Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-01897-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2010-01897-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2010-01897-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-31-000-2010-01897-02
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: LUZ STELLA PALACIO AGUIRRE Y OTROS
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. NO SE AGOTÓ LA
VÍA GUBERNATIVA RESPECTO DEL ACTO QUE CORRIGIÓ LOS
LINDEROS DEL INMUEBLE QUE POSTERIORMENTE FUE
EXPROPIADO. EL ACTO DE DECLARATORIA DE URGENCIA NO
INCURRIÓ EN FALSA MOTIVACIÓN. EL DICTAMEN OFICIAL NO FUE
DESVIRTUADO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por los apoderados de los señores MARTHA LUCIA, MARÍA
TERESA, LUZ MARLENE, LUZ STELLA y JHON FERNANDO
PALACIO AGUIRRE contra la sentencia de 21 de julio de 2014,
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
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I.- ANTECEDENTES
I.1. LUZ STELLA PALACIO AGUIRRE y otros, por medio de
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA,
presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia,
tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1ª. Son nulos los siguientes actos:
a) La Resolución núm. 082 de 2009, “por medio de la cual se
declara la situación de urgencia para la adquisición de inmuebles para
la centralidad de Calazania Blanquizal de la ciudad de Medellín”,
expedida por el Municipio de Medellín.
b) La Resolución núm. 341 de 2009, “por medio de la cual se
adiciona y aclara la Resolución 082 de marzo 2 de 2009”, expedida
por el Municipio de Medellín.
c) La Resolución núm. 2506 del 23 de diciembre de 2009, “por
la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien
inmueble”, expedida por el Municipio de Medellín.
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d) La Resolución núm. 0354 de 1º de marzo de 2010, “por medio
de la cual se decide un recurso de reposición”, contra la anterior
resolución, expedida por el Municipio de Medellín.
e) La Resolución núm. 5031 de 2009, mediante la cual se fijan las
áreas de los predios con matrícula 5084980 y 960072333, expedida
por la Subsecretaría de Catastro de Medellín.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se restituya el lote
de terreno identificado con la matrícula 01N- 5084970 al patrimonio
de la familia Palacio Aguirre.
3ª. Que se indemnicen los perjuicios causados a la Familia Palacio
Aguirre por la declaratoria de nulidad de los actos acusados.
4ª. Subsidiariamente, que se reajuste el precio en los términos de la
Ley 388 de 1997; y, en consecuencia, se indemnicen los daños
causados a la familia Palacio Aguirre.
5ª. Que se condene en costas al demandado.
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I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
1º. Que la familia Palacio Aguirre era propietaria de un lote de
terreno identificado con la Matrícula Inmobiliaria núm. 01N-5084970,
ubicado en la Calle 55 núm. 85D-90, de aproximadamente 40.000
mts2, ubicado en el sector Altos de Calasanz, el cual se sometió a la
formulación del Plan Parcial, instrumento de planificación
complementaria al Plan de Ordenamiento Territorial. Es así, como el
lote se incluyó en el Plan Parcial Altos de Calasanz, a través del
Decreto 397 de marzo 6 de 2007.
2°. Agregó que la Alcaldía de Medellín expidió dos resoluciones, por
medio de las cuales se declaró la situación de urgencia para adquirir
predios en el sector, lo cual permitió surtir el procedimiento previsto
en la Ley 388 de 1997, a través de la compra y, posteriormente, con
la expropiación por vía administrativa, la cual fue decretada para
dicho lote mediante la Resolución 2506 de 23 de diciembre de 2009.
3°. El lote de terreno de propiedad de la familia Palacio Aguirre fue
integrado al Decreto de Plan Parcial 397 de marzo 6 de 2007, “por
el cual se adopta en suelo de expansión urbana el Plan Parcial
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de Desarrollo Altos de Calasanz”, dentro del cual se identificó el
lote en cuestión como la Unidad de Actuación Urbanística Número 3,
el cual concede a los propietarios el derecho de explotar
económicamente, a través de la urbanización, los predios incluidos
en el mismo.
4°. Luego, por Resolución núm. 082 de 2009, se declaró la situación
de emergencia para la adquisición de inmuebles en la centralidad de
Calsanía - Blanquizal, en la cual se señaló que los terrenos se
requerían para la construcción de equipamientos educativos y de
salud.
5°. Por oficio de 20 de abril de 2009, con radicado núm.
200900147252, dirigido al Juzgado Octavo Civil Municipal de
Medellín, ante el cual se surte el proceso de simulación del contrato
de compraventa que tiene como objeto el lote en cuestión, se indicó
que la entidad demandada deseaba comprar parte del lote de la
familia Palacio Aguirre y requería inscribir la resolución por la cual se
dispone su expropiación por vía administrativa.
6°. Señaló que solo hasta el 16 de septiembre de 2009 se expidió la
Resolución núm. 1474, “por la cual se inician las diligencias
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tendientes a la adquisición por negociación voluntaria
expropiación por vía administrativa y se formula ofertas de
compra”, por lo que desde el mes de abril se ofició al Juzgado para
inscribir la resolución de expropiación por vía administrativa, por
parte de la administración municipal, sin haber formulado siquiera
oferta de compra para abrir la posibilidad de enajenación voluntaria.
7°. Adujo que, en el mes de octubre de 2009, el Municipio de Medellín
recortó el área del lote, sin fundamentos legales y sin revisiones de
linderos, mediante la Resolución núm. 5031 de 2009, expedida por
la Subsecretaría de Catastro Municipal, violando el debido proceso en
cuanto al procedimiento para establecer el área real del lote
expropiado.
8°. Sostuvo que la División de Catastro Municipal pagó al mismo
precio el metro cuadrado de terreno del predio beneficiado con el
Plan Parcial y el del predio que no tenía esta Ley de urbanismo; así,
ambos fueron valorados en $60.000 pesos el m2, realizando un
tratamiento igualitario por lo bajo del lote que tenía ya sus normas
de construcción, situación agravada por el hecho de que el Municipio
de Medellín pagó los mts2 resultantes después de haber disminuido
y unido irregularmente su área que quedó en 32578.89 mt2.
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9°. Indicó que se interpuso recurso de reposición contra la
Resolución 2506 de diciembre 23 de 2009, que dispuso la
expropiación administrativa del terreno de propiedad de la familia
Palacio Aguirre, el cual fue resuelto por el Municipio de Medellín por
Resolución núm. 0354 de 1o. de marzo de 2010.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de las
siguientes disposiciones: Ley 388 de 1997; el Acuerdo 062 de 1999;
el Decreto Nacional 2181 de 2006; el Acuerdo 046 de 2006; el
Decreto 397 de 2007; el Decreto 1420 de 1998; y la Ley 223 de
1995.
Como cargos de violación adujo, la violación directa de la ley; falsa
motivación y la violación al debido proceso. Para tal efecto,
manifestó:
Que no se invocan los motivos de urgencia en las actuaciones
demandadas, sino que se limitan a proveer fórmulas justificadoras
en abstracto, ya que los motivos de necesidad de equipamentos en
salud y educación no son reales, de manera tal que existen a menos
de 200 metros dos colegios y lotes cercanos donde se pueden
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desarrollar los proyectos de educación y salud y que no están
cobijados bajo la normatividad del plan parcial.
Que el Plan Parcial encuentra su marco normativo en la Ley 388 de
1997, en el Acuerdo 062 de 1999 y en el Decreto Nacional 2181 de
2006, a través de los cuales se establece el procedimiento de
adopción de los citados planes, lo cual debe armonizarse con el
Acuerdo 046 de 2006, Plan de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Medellín.
Que, conforme con lo anterior, la Resolución núm. 2506 de 23 de
diciembre de 2009, “por medio de la cual se dispone la
expropiación por vía administrativa de un bien inmueble”,
busca modificar lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial,
norma esta que posee una jerarquía superior, pues pretende a través
de un proceso menor desconocer el trabajo del Plan Parcial que
posibilita el desarrollo urbanístico de la zona.
Insiste en que dicha Resolución 2506 viola una norma superior, pues
quebranta la norma en que debió fundarse porque para modificar la
planificación existente para un territorio, debió surtirse el mismo
proceso que para su expedición; y, en este caso, el acto
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administrativo contradice al Plan de Ordenamiento Territorial y lo
modifica a través de una Resolución; es decir, que se pretende
revocar un decreto del Alcalde a través de una resolución, acto este
de menor jerarquía.
Que el Plan Parcial Altos de Calazans ha dispuesto un área de
cesiones que soporta las cargas de las urbanizaciones circundantes,
con un área aproximada de 40.000 mt2; y que el Municipio de
Medellín a través de una resolución expropia un inmueble de un área
de poco más de 32.000 mt2, para la construcción de equipamientos
de vivienda y salud, con lo que está desconociendo lo dispuesto
previamente en el Plan Parcial.
Señaló que el acto administrativo cuestionado incurre en el vicio de
falsa motivación, debido a que la motivación es insuficiente y no
responde al por qué de la expropiación del lote de terreno de la
familia Palacio Aguirre, ya que tras estar en plena negociación para
la explotación comercial del inmueble, el Municipio de Medellín
ordenó su expropiación, lo que impidió a la parte actora beneficiarse
del Plan Parcial; y que, en su lugar, la entidad demandada se
aprovechó de un lucrativo negocio.
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Que la administración municipal parte del avalúo realizado por la
Subsecretaría de Catastro Municipal, para realizar una oferta de
compra y, posteriormente, expropiar el inmueble, ya que pone al
propietario en desventaja al momento de negociar el predio, lo que
constituye violación al debido proceso.
Que la Ley 223 de 1995 establece que la valoración del bien inmueble
tiene como fin el cobro del impuesto predial, valor catastral que no
debe ser inferior al 40%; que para el presente caso la Secretaría de
Hacienda de Medellín precisó que el avalúo catastral corresponde al
50% del valor comercial del bien inmueble, de tal suerte que entre
el precio ofrecido por el Municipio de Medellín de $1.923.3713640 y
el avalúo comercial resultante, hay una diferencia de $704.470.360.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Municipio de Medellín, mediante apoderado, contestó la
demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones
adujo, en esencia, lo siguiente:
Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997 definió los motivos de utilidad
sobre los cuales se adelantaron los procesos de adquisición de
inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación.
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Esta norma, entre otras, sirvió de sustento para decretar la
expropiación teniendo en cuenta que en la unidad de actuación se van
a desarrollar proyectos de vivienda tipo 1 y tipo 2 y los equipamientos
constituyen usos complementarios al uso principal, usos estos que se
ajustan a los motivos de utilidad pública señalados en los literales a) y
b) del citado artículo 58.
Que la adquisición de los lotes de la unidad de actuación núm. 3, a
través de la figura de la expropiación, previo el agotamiento de la
enajenación voluntaria, se sustenta en el hecho de que dichos lotes
resultan estratégicos para la construcción de los equipamientos de
salud y educación, en orden a satisfacer las necesidades de una
población que se localiza alrededor del área de planeamiento del Plan
Parcial. Así las cosas, está sustentado en tres instrumentos: en el Plan
de 2009 “Visión Colombia segundo Centenario”; en el Plan de
Ordenamiento Territorial; y en el Plan de Desarrollo, que definen las
políticas generales para el desarrollo del territorio.
Explica que el Plan Parcial para la unidad de actuación núm. 3 plantea
como uso principal, vivienda tipo 1 y tipo 2; desde el punto de vista
del Plan de Ordenamiento Territorial se permite la construcción de
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equipamiento de orden barrial orientado a satisfacer necesidades
educativas y de salud de la población del sector.
Sostuvo que la Subsecretaría de Catastro Municipal, tiene la facultad,
por Ley, de realizar el avalúo comercial en forma objetiva,
transparente y veraz. Refiere que los evaluadores del Municipio de
Medellín están facultados para la realización de los avalúos comerciales
mediante el artículo 20 del Decreto 1420 de 1998, el cual reza “El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como la entidad que cumple sus
funciones y las personas naturales o jurídicas y autorizadas por la
Lonja en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el
valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que
llevaron a tal estimación”. Asimismo, la Resolución 620 de 2008, por
la cual se establece la metodología para la realización de los avalúos
ordenados por la Ley 388 de 1997, enuncia cuatro métodos posibles
en la elaboración de los avalúos; y en su artículo 6° dispone la
posibilidad de utilizar cualquiera de ellos.
Añadió que la Unidad de Cartografía al revisar la información sobre
áreas y linderos de los inmuebles con matrículas inmobiliarias núms.
5084970 y 96556, pudo determinar, mediante un estudio jurídico, que
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el inmueble con matrícula 5084970 tiene un plano protocolizado en la
Escritura Pública núm. 903 de 7 de marzo de 1997 de la Notaria 20,
que permitió corregir los linderos de este y también del inmueble con
matrícula 96559, por encontrarse incluido parte de este último en el
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 5084970,
motivo por el cual disminuye el área del lote de 38.446 mt2 a
32.578.89 mt2.
Propuso las excepciones de: falta de agotamiento de vía gubernativa
frente a la Resolución núm. 5031 del 8 de octubre de 2009, que
modificó los datos de los predios identificados con matrículas 5084970
y 96559 a partir del 1o. de enero de 2007, contra la cual procedían
los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, no siendo
interpuesto este último; caducidad de la acción, teniendo en cuenta
que la Resolución 0354 de 1o. de marzo de 2010 fue notificada el 5 de
marzo de 2010 y la demanda se presentó el 20 de septiembre de 2010,
esto es, por fuera del término legal previsto para ello; incumplimiento
del requisito de procedibilidad e ineptitud sustantiva; falta de norma
constitucional y legal para controvertir motivos de utilidad pública o
interés social de expropiación; y falta de causa para pedir.
I.5. Tercero Interesado:
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Dentro del proceso se ordenó vincular como tercero interesado al señor
JHON FERNANDO PALACIO AGUIRRE, al cual se le nombró curador
ad litem quien se adhirió a las pretensiones formuladas en la demanda
y solicitó que se le tuviese en cuenta como demandante dentro del
proceso.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 21 de julio de 2014, la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción
de falta de agotamiento de la vía gubernativa frente a la Resolución
núm. 5031 de 2009, y se inhibió para pronunciarse sobre los aspectos
de fondo que de ella se derivaran; asimismo, denegó las demás
pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los
razonamientos que pueden resumirse, así:
En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa,
el Tribunal de instancia señaló que la Resolución núm. 5031 de 8 de
octubre de 2009, mediante la cual se fijan las áreas de los predios con
matrículas 5084980 y 960072333, en su parte resolutiva determinó,
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en el artículo sexto, que contra esa decisión procedían el recurso de
reposición y el de apelación, de forma directa y subsidiaria.
Que no se aportó al plenario prueba del agotamiento de los recursos
que, en el presente caso, debieron interponerse para poder acudir ante
la Jurisdicción, por lo que declaró probada la excepción de falta de
agotamiento de la vía gubernativa respecto de dicho acto y se inhibió
para pronunciarse sobre los aspectos de fondo que de él se deriven,
como las áreas del predio y la modificación de los mismos.
Con relación a la excepción de caducidad, consideró que no estaba
llamada a prosperar, habida cuenta que la Resolución 2506 de 23 de
diciembre de 2009, fue notificada a los interesados el 5 de marzo de
2010; y que, no obstante, la demanda se presentó el 20 de
septiembre de 2010, obra constancia de conciliación de esa fecha,
reflejando que la solicitud se presentó el 6 de julio de 2010.
Que, conforme a lo anterior, para el momento en que se presentó la
solicitud de conciliación aún no se cumplía el término de 4 meses
previsto en la Ley, pues restaba un día para el vencimiento: y que
como se desprende de la Certificación de la Procuraduría 113 Judicial
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I Administrativa, a la fecha en que se expidió la misma, se acudió a
la jurisdicción.
Acerca de la excepción de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, consideró que tampoco estaba llamada a prosperar
pues, en la audiencia de conciliación ante la Procuraduría se hizo
expresa referencia de los actos demandados, así no se hubiera hecho
en la respectiva solicitud de conciliación.
En cuanto a los cargos relativos a la falta de motivación y los motivos
de declaración de urgencia y la violación a las normas superiores,
adujo, en síntesis, lo siguiente:
Que, el cargo de falta de motivación no está llamado a prosperar,
toda vez que no se aportó sentencia que determine incumplimiento
de la obligación de uso del bien expropiado y no se aportaron pruebas
que demostraran que el bien inmueble no está siendo utilizado con
los fines para los cuales fue objeto de expropiación; es decir, que no
se demostró que hubiese discordancia entre la realidad fáctica y la
motivación del acto (necesidad del inmueble para desarrollar
programas de salud, educación, recreación y generación de espacios
públicos urbanos), pues los supuestos de hecho existentes fueron
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jurídicamente bien calificados para proceder a la expropiación por vía
administrativa.
Que, contrario a lo afirmado por la parte actora, los actos acusados
no contradicen el Plan de Ordenamiento Territorial, pues el Decreto
397 de 2007 delimitó el proyecto en la Unidad de Actuación
Urbanística para el predio expropiado que puede ser usado para fines
residenciales y complementarios entre los que se permiten los
equipamientos públicos y privados de salud, educación y deportes, el
cual es precisamente el objeto de la medida de urgencia y el motivo
de utilidad descrito en los actos demandados.
Respecto de la declaración de urgencia, consideró que los motivos
señalados en las resoluciones núms. 082 de 2009 y 341 de 2009 se
integran dentro de los de utilidad pública prevista en el artículo 58
de la Ley 388 de 1997, esto es, la ejecución de un proyecto de
infraestructura de salud, educación, recreación y generación de
espacios públicos urbanos.
Que el Decreto núm. 397 de 2007 delimitó el proyecto en la Unidad
de Actuación Urbanística para el predio expropiado, disponiendo que
el mismo puede ser usado para fines residenciales y
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complementarios, entre los que se permiten los equipamientos
públicos y privados de salud, educación y deportes, el cual es,
precisamente, el objeto de la medida de urgencia y el motivo de
utilidad pública descrito en los actos demandados, de lo cual se
concluye que no prospera el cargo de violación de normas superiores.
Asimismo, precisó que los actos demandados siempre reconocieron
los derechos y el porcentaje del propietario JOHN FERNANDO
PALACIO AGUIRRE.
En cuanto al valor indemnizatorio, el Tribunal de instancia sostuvo
que se designó un auxiliar de la justicia para realizar el avalúo
comercial de los inmuebles, con el fin de establecer la veracidad del
realizado por la administración municipal; e indicó que el dictamen
fue descartado teniendo en cuenta que se presentaron
inconsistencias, como que los datos que se obtuvieron lo fueron de
conformidad con el año 2006 y no para el momento en que se realizó
el peritaje o para el momento en que se expropió el bien; además,
porque el auxiliar de la justicia no explicó, de manera integral, por
qué se avaluó el proyecto en el marco de vivienda de interés
prioritario y no en otro tipo de venta para comercio, y no tiene en
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cuenta lo dispuesto en el Decreto 397 de 2007, respecto de los usos
del Plan Parcial ni se hizo un estudio comparativo.
Finalmente, indicó que, en relación con los perjuicios reclamados, si
bien se allegaron constancias de diversas empresas interesadas en
realizar negocio con los propietarios del predio, no se consigna en las
mismas el valor por el que se pensaba realizar la transacción, lo que
permita definir si con la compra de alguna de estas empresas se
recibiría mayor valor al otorgado por el Municipio de Medellín, para
derivar un detrimento.
En consecuencia, el Tribunal de instancia denegó las demás
pretensiones de la demanda.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
III.1. JHON FERNANDO PALACIO AGUIRRE, a través de
apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, argumentando, en síntesis, lo siguiente:
1. “Indebido e incompleto análisis sobre los motivos de los actos
administrativos demandados con falsa motivación”:
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Sostuvo que si el acto administrativo que resolvió la expropiación
administrativa del bien de propiedad de los demandantes ( Resolución
2506 de 2009), estuvo motivado, entre otras, por la Resolución 082
de 2009, que definió las especiales condiciones de urgencia, se debe
analizar y efectuar el debido control de legalidad a efectos de
determinar si dichos motivos de utilidad pública o de interés social
estuvieron acordes con el resultado de la expropiación del bien
inmueble objeto del presente proceso.
Resaltó que la motivación de la declaratoria de urgencia por parte del
Municipio de Medellín estuvo dada expresamente para la adquisición
de un inmueble con fines de construir equipamientos relacionados con
educación, salud y recreación, mas no vivienda, por lo que si los
motivos de urgencia y utilidad para expropiar estaban determinados
para dichos propósitos, no podía la administración haber expropiado
con otros fines distintos, pues ello conlleva la configuración de un vicio
de legalidad del acto administrativo que determinó la expropiación del
bien inmueble.
Sostuvo que se encuentra probado dentro del proceso que, entre otros,
mediante oficio 200900280947 de 15 de julio de 2009 del
Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín,
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que dicho municipio le dio una destinación diferente al bien inmueble
que expropió ya que actualmente existen sendos proyectos de
vivienda.
Asimismo, refirió que el avalúo efectuado por el Municipio de Medellín
en el acápite de reglamentación urbanística - categoría de uso, se
indica “(…) Residencial, tipo 1 donde la vivienda multifamiliar es uso
principal y el uso de colegio y guardería es permitido como
complementario y compatible (…)”. En este sentido, se tiene que la
misma Resolución 082 de 2009 habría contravenido las normas de
reglamentación urbanística adoptado mediante Decreto 397 de 6 de
marzo de 2007, por cuanto los motivos de utilidad pública y criterios
de urgencia no estuvieron orientados a lo que disponía la
reglamentación urbanística.
2. “No análisis de la no disposición del valor pagado por el Municipio
de Medellín a los propietarios del inmueble”.
Indicó que el 23 de diciembre de 2009, mediante la Resolución núm.
2506 se ordenó el pago del valor del precio indemnizatorio; y luego
de deducciones al demandante le correspondió $856.182.839, los
cuales se le debieron pagar directa e inmediatamente a él; sin
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embargo, la administración municipal consideró a voluntad propia la
consignación de dicho dinero a cargo de las cuentas del Juzgado 8º
Civil Municipal de Medellín, lo que le ocasionó un daño que no fue
advertido en el fallo impugnado, siendo que el control de legalidad
de los actos debe ser pleno.
3. “Frente a la controversia del precio indemnizatorio reconocido el a
quo no efectuó la debida valoración aplicable al caso conforme a las
pruebas aducidas en el proceso”.
Afirmó que si bien no es necesario que exista dentro del proceso otro
dictamen a efectos de determinar las falencias formales y materiales
de las cuales adolece el mencionado dictamen, la parte demandante
cumplió con suficiente prueba documental a efectos de determinar
que los medios utilizados por el avaluador del inmueble fueron
incorrectos, reflejándose en la fijación del precio comercial del
inmueble expropiado. Además, el avalúo no cumplió con las
exigencias dispuestas en el Decreto 1420 de 1998 y en la Resolución
núm. 2506 de 2009.
4. “No atención de la solicitud efectuada por la apoderada de las
demandantes con relación al nombramiento de nuevo perito para
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nuevo dictamen, lo cual hubiera permitido tener más elemento de
juicio a la hora de la decisión”.
Señaló que a folio 920 del expediente, la apoderada de las
demandantes solicitó la designación de un nuevo perito para efectuar
un nuevo dictamen dadas las falencias del mismo, frente a lo cual el
a quo no se pronunció. Añadió que era viable que el Tribunal hubiera
ordenado la práctica de otro dictamen con distinto perito, conforme
a lo establecido en el artículo 34 del CCA.
III.2. El apoderado de las señoras LUZ STELLA, MARTHA LUCÍA,
MARÍA TERESA y LUZ MARLENE PALACIO AGUIRRE, fundamentó
su inconformidad con la sentencia apelada, en síntesis, así:
1. Agotamiento de la vía gubernativa:
Que el Tribunal de instancia no hizo análisis frente a la Resolución
núm. 5031 de 2009, por medio de la cual se modificaron las áreas
de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 01N-5084970
y 01N-96559, sin tener en cuenta que dicho acto hace parte del
trámite de la expropiación por vía administrativa.
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Sostuvo que contra los actos de trámite no procede el agotamiento
de la vía gubernativa, sino exclusivamente frente a los actos
administrativos que ponen fin al trámite o actuación, por lo que
siendo esta Resolución la que modificó las áreas, incluso después del
avalúo, menos aún puede predicarse una falta de agotamiento de la
vía gubernativa.
Señaló que en el acto administrativo que modificó el área del lote
para dejarlo en 32.578 mt2, no existió realmente un estudio o
informe técnico, sino un acto acomodado a la necesidad del momento
sin fundamento alguno.
Indicó que durante el trámite se presentaron una serie de
irregularidades que se encuentran probadas en el proceso, ya que a
pesar de que el Plan Parcial Altos de Calazans se estudió por un
término aproximado de 5 años y luego de transcurrir 2 años más sin
haber sufrido modificación alguna los linderos del lote, en medio del
procedimiento de la adquisición del predio y sin soporte jurídico, el
terreno perdió casi 8.000 mt2.
2. El valor indemnizatorio en la expropiación administrativa.
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Sostuvo que el experticio presentado por el perito no cumple con la
tarea encomendada y muestra unos errores graves en la valoración,
ya que el peritaje se realizó con precios desactualizados, no hubo un
estudio comparativo del mercado que hace parte del método residual
y avaluó en el peor de los usos posibles.
Adujo, además, que el avalúo realizado por el Municipio viola
flagrantemente el principio de avalúo sobre el mayor y mejor uso,
teniendo en cuenta los proyectos inmobiliarios que se ofrecían al
momento de la presentación de la demanda, a fin de realizar una
estimación real y razonable frente a los ingresos reales del proyecto
inmobiliario. Además, refirió que el avalúo que realiza catastro se
fundamentó en el valor residual del lote si se construye vivienda de
interés prioritario, por lo que se toma el lote al precio más bajo
posible con un precio que no corresponde al avalúo del mercado,
cuando la ley dispone que el avalúo debe hacerse con el mayor y
mejor uso, conforme lo establece la Resolución 620 de 2008.
3. Motivación de la declaración de urgencia.
Señaló que de la lectura de la motivación de los actos administrativos
demandados, se desprenden situaciones generales e inconexas, las
cuales no cumplen la exigencia del acto administrativo de brindar una
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explicación clara y concreta, ya que se refiere de manera urgente la
adquisición de los 5, y luego de 6 bienes inmuebles, entre ellos, un
lote de 40.000 mt2, inscrito en un Plan Parcial y que ya tenía
establecido su porcentaje de aporte para la construcción de
equipamientos educativos, de acuerdo con la demanda generada por
el mismo Plan Parcial.
Agregó que el Municipio de Medellín avalúa con fundamento en un
proyecto de vivienda de interés prioritario, que es el peor uso que se
le podría dar al inmueble. Al respecto, señaló que se aportó concepto
técnico elaborado por la empresa Concreta Gestión Urbana,
denominado “concepto técnico de evaluación de propuesta de
compra del predio por parte del Municipio de Medellín”; y que de los
testimonios se desprende que el Municipio realizó el avalúo en un
escenario que no es el de mayor y mejor uso, sino el de VIS.
4. Modificación del uso del suelo en la Unidad de Actuación número
3.
Señaló que, el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su
instrumento de planificación denominado Plan Parcial Altos de
Calasanz, ha dispuesto un uso del suelo para la Unidad de Actuación
Urbanística núm. 3; como uso mixto, residencial y comercial, y la
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construcción de un jardín infantil hace parte de un uso del suelo
institucional educativo, el cual está dispuesto para ser construido en
la Unidad de Actuación Urbanística número 8; de forma tal que
autorizar la construcción de tal equipamiento, contrariaría lo
dispuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial para el uso del
suelo.
5. Adujo que el Tribunal no valoró la pertinencia de las pruebas que
se aportaron, respecto a las constancias de diversas empresas
interesadas en realizar negociaciones con la parte demandante,
sobre el lote de terreno en cuestión como sustento de la
inmovilización comercial que sufrió el lote de terreno, y en
consecuencia no estudió la pretensión de reconocimiento de una
indemnización.
6. Finalmente, sostuvo que el procedimiento expropiatorio por vía
administrativa, realizado por el Municipio de Medellín, se adelantó
con violación a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, por cuanto no
existieron en la realidad, condiciones de urgencia o emergencia, que
facultaran a la administración para expedir la Resolución 082 de
2009, con la cual se dio inicio el trámite expropiatorio.
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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
IV.1.- Vencido el plazo, Jhon Fernando Palacio Aguirre, presentó en
forma oportuna alegatos de conclusión, en los cuales, en síntesis, se
reafirma en lo expuesto en el recurso de alzada y solicita que se
revoque la providencia apelada.
IV.2.- La parte demandante y la parte demandada guardaron
silencio.
IV.3. El Ministerio Público, en la oportunidad concedida para
presentar sus alegatos, guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
Resoluciones núms. 082 de 2009, por la cual el Municipio de
Medellín declara la situación de urgencia para la adquisición de
inmuebles para la centralidad de Calasania Blanquizal; 341 de 2009,
por medio de la cual se adiciona y aclara la Resolución 082 de marzo
2 de 2009; 2506 de 23 de diciembre de 2009, por la cual se dispone
la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble; 0354 de
1o. de marzo de 2010, por medio de la cual se resuelve un recurso
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de reposición; y 5031 de 2009, por la cual la Subsecretaría de
Catastro de Medellín actualizó el área del terreno identificado con la
matrícula 5084970.
Los mencionados actos, son del siguiente tenor:
“[…]RESOLUCION NÚMERO 082 DE 2009
(Marzo 2)
“Por medio de la cual se declara situación de urgencia para la
adquisición de inmuebles para la Centralidad de Calasania-
Blanquizal, de la ciudad de Medellín”.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL en uso de sus atribuciones legales, en
especial por las conferidas en los artículos 58, 63, 64 y 65 de
la Ley 388 de 1997, de conformidad con la competencia
asignada en el Acuerdo Municipal 46 de 2006.
CONSIDERANDO
(…)
El Acuerdo 46 de 2006, por el cual se revisa y ajusta el Plan
de Ordenamiento Territorial de Medellín, define en el
artículo 126 los “Lineamientos de Proyectos y Tratamientos
Estratégicos” (…)Aportan a la consolidación del sistema
estructurante y a la construcción del modelo o proyecto de
ciudad, por lo tanto deberán ser iniciados en el corto,
mediano y largo plazo, en aplicación de los contenidos de
la Ley 388 de 1997” Entre los proyectos estratégicos
definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial se
encuentra un grupo denominado en el artículo 130, “De los
proyectos de Generación de Equilibrio Urbano”, entre los
cuales se incluyen La Consolidación de Centralidades
Urbanas y la Generación de Nuevos Espacios Públicos y
equipamientos de Escala Zonal.
[…]
5. En el artículo 58, literal a) de la Ley 388 de 1997 se
establece como motivo de utilidad pública e interés social
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la adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos
de infraestructura de salud, educación y recreación. De
igual forma el literal c, establece también como motivo de
utilidad pública la generación de espacios públicos urbanos.
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar de urgencia la adquisición
de inmuebles que se identifican en los registros catastrales
como a continuación se describen, requeridos para
infraestructura en el sector educación, salud o provisión de
espacios públicos urbanos:
[…]”.
“[…]RESOLUCION NÚMERO 341 DE 2009
(Julio 23)
“Por medio de la cual se adiciona y aclara la Resolución 082
de marzo 2 de 2009”
EL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN, en uso de las atribuciones conferidas en las
leyes 136 de 1994, 388 y 397 de 1997 y en el Decreto Ley 01
de 1984, Código Contencioso Administrativo y
CONSIDERANDO:
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Adiciónase el artículo primero de la
resolución 082 de 2 de marzo de 2009 con el siguiente
predio identificado con el CBML (Código Catastral)
1302003000, con un área de 1.468 m2, para ser adquirido
todo el predio.
[…]”.
“[…] RESOLUCION 5031 DE 2009
RADICADO 34315 Y 35913
(Julio 23)
El subsecretario de Despacho de Catastro del Municipio de
Medellín, en uso de las atribuciones legales, en especial las
conferidas por la Resolución 2555 de 1988 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y el Decreto Municipal 012 de
2004.
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RESUELVE:
(…)
Artículo Tercero: Modificar los datos de los predios
identificados con matrícula 5084970 y 96559 a partir del
primero de enero de 2007, teniendo en cuenta el
levantamiento de la siguiente forma:
[…]
Se deben tener en cuenta los siguientes avalúos y
vigencias:
Avalúo año 2007: $1.004.183.000
Avalúo año 2008: $1.044.346.000
Avalúo año 2009: $1.096.567.000
Artículo sexto: Contra la presente resolución procede el
recurso de Reposición ante el Subsecretario de Catastro y
el de Apelación en forma directa o subsidiaria ante el
Secretario de Hacienda, el cual podrá interponerse en la
diligencia de notificación personal o dentro de los (5) días
siguientes a ella o a la desfijación del edicto según el caso,
de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 140 de
la Resolución 2555 de 1988 del IGAC.
“[…]
“[…]RESOLUCIÓN NÚMERO 2506
DICIEMBRE 23 DE 2009
“Por la cual se dispone la expropiación por vía
administrativa de un bien inmueble”
EL ALCALDE DE MEDELLÍN
En uso de sus facultades legales, en especial las otorgadas
por la Ley 9 de 1989, por la Ley 388 de 1997, artículos 58
y siguientes y el decreto de delegación 2321 del 23 de
diciembre de 2009.
CONSIDERANDO:
(…)
Que el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal en uso de sus atribuciones legales, en especial
las conferidas en los artículos 58, 63, 64 y 65 de la Ley 388
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de 1997, de conformidad con la competencia asignada en
el Acuerdo Municipal 46 de 2006, expidió la RESOLUCIÓN
N°082 de marzo de 2009 “ por medio del cual se declara la
situación de urgencia para la adquisición de inmuebles para
la centralidad de Calasania- Blanquizal, de la ciudad de
Medellín, por tanto autoriza la expropiación por vía
administrativa de unos inmuebles.
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Dispone la expropiación por vía
administrativa del derecho de propiedad que tiene en
común y en proindiviso JHON FERNANDO PALACIO
AGUIRRE con C.C. 70.559.829 (5.0% del derecho de
propiedad), MARTHA LUCIA PALACIO AGUIRRE con C.C.
24.305.227 (12.5% del derecho de propiedad), LUZ
MARLENY PALACIO AGUIRRE con C.C. 24.296.581 (12.5%
del derecho de propiedad), MARIA TERESA PALACIO
AGUIRRE con C.C. 32.333.415 (12.5% del derecho de
propiedad), LUZ STELLA PALACIO AGUIRRE con C.C.
42.873.257 (12.5% del derecho de propiedad) INMUEBLE
ubicado en la calle 57 N° 85D-900, Paraje Blanquizal,
fracción de Robledo, corregimiento de San Cristóbal, Zona
de expansión Altos de Calasanz, de la ciudad de Medellín,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 01N-
5084970, cuya área y linderos son como quedaron
expresados en la parte motiva de esta resolución.
Modificar los datos de los predios identificados con
matrícula 5084970 y 96559 a partir del primero de enero
de 2007, teniendo en cuenta el levantamiento de la
siguiente forma:
[…]“.
“[…]RESOLUCIÓN NÚMERO 0354
(MARZO 1 DE 2010)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN”
EL ALCALDE DE MEDELLÍN
En uso de sus facultades legales, en especial las otorgadas
por la Ley 9 de 1989, por la Ley 388 de 1997, artículos 58 y
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siguientes y el decreto de delegación 0443 de del 1 de enero
de 2010.
CONSIDERANDO:
(…)
SEGUNDO: Al realizar el avalúo comercial por el método
residual el cual se anexa, con sus cargas y obligaciones,
confrontando con el método comparativo del mercado, se
tuvieron en cuenta las investigaciones de mercado de la
zona y se consultó la base de datos comercial OIME de la
Subsecretaría, dando como promedio por mt2 lote de
$49.259, la cual se anexa con un coeficiente de variación
del 7.5%, como lo establece la Resolución 620 de 2008,
para e método residual se tuvo en cuenta la edificabilidad
dada por el Plan Parcial, los usos como el de vivienda,
comercio y otros, con sus cargas y obligaciones.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la decisión contenida
en la Resolución 2506 del 23 de diciembre de 2009[…]”.
Sea lo primero reiterar por la Sala que, según lo establecido en el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa
remisión del artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se
entiende interpuesto en lo desfavorable a la apelante, por lo cual el
superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no
fueron objeto del mismo.
Como ya se precisó, en el escrito de la demanda la parte actora
solicitó la nulidad de los actos acusados con fundamento en: i) la
violación directa de la ley, ya que sostiene que la Resolución núm.
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2506 de 23 de diciembre de 2009, que expropia el terreno de la
familia Palacio Aguirre a favor del Municipio de Medellín, pretende
modificar lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial,
adoptada mediante Decreto municipal, el cual es de mayor jerarquía
que la Resolución; ii) falsa motivación, y (iii) violación al debido
proceso, dado que, por una parte no se invocan los motivos de
urgencia en las actuaciones demandadas, sino que se limitan a
proveer fórmulas justificadoras en abstracto, pues los motivos de
necesidad de equipamentos en salud y educación no son reales; y,
por la otra, la administración municipal parte del avalúo realizado
por esta misma, para hacer una oferta de compra y posteriormente
expropiar el inmueble, lo cual pone en desventaja al propietario.
A su vez, el Municipio de Medellín señaló que la expropiación
administrativa está sustentada en tres instrumentos: en el Plan de
2009 “Visión Colombia segundo Centenario”; en el Plan de
Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo, que definen las
Políticas Generales para el desarrollo del territorio. Así las cosas, los
lotes resultan estratégicos para la construcción de los equipamientos
de salud y educación, en orden a satisfacer las necesidades de una
población que se localiza alrededor del área de planeamiento del Plan
Parcial.
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Por su parte, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia, en la sentencia que es objeto del recurso de apelación,
consideró que frente a la Resolución 5031 de 2009 no se agotó la vía
gubernativa, al no haberse interpuesto el recurso de apelación que
procedía en su contra; en cuanto a la declaración de urgencia,
consideró que los motivos señalados en las resoluciones núms. 082
de 2009 y 341 de 2009 se integran dentro de los de utilidad pública
prevista en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, esto es, la ejecución
de un proyecto de infraestructura de salud, educación, recreación y
generación de espacios públicos urbanos; y que el Decreto núm. 397
de 2007, delimitó el proyecto en la Unidad de Actuación Urbanística
para el predio expropiado, según el cual puede ser usado para fines
residenciales y complementarios, entre los que se permiten los
equipamiento públicos y privados de salud, educación y deportes, el
cual es precisamente el objeto de la medida de urgencia, por lo que
colige que no se están violentando normas superiores; que, adicional
a lo anterior, como no se aportaron pruebas que demostraran que el
bien inmueble no está siendo utilizado con los fines para los cuales
fue objeto de expropiación, no hay lugar a declarar la falsa
motivación. Respecto del valor indemnizatorio, el Tribunal de
instancia descartó el dictamen practicado, por cuanto presentó
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inconsistencias ya que no se hizo para el momento en que se realizó
el peritaje o para el momento en que se expropió el bien; y, además,
porque el auxiliar de la justicia no explicó de manera integral por qué
se avalúa el proyecto en el marco de vivienda de interés prioritario y
no en otro tipo de venta para comercio. Y, finalmente, en relación
con los perjuicios reclamados, indicó que los demandantes no
probaron que hubieran podido recibir de las ofertas allegadas al
proceso mayor valor al otorgado por el Municipio de Medellín, para
derivar un detrimento.
Inconforme con dicha decisión, el señor Jhon Fernando Palacio
Aguirre a quien el Tribunal reconoció como tercero y las demandantes
Luz Stella, María Teresa, Luz Marlene y Martha Lucía Palacio Aguirre,
mediante apoderado, interpusieron recursos de apelación, los cuales
se pueden resumir, en síntesis, en los siguientes argumentos: i) Que
no se requería el agotamiento de la vía gubernativa frente a la
Resolución núm. 5031 de 2009, que modificó las áreas de los predios
expropiados, ya que dicha Resolución es un acto de trámite que se
adelantó para la adquisición del bien inmueble, por lo que no es un
acto definitivo, y el Tribunal de instancia debió pronunciarse respecto
de la modificación del área del terreno; ii) Que sí se incurrió en falta
de motivación de los actos administrativos acusados en relación con
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la declaración de urgencia, ya que la misma se decretó para construir
equipamientos relacionados con la educación, salud y recreación,
mas no para vivienda. Así mismo, autorizar la construcción en la
Unidad de Actuación Urbanística núm. 3 respecto de la construcción
de un jardín infantil contraría lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento
Territorial para el uso del suelo; iii) Insisten en que el valor
indemnizatorio en la expropiación del bien inmueble fue desventajoso
para las demandantes y el tercero, pues, se realizó con precios
desactualizados; no se hizo un estudio comparativo del mercado que
hace parte del método residual. Asimismo, se debió haber objetado
por error grave el dictamen realizado por el perito nombrado por el
Tribunal de instancia; sin embargo, se podía desestimar el avalúo
realizado por la entidad demandada con las demás pruebas obrantes
en el proceso, y además porque no cumplió con las ritualidades del
Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 2509 de 2009; iv) Reiteran el
reconocimiento de una indemnización por perjuicios, ya que la
administración reconoció un menor valor respecto del lote
expropiado, conforme a las pruebas allegadas al proceso; así como,
el no pago por parte del Municipio dentro de los términos de Ley a la
cuenta bancaria del vinculado como tercero, lo que le ocasionó un
perjuicio económico.
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Sea lo primero precisar que el señor Jhon Fernando Palacio Aguirre
no puede tener la condición de tercero, pues se trata de una
verdadera parte, como quiera que es propietario de los terrenos en
cuestión, en común y proindiviso, con sus hermanas demandantes
en este proceso.
Significa ello que tiene su propia pretensión, que debió ser formulada
en una demanda y no a través de una coadyuvancia; tal pretensión
estaba sujeta al cumplimiento de todos los presupuestos de
procedibilidad de la acción, como, por ejemplo, el agotamiento de la
vía gubernativa, conciliación prejudicial y caducidad, etc.
Sin embargo, esta situación no tiene mayor incidencia en el proceso,
esto es, no afecta la validez de lo actuado durante el trámite procesal
y en el evento de que las pretensiones de la demanda fueran
acogidas, ya lo relacionado con los aspectos económicos del fallo
deberán ser planteados en otro escenario, que no es el de este
proceso.
Ahora bien, la Sala procederá a resolver cada uno de los argumentos
planteados en los recursos de alzada.
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Primer argumento relacionado con el No Agotamiento de la
vía gubernativa frente a la Resolución núm. 5031 de 2009.
Sostiene la parte actora que la Resolución núm. 5031 de 2009, por
medio de la cual se modificaron las áreas de los predios identificados
con matrículas inmobiliarias 01N-5084970 y 01N-96559, hace parte
del trámite de la expropiación por vía administrativa, por lo que
considera que es un acto de trámite respecto del cual no procede el
agotamiento de la vía gubernativa.
Al respecto, la Sala estima pertinente traer a colación lo dispuesto en
los artículos 49 y 50 del CCA, que son del siguiente tenor:
“[…] ARTICULO 49. IMPROCEDENCIA. <Código derogado
por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del
dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha
es el siguiente:> No habrá recurso contra los actos de
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o
de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa.
ARTICULO 50. RECURSOS EN LA VIA
GUBERNATIVA. <Código derogado por el artículo 309 de la
Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año
2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Por
regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederán los siguientes
recursos:
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1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la
decisión, para que la aclare, modifique o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior
administrativo, con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Jefes de
Departamento Administrativo, Superintendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas o de
las unidades administrativas especiales que tengan
personería jurídica. 3. El de queja, cuando se rechace el de
apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse
directamente ante el superior del funcionario que dictó la
decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia
de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la
remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación
administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla”.
ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y
PRESENTACION. <Código derogado por el artículo 309 de la
Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año
2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> De
los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso,
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro
de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del
edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la
decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el
Procurador regional o ante el Personero Municipal, para que
ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones
correspondientes.
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El recurso de apelación podrá interponerse
directamente, o como subsidiario del de reposición.
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los
recursos procedentes, la decisión quedará en firme.
Los recursos de reposición y de queja no son
obligatorios”. (Resaltado por la Sala)
Por su parte, la Resolución 2555 de 19881, establece respecto de la
rectificación catastral y el agotamiento de los recursos en vía
gubernativa, lo siguiente:
“(…) TITULO CUARTO
DE LA CONSERVACIÓN DEL CATASTRO
CAPITULO I
OBJETIVO DE LA CONSERVACIÓN Y MUTACIONES CATASTRALES
(…)
ARTÍCULO 93°. Mutación Catastral. Se entiende por mutación
catastral todo cambio que sobrevenga respecto de los
elementos físico, jurídico o económico de los predios cuando
sea debidamente inscritos en el Catastro.
(…)
ARTÍCULO 96°. Rectificaciones. Se entiende por rectificación
la corrección en la inscripción catastral del predio, por errores
en los documentos catastrales advertidos en cualquier
momento, de oficio o a petición de parte
(…)
ARTÍCULO 140. Oportunidad y Presentación. De los recursos
de reposición y apelación habrá de hacerse uso por escrito, en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco días
siguientes a ella o a la desfijación del edicto, según el caso.
1
“Por la cual se reglamenta la Formación, Actualización de la Formación y Conservación del
Catastro Nacional, y subroga la resolución No. 660 del 30 de marzo de 1984”,
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En el recurso de queja es facultativo y podrá interponerse
directamente ante el Jefe de la respectiva Oficina de Catastro,
mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la
providencia que haya negado el recurso de apelación.
Del recurso de queja se podrá hacer uso dentro de los cinco
días siguientes a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el Jefe de la Oficina de Catastro ordenará
inmediatamente que se le remita el expediente y decidirá lo
que sea el caso.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó,
salvo lo dispuesto para el de queja. El recurso de apelación
podrá interponerse directamente o como subsidiario del de
reposición. Transcurridos los términos sin que se hubieren
interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en
firme.
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios.
Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán
resolverse de plano, salvo que deban practicarse pruebas a
petición de parte o de oficio.
Frente a los actos de trámite esta Sala2 ha señalado que “son
instrumentos que permiten desarrollar en detalle los objetivos y
funciones de la administración, de esta manera la existencia de estos
actos no se explica por sí sola, sino en la medida en que forman parte
de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes dentro
2
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera-Consejero
Ponente: Hernando Sánchez Sánchez- providencia del veinte (20) de enero de dos mil
veinte (2020)- rad núm: 11001-03-24-000-2018-00391-00.
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de una actuación administrativa”3. Por el contrario, los actos
definitivos ponen fin a la actuación, de modo que en ellos se agota la
actividad de la administración, o tan sólo queda pendiente la
ejecución de lo decidido.
En este contexto, únicamente las decisiones de la administración
producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los
actos de trámite que hacen imposible la continuación de esa
actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Sin embargo, en el proceso de expropiación administrativa, existen
actos de trámite que pueden ser demandables.
En efecto, en sentencia de 11 de diciembre de 20154 la Sala unificó
su postura acerca de la demandabilidad de los actos expedidos
dentro del proceso de expropiación administrativa; y en dicha
providencia se sostuvo, lo siguiente:
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6
de septiembre de 2012. Rad.: 2007 – 00374. Magistrado Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla
Moreno.
4 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera- consejero
ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés rad. Núm 25000232400020060100201.
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“[…] para que proceda la extinción del derecho de
propiedad, se debe cumplir con los siguientes
presupuestos20:
“1. La existencia de una ley en la que el legislador defina
cuáles son los motivos de utilidad pública o de interés
general que pueden dar lugar a la expropiación, como una
forma de garantizar el principio de legalidad.
2. La intervención de la jurisdicción, que a través de sus
jueces y por medio de una sentencia judicial, debe
determinar la procedencia de la expropiación en un caso
concreto, intervención ésta que garantiza los derechos al
debido proceso y a la defensa del particular que verá
afectado el dominio que legítima y legalmente viene
ejerciendo.
3. El pago de una indemnización previa a la expropiación
que resarza los perjuicios que se le causen al particular con
la orden de extinción de dominio en favor del Estado”.
Con fundamento en los anteriores requisitos, es que se ha
entendido que son tres los pilares en los cuales descansa la
figura de la expropiación, i) el principio de legalidad fundamento
de todo Estado de Derecho, ii) la efectividad del derecho de
defensa y del debido proceso del particular que va a ser
expropiado y iii) el pago de una indemnización que no haga de
la decisión de la administración un acto confiscatorio,
expresamente prohibido en el artículo 34 de la Constitución”21.
No obstante lo anterior, fue el propio Constituyente de 1991,
quien consagró las excepciones a cada uno de ellos, y al efecto
dispuso que podrá haber expropiación sin indemnización; que no
solo procederá la expropiación judicial sino también la
administrativa, y que en caso de controversia no se pueden
discutir los motivos de utilidad pública ni interés general
definidos previamente por el legislador22, todo ello en su
redacción primigenia.
En cuanto éste último, para la Sala es claro que se trataba de un
límite especial al contenido de la función de control judicial sobre
los actos administrativos, expedidos dentro del proceso
expropiatorio que trajo la Constitución Política de 1991.
En efecto, como se precisó, el artículo 58, en su redacción
original, disponía que las razones de equidad, así como los
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motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el
legislador, no podían ser controvertibles judicialmente23. El
artículo era del siguiente tenor:
(…)
En este sentido, dentro de las controversias que se originaban
respecto del proceso expropiatorio no resultaba posible plantear
discusión alguna sobre los motivos invocados por el legislador
en relación con la declaración de interés público o de utilidad
social.
La anterior fue la regla que imperó hasta que el propio Congreso
de la República, en uso de su facultad para reformar la
Constitución consagrada en los artículos 114 y 374 de la
Constitución Política, eliminó el inciso final del artículo 58 de la
Carta Política, a través del Acto Legislativo 01 de 1999, como se
advierte a continuación:
(…)
Así pues, se proscribió la ausencia de control judicial en el marco
del principio de legalidad, entendido éste como el ejercicio del
poder público de acuerdo con las prescripciones del
ordenamiento jurídico, toda vez que no puede existir acto sin
juicio dentro de un Estado de Derecho.
Ahora bien, dilucidado el sentir del Constituyente en cuanto a la
necesidad de garantizar la tutela judicial respecto de los motivos
de utilidad pública o de interés social dentro del proceso
expropiatorio, para la Sala resulta imperioso determinar el
momento en el cual se accede a la Administración de Justicia
para hacerlo efectivo.
De esta manera, la Sala estima que el mismo se encuentra
determinado por la naturaleza del acto, de acuerdo con lo
consagrado en los artículos 49 y 50 del Código Contencioso
Administrativo, los cuales disponen que solo pueden impugnarse
los actos administrativos definitivos más no los de trámite o
preparatorios.
En efecto, el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo
preceptúa que por regla general los recursos sólo proceden
contra los actos administrativos que finalicen las actuaciones en
sede administrativa, indicando que son actos definitivos, los que
“ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
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pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla”.
De la misma manera el artículo 49 ibídem, regula el tópico de
los recursos en los siguientes términos: “no habrá recurso contra
los actos de carácter general, ni contra los de trámite,
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en
norma expresa”.
Los actos de trámite “son instrumentos que permiten desarrollar
en detalle los objetivos y funciones de la administración, de esta
manera la existencia de estos actos no se explica por sí sola,
sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie
de actividades unidas y coherentes dentro de una actuación
administrativa”24. Por el contrario, los actos definitivos ponen fin
a la actuación, de modo que en ellos se agota la actividad de la
administración, o tan sólo queda pendiente la ejecución de lo
decidido.
En este contexto y en lo atinente a los actos a través de los
cuales se declaran los motivos de utilidad pública o de interés
social, la Sala rectifica el criterio que sostiene que ellos dentro
del proceso expropiatorio sólo cumplen una función preparatoria
en la expedición de los actos que finalmente ordenan la
expropiación, dado que lo mismos sí crean una situación jurídica
particular y concreta.
En efecto, se trata de un acto que produce efectos jurídicos
inmediatos y directos respecto del administrado, por cuanto
ordena adelantar e iniciar el trámite expropiatorio respecto de
unos bienes determinados.
Lo anterior cobra mayor fuerza en el entendido de que el mismo
constituye la etapa inicial del procedimiento expropiatorio sin el
cual no resulta posible habilitar a la autoridad para adelantarlo;
no puede olvidarse que entre al acto expropiatorio y el que
declara las condiciones de utilidad pública e interés social existe
una relación de causa a efecto, pues sin la existencia de los
primeros no pueden expedirse los segundos25.
Bajo los conceptos que anteceden, el acto administrativo en
estudio, al estar llamado a generar perjuicios al administrado,
es pasible de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo anterior sin perjuicios de los instrumentos procesales de
impugnación dispuestos en el ordenamiento jurídico frente a la
decisión de expropiación por vía administrativa, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, el cual
dispone:
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“Artículo 71. - Proceso contencioso administrativo. Contra la
decisión de expropiación por vía administrativa procede
acción especial contencioso-administrativa con el fin de
obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho
lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los
cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la
respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se
someterá a las siguientes reglas particulares (…)” (Negrillas
fuera de texto).
En conclusión, la Sala adopta los siguientes criterios en aras de
unificar la jurisprudencia:
• Todo procedimiento expropiatorio debe respetar el principio de
legalidad como expresión democrática del Estado Social de
Derecho.
• No puede haber actos exentos de control judicial; se proscribe
la inexistencia de controles judiciales respecto de las
actuaciones resultantes del ejercicio del poder público en
materia expropiatoria.
• Los actos que declaran los motivos de utilidad pública o de
interés social crean una situación jurídica particular y concreta;
producen efectos jurídicos inmediatos y directos respecto del
administrado.
• La revisión judicial de los motivos de utilidad pública o de
interés social se puede hacer vía judicial a través del ejercicio
de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
• La acción especial contencioso – administrativa también
procede contra el acto administrativo que decide la
expropiación con el fin de “obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido”, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 388 de 1997.
Se hace énfasis que la decisión guarda relación con la
expropiación administrativa figura diferente a la expropiación
judicial”26 (Subrayado fuera de texto).
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Conforme a lo establecido en la sentencia transcrita, se tiene
entonces que “No puede haber actos exentos de control judicial; se
proscribe la inexistencia de controles judiciales respecto de las
actuaciones resultantes del ejercicio del poder público en materia
expropiatoria”.
Ahora bien, se advierte que dentro del proceso que adelantaba el
Municipio de Medellín para adquirir los predios para la conformación
de la centralidad de Calazania Blanquizal se expidió la Resolución
núm 5031 de 2009, por parte del Subsecretario de Despacho de
Catastro del Municipio de Medellín, el cual basado en la facultad que
le otorgaba el artículo 96 de la Resolución núm. 2555 de 1988,
adelantó la corrección en la inscripción catastral del predio que era
propiedad de las demandantes y el tercero, con el fin de modificar
los linderos y determinó que se debían tener en cuenta los siguientes
avalúos y vigencias, así:
“[…]
Artículo Tercero: Modificar los datos de los predios
identificados con matrícula 5084970 y 96559 a partir del
primero de enero de 2007, teniendo en cuenta el
levantamiento de la siguiente forma:
[…]
Se deben tener en cuenta los siguientes avalúos y
vigencias:
Avalúo año 2007: $1.004.183.000
Avalúo año 2008: $1.044.346.000
Avalúo año 2009: $1.096.567.000[…]”.
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Cabe resaltar que este acto acusado fue expedido cuando ya se
habían adelantado las diligencias tendientes a la adquisición de
enajenación voluntaria o expropiación administrativa por parte del
Municipio de Medellín, en el cual no solo hubo una mutación catastral
del predio, ya que modificó los linderos del terreno que era de
propiedad de los demandantes, sino que también estableció los
avalúos a tener en cuenta en las vigencias correspondientes a los
años 2007 a 2009. Por lo tanto, la Sala encuentra que la Resolución
núm. 5031 de 2009 no es un acto de trámite, como alegan los
recurrentes, sino que, por el contrario, es un acto definitivo, ya que
modificó la situación jurídica del predio y de contera, es susceptible
de control jurisdiccional, tal y como lo ha sostenido esta Corporación.
Empero, dicho acto no forma parte del trámite del proceso de
expropiación. Es independiente del mismo, pues para proceder a
expropiar un bien no es necesario que, previamente, haya corrección
de linderos. Esta es una situación excepcional. No es una etapa de
ese proceso, como sí lo es el que declara la urgencia que siempre
debe anteceder a la decisión de expropiar.
Ahora, frente al agotamiento de la vía gubernativa, ha sido pacífica
la jurisprudencia de esta Corporación al señalar:
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“La vía gubernativa es el mecanismo que debe utilizar quien se
encuentra inconforme con una decisión o actuación de la
administración para debatirla antes de acudir ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
La misma está estatuida para, por un lado, obtener la satisfacción
de una pretensión subjetiva y por el otro, para ejercer un control
de legalidad sobre las decisiones administrativas, de modo tal que
se le permita a la entidad pública revisar la legalidad de los actos
que expide con el objeto de que pueda revocarlos, modificarlos o
aclararlos antes de acudir a la Jurisdicción.
En otras palabras, la vía gubernativa es el mecanismo idóneo para
que las autoridades administrativas puedan rectificar sus propios
errores, antes de que sean objeto de un proceso judicial.
Agotada la vía gubernativa en los términos del artículo 63 del CCA,
es procedente la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto es un presupuesto
procesal necesario para interponerla.
Ahora, la jurisprudencia ha señalado que en sede judicial no
pueden cambiarse de forma sustancial o agregarse nuevas
peticiones a las expuestas ante la administración, precisamente
porque en la vía administrativa es donde se le solicita a la entidad
una decisión sobre una pretensión específica y en tal virtud, la
administración sólo tiene la oportunidad de pronunciarse respecto
de las que le formulan.
Así, debe existir congruencia entre lo pedido en sede
administrativa y lo que se solicita en la demanda, lo contrario
desconocería la naturaleza y el objeto mismo del agotamiento de
la vía gubernativa5[…]”.
Así mismo, esta Sala6 ya había precisado que cuando procede el
5
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Providencia del 21 de
junio de 2018. Expediente 50001-23-33-000-2010-00606-01(1586-16). M.P. Dr. William Hernández
Gómez.
6
Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- consejera ponente:
Nubia Margoth Peña Garzón- providencia del nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019), rad
núm: 25000-23-36-000-2016-02111-01
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recurso de apelación contra una decisión de la administración, su
interposición es obligatoria para entender agotada la vía gubernativa,
y poder acudir ante esta jurisdicción. Al respecto, se precisó:
“(…) la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento
en lo previsto en el artículo 51 del CCA, reiteradamente ha
sostenido que cuando procede el recurso de apelación contra
una decisión de la administración, su interposición es
obligatoria para tener por agotada la actuación.
Sobre el particular, en sentencia de 2 de agosto de 20187, la
Sección Quinta, explicó:
“[…] En ese orden de ideas, la vía gubernativa se agota con
la interposición de los recursos contra los actos de definan una
actuación administrativa, sin embargo, el único recurso
obligatorio es el de apelación.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que los
fallos con responsabilidad fiscal son actos administrativos
susceptibles de control judicial ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
En el presente evento, tal y como se dejó dicho, contra el fallo
con responsabilidad fiscal demandado procedían los recursos
de reposición y apelación, por lo que la parte actora, de
manera previa a demandar debió haber interpuesto,
por lo menos el recurso de apelación contra la decisión
acusada, con el fin de que la administración pudiera
revisar su propia decisión. […]”.
En efecto, en auto de 18 de febrero de 2010, esta Sala, al
resolver un recurso de súplica interpuesto contra una
providencia que había rechazado una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por no haber agotado el
requisito previo del agotamiento de la vía gubernativa,
sostuvo:
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Carlos
Enrique Moreno Rubio (E), radicado 2006-02892-02.
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“[…] No obstante lo anterior, la actora ejerció los recursos de
forma extemporánea, en consecuencia no agotó la vía
gubernativa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y
63 del C.C.A. que disponen que la vía gubernativa se
entenderá agotada cuando existiendo recursos contra el acto
administrativo no se ejerzan o cuando se hayan resuelto los
recursos interpuestos. […]”.8
La tesis anterior fue reiterada en sentencia de 28 de abril de
2011, en la que esta Sala, prohijando una posición
jurisprudencial de la Sección Cuarta, señaló:
“[…] Cabe señalar que la Corporación, entre otras, en
sentencia de 23 de abril de 2009 (Expediente núm. 2005-
00552-01, Actora: Ford Motor de Colombia Sucursal,
Consejero ponente doctor Héctor J. Romero Díaz), que ahora
se prohija, ha sostenido que la presentación extemporánea de
los recursos, como en este caso, surte el mismo efecto que no
haberlos interpuesto, es decir, el no agotamiento de la vía
gubernativa, figura esta que de conformidad con el artículo 63
del Código Contencioso Administrativo, acontece cuando
contra los actos administrativos no procede ningún recurso, o
cuando éste se haya decidido, o cuando el acto administrativo
quede en firme por no haber sido interpuestos. […]”.9
De tal manera que al tratarse de un acto definitivo, que no forma
parte necesaria del trámite de todo proceso de expropiación, que
modificó una situación en particular, no puede sustraerse el
interesado de interponer el recurso de apelación, con el fin de agotar
la vía gubernativa frente al mismo, pues se está en presencia de un
requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejo Ponente Marco
Antonio Velilla Moreno, radicado 2009-00016-00.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Conseja Ponente María
Elizabeth García González, radicado 2005-01119-01.
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del derecho.
Así las cosas, le asistió razón al Tribunal de instancia al haber
declarado probada la excepción de falta de agotamiento de la vía
gubernativa frente a la Resolución núm. 5031 de 2009, y haberse
relevado de entrar a decidir de fondo sobre los cargos de violación
que se le endilgaron a dicho acto administrativo, en especial, lo
concerniente a la modificación de las áreas del predio, puesto que
dicho acto administrativo quedó en firme y sigue gozando de la
presunción de legalidad que le es inherente.
Segundo argumento referente a la falsa motivación de los
actos administrativos acusados en relación con la declaración
de urgencia.
La parte actora indicó que los actos administrativos acusados en
relación con la declaración de urgencia incurren en falsa motivación
ya que ésta se fundamentó en la construcción de equipamientos
relacionados con educación, salud y recreación, mas no para
vivienda. Asimismo, sostuvo que se autorizó la construcción en la
Unidad de Actuación Urbanística núm. 3 de un jardín infantil, lo cual
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contraría lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial para el
uso del suelo.
Para dilucidar este cargo, cabe tener en cuenta lo siguiente:
El artículo 58 la Constitución Política reconoció el derecho
constitucional a la propiedad privada, de la siguiente manera:
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial
e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-
administrativa, incluso respecto del precio”.
En desarrollo del anterior precepto constitucional, la Ley 9ª de 198910
estableció instrumentos para la adquisición y expropiación de
inmuebles por motivos de utilidad pública e interés general y,
posteriormente, la Ley 388 de 1997, que modificó la Ley 9ª de 1989,
10
por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones.
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dispuso en sus artículos 63 a 72 lo atinente al procedimiento de
expropiación por vía administrativa. Particularmente, sobre el
reconocimiento y pago de la indemnización, el artículo 67 establece
“[…] en el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que
se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el
artículo 6111 de la presente ley.”
Sobre la indemnización a que hacen referencia los artículos 58 de la
Constitución Política y 67 de la Ley 388 de 1997, la Corte
Constitucional12 ha precisado que en tanto la expropiación constituye
la limitación más gravosa al derecho de propiedad, resulta
indispensable que el Estado, que actuó motivado por razones de
utilidad pública e interés social, reconozca una indemnización
previa y justa que comprenda no sólo el valor del bien expropiado
sino los perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, pues
11
ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se introducen
las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de
1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o
asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir,
y en particular con su destinación económica. […].
12
C-227 de 2011.
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si la indemnización no reúne tales características terminaría por
configurarse un acto confiscatorio.
Asimismo, esta Sala13 ha reiterado que:
“(…)
“el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se
decrete la incorporación al dominio público de bienes de
propiedad particular para satisfacer con ellos una
necesidad de interés general, presupone necesariamente
la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la
potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente
al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio
roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de
manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en
estos casos el interés general deba prevalecer sobre los
intereses privados, no significa en modo alguno que por
dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la
Constitución reconoce en favor del propietario, pues no
puede pretenderse que éste deba asumir a título personal
un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la
ruptura del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas.
Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la
transmisión imperativa de su derecho de dominio,
constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio
sea transferido a todos los miembros de la colectividad y
reparado de manera integral”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de abril de
2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-23-31-000-2007-
03162-01.
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Ahora, se tiene que el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, dispone:
“Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés
social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad
y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando,
conforme a las reglas señaladas por la presente ley, la respectiva
autoridad administrativa competente considere que existen
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la
finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c),
d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la presente ley”.
Los artículos 58 y 63 de la Ley 388 de 1997, disponen lo siguiente:
“ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. El
artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los
motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles
para destinarlos a los siguientes fines:
a) Ejecución de proyectos de construcción de
infraestructura social en los sectores de la salud,
educación, recreación, centrales de abasto y seguridad
ciudadana;
b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés
social, incluyendo los de legalización de títulos en
urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las
contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la
rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de
asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo;
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c) Ejecución de programas y proyectos de renovación
urbana y provisión de espacios públicos urbanos;
d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación,
abastecimiento y distribución de servicios públicos
domiciliarios;
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial
y de sistemas de transporte masivo;
f) Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes;
g) Funcionamiento de las sedes administrativas de las
entidades públicas, con excepción de las empresas
industriales y comerciales del Estado y las de las sociedades
de economía mixta, siempre y cuando su localización y la
consideración de utilidad pública estén claramente
determinados en los planes de ordenamiento o en los
instrumentos que los desarrollen;
h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés
nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental,
histórico y arquitectónico;
i) Constitución de zonas de reserva para la expansión futura
de las ciudades;
j) Constitución de zonas de reserva para la protección del
medio ambiente y los recursos hídricos;
k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción
prioritarios en los términos previstos en los planes de
ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley;
l) Ejecución de proyectos de urbanización, redesarrollo y
renovación urbana a través de la modalidad de unidades de
actuación, mediante los instrumentos de reajuste de tierras,
integración inmobiliaria, cooperación o los demás sistemas
previstos en esta ley;
m) El traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes."
(…)
ARTICULO 63. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. Se
considera que existen motivos de utilidad pública o de interés
social para expropiar por vía administrativa el derecho de
propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e
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inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la
presente ley, la respectiva autoridad administrativa
competente considere que existen especiales condiciones de
urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las
señaladas en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del
artículo 58 de la presente ley.
Igualmente se considera que existen motivos de utilidad
pública para expropiar por vía administrativa cuando se
presente el incumplimiento de la función social de la
propiedad por parte del adquirente en pública subasta, de los
terrenos e inmuebles objeto del procedimiento previsto en el
capítulo VI de la presente ley”. (Resaltado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 65 de la citada norma expone:
“Criterios para la declaratoria de urgencia. De acuerdo con la
naturaleza de los motivos de utilidad pública o interés social de
que se trate, las condiciones de urgencia se referirán
exclusivamente a:
1. Precaver la elevación excesiva de los precios de los
inmuebles, según las directrices y parámetros que para el efecto
establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
2. El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer
con ayuda del instrumento expropiatorio.
3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se
producirían por la excesiva dilación en las actividades de
ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
4. La prioridad otorgada a las actividades que requieren
la utilización del sistema expropiatorio en los planes y
programas de la respectiva entidad territorial o
metropolitana, según sea el caso”. (Negrillas propias)
A su vez, el artículo 64 ibidem establece: “Condiciones de urgencia.
Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía
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administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad
competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la
junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo…”.
Ahora bien, el Acuerdo Municipal núm. 46 de 200614, que se invoca
como fundamento de la Resolución 082 de 2009, que hizo la
declaratoria de urgencia, previó lo siguiente:
“ARTÍCULO 485°. De la adquisición y expropiación de
inmuebles. Toda adquisición o expropiación de inmuebles
para ser destinados a los fines señalados en el artículo 58 de
la ley 388 de 1997, deberá cumplir con los objetivos y
regulaciones de usos del suelo establecidos en el presente
Plan de Ordenamiento y en los instrumentos que lo
desarrollen.
Declaración de Urgencia: Cuando la Administración
Municipal decida utilizar el mecanismo de la expropiación por
vía administrativa, la competencia para declarar las
condiciones de urgencia que la hacen posible, será del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Anuncio: Para dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo
1° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, las entidades
municipales encargadas de la adquisición de inmuebles,
realizarán el anuncio de los proyectos urbanísticos y de los
planes de ejecución de obras de infraestructura y
equipamientos.
Una vez realizados los anuncios de los proyectos, se
descontará del avalúo comercial que se practique, para fijar
el precio de los inmuebles en los procesos de adquisición por
enajenación voluntaria, expropiación judicial o administrativa,
el mayor valor que se haya generado con ocasión del anuncio
del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad
pública para la adquisición, salvo en el caso en que el
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Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se
dictan otras disposiciones
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propietario del suelo demuestre haber pagado la
correspondiente participación en plusvalía”.
A su vez, este artículo transcrito facultó al director del Departamento
Administrativo de Planeación de Medellín para expedir el acto de
urgencia.
En virtud de lo anterior, se expidió la citada Resolución 082, “por
medio de la cual se declara situación de urgencia para la
adquisición de inmuebles para la Centralidad de Calasania-
Blanquizal, de la ciudad de Medellín”, que se sustentó, por una
parte, en el Acuerdo 46 de 200615, el cual en su artículo 126 dispuso:
“Los proyectos y tratamientos estratégicos que presenta el Plan de
Ordenamiento Territorial son un conjunto de actuaciones orientadas a
la obtención de los principales objetivos estratégicos del Plan, ya que
pueden modificar un problema crítico o aprovechar un potencial
especial, contribuyendo a generar impactos significativos en la
estructura espacial y a orientar favorablemente el desarrollo. Aportan
a la consolidación del sistema estructurante y a la construcción del
modelo o proyecto de ciudad, por tanto deberán ser iniciados en el
15
Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se
dictan otras disposiciones
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corto, mediano y largo plazo, en aplicación de los contenidos de la ley
388 de 1997. Este conjunto de proyectos aparecen consignados a
continuación”; y, por la otra, en el Acuerdo 16 de 2008, que adoptó el
Plan de Desarrollo 2008-2011.
Este Acuerdo previó que se debían desarrollar equipamientos
educativos por cobertura con calidad, la cual consiste en la
construcción, reposición, ampliación y dotación de plantas físicas;
que para el desarrollo integral se requiere la concentración de labores
en la creación de escenarios sanos y seguros tipo jardines infantiles.
Obsérvese que, no es cierto entonces, como lo sostienen los
apelantes, que no estuviera autorizada la construcción de jardines
infantiles.
Ahora, igualmente aducen los apelantes que se incurrió en falsa
motivación por cuanto no estaba autorizada la construcción de
viviendas. Sin embargo, advierte la Sala que obra a folios 266 a
309 del C. 1. el Decreto 397 de 200716, de cuyo artículo 1217 se
16
“Por el cual se adopta en suelo de expansión urbana el Plan Parcial de Desarrollo Altos de Calasanz”
17
“Áreas de Manejo Especial 3 Y 4: Áreas de Manejo Especial en Consolidación, Corporación de Vivienda
y Desarrollo Social CORVIDE, Jardines de Calasania, Altos de Calasania, Condado de Calasanz y
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colige que la Centralidad de Calasania- Blanquizal del Municipio de
Medellín, tiene un área con urbanizaciones consolidadas con la
respectiva licencia urbanística o en proceso de la misma, por lo que
cuando la autoridad municipal expidió la Resolución núm. 082 de
2009, dichas urbanizaciones no solo estaban permitidas por la
autoridad municipal, sino que estaban construidas o en proceso de
construcción.
Concordante con lo anterior, en el avalúo practicado por la Secretaría
de Hacienda del Municipio de Medellín, cuando se hace una descripción
general del sector donde está el predio de marras, se dice que el
mismo “se encuentra ubicado en la zona de expansión altos de
Calasanz del Corregimiento de San Cristóbal, el cual se caracteriza por
nuevas urbanizaciones, tanto de casas unifamiliares como de
departamentos de vivienda de interés social denominadas
Calasanias”.
Asimismo, la mencionada Resolución 082 invocó el artículo 58 literal
a) de la Ley 388 de 1997, al señalar que en esta disposición “(…)se
establece como motivo de utilidad pública e interés social la
Serravalle: Corresponden a urbanizaciones ya consolidadas, cuentan con la respectiva licencia
urbanística o se encuentran en proceso de la misma”
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adquisición de inmuebles para la ejecución de proyectos de
infraestructura de salud, educación y recreación. De igual forma el
literal C, establece también como motivo de utilidad la generación de
espacios públicos urbanos. (…) Los numerales 3° y 4° del artículo 65
de la precitada Ley, señalan como criterios para la declaratoria de
urgencia, las consecuencias lesivas que tiene la dilación en la
población de minoría de edad y la prioridad otorgada a las actividades
que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y
programas de la respectiva entidad territorial”; lo cual no quiere decir
que la administración haya expropiado para urbanizar, ya que no obra
prueba dentro del expediente en la cual se pueda determinar que
dichos predios fueron destinados para esa actividad. No obstante, si
en gracia de discusión se admitiera que los terrenos expropiados no
fueron utilizados para la adquisición de inmuebles para la ejecución
de proyectos de infraestructura de salud, educación y recreación, sino
para viviendas de interés social, se advierte que el literal b) del artículo
58 de la Ley 388 de 1997, también establece como motivos de utilidad
pública el “Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social”.
Se colige de lo anterior, como bien lo afirmó el a quo en el fallo
recurrido, que la Resolución 082 se encuentra debidamente motivada
en razones de utilidad pública y/o interés social, amén de que no obra
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prueba dentro del expediente que permita establecer, sin lugar a
dudas, que la motivación del acto no corresponde a la realidad.
Ahora, respecto de la modificación del uso del suelo alegada por los
apelantes, la Ley 388 de 199718, en su artículo 27, establece:
“Artículo 27. Para la aprobación de los planes parciales de que trata
la presente ley, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las
autoridades municipales o distritales de planeación, por las
comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los
parámetros que al respecto determine el Plan de Ordenamiento
Territorial”.
Y, el Acuerdo 46 de 200619, respecto de los planes parciales reguló
lo siguiente:
“ARTÍCULO 353°. Confluencia de planes en un sector. Cuando
exista la confluencia de normas de planificación intermedia
debidamente adoptadas por la autoridad competente, (tales
como: plan de equipamiento y espacio público, plan de
patrimonio, planes de ordenamiento de cuencas, planes
ambientales, entre otros); los planes parciales deberán tener
en cuenta su normatividad específica, dando prioridad al
interés dominante que la norma protege de manera que el
plan parcial no altere los aspectos fundamentales del otro.
18
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
19
“Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y se
dictan otras disposiciones”.
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ARTÍCULO 354°. Áreas con planes parciales adoptados.
Aquellas áreas del territorio urbano o de expansión, en las
cuales se haya formulado y adoptado un plan parcial o el
instrumento de planificación que se determine para regularlo,
independientemente del polígono en el cual se ubiquen y el
tratamiento que se les haya asignado, a partir del momento
de adopción de estos planes, todos los predios ubicados en su
interior, sólo podrán desarrollarse por lo allí regulado.
ARTÍCULO 355°. Modificación de los Planes Parciales. Cuando
la nueva propuesta modifique el modelo de ocupación original
(estructura de espacios públicos, vías, movilidad entre otros)
o la estructura del reparto equitativo de cargas y beneficios,
el ajuste del plan debe acogerse a las reglamentaciones
vigentes.
Posteriormente, el Municipio de Medellín al expedir el Decreto núm.
397 de 200720, dispuso:
“ARTÍCULO 12°. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO
DE LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL. Los lineamientos
para el desarrollo de las Áreas de Manejo Especial son
las siguientes:
(…)
LAS AME 3 Y 4: Áreas de Manejo Especial en
Consolidación, Corporación de Vivienda y Desarrollo
Social CORVIDE, Jardines de Calasania, Altos de
Calasania, Condado de Calasanz y Serravalle:
Corresponden a urbanizaciones ya consolidadas,
cuentan con la respectiva licencia urbanística o se
encuentran en proceso de la misma.
(…)
ARTÍCULO 13°. UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN
EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. El área de intervención o por
desarrollar del plan parcial, se compone de siete (7) Unidades
de Actuación Urbanística, las cuales se identifican de forma tal
que permiten repartir equitativamente las cargas y los
beneficios al interior del plan parcial (…)”.
20
“Por el cual se adopta en suelo de expansión urbana el Plan Parcial de Desarrollo Altos de Calasanz”
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(…)
ARTÍCULO 14°. CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE
ACTUACIÓN URBANÍSTICA. La conformación de las Unidades
de Actuación Urbanística con respecto a los lotes que las
integran es la siguiente:
Proyecto de delimitación de la Unidad de Actuación
Urbanística 3. Está conformada por el lote identificado
en el plano de Estructura Predial con la letra “c”, con
matrícula inmobiliaria N° 5084970, localizada al norte del
área de intervención en la cuenca de la quebrada La Iguaná,
se encuentra delimitada por el proyecto de la vía al túnel de
Occidente, el Barrio Olaya, el carreteable actual, y los lotes
“d”, “b” y “f”. El área total que compone la unidad es de
39.146 mt², de los cuales 35.199 mt² son para los desarrollos
privados y 3.947 mt² corresponde a suelo de cesión, Ver
planos “Unidades de Actuación Urbanística y áreas a ceder por
Unidad de Actuación Urbanística”.
Su desarrollo está previsto para usos residenciales y
usos complementarios descritos en este capítulo, para
los cuales se asigna una potencial edificabilidad en
metros cuadrados resultante de aplicar un índice de
construcción de 0.654 sobre área bruta como lo
muestra el capítulo “Aprovechamiento asignado a cada
Unidad de Actuación Urbanística”, proporcionando a
sus propietarios la posibilidad de tramitar su ejecución
como un solo proyecto o identificar en la licencia de
urbanismo diferentes etapas de desarrollo por cada
proyecto.
ARTÍCULO 50º. USOS DEL PLAN PARCIAL. La categoría de uso
del suelo asignada al área de planificación del presente plan
parcial de conformidad con el Acuerdo 062 de 1999, es el
residencial. De manera específica este plan parcial establece
la posibilidad de realizar desarrollos en los usos descritos en
la siguiente tabla, derivados de la Tabla de Usos del Acuerdo
citado, utilizando la edificabilidad asignada para tal efecto en
cada Unidad de Actuación Urbanística:
Usos principales: Vivienda en todas
las tipologías
Usos Complementarios Usos restringidos
Comercio minorista y suntuario Comercio minorista industrial,
comunicaciones, talleres industriales
Comercio minorista productos de Administración pública y seguridad,
primera necesidad asistencia y protección social
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Servicios menores de reparación,
servicios personales y oficinas,
establecimientos de esparcimiento,
alojamiento y servicios financieros
Establecimientos y equipamientos
públicos y privados de salud,
cultura, educación, deportes
asociaciones y organizaciones de la
comunidad. Culto.
Industria menor e industria
artesanal
(Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, conforme a lo anterior, la Sala estima que la Resolución
núm. 082 de 2009, no modificó en ningún momento el uso de suelo,
ya que el Decreto 397 de 2007 en su artículo 14 señaló que respecto
del Proyecto de delimitación de la Unidad de Actuación Urbanística 3,
su desarrollo está previsto para usos residenciales y usos
complementarios.
Así mismo, los usos complementarios se encuentran descritos en el
artículo 50 del mencionado Decreto, el cual señaló “Establecimientos
y equipamientos públicos y privados de salud, cultura, educación,
deportes asociaciones y organizaciones de la comunidad. Culto”.
Por lo tanto, no le asiste razón a los recurrentes al afirmar que la
Resolución mencionada cambió los usos del suelo, ya que, se reitera,
del Decreto 397 de 2007 se desprende que la Unidad de Actuación
Urbanística 3, estaba prevista para usos residenciales y usos
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complementarios entre los cuales están los equipamientos públicos y
privados de educación; sumado a que no le es posible a la Sala hacer
la comparación que alega el recurrente respecto a la “unidad de
Gestión número 8”, ya que, conforme al Decreto mencionado, el plan
parcial se compone únicamente de siete (7) Unidades de Actuación
Urbanística. En consecuencia, el cargo alegado por los recurrentes no
tiene vocación de prosperidad.
Tercer argumento: El valor indemnizatorio en la expropiación
del bien inmueble fue desventajoso para las demandantes y
tercero, pues se hizo con base en precios desactualizados.
Los recurrentes indican que la indemnización de la expropiación del
inmueble les fue desventajosa ya que se realizó con precios
desactualizados; no se hizo un estudio comparativo del mercado que
hace parte del método residual; se debió haber objetado, por error
grave, el dictamen realizado por el perito nombrado por el Tribunal
de instancia; se podía desestimar el avalúo realizado por la entidad
demandada con las demás pruebas obrantes en el proceso; y,
además no cumplió con las ritualidades del Decreto 1420 de 1998 y
de la Resolución 2509 de 2009.
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En primer lugar, frente a lo alegado por los recurrentes acerca de
que el dictamen practicado dentro del proceso debió haber sido
objetado por error grave, se advierte que esta Corporación21 ha
señalado lo siguiente, y ahora lo reitera:
“[…] Por otro lado, en cuanto a la procedencia de la objeción
por error grave del dictamen pericial, esta Sección, en
providencia de 17 de mayo de 201822, indicó:
“Con base en los antecedentes jurisprudenciales
expuestos, la Sala precisa que el error grave procede,
entonces, en aquellos eventos en los cuales el
dictamen incurra en ostensibles yerros entre lo que
era su objeto y lo realmente estudiado, de lo que
se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza
o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo
con la realidad.
Por lo tanto, el error debe presentarse en el
proceso de elaboración de la prueba y no en las
conclusiones de la misma, pues estas últimas son
resultado del proceso de confección de la experticia,
por lo cual es la alteración de la realidad en el mismo
lo que conduce a una equivocación que devenga en
conclusiones equivocadas” (Negrillas de la Sala).
“Con base en los antecedentes jurisprudenciales
expuestos, la Sala precisa que el error grave procede,
entonces, en aquellos eventos en los cuales el
dictamen incurra en ostensibles yerros entre lo que
era su objeto y lo realmente estudiado, de lo que
se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza
o la esencia del objeto de prueba, contraponiéndolo
con la realidad.
21
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta-Consejera ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez- sentencia del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad
núm: 13001-23-31-000-2006-00877-01.
22
C. P. Rocío Araújo Oñate, rad. 15001-23-31-000-2006-01363-01, actor: REINALDO LOZANO GALLOY
OTROS, demandado: MUNICIPIO DE DUITAMA – BOYACÁ.
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Por lo tanto, el error debe presentarse en el
proceso de elaboración de la prueba y no en las
conclusiones de la misma, pues estas últimas son
resultado del proceso de confección de la experticia,
por lo cual es la alteración de la realidad en el mismo
lo que conduce a una equivocación que devenga en
conclusiones equivocadas […]” (Negrillas de la Sala).
Ahora bien, revisado el expediente se encuentra que la prueba del
peritaje fue decretada de oficio por el Tribunal de instancia, sin que
se haya precisado la forma en que el perito debía efectuar el
dictamen.
A su vez, la parte actora objetó el dictamen por error grave para lo
cual sostuvo que:
“[…] Este es un juicio previo que se realiza por parte del
perito, al enmarcar la realización y avalúo del proyecto en el
marco exclusivo de la construcción de vivienda de interés
social, cabe recordar que el lote de terreno expropiado es
susceptible de ser construido a través de vivienda de interés
social, viviendas estrato 3, 4 y hasta 5 como existen otras en
el sector, o es susceptible de desarrollarse combinando estas
opciones; la consideración pericial va en contravía de la
Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi […]”.
Cabe resaltar que el Tribunal de instancia desestimó el dictamen
pericial, ya que consideró que presentaba inconsistencias por no
haberse realizado para el momento en que se expropió el bien.
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Con relación a la procedencia de la objeción por error en cuestión, se
tiene que depende de la existencia de ostensibles yerros respecto del
objeto de la peritación y no de las conclusiones de la misma.
Así las cosas, los reparos que fundamentan la solicitud de los
apelantes se encaminan a cuestionar la interpretación efectuada por
el perito, en cuanto a lo que debió o no tener en cuenta al momento
de elaborar su informe, lo cual no conduce a que se declare la
prosperidad de la objeción por error grave del dictamen, ni tampoco
a que se hubiera decretado otro peritaje por dichas razones por lo
que, en consecuencia, se deberá apreciar dicha prueba conforme a
lo dispuesto en el artículo 241 del CPC23.
Precisado lo anterior, es del caso señalar la normatividad que regula
lo concerniente a la expropiación y la etapa de la negociación, que
debe agotarse dentro del procedimiento de la expropiación por vía
administrativa. Al respecto, la Ley 388 de 1997, que regula
expresamente el mismo, establece en lo pertinente, lo siguiente:
“LEY 388 DE 1997
23 Aplicable por remisión del artículo 267 del CCA. Art. 241 C.P.C “se tendrá en cuenta la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos
probatorios que obren en el proceso”
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(Julio 18)
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de
1991 y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
[…]
“Artículo 61.- MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE
ENAJENACION VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según
lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en
el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el
gobierno. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta
la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a
adquirir, y en particular con su destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero
o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y
desarrollo, derechos de participación en el proyecto a
desarrollar o permuta.
Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley se
acepte la concurrencia de terceros en la ejecución de
proyectos, los recursos para el pago del precio podrán provenir
de su participación.
La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta
de compra se hará con sujeción a las reglas del Código
Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vía
gubernativa.
Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si
transcurridos treinta (30) días hábiles después de la
comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un
acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en
un contrato de promesa de compraventa.
No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiación y
siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será
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posible que el propietario y la administración lleguen a un
acuerdo para la enajenación voluntaria, caso en el cual se
pondrá fin al proceso.
Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados
directamente por la entidad adquirente o por un tercero,
siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o
convenio respectivo que garantice la utilización de los
inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.
[...]
Parágrafo 2º.- Para todos los efectos de que trata la presente
Ley el Gobierno Nacional expedirá un reglamento donde se
precisarán los parámetros y criterios que deberán observarse
para la determinación de los valores comerciales basándose en
factores tales como la destinación económica de los inmuebles
en la zona geoeconómica homogénea, localización,
características y usos del inmueble, factibilidad de prestación
de servicios públicos, vialidad y transporte.” (Las negrillas y
subrayas fuera de texto).
[...]
“Artículo 66º.- Determinación del carácter
administrativo. La determinación que la expropiación se hará
por la vía administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación
del procedimiento que legalmente deba observarse por la
autoridad competente para adelantarlo, mediante acto
administrativo formal que para el efecto deberá producirse, el
cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el
inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la
entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de compra
tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.”
“Artículo 67º.- Indemnización y forma de pago. En el
mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente Ley.
Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio
indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de
contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por
ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria
y el valor restante en cinco (5) contados anuales sucesivos o
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iguales, con un interés anual igual al interés bancario vigente
en el momento de la adquisición voluntaria.
Parágrafo 1º.- El pago del precio indemnizatorio se podrá
realizar en dinero efectivo o títulos valores, derechos de
construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o
permuta. En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad
de contado cuando el valor de la indemnización sea inferior a
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales al
momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
Parágrafo 2º.- El ingreso obtenido por la enajenación de
inmuebles a los cuales se refiere el presente Capítulo no
constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia
ocasional, siempre y cuando la negociación se realice por la vía
de la enajenación voluntaria. “
“Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando
habiéndose determinado que el procedimiento tiene el
carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de
la ejecutoria del acto administrativo de que trata el
artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado a
un acuerdo formal para la enajenación voluntaria
contenido en un contrato de promesa de compraventa, la
autoridad competente dispondrá mediante acto
motivado la expropiación administrativa del bien
inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de
expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de
acuerdo con los motivos de utilidad pública o de interés social
que se hayan invocado y las condiciones de urgencia que se
hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez
ejecutoriado en la correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad
que haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio
u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación
de los recursos que legalmente procedan en vía gubernativa […]
(Las subrayas y negrillas fuera de texto)”.
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A su vez, la Ley 388 de 1997 fue reglamentada por el Gobierno
Nacional a través del Decreto 1420 de 1998, cuyas disposiciones
regulan los procedimientos, parámetros y criterios para la
elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial, así:
“DECRETO 1420 DE 1998
(julio 24)
Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley
9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los
artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley
388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que
hacen referencia al tema de avalúos.
Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente
Decreto tienen por objeto señalar las normas, procedimientos,
parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los
cuales se determinará el valor comercial de los bienes
inmuebles, para la ejecución de los siguientes eventos, entre
otros:
(…)
Adquisición de inmuebles a través del proceso de
expropiación por vía administrativa (…)”.
Artículo 2º.- Se entiende por valor comercial de un inmueble el
precio más favorable por el cual éste se transaría en un mercado
donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el
conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el
bien.
Artículo 3º.- La determinación del valor comercial de los
inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces
o las personas naturales o jurídicas de carácter privado
registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz
del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la
valoración”.
(…)
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Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones y las personas naturales o
jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes
de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor
comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones
que llevaron a tal estimación.
Artículo 21º.- Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta
en la determinación del valor comercial:
1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al
momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble
objeto del mismo.
1. La destinación económica del inmueble.
1. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas,
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes
de copropiedad. (…) (subrayas del Despacho)”
Artículo 22º.- Para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las
siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano
y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de
servicios públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial
y servicio de transporte
6. En zonas rurales, además de las anteriores características
deberá tenerse en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica del inmueble (…)”.
Artículo 25º.- Para la elaboración de los avalúos que se
requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de
1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos
observando los parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método
de comparación o de mercado, el de renta o capitalización
por ingresos, el de costo de reposición o el residual. La
determinación de las normas metodológicas para la utilización
de ellos, será materia de la resolución de que trata el artículo 23
del presente Decreto.
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Para aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso
anterior, se requiere que previamente se someta a estudio y
análisis tanto en los aspectos conceptuales como en las
aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y
análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por resolución
de carácter general”. (subrayas fuera de texto)
Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 24 de la Ley 388 de
1997, el precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por lo que
es el avalúo comercial del predio y no el avalúo catastral del mismo,
el determinante para la fijación del precio indemnizatorio o de
adquisición del inmueble.
Sumado a lo anterior, se tiene que el artículo 67 de la norma en cita
establece que el valor indemnizatorio será igual al previsto en el
artículo 61 de la misma ley25, el cual es del siguiente tenor:
24
Ley 388 de 1997 Artículo 61. El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus
funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes,
según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno.
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital
vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con
su destinación económica.
25
Artículo 67º.- Indemnización y forma de pago. En el mismo acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el
artículo 61 de la presente Ley. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio
indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y
un sesenta por ciento (60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en
cinco (5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario vigente
en el momento de la adquisición voluntaria.
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“Artículo 61º.- Modificaciones al procedimiento de
enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
regulado por la Ley 9 de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados
inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes,
según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos
en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos
expida el gobierno. El valor comercial se determinará
teniendo en cuenta la reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento de la oferta
de compra en relación con el inmueble a adquirir, y
en particular con su destinación económica”.
Frente a los métodos que deben aplicarse para la elaboración de los
avalúos que se requieran cuando se trate de los procesos
expropiatorios previstos en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, el
artículo 25 del Decreto 1420 de 1998, prevé lo siguiente:
“Artículo 25º.- Para la elaboración de los avalúos que
se requieran con fundamento en las leyes 9 de 1989 y
388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes
métodos observando los parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el
método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o
el residual. La determinación de las normas
metodológicas para la utilización de ellos, será materia
de la resolución de que trata el artículo 23 del presente
Decreto.
“Para aplicar un método diferente a los enumerados en el
inciso anterior, se requiere que previamente se someta a
estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales como en
las aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio
y análisis serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín
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Codazzi y, si éste lo encontrara válido lo adoptará por
resolución de carácter general.” (se resalta).
A su vez, el artículo 26 ibidem señala que cuando las condiciones del
inmueble objeto de avalúo permitan la aplicación de uno o más de
los métodos enunciados en el artículo 25 antes transcrito el
avaluador deberá realizar las estimaciones correspondientes y
sustentar el valor determinado en el respectivo estudio.
De las normas referidas se colige que el avalúo para efectos de la
aplicación de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 puede hacerse
siguiendo cualquiera de los siguientes métodos: i) de comparación o
de mercado; ii) de capitalización o rentas de ingreso; iii) de costo
de reposición; y iv) Residual.
Las normas metodológicas para la utilización de los mecanismos por
los cuales deben efectuarse los avalúos ordenados por la Ley 388 de
1997 fueron objeto de reglamentación a través de la Resolución núm.
762 de 23 de octubre de 1998 que, a su vez, fue derogada por la
Resolución núm. 620 de 23 septiembre de 2008 expedida por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual en el artículo 6º
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establece las etapas para la elaboración de avalúos, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 6º. ETAPAS PARA ELABORACIÓN DE LOS
AVALÚOS. Para la elaboración de los avalúos utilizando
cualquiera de los métodos enunciados anteriormente deben
realizarse las siguientes etapas:
1. Revisión de la documentación suministrada por la entidad
peticionaria, y si hace falta algo de lo previsto en el artículo
13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a solicitarlo por
escrito.
2. Definir y obtener la información que adicionalmente se
requiere para la correcta identificación del bien. Se
recomienda especialmente cartografía de la zona o fotografía
aérea, para la mejor localización del bien.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto
1420 de 1998, verificar la reglamentación urbanística vigente
en el municipio o distrito donde se encuentre localizado el
inmueble. En el evento de contar con un concepto de uso del
predio emitido por la entidad territorial correspondiente, el
avaluador deberá verificar la concordancia de este con la
reglamentación urbanística vigente.
4. Reconocimiento en terreno del bien objeto de avalúo. En
todos los casos dicho reconocimiento deberá ser adelantado
por una persona con las mismas características técnicas y
profesionales de la persona que ha de liquidar y firmar el
avalúo.
5. Siempre que sea necesario se verificarán las mediciones y
el inventario de los bienes objeto de la valoración. En caso de
edificaciones deberán constatarse en los planos las medidas y
escalas en que se presente la información. Y cuando se
observen grandes inconsistencias con las medidas, se
informará al contratante sobre las mismas.
6. En la visita de reconocimiento deberán tomarse fotografías
que permitan identificar las características más importantes
del bien, las cuales posteriormente permitirán sustentar el
avalúo.
7. Cuando se realicen las encuestas, deberán presentarse las
fotografías de los inmuebles, a los encuestados para una
mayor claridad del bien que se investiga.
8. Aun cuando el estudio de los títulos es responsabilidad de
la entidad interesada, una correcta identificación requiere que
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el perito realice una revisión del folio de matrícula inmobiliaria
para constatar la existencia de afectaciones, servidumbres y
otras limitaciones que puedan existir sobre el bien, excepto
para la determinación de los avalúos en la participación de
plusvalías.”
Asimismo, los artículos 7º y 8º de dicha Resolución fijan las
condiciones de identificación física y legal del predio objeto de avalúo
con la precisa y concreta exigencia que debe realizarse, entre otras
especificaciones, una correcta identificación física, el uso y la revisión
de las afectaciones de uso que pesen sobre el mismo.
De igual manera, se requiere que los avalúos contengan, entre otros
aspectos, la revisión de los documentos suministrados por las partes,
la información adicional para la identificación del bien, el
reconocimiento del terreno, y las fotografías que permitan identificar
las características más importantes del bien inmueble objeto de
análisis y, en todo caso, contener la fuente de las conclusiones.
Los anteriores requisitos ponen de presente que en la elaboración de
los avalúos ordenados en la Ley 388 de 1997 se deben seguir y
aplicar ciertos y específicos parámetros y condiciones que
demuestren la veracidad, legalidad y exigibilidad de la información
en ellos consignada, pues, habiendo sido cumplidos tales requisitos
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será claro que el avalúo fue elaborado de acuerdo con las normas
que regulan la materia.
Sobre el particular, obra en el expediente, lo siguiente:
• Dictamen pericial realizado por el auxiliar de la justicia Diego
Alberto Aguirre Sánchez, en el que determinó mediante la
metodología residual, lo siguiente (folios 895-908 C2):
“[…] Esta estructura de simulación fue realizada en el año
2006, para identificar el comportamiento de los costos y de
viabilidad del proyecto del plan parcial de Altos de Calasanz.
Hacer un nuevo análisis a diciembre de 2011 requiere un
estudio de mercado del comportamiento de los precios de los
proyectos inmobiliarios que se han ejecutado en el sector (o
en áreas comparables de la ciudad de Medellín) a partir de la
actualización de los valores que se capturen en la zona de
estudio.
(…)
Según la metodología de valor residual del lote expresada en
la Resolución 620 de 2008, se considera que el valor del lote
“c” del plan parcial Altos de Calasanz con un área de 39.114
metros cuadrados en 2.074.179.278 (….) teniendo en cuenta
los diferentes tipos y participación en porcentaje de suelo
identificados en el lote motivo del avalúo […]”
En el anterior avalúo el perito se basó para realizar el dictamen en
información y valores del año 2006 y proyectado al año 2011.
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Respecto de la sujeción de los dictámenes periciales rendidos al interior
de procesos judiciales, que versen sobre expropiación administrativa,
la Sección Primera del Consejo de Estado26 ha señalado:
“[…] 6.2.2. Reglas del avalúo comercial de los inmuebles
objeto de expropiación administrativa. Requisitos del dictamen
pericial contentivo de un avalúo comercial
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1420 de
1998 se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el
comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento
de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien. La
determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través
de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado
registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración (art. 3º ibídem).
En los artículos 12 a 19 del Decreto 1420 de 1998 se regula el
procedimiento para la elaboración y controversia de los avalúos,
señalándose las entidades ante quienes puede solicitarse la realización
del avalúo, los requisitos de la solicitud respectiva, la responsabilidad
de los avaluadores respecto de la veracidad de la información
urbanística que afecte o haya afectado el inmueble objeto del predio
en el momento de la realización del avalúo, y la oportunidad, forma y
procedimiento de revisión del avalúo.
Por otro lado, en los artículos 20 a 26 de esta norma reglamentaria se
definen los parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos,
entre los que se destacan los siguientes:
(i) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas
registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de
avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial
definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones
26
Sentencia del 16 de julio de 2015. M.P.: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 2004 01027 01. Actor: César
Guillermo Abadía Acosta y otros.
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y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron
a tal estimación. (art. 20)
(ii) Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la
determinación del valor comercial: a) La reglamentación
urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del
mismo; b) La destinación económica del inmueble; c) Para los
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el
avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta
los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad;
d) Para los inmuebles que presenten diferentes características
de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se
deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos;
e) Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que
afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que
requieran de la ejecución de obras de adecuación para la
utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de
dichas obras se determinarán en forma independiente y se
adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble
para establecer su valor comercial; f) Para los efectos del avalúo
de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, los inmuebles
que se encuentren destinados a actividades productivas y se
presente una afectación que ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo
de las mismas, deberá considerarse independientemente del
avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6)
meses; g) Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble
declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental,
por no existir bienes comprables en términos de mercado, el
método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se
descontará la depreciación acumulada, también deberá
afectarse el valor por el estado de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble
el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el
mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales
se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que
se le han introducido; y h) La estratificación socioeconómica del
bien. (art. 21)
(iii) Así mismo, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las
siguientes características: a) Para el terreno: aspectos físicos
tales como área, ubicación, topografía y forma; clases de suelo:
urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección;
las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio; tipo
de construcciones en la zona; la dotación de redes primarias,
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secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así,
como la infraestructura vial y servicio de transporte; en zonas
rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas; y la
estratificación socioeconómica del inmueble; b) Para las
construcciones: el área de construcciones existentes autorizadas
legalmente; los elementos constructivos empleados en su
estructura y acabados; las obras adicionales o complementarias
existentes; la edad de los materiales; el estado de conservación
física; la vida útil económica y técnica remanente; y la
funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido; c) Para
bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las
áreas comunes; d) Para los cultivos: la variedad; la densidad del
cultivo; la vida remanente en concordancia con el ciclo
vegetativo del mismo; el estado fitosanitario; y la productividad
del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se
encuentre localizado. (art. 22)
(iv) El Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene como función
diseñar las normas metodológicas para la realización y
presentación de los avalúos de que trata el Decreto 1420 de
1998. (art. 23)
(v) Para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997,
se deberá aplicar uno de los siguientes métodos
observando los parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el
método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el
residual. (art. 25)
(vi) Cuando las condiciones del inmueble objeto del
análisis permitan la aplicación de uno o más de los
métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador
debe realizar las estimaciones correspondientes y
sustentar el valor que se determine. (art. 26)
6.2.2.1.- En el artículo 1º de la Resolución 762 de 199827 del
Instituto geográfico Agustín Codazzi “Por la cual se establece la
metodología para la realización de los avalúos ordenados por la
Ley 388 de 1997”,28 se definen los métodos de valuación:
27
Derogada por la Resolución 620 de 23 de septiembre de 2008.
28
Vigente para el momento de los hechos, ya que posteriormente fue modificada por la Resolución No.
149 del 5 de abril de 2002 y luego por la Resolución No. 620 de 2008, todas proferidas por el IGAC.
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(…)
6.2.2.2.- Ahora bien, como antes se expresó, en los
dictámenes periciales que se rindan en un proceso
especial de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble
expropiado por vía administrativa, en particular en lo
relativo a su avalúo comercial, los peritos designados
están sujetos a las reglas para la elaboración de dichos
avalúos antes referidas contenidas en el Decreto 1420 de
1998 y en la Resolución 762 de 1998 e igualmente, por
tratarse de una prueba en una actuación judicial, deben
seguir las reglas que el estatuto de procedimiento civil
establece para la elaboración y rendición de los informes
técnicos que se les solicite (artículos 233 y s.s.),
expresando no solo las conclusiones de sus trabajos sino
explicando las razones técnicas y científicas en que se las
mismas se fundamentan. Precisamente, sobre este
particular en la Sentencia del 14 de mayo de 2009 esta
Sección precisó lo siguiente:
“Según el criterio expresado por esta Corporación, en
estos casos resulta insuficiente la mera exposición de los
resultados de las operaciones periciales practicadas y de
las deducciones extraídas por el perito, huérfanas de las
explicaciones relativas a su origen y al proceso lógico e
intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo la
exposición y explicación de las razones por las cuales no
es dable mantener otro criterio diferente.
Precisamente por el hecho de que tanto las partes
como la autoridad judicial no cuenten con los
conocimientos especializados del perito, es de
esperar que éste revele los datos y los hitos de su
discernimiento, que si bien un entendido en la
materia puede reputar elementales, un profano
puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el
cometido principal de cualquier experticia no es otro que
la persuasión, y esta difícilmente se logra cuando
solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de
manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la
posibilidad de conocer los rudimentos básicos del análisis
efectuado. La labor del perito consiste precisamente en
proporcionar, junto con el fruto de su propia
interpretación, los fundamentos que lo soportan, para
situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar
la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la
sensatez de las conclusiones presentadas.
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(…)
Todo lo anterior tiene su fundamento legal en el
numeral 6° del artículo 237 del C. de P. C., en donde
se dispone que "El dictamen debe ser claro, preciso y
detallado; en él se explicarán los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo
que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos
de las conclusiones". Esta disposición consagra la
necesidad de explicar por qué se rinde el dictamen en
determinado sentido, indicando las razones de orden
técnico, científico o artístico que se tuvieron en cuenta para
conceptuar, a fin de que, como ya se dijo, las partes puedan
ejercer el derecho de contradicción de la prueba y el juez,
por su parte, pueda valorar la racionalidad y objetividad de
las conclusiones emitidas […]” (Negrillas y subrayado de la
Sala)”.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que: i) de conformidad
con el artículo 237 del CPC el dictamen debe ser claro, preciso y
detallado para poder explicar los fundamentos técnicos, científicos o
artísticos de las conclusiones; ii) los dictámenes periciales que se
rindan en un proceso especial de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se discuta el precio indemnizatorio de un inmueble
expropiado por vía administrativa, en particular en lo relativo a su
avalúo comercial, los peritos designados están sujetos a las reglas
para la elaboración de dichos avalúos antes referidas contenidas en
el Decreto 1420 de 1998; iii) Para la elaboración de éstos avalúos se
deberá aplicar uno de los siguientes métodos observando los
parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo
amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el
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de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el
residual, tal como dispone la Resolución 762 de 1998; y iv) Cuando
las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación
de uno o más de los métodos enunciados en el artículo anterior, el
avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y
sustentar el valor que se determine […]”.
Por lo precedentemente expuesto, la Sala considera que, tal como
lo precisó el a quo, el avalúo rendido por el perito presenta
inconsistencias, ya que fue elaborado con base en información y
datos correspondientes al año 2006 y proyectados al año 2011, en
tanto que la actuación expropiatoria se adelantó para el año 2009.
En consecuencia, hizo bien el Tribunal en desestimar el avalúo
comercial fijado en el dictamen pericial 29, ya que no se hizo en la
fecha vigente al momento de la oferta de compra.
Asimismo, si bien los demandantes allegaron un concepto técnico
de evaluación realizado por la economista Nidia E. Acero, el mismo
no fue aportado como dictamen pericial ni se sometió a
contradicción conforme lo dispone el artículo 238 del CPC, por lo
que es una prueba documental que por sí sola no puede entrar a
29
Sentencia del 4 de julio de 2015. M.P. María Elizabeth García González. Rad.: 2008 00031 01.
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desvirtuar el avalúo realizado por la administración en los actos
acusados.
En este punto, es del caso reiterar que la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y
de certeza de las decisiones de la administración; y que la misma
debe ser desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico 30.
Además, en sentencia de 14 de mayo de 2009, al analizar las
objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento para la
determinación del monto de una indemnización expropiatoria, esta
Sección sostuvo que “[…] al haberse incorporado dicho valor
en el texto de los actos administrativos demandados, debe
entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
presunción de legalidad y de certeza que se predica de las
decisiones de la administración, lo cual admite desde luego
prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la
30
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-consejero ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés- sentencia del quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019),
radicación número: 25000-23-24-000-2011-00196-01.
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carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es
equivocado, demostrando precisamente su
incorrección[…]”31 (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, tal y como lo concluyó el Tribunal de instancia, la
parte actora no logró demostrar la incorrección del avalúo en virtud
del cual la entidad demandada determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que lo
incorporó.
Cuarto argumento relacionado con la indemnización por
perjuicios por el menor valor recibido por el inmueble y el no
pago oportuno:
A juicio de los recurrentes la administración reconoció un menor
valor respecto del lote expropiado, conforme a las pruebas allegadas
al proceso y, además, el Municipio de Medellín no pagó dentro de los
términos de Ley a la cuenta bancaria del tercero, lo cual le ocasionó
un perjuicio económico.
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2009. Radicado: 2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Sobre el particular, cabe advertir que los mismos argumentos por los
cuales se desestimó la censura anterior, son válidos para desechar la
inconformidad que se plantea en relación con el valor del inmueble,
pues, como quedó dicho, el avalúo se ajustó a los preceptos legales.
Además, esta Corporación32 ha considerado que el titular del derecho
de propiedad del bien expropiado tiene derecho a recibir una
indemnización plena, de carácter reparatorio, que comprenda tanto
el valor del bien expropiado como los demás perjuicios que se le
hubieren causado; también ha destacado que el valor de la
indemnización no puede ser superior a los perjuicios realmente
causados, de manera que es una obligación del titular del derecho
probar el carácter cierto del daño. Al respecto sostuvo:
“[…] El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia,
garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su
inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo Nº 1 de julio 30
de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador,
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses
de la comunidad y del afectado. En los casos que determine
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-
administrativa, incluso respecto del precio”.
En ese orden de ideas, cuando un particular se ve
constreñido por el Estado a transferirle una porción de
su patrimonio por motivos de utilidad pública o de
32
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, CP Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta, sentencia de 14 de mayo 2009, radicación no. 05001-23-31-000-2005-03509-01.
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interés social debidamente determinados por el
legislador, tiene derecho al pago de una indemnización
de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto
el valor del bien expropiado, como el que corresponda
a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal
como lo han precisado en forma reiterada la H. Corte
Constitucional y el H. Consejo de Estado. (…)
El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos
económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el
artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte
del llamado «bloque de constitucionalidad», prevé
igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización
previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se
deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio
privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el
valor que se determine con esa finalidad, debe ser
comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales
causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de
una reparación integral. Por lo mismo, en la
determinación del quantum indemnizatorio debe
tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro
sentido, la línea divisoria que marca las fronteras
entre el enriquecimiento y el menoscabo. (…)
Partiendo de las anteriores consideraciones, La H. Corte
Constitucional, mediante sentencia C-153 de 1994 señaló
que el quantum de la expropiación debe abarcar, además del
valor del bien expropiado, el de “…los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Y
agrega: “Por todo lo anterior, es evidente que la
indemnización prevista en el artículo 58 de la
Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que
ella debe comprender el daño emergente y el lucro
cesante que hayan sido causados al propietario cuyo
bien ha sido expropiado.”
En esa misma línea de pensamiento, el destacado
administrativista argentino MANUEL MARÍA DÍEZ, señala que
“[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que
se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni
enriquezca, en la medida que tal resultado pueda
razonablemente alcanzarse.”
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor RAFAEL
BIELSA comenta que “La reparación integral debe ser justa
y razonable” y continúa diciendo, “…«el justiprecio» es el que
representa y restablece el equilibrio, no, desde luego,
nominalmente, sino realmente, efectivamente.”
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Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que
la decisión de expropiar un bien del dominio privado,
comporta necesariamente la obligación de indemnizar
el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es,
sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que
una indemnización que exceda los límites de lo justo,
o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del
postulado de justicia consagrado por el constituyente.
Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o
injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico
al patrimonio de la persona afectada con la
expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de
ser indemnizada conforme a la garantía constitucional
ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser
objeto de acción contencioso-administrativa, puesto
que ésta es procedente respecto del precio, cuando el
expropiado considere incumplido el mandato de que la
indemnización sea justa y plena. (…)
Por otra parte, no sobra precisar que para poder
obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es
indispensable que los mismos sean ciertos y que exista
necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la
expropiación.
El carácter resarcible del daño depende
fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia,
pues es claro que las lesiones de carácter hipotético,
estocástico o contingente no pueden ser objeto de
reparación o compensación. El agravio debe estar
revestido entonces de certeza para que produzca efectos
jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que
constituya una simple conjetura o una suposición no puede
dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que
se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar
de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda
acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista,
resulta completamente indiferente que aquél ya se haya
presentado como un hecho existente en plano ontológico o
que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo el daño futuro no es
sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido
en reiteradas oportunidades la Sección Tercera de esta
Corporación.
Los anteriores comentarios llevan a señalar que los
daños anejos a la pérdida del derecho de dominio,
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deben ser acreditados en el proceso por quien reclama
su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya
causadas o de daños que si bien no se han producido
todavía, existe un alta probabilidad en torno a su
ocurrencia […]”. (negrilla fuera del texto original).
Siguiendo las precisiones anteriores, la Sala evidencia que la parte
demandante no allegó elementos de juicio que permitan establecer
que el valor indemnizatorio reconocido mediante los actos acusados
por la expropiación del bien, le ocasionó un perjuicio, ya que, como
bien lo consideró el Tribunal de instancia, si bien se allegaron
constancias en las que se certifica el interés comercial sobre el predio
de algunos particulares por adquirir el bien, de ellos no se desprende
un valor en específico que se haya ofertado a los demandantes, para
poder establecer un posible daño.
Ahora, en lo tocante al hecho de no haber hecho el pago en forma
oportuna al tercero, es del caso resaltar que, como ya se dijo, este
debió demandar sus pretensiones en calidad de parte para lo cual
estaba sujeto al agotamiento de la vía gubernativa, la conciliación
prejudicial y la caducidad, presupuestos estos que no cumplió, de ahí
que la Sala deba abstenerse de referirse a su inconformidad.
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Por lo demás, el hecho de no habérsele consignado el dinero
directamente a él sino a órdenes de un Despacho judicial, obedeció
a que en el Juzgado Octavo Civil Municipal se estaba adelantando un
proceso por simulación de contrato de compraventa respecto del lote
objeto de expropiación y en el cual se discutía la titularidad del
dominio del predio.
En consecuencia, el Municipio no vulneró lo establecido en el artículo
7033 de la Ley 388 de 1997, ya que cumplió con la carga que le
impone la Ley de hacer el pago de la indemnización, que en el caso
en particular no podía ser otro que depositar el valor de la
indemnización en el mencionado Juzgado ya que dentro del proceso
que se adelantaba se estaba definiendo la titularidad del bien, amén
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ARTICULO 70. EFECTOS DE LA DECISION DE EXPROPIACION POR VIA
ADMINISTRATIVA. Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse formulado
el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a
la entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad acredite que el
propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la
indemnización y los documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este artículo.
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga
de contado y los documentos de deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del
saldo. Si el particular no retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez días
siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregar copia de la consignación al Tribunal Administrativo en
cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes,
considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago.
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de que no se demostró que la administración le hubiera ocasionado
un perjuicio, pues tampoco aportó pruebas que apoyen su dicho.
Así las cosas, deberá confirmarse la sentencia recurrida, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 21 de julio de 2014,
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Antioquia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de julio de 2023.
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OSWALDO GIRLADO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
(Ausente con excusa)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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