontrarse en situación de debilidad manifiesta, pues si bien demostró que
se hallaba en incapacidad médica para el momento en que se profirió el

12
Fls. 33 y 34 del archivo «01. Folios 1 - 89 - demanda, pruebas documentales, contestación».
13 Fls. 36-38, 50-51. Ibid.
14 Fls. 40, 43, 45, 63, 64. Ibid.
15 Fl. 40, Ibid.
16 Fls. 27-29, Ibid.

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acto de insubsistencia, su condición clínica no disminuyó las capacidades
físicas o mentales que limitaran el ejercicio del cargo o afectaran el
desempeño de las funciones asignadas, se trataba entonces de una
enfermedad común con dolencias e incapacidad temporal, como se observó
en la historia clínica aportada, tal hecho no se puede entender que se
encontraba cobijada por la estabilidad laboral reforzada que pretende se le
reconozca» (énfasis fuera de texto)17.

37. Nótese que la Corporación es clara en el criterio para que proceda la protección
de origen constitucional: la disminución del estado de salud que obstaculice el
cumplimiento de las funciones que habitualmente se desarrollan en el cargo;
presupuesto donde no ingresan las incapacidades temporales que, si bien suponen
la ausencia del trabajador durante un determinado lapso, permiten que este se
reintegre al servicio eficazmente. Así se ha reiterado:

«Entonces, no basta que el empleado se halle en una situación de incapacidad
médica para el momento en que se profiere el acto de insubsistencia, sino que
debe demostrarse que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, es
decir, que su condición clínica disminuyó las capacidades físicas o mentales
que limitaran el ejercicio del cargo o afectaran el desempeño de las funciones
asignadas y no una mera incapacidad temporal que no llega a afectar su
capacidad laboral»18.

38. Precisamente este es el escenario que identifica la Sala: el estado de
incapacidad temporal al momento de expedirse el acto administrativo de
insubsistencia, no una situación de debilidad manifiesta. Esto se acredita, entre
otras pruebas, en la valoración final de fisioterapia del 1 de febrero de 2016, donde
se informa que la demandante es una: «Paciente independiente para las actividades
de la vida diaria, pero manifiesta dificultad para realizar agarres y apoyo en palma
de la mano derecha. Finaliza sesiones de terapia física sin complicación con
adecuada tolerancia al tratamiento»19.

39. Igualmente, en el análisis de su consulta médica del 22 de febrero de 2016,
donde médico especialista anota: «PACIENTE CON FRACTURA DE RADIO
METAFISIARIA CON CONSOLIDACIÓN CLÍNICA CON BUENA FUNCIONALIDAD
ALCANZO MEJORIA MEDICA MAXIMA (sic)»20; y del 9 de marzo del mismo año,
cuando consulta por el concepto de rehabilitación y se efectúa un pronóstico

17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de febrero de 2017. Rad. 20001-23-

31-000-2011-00190-01 (1260-2013). C.P. César Palomino Cortés.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2021. Rad. 18001-23-33-

000-2014-00054-01(4190-17). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. En un pronunciamiento más reciente: «Si bien
es cierto no basta que el empleado se halle en una situación de incapacidad médica para el momento en que
se profiere el acto de insubsistencia, demostró el demandante además que se encuentra en situación de
debilidad manifiesta, es decir, que su condición clínica disminuyó las capacidades mentales y no una mera
incapacidad temporal que no llegaba a afectar su capacidad laboral» (Consejo de Estado. Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 7 de diciembre de 2022. Rad. 18001-23-31-000-2016-00210-01. C.P. César
Palomino Cortés).
19 Fl. 54 del archivo «01. Folios 1 - 89 - demanda, pruebas documentales, contestación».
20 Fl. 55, Ibid.

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Radicación: 68001-23-33-000-2016-00671-01 (4055-2022)

funcional bueno y laboral «aceptable» con dolor residual y simples
recomendaciones laborales de carácter eminentemente temporal, como la limitación
en la manipulación de cargas y la realización de pausas activas para movimientos
de «flexo-extensión»21.

40. En otros términos, la prueba documental allegada da cuenta de un suceso que,
aunque desafortunado para la salud de la demandante, fue objeto de rehabilitación
satisfactoria y, en todo caso, no supuso una alteración de sus capacidades o
condiciones físicas y cognitivas para el desarrollo de su empleo u otros similares.

41. Esta lectura concuerda con los testimonios practicados, entre los cuales se
destacan las declaraciones de las señoras Luz Dary Ospina Vivas 22 y Libia Inés
Bustamante Lopera23. Ambas manifestaron que, aún durante el plazo de la
incapacidad, la demandante continuó al tanto de sus funciones, revisó documentos
e impartió directrices, evidenciando que se trató de una limitación temporal para
digitar y manuscribir documentos, sin perjuicio relevante en su capacidad intelectual.

42. Como lo sugirió la primera testigo en mención, la Sala no identifica que el acto
administrativo conserve un móvil distinto al nombramiento de los empleados
cercanos a la nueva administración, como lo permite el ordenamiento y es usual en
la práctica, al margen de cualquier conducta discriminatoria. Esto se evidencia
especialmente en que, si bien es una acto particular y concreto, aceptó las renuncias
presentadas y declaró la insubsistencia del nombramiento de todos los empleados
de libre nombramiento y remoción que no renunciaron espontáneamente. Es decir,
modificó la situación jurídica de todos los servidores que ocupaban un cargo de este
tipo, sin distinción.

43. Por último, la parte recurrente indicó que en la primera instancia no se
consideran los precedentes judiciales aplicables al caso. Sin embargo, la decisión
no desconoció las providencias invocadas en el recurso, que construyen la noción
de debilidad manifiesta sobre la idea de una afectación grave a la salud del
empleado que impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en
condiciones regulares. El verdadero desacuerdo de la parte en relación con el
Tribunal es el universo de casos que ingresan en esa definición, pues este último,
al igual que la Sala, no identifica la incapacidad temporal por accidente laboral como
un supuesto de los enunciados.

44. No sobra agregar que la Corte Constitucional ha amparado los derechos
fundamentales de personas en situación de debilidad manifiesta que se encuentran

21 Fls. 58-59, Ibid.
22 Minutos 0:19:00 – 0:34:52 de la audiencia de pruebas.
23
Minutos 0:38:00 y siguientes, Ibid.

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temporalmente incapacitadas; pero, el criterio para determinar dicha condición de
protección constitucional no ha sido el período de incapacidad, sino el estado grave
de salud ante el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad catastrófica 24. Por el
contrario, en este caso se trata de un período de incapacidad por un accidente que
no tuvo la potencialidad de alterar gravemente la salud de la demandante y que fue
objeto de razonable recuperación.

45. En consecuencia, no se identifica un supuesto de estabilidad laboral reforzada
por debilidad manifiesta y la presunción de legalidad del acto demandado
permanece incólume. Se confirmará la decisión de primera instancia.

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de

24 Puntualmente, sostuvo: «En consecuencia, está acreditado que desde el mes de julio del 2016 la salud de la

accionante empezó a decaer debido al cáncer, por lo que se vio en la obligación de acudir a citas médicas y
procedimientos quirúrgicos que le permitieran manejar su enfermedad e impedir el avance de la misma.
Circunstancias que la llevaron a estar incapacitada por un periodo de 60 días.

Lo anterior lleva a afirmar que se trata de un sujeto en situación de debilidad manifiesta debido a su grave
estado de salud (enfermedad catastrófica) y por ende titular de una protección especial por parte del
ordenamiento jurídico, en aras de evitar que por tal circunstancia la señora Ludys Acosta Galvis sea objeto de
tratos discriminatorios que le impidan desarrollar su vida en condiciones de dignidad e igualdad» (Corte
Constitucional. Sentencia T-589 del 21 de septiembre de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos).

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conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de
la cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Tercero. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el apoderado de la parte
demandada, abogado Alberto Elías Gonzales Mebarack, identificado con la cédula
de ciudadanía 13.745.458 y la tarjeta profesional 149.736 del C.S.J., visible a índice
11 de la plataforma SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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