Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2005-00744-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2005-00744-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2005-00744-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 13001 23 31 000 2005 00744 01
Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
Tesis: Son nulos los actos administrativos que hacen efectiva una póliza que
ampara las obligaciones derivadas del régimen de importación temporal, si son
proferidos después de los 2 años contados desde el momento en que se configuró
el incumplimiento a dicho régimen.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 22 de noviembre de 2013, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
1. La Compañía Schlumberger Surenco S.A. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (En adelante parte demandada o
DIAN), solicitando lo siguiente a título de pretensiones:
«DECLARACIONES Y CONDENAS
1. Que se declaren nulos en todas sus partes los siguientes actos
administrativos:
a) Resolución No. 06-064-0670-000669 de abril 13 de 2004, proferida por la
División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de
Cartagena, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Número de radicación: 13001 23 31 000 2005 00744 01
Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
Mediante el citado acto administrativo se declara de oficio el incumplimiento de
una obligación y ordena hacer efectiva póliza, por “No acreditar la finalización
del régimen de importación temporal a largo plazo amparada con al (sic)
declaración de importación No. 0901911005660-6 de septiembre 6 de 1999”.
b) Resolución No. 048-064-0656-001693 de agosto 30 de 2004, proferida por la
División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena
• Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Mediante la Resolución la División de Liquidación resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución No. 06-064-0670-000669 de abril
13 de 2004, confirmando lo allí expuesto, en consecuencia concede el recurso
de apelación.
c) Resolución No. 002200 de noviembre 3 de 2004, proferida por el
Administrador Especial de Aduanas de Cartagena - Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual
se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución, de que
trata el punto anterior, confirmándola en todas sus partes, agotándose así la vía
gubernativa.
2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad, se
declare el cumplimiento de la obligación de finalización del régimen de
importación temporal a largo plazo amparada mediante las declaraciones de
importación, inicial No. 0911523061934-7 de diciembre 22 de 1998, modificada
por la declaración No. 0901911004334-5 de junio 29 de 1999, y modificada a
largo plazo con la declaración de importación No. 0901911005660-6 de
septiembre 6 de 1999, régimen que se finalizó con la declaración de exportación
(DEX) con certificado de embarque de julio 21 de 2000, con número de cierre
3714000006821 de julio 24 de 2000.
3. Que se declare constituida la póliza conforme las normas legales que se
encontraban vigentes al momento de su constitución.
4. Que en caso que se declare el incumplimiento de las obligaciones legales de
la importación temporal a largo plazo, se declare la efectividad de la garantía
por el monto amparado en la póliza de seguro No. 187096 expedida por Seguros
del Estado.
5. Que en consecuencia se ordene la terminación y el archivo de cualquier
investigación que se esté adelantando en contra de mi representada con motivo
de esta situación.
6. Si para el tiempo en que se termine este proceso, mi poderdante ha pagado
la sanción propuesta equivalente a DOSCIENTOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($206.904.533.oo), mediante los actos impugnados
sea por pago directo o por que se haya hecho efectiva la póliza que ampara
parte de la sanción o por que haya adquirido póliza para garantizar la totalidad
del pago de la sanción propuesta, solicito se condene a la NACIÓN - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES a pagar a mi poderdante a título de restablecimiento del derecho,
por concepto de daño emergente, el monto de las sumas amparadas con la
garantía o el monto pagado por mi poderdante.
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Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
7. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la NACIÓN
• UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES a pagar a mi poderdante, a título de restablecimiento
del derecho, por concepto de daño emergente, el valor correspondiente a la
pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, entre la fecha en que se
realice el pago de la sanción o el pago de la prima de la póliza que ampara la
supuesta sanción y la fecha en que se verifique el pago a que se refiere la
petición No. 6.
8. Que también a título de restablecimiento del derecho, como reparación del
lucro cesante, se condene a la NACIÓN - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES a pagar
a mi poderdante las cantidades que correspondan al valor de los intereses
comerciales de las sumas a que se condene por concepto de daño emergente,
desde la fecha del pago de la sanción propuesta o el de la prima de la póliza
que ampara parte la suma correspondiente a la sanción, hasta la fecha en que
se haga efectiva su devolución por parte de la demandada.
9. Que como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se condene a la
NACIÓN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES a pagar a título de restablecimiento
del derecho, por concepto de daño emergente, el valor causado y pagado por
mi representada por concepto de la expedición de la póliza mediante la cual se
garantiza el pago de la sanción propuesta en los actos administrativos que se
impugnan.»1.
1.2. Los actos demandados
2. La parte resolutiva de la Resolución No. 06-064-0670-000669 del 13 de abril de
2004 es la siguiente:
«ARTICULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento de la obligación adquirida
por al (sic) afianzado o tomador SCHLUMBERGER SURENCO S.A. Nit.
860.002.175-1 y domicilio en la Carrera 9 No. 76-49 Piso 3 de la ciudad de
Bogotá; obligación consistente en el pago de los tributos aduaneros dentro de
los plazos señalados correspondientes a la importación temporal amparada en
la declaración Nro. 0911523063807-9 de abril 6 de 2000, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar hacer efectiva la Póliza de Seguro de
Cumplimiento de Disposiciones Legales No. DL-98217314 de la compañía
Seguros del Estado S.A., con Nit. 860.009.578-6, por el valor determinado igual
a la suma de Treinta y nueve millones novecientos ochenta y ocho mil
cuatrocientos ochenta y seis pesos ($39.988.486,oo), a favor de LA NACIÓN --
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.
ARTICULO TERCERO: Determinar como obligación a pagar la suma liquida en
dinero de Dos cientos (sic) seis millones novecientos cuatro mil quinientos
1 Visible a folios 1 a 46 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
treinta y tres pesos ($206.904.533,oo), que deberán ser consignados en Recibo
Oficial de Pago de Tributos Aduaneros.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo indicado en los artículos 45 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo y demás normas aplicables, al afianzado o tomador
SCHLUMBERGER SURENCO S.A. con Nit 860.002.175-1 y domicilio en la
carrera 9 No. 76-49 piso 3 en la ciudad de Bogotá y al asegurador Compañía
Seguros del Estado S.A., con NIT 860.009.578-6 y domicilio Carrera 11 No.90-
20 en la ciudad de Bogotá, directamente o por intermedio de sus representantes
legales o apoderados cuando fuere el caso.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de
Reposición ante el Jefe de esta División y el de Apelación ante el Administrador,
debiéndose hacer uso de los mismos dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación del presente acto administrativo de conformidad con el artículo
530 de la Resolución 4240 de 2000 y los requisitos exigidos por los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Informar a los interesados en caso de aceptar el
incumplimiento y cancelar el valor determinado en el artículo segundo de la
presente providencia, hacerlo dentro de los diez (10) días siguientes contados
a partir de la fecha de la ejecutoria de esta Resolución, debiendo acreditar el
pago ante la División de Liquidación o a la dependencia que haga sus veces de
esta Administración anexando el Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros
con el propósito de archivar el expediente.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Si transcurridos diez (10) días contados a partir de la
fecha de la ejecutoria de esta Resolución no se hubiere efectuado el pago, se
enviará copia del presente acto administrativo a la División de Servicio al
Comercio Exterior donde reposa el original de la garantía para que con
fundamento en dicho acto, envíe el original de la misma a la División de
Cobranzas, con el objeto de hacer efectivo el cobro de la obligación.
ARTICULO OCTAVO: Enviar fotocopia del expediente a la División de
Fiscalización para que determine si existe responsabilidad por parte del
Declarante PRAGA SIA LTDA., con relación al pago de los tributos aduaneros.
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente proveído, una vez
ejecutoriado, a la División de Fiscalización Aduanera para que se investigue lo
relacionado con la ilegalidad de la mercancía.»2
3. La parte resolutiva de la Resolución No. 048-064-0656-001693 de agosto 30 de
2004, es la siguiente:
«ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica a los señores MARÍA
CECILIA IBARRA CASTILLO, identificada con C.C. No. 39.788.463 de Usaquén
y T.P.87.019 C.S.J., como Apoderado de la firma SERVICES DOWELL
SCHLUMBERGER S.A., hoy SCHLUMBERGER SURENCO S.A., y ALEX
FONTALVO VELASQUEZ, identificado con C.C. No. 84.069.623 de Maicao y
2 Visible a folios 55 a 64 del Cuaderno del Tribunal.
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Número de radicación: 13001 23 31 000 2005 00744 01
Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
T.P. 65.746 C.S.J., como Apoderada de la COMPAÑÍA SEGUROS DEL
ESTADO S.A.
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar por las razones anteriormente expuestas, la
Resolución No. 000669 de fecha 13/04/04, que declara el incumplimiento de un
régimen aduanero bajo la modalidad de importación temporal plazo, según
Declaración de Importación No. 0901911005660-6 de septiembre 6 de 1999,
que modificó declaración de importación temporal de corto plazo No.
0901911004334-5 de junio 29 de 1999, con la cual se amplió el plazo de
permanencia de la Declaración Inicial de corto plazo No. 0911523061934-7 de
diciembre 22 de 1998, del importador SERVICES DOWELL SCHLUMBERGER
S.A., hoy SCHLUMBERGER SURENCO S.A., con Nit. 860.002.175-1 y se
ordena hacer efectiva la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones
Legales No. DL-98217314 de la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.,
con Nit 860.009.578-6, por valor de Treinta y nueve millones novecientos
ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($39.988.486,oo) y se
determinó como obligación total a pagar la suma liquida de doscientos seis
millones novecientos cuatro mil quinientos treinta y tres pesos
($206.904.533,oo).
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo indicado en los artículos 564 y 567 del Decreto 2685 de
1999 y demás normas aplicables, a los señores importador SERVICES
DOWELL SCHLUMBERGER S.A., hoy SCHLUMBERGER SURENCO S.A., a
solicitud de su apoderada la señora MARÍA CECILIA IBARRA, a la siguiente
dirección, Carrera 9 No.73-24 Piso 3 en la ciudad de Bogotá, y a la COMPAÑÍA
SEGUROS DEL ESTADO S.A., a la dirección, que en su calidad de Apoderado
el señor ALEX FONTALVO VELASQUEZ solicitó, Centro, Plaza de la Aduana,
Edificio Andian, Oficina 411 en la ciudad de Cartagena.
ARTICULO CUARTO: Conceder el Recurso de Apelación, ante el
Administrador, para lo cual debe remitirse el expediente a la División Jurídica
de esta Administración.»3
4. La parte resolutiva de la Resolución No. 002200 de noviembre 3 de 2004, señala:
«ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 00669 del 13 de Abril
(sic) de 2004 proferida por la División de Liquidación Aduanera por la cual se
declara de oficio el incumplimiento de una obligación aduanera y se ordena
hacer efectiva una garantía, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al doctor
ALEX FONTALVO VELASQUEZ, identificado con la C.C. No. 48.069.623 de
Maicao y Tarjeta profesional No. 65.746 del C. S. de la J., quien actúa como
apoderada (sic) especial de la Compañía de Aseguradora del ESTADO S.A., en
la siguiente dirección: Centro, Plaza de la Aduana, edificio ANDIAN, Oficina 411,
en la ciudad de Cartagena, y al (sic) doctora MARIA CECILIA IBARRA
CASTILLO identificada con la C. C. No. 39.788.463 de Usaquén y portadora de
la Tarjeta Profesional No. 87019 del C.S.J., apoderado de la empresa
SCHLUMBERGER SURENCO S.A., en la siguiente dirección: carrera 9 No 73-
3 Visible a folios 66 a 86 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
24 piso 3 en la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el
artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificados por el Decreto 1232 de
2001, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso en vía gubernativa.
ARTICULO TERCERO: En firme esta providencia remitir copia a la División de
Recaudación y Cobranzas de la Administración Especial de Aduanas de
Cartagena para su contabilización y cobro.»4
1.3. Supuestos fácticos
5. La parte actora manifestó lo siguiente:
6. Señaló que Schlumberger Surenco S.A. (antes Services Dowell Schlumberger
S.A.) es una sociedad constituida conforme a las normas colombianas, dedicada a
la prestación de servicios técnicos relacionados con la exploración y explotación de
hidrocarburos, incluyendo la asistencia técnica en perforación de pozos, con
operaciones en varios países, entre ellos Ecuador, Perú y Venezuela.
7. Indicó que, en desarrollo de su objeto social, mediante Declaración de
Importación 0911523061934-7 del 22 de diciembre de 1998, la sociedad importó
temporalmente a corto plazo por 6 meses, una unidad para cimentación de pozos
con los elementos necesarios para su funcionamiento.
8. Expuso que antes del vencimiento del término de la importación temporal, solicitó
a la Administración de Aduanas de Cartagena la prórroga del plazo, la cual fue
concedida mediante Auto 006228 del 15 de junio de 1999 por 3 meses, contados a
partir del 29 de junio de 1999.
9. Explicó que ante la necesidad de continuar utilizando el equipo en el país y antes
del vencimiento del plazo otorgado, presentó Declaración de Modificación
0901911005660-6 del 6 de septiembre de 1999, mediante la cual cambió el régimen
de importación temporal de corto plazo a largo plazo por el término de 5 años.
10. Manifestó que conforme al literal e) del artículo 428 del Estatuto Tributario, la
importación temporal a largo plazo de bienes de capital destinados a industrias
4 Visible a folios 88 a 104 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
básicas se encuentra exenta del Impuesto sobre las Ventas (en adelante IVA) si se
obtiene certificación de no producción nacional expedida por el entonces Instituto
Colombiano de Comercio Exterior (en adelante INCOMEX), por lo que la sociedad
solicitó dicha certificación al Ministerio de Comercio Exterior, la cual fue obtenida el
12 de abril de 1999.
11. Indicó que, en desarrollo del régimen de importación temporal a largo plazo,
tramitó la aceptación de la garantía correspondiente, constituyendo la póliza de
cumplimiento 187096 expedida por Seguros del Estado por valor de $39.988.486,
con vigencia desde el 20 de agosto de 1999 hasta el 29 de marzo de 2004, para
amparar el pago de los tributos aduaneros y la obligación de finalizar el régimen.
12. Afirmó que canceló oportunamente la totalidad de las cuotas correspondientes
a los tributos aduaneros causados con ocasión de la importación temporal a largo
plazo.
13. Señaló que el 6 de abril de 2000 se presentó la Declaración de Importación
0911523063807-9, mediante la cual se sustituyó al importador Services Dowell
Schlumberger S.A. por Schlumberger Surenco S.A.
14. Expuso que durante el término de permanencia de la mercancía bajo la
modalidad de importación temporal a largo plazo, surgió la necesidad de enviarla a
Ecuador para realizar reparaciones técnicas, por lo cual se efectuó una
reexportación para reparación el 21 de julio de 2000, con cierre definitivo el 24 de
julio de 2000, por la Administración de Aduanas de Ipiales.
15. Indicó que de acuerdo con el artículo 149 del Decreto 2685 de 1999, la
mercancía reexportada para reparación debía ser reimportada dentro de los seis (6)
meses siguientes, so pena de hacerse efectiva la garantía constituida.
16. Manifestó que la empresa extranjera PETROECUADOR consideró necesario
mantener el equipo en ese país por un tiempo superior al inicialmente previsto para
efectuar las reparaciones requeridas, razón por la cual la mercancía no fue
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Demandante: Compañía Schlumberger Surenco S.A.
reimportada y a la fecha de presentación de la demanda habían transcurrido más
de tres años desde su salida del país.
17. Señaló que pese a encontrarse la mercancía en el exterior, la sociedad continuó
cumpliendo con el pago oportuno de las cuotas de los tributos aduaneros durante
todo el plazo de la importación temporal, por lo que no se causó perjuicio al Estado.
18. Indicó que, ante la imposibilidad de reimportar la mercancía por razones ajenas
a su voluntad, solicitó ante la Administración de Aduanas de Ipiales la modificación
de la modalidad declarada en la Declaración de Exportación (en adelante DEX)
371400006821 del 24 de julio de 2000; de reexportación temporal a definitiva, con
el fin de finalizar formalmente el régimen, solicitud presentada por la Sociedad de
Intermediación Aduanera Roldán S.A. el 28 de noviembre de 2003.
19. Sostuvo que la Administración de Aduanas de Ipiales mediante comunicación
del 10 de diciembre de 2003 indicó que no era viable la modificación del DEX por
cuanto la declaración de exportación había sido definitiva desde su presentación y
que debía revisarse el cumplimiento del régimen de importación temporal por parte
de la Aduana de Cartagena.
20. Señaló que posteriormente la Administración de Aduanas de Cartagena
manifestó que, aunque se había cumplido con las cuotas de los tributos aduaneros,
no se había observado el plazo de reimportación previsto en el artículo 149 del
Decreto 2685 de 1999, por lo que remitiría el expediente a la División de Liquidación
para establecer el posible incumplimiento del régimen.
21. Indicó que en desarrollo del proceso de fiscalización, la Aduana de Cartagena
remitió requerimiento de información 21408 del 4 de diciembre de 2003 solicitando
la demostración de la finalización del régimen de importación temporal, frente al cual
la sociedad explicó por escrito la situación y señaló que se había solicitado la
modificación del DEX.
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22. Manifestó que el 22 de diciembre de 2003 solicitó la suspensión de los términos
para demostrar la finalización del régimen de importación temporal, mientras se
resolvía la modificación del DEX, petición que fue negada por la Administración.
23. Expuso que mediante Auto 0006 A-00096 del 17 de febrero de 2004, la División
de Liquidación de la Aduana de Cartagena abrió investigación por el presunto
incumplimiento de la obligación garantizada correspondiente a la importación
temporal a largo plazo.
24. Indicó que dentro de las pruebas que dieron lugar a la apertura de la
investigación se señaló el no haber acreditado la finalización del régimen de
importación temporal a largo plazo amparado con la declaración de importación
0901911005660-6 del 6 de septiembre de 1999.
25. Destacó que, como resultado de lo anterior, la División de Liquidación de la
Administración de Aduanas de Cartagena expidió la Resolución 06-064-0670-
000669 del 13 de abril de 2004, mediante la cual declaró el incumplimiento de una
obligación y ordenó hacer efectiva la garantía.
26. Señaló que contra dicha decisión interpuso oportunamente recurso de
reposición y en subsidio apelación el 13 de mayo de 2004, argumentando que el
régimen de importación temporal se había finalizado mediante la reexportación de
la mercancía y que existían dos regímenes amparados por la misma póliza.
27. Informó que al resolver el recurso de reposición, la División de Liquidación
confirmó la decisión inicial mediante Resolución del 30 de agosto de 2004 y
concedió el recurso de apelación.
28. Finalmente manifestó que el Administrador de la Aduana de Cartagena,
mediante Resolución 002200 del 3 de noviembre de 2004, al resolver el recurso de
apelación interpuesto contra los actos anteriores, confirmó en todas sus partes las
decisiones de primera instancia, señalando, entre otros aspectos, que existió
incumplimiento del régimen de importación temporal, que la garantía cubría las
obligaciones derivadas de dicho régimen y que no operaban los fenómenos de
prescripción ni caducidad. Sobre estos últimos destacó que la DIAN determinó que
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tuvo conocimiento efectivo del presunto incumplimiento únicamente en diciembre
de 2003, por lo que la actuación iniciada en 2004 se encontraba dentro de los
términos previstos en el Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA) y en
el Código de Comercio (en adelante CCo) para hacer exigible la obligación
garantizada.
1.4. Concepto de la violación
29. Invocó como vulnerados los artículos 1, 2, 6, 29, 83, 84, 123, 209 y 363 de la
Constitución Política; los artículos 3, 38 y 84 del CCA; los artículos 146, 147, 149,
150, 156 literal c), 231, 476 y 478 del Decreto 2685 de 1999; el artículo 41 del
Decreto 1909 de 1992; el artículo 18 de la Resolución 1794 de 1993; el artículo 5
literal d) de la Resolución 408 de 1992; el artículo 1081 del C. de Co. y el literal e)
del artículo 428 del Estatuto Tributario.
30. Sostuvo que los actos demandados desconocieron los principios de
responsabilidad, buena fe y legalidad, en tanto la DIAN predicó un incumplimiento
derivado del régimen de importación temporal a largo plazo, cuando los hechos
correspondían a una situación propia del régimen de reexportación temporal. Indicó
que ello implicó atribuir al usuario aduanero una obligación que no estaba
consagrada en la normativa vigente, contrariando el principio según el cual los
particulares solo responden por la infracción expresa de la Constitución y la ley y
que la Administración solo puede sancionar conductas previamente definidas.
31. Señaló que la actuación administrativa estuvo viciada por falsa motivación, toda
vez que los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentaron las resoluciones no
correspondían a la realidad normativa aplicable al caso. En particular, explicó que
la DIAN confundió las obligaciones propias de la importación temporal a largo plazo
con aquellas derivadas de la reexportación temporal de mercancías para reparación
y a partir de esa interpretación declaró el incumplimiento y ordenó la efectividad de
la garantía, aun cuando la obligación que se tuvo por incumplida corresponde al
régimen de reexportación y no al de importación temporal.
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32. Afirmó que se desconoció el principio de legalidad al aplicarse disposiciones del
Decreto 2685 de 1999 a situaciones consolidadas bajo la vigencia del Decreto 1909
de 1992 y normas concordantes, aunque para la época de la presentación y
modificación de la declaración de importación temporal aquellas no se encontraban
vigentes.
33. Indicó que se vulneró el debido proceso administrativo, al estructurarse una
sanción carente de una conducta típica previamente definida en la ley, con ausencia
de acreditación del daño al Estado e inobservando los requisitos necesarios para la
imposición de sanciones, en desconocimiento de los artículos 29 de la Constitución
y 3 del CCA.
34. En relación con la liquidación de los tributos aduaneros y la aplicación de la
exclusión del IVA, sostuvo que la DIAN desconoció el literal e) del artículo 428 del
Estatuto Tributario. Explicó que la mercancía importada correspondía a maquinaria
pesada destinada a industrias básicas no producida en el país, razón por la cual
estaba excluida del impuesto sobre las ventas, beneficio que acreditó mediante la
certificación expedida por el INCOMEX presentada al momento del levante.
35. Señaló que conforme al artículo 41 del Decreto 1909 de 1992, en la importación
temporal a corto plazo no se causaban tributos aduaneros, mientras que, en la
modalidad a largo plazo, tratándose de bienes de capital para industrias básicas,
operaba la exclusión del IVA, por lo que la garantía debía constituirse únicamente
por el valor del arancel. Destacó que la DIAN consideró improcedente la exclusión,
sostuvo que el importador había disminuido la base gravable sin cumplir los
requisitos exigidos y concluyó que debían liquidarse los tributos generados desde
la declaración inicial, desconociendo la certificación aportada y la naturaleza de los
bienes, lo que causó una indebida reliquidación de tributos e incremento injustificado
del monto garantizado.
36. Adujo que la Administración desconoció el principio de primacía de la realidad
sobre las formas, pues aun cuando la mercancía salió del territorio aduanero
nacional dentro del término correspondiente y se realizaron las actuaciones
necesarias para finalizar el régimen, se dio prevalencia a aspectos formales
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relacionados con la modalidad declarada y con la interpretación del tipo de
operación, lo que condujo a declarar un incumplimiento inexistente y a ordenar la
efectividad de la garantía aun con el cumplimiento material de la finalidad del
régimen aduanero.
37. Manifestó que en el trámite administrativo se desconocieron los principios
orientadores de la actuación administrativa consagrados en el artículo 3 del CCA,
en la medida en que se omitió valorar integralmente las pruebas allegadas, mantuvo
una interpretación formalista de las normas, no removió los obstáculos puramente
formales y no adoptó decisiones orientadas a verificar el cumplimiento material de
las obligaciones aduaneras, afectando el derecho de defensa y contradicción.
38. Sostuvo que se configuró la vulneración de los principios de confianza legítima
y buena fe, porque la entidad demandada cambió el entendimiento del régimen
aplicable y exigió consecuencias no previstas normativamente, cuando las
actuaciones del usuario aduanero se desarrollaron conforme a la interpretación
vigente y con conocimiento de la Administración, la cual participó en la aceptación
de las garantías, en el otorgamiento del levante de la mercancía y en el trámite de
las modificaciones generando una expectativa legítima sobre la legalidad del
procedimiento seguido.
39. Añadió que la actuación administrativa desconoció las reglas relativas a la
constitución y efectividad de las garantías previstas en el Decreto 1909 de 1992, en
la Resolución 1794 de 1993 y en la Resolución 408 de 1992, pues la póliza se
constituyó conforme a las normas vigentes al momento de la importación y su
modificación, teniendo en cuenta la exclusión del IVA y la naturaleza de la
operación. No obstante, la DIAN ordenó su efectividad con fundamento en un
supuesto incumplimiento no previsto en la ley y desconoció las condiciones bajo las
cuales fue aceptada la garantía y el marco normativo aplicable al momento de su
constitución.
40. En cuanto a la prescripción derivada del contrato de seguros alegó que
conforme al artículo 1081 del C. de Co. la acción prescribe en dos años contados
desde el momento en que la Administración conoció o debió conocer el hecho que
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daba lugar a la efectividad de la póliza, término que transcurrió antes de la
expedición los actos acusados. Señaló que dicho hecho se configuró el 24 de enero
de 2001, fecha en que vencía el término de 6 meses para la reimportación de la
mercancía; no obstante, el acto que declaró el incumplimiento y ordenó hacer
efectiva la garantía fue notificado en mayo de 2004, por fuera del término
establecido para la prescripción ordinaria.
41. En relación con la caducidad de la acción sancionatoria, indicó que de acuerdo
con el artículo 478 del Decreto 2685 de 1999 y el artículo 38 del CCA, la facultad
para sancionar caduca a los tres años contados desde la ocurrencia del hecho
constitutivo de la infracción. En ese sentido, sostuvo que, si el supuesto
incumplimiento se configuró el 24 de enero de 2001, el término para ejercer la
potestad sancionatoria vencía el 24 de enero de 2004; sin embargo, el acto
mediante el cual se declaró el incumplimiento fue expedido el 13 de abril de 2004,
cuando ya había operado la caducidad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
42. La DIAN5 contestó la demanda y solicitó que no se accediera a las pretensiones
formuladas por la parte actora, al considerar que las actuaciones adelantadas se
ajustaron a la situación fáctica acreditada en el expediente y a la normatividad
aduanera vigente aplicable al caso concreto.
43. Señaló que la investigación administrativa se originó en la verificación del
incumplimiento del régimen de importación temporal a largo plazo respecto de la
mercancía introducida al territorio aduanero nacional mediante declaración
presentada el 22 de diciembre de 1998, prorrogada y posteriormente modificada a
largo plazo, sobre la cual no se acreditó la finalización del régimen dentro de los
términos legales, razón por la cual se ordenó la efectividad de la garantía mediante
Resolución 000669 del 13 de abril de 2004.
5 Visible a folios 216 a 224 del Cuaderno del Tribunal.
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44. Sostuvo que no se configuró falsa motivación en los actos acusados, toda vez
que estos se fundaron en hechos ciertos y en las disposiciones que regulan la
terminación del régimen de importación temporal. Explicó que el incumplimiento se
estructuró por la no reimportación de la mercancía dentro del término de 6 meses
previsto en el artículo 149 del Decreto 2685 de 1999 para los eventos de reparación
o reemplazo de bienes reexportados, circunstancia que habilitaba a la
Administración para declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la
garantía constituida, conforme a los artículos 147 y 156 del mismo estatuto
aduanero.
45. Indicó que los eventos de terminación de la importación temporal se encuentran
taxativamente previstos en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999 y que en efecto
se configuró una causal de incumplimiento que hacía procedente la efectividad de
la garantía.
46. Frente al cargo relativo a la constitución de la garantía, manifestó que esta se
formalizó conforme a lo dispuesto en el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999, con
el propósito de asegurar la finalización de la importación temporal dentro del plazo
señalado en la declaración, así como el pago oportuno de los tributos aduaneros.
Precisó que ante el incumplimiento del régimen, la DIAN se encontraba facultada
para hacer efectiva la póliza, dado que su finalidad era respaldar la satisfacción de
dichas obligaciones.
47. Señaló que la modificación de la declaración para pasar de importación temporal
de corto a largo plazo implicaba la obligación de liquidar los tributos aduaneros que
se habrían causado desde la presentación y aceptación de la declaración inicial
conforme al artículo 150 del Decreto 2685 de 1999 y distribuir su pago en cuotas
semestrales. Destacó que el cumplimiento parcial de tales pagos no exime al
importador de la obligación principal consistente en finalizar el régimen dentro del
término legal.
48. En cuanto al debate sobre la exclusión del IVA sostuvo que, si bien el importador
allegó la certificación del INCOMEX 53-011487 del 12 de abril de 1999, no podía
disminuir por su propia cuenta la base gravable ni excluir el impuesto sobre las
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ventas al momento de liquidar los tributos. Indicó que de estimar procedente el
beneficio, debía acudir a la presentación de la corrección o la solicitud de devolución
del pago de lo no debido. Señaló que al no seguir dicho procedimiento y aplicarse
directamente y a motu propio la exclusión, se afectó la correcta liquidación de los
tributos razón por la cual al declararse el incumplimiento del régimen estos
resultaban exigibles en su integridad, incluido el IVA.
49. Añadió que conforme al artículo 150 del Decreto 2685 de 1999, la modificación
de la modalidad de importación temporal implicaba la liquidación de los tributos
aduaneros que se habrían causado desde la fecha de presentación y aceptación de
la declaración inicial, por lo que ante el incumplimiento del régimen se perdían los
beneficios asociados a la modalidad inicialmente declarada y procedía la
exigibilidad de los tributos correspondientes.
50. Respecto del cargo relacionado con la prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro, manifestó que conforme al artículo 1081 del C. de Co., el
término de 2 años empieza a correr desde el momento en que la Administración
tuvo conocimiento del hecho que daba lugar a la efectividad de la póliza. Señaló
que dicho conocimiento se produjo el 1 de abril de 2003, cuando se requirió
demostrar la finalización del régimen de importación temporal y se advirtió que la
mercancía, que había sido exportada temporalmente, no había sido reimportada
dentro del término de seis (6) meses, circunstancia que dio lugar al inicio de las
actuaciones administrativas. Por ello, al momento de expedirse el acto
administrativo en septiembre de 2003, la acción no se encontraba prescrita.
51. Concluyó que la actuación administrativa se adelantó dentro de los términos
legales y con fundamento en las disposiciones vigentes que regulan la finalización
del régimen de importación temporal, la constitución de garantías y la exigibilidad
de los tributos aduaneros, por lo que no se vulneraron los principios de legalidad,
buena fe o confianza legítima invocados por la parte actora.
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III. SENTENCIA APELADA
52. El Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Descongestión No. 002 en
sentencia proferida el 22 de noviembre de 20136, resolvió la controversia y decidió
lo siguiente:
«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones No. 06-064-
0670-000669 de abril 13 de 2004, No. 048-064-0656-001693 de agosto 30 de
2004 y No. 002200 de noviembre 3 de 2004; en cuanto a que ordenaron hacer
efectiva la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. DL-
98217314 de la compañía Seguros del Estado S.A.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se entiende que no hay lugar a
hacer efectiva la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales
No. DL-98217314 de la compañía Seguros del Estado S.A., por medio de la cual
se amparó el régimen de importación temporal al que se encontraba sometida
la mercancía importada por la sociedad actora.
TERCERO: Niéganse las demás pretensiones […]».
53. Como fundamento de su decisión, el a quo indicó que la mercancía había sido
importada temporalmente y posteriormente reexportada para reparación en el
exterior el 24 de julio de 2000, circunstancia que conforme al artículo 149 del
Decreto 2685 de 1999, imponía la obligación de reimportarla dentro del término de
6 meses, esto es, a más tardar el 24 de enero de 2001 mediante la presentación de
una nueva declaración de importación temporal.
54. Señaló que al no haberse efectuado la reimportación dentro de dicho plazo, se
configuró el incumplimiento del régimen de importación temporal a largo plazo, lo
que habilitaba a la administración para declarar el siniestro y ordenar la efectividad
de la garantía constituida para amparar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de dicha modalidad.
55. No obstante, al analizar el cargo de prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro, el Tribunal acudió al artículo 1081 del CCo y concluyó que el
término de 2 años debía contarse desde el momento en que se estructuró el
siniestro, esto es, desde el 24 de enero de 2001 fecha en que venció el plazo para
6 Folios 300 a 323 del Cuaderno del Tribunal.
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la reimportación de la mercancía.
56. Advirtió que la póliza debía hacerse efectiva dentro del periodo comprendido
entre el 25 de enero de 2001 y el 25 de enero de 2003; sin embargo, la
administración declaró el incumplimiento y ordenó su efectividad únicamente hasta
el 13 de abril de 2004, mediante la Resolución 06-064-0670-000669, cuando ya
había transcurrido el término de prescripción ordinaria.
57. El Tribunal desestimó el argumento de la entidad demandada según el cual el
conocimiento del incumplimiento se produjo con posterioridad, al señalar que la
DIAN, en su condición de entidad del orden nacional, debía actuar de manera
coordinada a través de sus dependencias, de modo que no era válido sostener que
solo tuvo noticia del hecho en una fecha distinta a la de la configuración del siniestro.
58. En relación con el cargo de caducidad de la facultad sancionatoria, precisó que
el acto mediante el cual se declara el incumplimiento del régimen de importación
temporal y se ordena hacer efectiva la póliza no tiene naturaleza sancionatoria, sino
que constituye una actuación encaminada a hacer exigible una garantía
previamente constituida, razón por la cual no resultaban aplicables las reglas
invocadas por el actor.
59. En cuanto a las pretensiones de reconocimiento de perjuicios por concepto de
daño emergente y lucro cesante, el Tribunal las negó al considerar que dentro del
expediente no se encontraba acreditada su causación ni su cuantía, circunstancia
que impedía acceder a una condena indemnizatoria a favor de la parte actora.
60. Concluyó que se encontraba acreditada la prescripción de la acción derivada
del contrato de seguro y en consecuencia, declaró la nulidad parcial de los actos
acusados en cuanto ordenaron hacer efectiva la póliza, manteniéndolos incólumes
en los demás aspectos.
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IV. RECURSO DE APELACIÓN
61. La parte demandada 7 interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en los
argumentos que se sintetizan a continuación.
62. Señaló que el Tribunal incurrió en una errada interpretación del régimen
aduanero aplicable al caso, pues el proceso debía regirse por las disposiciones
especiales previstas en el Decreto 2685 de 1999 y sus normas reglamentarias,
relativas al control del cumplimiento de las obligaciones amparadas con garantías.
63. Indicó que, mediante Declaración de Exportación 371400006821 del 24 de julio
de 2000, la mercancía fue reexportada para efectos de reparación en el exterior lo
que implicaba su reimportación dentro del término de 6 meses, esto es, hasta el 24
de enero de 2001, momento a partir del cual, en caso de no cumplirse dicha
obligación, debía declararse el siniestro y hacerse efectiva la garantía.
64. Expuso que la sociedad actora no reimportó la mercancía dentro del plazo
previsto en la normativa aduanera y que solo hasta el 28 de noviembre de 2003
solicitó modificar la reexportación temporal a exportación definitiva, cuando ya se
encontraba vencido el término legal, lo que evidenciaba el incumplimiento del
régimen de importación temporal.
65. Sostuvo que, conforme al artículo 1081 del C. de Co. la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro debía contarse desde el momento en que la
Administración tuvo conocimiento del siniestro y no desde la fecha en que venció el
plazo para la reimportación de la mercancía, como lo consideró el Tribunal.
66. Arguyó que la ocurrencia del siniestro no podía entenderse configurada
automáticamente con el vencimiento del término para reimportar la mercancía, sino
cuando la autoridad aduanera estableciera la presunta comisión de la infracción o
7 Folios 325 a 330 del Cuaderno del Tribunal.
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identificara las causales que daban lugar a la expedición de una liquidación oficial,
de acuerdo con la doctrina institucional de la DIAN.
67. Precisó que la Administración solo tuvo conocimiento de los hechos cuando
mediante oficio del 4 de diciembre de 2003, solicitó al importador acreditar el
cumplimiento del régimen dentro del término otorgado y ante la falta de respuesta,
se configuró el presupuesto para declarar el incumplimiento, de manera que el
término prescriptivo debía contabilizarse a partir del 15 de diciembre de 2003.
68. Añadió que la declaratoria de incumplimiento y la orden de hacer efectiva la
garantía mediante Resolución del 13 de abril de 2004 se produjo dentro del término
legal, razón por la cual no podía afirmarse la prescripción de la acción derivada del
contrato de seguro.
69. Cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual la DIAN conocía desde antes
la reexportación de la mercancía, indicando que la entidad no tenía noticia cierta de
la misma y que solo a partir del requerimiento efectuado en diciembre de 2003 pudo
establecer el posible incumplimiento del régimen.
70. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada, al
considerar que la declaratoria de nulidad parcial de los actos acusados se sustentó
en una indebida determinación del momento de ocurrencia del siniestro y por ende,
en un equivocado cómputo del término de prescripción de la acción.
V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA
71. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto de 26 de marzo de 20148,
concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
72. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 4 de agosto de 20149, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
8 Folio 343 del Cuaderno del Tribunal.
9 Folio 4 del Cuaderno de apelación de sentencia del Consejo de Estado.
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73. Posteriormente, en providencia del 31 de mayo de 201610 se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto.
74. En auto del 6 de marzo de 202511 se vinculó a Seguros del Estado S.A. como
tercero con interés directo en las resultas del proceso y se ordenó su notificación.
75. En decisión de Sala Unitaria del 1 de agosto de 2025 12 se declaró saneada la
nulidad advertida en auto del 6 de marzo del mismo año.
VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
76. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión 13 , en los cuales
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en la
sustentación del recurso de apelación, insistiendo en la legalidad de los actos
administrativos acusados.
77. Señaló que el asunto sometido a debate se contrae a determinar si era
procedente la declaratoria de incumplimiento del régimen de importación temporal
a largo plazo al que estaba sometida la mercancía, la efectividad de la póliza de
cumplimiento y la exigibilidad de los tributos aduaneros correspondientes.
78. Sostuvo que no se configuró la alegada falsa motivación, por cuanto los actos
administrativos se expidieron con fundamento en un procedimiento especial previsto
en el Estatuto Aduanero y sustentados en hechos ciertos, debidamente verificados
por la Administración.
79. Indicó que la sociedad actora importó temporalmente la mercancía y
posteriormente la reexportó para efectos de reparación en el exterior, sin que esta
10 Folio 28 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.
11 Índice 00035 del expediente digital, SAMAI.
12 Índice 00047 del expediente digital, SAMAI.
13 Folios 29 a 33 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.
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fuera reimportada dentro del término legal de 6 meses previsto en el artículo 149
del Decreto 2685 de 1999, configurándose así el incumplimiento del régimen.
80. Expuso que, ante tal situación, la autoridad aduanera se encontraba habilitada
para declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la garantía constituida,
la cual tenía por objeto asegurar tanto la finalización del régimen como el pago de
los tributos aduaneros causados.
81. Precisó que la mercancía fue reexportada el 21 de julio de 2000 con destino a
Ecuador para ser reparada y que el plazo máximo para su reimportación vencía el
24 de enero de 2001, sin que esta regresara al país ni se acreditara el cumplimiento
del régimen dentro del término previsto por la norma.
82. Afirmó que solo hasta el 28 de noviembre de 2003 la sociedad solicitó modificar
la modalidad de reexportación temporal a definitiva, momento para el cual el plazo
legal ya se encontraba ampliamente vencido, razón por la cual procedía la
declaratoria de incumplimiento.
83. Manifestó que la Administración no tuvo conocimiento oportuno de la
reexportación ni del eventual incumplimiento, y que únicamente en diciembre de
2003, mediante comunicación interna del grupo de garantías, se solicitó a la actora
acreditar el cumplimiento del régimen, configurándose desde entonces el
conocimiento del siniestro.
84. Sostuvo que conforme al artículo 1081 del CCo el término de prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro debía contarse desde el momento en que la
Administración tuvo conocimiento del incumplimiento, lo cual ocurrió en diciembre
de 2003, y concluyó que la declaratoria realizada en 2004 se encontraba dentro del
término legal.
85. Indicó igualmente que la declaratoria de incumplimiento del régimen de
importación temporal no tiene naturaleza sancionatoria, sino que constituye una
actuación dirigida a hacer efectiva la garantía y a obtener el pago de los tributos
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adeudados y, por lo tanto, no resultaba procedente predicar la caducidad de la
potestad sancionatoria en los términos alegados por la parte actora.
86. Agregó que la garantía constituida por la sociedad amparaba el pago de los
tributos aduaneros causados y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
régimen, razón por la cual, al verificarse su inobservancia, era jurídicamente
procedente hacerla efectiva.
87. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la falsa motivación,
para sostener que esta solo se configura cuando los hechos que sustentan el acto
no están probados o fueron indebidamente apreciados, circunstancias que, a su
juicio, no se presentaron en el caso concreto, pues la decisión administrativa se
apoyó en pruebas y en la normativa aplicable.
88. En consecuencia, concluyó que los actos demandados se encuentran
amparados por la presunción de legalidad, al haber sido expedidos conforme al
procedimiento previsto en el Estatuto Aduanero y con plena observancia de las
disposiciones que regulan el régimen de importación temporal.
89. La parte demandante guardó silencio en el término de traslado.
VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
90. El Ministerio Público no presentó escrito de intervención.
VIII. CONSIDERACIONES
91. De acuerdo con el 328 del CGP14, aplicable por remisión del artículo 267 del
CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la
Sala procederá a resolver la controversia.
14 Artículo328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
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8.1. Competencia
92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201915, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
93. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. Cuestión previa
94. Del estudio de la decisión de primera instancia y del recurso interpuesto por la
DIAN, advierte el Despacho que no se discute sobre el incumplimiento del régimen
de importación temporal por parte de la compañía demandante, pues como fue
determinado por el a quo se probó la inobservancia de los plazos plasmados para
la reimportación de la mercancía. Si bien en los alegatos de conclusión se presentan
algunos cuestionamientos al respecto, se trata de reproches extemporáneos, toda
vez que ese punto no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes, pues el
recurso se dirigió exclusivamente a controvertir lo relativo a la prescripción de la
acción derivada del contrato de seguro.
95. La Sala se abstendrá de analizar los cuestionamientos incorporados en los
alegatos de conclusión, toda vez que dichos planteamientos no fueron propuestos
en el escrito de apelación. Conforme al principio de congruencia y a la regla prevista
en el artículo 322 del Código General del Proceso, la decisión de segunda instancia
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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debe enmarcarse en los aspectos efectivamente cuestionados en el recurso, pues
es este el que delimita el ámbito de competencia del ad quem.
96. Los alegatos de conclusión no constituyen una oportunidad procesal para
introducir nuevos cargos, modificar los formulados o ampliar el debate, sino para
profundizar en aquellos ya expuestos y sujetos a contradicción. Por ello, tales
argumentos no serán objeto de examen al exceder el marco de la apelación.
97. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda) y el decisum, de modo
que exista una total correspondencia. Veamos:
«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, el de
congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en
virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha
pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su
actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su
potestad” 16 . En últimas, representa “un principio general, en materia de
procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el
derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en todas las sentencias,
entre los hechos, las pretensiones y la decisión”17.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio
de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo
resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí
donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la parte
actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la congruencia de
un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo reclamado por las
partes. En materia de contencioso de anulación de actos administrativos, dado el
carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades que la ley plantea a la
demanda, que exigen la formulación de los cargos de invalidación propuestos y el
señalamiento expreso de su fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA),
16 Sentencia T-450 de 2001.
17 Sentencia T-592 de 2000.
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ello implica que el juez no puede fallar lo pedido desbordando los cargos
formulados por la parte actora»18.
8.3. Del reproche frente a la declaratoria de prescripción de la acción derivada
del contrato de seguro
98. Establecido lo anterior, deberá estudiar la Sala si el término con el que cuenta
la Administración para hacer efectiva la póliza de cumplimiento que ampara las
obligaciones derivadas del régimen de importación temporal, comienza a
contabilizarse desde el momento es que esa entidad tuvo conocimiento o debió
tener conocimiento del siniestro consistente en el incumplimiento de dichas
obligaciones o desde cuando venció el plazo para reimportar la mercancía. O en
otras palabras, se tendrá que determinar si el siniestro que ampara lo póliza
acontece cuando la autoridad aduanera conoce del incumplimiento, debió conocer
del mismo o desde el incumplimiento propiamente dicho.
99. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación19, precisó que no existe una única regla aplicable en todos los casos
para determinar la ocurrencia del siniestro en las pólizas de cumplimiento de
disposiciones legales en materia aduanera, sino que su configuración depende de
la naturaleza del riesgo asegurado, del contenido de la póliza y de la norma que
ordena la constitución de la garantía.
100. Para efectuar el estudio de unificación, se tiene que esta Sección avocó de
oficio el estudio del asunto y señaló sobre el particular:
«[…] La Sala, mediante auto de 25 de noviembre de 2021, decidió:
18 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
19Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de Unificación del 29 de junio de 2023,
Radicación: 76-001-23-31-000-2008-00846-01, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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«[ … ] PRIMERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de unificación
jurisprudencial elevada por la entidad demandada, por las razones expuestas
en la presente decisión.
SEGUNDO: AVOCAR de oficio el asunto relacionado con la unificación
jurisprudencial de la ocurrencia del siniestro en las pólizas de
cumplimiento expedidas en materia aduanera cuyo objeto es garantizar el
pago de sanciones y tributos.
[…]
Sin embargo, la Sala considera que efectivamente existen divergencias en
cuanto al momento en que se configura el siniestro en los seguros de
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, puesto que, en
algunas ocasiones, ha admitido que, con independencia del instrumento
que lo formalice, éste se materializa con el conocimiento del
incumplimiento de una o varias obligaciones legales; mientras que, en
otras oportunidades, se ha señalado que el siniestro en los seguros de
cumplimiento de disposiciones legales se configura coetáneamente con
la expedición del acto administrativo por medio del cual se declara el
incumplimiento de las obligaciones y se impone la respectiva sanción.
[…]»20 (Subrayas y negrita del texto original)
101. En la providencia se precisó:
«[…] En este orden de ideas, es posible sostener que el siniestro en las pólizas
de cumplimiento de disposiciones legales se configura con el incumplimiento,
en sí mismo, de las obligaciones aduaneras, el cual debe tener ocurrencia
dentro del término de vigencia de la garantía, siempre que así lo establezca la
norma que ordena la constitución de la garantía y la póliza de seguros
constituida en cumplimiento de tal disposición legal, con lo cual, el acto
administrativo que constata tal incumplimiento adquiere una naturaleza
declarativa, lo cual significa, precisamente, que la manifestación de voluntad de
la administración solo tiene la virtud de acreditar la existencia del hecho o de la
situación jurídica ya acaecida.
[…]
El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera, se materializa:
Al momento del incumplimiento de las obligaciones legales aduaneras, caso en
el cual el acto administrativo es declarativo y la póliza que ampara el riesgo será
la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro.
Con la firmeza del acto administrativo que impone la sanción y ordena pagar a
la aseguradora la suma correspondiente, caso en el cual el acto administrativo
20 Ibidem.
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es constitutivo y la póliza que ampara el riesgo será la vigente al momento de
la firmeza del acto administrativo.
[…]
En el evento en que el siniestro se materialice con el incumplimiento de las
obligaciones legales aduaneras, la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera empezará a correr desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del siniestro que da lugar a la acción.
El término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de
disposiciones legales no correrá, en el evento en que el siniestro lo constituya
la firmeza del acto administrativo que impone la sanción.[…]»
102. Y fijó como regla de unificación la siguiente:
«PRIMERO: Unificar la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado respecto del siniestro y en lo concerniente a la prescripción en las
pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en materia aduanera, en
el sentido de consagrar las siguientes reglas:
1. El siniestro en las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales en
materia aduanera, se materializa:
1.1. Al momento del incumplimiento de las obligaciones legales aduaneras,
caso en el cual el acto administrativo es declarativo y la póliza que ampara el
riesgo será la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro.
1.2. Con la firmeza del acto administrativo que impone la sanción y ordena pagar
a la aseguradora la suma correspondiente, caso en el cual el acto administrativo
es constitutivo y la póliza que ampara el riesgo será la vigente al momento de
la firmeza del acto administrativo.
1.3. En todo caso, la materialización del siniestro, conforme con las reglas
anteriores, dependerá del contenido del contrato de seguro y de la norma que
ordena la constitución de la garantía.
2. En el evento en que el siniestro se materialice con el incumplimiento de las
obligaciones legales aduaneras, la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro de cumplimiento de disposiciones legales en materia
aduanera empezará a correr desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del siniestro que da lugar a la acción.
El término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de
disposiciones legales no correrá en el evento en que el siniestro lo constituya la
firmeza del acto administrativo que impone la sanción […]»21.
21 Ibidem.
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103. Conforme a la regla jurisprudencial definida en la sentencia de unificación, la
determinación del momento de ocurrencia del siniestro exige establecer en cada
caso concreto si el riesgo asegurado se relaciona con el cumplimiento material de
una obligación legal, evento en el cual el acto administrativo que declara el
incumplimiento tiene naturaleza meramente declarativa; o si por el contrario, el
amparo está referido al pago de sanciones, supuesto en el cual el siniestro se
materializa con la firmeza del acto administrativo que las impone, adquiriendo el
carácter de constitutivo.
104. Descendiendo al caso concreto, advierte la Sala que la garantía cuya
efectividad se ordenó mediante los actos acusados tenía por objeto amparar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de importación temporal a
largo plazo y el pago de los tributos aduaneros correspondientes. Por lo tanto,
siguiendo la regla jurisprudencial ya anotada, se concluye que el siniestro se
configuró con el incumplimiento.
105. Se advierte que el régimen de importación temporal a largo plazo se
encontraba regulado para la época de los hechos, por los artículos 146, 147, 149 y
156 del Decreto 2685 de 1999, disposiciones que establecían, entre otros aspectos,
la obligación de finalizar el régimen mediante la reimportación de la mercancía, su
reexportación definitiva o la legalización correspondiente dentro de los plazos
señalados. De igual forma, el artículo 149 ibidem fijaba expresamente el término de
6 meses para la reimportación de los bienes enviados al exterior para reparación,
vencido el cual se configuraba el incumplimiento de la obligación aduanera
garantizada.
106. El artículo 149 en mención señalaba:
«Artículo 149. Reparación o reemplazo de mercancías importadas
temporalmente a largo plazo.
Cuando se decida la reexportación de una mercancía importada temporalmente
a largo plazo, por encontrarse averiada, defectuosa o impropia para el fin que
fue importada, la mercancía reparada o la que deba reemplazar a la
reexportada, será objeto de una nueva Declaración de Importación Temporal
en la que se deberán liquidar los correspondientes tributos aduaneros, de cuyo
monto se descontarán las cuotas ya canceladas por la importación de la
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mercancía que se haya reexportado. El saldo de los tributos será dividido en
tantas cuotas como semestres faltaren para cumplir con el plazo inicialmente
declarado, el cual en ningún caso podrá ser prorrogado.
No podrán pasar más de seis (6) meses entre la fecha de reexportación de la
mercancía averiada, defectuosa o impropia y la de presentación y aceptación
de la Declaración de Importación de la mercancía reparada o de la que la
reemplace. Vencido este término, se configura el incumplimiento y se hará
efectiva la garantía de que trata el artículo 147º del presente Decreto.
[…]» (Subrayas de la Sala).
107. Así las cosas, el siniestro se configuró con la inobservancia del plazo previsto
para la reimportación de la mercancía, situación jurídica que, según quedó
acreditado en el proceso, se produjo el 24 de enero de 2001, fecha en la cual venció
el término de 6 meses previsto en el artículo 149 del Decreto 2685 de 1999 para su
reingreso al territorio aduanero nacional.
108. A partir de ese momento se verificó el incumplimiento y por ende la
Administración debió conocer del mismo y se encontraba jurídicamente habilitada
para constatar el incumplimiento y ejercer la acción tendiente a hacer efectiva la
garantía, razón por la cual el término de prescripción ordinaria previsto en el artículo
1081 del CCo debía contabilizarse desde allí.
109. En ese orden, si el incumplimiento del régimen se consolidó en enero de 2001
y la actuación administrativa encaminada a declarar el siniestro y hacer efectiva la
póliza solo se materializó mediante la Resolución 06-064-0670-000669 del 13 de
abril de 2004, se concluye que para ese momento ya se había superado el término
de 2 años de prescripción previsto en el artículo 1081 del CCo para ejercer la acción
derivada del contrato de seguro.
110. Aceptar la tesis propuesta por la DIAN, consistente en supeditar el inicio del
término de prescripción a la fecha en que la Administración advierta el
incumplimiento, implicaría dejar su contabilización al arbitrio de la propia autoridad,
en contravía de la finalidad del artículo 1081 del CCo y de los criterios fijados por la
jurisprudencia de unificación en la materia. Por consiguiente, se concluye que la
declaratoria de incumplimiento y la orden de hacer efectiva la póliza se produjeron
cuando ya había transcurrido el término previsto para el ejercicio de la acción
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derivada del contrato de seguro. Es pertinente indicar, igualmente, que el Grupo de
Garantías es una dependencia de la misma entidad demandada y que de su acción
o abstención no depende el conteo del término de prescripción.
111. En consecuencia, la Sala comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal al
declarar la nulidad parcial de los actos acusados por encontrarse prescrita la acción
correspondiente derivada del contrato de seguro.
8.4. Condena en costas
112. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo 55
de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en
la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”22.
113. En el caso concreto, la parte demandada actuó en ejercicio legítimo de su
derecho de defensa y contradicción, sin que se advierta una conducta temeraria,
dilatoria o carente de fundamento razonable en su actuación procesal. En
consecuencia, la Sala se abstendrá de imponer condena en costas en esta
instancia.
114. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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