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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00009-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00009-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00009-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00009-01 (3856-2023)
Demandante: Sonia Patricia Mosquera Trujillo
Demandado: Gestora Urbana de Ibagué (EICE)

Temas: Insubsistencia. Empleada de libre nombramiento y remoción.
Estabilidad laboral reforzada. Prepensionados. Desviación de
poder. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las pretensiones
y condenó en costas.

ANTECEDENTES

1. La señora Sonia Patricia Mosquera Trujillo instauró demanda en contra de la
Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Gestora Urbana de Ibagué, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 57 del 26 de febrero de 2020 «Por
medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento», expedida por el
gerente de la demandada. A título de restablecimiento del derecho, se ordene su
reintegro sin solución de continuidad al cargo que venía desempeñando o a uno de
superior categoría, con retroactividad al 26 de febrero de 2020 y se condene al pago
indexado de todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones y demás
emolumentos dejados de percibir desde su retiro y hasta la efectiva reincorporación,
en los términos del artículo 187 del CPACA.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00009-01 (3856-2023)

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

3. Que fue nombrada jefe de la oficina de recursos físicos y financieros de la entidad,
código 06, grado 12, a través de la Resolución 233 del 25 de octubre de 2018. Que
informó a la Gestora Urbana de Ibagué el 25 de noviembre de 2019 sobre su
proximidad a obtener el derecho a una pensión de vejez en tan solo dos años.

4. Afirmó que el 28 de febrero de 2020 le ordenaron verbalmente entregar el cargo,
razón por la cual solicitó a la entidad copia del acto administrativo de retiro,
constancia de envío, recibido y ejecutoria. Previo a obtener respuesta, y por
sugerencia de un funcionario, verificó su correo electrónico y se percató de que la
notificación de la Resolución 57 del 26 de febrero de 2020, por la cual se declaró
insubsistente su nombramiento, permanecía en el buzón de spam y, aunque no
autorizó ser notificada de este modo, el 12 de marzo de 2020 se emitió la constancia
de ejecutoria del acto de insubsistencia.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

5. Sostuvo que los actos demandados vulneran los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48,
53, 121 y 209 de la Constitución Política; 19 de la Ley 344 de 1996; 122 del Decreto
1950 de 1973; 9 de la Ley 71 de 1988; 56, 65 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo y la Ley 797 de 2003.

6. Argumentó que el acto administrativo fue irregularmente expedido y que
desconoció los derechos de audiencia y de defensa, es decir, el debido proceso,
porque no fue debidamente notificado o comunicado. Que, como es inoponible,
carece de efectos jurídicos vinculantes y está viciado de nulidad por desconocer los
requisitos para su expedición, especialmente, los relacionados con la notificación.

7. Indicó que se acreditó una circunstancia de desviación de poder, pues la decisión
administrativa tuvo por finalidad impedir que se concretara un supuesto de
estabilidad laboral reforzada por la calidad de «prepensionada», de allí que se
produjo restando 5 días para que cumpliera 54 años de edad y faltando menos de
2 años para cumplir con el número de semanas cotizadas. Añadió que el acto no
«mejoró» el servicio porque su reemplazo no tenía más estudios o experiencia que
ella.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

8. El 4 de junio de 2021 el Tribunal admitió la demanda, la entidad expresó que, por
tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción el nominador podía disponer
discrecionalmente del empleo sin motivar la decisión.

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9. Que, según la sentencia SU-3 de 2018, para que un trabajador goce de
estabilidad laboral reforzada por ser «prepensionado» se requieren dos requisitos:
que le falten 3 años o menos para cumplir con las semanas de cotización o el capital
necesario para acceder a una pensión y que no desempeñe un cargo de libre
nombramiento y remoción. De allí que, como en el caso concreto la demandante
ocupaba un cargo de esta naturaleza, entonces no se cumple la condición exigida.

10. Propuso la excepción de caducidad. Argumentó que el acto se comunicó a la
interesada desde el 26 de febrero de 2020, por lo que el término de 4 meses para
demandar transcurrió entre el día siguiente y el 27 de agosto del mismo año; sin
embargo, la solicitud de conciliación se presentó el 15 de diciembre y se declaró
fallida al día siguiente. También excepcionó «inexistencia de la obligación»,
«inexistencia de estabilidad reforzada», «falta de vicio en los actos», «inexistencia
de las causales de nulidad del acto», «ausencia de causa para demandar», buena
fe y prescripción.

11. El 8 de febrero de 2022 se celebró audiencia inicial, donde no se advirtieron
vicios, se postergó la resolución de la excepción de caducidad y se decretaron las
pruebas.

12. El 9 de agosto de 2022 se desarrolló la audiencia de pruebas, donde se declaró
no probada la excepción de caducidad. La Sala unitaria consideró que, como la
entidad no contó con autorización expresa para notificar a la demandante por
medios electrónicos, entonces esta no cumplió los requisitos de ley; sin embargo,
adujo que la señora Mosquera Trujillo prestó el servicio solo hasta el 29 de febrero
de 2020, evidenciando que conocía la decisión administrativa y, por lo tanto, la tuvo
notificada por conducta concluyente a partir de entonces.

13. Con este presupuesto para el cómputo de la caducidad, y teniendo presente la
suspensión de los términos judiciales durante aquella época, concluyó que presentó
la demanda oportunamente. Esta decisión no fue recurrida.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. En sentencia del 27 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima negó
las pretensiones y condenó en costas. Luego de diferenciar los empleos de carrera
administrativa y los de libre nombramiento y remoción, invocó jurisprudencia
constitucional sobre los criterios para identificar esta clasificación, así como la
sentencia SU-3 de 2018 sobre la protección especial para los «prepensionados» en
el último escenario.

15. Sostuvo que los nominadores gozan de una facultad discrecional para remover
a los empleados de libre nombramiento y remoción, de allí que la declaratoria de
insubsistencia no requería motivación alguna, aunque no puede ser arbitraria y
atiende criterios de razonabilidad.
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16. Que los vicios relativos a la notificación fueron resueltos conjuntamente al decidir
sobre la excepción de caducidad, es decir, que se acreditó la notificación por
conducta concluyente. Añadió que la publicidad de los actos administrativos se
relaciona con la eficacia y no la validez.

17. En cuanto al fuero de estabilidad, explicó que, según la jurisprudencia
antecitada, la calidad de «prepensionado» no supone una protección especial para
quienes ejercen cargos de libre nombramiento y que, cuando el único requisito
faltante es el cumplimiento de la edad, tampoco se consolida el fuero.

18. Concluyó que a la demandante le faltaban algo más de tres años para acceder
a su prestación pensional en atención exclusiva al criterio de la edad, razón por la
que no gozaba de un fuero de estabilidad laboral, ya que no cumplía los requisitos
para considerarse «prepensionable», especialmente: que le falten 3 años o menos
para consolidar el derecho.

RECURSO DE APELACIÓN

19. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Insistió en que el acto
administrativo debió notificarse personalmente y la entidad, aunque no tenía
autorización, lo realizó por medios electrónicos y esto «demuestra un afán de
desvincular a un funcionario». Añadió que, en lugar de notificación por conducta
concluyente, la señora Mosquera Trujillo no pudo continuar con sus actividades
porque su puesto de trabajo fue ocupado por otra persona.

20. Que, si bien la entidad podía abstenerse de motivar el acto administrativo de
insubsistencia, el ejercicio de competencias discrecionales de ciñe a principios de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, y corresponde al propósito de
mejorar el servicio. Pero, en lugar de esto, sostuvo que se evidenció desviación de
poder, que se observa en el despido con desconocimiento de la autorización para
notificar por correo electrónico y de su condición de «prepensionada».

21. Sobre esto último, reiteró que contaba con 1.182, 43 semanas cotizadas, por lo
que solo precisaba de 117,57 semanas para obtener una pensión de vejez, es decir,
2.29 años. Que, si bien la sentencia SU-3 de 2018 dispuso que las personas a
quiénes únicamente les faltara el cumplimiento de la edad de pensión no eran
sujetos de la protección especial, ella precisaba de edad y tiempo para acceder a
este derecho. Concluyó que sí era «prepensionada», condición que se perfecciona
al margen de la naturaleza de su empleo como de carrera o de libre nombramiento
y remoción.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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22. El recurso de apelación fue admitido el 28 de junio de 2023 y se dispuso que
una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar
sentencia, sin necesidad de traslados. El 20 de octubre de 2025 se negó solicitud
de pruebas en segunda instancia.

23. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si el acto administrativo demandado fue expedido con
desviación de poder y si se vulneró el ordenamiento jurídico por indebida notificación
y desconocer la protección especial que alega la demandante por ser
«prepensionada».

Marco normativo y jurisprudencial

Del retiro del servicio por insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y
remoción

25. Ley 909 de 2004 en su artículo 41 determinó que el retiro del servicio de los
cargos de libre nombramiento y remoción se realiza a través de la declaratoria de
insubsistencia mediante acto administrativo no motivado, pues se trata de una
facultad eminentemente discrecional1.

26. Al respecto, la Sección Segunda, ha sostenido que: «[…] para el desempeño de
los cargos de libre nombramiento y remoción, la confianza juega un rol
preponderante, lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y
retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una
u otra decisión, […]»2 (énfasis fuera de texto).

27. A pesar de lo señalado por la norma, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que dicha facultad debe ser ejercida dentro de parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, estableciendo como límites para su
ejercicio los siguientes: i) debe existir una norma de rango constitucional o legal que
contemple la discrecionalidad expresamente, ii) su ejercicio debe ser adecuado a

1 «Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos

de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; […]
Parágrafo 2°. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las
causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional
y se efectuará mediante acto no motivado». (Énfasis fuera de texto).
2 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Exp. 73001-23-33-

000-2013-00447-01 (4519-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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los fines de la norma que la autoriza, y iii) la decisión debe ser proporcional a los
hechos que le sirven de causa3.

28. En similar sentido, esta corporación ha expuesto que la potestad de remoción
de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser ejercida bajo dichos
parámetros y que el acto de insubsistencia al ser inmotivado supone la existencia
de una razón o medida con miras al mejoramiento del servicio 4.

29. El segundo inciso del artículo 2 del CPACA excluyó el ejercicio de la facultad de
libre nombramiento y remoción del ámbito de aplicación de la primera parte del
Código. Expresamente dispone: «Artículo 2°. Ámbito de aplicación. […] Las
disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares
o de policía […] Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre
nombramiento y remoción […]» (énfasis fuera de texto).

30. En consecuencia, contra los actos administrativos expedidos en virtud de una
facultad discrecional de libre nombramiento y remoción no proceden los recursos
administrativos previstos, por regla general, en el artículo 74 del CPACA. Entre otras
razones, porque el ordenamiento presume que estas decisiones están orientadas al
mejoramiento del servicio, al punto de no exigir su motivación.

31. Esto no significa que se trate de actos arbitrarios, solo que no son susceptibles
de la interposición de recursos administrativos, lo que habilita el control directo de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se trata de decisiones que, además
de atender a los parámetros generales de legalidad, deben ser adecuadas a los
fines de la norma que los autoriza, proporcionales y razonables.

Estabilidad laboral reforzada: «prepensionados»

32. La Ley 790 de 20025 pretendió renovar y modernizar la estructura de la rama
ejecutiva del orden nacional. Ordenó la liquidación o fusión de algunas entidades
públicas, situación que ocasionó la modificación de las plantas de personal de las
distintas entidades y el retiro de servidores públicos. Por tal razón, creó una
«protección especial» para aquellos que se encontraran en una situación diferencial.
En tal sentido, ordenó:

«Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que
establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los

3 Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 2012 del 16 de mayo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 15 de febrero de 2018. Exp. 76001-23-

31-000-2010-01828-01(1615-16) y del 21 de marzo de 2022. Exp. 76001-23-33-000-2013-00938-01 (4632-
2019). C.P. William Hernández Gómez.
5 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública

y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República».

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requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación
o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación
de la presente ley».

33. Esta garantía de estabilidad reforzada procedía siempre que se acreditaran los
siguientes supuestos: i) que existiera una vinculación laboral con una entidad
pública del orden nacional; ii) donde se desarrollara el programa de renovación
pública y iii) que los servidores públicos se encontraran en cualquiera de las
siguientes situaciones: a) madres o padres cabeza de familia sin alternativa
económica; b) personas con limitación física, mental, visual o auditiva y c) servidores
que cumplan con la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicios para
disfrutar la pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados
a partir de la promulgación de la Ley.

34. En relación con estos supuestos, la Corte explicó que «[…] concurre una
relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la
garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la
igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la
eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en
aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación […]»6.

35. Concretamente, en lo que refiere a los denominados «prepensionados», debe
advertirse que no es un asunto que dependa de un mandato legislativo particular y
concreto; sino que tiene raigambre constitucional y, en razón de ello, opera como
instrumento para la satisfacción de derechos fundamentales que se verían
afectados por el retiro del empleo público.

36. Pese a lo anterior, el alcance de la condición de «prepensionado» fue delimitado
por la jurisprudencia. En la Sentencia de Unificación 003 de 2018 la Corte
Constitucional indicó que, por regla general, los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada.

37. Adujo que este tipo de cargos demandan el máximo grado de confianza por
parte de sus nominadores, justificación natural de la discrecionalidad en cuanto al
nombramiento y remoción. Explicó: «[…] extender la protección individual de la
garantía de estabilidad laboral reforzada a estos servidores supondría desconocer,
de modo absoluto, la finalidad o naturaleza de estos empleos, la cual se ha
considerado ajustada a la Constitución, entre otras, en las sentencias C-195 de
1994 y C-514 de 1994»7.

38. La Corte advirtió que en ese caso el tutelante ocupaba un empleo de esta
naturaleza y, por lo tanto, no se predicaba una garantía de estabilidad laboral. Sin
embargo, estableció otra subregla de unificación, pues precisó que aquella tampoco

6 Corte Constitucional. Sentencia T-186 del 10 de abril de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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acreditó la condición de «prepensionable». Sostuvo que el objetivo de dicha figura
es proteger la expectativa del trabajador de ordenar su pensión de vejez y, en esa
medida, señaló que cuando el único requisito faltante para acceder al derecho
pensional es la edad «[…] no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria
del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito
faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación
laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez […]»8.

39. Posteriormente, en la sentencia T-253 de 2023 ratificó estos criterios, en los
siguientes términos:

«De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están
próximas (dentro de los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas
-o tiempo de servicio- requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación
Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad. En esa decisión, la Corte unificó su jurisprudencia para determinar
que los funcionarios de libre nombramiento y remoción no gozan de
estabilidad laboral reforzada, y que no tiene la calidad de prepensionado el
funcionario al que solamente le falta cumplir el requisito de la edad para obtener
la pensión» (énfasis fuera de texto)9.

40. Finalmente, se ha expresado que la mera condición de «prepensionado» no es
suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino que es necesario
evidenciar en cada caso concreto que la desvinculación pone en riesgo su mínimo
vital, teniendo en cuenta que la edad «[…] es un indicador [de] la falta de
probabilidades de integrarse al mercado laboral que debe apreciarse junto con el
hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de este o, en todo caso, que
los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en
condiciones dignas ante la ausencia del primero»10.

Desviación de poder

41. Esta causal de nulidad se refiere a la «[…] intención con la cual la autoridad
toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que
obedece a un propósito particular, personal o arbitrario»11. En otras palabras, incurre
en desviación de poder cuando el funcionario ejerce sus atribuciones, no en aras
del buen servicio público y de la buena marcha de la administración, sino por móviles
arbitrarios, caprichosos, egoístas, injustos u ocultos.

42. Para desvirtuar la presunción de legalidad que caracteriza los actos
administrativos, quien alega la desviación de poder debe acreditar los supuestos de
hecho en que se basa la censura que pretende hacer valer; es decir, la parte

8 Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 3 del 8 de febrero de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-253 del 11 de julio de 2023. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-357 del 6 de julio de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Exp. 13001-23-31-

000-2007-00052-01(0105-12). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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demandante debe demostrar que el ejercicio de la potestad discrecional atendió a
uno motivo personal, cualquiera distinto a la mejora del servicio o el interés general.

Resolución al caso concreto

43. La parte demandante insistió en que la decisión podía no motivarse, pero debía
corresponder a un ejercicio racional, proporcional y razonable de una potestad
discrecional. Argumentó que, por el contrario, el acto adolece de desviación de
poder, y que esta se comprueba en la notificación por medios electrónicos sin contar
con autorización, que «demuestra un afán de desvincular a un funcionario» y en el
desconocimiento de la condición de «prepensionada».

44. Aunque esto último también fue discutido en el recurso y constituye una
inconformidad independiente, hace parte de los presupuestos que dan lugar a la
hipótesis relacionada con la desviación de poder, por lo tanto, se resolverá primero
sobre este punto.

45. La parte demandante no discutió la calificación de su empleo como uno de libre
nombramiento y remoción, por el contrario, argumentó que «[…] esta garantía cubre
no solo a los empleos de carrera de administrativa o en provisionalidad, sino
también a quien ocupan cargos de libre nombramiento y remoción […]». Sin
embargo, retomando la explicación de la jurisprudencia descrita en la parte
considerativa, esta Sala ha sostenido en otras oportunidades que los empleos de
esta naturaleza no gozan de estabilidad laboral reforzada. Ha concluido:

«Recuérdese que, de conformidad con el marco normativo antes referenciado,
los empleos de esta naturaleza no gozan de estabilidad laboral reforzada. […]
60. Así las cosas, no es relevante estudiar si, para cuando fue emitido el acto
demandado, la actora detentaba estaba próxima a cumplir con los requisitos
para disfrutar de su pensión de vejez o, si por el contrario, ya había consolidado
ese derecho pues, se insiste, la estabilidad laboral reclamada en la demanda
no la cobijaba, dado que el empleo ejercido correspondía a uno de libre
nombramiento y remoción»12.

46. Por lo anterior, no es necesario estudiar si cumplía con los presupuestos para
adquirir tal calidad pues, por la naturaleza del empleo ocupado, la demandante no
gozaba de estabilidad laboral reforzada13.

47. Ahora bien, los alegados vicios en la notificación del acto administrativo, como
lo adujo el Tribunal de primera instancia, no tienen la potencialidad de afectar la
validez del mismo, sino que se reservan a la esfera de su eficacia. Entre muchas

12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2025. Rad. 25000-23-42-

000-2017-03106-01 (1434-2022). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 El mismo razonamiento ha sostenido la Sala en otras oportunidades: «Consecuente con lo expuesto,

independientemente de que la demandante se encontrara en condición de prepensionada y/o madre cabeza de
familia, como lo alegó, no es beneficiaria de la protección especial de estabilidad laboral, justamente, por la
naturaleza de su cargo, como, en efecto, fue concluido por el Tribunal de Primera Instancia. Sin que sea
necesaria elucubración adicional al respecto» (énfasis fuera de texto) (Consejo de Estado. Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de agosto de 2024. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez).

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razones, porque la publicidad del acto se surte en una instancia posterior a la
conformación de la voluntad de la administración y nada informa sobre sus
elementos.

48. De allí que, como móviles de nulidad autónomos, no prosperan los cargos de
nulidad relacionados con la supuesta condición de «prepensionada» de la
demandante, ni la indebida notificación del acto administrativo.

49. Pero la Sala debe detenerse en estos asuntos como elementos demostrativos
de un eventual vicio de desviación de poder, que se sustenta en la siguiente
hipótesis: que la voluntad de declarar la insubsistencia del nombramiento no
obedeció al mejoramiento del servicio, sino que tuvo como propósito «evitar» que la
demandante alcanzara una protección especial de origen constitucional.

50. El sustento de esta lectura se encuentra, fundamentalmente, en que la
demandante remitió comunicación a la entidad advirtiendo sobre los requisitos que
le faltaban para adquirir el derecho a una pensión de vejez14. Poco después, y cerca
de que la actora cumpliera 54 años, la entidad expidió el acto de insubsistencia de
su nombramiento y se «apresuró» a notificarlo indebidamente por medios
electrónicos sin contar con la autorización expresa de la interesada.

51. Al respecto, la Sala advierte que se reclama la aplicación estricta de las normas
de notificación disponibles en el CPACA, específicamente el artículo 67 sobre
notificación personal y el 56 sobre la modalidad electrónica; no obstante, como se
expuso en la parte considerativa, el inciso segundo del artículo 2 del mismo estatuto
excluye el ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción del ámbito de
aplicación de la primera parte del Código, que corresponde al procedimiento
administrativo. Es decir, se invoca el desconocimiento de normas que no eran
aplicables al caso concreto.

52. En sentido similar, manifestó inconformidad con la alegada notificación por
conducta concluyente a la que aludió la Sala unitaria en la audiencia de pruebas
para efectuar el cómputo de la caducidad. Adujo que, más que una notificación, la
actora no pudo continuar prestando el servicio porque encontró a una nueva
persona ocupando su cargo.

53. Sobre este asunto, la Sala observa que la liquidación de las prestaciones
sociales de la servidora tuvo como último día de prestación del servicio el 29 de
febrero de 202015, fecha que no fue cuestionada u objetada. Por lo tanto, es claro
que tuvo conocimiento del acto de insubsistencia de su nombramiento, por lo menos
ese día, previo al cumplimiento de los 54 de edad (el 3 de marzo de la misma
anualidad), cuando presuntamente alcanzaba la condición de «prepensionada»

14 Oficio RE-4672 del 25 de noviembre de 2019 (Fl. 121 de la contestación de la demanda, visible a índice 58

de Samai, «Tribunales»).
15 Fl. 166 y ss. de la contestación de la demanda, visible a índice 58 de Samai, «Tribunales».

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que, como se explicó, realmente nunca tendría lugar en atención a la naturaleza del
cargo.

54. Y aunque la proximidad en estas fechas podría valorarse como un indicio sobre
una intención «desviada» de la entidad, el Consejo de Estado ha sostenido
reiterativamente que el ejercicio de la facultad discrecional de libre nombramiento y
remoción «[…] está amparado por una presunción teleológica en virtud de la cual
se considera que la declaratoria de insubsistencia del funcionario respectivo
obedece a motivos de mejoramiento del servicio»16. Esta presunción no logra
desvirtuarse con el material probatorio disponible y, en todo caso, le correspondía
acreditar tal circunstancia a la parte demandante en los términos del artículo 167
del Código General del Proceso.

55. En suma, si las normas sobre notificación invocadas no eran aplicables y
tampoco se consolidaría una estabilidad laboral reforzada de origen constitucional,
la hipótesis de una actuación «afanosa» que demuestra un interés desviado o ajeno
por parte de la entidad estatal pierde sustento. Por demás, no se probó que la
voluntad de la entidad atendiera a fines distintos a la mejoría en la prestación del
servicio y el vicio de desviación de poder implica llevar al juzgador la plena
convicción de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad
normativa.

56. En consecuencia, la presunción de legalidad del acto demandado permanece
incólume y se confirmará la decisión de primera instancia.

Condena en costas

57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

16 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2018. Rad. 25001-

23-42-000-2015-01406-01 (5037-2016). C.P. William Hernández Gómez.

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59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

60. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de abril de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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