Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-01418-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-01418-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2010-01418-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho - CCA
Tema: Finalización de cabotaje / Litisconsorcio cuasinecesario entre la
aseguradora y el tomador del seguro cuando se demanda el acto
administrativo que declaró el siniestro del riesgo de incumplimiento
amparado por una póliza de seguros constituida a favor de una entidad
pública / ausencia de cobertura póliza de seguro.
Decisión: Revocar parcialmente la sentencia del 6 de septiembre de 2019, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que denegó las pretensiones de
la demanda. En su lugar, declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos demandados porque la póliza que la DIAN hizo efectiva no
se encontraba vigente para la fecha del incumplimiento atribuido a la
sociedad demandante. Negar las demás pretensiones de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Tampa
Cargo S.A.S. contra la sentencia del 6 de septiembre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Tampa Cargo S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, en contra de la DIAN, en la cual
formuló las siguientes pretensiones:
2.1. Se decrete la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No.
1-90-201-241-064201-2736 de septiembre 09 de 2009 y su confirmatoria la Resolución
No. 10162 de diciembre 23 de 2009, emanadas de la División de Gestión de Liquidación
Aduanera y de la División de Gestión Jurídica Aduanera respectivamente, de la Dirección
Seccional de Aduanas de Medellín, U.A.E., Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN- adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2.2. Como consecuencia de lo anterior se declare que la sociedad TAMPA CARGO S.A.,
no adeuda suma alguna a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- por
concepto de sanciones relativas a los Actos Administrativos a declarar nulos, ni ha
incumplido ninguna obligación legal.
1 La demanda fue radicada el 12 de julio de 2010. Folios 5 a 17 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia
digitalizado en el índice 19 Samai.
2 En adelante, CCA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
2.3. Como consecuencia de la primera declaración, y en caso de haberse pagado por mi
poderdante, la sanción impuesta, mientras se desarrolla el presente proceso contencioso
administrativo, con ocasión del cobro coactivo, se condene a la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al pago de
las siguientes sumas:
2.3.1. Por daño emergente: La suma de TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($399.840.000), suma que consta
dentro del expediente administrativo aduanero o la suma que se pague a la DIAN con el
incremento de intereses y actualizaciones.
2.3.2. Por lucro cesante la actualización de la suma anterior, según el índice de precios al
consumidor, más un 6% desde el momento en que se haga el pago a la DIAN hasta el día
en que se realice efectivamente el reintegro al demandante3 (mayúsculas sostenidas y
negritas del texto original).
1.2. Hechos probados
De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:
1.2.1. La Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, División de Gestión de
Fiscalización de la DIAN, mediante Requerimiento Especial Aduanero 1-90-218-419-
2330 del 23 de junio de 2009, propuso:
(i) Sancionar a la empresa Tampa Cargo S.A.S. con multa de trescientos noventa y nueve
millones ochocientos cuarenta mil pesos ($399.840.000) por incurrir en la infracción de
que trata el numeral 3.1.3 del artículo 497 del Decreto 2685 de 19994, según el siguiente
detalle:
ITEM DECLARACIÓN DE VALOR SALARIO TARIFA SANCIÓN SANCIÓN TOTAL A
TRÁNSITO (CABOTAJE No.) MINIMO AÑO 2006 PAGAR
1 0509906C000813 408.000 70 SMLMV $28.560.000
2 0500006C000832 408.000 70 SMLMV $28.560.000
3 0500006C000833 408.000 70 SMLMV $28.560.000
4 0500006C000894 408.000 70 SMLMV $28.560.000
5 0500006C000895 408.000 70 SMLMV $28.560.000
6 0500006C000922 408.000 70 SMLMV $28.560.000
7 0509906C000974 408.000 70 SMLMV $28.560.000
8 0509906C000975 408.000 70 SMLMV $28.560.000
9 0509906C000977 408.000 70 SMLMV $28.560.000
10 0509906C000991 408.000 70 SMLMV $28.560.000
11 0509906C001018 408.000 70 SMLMV $28.560.000
12 0509906C001019 408.000 70 SMLMV $28.560.000
13 0509906C001020 408.000 70 SMLMV $28.560.000
14 0509906C001044 408.000 70 SMLMV $28.560.000
VALOR TOTAL $399.840.000
(ii) Hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales
3302008104898 del 2 de abril de 2008, con certificado de modificación 4 del 13 de mayo
de 2008 y vigencia desde el 7 de junio de 2008 hasta el 7 de septiembre de 2009,
3 Folios 5 y 6 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
4 Artículo 497. Infracciones aduaneras de los transportadores y sanciones aplicables. Las infracciones aduaneras en
que pueden incurrir las empresas transportadoras y las sanciones asociadas a su comisión son las siguientes:
(…)
3. En el Régimen de Tránsito Aduanero:
3.1 Gravísimas:
(…)
3.1.3 No terminar en la forma prevista en las normas aduaneras el régimen de tránsito aduanero.
La sanción aplicable será de multa equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
expedida por la compañía de seguros Mapfre Seguros de Crédito S.A. por valor de
trescientos noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil pesos ($399.840.000)5.
1.2.2. La sociedad Tampa Cargo S.A.S. con el radicado 11140 del 16 de julio de 20096,
respondió el requerimiento especial aduanero y expuso como argumentos de defensa la
violación directa de la ley y el cumplimiento de sus obligaciones.
1.2.3. Mediante la Resolución 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de 20097,
la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
de la DIAN, resolvió:
(i) Declarar responsable a la sociedad Tampa Cargo S.A.S. por la infracción prevista en
el numeral 3.1.3 del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, sancionada con multa de
trescientos noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil pesos ($399.840.000); y
(ii) Hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales
3302008104898 del 2 de abril de 2008, con certificado de modificación 4 de 13 de mayo
de 2008 y vigencia comprendida entre el 7 de junio de 2008 y el 7 de septiembre de 2009,
expedida por la compañía de seguros Mapfre Seguros de Crédito S.A. – Mapfre
Crediseguro S.A., por un valor de trescientos noventa y nueve millones ochocientos
cuarenta mil pesos ($399.840.000).
1.2.4. Tampa Cargo S.A.S. interpuso recurso de reconsideración a través del radicado
16123 del 30 de septiembre de 20098 en el que además de los argumentos de violación
directa de la ley y cumplimiento de sus obligaciones expuestos en los descargos, incluyó
los de: (i) ausencia de cobertura de la póliza que se hizo efectiva; (ii) prescripción de la
acción del artículo 1081 del Código de Comercio; y (iii) caducidad de la acción
sancionatoria.
1.2.5. A través de la Resolución 10162 del 23 de diciembre de 20099, la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN resolvió el
recurso de reconsideración y confirmó en su integridad la Resolución 1-90-201-241-
064201-2736 del 9 de septiembre de 2009.
1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.3.1. Tampa Cargo S.A.S. invocó como violados: el artículo 29 de la Constitución
Nacional; el artículo 11 de la Ley 962 de 2005; el artículo 14 del Decreto 2150 de 1995;
el artículo 33 del CCA; el artículo 334 de la Resolución 4240 de 2000; el artículo 1081 del
Código de Comercio y los artículos 375 y 478 del Decreto 2685 de 1999.
1.3.2. En el concepto de la violación la demandante expuso los siguientes cargos:
1.3.2.1. Violación directa de la ley
La demandante sostuvo que los actos administrativos mediante los cuales la DIAN la
sancionó por no finalizar las operaciones de cabotaje de mercancías procedentes de la
zona franca, iniciadas en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con destino al resto del
mundo, no se ajustaron a la ley, con fundamento en lo siguiente:
5 Folios 36 y 37 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
6 Folios 39 a 49 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
7 Folios 50 a 63 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
8 Folios 64 a 75 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
9 Folios 77 a 95 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
(i) Los bienes amparados en las operaciones de cabotaje autorizadas por la DIAN
permanecieron en todo momento bajo control aduanero y, una vez llegaron al Terminal
Aéreo de Bogotá o al de Medellín, la autoridad competente autorizó la salida de la
mercancía al exterior.
(ii) Está probado que los cabotajes investigados salieron del país dentro de las fechas
autorizadas para su finalización; por tanto, el funcionario de la DIAN que permitió el
embarque al exterior de la mercancía verificó los documentos soporte exigidos para este
tipo de operaciones. En consecuencia, la operación de cabotaje (traslado de aeropuerto
a aeropuerto) concluyó bajo el control de la DIAN.
(iii) La sanción cuestionada se sustentó en el supuesto incumplimiento de la formalidad
consistente en el otorgamiento del visto bueno de un funcionario al formulario de cabotaje
para certificar su finalización. Sin embargo, dicha exigencia no se encuentra claramente
prevista en la legislación aplicable a las operaciones de cabotaje, sino que deriva de una
interpretación de las normas del tránsito aduanero. Tal interpretación desconoce que las
operaciones investigadas se realizaron bajo el régimen de exportación, el cual obedece
a una lógica distinta del control aplicable a los cabotajes de importación.
(iv) El artículo 11 de la Ley 962 de 2005 prohíbe a las autoridades públicas exigir a los
particulares requisitos previamente acreditados. Asimismo, si el funcionario aduanero que
autorizó el embarque al exterior estimaba necesario un trámite adicional a cargo de otro
funcionario, debió remitir la documentación al competente a través de los mecanismos
internos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del CCA.
1.3.2.2. Cumplimiento de las obligaciones
Indicó que, con base en lo solicitado por la Aerolínea Tampa Cargo S.A.S. entre junio y
agosto de 2006, la DIAN autorizó catorce (14) operaciones de cabotaje hacia los
aeropuertos El Dorado de Bogotá y José María Córdoba de Rionegro, donde las
mercancías cambiarían de medio de transporte con destino al exterior. A continuación,
detalló los datos correspondientes a cada operación de cabotaje:
Cabotaje Nombre del Fecha límite de Documento de Manifiesto de Destino
depósito o usuario cumplimiento transporte según carga o registro
zona franca la casilla 57 electrónico
0500006C000813 Tampa Cargo S.A. 27 de junio de 729-11561830 11000775 del 27 de Miami
Medellín 2006 junio de 2006
0500006C000832 Tampa Cargo S.A. 3 de julio de 2006 729-71316814 11000799 del 30 de Miami
Medellín junio de 2006
0500006C000833 Tampa Cargo S.A. 28 de junio de 729-11561841 Sin número del 28 de Miami
Medellín 2006 junio de 2006
05099061000894 Tampa Cargo S.A. 11 de julio de 2006 729-11610605 032735 del 7 de julio Miami
Medellín de 2006
05099061000895 Tampa Cargo S.A. 11 de julio de 2006 729-71316825 032735 del 7 de julio Miami
Medellín de 2006
0509906000922 Tampa Cargo S.A. 17 de julio de 2006 729-71316836 Sin número del 14 de Miami
Medellín julio de 2006
0509906C000974 Tampa Cargo S.A. 31 de julio de 2006 729-71574882 038173 del 21 de México
Medellín julio de 2006
0509906C000975 Tampa Cargo S.A. 23 de julio de 2006 729-11610642 00009505 del 21 de Miami
Bogotá julio de 2006
0509906C000977 Tampa Cargo S.A. 24 de julio de 2006 729-11650785 11000876 del 21 de Miami
Medellín julio de 2006
0509906000991 Tampa Cargo S.A. 26 de julio de 2006 729-11652443 00009782 del 25 de San Juan de
Bogotá julio de 2006 Puerto Rico
0509906C001018 Tampa Cargo S.A. 31 de julio de 2006 729-11651791 11000915 del 31 de Miami
Medellín julio de 2006
0509906C001019 Tampa Cargo S.A. 31 de julio de 2006 729-11651791 Sin datos Miami
Medellín
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
0509906001020 Tampa Cargo S.A. 31 de julio de 2006 729-55664092 042355 del 31 de Lima, Perú
Medellín julio de 2006
0509906C001044 Tampa Cargo S.A. 7 de agosto de 729-11651813 11000947 del 6 de Miami
Medellín 2006 agosto de 2006
Explicó que, en cada una de las autorizaciones de cabotaje, se consignó lo siguiente en
la casilla “observaciones del declarante”: “mercancía que realizará transbordo en
Medellín” o en “Bogotá”. Ello que significa que la DIAN tenía conocimiento de que la carga
tenía como destino el exterior, por tratarse de operaciones de cabotaje de exportación.
Alegó que el sello de la DIAN que figura en el manifiesto de carga de cada operación
acredita que las mercancías salieron hacia el extranjero antes de vencerse el plazo
autorizado, por lo que resulta imposible hablar de incumplimiento alguno.
Destacó que la normativa aduanera aplicable al asunto, en particular el artículo 334 de la
Resolución 4240 de 2000, permite la salida de mercancías desde la zona franca con
destino al resto del mundo, previa autorización del usuario operador y del régimen de
tránsito en cualquiera de sus modalidades, requisitos que se cumplieron a cabalidad en
los casos analizados.
1.3.2.3. Ausencia de cobertura de la póliza que se hizo efectiva
Según el actor, dado que los hechos sancionados por la DIAN ocurrieron durante los
meses de junio, julio y agosto de 2006, la garantía que se hizo exigible mediante los actos
administrativos demandados, expedida por Mapfre Crediseguros S.A. e identificada con
el número 3302008104898, con vigencia entre el 7 de junio de 2008 y el 7 de septiembre
de 2009, no tenía cobertura bajo dicho contrato de seguro.
Lo anterior se explica porque, al momento de la presentación y ejecución de los cabotajes
cuya supuesta falta de finalización sancionó la DIAN, el contrato de seguro aún no se
había celebrado y, en consecuencia, la póliza no se había expedido.
1.3.2.4. Prescripción de la acción del artículo 1081 del Código de Comercio
Señaló que los siniestros declarados por la DIAN a través de los actos demandados no
solo carecían de cobertura en la póliza, debido a que ocurrieron por fuera de su vigencia
como lo esgrimió en el cargo anterior, sino que, además, en gracia de discusión, operó
la prescripción ordinaria del contrato de seguro, con base en lo siguiente:
El artículo 1081 del Código de Comercio10, dispone:
Artículo 1081. Prescripción de Acciones. La prescripción de las acciones que se derivan del
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que
el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.
Precisó que los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta por la DIAN ocurrieron en
los meses de junio, julio y agosto de 2006, periodo en el cual se autorizaron, ejecutaron
10 En adelante, CCo.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
y debieron finalizar las operaciones de cabotaje. Señaló que la DIAN tuvo conocimiento
de tales circunstancias desde el mismo día en que se presentaron y aceptaron dichas
operaciones, especialmente porque las mercancías permanecieron bajo su control
aduanero.
Con base en lo anterior, a su juicio, incluso en el supuesto de que la póliza hubiera estado
vigente para la época de los hechos, operó la prescripción, dado que el acto
administrativo mediante el cual se declaró el incumplimiento de las obligaciones y se hizo
efectiva la garantía se expidió fuera del término de dos (2) años previsto en el artículo
1081 del Código de Comercio. Por lo tanto, la DIAN no podía declarar su efectividad.
1.3.2.5. Caducidad de la facultad sancionatoria
La parte actora trajo a colación lo dispuesto por el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999,
así:
Artículo 478. Caducidad de la acción administrativa sancionatoria. La acción administrativa
sancionatoria prevista en este Decreto, caduca en el término de tres (3) años contados a
partir de la comisión del hecho u omisión constitutivo de infracción administrativa aduanera.
Cuando no fuere posible determinar la fecha de ocurrencia del hecho, se tomará como tal
la fecha en que las autoridades aduaneras hubieren tenido conocimiento del mismo.
Cuando se trate de hechos de ejecución sucesiva o permanente, el término de caducidad
se contará a partir de la ocurrencia del último hecho u omisión.
La acción administrativa sancionatoria prevista en el artículo 482-1 del presente Decreto
caduca en el término de tres años contados a partir del vencimiento del plazo de la
importación temporal señalado en la declaración.
Al respecto, explicó que el acto administrativo recurrido contiene una sanción originada
en el presunto incumplimiento de la obligación de finalizar catorce (14) operaciones de
cabotaje, lo cual ocurrió, según lo señalado por la DIAN, entre el 27 de junio y el 7 de
agosto de 2006. En tal sentido, al 10 de septiembre de 2009, fecha en que se notificó la
resolución sancionatoria, habían transcurrido más de tres (3) años, lo que demuestra que
operó la caducidad de la acción administrativa sancionatoria.
Destacó que esta circunstancia evidencia que todas las sanciones impuestas mediante
la resolución recurrida caducaron antes de su expedición. En consecuencia, señaló que,
dado que la legislación aduanera no admite interrupciones ni suspensiones de la
caducidad, la DIAN debió abstenerse de conocer el caso.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 17 de agosto de 201011, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión, inadmitió la demanda y ordenó a la demandante aportar copia
auténtica de las Resoluciones 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de 2009
y 10162 del 23 de diciembre de 2009, con las respectivas constancias de su publicación,
notificación o ejecución.
2.2. Con memorial del 30 de agosto de 2010 12, la demandante remitió los documentos
que adujo obraban en su poder.
11 Folios 116 y 117 del cuaderno 1 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 19 Samai.
12 Folios 119 a 121 del cuaderno 1 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 19 Samai.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
2.3. Mediante auto del 13 de septiembre de 201013, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Decisión, admitió la demanda y ordenó correr traslado a la
DIAN.
2.4. La DIAN14 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda con
base en los siguientes argumentos:
2.4.1. Las catorce (14) operaciones de cabotaje por las cuales la parte actora fue
sancionada se originaron en la Zona Franca de Palmaseca (Cali), con autorización de la
Administración Local de Aduanas de esa ciudad, para su traslado a los aeropuertos de
Medellín y Bogotá. Correspondía a la sociedad demandante presentar ante las
autoridades aduaneras de dichas ciudades las respectivas declaraciones de cabotaje,
con el fin de finalizar el régimen.
Aclaró que, si bien se estableció que la mercancía llegó a los aeropuertos de Medellín y
Bogotá, esta no se puso a disposición de la DIAN para la finalización de la modalidad
conforme a la normativa aduanera y dentro del plazo previsto en cada declaración,
específicamente en la casilla 52. Esta situación fue informada por las Administraciones
de Aduanas de Medellín y Bogotá mediante los Oficios 8311068 199 793 del 10 de agosto
de 2006, 8311068 199 797 del 11 de agosto de 2006, 8311068 199 808 del 16 de agosto
de 2006, así como mediante el correo electrónico del 4 de agosto de 2006.
En relación con el argumento del actor según el cual la autorización de salida al exterior
de una carga en cabotaje desde otra ciudad permite entender que el cabotaje se dio por
finalizado, precisó que se trata de una interpretación errónea, dado que dicha
autorización no exonera la conducta sancionable derivada de la falta de finalización
oportuna de las catorce (14) operaciones objeto del proceso, obligación que recae sobre
el transportador.
Asimismo, destacó que los sellos de la DIAN que reposan en los manifiestos de carga
incorporados al expediente administrativo, y que el demandante interpreta como una
convalidación de las actuaciones, no tienen tal alcance. Dichos sellos únicamente
acreditan el ingreso de la mercancía al medio de transporte que la trasladó al exterior, sin
que impliquen la finalización en debida forma de los cabotajes, obligación que la sociedad
demandante incumplió.
Sostuvo que, dado que Tampa Cargo S.A.S. no presentó prueba que acredite la
finalización de las catorce (14) operaciones de cabotaje bajo su responsabilidad, en los
términos previstos en los artículos 379 del Decreto 2685 de 1999 y 348 de la Resolución
4240 de 2000, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.
Frente a los cargos de la demanda relacionados con la ausencia de cobertura de la póliza
que se hizo efectiva y la prescripción de la acción prevista en el artículo 1081 del Código
de Comercio, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. Señaló
que la demandante no podía alegar tales circunstancias, dado que solo estaba facultada
para hacerlo quien expidió la póliza, esto es, Mapfre - Crediseguro S.A., entidad que no
intervino como parte en el proceso.
Sin perjuicio de lo anterior, señaló que el planteamiento de la parte actora, según el cual
el siniestro se configuró con la presentación de las declaraciones de cabotaje en los
meses de junio, julio y agosto de 2006, carece de fundamento. Explicó que el riesgo
13 Folios 182 y 183 del cuaderno 1 de primera instancia del expediente digitalizado que obra en el índice 19 Samai.
14 Folios 189 a 206 ibidem.
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Demandado: DIAN
asegurado consistía en garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con
la finalización de la modalidad de cabotaje dentro del término autorizado por la aduana
de partida, según lo previsto en el texto de la póliza, obligación que Tampa Cargo S.A.S.
no cumplió.
En consecuencia, para la demandada, el siniestro se configuró cuando la Administración
estableció la presunta comisión de una infracción aduanera, momento en el cual emitió
el correspondiente Requerimiento Especial Aduanero 1 90 218 419 2330 del 23 de junio
de 2009, acto que se profirió durante la vigencia de la póliza, es decir, entre el 7 de junio
de 2008 y el 7 de septiembre de 2009, tal como lo enseña el Concepto DIAN 006 del 26
de febrero de 2008, que en lo más relevante señala lo siguiente:
En consideración a lo expuesto habrá de aclararse la Tesis del Problema Jurídico 1 del
Concepto 032 de 2006, para señalar que el siniestro de las obligaciones aduaneras
amparadas con póliza de compañía de seguros se configura cuando la autoridad aduanera
establece la presunta comisión de una infracción aduanera, o identifica las causales que
dan lugar a la expedición de una liquidación oficial, esto es con el requerimiento especial
aduanero.
Por último, precisó que el cómputo del término de caducidad de tres (3) años de la
facultad administrativa sancionatoria, de conformidad con el artículo 478 del Decreto
2685 de 1999, comenzó con la notificación del correspondiente requerimiento especial
aduanero a la sociedad demandante, lo cual tuvo lugar el 25 de junio de 2009. Por lo
tanto, el acto administrativo mediante el cual se sancionó a la empresa transportadora,
fechado el 9 de septiembre de 2009, se expidió dentro del plazo legal.
2.5. Mediante sentencia del 26 de febrero de 201415, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Descongestión, Subsección de Asuntos Contractuales, Tributarios y
Aduaneros, declaró la nulidad de las Resoluciones 190201241064201- 2736 del 9 de
septiembre de 2009 y 10162 del 23 de diciembre de 2009 tras concluir que en el asunto
se había configurado la caducidad de la acción administrativa sancionatoria en cabeza
de la DIAN.
2.6. La DIAN interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó revocar la sentencia
bajo el argumento de que no había operado la caducidad de la acción administrativa
sancionatoria en los términos del artículo 478 del Decreto 2685 de 1999.
2.7. El Consejo de Estado, en sentencia del 14 de marzo de 2019, revocó el fallo apelado
tras concluir que en el asunto no se configuró la caducidad de la acción administrativa
sancionatoria “como quiera que la Administración Seccional de Aduanas de Medellín de
la DIAN inició dentro del término legal el procedimiento administrativo dirigido a imponer
la sanción por infracción al régimen aduanero”16 y la sanción fue impuesta en el término
establecido en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999.
Así, tras advertir que no estaba llamado a prosperar el cargo por violación del artículo
478 del Decreto 2685, y en orden a garantizar la doble instancia, devolvió el expediente
al Tribunal, a fin de que, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha de ingreso
al despacho, se pronunciara de fondo sobre las pretensiones de la demanda en lo relativo
a los demás cargos que no fueron analizados en la sentencia inicial de primera instancia.
15 Folios 27 a 51 del cuaderno 1 del expediente digitalizado que obra en el índice 19 Samai.
16 Folio 154 ibidem.
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Demandado: DIAN
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 6 de septiembre de 201917, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, resolvió:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. SIN COSTAS en la presente instancia.
TERCERO. Por Secretaria NOTIFICAR a las partes como lo dispone el artículo 173 del
CCA. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
Para el Tribunal, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
las Resoluciones 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de 2009 y 10162 del
23 de diciembre de 2009, con fundamento en las siguientes consideraciones:
3.1. Frente a los cargos de violación directa de la ley y cumplimiento de las obligaciones,
concluyó que la sociedad Tampa Cargo S.A.S. incurrió en la infracción prevista en el
numeral 3.1.3 del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, debido a que:
3.1.1. Según lo dispuesto por los artículos 379 del Decreto 2685 de 1999 y 340 de la
Resolución 4240 de 2000, para que la operación de cabotaje se tenga por finalizada,
deben concurrir dos requisitos: (i) la entrega de la Declaración de Cabotaje junto con los
documentos soporte en la aduana de destino, y (ii) la entrega de la mercancía al depósito
habilitado. En consecuencia, no basta con la entrega de la mercancía dentro del plazo
señalado por la autoridad aduanera, sino que resulta indispensable presentar también la
Declaración de Cabotaje con sus documentos soporte.
Dado que la norma emplea la conjunción copulativa “y”, ello implica la concurrencia
obligatoria de ambos requisitos, por lo que no resulta suficiente la sola entrega de la
mercancía. De haber querido el legislador admitir una única condición, habría utilizado
una conjunción disyuntiva.
3.1.2. Si bien se demostró que la empresa transportadora cumplió con la entrega de las
mercancías en el lugar habilitado antes del vencimiento del plazo para finalizar la
operación de tránsito aduanero, los Oficios 8311068-199-797 del 11 de agosto de 2006
y 8311068-199-808 del 16 de agosto de 2006, así como el correo electrónico del 4 de
agosto de 2006, remitidos por el Coordinador del Grupo de Tránsito y Cabotaje del
Aeropuerto Internacional El Dorado, evidencian el incumplimiento de la obligación de
presentar la Declaración de Cabotaje dentro del término establecido, requisito
indispensable para la finalización de la operación.
3.1.3. Frente al argumento de la demandante según el cual la presentación de la
Declaración de Cabotaje constituye un simple formalismo cuya exigencia vulnera el
artículo 11 de la Ley 962 de 2005, señaló que, de ser así, el legislador no habría previsto
dicha obligación como requisito indispensable para la finalización de la operación.
3.2. En relación con los cargos referentes a la ausencia de cobertura de la póliza y a la
prescripción de la acción prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, se abstuvo
de estudiarlos, dado que no están dirigidos a controvertir la declaratoria de
responsabilidad de la sociedad actora, sino la decisión mediante la cual se hizo efectiva
17 Folios 166 a 184 ibidem.
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la póliza de seguros 3302008104898 expedida por Mapfre Crediseguros S.A., la cual
afecta directamente a la aseguradora.
Señaló que, aunque Tampa Cargo S.A.S. podría tener interés en la nulidad de dicha
decisión, únicamente la aseguradora, como sujeto que efectuó el pago presuntamente
indebido, está legitimada para formular tal pretensión. Añadió que una eventual nulidad
produciría el restablecimiento automático del derecho a favor de Mapfre Crediseguros
S.A., asunto que no fue objeto de debate, especialmente porque dicha entidad no
intervino en el proceso.
3.3. Por lo anterior, negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas,
al no advertir conducta que justificara la aplicación de dicha sanción a la parte
demandante.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
Tampa Cargo S.A.S. interpuso recurso de apelación18, en el cual solicitó que se revoque
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de septiembre de
2019 y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. El recurso lo sustentó
en los siguientes reparos:
4.1. Tampa Cargo S.A.S. es una empresa aérea dedicada al transporte internacional de
mercancías de terceros, contratada generalmente a través de agencias de carga, sin que
exista relación entre el cliente y el transportador más allá del contrato de transporte.
Señaló que el importador o exportador contrata los servicios de transporte internacional
y la carga llega a su destino, sin que la aerolínea asuma responsabilidad sobre la
propiedad de los bienes ni genere vínculo adicional con el cliente. Destacó que la
aerolínea no tiene interés en incumplir ni evadir controles sobre mercancías ajenas, ya
que desconoce tanto a su propietario como quién pueda ostentar derechos sobre los
bienes.
4.2. Explicó que las actividades sancionadas por la DIAN mediante los actos demandados
no constituían operaciones usuales de cabotaje, que implican la llegada al país de la
carga, previo arribo por otro aeropuerto, para su traslado a un depósito en espera de los
trámites de importación. Por el contrario, en los casos objeto de sanción, la carga salió
del país en el mismo avión en que fue embarcada en Cali o cambió de aeronave para
salir al extranjero. Por ello, no podía trasladarse a un depósito como lo prevé la normativa
aplicada de manera equivocada por la demandada y el Tribunal.
4.3. El cabotaje de importación no es equiparable al de exportación; por lo tanto, el
presente caso, relativo a exportaciones, no puede analizarse bajo las condiciones y
exigencias propias de la importación. Según lo reconoce la propia DIAN en los actos
administrativos cuestionados, en las catorce (14) operaciones sancionadas no era
exigible la elaboración de la planilla de traslado al depósito, el manejo entre aerolíneas ni
el ingreso al depósito.
En consecuencia, la aerolínea no se encontraba legalmente obligada a cumplir los
requisitos propios del cabotaje de importación, el cual se encuentra regulado por
disposiciones especiales distintas a las aplicables a la salida de mercancías desde zonas
francas hacia el exterior.
18 Folios 187 a 232 del cuaderno 2 del expediente digitalizado que obra en el índice 19 Samai.
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4.4. El Tribunal se equivocó al fundamentar su análisis en los artículos 375 y 379 del
Decreto 2685 de 1999 y en el artículo 348 de la Resolución 4240 de 2000, sin considerar
el procedimiento especial previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Resolución 4240
de 2000. Dicho parágrafo establece que la finalización del cabotaje que parte de la zona
franca con destino al exterior corresponde al funcionario aduanero del lugar de embarque.
Esto resulta lógico, dado que la carga que sale de un aeropuerto nacional hacia el exterior
no puede someterse a las condiciones del cabotaje de importación, que exige planilla de
traslado a un depósito fuera del control aduanero y formalidades de ingreso y verificación.
Expuso que, al llegar la carga desde un aeropuerto nacional directamente a la zona de
salida de la aeronave al exterior, la cual normalmente también lleva pasajeros, no puede
exigirse que se baje la carga, la traslade a un depósito y la vuelva a embarcar. Por ello,
la norma establece que la finalización del cabotaje corresponde al funcionario que
certifica el embarque. Una vez autorizada la salida al exterior o el embarque, la operación
finaliza correctamente bajo control y autorización de la DIAN. La aerolínea, por tanto, no
tiene obligación de finalizar el cabotaje, obligación que recae legalmente en el funcionario
aduanero.
4.5. La sentencia recurrida utilizó como referencia una decisión del Consejo de Estado
sobre incumplimiento por extemporaneidad en operaciones de tránsito aduanero de
importación, caso que no tiene relación con el procedimiento especial del parágrafo del
artículo 334 de la Resolución 4240 de 2000, aplicable a cabotajes de zonas francas con
destino al exterior, lo que evidencia que el Tribunal partió de supuestos fácticos y jurídicos
incorrectos.
4.6. La posición del Tribunal, al negarse a estudiar los cargos de "ausencia de cobertura
de la póliza que se hizo efectiva" y "prescripción de la acción del artículo 1081 del Código
de Comercio", es contradictoria. Por un lado, no estudió los cargos a favor del
demandante y, por otro, violó la ley al no vincular a Mapfre Crediseguros S.A., tercero
directamente afectado por la decisión de fondo, dado que los actos demandados
ordenaron el pago de la sanción de $399.840.000 haciendo efectiva la Póliza de
Cumplimiento de Obligaciones Legales 3302008104898. Afirmó que la presencia de la
aseguradora en el proceso era imprescindible y la omisión de vincularla vulneró su
derecho de defensa.
4.7. Aunque el Tribunal de primera instancia se relevó del estudio de la caducidad de la
acción sancionatoria con base en la sentencia del 14 de marzo de 2019 del Consejo de
Estado, la demandante solicitó que al resolver la apelación se analice la ocurrencia de
dicha figura con fundamento en lo siguiente:
(i) Los argumentos de la Sección Primera del Consejo de Estado contenidos en la
providencia mencionada no han sido controvertidos.
(ii) Dado que el proceso contencioso se encuentra vigente, no puede estimarse que haya
operado la cosa juzgada.
(iii) El pronunciamiento del Consejo de Estado contradice los precedentes
jurisprudenciales de esa Corporación sobre la materia, así como la interpretación
adoptada por la DIAN respecto del artículo 478 del Decreto 2685 de 1999.
Aclaró que uno de los criterios señalados en el fallo del Consejo de Estado consistió en
entender el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999, conforme al concepto jurídico DIAN
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076 de 2007, en cuanto a que el término de caducidad finaliza con la notificación del
requerimiento especial aduanero y no con la imposición de la sanción.
Adujo que, dicho concepto fue revocado expresamente por la DIAN mediante el Oficio
100202208824/041678 del 15 de julio de 2015, en el cual se precisó claramente que el
término de tres años de caducidad comprende hasta la emisión y notificación de la
resolución que impone la sanción al particular, así:
En ese orden de ideas, de derecho resulta colegir que para dar correcta aplicación al
término de caducidad de la acción administrativa sancionatoria prevista en el artículo 478
del Decreto 2685 de 1999, la autoridad aduanera debe expedir y notificar la resolución que
impone la sanción, dentro del término de (3) años allí previsto.
En los anteriores términos se revoca el Concepto 076 del 16 de noviembre de 200719.
(iv) El Consejo de Estado desconoció que el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999 fue
reemplazado por el artículo 522 del Decreto 390 de 2016, el cual dispone que la facultad
de la autoridad aduanera para imponer sanciones, caduca en el término de tres (3) años,
plazo dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe ser expedido y
notificado. Destacó que actualmente el artículo 611 del Decreto 1165 de 2019, norma
vigente sobre la materia, mantiene esa misma redacción.
V. LA SOLICITUD DE NULIDAD
5.1. En el recurso de apelación, además de solicitar la revocatoria del fallo de primera
instancia con base en los reparos señalados, la demandante planteó lo siguiente:
2.2. De manera subsidiaria, de no accederse a las pretensiones de la demanda de fondo,
se decrete la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto admisorio y se ordene la
vinculación del tercero, litisconsorte necesario, la compañía aseguradora MAFRE
CREDISEGURO S.A., para que se integre debidamente en contradictorio y se garantice el
derecho al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, tal como
ha quedado expuesto en el presente escrito.
5.2. Por auto del 15 de febrero de 202420 el despacho sustanciador rechazó la solicitud
de nulidad con base en los siguientes argumentos:
5.2.1. El legitimado para pedir la nulidad por falta de notificación o emplazamiento es
Mapfre Crediseguros S.A., y no la sociedad Tampa Cargo S.A.S. toda vez que, tratándose
de la causal de falta de notificación o emplazamiento —que hace referencia al auto
admisorio de la demanda—, solo puede alegarse por la persona directamente afectada,
esto es, por quien, debiendo ser vinculada al proceso no lo fue.
5.2.2. No se advierte, prima facie, nulidad por falta de notificación o emplazamiento de la
sociedad Mapfre Crediseguro S.A., pues, como destinataria de los actos demandados,
en caso de considerar que estos incurrieron en alguna de las causales de nulidad
previstas en el artículo 84 del CCA, dicha compañía aseguradora podía promover motu
proprio la acción correspondiente.
5.2.3. Para resolver la controversia planteada por la demandante sobre la supuesta
ilegalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN impuso la sanción, no
19 Aportado con el recurso de apelación. Folios 233 a 237 del cuaderno 2 del expediente digitalizado que obra en el
índice 19 Samai.
20 Índice 23 Samai.
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resulta indispensable la intervención de Mapfre Crediseguro S.A. En efecto, aunque los
actos administrativos también afectan los intereses de la aseguradora y la legitiman para
cuestionarlos, ello no implica que la discusión deba adelantarse en un mismo proceso, ni
que su ausencia invalide lo actuado.
VI. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
6.1. El recurso de apelación formulado contra la sentencia de 6 de septiembre de 2019
fue admitido mediante proveído del 19 de febrero de 202121.
6.2. Por auto de 7 de mayo de 202422, el magistrado sustanciador corrió traslado a las
partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos de conclusión,
y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
6.2.1. Tampa Cargo S.A.S. presentó escrito de alegatos de conclusión23 en el que reiteró
los argumentos de la demanda y del recurso de apelación.
6.2.2. La DIAN guardó silencio en el término de traslado y el Ministerio Público no se
pronunció en esta etapa procesal.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.
7.2. Actos demandados
7.2.1. La Resolución 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de 200924,
mediante la cual la Jefe División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Aduanas de Medellín de la DIAN, resolvió lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la sociedad TAMPA CARGO S.A., NIT.
890.912.462-2, de la infracción contemplada en el numeral 3.1.3 del artículo 497 del
Decreto 2685 de 1999, sancionable conforme a la misma norma, con multa de setenta (70)
salarios mínimos legales mensuales por cada operación de cabotaje equivalentes a
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS M/L ($399.840.000) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Hacer efectiva la Póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales No. 3302008104898 del 2 de abril de 2008 con certificado de
modificación No. 4 del 13 de mayo de 2008 con vigencia desde el 7 de junio de 2008 hasta
el 7 de septiembre de 2009, expedido por la compañía de seguros MAPFRE SEGUROS
DE CREDITO S.A. MAPFRE- CREDISEGURO S.A., con NIT 811.019.190 y a favor de la
U.A.E DIAN con NIT 800.197.268-4, constituida por la sociedad TAMPA CARGO S.A con
NIT 890.912.462, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($399.840.000), de conformidad con lo
21 Índice 4 Samai.
22 Índice 27 Samai.
23 Índice 31 Samai.
24 Folios 50 a 63 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
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establecido en los artículos 480 del Decreto 2685 de 1999 y 531 de la resolución 4240 de
2000.
Dicho valor deberá cancelarse dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la
presente resolución. De efectuarse el pago, el mismo debe realizarse en Recibo Oficial de
Pago Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias (Formulario 690), y enviar copia a la
División de Gestión de Liquidación.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto procede el Recurso de Reconsideración
ante la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, el
cual deberá interponerse por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 515 del Decreto 2685 de
1999, y con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 518 del Decreto 2685/1999.
ARTICULO CUARTO: Si con ocasión al término para interponer el respectivo Recurso
contra el presente acto, hay reconocimiento de haber cometido la infracción, ésta se
reducirá al sesenta por ciento (60%) de acuerdo con el artículo 521 numeral 3° del Decreto
2685 de 1999, reconocimiento que deberá ir acompañado del respectivo pago realizado en
un recibo oficial de pago en Bancos de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias -
Formulario 690.
ARTICULO QUINTO: Notificar esta providencia por correo certificado a la empresa TAMPA
CARGO S.A., NIT. 890.912.462-2, a través de su apoderado, y a la sociedad aseguradora
MAPFRE SEGUROS DE CREDITO S.A. MAPFRE - CREDISEGURO S.A., con NIT
811.019.190-7, de conformidad con el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999.
ARTICULO QUINTO (sic): Ejecutoriada la presente resolución y transcurridos los diez (10)
días de que trata el inciso segundo del artículo 531 de la resolución 4240 de 2000 sin que
se demuestre el respectivo pago, por parte del usuario o la compañía aseguradora,
compulsar copia de la misma a la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero, con el fin
de que remita a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos
de Medellín, el original de la garantía, la cual con el presente acto administrativo
debidamente ejecutoriado constituye el título ejecutivo, otra copia para el GIT Contabilidad
de la División Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, otra
para la División de Gestión de Cobranzas y una para el expediente, el cual debe ser enviado
a la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas,
para su archivo definitivo. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).
7.2.2. La Resolución 10162 del 23 de diciembre de 200925 suscrita por la Subdirectora de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en la que
se resolvió:
ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 1-90- 201-241-
064201 2736 de septiembre 9 de 2009, proferida por la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, por la cual se impone sanción a la
sociedad TAMPA CARGO S.A., NIT. 890.912.462-2, en calidad de transportador, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR por correo el presente acto administrativo al doctor
OSCAR MAURICIO BUITRAGO RICO, con Cédula de Ciudadanía No. 19.384.193 de
Bogotá, y Tarjeta Profesional No. 40.319 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad
de apoderado especial de la sociedad TAMPA CARGO S.A., a la Dirección Procesal:
Carrera 12 A No. 77 A - 52, oficina 204, de Bogotá D.C.; de conformidad con lo establecido
en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999.
25 Folios 77 a 95 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
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Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
ARTÍCULO TERCERO: REMITIR el Expediente No. CU200620090260, una vez notificada
la presente Resolución, a la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Medellín, para lo de su competencia, y a la División de Gestión de Recaudo de
la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, para su contabilización.
ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, copia de la presente resolución, una vez notificada y
ejecutoriada, a la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos
de Medellín, y a la División de Gestión de Documentación, o a quien haga sus veces, de la
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, para lo de su competencia.
ARTÍCULO QUINTО: ARCHIVAR el Expediente Administrativo No. CU200620090260.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno
(mayúsculas sostenidas, negritas y subrayas del texto original).
7.3. Análisis del caso
7.3.1. La parte actora solicitó la nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-064201-2736
del 9 de septiembre de 2009 y 10162 del 23 de diciembre de 2009, al considerar que la
DIAN declaró un incumplimiento del régimen aduanero con fundamento en normativa que
no resultaba aplicable al caso. Asimismo, sostuvo que la empresa demandante cumplió
a cabalidad con las obligaciones a su cargo y que la entidad demandada desconoció que
la responsabilidad por la finalización de los cabotajes que parten de la zona franca con
destino al exterior corresponde al funcionario aduanero del lugar de embarque y no al
transportador de carga.
Adicionalmente, alegó que, con los actos demandados, la DIAN hizo exigible una póliza
que no se encontraba vigente para la época de las operaciones de cabotaje objeto de
sanción; que la acción derivada del contrato de seguro estaba prescrita; y, por último,
sostuvo que en el presente caso operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la
demandada.
Según el Tribunal, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los
actos demandados; por el contrario, se acreditó su incumplimiento en la finalización de
los cabotajes objeto de sanción. Destacó que la DIAN aplicó debidamente la normativa
aduanera y, en relación con los cargos relativos a la ausencia de cobertura de la póliza y
a la prescripción de la acción prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio, indicó
que, dado que estos se dirigen a controvertir la decisión mediante la cual se hizo efectiva
la póliza de seguros, la legitimada para alegarlos era la aseguradora y no Tampa Cargo
S.A.S.
La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarará
la nulidad parcial de las Resoluciones 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre
de 2009 y 10162 del 23 de diciembre de 2009, por cuanto la póliza que la DIAN hizo
efectiva no se encontraba vigente para la fecha del incumplimiento atribuido a la sociedad
demandante.
Con todo, la Sala negará las demás pretensiones de la demanda en consideración a que
a la demandante le correspondía acreditar el cumplimiento de la obligación de finalizar el
cabotaje y teniendo en cuenta que esta operación concluye con la presentación de la
declaración correspondiente, junto con los documentos soporte, ante la Aduana de
Destino, así como con la entrega de la mercancía al depósito habilitado o, en el caso que
se examina, con su transbordo.
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7.3.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que la recurrente insistió en su escrito de apelación
en que operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la DIAN, es preciso señalar
que esta Sección ya resolvió dicho cargo en sentencia del 14 de marzo de 2019. El
análisis efectuado en esa oportunidad fue el siguiente:
En el contexto anterior, es claro para la Sala que no se configura en este asunto la
caducidad de la acción administrativa sancionatoria prevista en el artículo 478 del Estatuto
Aduanero, como quiera que la Administración Seccional de Aduanas de Medellín de la DIAN
inició dentro del término legal el procedimiento administrativo dirigido a imponer la sanción
por la infracción al régimen aduanero antes mencionada. En efecto, desde la comisión del
hecho constitutivo de la infracción (el primero, el 27 de junio de 2006 y el último el 7 de
agosto de 2006) hasta la fecha de notificación del Requerimiento Especial Aduanero (25
de junio de 2009) no transcurrió un término superior a tres (3) años, de tal suerte que es
(sic) posible señalar que haya operado la caducidad de la acción administrativa
sancionatoria.
De otro lado, se advierte que la sanción fue impuesta dentro del término establecido en el
artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, si se tiene en cuenta que la respuesta de la
demandante al Requerimiento Especial Aduanero fue radicada el 16 de julio de 2009
(conforme consta en los actos acusados) y que la sanción se impuso el día 9 de septiembre
de 2009, transcurridos 36 días hábiles desde el día siguiente a dicha respuesta26. (negritas
del texto original).
En ese orden, no le asiste razón al demandante en tanto sugiere que sobre este aspecto
no existe una decisión definitiva. Por el contrario, es claro que el debate sobre la alegada
caducidad de la acción administrativa sancionatoria prevista en el artículo 478 del
Estatuto Aduanero ya fue absuelto en el presente trámite a través de la providencia que
se encuentra debidamente ejecutoriada, de manera que corresponde estarse a lo
resuelto en la sentencia de 14 de marzo de 2019, tal como se declarará en la parte
resolutiva de esta decisión.
7.3.3. Frente a los demás reparos del recurso de alzada, estos se dirigen, por una parte,
a controvertir el incumplimiento declarado por la DIAN respecto de la finalización de
catorce (14) operaciones de cabotaje, pues el actor sostiene que cumplió la normativa
aplicable; y, por otra, a cuestionar la exigibilidad de la póliza de seguros, debido a que,
además de no encontrarse vigente, según la actora, prescribió la acción derivada de esta.
7.3.4. En lo que respecta a determinar si el transportador finalizó debidamente las catorce
(14) operaciones de cabotaje originadas en la Zona Franca de Palmaseca (Cali), con
autorización de la Administración Local de Aduanas de esa ciudad, para su traslado a los
aeropuertos de Medellín y Bogotá, con destino final a Miami, México, San Juan de Puerto
Rico y Lima, debe atenderse el alcance y contenido de la obligación asumida por la actora
en su condición de transportadora de la mercancía sujeta a dicho régimen; para ello,
resulta necesario examinar las disposiciones aplicables al caso concreto.
El artículo 3 del Decreto 2685 de 1999 establece que son responsables de las
obligaciones aduaneras el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el
tenedor de la mercancía; igualmente, responde por las obligaciones derivadas de su
intervención el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, el
intermediario y el declarante.
A su turno, el artículo 356 ibidem dispone que, en las operaciones de tránsito aduanero,
el declarante responde ante la aduana por la veracidad de la información consignada en
26 Folios 77 a 95 del cuaderno 1 del expediente de primera instancia digitalizado en el índice 19 Samai.
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la declaración correspondiente y por el pago de los tributos aduaneros relativos a la
mercancía que no arribe a la aduana de destino; el transportador, a su vez, responde
ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos
autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.
Esta norma dispone:
Artículo 356. Responsabilidades. El declarante se hará responsable ante la Aduana por la
veracidad de la información consignada en la Declaración de Tránsito Aduanero y por el
pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al régimen de
tránsito, que no llegue a la Aduana de destino. La empresa transportadora responderá ante
la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por
la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.
Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 375 y 379 del Decreto 2685
de 1999, el cabotaje es una modalidad de tránsito aduanero que finaliza con la
presentación de la declaración de cabotaje, junto con los documentos soporte, ante la
aduana de destino, así como con la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual
se encuentre consignada. Estas disposiciones establecen lo siguiente:
Artículo 375. Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de
mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida -por agua o por aire-
entre dos (2) puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional.
Artículo 379. Finalización del Cabotaje. El cabotaje finalizará con la entrega de la
Declaración de Cabotaje junto con los documentos soporte en la Aduana de Destino y la
entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada o al usuario operador
de zona franca.
Para efectos del traslado de mercancías a un depósito habilitado o a una Zona Franca, el
transportador deberá expedir una planilla de envío que relacione la mercancía transportada
que será objeto de almacenamiento, antes de la salida de la mercancía del lugar de arribo.
El depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca, según corresponda, recibirá del
transportador la planilla de envío, ordenará el descargue y confrontará la cantidad, el peso
y el estado de los bultos con lo consignado en dicho documento. Si existiere conformidad
registrará la información en el sistema informático de la Aduana.
Si se presentan inconsistencias entre los datos consignados en la planilla de envío y la
mercancía recibida, o si se detectan posibles adulteraciones en dicho documento, o
irregularidades en los empaques, embalajes y precintos aduaneros de la mercancía que es
objeto de entrega, el depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca elaborará y remitirá
el acta correspondiente a la Aduana, la cual deberá ser firmada por el transportador e
informará de inmediato a las autoridades aduaneras a través del sistema informático
aduanero.
Respecto a las operaciones de tránsito aduanero desde zonas francas con destino al
resto del mundo, el artículo 334 de la Resolución 4240 de 2000, dispone:
Artículo 334. Operaciones de tránsito aduanero desde zonas francas con destino al resto
del mundo. Las mercancías que salen de una zona franca al resto del mundo para
embarcarse por una jurisdicción aduanera diferente a aquella en la cual se encuentra
ubicada la zona franca, deberán estar acompañadas de la autorización del usuario operador
y solicitar el régimen de tránsito aduanero ante la División de Servicio al Comercio Exterior,
o la dependencia que haga sus veces de la Administración de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de la jurisdicción de la zona franca. Para esta operación, se requiere
la presentación de una declaración de tránsito aduanero, formulario de salida de
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mercancías expedido por el usuario operador en el que debe constar la salida de bienes a
mercados externos, garantía de tributos aduaneros por parte de la empresa transportadora,
original, copia, fotocopia, fax o proforma de la factura comercial o del contrato o documento
comercial que ampare la transacción u operación celebrada, en los que conste la
naturaleza, tipo, cantidad y valor de la mercancía que será objeto de la operación de
tránsito.
Parágrafo: Para efectos de la finalización de la operación de cabotaje de mercancías cuyo
destino final es el resto del mundo, será el funcionario aduanero del lugar de embarque,
quien previa presentación de los documentos por parte del transportador, finalizará la
modalidad en las condiciones previstas en el artículo 348 de esta resolución y demás
normas concordantes.
En los eventos que se haga necesario el cambio de transportador una vez finalizada la
modalidad de cabotaje, el funcionario de la división de exportaciones o quien haga sus
veces autorizará el traslado de las mercancías objeto de exportación a las instalaciones del
transportador quien deberá certificar el embarque de las mismas.
En atención a que el parágrafo de la norma transcrita prevé que la operación de cabotaje
de mercancías con destino final al resto del mundo se finalizará por el funcionario
aduanero del lugar de embarque, en las condiciones previstas en el artículo 348 ibidem,
previa presentación de los documentos por parte del transportador, resulta necesario
traer a colación lo dispuesto en esta disposición, así:
Artículo 348. Entrega de la carga al depósito y finalización de la modalidad de cabotaje. La
modalidad de Cabotaje finalizará con la entrega de la Declaración de Cabotaje junto con
los documentos soporte en la Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al depósito
habilitado al cual vaya consignada, o al Usuario Operador de Zona Franca. Para tal efecto,
el transportador deberá presentar la Declaración de Cabotaje y el documento de transporte
en la Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya
consignada, o al Usuario Operador de Zona Franca. Posteriormente el empleado
competente de la empresa transportadora elaborará la Planilla de envío (…).
Con base en lo expuesto, la solución de la controversia planteada implica, entonces,
determinar si la parte actora acreditó el cumplimiento de la obligación de finalizar la
operación en los términos previstos en las normas aduaneras que regulan la materia, de
conformidad con los artículos 379 del Decreto 2685 de 1999 y 334 y 348 de la Resolución
4240 de 2000.
7.3.5. Al respecto, si bien del material probatorio obrante en el expediente se desprende
que entre el 22 de junio y el 2 de agosto de 2006 se llevaron a cabo catorce (14)
operaciones de cabotaje, la actora no acreditó el cumplimiento de la obligación prevista
en las normas en comento, consistente en demostrar la entrega de la documentación
exigida —las declaraciones de cabotaje y sus soportes— ante las aduanas de Bogotá y
Medellín, así como la realización del transbordo de la mercancía.
No bastaba, en el caso concreto, con contar con la documentación ni con que la
mercancía saliera del país antes del vencimiento del término otorgado, pues la regulación
aduanera establece de manera expresa las condiciones formales para tener por
finalizado el cabotaje.
Por el contrario, obra prueba de que las zonas francas de Medellín y Bogotá informaron
no haber recibido los cabotajes en esas administraciones ni contar con información
documental sobre su llegada.
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En efecto, según diversas comunicaciones de las aduanas de dichas ciudades, los
cabotajes que amparaban mercancías salidas de la Zona Franca con destino al resto del
mundo, autorizados por la Administración Local de Aduanas de Cali bajo los números
0509906C000813, 0500006C000832, 0500006C000833, 0500006C000894,
0500006C000895, 0509906C000974, 0509906C000975, 0509906C000977,
0509906C000991, 0509906C001018, 0509906C001019, 0509906C001020 y
0509906C001044, para su traslado a los aeropuertos de Medellín y Bogotá, donde
debían presentar los documentos con el fin de finalizar el régimen, no cumplieron con
dicha obligación.
Lo anterior tal como consta en las siguientes comunicaciones:
(i) Comunicación 8311068-199-793 del 10 de agosto de 2006 suscrita por la Jefe GIT
Zona Franca de Rionegro dirigida al Jefe Grupo Interno de Trabajo de la Zona Franca de
Cali, mediante la cual informó que los “cabotajes No. 0509906C001044 y
0509906C001058 no han sido recibido en nuestra administración. Por favor revisar el
procedimiento puesto que la Aerolínea Tampa no es un depósito”27.
(ii) Comunicación 8311068-199-797 del 11 de agosto de 2006 en el que la Jefe GIT Zona
Franca de Rionegro informó al Jefe Grupo Interno de Trabajo de la Zona Franca de Cali
que “los siguientes cabotajes autorizados por su administración no han sido recibidos en
la administración de Medellín: 05099060000977, 0509906C001018, 0509906C001019,
0509906C001020 y 0509906C001028”28.
(iii) Oficio 8311068-199-808 del 16 de agosto de 2006 dirigido al Jefe GIT Zona Franca
Cali por la Jefe GIT Zona Franca Rionegro “los cabotajes No. 0509906C000813,
0509906C000832, 0509906C000833, 0509906C000894, 05099060000895,
0509906C000922, 0509906C000974 Y 05099060000977 no han sido recibido en nuestra
administración. No poseemos ninguna información documental de su llegada”29.
Con base en lo expuesto, en el sub judice correspondía a la sociedad demandante
presentar las declaraciones de cabotaje, junto con sus soportes, ante las aduanas de
Bogotá y Medellín y entregar la mercancía al depósito habilitado o, en el caso concreto,
acreditar su transbordo, según la observación consignada en cada declaración de tránsito
y/o cabotaje, a fin de que el funcionario aduanero del lugar de embarque finalizara el
régimen. Sin embargo, la actora no demostró el cumplimiento de dicha obligación.
Por lo anterior, el incumplimiento declarado por la DIAN a través del artículo primero de
la Resolución 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de 2009 confirmado por el
artículo primero de la Resolución 10162 del 23 de diciembre de 2009, se ajustó a la
normativa aduanera.
7.3.6. Ahora bien, por otra parte, la apelante insistió en los cargos que en la demanda
denominó “ausencia de cobertura de la póliza que se hizo efectiva” y “prescripción de la
acción prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio”, frente a los cuales el a quo
se relevó de pronunciarse, al estimar que se trataba de argumentos dirigidos a
controvertir la exigibilidad de la póliza expedida por Mapfre, razón por la cual dicha
compañía aseguradora era la legitimada para invocarlos.
27 Folio 182 cuaderno de antecedentes administrativos.
28 Folio 126 cuaderno de antecedentes administrativos.
29 Folio 64 cuaderno de antecedentes administrativos.
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Para la Sala, debe tenerse en cuenta que las partes que intervienen en un litigio pueden
estar conformadas por una sola persona o por una pluralidad de sujetos. En este último
evento, se está en presencia de lo que la ley denomina litisconsorcio, figura que
tradicionalmente se ha clasificado, según la naturaleza y el número de relaciones
jurídicas que concurren en el proceso, en: (i) litisconsorcio necesario y (ii) litisconsorcio
facultativo o voluntario.
Frente a las modalidades de litisconsorcio, esta Corporación ha precisado que:
Existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad de demandante
(litisconsorcio por activa) o demandado (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por
una única relación jurídico sustancial. En este caso y por expreso mandato de la ley, es
indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el
proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste puede
perjudicar o beneficiarlos a todos.
La vinculación de quienes conforman el litisconsorcio necesario podrá hacerse dentro de la
demanda, bien obrando como demandantes o bien llamando como demandados a todos
quienes lo integran y en el evento en que el juez omita citarlos, debe declararse la nulidad
de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda (numeral 8 del artículo 140 del C. de
P. Civil). Si esto no ocurre, el juez de oficio o por solicitud de parte podrá vincularlos en el
auto admisorio de la demanda o en cualquier tiempo antes de la sentencia de primera
instancia, otorgándoles un término para que comparezcan, y de no hacerlo debe declararse
la nulidad de una parte del proceso o a partir de la sentencia de primera instancia (numeral
9 ibídem), con el fin de lograr su vinculación al proceso para que tengan la oportunidad de
asumir la defensa de sus intereses, dado que la sentencia los puede afectar.
En cambio, el litisconsorcio será facultativo o voluntario cuando concurran libremente al
litigio varias personas, en calidad de demandantes o demandados, ya no en virtud de una
única relación jurídica, sino de tantas cuantas partes dentro del proceso deciden unirse para
promoverlo conjuntamente (legitimación por activa), aunque válidamente pudieran iniciarlo
por separado, o de padecer la acción si sólo uno o varios de ellos debe soportar la
pretensión del actor (legitimación por pasiva). Bajo esta modalidad, los actos de cada uno
de los litisconsortes no redundarán en provecho o en perjuicio de los otros, sin que ello
afecte la unidad del proceso o implique que la sentencia sea igual para todos (art. 50 del C.
de P. Civil)30.
Ahora bien, en relación con el litisconsorcio que puede configurarse cuando se demanda
el acto administrativo que declara el siniestro del riesgo de incumplimiento amparado por
una garantía consistente en una póliza de seguros constituida a favor de una entidad
pública, entre el asegurador —persona jurídica que asume el riesgo de incumplimiento—
y el tomador del seguro, quien transfiere el interés asegurable del acreedor de la
prestación contractual a la Administración, esta Corporación ha indicado que dicha
situación no encuadra de manera estricta en ninguna de las dos categorías antes
mencionadas, sino que corresponde a la figura que la doctrina y la jurisprudencia han
denominado litisconsorcio cuasinecesario.
Esta modalidad de litisconsorcio constituye una categoría intermedia entre el
litisconsorcio necesario y el facultativo y se presenta cuando uno o varios sujetos cuentan
con legitimación para intervenir en el proceso, en calidad de demandantes o
demandados, por tener una relación sustancial o material; sin embargo, basta con que
uno de ellos actúe en dicha condición para que pueda dictarse una sentencia de mérito
con plenos efectos jurídicos.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 febrero de 2012, radicado 05001-23-26-000-
1994-00558-01 (20810)A, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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El inciso tercero del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil31—norma aplicable al
momento de los hechos—, regula este tipo de litisconsorcio en los siguientes términos:
Artículo 52. Intervención adhesiva y litis consorcial.
(…)
Podrá intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades
de ésta, los terceros que sean titulares de determinada relación sustancial a la cual se
extiendan los efectos jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para
demandar o ser demandados en el proceso.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la existencia de esta modalidad
de intervención litisconsorcial, respecto de la cual ha señalado:
Por encima de las dudas que suscita la nominación, lo cierto es que la ley procesal
colombiana, de manera expresa sólo identifica dos tipos de litisconsorcios: el facultativo en
el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil y el necesario en el 51, ambos referidos a
la integración plural de las partes. Empero, el artículo 52 inciso 3º ibidem, según se vio,
regula un tipo de intervención de tercero que no se acomoda estrictamente al litisconsorcio
necesario, pero tampoco al facultativo, porque aún sin su presencia la sentencia produce
‘efectos jurídicos’ o lo vincula en cuanto afecta la determinada relación sustancial de que
era titular, razón por la que estaba legitimado ‘para demandar o ser demandado en el
proceso’. En otras palabras, el citado inciso consagra la llamada por el mismo artículo 52
‘intervención’ ‘litisconsorcial’ que bien pudiera señalarse como ‘cualificada’, para
diferenciarla en todo caso de la intervención ‘simple’ o ‘adhesiva’ o de mera coadyuvancia.
Esta intervención litisconsorcial, según lo indica el mencionado texto, se presenta cuando
el interviniente sostiene con una de las partes una determinada relación sustancial que
habrá de ser afectada por la sentencia, en cuanto sobre ella se irradien los efectos de cosa
juzgada, radicando en esto el núcleo esencial del interés del tercero, al cual la ley le da la
mayor relevancia, al instituir al tercero que así interviene como parte autónoma, otorgándole
la condición de litisconsorte y reconociéndole todas las garantías y facultades de parte32.
Se precisa que el litisconsorcio cuasinecesario se asimila al litisconsorcio necesario en
cuanto, en uno y otro, la sentencia vincula al tercero y lo afecta; no obstante, se
diferencian en que, en el litisconsorcio cuasinecesario, no constituye un requisito
indispensable para proferir la decisión la comparecencia de todos los sujetos al proceso.
A su vez, se asemeja al litisconsorcio facultativo en que el sujeto puede concurrir
voluntariamente al proceso; sin embargo, se distingue de este en que, aun cuando no
comparezca, la sentencia es uniforme y lo vincula.
Con todo, el interviniente cuasinecesario puede hacerse parte en el proceso en el estado
en que este se encuentre, siempre que no se haya dictado sentencia de única o de
segunda instancia, y su intervención se surte con todas las prerrogativas de parte, de
conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 52 del CPC.
Frente a la concurrencia de la aseguradora y el asegurado al proceso en el que se debate
la nulidad del acto que declara el siniestro amparado en la póliza, esta Corporación ha
dicho lo siguiente:
31 En adelante, CPC.
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de octubre de 2000, expediente 5387, M.P. José
Fernando Ramírez Gómez.
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Ahora bien, aunque pudiera pensarse que no se requiere la concurrencia de la compañía
aseguradora y el asegurado contratista al proceso donde se debate la nulidad del acto que
declara el siniestro amparado en la póliza, como quiera que ambos pueden demandar o no
demandar dicho acto o hacerlo en forma independiente, con lo cual podría estimarse que
se está en presencia de un litis consorcio facultativo, en el evento que nos ocupa, resulta
más nítida la aplicación de la figura del litis consorcio cuasinecesario, teniendo en cuenta
que la sentencia de nulidad del acto administrativo finalmente tiene efectos frente a ambos,
pues al desaparecer el acto cesa la obligación a cargo de la aseguradora de pagar la
indemnización por concepto de efectividad de la garantía de calidad y en consecuencia el
derecho de ésta de repetir contra el contratista.
Es decir, en esos casos tanto a la aseguradora como al contratista asegurado le asiste un
interés individual y por ende, podrán reclamar cada uno en juicio lo que crea que en derecho
les corresponde ventilar, sin que sea necesario que se presenten conjuntamente a
demandar el acto que declara el siniestro cubierto con la respectiva póliza, entre otras
razones, porque ese acto en realidad obliga directamente a la compañía aseguradora al
pago de la indemnización materia del seguro a favor de la entidad pública beneficiaria,
mientras que al contratista la efectividad de la garantía lo deja expuesto a una repetición
del importe pagado, cuando a ello hubiere lugar, pero, con todo, la nulidad podría terminar
beneficiándolos a ambos, con lo cual la sentencia extiende sus efectos jurídicos.
En suma, es aplicable este tipo de litis consorcio a la cuestión analizada porque:
(i) Entre el asegurado contratista y la aseguradora existe una relación material sustancial
originada en un contrato de seguro (vínculo jurídico) que los legitimaría para actuar como
parte activa en el proceso;
(ii) Cuando cualquiera de los afectados, esto es aseguradora o el asegurado contratista
demande el acto administrativo, el otro no tiene por qué ser citado al proceso, por cuanto
está en su derecho de demandarlo o no hacerlo, no obstante lo cual de conformidad con el
artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, los efectos de la nulidad del acto
declarada en la sentencia afectan a quien no decidió demandar por virtud de la fuerza de la
cosa juzgada que le otorga la misma; igualmente, la negativa de la nulidad tiene por efecto
la cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con el vicio que fue objeto de
juzgamiento, situación que le impide al otro afectado volver a solicitar el enjuiciamiento del
acto por el mismo defecto;
(iii) Si bien la aseguradora o el asegurado contratista, según el caso, no requieren ser
citados al proceso, pues basta que uno sólo de ellos demande, quien no lo haga puede
concurrir e intervenir en el proceso en el estado en que se encuentre, antes de dictarse fallo
de única o segunda instancia (art. 52 C.P.C), y con todas la prerrogativas de la parte activa
siempre que respecto de ella no haya operado la caducidad para ventilar en sede judicial
sus pretensiones, porque hay que recordar que al contrario de lo que sucede con la nulidad,
los efectos del restablecimiento del derecho dispuestos en la sentencia sólo aprovechan a
quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor, intervención
que, por supuesto, debe hacerse antes de que se hubiese configurado dicho fenómeno
procesal de la caducidad;
(iv.) Para dictar sentencia frente a la litis no se requiere la comparecencia de la compañía
aseguradora y el asegurado contratista, pues es suficiente la concurrencia de cualquiera de
ellos33.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 febrero de 2012, radicado 05001-23-26-000-
1994-00558-01 (20810)A, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido la sentencia de la Sección Cuarta del
21 de marzo de 2013, radicado 13001-23-31-000-2004-00326-01 (18403), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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En el mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó un auto en el que
en primera instancia se ordenó la vinculación de una sociedad de seguros por
considerarla litisconsorte necesario del demandado, así:
En efecto, en procesos similares en los cuales fue el contratista el que intentó la acción de
nulidad contra los actos de la administración por medio de los cuales hacía efectiva la póliza
que garantizaba el riesgo de estabilidad de una obra pública otorgada por una compañía
de seguros, la Sala ha señalado que el asunto no muestra un evento
de litisconsorcio necesario sino de intervención adhesiva, ya que la compañía de seguros
si a bien lo tiene puede coadyuvar la posición del contratista, puesto que la prosperidad de
la demanda de éste por contera liberaría de la obligación de garantía34.
Con base en lo anterior, se concluye que, de una parte, contrario a lo sostenido por el
demandante, no era obligatorio vincular a la aseguradora a este trámite y de otra que,
contrario a lo resuelto por el Tribunal, la actora sí estaba legitimada para plantear
argumentos relacionados con la cobertura del contrato de seguro o con la prescripción
de la acción derivada de este.
Por lo expuesto, debido a que la demandante esgrimió en su demanda de nulidad
argumentos relacionados con la cobertura de la póliza, resulta procedente su análisis de
fondo.
7.3.7. Al respecto se tiene que esta Sección en sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas respecto de la ocurrencia del siniestro y la prescripción en las pólizas de
cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera, así:
1. El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera,
se materializa:
1.1. Al momento del incumplimiento de las obligaciones legales aduaneras, caso en el cual
el acto administrativo es declarativo y la póliza que ampara el riesgo será la vigente al
momento de la ocurrencia del siniestro.
1.2. Con la firmeza del acto administrativo que impone la sanción y ordena pagar a la
aseguradora la suma correspondiente, caso en el cual el acto administrativo es constitutivo
y la póliza que ampara el riesgo será la vigente al momento de la firmeza del acto
administrativo.
1.3. En todo caso, la materialización del siniestro, conforme con las reglas anteriores,
dependerá del contenido del contrato de seguro y de la norma que ordena la constitución
de la garantía.
2. En el evento en que el siniestro se materialice con el incumplimiento de las obligaciones
legales aduaneras, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del siniestro que
da lugar a la acción.
El término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de
disposiciones legales no correrá en el evento en que el siniestro lo constituya la firmeza del
acto administrativo que impone la sanción35.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2005, Expediente 25812, M.P. Alier Eduardo
Hernández Enriquez.
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de unificación del 29 de junio de 2023, radicación: 76-001-23-31-
000-2008-00846-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
Recientemente esta Sección precisó:
Conforme a la regla jurisprudencial definida en la sentencia de unificación, la determinación
del momento de ocurrencia del siniestro exige establecer en cada caso concreto si el riesgo
asegurado se relaciona con el cumplimiento material de una obligación legal, evento en el
cual el acto administrativo que declara el incumplimiento tiene naturaleza meramente
declarativa; o si por el contrario, el amparo está referido al pago de sanciones, supuesto en
el cual el siniestro se materializa con la firmeza del acto administrativo que las impone,
adquiriendo el carácter de constitutivo36.
7.3.8. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la garantía cuya efectividad
se ordenó mediante los actos acusados tenía por objeto amparar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del régimen aduanero de cabotaje. Por lo tanto, conforme a la
regla jurisprudencial antes señalada, el siniestro se configuró con el incumplimiento en la
finalización de las catorce (14) operaciones autorizadas por la DIAN.
En el presente caso, se observa que, según la Resolución 1-90-201-241-064201-2736
del 9 de septiembre de 2009 y lo sostenido por las partes en sus diferentes escritos, la
póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 3302008104898 del 2 de abril
de 2008, con certificado de modificación 4 del 13 de mayo de 2008, expedida por Mapfre
Seguros de Crédito S.A. –Mapfre Crediseguro S.A.–, estuvo vigente entre el 7 de junio
de 2008 y el 7 de septiembre de 2009.
En cuanto a la fecha límite para la finalización de las 14 operaciones de cabotaje
autorizadas por la DIAN, se tiene que, según las declaraciones de cabotaje, los actos
administrativos demandados y lo manifestado por la sociedad demandante,
correspondieron a las siguientes:
ITEM DECLARACIÓN DE FECHA INICIO FECHA LÍMITE DESTINO
TRÁNSITO (CABOTAJE No.)
1 0509906C000813 22-JUN-2006 27-JUN-2006 MEDELLIN
2 0500006C000832 28-JUN-2006 03-JUL-2006 MEDELLIN
3 0500006C000833 28-JUN-2006 06-JUL-2006 MEDELLIN
4 0500006C000894 06-JUL-2006 11-JUL-2006 MEDELLIN
5 0500006C000895 06-JUL-2006 11-JUL-2006 MEDELLIN
6 0500006C000922 12-JUL-2006 17-JUL-2006 MEDELLIN
7 0509906C000974 18-JUL-2006 23-JUL-2006 MEDELLIN
8 0509906C000975 18-JUL-2006 23-JUL-2006 BOGOTÁ
9 0509906C000977 19-JUL-2006 24-JUL-2006 MEDELLIN
10 0509906C000991 21-JUL-2006 26-JUL-2006 BOGOTA
11 0509906C001018 26-JUL-2006 31-JUL-2006 MEDELLIN
12 0509906C001019 26-JUL-2006 31-JUL-2006 MEDELLIN
13 0509906C001020 26-JUL-2006 31-JUL-2006 MEDELLIN
14 0509906C001044 02-AGO-2006 07-AGO-2006 MEDELLIN
Así las cosas, en el presente caso dado que el siniestro tuvo ocurrencia entre el 27 de
junio y el 7 de agosto de 2006, la póliza que la DIAN hizo exigible debió estar vigente
para esas fechas.
7.3.9. En el sub judice, la entidad pública, mediante los actos administrativos
demandados, declaró la ocurrencia del siniestro bajo la tesis de que el riesgo se
materializó durante el período de vigencia de la póliza. Sin embargo, para la Sala,
teniendo en cuenta la fecha límite para la finalización de las operaciones de cabotaje, el
riesgo asegurado no se materializó dentro de la vigencia de la póliza.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicación: 13001233100020050074401,
C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
Lo anterior se determina considerando que la póliza de seguro de cumplimiento de
disposiciones legales 3302008104898 del 2 de abril de 2008, con certificado de
modificación 4 del 13 de mayo de 2008, expedida por Mapfre Seguros de Crédito S.A. –
Mapfre Crediseguro S.A.–, estuvo vigente entre el 7 de junio de 2008 y el 7 de septiembre
de 2009, mientras que los incumplimientos por los que se hizo exigible la garantía
ocurrieron entre el 27 de junio y el 7 de agosto de 2006. Es decir, el siniestro se produjo
casi dos años antes de la entrada en vigor de la póliza y de que la compañía aseguradora
asumiera el riesgo contratado.
Con base en lo anterior, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, declarará la nulidad del artículo segundo de la Resolución 1-90-201-241-
064201-2736 del 9 de septiembre de 2009, confirmado por el artículo primero de la
Resolución 10162 del 23 de diciembre de 2009, por cuanto existió una ausencia de
cobertura de la póliza al momento en que se hizo exigible.
7.3.10. Ahora bien, habiéndose desvirtuado el fundamento de la sentencia apelada frente
a la exigibilidad de la póliza, a partir de la prosperidad del argumento planteado en el
recurso de apelación analizado previamente, resulta inane el estudio del reparo relativo
a la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro alegado por Tampa Cargo
S.A.S. en su escrito de apelación, por cuanto dicho argumento conducía igualmente a la
misma conclusión alcanzada en esta providencia sobre la inexigibilidad de la garantía.
7.4. Del restablecimiento del derecho
Conviene señalar que, además de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 1-90-
201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de 2009 y 10162 del 23 de diciembre de 2009
expedidas por la DIAN, en la demanda la actora solicitó lo siguiente a título de
restablecimiento del derecho:
2.2. Como consecuencia de lo anterior se declare que la sociedad TAMPA CARGO S.A.,
no adeuda suma alguna a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- por
concepto de sanciones relativas a los Actos Administrativos a declarar nulos, ni ha
incumplido ninguna obligación legal.
2.3. Como consecuencia de la primera declaración, y en caso de haberse pagado por mi
poderdante, la sanción impuesta, mientras se desarrolla el presente proceso contencioso
administrativo, con ocasión del cobro coactivo, se condene a la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al pago de
las siguientes sumas:
2.3.1. Por daño emergente: la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($399.840.000), suma que consta
dentro del expediente administrativo aduanero o la suma que se pague a la DIAN con el
incremento de intereses y actualizaciones.
2.3.2. Por lucro cesante la actualización de la suma anterior, según el índice de precios al
consumidor, más un 6% desde el momento en que se haga el pago a la DIAN hasta el día
en que se realice efectivamente el reintegro al demandante (mayúsculas sostenidas y
negritas del texto original).
Al respecto, teniendo en cuenta que no prosperó la pretensión de declaratoria de nulidad
del artículo primero de la Resolución 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de
2009, confirmado por el artículo primero de la Resolución 10162 del 23 de diciembre de
2009, a través de los cuales se declaró el incumplimiento de la actora en la finalización
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
de las operaciones de cabotaje, tampoco hay lugar a acceder a las pretensiones de
restablecimiento formuladas en la demanda.
7.5. Conclusión
Para la Sala, correspondía a la sociedad demandante presentar las declaraciones de
cabotaje, junto con sus soportes, ante las aduanas de Bogotá y Medellín, y entregar la
mercancía al depósito habilitado o, en el caso concreto, acreditar su transbordo, según
la observación consignada en cada declaración de tránsito y/o cabotaje, a fin de que el
funcionario aduanero del lugar de embarque finalizara el régimen, lo cual no se demostró
en el proceso.
En atención a lo anterior, teniendo en cuenta que el siniestro tuvo ocurrencia entre el 27
de junio y el 7 de agosto de 2006, la póliza cuya efectividad fue declarada por la DIAN
debía encontrarse vigente para dichas fechas. Sin embargo, dicha circunstancia no se
cumplió, toda vez que la garantía efectivamente cobrada tuvo vigencia entre el 7 de junio
de 2008 y el 7 de septiembre de 2009, por lo que no cubría el riesgo.
Con base en lo expuesto, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, declarará la nulidad del artículo segundo de la Resolución 1-90-201-241-
064201-2736 del 9 de septiembre de 2009, confirmado por el artículo primero de la
Resolución 10162 del 23 de diciembre de 2009, expedidas por la DIAN.
7.6. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del 14 de marzo de 2019 en
relación con el cargo de caducidad de la potestad sancionatoria, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 6 de septiembre de 2019, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, DECLARAR la nulidad del
artículo segundo de la Resolución 1-90-201-241-064201-2736 del 9 de septiembre de
2009 confirmado por el artículo primero de la Resolución 10162 del 23 de diciembre de
2009 expedidas por la DIAN.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Radicado: 05001 23 31 000 2010 01418 02
Demandante: Tampa Cargo S.A.S.
Demandado: DIAN
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.
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