Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00739-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2016-00739-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00739-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00739-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
Demandante: Gabriel Antonio Penilla Sánchez y otros
Demandado: Corporación Autónoma de Regional de Risaralda (CARDER)
Temas: Insubsistencia. Empleado de libre nombramiento y remoción.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Los señores Gabriel Antonio Penilla Sánchez, como destinatario directo del acto
administrativo y Blanca María Sánchez de Penilla, José Antonio Penilla, Elizabeth
Penilla Sánchez, Dudalida Penilla Sánchez, Leonardo Penilla Sánchez, como
personas perjudicadas con dicho acto, instauraron demanda en contra de
Corporación Autónoma de Regional de Risaralda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 672 del 8 de abril de 2016 «Por la cual
se declara Insubsistente un Nombramiento (sic)». A título de restablecimiento del
derecho, que se ordene el reintegro del señor Gabriel Antonio Penilla Sánchez al
cargo de jefe de la oficina asesora jurídica, código 1045, grado 12, o a otro similar;
que se paguen los salarios, primas, prestaciones sociales, vacaciones, primas de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
bonificación, cesantías e intereses, pagos a la seguridad social y demás
emolumentos dejados de percibir desde el 11 de abril de 2016 y hasta el reintegro;
que se reconozcan los daños materiales e inmateriales causados en virtud de la
expedición del acto demandado.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que el señor Gabriel Antonio Penilla Sánchez fue nombrado jefe de la oficina
jurídica de la CARDER el 16 de octubre de 2007, entidad donde prestó servicios
desde 1994 y ocupó varios empleos y mediante Resolución 1407 del 28 de julio de
2009 el director general de la entidad le delegó funciones de tipo ambiental, que
cumplió de forma efectiva, eficaz y eficiente.
4. Que el 28 de marzo y el 7 de abril del 2016 denunció ante el director general
conductas de acoso laboral que alteraron su estado de salud, por lo que acudió a
urgencias el 8 de abril y fue incapacitado por un día. Que, en esta condición, su
nombramiento fue declarado insubsistente, decisión que le notificó el director
general encargado el 11 de abril de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
5. Argumentó que la decisión vulneró los artículos 29 y 53 de la Constitución; 3, 4,
9 (parágrafos 1 y 2) y 11 (numeral 1.°) de la Ley 1010 de 2006; 16 del Decreto 1045
de 1978; 9, 11, 94 y siguientes del CPACA; 302 y 305 del CGP; así como los
estatutos del CARDER y el artículo 53 del Acuerdo de Asamblea Corporativa
número 5 de 2010, porque no se adelantó una investigación sobre los hechos de
acoso laboral denunciados y se expidió durante el período de incapacidad. Afirmó
que el acto no fue motivado y adolece desviación de poder porque, en lugar del
mejoramiento del servicio, está fundado en intereses políticos, pues la persona
designada en su lugar no cuenta con mejor experiencia académica o laboral.
6. Que el nombramiento del director general encargado se fundó en dos
providencias del Consejo de Estado que, para la fecha, no se habían notificado ni
estaban ejecutoriadas. Presuntamente, suspendieron provisionalmente el
nombramiento del director del CARDER y, aunque no era la oportunidad, el Consejo
Directivo las aplicó de inmediato y designó a un nuevo empleado, quien adoptó la
decisión que aquí se discute.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
7. El 4 de abril de 2017 se admitió la demanda. La entidad expresó que el cargo
ocupado era de libre nombramiento y remoción y, por su naturaleza, conlleva una
facultad discrecional que se justifica en la confianza que debe existir entre el
nominador y el nominado. Sostuvo que fue precisamente este presupuesto el que
desapareció con ocasión de conductas fraudulentas en una acción de tutela, donde
el demandante presuntamente representó a la entidad cuando se encontraba en
período de vacaciones y alteró el sistema de comunicaciones interno para ocultar la
información del trámite. Añadió que el director general encargado era competente
para declarar la insubsistencia, pues el acto administrativo a través del cual fue
designado conserva incólume su presunción de legalidad. Propuso la excepción de
caducidad.
8. El 21 de febrero de 2018, durante audiencia inicial y como medida de
saneamiento, se ordenó vincular al proceso al señor Martín Alonso Restrepo Osorio
que, para la fecha, desempeñaba el cargo del cual se reclama el reintegro. Se
reanudó la diligencia el 23 de enero de 2019, se declaró no probada la excepción
de caducidad. El 23 de junio de 2020, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó esta decisión. El 3 de agosto de 2021 se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas.
9. El 26 de octubre de 2021 se practicaron las pruebas y el 3 de marzo de 2023 se
corrió traslado para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
10. El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda el
1.° de junio de 2023. Afirmó que el demandante ocupaba un cargo de libre
nombramiento y remoción que se fundamenta en la especial relación de confianza
que debe existir entre el nominador y el nominado, circunstancia que implica una
facultad discrecional del primero y estabilidad laboral precaria para el segundo.
11. Que las cualidades laborales y personales de un funcionario, por sí solas, no
otorgan inamovilidad en el empleo ni coartan la facultad discrecional. Que la hoja
de vida de quien fue nombrado en el cargo una vez declarada la insubsistencia no
puede tenerse como hecho cierto del desmejoramiento del servicio; y, aunque se
argumentó que las demandas y procesos contra de la entidad se incrementaron y
prosperaron, no se allegó prueba idónea que permitiera estudiar este asunto de
forma objetiva y a través del paso del tiempo.
12. En relación con la omisión en la investigación de las supuestas conductas de
acoso laboral que originaron el despido en estado de incapacidad, manifestó que se
probó un desacuerdo del servidor respecto al disfrute de sus vacaciones, así como
el estado de incapacidad durante el 8 de abril de 2016; pero estas situaciones no
3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
dan cuenta de una denuncia concreta de acoso laboral ni de que el demandante se
encontraba en una situación de debilidad física manifiesta.
13. Enfatizó en que entre el director general encargado y el demandante no existió
la confianza que demanda la naturaleza del cargo y que no se demostró que la
insubsistencia correspondiera a un móvil político.
14. Que la Sección Quinta del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en
relación con el cumplimiento de la orden judicial de suspensión provisional dictada
por el juez de lo electoral y concluyó que su ejecución es inmediata, que no debe
esperarse la ejecutoria de la providencia. De allí que no le asiste razón al
demandante cuando alega que el empleo de director general del CARDER no
estaba vacante y no podía encargarse otro servidor (que declaró la insubsistencia)
porque la suspensión provisional del nombramiento no estaba ejecutoriada ni se
había notificado.
RECURSO DE APELACIÓN
15. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Argumentó que, para la
fecha en que se expidió el acto, el cargo de director general no estaba vacante,
pues correspondía al período del señor Juan Manuel Álvarez Villegas; de allí que el
nombramiento temporal o transitorio del Señor Julio César Gómez Salazar como
director general encargado es absolutamente nulo, porque se fundó en dos
providencias del Consejo de Estado que no habían sido notificadas, presupuesto
para su ejecución del artículo 298 del Código General del Proceso (CGP).
16. Que, aún durante el término del encargo, la confianza que se predica de los
empleos de libre nombramiento y remoción se configura respecto del titular del
cargo y no de aquellos que lo ejercen de forma transitoria en su ausencia. De allí
que Julio César Gómez Salazar no podía manifestar una supuesta pérdida de
confianza, por la temporalidad ínsita en su nombramiento.
17. Respecto a los fines del acto, insistió en que las pruebas documentales y
testimoniales dan cuenta de una desviación de poder de carácter político. Sostuvo
que la decisión no persiguió solventar una situación de inestabilidad y promover
tranquilidad administrativa, simplemente porque este no era el contexto institucional.
A su juicio, solo se consolidó tal circunstancia cuando se declaró la nulidad de la
elección del señor Juan Manuel Álvarez.
18. Que el Tribunal Administrativo valoró el testimonio del señor Julio César Gómez
Salazar, pese a la tacha de falsedad interpuesta. Adujo que mintió cuando sostuvo
que: i) Martín Alonso Restrepo no reemplazó al demandante; ii) le solicitó la renuncia
y iii) la declaratoria de insubsistencia pretendió traer «tranquilidad administrativa».
4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
19. Negó haber incurrido en irregularidades procesales fraudulentas que dieran
lugar a la pérdida de confianza del nominador, como estima probada en los
respectivos expedientes disciplinario y penal. En suma, aunque afirmó que todo lo
descrito da cuenta de que el acto administrativo fue expedido con desviación de
poder y falsa motivación, los móviles de inconformidad se estructuran
especialmente en la lógica de la primera causal de nulidad enunciada.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. El 27 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio. El 20 de noviembre de 2025 se negaron las
solicitudes probatorias de la recurrente.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
21. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si la Resolución 672 del 8 de abril de 2016 fue expedida con
desviación de poder porque no se fundó en el mejoramiento del servicio sino en
móviles políticos. Se discute si el demandante incurrió o no en conductas que
provocaran la pérdida de confianza de quien expidió el acto y si este vínculo especial
se predica de este último, por el carácter transitorio de su nombramiento.
Marco normativo y jurisprudencial
Presunción de legalidad de los actos administrativos
22. La presunción de legalidad, también denominada, de legitimidad, de validez o
juridicidad, es una característica o cualidad atribuida a los actos administrativos,
según la cual, se presupone que estos son expedidos en estricto sometimiento de
las normas vigentes. Para Dromi, «[...] es la suposición de que el acto fue emitido
conforme a derecho, dictado en armonía con el ordenamiento jurídico»1. El efecto
principal de dicha presunción es la inalterabilidad de la validez de los actos hasta
que no exista un pronunciamiento anulatorio que emane de autoridad judicial
competente, así como su obligatoriedad. Tomás-Ramón Fernández y Eduardo
García de Enterría lo explican en los siguientes términos:
«Se trata de una técnica formal para imponer el inmediato cumplimiento
de las decisiones administrativas, consagrando una capacidad de autotutela
de la Administración y dispensándola de la necesidad de obtenerla de los
1 Dromi, Roberto. Derecho administrativo. 5ª ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996. p. 225.
5
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
Tribunales, pero sin que ello suponga excluir la eventual intervención de éstos.
Concretamente la “presunción de legalidad” del acto opera en tanto que los
interesados no la destruyan, para lo cual tendrán que impugnarlo mediante
las vías de los recursos disponibles y justificar que el acto, en realidad, no
se ajusta a derecho» (énfasis fuera de texto)2.
23. Se comprende como una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba
en contrario y que, más que un medio de prueba, invierte la carga de la prueba3.
Impone una carga argumentativa relevante para quien discute la legalidad de los
actos administrativos, pues debe demostrar lógicamente la contradicción del acto
con el ordenamiento o el desconocimiento de las reglas que orientan su expedición.
24. Como lo ha sugerido la Corte Constitucional, la presunción de validez garantiza
la capacidad de respuesta del Estado para la satisfacción de las necesidades
urgentes de la comunidad, lo que difícilmente se cumpliría si la legalidad de cada
acto expedido pudiese ser cuestionada e inaplicada previo a pronunciamiento
judicial4.
25. De este modo, el interés general no es solo un fundamento sino un fin de la
presunción. Este se materializa en la «[…] certeza y estabilidad en el tráfico de
relaciones jurídicas que emprende la administración con los administrados»5. Pero
tampoco implica una inmunidad en favor del Estado, pues el juez competente podrá,
en cada caso concreto, declarar la nulidad de un acto con ocasión de la precisa y
jurídica ilación de razones que presente un demandante.
Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y
remoción
26. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determina que el retiro del servicio de los
cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de
2 García de Enterría, Eduardo & Fernández, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. 6ª ed. Madrid:
Editorial Civitas, S.A., 1993. p. 490.
3 Dromi. Op. Cit., p. 226.
4 En palabras de la Corte Constitucional: «La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales
sobre los intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de las necesidades urgentes
de la comunidad, determina que los actos administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades
jurídicas y puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan fuerza ejecutiva y
ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios y pueden ser realizados materialmente aun contra
la voluntad de éstos» (Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
5 Corte Constitucional. Sentencia T-136 del 28 de marzo de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. En
sentido similar, Jorge Héctor Escola propone: «Por nuestra parte, pensamos que el verdadero y real
fundamento de esa presunción reside en la existencia del interés público que está ínsito en todo acto
administrativo y para cuya consecución éstos son dictados. Es ese interés público el que explica
satisfactoriamente y justifica la presencia de un privilegio tan especial, que sólo cede cuando se ha demostrado,
por vías legales previstas para ello, que un acto es ilegítimo. Sin la presunción de legitimidad toda la
actividad administrativa, por lo común legítima, podría verse cuestionada, lo que llevaría a una perniciosa
paralización del accionar administrativo, impidiéndose de ese modo la satisfacción directa e inmediata de las
necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado, que es el objeto propio del actuar de la administración
pública» (énfasis fuera de texto) (Escola, Jorge Héctor. El interés público como fundamento del derecho
administrativo. Buenos Aires: Depalma, 1984. p. 151).
6
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional6.
27. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de
los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»7 (énfasis fuera de texto).
28. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a
los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa8.
29. En similar sentido, esta Corporación ha expuesto que la potestad de remoción
de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio 9.
Desviación de poder
30. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»10. En otras palabras, se
incurre en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en
aras del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por
móviles arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos. Por excelencia, la
desviación de poder es la técnica de control propia de los actos administrativos
expedidos en ejercicio de facultades discrecionales, pues impone márgenes y
6 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional
y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-
000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-
31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-
000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
límites a la libertad decisoria de la administración que emanan de la teleología
definida en el ordenamiento11.
31. De allí que el vicio se desprende de la convicción, de la voluntariedad o
intencionalidad de la administración en la expedición del acto administrativo
apartándose de los fines constitucional o legalmente previstos, cuestión que, por el
hecho de revestir un alto nivel de complejidad en el mayor de los casos, no exime,
ni alivia la carga que tiene el interesado consistente en acreditar suficientemente su
configuración.
32. En tal sentido, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer, según la regla general
contenida en el artículo 167 del CGP12. Sobre el particular, esta Corporación ha
sostenido que «[…] demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al
juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó
de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la
norma […]»13.
33. Pero, lo cierto es que las intenciones están reservadas al fuero interno de
quienes expiden el acto, como ha considerado la Sección Primera:
«Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente
de quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la
indicación expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la
presunción de éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba
auscultarse en las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre
todo cuando la desviación es hacia intereses espurios, innobles, o mezquinos,
caso en el cual, solo los autores del acto son los que saben de sus propias
intenciones, lo que además de un problema de legalidad, entraña también un
problema ético y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»14.
34. Esto supone que existe una dificultad probatoria inherente a la causal de
nulidad, que consiste en develar o exteriorizar aquello que, en principio, permanece
siempre oculto. Sin embargo, se trata de una complejidad, mas no una
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de enero de 2021. Rad. 08001-23-
33-000-2013-00801-01 (3437-2016). C.P. William Hernández Gómez.
12 Al respecto: «La jurisprudencia de esta Corporación también ha indicado, respecto de la probanza de la
desviación de poder alegada por la parte actora, que es a esta a quien le corresponde el deber de probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer para destruir la presunción de legalidad
el acto acusado; afirmación que, atendiendo a la jerarquización de las fuentes del derecho administrativo, viene
dada por la regla contenida en el Código General del Proceso de que ”incumbe a las partes, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”» (énfasis fuera
de texto) (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 29 de febrero de 2024. Rad.
68001-23-33-000-2016-01374-01 [1500-2021]. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Rad. 17001-23-
31-000-2003-01412-02. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
14 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Rad. 66001-23-31- 000-1998-00645-
01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).
8
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
imposibilidad, pues las partes son libres de allegar todo tipo de pruebas que
faciliten al juez alcanzar el estándar de convicción suficiente. En consecuencia,
nada obsta para que un juicio integral y crítico de las pruebas aportadas y
practicadas permita concluir que los móviles de una decisión fueron desviados15.
Resolución al caso concreto
35. El señor Gabriel Antonio Penilla Sánchez fue nombrado jefe de la oficina
asesora jurídica, código 1045, grado 12, a través de la Resolución 14 del 14 de
enero de 2013. La Sala no efectuará ninguna manifestación sobre la naturaleza del
cargo, pues no se discute que es de libre nombramiento y remoción, por lo que
avanzará al estudio de los reproches de la apelación16.
36. El 3 de marzo de 2016, la Sección Quinta del Consejo de Estado expidió dos
providencias que suspendieron provisionalmente los efectos del Acuerdo 32 del 28
de octubre 2015 del Consejo Directivo de la CARDER, por medio del cual se designó
a Juan Manuel Álvarez Villegas como director general17.
37. El Consejo Directivo de la entidad emitió el Acuerdo 2 del 14 de marzo de 2016
«Por medio del cual se acatan las Medidas Cautelares Decretadas de Suspensión
Provisional de los efectos del Acuerdo No. 32 del 28 de octubre de 2015». En la
parte considerativa se indicó que las providencias le fueron notificadas al órgano
colegiado el 8 y 9 de marzo de 2016. En consecuencia, el mismo día acordó
designar como director general encargado al señor Julio César Gómez Salazar
(Acuerdo 3 del 14 de marzo de 2016), y este declaró insubsistente el nombramiento
del señor Gabriel Antonio Penilla como jefe de la oficina asesora jurídica mediante
la Resolución 672 del 8 de abril de 2016, de la cual se discute su legalidad.
38. El demandante argumentó que, para el momento en que el Consejo Directivo
designó al señor Julio César Gómez Salazar como director general encargado, las
providencias que suspendían el nombramiento de Juan Manuel Álvarez Villegas no
habían sido efectivamente notificadas. Afirmó que el Acuerdo 3 del 14 de marzo de
2016 (encargo) es absolutamente nulo, porque no existía para entonces un empleo
vacante que proveer, aunque fuera de forma transitoria. Manifiesta que la
declaratoria de insubsistencia también es ilegal porque se fundamentó en dos
15 Para este fin, toma relevancia la prueba por indicios, como lo advirtió la Subsección B en otra oportunidad:
«La desviación de poder, como lo ha dicho la Sala, es un cargo de naturaleza eminentemente subjetiva y
pertenece al fuero interno del nominador; por tanto, para desentrañar su voluntad sería necesario involucrarse
en la mente de éste para establecer cuáles son los fines o propósitos buscados con la decisión; por ello, es
menester utilizar cuidadosamente la prueba indiciaria» (Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 26 de mayo de 2011. Rad. 19001-23-31-000-1999-02005-02. C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
16 En cualquier caso, se identifica este carácter del empleo en la Resolución 2071 del 31 de diciembre de 2008
«Por medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta global de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda ─CARDER─» (Ibíd).
17 Procesos: 11001-03-28-000-2015-00034-00, con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez y 11001-03-28-000-2015-00045-00 (Ibíd).
9
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
providencias «inexistentes».
39. Al respecto, la Sala recuerda que uno de los atributos o cualidades más
importantes que revisten los actos administrativos es la presunción de legalidad.
Como se expuso en el recuento normativo y jurisprudencial, esta supone que
aquellos se presumen válidos mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y, en consecuencia, son eficaces. Por lo tanto,
como en el presente asunto no se pretendió la nulidad del acto administrativo de
encargo, ni se allegó prueba de que este fuera anulado, este se presume ajustado
a derecho, y es el fundamento jurídico y fáctico del acto que se controla: la
declaratoria de insubsistencia.
40. Por otra parte, el recurrente estuvo inconforme con la interpretación que
presentó el Tribunal en primera instancia que, a grandes rasgos, advirtió un
escenario de pérdida de confianza entre nominador y nominado como premisa
jurídicamente admisible para declarar la insubsistencia del nombramiento. Afirmó
que la relación de confianza que se predica en los empleos de libre nombramiento
y remoción se configura respecto del titular del cargo y no de aquellos que lo ejercen
de forma transitoria en su ausencia. Que por ello Julio César Gómez Salazar, como
encargado, no podía manifestar una supuesta pérdida de confianza.
41. Sin embargo, este argumento tampoco está llamado a prosperar. El encargo es
una modalidad de provisión de empleos y, a su vez, una situación administrativa
que permite el ejercicio de funciones públicas, sin límite de competencia para la
persona que lo ejerce. En el caso concreto, este se dio de forma total, sin ninguna
salvedad que restringiera o limitara el ejercicio de las funciones inherentes del
empleo en que fue encargado el señor Gómez Salazar. De allí que este era
auténticamente el nominador, aunque tuviera carácter finito en el tiempo, por lo que
la relación de confianza debía consolidarse entre este y el jefe de la oficina asesora
jurídica.
42. Que el nombramiento del director general tuviese carácter transitorio no
significaba, en sí mismo, que la relación de confianza que sustenta el vínculo no se
configure entre aquel y los subordinados de libre nombramiento y remoción.
43. Por el contrario, se reitera que los empleos de libre nombramiento y remoción
revisten especiales responsabilidades y profundas implicaciones al momento de
tomar decisiones, por lo que debe existir coordinación y el mejor entendimiento
posible entre los funcionarios del más alto nivel. Sobre este asunto, la Corte
Constitucional ha explicado que «[…] siendo la confianza un factor determinante a
la hora de vincular funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción, su
pérdida constituye una razón justificada para que la administración de por terminada
la relación laboral con el empleado público y de esta forma garantice tanto la
10
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
prestación del buen servicio como la satisfacción del interés público» 18.
44. Dicha Corporación realizó un estudio juicioso del fundamento y la teleología de
la facultad de libre nombramiento y remoción en la Sentencia de Unificación 3 de
2018. Expuso que el ordenamiento jurídico permite a la administración la
configuración de los equipos de trabajo atendiendo a criterios de plena confianza,
desde una perspectiva eminentemente subjetiva, excepcionando la regla general de
carrera del empleo público para que se administre conforme a las razones de
conveniencia del titular de la competencia. De allí la precariedad en su estabilidad
laboral. Concluyó:
«Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza,
justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso
a la carrera administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en
la aplicación de los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de
“prepensión”, en los términos de la primera regla de unificación de esta
sentencia […]
Son, pues, estos dos criterios, de manera fundamental, los que ha considerado
relevantes la jurisprudencia constitucional para justificar la validez constitucional
de este tipo de empleos: uno de índole material, en razón a las funciones que
desarrollan, y, otro, de índole subjetivo, que da cuenta del alto grado de
confianza que exige su ejercicio»19 (énfasis fuera de texto).
45. El Consejo de Estado no ha sido ajeno a estos razonamientos y estima la
confianza un factor determinante a la hora de vincular y desvincular funcionarios
en cargos de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, su pérdida constituye una
razón justificada para que la administración de por terminada la relación laboral y
de esta forma garantice tanto la prestación del buen servicio como la satisfacción
del interés público20.
46. Cuando la afinidad ideológica y funcional orientada a la definición y ejecución
de políticas públicas se desvanece, el acto de insubsistencia del nombramiento no
puede catalogarse como arbitrario o dictado con desviación de poder. Esta Sección
ha sostenido: «[…] Por ello, un empleado en tal cargo que no esté en sintonía con
el representante y responsable de la institución pública, al margen de sus
capacidades y desempeño, bien puede ser separado del empleo, ya que, en la
dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida, entre otras, para ese
tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la actividad
laboral»21.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-686 del 11 de septiembre de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2024. Rad. 25-000-23-42-
000-2016-05968-01 (1911-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Rad. 25000-
23-42-000-2016-02386-01 (6635-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
11
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
47. En el presente caso, el demandante negó incurrir en conductas que dieran lugar
a la pérdida de confianza por parte del nominador, especialmente, porque considera
probado que no realizó prácticas irregulares en la representación jurídica de la
entidad, según las pruebas relacionadas con los expedientes disciplinario y penal.
48. Sin embargo, a juicio de la Sala, aunque lo alegado se tuviera por cierto, el
escenario que provocó la declaratoria de insubsistencia no fue propiamente la
«pérdida» de la confianza, sino que esta simplemente nunca existió. Es decir, como
el propio demandante lo pone de presente, él fue nombrado en el cargo en virtud de
su relación cercana de índole profesional con el señor Juan Manuel Álvarez Villegas
que, ejerciendo como director general de la CARDER, hizo uso de la facultad
discrecional de libre nombramiento y remoción. Una vez este se apartó del empleo,
era predecible que el director encargado, en desarrollo de la misma facultad,
nombrara a los servidores que, de acuerdo con su afinidad ideológica y su proyecto
funcional, le garantizaran la mayor certeza y tranquilidad.
49. En suma, entre ambos no existía un vínculo de confianza que pudiera
desvanecerse, y el director general encargado procedió a integrar el equipo
administrativo en uso de la atribución discrecional, legal y constitucional, de libre
nombramiento y remoción. Por demás, no se demostró que la decisión tuviera una
finalidad distinta a la que asigna el ordenamiento, pues, la hipótesis del origen
político o burocrático de la decisión no se acreditó en el estándar requerido: la plena
convicción del juez de lo contencioso administrativo.
50. En consecuencia, la presunción de legalidad del acto demandado permanece
incólume y se confirmará la decisión de primera instancia.
Condena en costas
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
12
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00739-02 (5769-2023)
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el primero (1.°) de junio de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
13
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.