Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05426-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05426-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05426-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2016-05426-01 (0915-2026)
Demandante: Yenny Astrid Hincapié Gallego
Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Temas: Declaratoria de insubsistencia. Empleado de libre nombramiento
y remoción. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de enero de dos mil veintiséis (2026) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Yenny Astrid Hincapié Gallego instauró demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Decreto 1 del 29 de enero de 2016, por medio
del cual se declaró insubsistente su nombramiento como abogada asesora, grado
23, al servicio de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
Como restablecimiento del derecho, que se ordene el reintegro al cargo o a otro de
iguales o mejores condiciones, el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir y perjuicios morales.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que el 17 de abril de 2015 fue nombrada como auxiliar judicial I en un
despacho del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
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4. Que el 9 de junio de 2015 se repartió al despacho el proceso ejecutivo con
radicado 11001-31-05-002-2001-00104-09, que constaba de un expediente de 26
carpetas, 9 cuadernos y 5.091 folios. Que el volumen del expediente llamó la
atención de la magistrada titular, que retiró del despacho los folios entre 5.017 -
5.087 para estudiarlo el fin de semana en la ciudad de Medellín.
5. Expresó que, de julio a agosto de 2015, instó a la magistrada para el retorno
de los folios con el ánimo de impartir trámite al expediente, pero ella refería que
continuaba estudiando el caso. Que en septiembre del mismo año reiteró la solicitud
y la magistrada respondió aireada que ya se lo había dejado encima del escritorio;
por lo que inmediatamente manifestó oposición y la magistrada «corrigió» que se la
había entregado a otro servidor, quien también refutó dicha afirmación. Que, en
frente de los servidores judiciales, la magistrada solicitó la búsqueda del expediente
en su casa por vía telefónica y en el siguiente viaje a Medellín continuó la indagación
sin éxito.
6. Que el 1° de diciembre de 2015 fue nombrada como abogada asesora, grado
23, en el mismo despacho.
7. Dijo que el 9 de diciembre de 2015 la magistrada presentó una denuncia ante
la Fiscalía General de la Nación, por el presunto hurto de la pieza procesal «al
interior de su despacho». Que al día siguiente le manifestó su desacuerdo por los
términos en que redactó la denuncia, pues, en su criterio, no correspondía a la
realidad fáctica del caso, lo que provocó molestia en la magistrada.
8. Manifestó que su relación con la magistrada continuó en términos de respeto
y confianza, pero el 18 de enero de 2016, al regreso del período de vacaciones
colectivas, efectuó una reunión con el equipo y les dijo que estaba muy
desilusionada de ellos y estarían en un período de prueba de un mes. Que, desde
entonces, la magistrada empezó a objetar en términos formales los proyectos que
ponía en su consideración, sin ningún aporte relevante. Que el 28 de enero de 2016
convocó a una nueva reunión e instó a que ella y el señor Yanier Amílkar Mosquera
renunciaran, pero la demandante se negó por no encontrar una justificación
razonable.
9. Que el 29 de enero de 2016 la magistrada expidió el Decreto 1, que declaró
insubsistente su nombramiento a partir del 1° de febrero y fue motivado en: i) que
se le efectuaron muchas correcciones a los proyectos de sentencia; ii) que tiene una
deficiente redacción; iii) que supuso una menor eficacia para el despacho y un
sobreesfuerzo de trabajo para la nominadora; iv) que es emocionalmente inestable
por asuntos personales y v) que pese a las oportunidades, su desempeñó no mejoró
y se perdió la confianza para ocupar el cargo. Que esto afectó su trayectoria
profesional y, al momento de presentación de la demanda, no había logrado
reincorporarse laboralmente en la Rama Judicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
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10. Considera que el acto administrativo fue expedido con falsa motivación y
desviación de poder porque se fundó en razones contrarias a la realidad,
engañosas, simuladas y ajenas al mejoramiento del servicio. Que previo al 12 de
diciembre de 2015 (salvo 1 escenario) no había recibido ninguna queja, reparo o
corrección por parte de la nominadora hacia su trabajo y tampoco había sido
requerida por el incumplimiento de metas y prueba de esto fue el ascenso de auxiliar
judicial a abogada asesora.
11. Que la única y verdadera razón que motivó la insubsistencia fue el reclamo
que le presentó a la magistrada cuando presentó la denuncia ante la Fiscalía por el
extravío de una pieza procesal, pues hasta entonces su relación se caracterizó por
el respeto y la confianza. Que, so pretexto de mejorar el servicio, expidió el acto
para retirar una excelente servidora que la confrontó por los términos en que
presentó la denuncia.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
12. El 17 de julio de 2017 se admitió la demanda. La entidad expresó que la señora
Hincapié Gallego ocupaba un empleo de libre nombramiento y remoción, por lo
tanto, el retiro era discrecional y podía estar inmotivado. Que, en virtud del bajo
rendimiento, desapareció la confianza como un presupuesto fundamental para la
permanencia en los empleos de esta naturaleza y, por lo tanto, el acto administrativo
se fundó exclusivamente en el mejoramiento en la prestación del servicio.
13. Propuso las excepciones que denominó «insubsistencia de empleados de libre
nombramiento y remoción – facultad discrecional. No requiere motivación» e
«inexistencia de violación de la ley, falsa motivación o desviación de poder».
Aunque llamó en garantía con fines de repetición a la magistrada Beatriz Eugenia
Castro Gómez, el despacho negó esta solicitud en auto del 10 de abril de 2024.
14. En audiencia del 2 de octubre de 2024 se fijó el litigio y se decretaron las
pruebas que se practicaron en audiencia del 19 de septiembre y 15 de octubre de
2025, cuando también se corrió traslado para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. Mediante sentencia del 27 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones. Argumentó que, por regla general, el acto
administrativo de insubsistencia del nombramiento de un empleado de libre
nombramiento y remoción es inmotivado, pues el ordenamiento presume que el
ejercicio de la facultad discrecional siempre procura el interés general. Pero, cuando
el nominador decide motivar expresamente el acto de insubsistencia y «[…] se
demuestra que no solamente fueron las razones consignadas en el acto las que
llevaron a declarar insubsistente a la empleada judicial, no resulta ajustado al
ordenamiento calificarlo de plano como incurso en causal de falsa motivación»
(énfasis fuera de texto).
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16. Lo anterior porque la pérdida de confianza «[…] aun cuando se funde en
razones mínimas o subjetivas […]» es razón suficiente para la desvinculación de un
empleado de esta naturaleza, al margen de que esté exento de faltas disciplinarias
o errores graves en el desempeño del cargo. Especialmente, dijo que la pérdida de
las piezas procesales (aunque no se tiene certeza sobre las circunstancias de su
extravío) provocó la pérdida de confianza de la nominadora, pues la demandante
cuestionó su conducta.
17. Identifica que, si bien hay una cercanía temporal entre el evento de la pérdida
de piezas procesales, la denuncia de la magistrada y la actitud asumida por aquella
entre diciembre de 2015 y enero de 2016, dicha circunstancia no limitaba la facultad
discrecional de esta para conformar su equipo de trabajo.
18. Que para que exista falsa motivación es necesario que los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto sean contrarios a la realidad; sin embargo, aun cuando el acto
contiene una motivación no solo encaminada a la pérdida de confianza con la
demandante, sino en cuanto a su desempeño profesional, lo cierto es que la causa
contenida en el acto no es inexistente, incongruente o contraria a la ley, y responde
a un juicio de conveniencia razonable vinculado con la prestación del servicio
público.
19. Que la decisión no fue arbitraria, pues otorgó un período de prueba para
demostrar sus calidades y, cuando advirtió que en definitiva había perdido la
confianza, solicitó su renuncia. Que el desempeño eficiente o sobresaliente no es
relevante para la permanencia en un empleo de libre nombramiento y remoción,
pues esta se garantiza esencialmente en la confianza.
20. En cuanto a la desviación de poder, concluyó que las pruebas disponibles no
permiten inferir que la entidad actuó con un fin distinto al mejoramiento del servicio
y recordó que la carga de la prueba recaía sobre la parte demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
21. La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que la
sentencia propuso la tesis de que existió una motivación «adicional» referente al
bajo rendimiento de la señora Hincapié Gallego, que existían razones adicionales
no expresadas en el acto (aunque esto no supone su nulidad) y que fue expedido
simultáneamente por motivos de confianza entre los extremos de la relación laboral
y el desempeño en el ejercicio de las funciones del empleo. Sin embargo, considera
que, al margen de la obligación de motivar el acto o no, la autoridad lo hizo y es
posible confrontar la causa expresada con la realidad fáctica y jurídica para
auscultar si es verdadera o no.
22. Que contrario a lo sostenido por el Tribunal, no existió un motivo adicional y la
pérdida de confianza no fue un motivo autónomo, sino la base del acto. Dijo que se
concluyó la legalidad del acto con fundamento en argumentos no consignados
formalmente, premisa que desnaturaliza el medio de control en función de la causal
de nulidad de falsa motivación y sustituye la decisión administrativa por una
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reconstrucción judicial ex post. En otras palabras, que el juez completó el análisis
que no se hizo en ejercicio de función administrativa.
23. Afirmó que no se valoraron adecuadamente las pruebas, según las cuales, era
preciso concluir que la demandante respondió a las exigencias del cargo pues,
como lo relataron los testigos, la señora Hincapié Gallego era el «corazón
operativo» del despacho, tanto así, que fue ascendida al empleo de abogada
asesora, circunstancia de la cual no se reclama un «fuero por excelencia» pero sí
un indicio para demostrar que los motivos que expuso el acto no corresponden a la
realidad.
24. Que los testimonios permiten advertir el cambio en la nominadora luego del
evento de la pérdida de piezas procesales y cómo su actitud no fue de liderazgo
sino de traslado de la responsabilidad, que luego se transformó en correcciones
formales, observaciones de estilo y cuestionamientos de redacción.
25. Que no es cierto que la pérdida de confianza puede obedecer a «razones
mínimas o subjetivas», premisa que reivindica la arbitrariedad.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. El 22 de junio de 2026 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante y se rechazó el que presentó el Ministerio Público.
27. La parte demandada1 solicitó que se confirme la sentencia pues, aunque la
magistrada nominadora expresó la razones que condujeron a la pérdida de
confianza en la demandante, esto no desnaturalizó lo discrecional de la decisión
que, además, se fundó en la adecuada prestación del servicio.
28. Dijo que el recurso de apelación parte de una lectura parcial del acto
administrativo y de la sentencia, pues el Tribunal no reconstruyó la decisión en sede
judicial, sino que efectuó el correspondiente control sobre los motivos expuestos y
encontró que estos tenían respaldo en el material probatorio.
29. En su criterio, la sentencia no construyó una motivación en sede judicial, sino
que identificó las circunstancias acreditadas durante el proceso que confirmaban la
pérdida de confianza con sustento en hechos objetivamente demostrados,
relacionados con el desempeño de la demandante y con el adecuado
funcionamiento del despacho judicial.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
30. De acuerdo con el recurso, el problema jurídico que debe resolver la
Subsección consiste en determinar la legalidad del Decreto 1 del 29 de enero de
2016, especialmente, si existió falsa motivación o desviación de poder.
1 Índice 8, Samai.
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Marco normativo y jurisprudencial
Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento
y remoción
31. El artículo 130 de la Ley 270 de 1996 prevé que los cargos de los empleados
de los despachos de los magistrados de tribunales son de libre nombramiento y
remoción2 y el artículo 149 (numeral 9) estableció la declaración de insubsistencia
como una causal de retiro del servicio para los servidores judiciales. La naturaleza
jurídica de estos empleos habilita un margen de discrecionalidad administrativa para
que el nominador conforme libremente su equipo de trabajo.
32. Al respecto, la Sección Segunda ha sostenido que: «[…] para el desempeño
de los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»3 (énfasis fuera de texto).
33. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su ejercicio los
siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple
la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de
la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa4.
34. En sentido similar, esta Corporación ha expuesto que la potestad de
remoción de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo
dichos parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la
existencia de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio5.
Falsa motivación
35. La falsa motivación tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica. El Consejo de Estado ha precisado que cuando se invoca esta causal, la
prosperidad de la pretensión de nulidad requiere la concurrencia de tres elementos:
«[…] (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
2 Según el artículo 131.4 de la misma regulación, el nominador es el respectivo magistrado.
3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-
000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-
31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
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demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»6.
36. El último elemento puede demostrarse acreditando que los hechos que la
autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa o que la autoridad no
tuvo en cuenta hechos que sí estaban probados y que, de haberse considerado,
habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
Desviación de poder
37. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»7. En otras palabras, se
incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en
aras del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por
móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.
38. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime,
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.
39. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP8. Sobre el particular, esta Corporación ha
sostenido que «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma […]»9.
40. Pero, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de
quienes expiden el acto, lo que supone una dificultad probatoria inherente a la
causal de nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio,
permanece siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no una
imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que faciliten
6
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
8 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la
desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera de
texto) (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad. 68001-
23-33-000-2016-01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-
31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia, nada obsta
para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y practicadas permita
concluir que los móviles de una decisión fueron desviados10.
Resolución al caso concreto
41. Como no se discute la naturaleza del empleo como de libre nombramiento y
remoción, es preciso resolver los reproches del recurso de apelación. La parte
demandante alega que la sentencia encontró un «móvil adicional» en el «bajo»
rendimiento de la señora Hincapié Gallego y que el acto fue expedido por esta razón
y pérdida de confianza. Que, aunque no era obligatorio motivar el acto, la autoridad
lo hizo y es posible confrontar la causa expresada con la realidad fáctica y jurídica
para auscultar si es verdadera o no.
42. Dijo que no existió un motivo adicional y la pérdida de confianza fue base del
acto. Que se concluyó la legalidad de este con base en argumentos no consignados
formalmente, premisa que desnaturaliza el medio de control en función de la causal
de nulidad de falsa motivación y sustituye la decisión administrativa por una
reconstrucción judicial ulterior.
43. Cuestionó la valoración probatoria que, en su criterio, debió advertir que la
demandante respondió a las exigencias del cargo pues, como lo relataron los
testigos, la señora Hincapié Gallego era el «corazón operativo» del despacho, tanto
así, que fue ascendida al empleo de abogada asesora, circunstancia de la cual no
se reclama un «fuero por excelencia» pero sí un indicio para demostrar que los
motivos que expuso el acto no corresponden a la realidad. Igualmente, que se probó
el cambio en la nominadora luego del evento de la pérdida de piezas procesales y
derivó en correcciones formales, observaciones de estilo y cuestionamientos de
redacción.
44. En el caso, la nominadora motivó el acto administrativo de insubsistencia en
los siguientes términos: i) que en abril de 2015, confiando en la aptitud de la señora
Hincapié Gallego para ocupar el empleo de auxiliar judicial por su experiencia en la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, la designó en el
mismo al servicio de su despacho; ii) que, desde su vinculación hasta la fecha de
retiro, advirtió redacción deficiente y efectuó múltiples correcciones que, pese a las
observaciones en distintas reuniones, no fueron acogidas e implicaron un mayor
esfuerzo de la magistrada con repercusión en el rendimiento del despacho; iii) que
la redacción de proyectos ordinarios fue «esporádica»; iv) que ha relatado múltiples
problemas conyugales o familiares que le provocan inestabilidad emocional; v) que
el 30 de noviembre de 2015 la promovió al empleo de abogada asesora, grado 23,
con el compromiso de mejorar ostensiblemente su redacción en general y
encargarse de proyectar procesos ordinarios, lo que estima incumplido; vi) que, el
10 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B de la Sección Segunda
en otra oportunidad: «La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza
eminentemente subjetiva y pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad
sería necesario involucrarse en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados
con la decisión; por ello, es menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P.
Gerardo Arenas Monsalve).
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20 de enero de 2016 le otorgó un plazo para mejorar pero no fue así; vii) que provocó
una tensa relación en el despacho y, finalmente, viii) «[…] que la empleada no ha
respondido a las exigencias del cargo, tampoco ha cumplido con las metas
planteadas, que no se concretan propiamente en las estadísticas reportadas por el
Despacho, por lo que se ha perdido la confianza en su desempeño […]» (énfasis
original)11.
45. A juicio de la Sala, el razonamiento jurídico y probatorio de primera instancia
fue acertado, en cuanto tuvo como presupuesto que el acto administrativo, aunque
podía ser inmotivado, era objeto de control de legalidad por los vicios alegados
(falsa motivación y desviación de poder), pues la autoridad decidió motivarlo y es
posible contrastarlo con la realidad y las normas que lo inspiran.
46. El Decreto 1 de 2016 expresó claramente que la decisión se fundaba en una
pérdida de confianza, pero si bien expuso que aquella tuvo origen en el rendimiento
de la demandante, omitió exponer cualquier razón vinculada al evento de extravío
de una pieza procesal en el despacho. En relación con este suceso, el Tribunal
indicó que cuando la nominadora presentó la denuncia ante la Fiscalía y la
demandante manifestó su desacuerdo por los términos en que lo hizo, se provocó
una pérdida de confianza por la forma en que cuestionó su conducta. Pero esto no
supone que la autoridad judicial haya reconstruido los motivos del acto
administrativo con el único fin de conservar su presunción de validez.
47. Por el contrario, el Tribunal indicó claramente que para declarar la nulidad del
acto administrativo por falsa motivación, era preciso que los fundamentos expuestos
fueran falsos. Es decir, hizo el análisis de los móviles expuestos en el acto y adujo
que «[…] se evidenciaron inconsistencias en los proyectos elaborados, los cuales
no reflejaban el estilo ni el criterio jurídico de su nominadora; tales circunstancias
resultaban determinantes en el ámbito de los cargos de libre nombramiento y
remoción en la Rama Judicial, donde no solo se valoran los conocimientos jurídicos,
sino también la coherencia estructural de las decisiones y la calidad de la redacción
jurídica […]» y «[…] aun cuando el acto contiene una motivación no solo
encaminada a la pérdida de confianza con la demandante, sino en cuanto a su
desempeño profesional, lo cierto es que la causa contenida en el acto no es
inexistente […]».
48. De manera que la Sala no comparte el argumento de la recurrente, según el
cual, el acto expuso unos motivos falsos y el juez de lo contencioso administrativo
se abstuvo de anularlo presentando las razones ciertas y jurídicamente admisibles
(la pérdida de confianza), o que auscultó la motivación ex post o de forma ulterior.
En cambio, de la valoración integral de las pruebas se advierte que la declaratoria
de insubsistencia se fundó exclusivamente en la pérdida de confianza de la
nominadora que, a su vez, tiene su origen en dos explicaciones: una explícita en el
acto y otra oculta.
49. La primera explicación fue el rendimiento de la demandante que, por la
naturaleza de su empleo, no puede valorarse de una forma estrictamente objetiva,
11 Fls. 27-30.
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ya que su éxito no depende de un juicio exclusivo de eficacia, rendimiento o
productividad, sino que se relaciona con la capacidad del empleado para cumplir
con las orientaciones y los criterios de conveniencia y oportunidad de su nominador.
En este sentido, las providencias con múltiples correcciones de forma son dicientes
sobre la distancia de estilo y redacción entre ambos extremos de la relación laboral
que, para el desempeño de la función judicial, no son un asunto baladí o sin
importancia, como se lo ha querido sostener la demandante12.
50. Sobre este punto, la recurrente reprochó el enunciado del Tribunal, según la
cual, la pérdida de confianza puede obedecer a «razones mínimas o subjetivas»,
porque en su criterio reivindica la arbitrariedad. Pero, se insiste, la distancia entre
nominador y nominado puede fundarse, incluso, en la incapacidad del segundo para
retratar en debida forma las ideas del primero, aun cuando las comparta. Esto toma
una genuina relevancia en la labor de «proyección» de decisiones judiciales, pues
la providencia no solo debe dar cuenta del razonamiento jurídico del titular (juez o
magistrado), sino también de la forma en que este lo expresa.
51. La segunda explicación no fue explícita en el acto y se relaciona con el extravío
del expediente que, como lo propone la demandante, marcó un antes y un después
en la relación entre ella y su nominadora. Sobre este asunto, los judicantes Adriana
Sánchez Peraza13 y Jhon Fredy Moreno Moreno14 relataron que luego de aquel
incidente el ambiente laboral de la oficina se transformó de cordial a tenso,
especialmente, la relación entre la magistrada Castro Gómez y la señora Hincapié
Gallego. El señor Yanier Amílkar Mosquera Salguero15, que se desempeñaba como
auxiliar judicial en el despacho, dijo que no podía atribuir el asunto al extravío de la
pieza procesal, pero que la relación entre ambas se quebró.
52. Ahora bien, aunque ambos judicantes afirmaron que la inconformidad con el
trabajo de la demandante por parte de la magistrada se gestó con posterioridad al
extravío parcial del expediente y el evento de convivencia que supuso, tal y como
se expuso en la sentencia de primera instancia, no se probó que las razones
explícitas contenidas en la decisión fueran falsas, ni se considera que las implícitas
fueran ilegales, como tampoco que la autoridad dejó de valorar e incluir algún hecho
que habría devenido razonablemente en una decisión contraria.
53. Además, aun si la nominadora ascendió a la demandante al empleo de
abogada asesora previo al supuesto altercado, no estaba exenta de una ruptura en
el vínculo de confianza en el ejercicio de este, bien porque no alcanzara las
expectativas de su designación o por cualquier móvil, en este caso, los dos
referenciados.
54. Esta Sala ha insistido en que los empleos de libre nombramiento y remoción
revisten especiales responsabilidades y profundas implicaciones al momento de
tomar decisiones, por lo que debe existir coordinación y el mejor entendimiento
posible entre los funcionarios. La confianza es un factor determinante a la hora de
12
Fls. 13-26.
13
Audiencia de pruebas, folio 393. Minutos 23:00-57:00.
14 Ibid. Minutos 01:48:15-02:22:45
15 Ibid. Minutos 59:44-1:46:15.
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vincular y desvincular funcionarios en cargos de esta naturaleza y su pérdida
constituye una razón justificada para que la Administración de por terminada la
relación laboral y de esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como
la satisfacción del interés público16.
55. Cuando la afinidad ideológica y funcional orientada a la definición y ejecución
de un proyecto administrativo se desvanece, (en este caso, la prestación del servicio
de administración de justicia) el acto de insubsistencia del nombramiento no puede
catalogarse como arbitrario o dictado con desviación de poder. La Sección Segunda
ha sostenido: «[…] Por ello, un empleado en tal cargo que no esté en sintonía con
el representante y responsable de la institución pública, al margen de sus
capacidades y desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya que, en la
dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre otras, para ese
tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la actividad
laboral»17.
56. Como no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo
demandado, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. 25-000-23-42-
000-2016-05968-01 (1911-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 12 de febrero de 2026. C.P. 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023). C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Rad. 25000
23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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60. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de enero de dos mil
veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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