Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-02114-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2010-02114-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2010-02114-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2010-02114-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 05001-23-31-000-2010-02114-01 (56495)
Demandante: ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS -A.I.A. S.A.-
Demandado: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Elementos – Ecuación contractual
– No cualquier sobrecosto da lugar a su rompimiento – La sola ocurrencia del hecho
imprevisto no genera desequilibrio contractual / SALVEDADES EN ADICIONES,
MODIFICACIONES Y OTROSÍES– Criterio de unificación – Su omisión no es óbice para
examinar en sede de juicio la ocurrencia de desequilibrio contractual / PRUEBA DE LA
RUPTURA DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL – No basta con demostrar el evento
imprevisto (mayor permanencia, cobro de tributos) / CONTRIBUCIÓN DE GUERRA –
Como todo gravamen sobreviniente al contrato pero aplicable al mismo o a sus adiciones,
no entraña por sí mismo, ni a priori, desequilibrio contractual.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación que, de manera separada,
interpusieron ambas partes contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2015 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en la cual se dispuso lo siguiente:
PRIMERO. SE DECLARAN IMPRÓSPERAS las excepciones de inexistencia
de responsabilidad, detrimento del patrimonio público, enriquecimiento sin
causa y compensación, propuestas por la Empresa de Desarrollo Urbano, así
como las excepciones de falta de causa para pedir, falta de legitimación por
activa y ausencia de fundamento jurídico esgrimidas por el INDER e
igualmente las excepciones de inexistencia de obligaciones, ineptitud del
llamamiento en garantía e ineptitud para vincular al proceso a quien no tiene
capacidad procesal, conforme a lo expuesto en las consideraciones
precedentes.
SEGUNDO. SE DECLARA de oficio la excepción de ineptitud sustancial de la
demanda, con relación a la Resolución N° 65 del 26 de agosto de 2008 (...), a
través de la cual se resuelve una solicitud de reconocimiento de sobrecostos,
así como de la Resolución N° 24 del 05 de febrero de 2009, “Por medio de la
cual se resuelve el recurso de reposición (...)”, de acuerdo con lo señalado en
la parte motiva de esta sentencia.
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
TERCERO. SE DECLARA la nulidad parcial de la Resolución N° 626 del 28
de julio de 2010 (...), expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-,
en todo lo concerniente al no reconocimiento (...) de la contribución especial
del 5% a los contratos adicionales, de acuerdo con las consideraciones
precedentes.
CUARTO. SE DECLARA el incumplimiento contractual por parte de la
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- por la no cancelación a la contratista
AIA S.A. de las sumas correspondientes a las deducciones efectuadas por
contribución especial del 5% en los contratos adicionales (...).
QUINTO. Se ORDENA a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- incluir en la
liquidación del contrato N° 018 de 2007 los valores no reconocidos
inicialmente a la sociedad AIA S.A. por concepto de contribución especial del
5% sobre el valor de los contratos adicionales, y en consecuencia, se
CONDENA a pagar las sumas que hayan sido deducidas por tal rubro,
debidamente actualizadas (...).
SEXTO. SE DENIEGAN las demás pretensiones de la demanda (...).
SÉPTIMO. SE ABSUELVE de responsabilidad a las llamadas en garantía
INDER y al Consorcio G y T, en armonía con lo señalado en la motivación de
la providencia.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Entre la EDU y la sociedad A.I.A. S.A. se celebró el contrato de obra N° 18 del 1
de febrero de 2007, para la construcción del Complejo Recreativo y Deportivo
Vaso de Leche (o María Luisa Calle), de Medellín. Sobre el mismo se suscribieron
varias adiciones, tanto en tiempo como en valor.
La sociedad contratista solicitó por vía judicial que la EDU fuera condenada a
restablecer el equilibrio económico del contrato, aduciendo que resultó alterado
por la mayor permanencia en la obra y por haber operado en las adiciones del
contrato, la contribución prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
La parte actora apeló la sentencia referida por no haber reconocido los
sobrecostos por mayor permanencia en obra, mientras que el ente demandado
interpuso apelación por considerar que no había lugar a reconocerle a la actora
ninguna suma por concepto del tributo antes mencionado.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 12 de octubre de 2010, la sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A.
S.A.-, por conducto de apoderado, instauró demanda en ejercicio de la acción de
2
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
controversias contractuales contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, a
efectos de que se hicieran varias declaraciones y condenas derivadas del contrato
de obra N° 18 del 1 de febrero de 2007.
En efecto, las pretensiones formuladas se encaminaron, esencialmente, a que se
declarara:
• El rompimiento del equilibrio económico del contrato, por la expedición de la
Ley 1106 de 2006 -particularmente, lo dispuesto en el artículo 6- y por otras
causas.
• La responsabilidad de la EDU “por los perjuicios sufridos por ARQUITECTOS
E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (…) en desarrollo del contrato”,
especialmente la responsabilidad “prevista en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993,
surgiendo la obligación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- de
indemnizar a AIA S.A. la disminución patrimonial que se ocasione, la
prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir
por el contratista, en los términos del citado artículo 50 (…)”. Y en subsidio de
esto último, la obligación en cabeza de la EDU de restablecer el equilibrio
económico contractual.
• La nulidad “de las resoluciones 65 del 26 de agosto de 2008, por medio de la
cual se resuelve la solicitud de reconocimiento de sobrecostos en el contrato N°
18 de 2007 y la resolución 24 del 5 de febrero de 2009”, confirmatoria de la
anterior.
• La nulidad de “la resolución N° 626 expedida el 28 de julio [de 2010] (…),
mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de obra N° 18 de 2007
(…)”.
Asimismo, se solicitó la liquidación judicial del contrato N° 18 de 2007 y se
formularon, como pretensiones económicas derivadas de todo lo anterior, las
siguientes:
5.- [S]e condene a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- a indemnizar a
Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. [por] la totalidad de los perjuicios
sufridos por el contratista a título de daño emergente y lucro cesante, en la
suma que resulte probada en el proceso, así sea mayor que las sumas
estimadas en esta demanda, los cuales se derivaron de la ejecución del
contrato de obra (…), perjuicios que se concretan en los sobrecostos
3
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
ocasionados por la mayor permanencia en obra por causas no imputables al
contratista y los cuales se estiman en la suma de $572’868.653 (estimado a
los valores del mes de enero del año 2008) (…).
7.- Que como consecuencia [del desequilibrio surgido por la expedición de la
Ley 1106 de 2006], se condene a la Empresa de Desarrollo Urbano a pagar
(…) la suma de $140’704.027.
8.- Que se condene a la Empresa de Desarrollo Urbano a pagar el lucro
cesante generado entre el mes de enero de 2008 (fecha de terminación del
contrato) y el momento de la expedición de la sentencia, lucro cesante que
tendrá como base las sumas de dinero que se reconozcan a favor del
contratista y que se calculará a la tasa del interés bancario corriente o en
subsidio a la tasa que determine la justicia contencioso administrativa.
En sustento de dichas pretensiones la demandante refirió, en primer término, la
existencia del convenio interadministrativo N° 932 de 2006, celebrado entre la EDU
y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER-, que en tal acuerdo
delegó la “administración (…) para la gerencia y coordinación de los diseños
arquitectónicos, estudios técnicos y ejecución de obras de la primera fase del
Complejo Deportivo y Recreativo Vaso de Leche”, en Medellín.
Señaló que, en cumplimiento de ese convenio, la EDU celebró con la firma A.I.A.
S.A., previa licitación pública, el contrato N° 18 del 1 de febrero de 2007, con el
objeto de adelantar “la construcción del complejo deportivo y recreativo VASO DE
LECHE y sus obras complementarias”, por el sistema de precios unitarios con
reajuste y por un plazo de 180 días calendario. Subrayó las actividades que en
ese marco obligacional debía ejecutar la contratista, recalcando que ninguna de
ellas tenía que ver con diseños de la obra, dado que estos eran responsabilidad
de la EDU.
Adujo que si bien el pliego de condiciones y su anexo 5 establecieron que las
cantidades de obra para ejecutar eran aproximadas, en la realidad sobrepasaron
ampliamente las estimaciones iniciales, lo que derivó en sucesivas ampliaciones
del plazo e incrementos de la cuantía del contrato.
Enunció la Adición N° 1 del contrato y el otrosí N° 1 a la misma, refiriendo que allí
la contratista manifestó expresamente no renunciar a reclamaciones por el
impuesto de contribución especial fijado en la Ley 1106 de 2006. Asimismo, refirió
las adiciones contractuales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, recalcando que en ninguna de ellas la
sociedad constructora renunció a reclamar por perjuicios derivados de tales
instrumentos.
4
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
En lo relativo a la mayor permanencia en la obra, subrayó de manera preliminar
que la oferta presentada por A.I.A. S.A. estimó los costos directos en
$4.464’000.000, y los costos administrativos, en $535’680.000 -equivalente al 12%
de los costos directos-, no obstante lo cual, los gastos reales que la contratista
debió sufragar ascendieron a $1.385’237.905. Agregó que, si bien las adiciones
contractuales permitieron una recuperación de $812’369.252, hubo unos costos
administrativos que no pudieron amortizarse, y que completaron la suma de
$572’868.653.
Afirmó que el término de duración del contrato debió prolongarse por varias
razones, algunas de ellas consignadas en las Adiciones 1, 2, 4 y 6, y otras que, si
bien no fueron reconocidas en dichos acuerdos, sí quedaron consignadas en
distintas comunicaciones intercambiadas entre las partes, y que obedecieron a
variaciones derivadas de una irregular planeación del contrato, “lo que implicó
estar haciendo modificaciones permanentes en los diseños de las obras”. De esta
manera -dijo-, el plazo total del contrato fue de 227 días calendario, que culminaron
el 16 de enero de 2008 con la firma de la respectiva acta de terminación “del plazo
contractual”.
Reiteró que los consecuenciales costos del contrato arrojaron un monto no
recuperado de $572’868.653, correspondiente a la diferencia entre los “costos
reales de administración ($1.385’237.905) y el valor de la administración
recuperada ($812’369.252)”.
Manifestó haber solicitado a la EDU el reconocimiento de los sobrecostos
ocasionados por la mayor permanencia, lo que fue respondido desfavorablemente
por la entidad en la Resolución N° 65 del 26 de agosto de 2008, recurrida por la
contratista, pero confirmada mediante Resolución N° 24 del 5 de febrero de 2009.
Frente a las discrepancias con el pago de la contribución del 5% prevista en la Ley
1106 de 2006, subrayó que la apertura de las propuestas y el cierre de la licitación
pública N° 093 de 2006 -que precedió al contrato N° 18- tuvieron lugar el 20 de
noviembre de 2006, y que en ese marco, la oferta de A.I.A. S.A. fue presentada
con la expresa manifestación de que se aceptaban los requerimientos establecidos
en el pliego de condiciones y en el ordenamiento entonces vigente. En ese sentido,
dado que la Ley 1106 fue promulgada en diciembre de ese año, no le resultaba
aplicable al negocio jurídico en controversia, pues además, a la luz del Decreto
5
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
reglamentario 3461 de 2007, sólo estarían gravados con la contribución referida
los contratos estatales celebrados tras procesos de selección abiertos “con
posterioridad al 22 de diciembre de 2006”.
Precisó que, de acuerdo con el pliego de condiciones, se considerarían obras
extras las que no estuvieran incluidas en los planos de la licitación, en las
especificaciones ni en los demás instrumentos de la fase precontractual, ni
pudieran ser consideradas como de la naturaleza del objeto del contrato, mientras
que se tendrían como trabajos adicionales los ítems que sí hicieran parte de lo
pactado. Asimismo, subrayó que, bajo las reglas impuestas por la EDU, las obras
adicionales se pagarían al precio unitario convenido en el contrato, mientras que
las obras extras se liquidarían a los precios unitarios que llegaran a acordar las
partes en el respectivo contrato adicional.
Indicó que, durante el desarrollo del contrato, A.I.A. S.A. ejecutó obras adicionales
y extras solicitadas por la EDU, las que “quedaron recogidas en contratos
adicionales por valor de $8.369’999.999”, y que la entidad, con fundamento en una
directriz impartida por el municipio de Medellín, no le permitió a la contratista incluir
en los convenios de precios de obra extra el costo de la contribución del 5%, ya
que ésta se reconocería por la vía de aumentar en un 5% el A.I.U. ofertado, como
se había hecho en otros contratos suscritos entre las mismas partes para adelantar
obras en colegios de Medellín. Añadió que, por consiguiente, la sociedad aumentó
en un 5% el AIU inicialmente ofrecido en el negocio sub judice.
Afirmó que el INDER no autorizó el reconocimiento de la contribución,
desconociendo la circular expedida por el municipio, lo que implicó que al final
terminara descontándose ese 5% sobre la ejecución de los “contratos adicionales”,
tanto en obras extras como en obras adicionales. Por ello -dijo-, en las Adiciones
1, 3, 5 y 7, relativas a esas actividades, la contratista hizo la expresa salvedad de
que no renunciaría a reclamar por la indicada prestación tributaria.
Sostuvo que, por dicha carga, la constructora tuvo que pagar un total de
$419’704.027, de los cuales la EDU sólo reintegró $279’000.000 -el 17 de marzo
de 2008-, quedando insoluto un sobrecosto de $140’704.027, deducido de los
pagos de obras extras y adicionales, así como de sus reajustes.
6
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
2. Trámite de primera instancia
2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda en auto del 26 de
mayo de 2011.
2.2. En su defensa, y tras manifestar su oposición a los hechos y pretensiones
formulados por la actora, la EDU señaló que fue la propia contratista quien solicitó
prorrogar el plazo contractual para ejecutar obras adicionales y extras, por lo cual,
tras la respectiva aprobación de la firma interventora, las partes suscribieron las
actas de adición en las que, por tanto, la hoy demandante asumió “los efectos
derivados del incremento del plazo”. De igual manera, subrayó que el asunto fue
dilucidado en sede administrativa, con las resoluciones atinentes a las
reclamaciones de la contratista.
Frente a la contribución del 5% establecida en la Ley 1106 de 2006, afirmó que la
misma había sido aceptada expresamente por A.I.A. S.A. al suscribir el contrato
N° 18 de 2007, en cuya cláusula séptima se estableció precisamente la aplicación
del artículo 6 de la indicada norma, contentivo del gravamen, y la aceptación de la
contratista para que la Administración retuviera los valores aplicables a ese tributo.
Propuso las excepciones de “inexistencia de responsabilidad por parte de la EDU”,
“enriquecimiento sin causa, “detrimento del patrimonio público” y “compensación”.
En ellas señaló: i) que en el marco del contrato, la EDU obró como mandataria del
INDER con ocasión del convenio interadministrativo N° 932 de 2006, siendo tal
entidad la titular de la obra contratada con A.I.A. S.A.; ii) que las pretensiones
alusivas al reconocimiento de indemnización por reajustes que supuestamente se
efectuaron de manera incorrecta conllevan a un enriquecimiento injusto de la hoy
demandante y a una indebida afectación del patrimonio público; iii) que de
proferirse decisión adversa a la parte pasiva, debe aplicarse compensación con
cargo a los dineros que la EDU entregó a la contratista a título de imprevistos.
2.3. La EDU formuló llamamiento en garantía contra el INDER, entidad que dio
contestación a la demanda y a dicho llamamiento, formulando las excepciones de
“falta de causa para pedir por parte de la demandante A.I.A. S.A.” -por cuanto a
su juicio no se dan los supuestos de ruptura del equilibrio contractual por mayor
permanencia en la obra-, “falta de legitimación en la causa por parte de la
demandante A.I.A. S.A.” -por cuanto no se le ocasionaron perjuicios a dicha
7
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
empresa durante el desarrollo del contrato 18 de 2007-, y “ausencia de
fundamento jurídico que sustente las pretensiones reclamadas por la
demandante”.
2.4. De igual manera fueron llamados en garantía los miembros del consorcio GYT
-interventor del contrato materia de controversia-, cuyo integrante Luis Guillermo
Hincapié Uribe intervino en el proceso formulando las excepciones de “inexistencia
de la obligación”, “ineptitud del llamamiento en garantía por llamarse a quien no
existe” -dado que el consorcio se disolvió al finalizar los contratos respectivos- e
“ineptitud del llamamiento en garantía por vincularse a quien no tiene capacidad
para ser parte en un proceso judicial o para ser llamado en garantía”.
2.5. El 14 de junio de 2012 fueron decretadas las pruebas del proceso.
Posteriormente, el 9 de mayo de 2014, se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto sobre la
controversia.
2.6. La parte actora reseñó el contenido de varias pruebas recaudadas en el
proceso, para señalar que las mismas demostraban los hechos de la demanda, la
ilegalidad de los actos acusados y la ruptura del equilibrio económico del contrato.
A su turno, la entidad demandada reiteró lo expuesto en su escrito de contestación,
mientras que los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. La sentencia impugnada
3.1.- El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia el 24 de julio de
2015, adoptando las decisiones anteriormente reseñadas.
De manera preliminar, el a quo manifestó que debía pronunciarse de manera
oficiosa sobre la naturaleza de las demandadas Resoluciones 65 de 2008 y 24 de
2009, en las que la EDU denegó las solicitudes económicas de su contratista. Al
respecto, consideró que tales decisiones no constituían actos administrativos
pasibles de juicio en tribunal contencioso, por cuanto no definían situaciones
jurídicas, sino que referían aspectos de carácter financiero que sólo eran resueltos
definitivamente en la liquidación final del contrato. Tal fue el basamento para que
el Tribunal dispusiera declarar de oficio la excepción de ineptitud sustancial, frente
a la pretensión de nulidad de las aludidas resoluciones.
8
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
Frente al restablecimiento del equilibrio contractual con ocasión de la mayor
permanencia en la obra, señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado y atendiendo a los principios de buena fe y pacta sunt
servanda, las medidas adoptadas por las partes para recobrar el punto de
ecuación económica debían ser respetadas por ellas, razón por la cual, era en
sede de la celebración de los respectivos acuerdos cuando el contratista podía
hacer las reclamaciones surgidas de los mismos, debiendo reputarse
extemporánea y opuesta a la buena fe cualquier solicitud posterior.
Contrastando tal premisa con el caso concreto, determinó que no se daban los
supuestos para reconocer la ruptura del equilibrio del contrato por excesiva
estancia en obra, toda vez que las adiciones contractuales en que se previó tal
contingencia fueron suscritas por A.I.A. S.A. y la EDU entre el 17 de agosto de
2007 y el 11 de enero de 2008, mientras que la contratista sólo formuló
reclamaciones por mayor permanencia a partir de junio de esa última anualidad,
excepto en lo relativo al tributo fijado en la Ley 1106 de 2006, que fue la única
reserva expresada por la hoy demandante en las aludidas adiciones. Por ello
estableció que debía denegarse la pretensión relativa a los sobrecostos derivados
de la prolongación del tiempo de ejecución del contrato.
En contrapartida, consideró que la contribución especial ya mencionada había
afectado el equilibrio financiero contractual, y que por ello tal ecuación debía ser
restablecida, toda vez que la imposición de dicha carga tributaria configuró un
“hecho del príncipe” -a su juicio1- con la virtualidad de alterar la equivalencia de
cargas del contrato, y habiéndose puesto de presente dicha situación por parte de
la contratista, la EDU denegó la respectiva petición económica sin justificación
jurídica plausible. Como consecuencia, dispuso declarar la nulidad parcial del acto
de liquidación del contrato -Resolución N° 686 de 2010-, en cuanto dejó de
reconocer la gabela especial aplicada a la contratista.
En lo restante, tuvo por legalmente expedido el indicado acto de liquidación, por
considerar que no eran atendibles los cargos formulados contra él por supuesta
1 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la imposición de nuevos impuestos u
otros tributos durante la vigencia del contrato, que afecten su ecuación financiera, no encuadra
propiamente con la figura del hecho del príncipe como fuente de tal rompimiento, sino que guarda
correspondencia con la teoría de la imprevisión, por tratarse de un evento no atribuible a la entidad
pública contratante, sino ajeno a ambas partes firmantes del contrato (ver, entre otras, la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, el 29 de noviembre de
2006, exp. N° 52001-23-31-000-1996-07738-01(16018). C.P. [E] Fredy Ibarra Martínez).
9
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
falta de competencia temporal y funcional, ya que la EDU liquidó el contrato dentro
de los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y en el artículo 11 de la Ley 1150
de 2007, además de haberlo hecho por conducto de servidor con atribuciones
legales para ello, ya que éste obró en virtud de delegación debidamente otorgada
por el representante legal de la entidad.
Por último, absolvió a los llamados en garantía, por encontrar que el consorcio G
y T, interventor del contrato, no decidía ni incidía en el reconocimiento de la
contribución especial debatida en el proceso, y que por su parte, el INDER no fue
la entidad que celebró el contrato objeto de la controversia ni lo liquidó en forma
unilateral, de suerte que no le era atribuible la denegación del reconocimiento del
tributo.
4. Los recursos de apelación
4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a efectos de que se accediera
a la pretensión relacionada con el desequilibrio financiero del contrato, derivado
de la mayor permanencia en la obra.
Afirmó que si bien la jurisprudencia sostenía que la falta de reclamación expresa
del contratista en el momento de suscribir las adiciones y prórrogas del contrato
impedía la prosperidad de cualquier solicitud posterior, por ser opuesta a la buena
fe, no era menos cierto que ese criterio constituía una interpretación no contenida
en ninguna norma positiva, y que por el contrario, el ordenamiento preveía
expresamente, en la Ley 80 de 1993 (EGCAP), que era en la etapa de liquidación
cuando las partes debían acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
hubiera lugar. En ese punto, cuestionó que el Tribunal de primer grado hubiera
señalado precisamente que lo relativo al equilibrio económico del contrato sólo
podía resolverse en la liquidación final del negocio, pero que al mismo tiempo
desestimara la pretensión respectiva por no haberse formulado reclamación
expresa cuando se suscribieron las adiciones del negocio jurídico.
Expresó:
La lógica empleada por el Tribunal fue clara: las resoluciones que resolvieron
reclamaciones en el transcurso del contrato son meros actos preparatorios,
los cuales no pueden ser objeto de demanda, pues el único acto definitivo es
el que liquide el contrato (...).
10
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
Exactamente lo mismo ocurre con las modificaciones parciales al contrato (...):
estos documentos constituyen solamente acuerdos parciales sobre tópicos
determinados, tales como la fijación del precio de uno o varios ítems, la
aplicación de un plazo (...), etc., sin que en la práctica administrativa sea
admisible realizar una renegociación completa del contrato, pues ese no es el
objeto de dichos instrumentos contractuales (...).
Afirmó que, justamente como se desprendía de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el equilibrio económico del contrato era un concepto dinámico, que podía
emerger por variaciones ocurridas en distintos momentos del negocio jurídico, de
modo que era posible acordar en un determinado momento puntuales condiciones
o cambios sin prever rupturas de la ecuación contractual, ya que éstas sólo podían
evidenciarse con posterioridad, cuando apareciera claro que lo pactado no fue
suficiente para cubrir todos los costos de administración derivados de una mayor
permanencia, por lo que no era admisible exigir al contratista presentar
reclamaciones por eventos que aún no se hubieran presentado con ocasión de la
respectiva adición.
Expuso, igualmente, que la pretensión de restablecimiento del equilibrio
contractual fue formulada sobre el cálculo de los ingresos recibidos por AIU
durante toda la ejecución del contrato, restados a los costos por mayor estancia,
dado que sólo al finalizar el plazo del negocio jurídico y darse paso a la fase de
liquidación era posible saber si existió o no la ruptura del equilibrio financiero, lo
que además debía examinarse de cara a la integridad del contrato y no a unas
partes del mismo.
Estimó equivocado que se pretendiera fijar un término preclusivo de creación
meramente jurisprudencial para formular reclamaciones posiblemente inexistentes
en el momento de firmarse la adición o modificación del contrato, por cuanto ello
contradecía la naturaleza del equilibrio económico.
Señaló:
Si el legislador hubiera querido que fuera en cada actuación contractual donde
se dejaran las salvedades del contratista, lo hubiera dicho de la misma manera
como lo hizo con la referencia al acta de liquidación, pero contrario a ello, lo
que dijo expresamente fue que los contratistas no pueden ser obligados a
renunciar a reclamaciones como condición para firmar adiciones o
modificaciones al contrato, lo que indica que el legislador entendió que es un
derecho inherente al desarrollo de la actividad contractual.
Es claro entonces que la posición jurisprudencial que pretende obligar al
contratista a anticipar el momento en el cual debe dejar las salvedades es
contraria a la ley.
11
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
4.2. La EDU, a su turno, apeló el fallo de primera instancia frente a lo resuelto en
los numerales tercero, cuarto y quinto, relativos al reconocimiento de la
contribución especial del 5%, en los contratos adicionales suscritos con A.I.A. S.A.
Al respecto, manifestó que la solicitud formulada en su momento por la contratista
para la devolución de ese rubro, retenido por la EDU al fijar el pago de los contratos
adicionales, fue objeto de consulta ante el INDER, estamento que no autorizó el
reconocimiento de ese 5% como parte de los costos estimados en el precio de las
obras ni como incremento del AIU, de suerte que la contratante, como entidad
delegada en el proyecto del complejo deportivo objeto del contrato, no podía
asumir con su propio presupuesto la devolución de lo reclamado por la firma A.I.A.
S.A.
Agregó que el tributo retenido a la contratista existía desde la expedición de la Ley
418 de 1997, de manera que no podía ser imprevisible para la firma demandante,
puesto que ya estaba operando en la época de presentación de la oferta. Por otro
lado, sostuvo que, en todo caso, no podía accederse a la pretensión de la actora
porque no había demostrado desequilibrio alguno derivado de la alegada retención
del gravamen.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. Los recursos de apelación fueron concedidos el 7 de octubre de 2015 y el 21
de abril de 20162, y admitidos por esta Corporación en auto del 23 de junio
siguiente.
5.2. El 27 de octubre de 2016, se corrió traslado del proceso a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
5.3. En concepto rendido el 30 de noviembre de 2016, la Procuradora Cuarta
Delegada ante el Consejo de Estado afirmó que en el presente asunto debía
revocarse parcialmente la sentencia apelada, en cuanto denegó las pretensiones
relativas al desequilibrio económico derivado de la mayor permanencia en obra.
Consideró, así, que debía declararse íntegramente la responsabilidad patrimonial
de la EDU, por no haber cumplido con la debida planeación del contrato, lo que
2 El expediente fue devuelto al Tribunal de origen el 10 de marzo de 2016, por faltar
pronunciamiento expreso sobre la apelación interpuesta por la parte actora, ya que en audiencia
del 7 de octubre de 2015 sólo se concedió el recurso presentado por la EDU.
12
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
derivó en las múltiples adiciones al negocio jurídico que luego afectaron la
ecuación contractual, así como por no acceder a la devolución de la contribución
del 5%, retenida por la entidad respecto de las adiciones del contrato.
Agregó que si bien se pactaron reajustes de precios durante el término de
ejecución, ello no cubrió la magnitud de los perjuicios generados efectivamente a
la contratista por la prolongación de las obras, y expuso que, por otra parte, eran
inadmisibles los razonamientos del Tribunal en cuanto a la exigencia de
salvedades en los acuerdos modificatorios del negocio jurídico, pues la ausencia
de tales reservas no despojaba al contratista de su derecho a reclamar por los
perjuicios que de tales actos se derivaran.
5.4. En sus alegatos de conclusión, la parte actora se ratificó en los planteamientos
de la alzada, agregando algunas exposiciones encaminadas a refutar el criterio
jurisprudencial relativo a la pretendida necesidad de formular salvedades en las
actas modificatorias o adicionales de los contratos, como acatamiento del principio
de la buena fe y como presupuesto para la prosperidad de las pretensiones
relacionadas con el equilibrio económico contractual.
5.5. A su vez, la EDU reiteró también lo expuesto en su recurso de apelación,
recalcando especialmente que no estaba demostrada la ocurrencia de
desequilibrio, no sólo porque la contribución del 5% no revestía carácter
imprevisible -por cuanto, según su dicho, ya existía en el momento de celebración
del contrato- sino porque no se acreditaron las afectaciones económicas
anormales del negocio jurídico, derivadas de la retención de ese tributo.
II.- CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
A tenor de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo –
vigente en la fecha de interposición de la demanda-, la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas. Así, en esta
oportunidad se somete a consideración de la Sala el pretendido rompimiento del
equilibrio financiero del contrato de obra N° 18 de 2007, en el que fungió como
contratante la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-, cuya naturaleza es la de una
13
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
empresa industrial y comercial del Estado, creada por el Concejo de Medellín
mediante Acuerdo N° 43 de 1993 y transformada mediante Decreto 158 de 2002 3,
por lo que se cumple el presupuesto de competencia señalado en la aludida
norma.
Ahora, la actuación que en esta sentencia habrá de resolverse ostenta vocación
de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los
500 S.M.L.M.V. ($257’500.000 4), conforme a lo previsto en el artículo 132 –
numeral 5 del C.C.A. En efecto, la cuantía de la demanda fue tasada en la suma
de $713’572.680, como valor de todos los sobrecostos reclamados por la parte
actora.
1.2. Oportunidad para demandar
De conformidad con el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., modificado por el
artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en las acciones relativas a contratos que
requieran liquidación, el término de caducidad de dos años allí establecido
comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la
ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso.
En el presente juicio se pretende el restablecimiento del supuesto desequilibrio
económico causado en la ejecución del contrato de obra N° 18 del 1 de febrero de
2007, cuya liquidación fue dispuesta unilateralmente por la EDU en Resolución N°
626 del 28 de julio de 2010. La sociedad A.I.A. S.A. recibió notificación personal
de dicho acto el 26 de agosto de 2010 (fl. 83 c.1), y dado que no interpuso recursos,
la decisión cobró ejecutoria el 31 de agosto siguiente.
En ese orden de ideas, el término de caducidad inició el 1 de septiembre de 2010
y estaba llamado a expirar el 1 de septiembre de 2012; no obstante, dado que la
parte actora presentó la demanda el 12 de octubre de 2010, es palmario que la
acción fue ejercida oportunamente.
3 Véase el enlace
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarroll
o_0_15/Publicaciones/Shared%20Content/GACETA%20OFICIAL/2015/Gaceta%204320/RESOL
UCION%20NUMERO%20JD%20002%20DE%202015.pdf (última consulta: 20 de marzo de
2024).
4 El salario mínimo legal mensual que rigió en 2010 era de $515.000 (Decreto 5053 de 2009).
14
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
2. Problema jurídico
De acuerdo con los recursos de apelación, en el presente asunto le corresponde
a la Sala establecer: i) si se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor
permanencia en la obra, pese a no haber plasmado ninguna salvedad en las
adiciones en tiempo y valor que sobre tal negocio se convinieron; ii) si se demostró
la ruptura de la ecuación contractual por la retención de la contribución establecida
en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2007, y si en tal virtud procedía condenar a la
EDU a reembolsar o devolver a la sociedad contratista los valores retenidos por
ese concepto.
2.1 Hechos probados en la actuación
Los medios de prueba que obran en el proceso fueron aportados en legal forma
por ambas partes y acreditan, en general, los siguientes hechos relevantes para
la decisión:
-. El 26 de enero de 2006, la EDU y el Instituto de Deportes y Recreación de
Medellín -INDER- celebraron el Convenio Interadministrativo N° 932, a efectos de
adelantar “la administración delegada para la gerencia y coordinación de los
diseños urbanos, arquitectónicos, estudios técnicos y ejecución de la primera fase
del ‘Complejo Recreo-Deportivo (sic) Vaso de Leche”5, en Medellín. De
conformidad con ese acuerdo de voluntades, la ejecución del objeto le
correspondería a la EDU, que con tal propósito estaría facultada para adelantar
“los procesos contractuales requeridos”. Por su parte, el INDER haría el aporte de
los recursos, por la suma de $2.000’000.000, transferidos por dicha entidad a la
EDU (fls. 2970-2978, c.7).
Posteriormente, el 28 de septiembre de 2006, las mismas partes celebraron el
Convenio Interadministrativo “C-01953-06”, que tuvo por objeto la administración
delegada para “gerenciar y coordinar la ejecución de las obras de la Segunda
Fase del Complejo Recreodeportivo María Luisa Calle” 6 de Medellín, por un valor
de $5.422’587.883, provenientes del presupuesto del INDER (fls. 2979-2985, c.7).
5 Ubicado, según el convenio, “sobre la carrera 70, contiguo al Parque Juan Pablo II” (fl. 2971,
c.7).
6 Igualmente, localizado “sobre la carrera 70, contiguo al Parque Juan Pablo II” (fl. 2979, c.7). En
la demanda se señaló que correspondía al mismo proyecto denominado “Complejo Deportivo y
Recreativo Vaso de Leche” (fl. 245, c.1).
15
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. La Empresa de Desarrollo Urbano EDU abrió la Licitación Pública N° 93, en
octubre de 2006, con el propósito de contratar la “construcción del Complejo
Deportivo y Recreativo Vaso de Leche y sus obras complementarias, por el
sistema de precios unitarios fijos reajustables, en la ciudad de Medellín” (c.5).
En el numeral 1.4 del pliego de condiciones, se indicó que el presupuesto de la
obra estaba estimado en $6.200’000.000, y que las obligaciones derivadas del
contrato respectivo serían pagadas por la EDU, “con cargo a los recursos del
Convenio Interadministrativo número 932 de 2006, suscrito con el INDER” (fl. 349,
c.5), así como al “Convenio Interadministrativo N° 1953 de 2006”, también
celebrado entre la EDU y el INDER para administrar la construcción del indicado
complejo.
Para el desarrollo de la licitación, la EDU advirtió que era responsabilidad
exclusiva de los proponentes inspeccionar los sitios y alrededores de la obra, así
como informarse sobre la naturaleza del terreno y del subsuelo, los materiales
necesarios para la ejecución de los trabajos, el transporte, la mano de obra
requerida, las fuentes de los insumos, las zonas de depósito de material sobrante
y otros factores. Asimismo, subrayó que en el Análisis de Precios Unitarios se
deberían tener en cuenta las situaciones geomorfológicas, hidrológicas, de
accesibilidad, sociales y laborales de la zona, además de las instalaciones y el
personal requeridos, entre otras condiciones previsibles que de alguna manera
pudieran afectar el costo o el tiempo de ejecución de la obra (fl. 350, c.5).
En el numeral 7.11 del instrumento licitatorio, se precisó (fl. 366, c.5):
Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los
planos de la licitación ni en las especificaciones, ni en el formulario de
cantidades de obra de la propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza,
entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no
esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo
adicional.
La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- podrá ordenar trabajos extras o
adicionales, y el contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los
materiales necesarios (...), para lo cual se suscribirá un contrato adicional.
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios
establecidos en el contrato.
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre
la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- y el Contratista, para lo cual se
tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transportes,
equipos y mano de obra (...).
16
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. En cuanto a la modalidad de “precios unitarios reajustables”, se indicó que las
actas mensuales de obra serían ajustadas con la fórmula fijada en el mismo pliego
de condiciones, mientras que las obras extras generadas en desarrollo del
contrato no serían objeto de reajuste “en ningún caso” (núm.1.1, fl. 348).
-. Se señaló que, una vez adjudicado el contrato, el oferente seleccionado contaría
con 5 días hábiles para allegar, entre otros documentos, la discriminación
detallada del porcentaje por concepto de A.I.U., incorporando en ella todos los
costos en que incurriría el contratista con ocasión de los trabajos objeto de
licitación, sin ser procedente la inclusión de retención en la fuente, por cuanto la
EDU entregaría al contratista el certificado respectivo para que lo acreditara ante
la DIAN como un menor valor del impuesto correspondiente (Renta e Industria y
Comercio).
Por otro lado, en el pliego de condiciones también se recalcó que cualquier
discrepancia surgida durante el contrato sería sometida a consideración del
interventor, cuya decisión tendría carácter definitivo.
-. La firma A.I.A. S.A. participó como oferente en dicho proceso de selección y
presentó una propuesta económica por el valor total de $5.580’000.000, de los
cuales, $4.464’000.000 correspondían al monto estimado de las obras y
$1.116’000.000 (25% del costo de obras y 20% del valor total), a los componentes
A.I.U. (fls.179-199, c.5).
A su vez, el valor atribuido al factor de A.I.U fue discriminado por la proponente,
así:
• Administración: $535’680.000 (12% del monto estimado de las obras)
• Imprevistos: $267’840.000 (6,00% del monto estimado de las obras)
• Utilidad: $ 312’480.000 (7,00% del monto estimado de las obras)
-. El 1 de febrero de 2007, la EDU celebró con la sociedad A.I.A. S.A. el contrato
de obra N° 18, para la “construcción del Complejo Deportivo y Recreativo Vaso
de Leche”, en Medellín, bajo el sistema de precios unitarios reajustables y
siguiendo lo señalado en el Formulario de Cantidades de Obra, adjunto a la
propuesta entregada en la respectiva licitación. De conformidad con la cláusula
17
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
quinta, el plazo del contrato sería de 180 días calendario, contados a partir de la
firma del acta de inicio (fls. 303-309, c.1).
-. En el acápite preliminar del contrato se reiteró que su celebración se hacía en
el marco de los convenios interadministrativos 932 y 1953 de 2006, suscritos entre
la EDU y el INDER con el objeto de adelantar la administración delegada para el
diseño, estudios técnicos y construcción “de la primera fase del Complejo
Deportivo y Recreativo Vaso de Leche” (fl. 303, c.1).
-. Las partes estimaron como valor del contrato la suma de $5.580’000.000 -cifra
ofertada por A.I.A. S.A.-, de los cuales, el 30% se entregaría a título de anticipo,
amortizable mediante deducciones del 30% del monto de cada acta mensual,
hasta completar la totalidad de la suma respectiva. En lo restante, los pagos del
contrato se harían mediante abonos mensuales, dentro de los 15 días siguientes
a la radicación de la factura con sus soportes, “previa presentación de las
respectivas actas de obra y de reajustes (si fuere el caso), elaboradas por el
contratista y aprobadas por (...) la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU” (cláusula
sexta, fl. 305, c.1).
El valor mensual respectivo resultaría de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas y aprobadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta, de
acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios entregados, igualmente, por la
contratista, y aprobados por la Gerencia Auxiliar de Ejecución de Proyectos. De
ese monto mensual causado se descontaría lo correspondiente al porcentaje de
amortización del anticipo, y la factura debía corresponder al mes de su
elaboración.
Por su parte, el último desembolso estaría sujeto a requisitos adicionales, como
la entrega de la actualización final de los planos de la obra, el acta de recibo a
satisfacción de todo el proyecto y las constancias de paz y salvo suscritas por
cada trabajador de la constructora, sobre el pago completo de acreencias
laborales.
-. En la cláusula décima segunda contractual se previó la suspensión temporal del
contrato, por mutuo acuerdo, por circunstancias de fuerza mayor “o caso fortuito”,
y se indicó que tal contingencia daría lugar a la prórroga de la vigencia de la
respectiva garantía (fl. 307, c.1).
18
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
Por otro lado, en la cláusula décima cuarta se estipuló:
Oportunidad y forma de reclamos: Cualquier reclamo que el contratista considere
pertinente formular respecto a las órdenes dadas por la contratante, deberá hacerse
por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará
derecho al contratista a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas,
salvo que reciba de la contratante una orden diferente.
-. Las partes no hicieron estipulaciones expresas sobre distribución de riesgos,
más allá de las previsiones del contrato y del pliego de condiciones, antes
anotadas.
-. El negocio jurídico fue objeto de siete adiciones, la primera de ellas suscrita el
17 de agosto de 2007 a solicitud del contratista (fls. 40-43, c.1), con el objeto de
prorrogar la vigencia del contrato en 75 días calendario y adicionar su valor en
$1.295’502.291, por ser necesario “ejecutar algunas obras extras mencionadas
en obra pero aún no definidas y cambios en obra que se han generado en los
últimos quince días (...)” (fl. 40, c.1).
Según esa Adición N° 1, el consorcio interventor validó la solicitud formulada por
A.I.A. S.A., dada la necesidad de cubrir los siguientes frentes:
• Replanteo inicial de cotas y niveles en los diferentes espacios .
• Rebatimiento del edificio de tribunas.
• Rediseño de las vigas gualderas.
• El invierno que se presentó en los meses de abril y mayo.
• Obras adicionales no contempladas en el contrato inicial.
• Las obras extras no indicadas en el contrato.
• Falta de personal de obra durante los primeros meses.
En la cláusula séptima de la Adición N° 1 se previó que la contratista debía pagar
al municipio de Medellín la contribución prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006, sobre el contrato adicional, y que por ello la constructora autorizaba
expresamente a la EDU para que retuviera las sumas respectivas.
-. En la Adición N° 2, firmada el 1 de noviembre de 2007, las partes dispusieron
prorrogar el plazo contractual por 30 días más, por solicitud del interventor de la
obra, que justificó la medida por la ola invernal registrada en esa época (fl. 45, c1).
-. El 19 de noviembre de 2007, las partes firmaron el Otrosí N° 1 a la Adición N° 1
del contrato, a efectos de incluir en las consideraciones de dicho instrumento
19
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
modificatorio la manifestación de que el contratista no renunciaría a reclamar la
contribución especial del 5% del valor de esa adición (fl. 44, c.1).
En términos generales, las adiciones del contrato fueron las siguientes:
TIEMPO
No SOLICITANT VALOR
FECHA OBJETO JUSTIFICACIÓN ADICIONAD
. E ADICIONADO
O
Necesidad de
obras
Prórroga adicionales,
17 de
y cambios en 75 días
1 agosto de A.I.A. S.A. $1.295.502.291
adición obras en calendario
2007
del valor ejecución, falta
de personal,
ola invernal.
1 de
30 días
2 noviembr Prórroga Interventora Ola invernal $0
calendario
e de 2007
Ejecución de
obras extras y
21 de
Adición obras
3 noviembr A.I.A. S.A. N/A $940.131.096
del valor adicionales,
e de 2007
falta de
personal.
Imposibilidad
de terminar
5 de algunas obras
18 días
4 diciembr Prórroga A.I.A. S.A. para la fecha $0
calendario
e de 2007 de
vencimiento
prevista.
Necesidad de
20 de
Adición atender obras
5 diciembr A.I.A. S.A. N/A $250.000.000
del valor complementari
e de 2007
as.
Necesidad de
terminar "la
ejecución de
algunas obras
como las
21 de
cerchas de 24 días
6 diciembr Prórroga A.I.A. S.A. $0
iluminación de calendario
e de 2007
las pistas de
patinaje, el
apantallamient
o eléctrico y el
alcantarillado.
“Atender la
11 de
Adición cancelación de
7 enero de A.I.A. S.A. N/A $304.366.612
del valor obras extras y
2008
adicionales”.
TOTALES, TIEMPO Y VALOR INCREMENTADOS 147 días $2.789.999.999
20
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. El 11 de junio de 2008, A.I.A. S.A. solicitó que se le reconociera la suma de
$467’524.346,12, por concepto de sobrecostos por mayor permanencia en el sitio
de la obra.
Tras hacer un recuento de las siete adiciones del contrato suscritas por las partes,
señaló que las mismas habían generado para la contratista un sobrecosto no
previsible ni imputable a ella, que había afectado “el resultado financiero
presupuestado y esperado en [la] propuesta, menguando la utilidad calculada y
esperada al momento de proponer”, así como en la fecha de adjudicación del
negocio jurídico. Agregó que, con ocasión de las mencionadas adiciones, la
sociedad A.I.A. S.A. incurrió en “mayores costos que hacían parte de la
administración contemplada en el factor A.I.U. de su oferta”, de suerte que debía
darse aplicación a las normas de la Ley 80 de 1993 que imponían el
restablecimiento de la ecuación contractual, y en ese sentido, incluirse en la
liquidación del contrato la suma de $467’524.346,12, por el concepto aludido.
-. A efectos de resolver la solicitud de la contratista, la EDU requirió al consorcio
interventor GYT para que emitiera concepto, frente a lo cual éste recomendó
desestimar dicha reclamación, por considerar que los costos que pudieron
derivarse de la mayor estancia en obra habían sido adecuadamente cubiertos con
las sumas acordadas en las adiciones del contrato, sin que A.I.A. S.A. hubiera
demostrado la ocurrencia de perjuicios no cobijados con tales montos (fls. 376-379,
c1).
-. En Resolución N° 65 del 26 de agosto de 2008 (fls. 58-66, c.1), la EDU denegó la
solicitud de reconocimiento económico formulada por A.I.A. S.A., por considerar
que el desequilibrio contractual alegado no había tenido ocurrencia, dado que no
se presentó ningún evento calificable como hecho del príncipe ni encuadrable en
la teoría de la imprevisión, en la medida en que las obras extras ejecutadas fueron
producto de convenio expreso entre las partes.
Adujo que toda obra extra era una contingencia normal que debía soportar el
contratista en la ejecución del objeto pactado, ya que correspondía al giro
ordinario del contrato mismo, y que en todo caso, los pagos de las obras extras
se habían realizado bajo acuerdos de voluntades en los que se fijaron las
cantidades y precios respectivos, incluyendo reconocimientos por concepto de
A.I.U. Agregó la entidad que, de cualquier manera, la sola ejecución de obras
21
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
extras o la mayor permanencia en la zona intervenida no generaban por sí mismas
la ruptura del equilibrio contractual, toda vez que los costos de tales
eventualidades estaban intrínsecamente previstos en el A.I.U.
La entidad recalcó que, en el concepto emitido por la interventora sobre la solicitud
de A.I.A. S.A., quedó establecido que la contratista no había acompañado su
petición con la prueba de los sobrecostos reales en que dijo incurrir, y que adujo
como no cubiertos con los pagos acordados en las adiciones del contrato, sin que
fuera viable suponer la ocurrencia de tales perjuicios, en tanto que, al pactar las
adiciones, el contratista aceptó tácitamente los precios allí convenidos.
La decisión de la EDU fue confirmada mediante Resolución N° 24 del 5 de febrero
de 2009, en la cual se reiteró que la contratista no había demostrado la ocurrencia
de los perjuicios reclamados por ella, por cuanto los mismos no podían inferirse
de la documentación invocada en el recurso.
La contribución especial
-. Tanto en la Adición N° 1 del 17 de agosto de 2007, como en los restantes
instrumentos en que se convino adicionar el valor del contrato, se advirtió que la
contratista estaría obligada a pagar la contribución especial establecida en el
artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, a razón del 5% del valor total “del
correspondiente contrato adicional”, y que para ese efecto autorizaba a la EDU
para hacer las retenciones respectivas.
Como se anotó, en el Otrosí N° 1 a la Adición N° 1 del contrato, A.I.A. S.A.
manifestó que no renunciaría a reclamar la contribución especial del 5% del valor
de esa primera adición (fl. 44, c.1).
-. Aunque la primera adición del valor del contrato se pactó en agosto de 2007,
desde marzo de ese año la firma A.I.A. S.A. solicitó a la EDU informar cómo
aplicaría el tributo en el contrato, y la forma como se le “compensarían” a la
contratista los descuentos que por ese rubro se llegaran a efectuar (fl 87, c.1). En
ello insistió la hoy demandante entre mayo y octubre de 2007, señalando que era
necesario gestionar el “incremento y traslado de recursos” por concepto de la
contribución, a fin de que no se viera afectada la ecuación financiera del contrato,
22
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
dado que desde esa época -dijo- ya se estaba incluyendo la retención del
gravamen en las actas de obra7 (fls. 88-102).
En una única respuesta, brindada el 30 de abril de 2007, la EDU señaló que
adelantaría las gestiones pertinentes ante el municipio de Medellín (destinatario
de la contribución) para “el correspondiente incremento y traslado de los recursos
necesarios para cubrir el valor del tributo”, y que de conformidad con la Circular
002 del 20 de marzo de 2007, emitida por esa entidad territorial, debía incluirse el
valor de ese gravamen en la adición de los contratos de obra pública celebrados
con posterioridad a su entrada en vigencia.
-. El 29 de noviembre de 2007, el INDER le comunicó a la Gerencia de la EDU su
concepto sobre las reclamaciones económicas de A.I.A. S.A., relacionadas con la
contribución especial prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Tras reconocer que el tributo sólo era aplicable a los contratos adicionales al
inicialmente pactado en 2007, precisó que el restablecimiento de un eventual
desequilibrio surgido con ocasión de tal medida sólo era procedente respecto de
las denominadas “obras adicionales”, por haber sido ejecutadas al precio de la
propuesta, presentada cuando era imprevisible la imposición del gravamen, pero
que no era admisible frente a las “obras extras”, ya que éstas eran convenidas al
precio vigente en las fechas de su pacto y ejecución, momentos en los que ya era
aplicable la contribución y conocida por ambas partes.
Agregó el INDER (fl. 369, c.1):
En todo caso, si eventualmente el contratista presenta reclamación por
desequilibrio económico con ocasión de la porción de obras adicionales o por
cualquier otro concepto, en referencia a los contratos adicionales, deberá
cumplirse con todo lo dispuesto por esta entidad en los oficios enviados el
pasado 31 de agosto, donde se dio respuesta a las solicitudes hechas por la
EDU para adicionar el valor de los convenios 1953 y 1954 de 2006.
[E]sta entidad observa que el contratista pretende que se le modifique el AIU
de la propuesta, sin embargo (...) no se dedica a probar los elementos
económicos y técnicos que dieron lugar al desequilibrio en el porcentaje
señalado que aplica sobre el costo directo del contrato (...).
[E]sta entidad no ha desconocido la Circular 002 del 20 de marzo del presente
año, del Comité Asesor en Contratación del municipio de Medellín, ello por
cuanto en momento alguno el Instituto se ha negado a reconocer
desequilibrios económicos (...) y ello no es posible, pues la figura tiene
fundamento legal (...); sin embargo (...), el INDER solicita del contratista la
7 No se advierte esa circunstancia en las actas de obra 1 a 6, ni en ninguna otra prueba allegada
al proceso.
23
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
prueba de dicho desequilibrio, ello por cuanto es necesario tener certeza de
los fundamentos técnicos, jurídicos y económicos, para proceder a
desembolsar dineros públicos por concepto de reconocimiento a causa de la
ruptura de la ecuación contractual.
[E]sta entidad ha manifestado que eventualmente podrá presentarse
reclamación por desequilibrio económico con ocasión de la contribución
especial (...).
Reprochó que, según lo informado por la EDU, la contratista se hubiera negado a
suscribir contratos adicionales y resolviera suspender la ejecución de la obra
justificándose en la no inclusión de “un componente económico”, cuando estaba
en la obligación legal de cumplir con el contrato y de demostrar el desequilibrio
alegado.
-. Reposan en el plenario las siguientes actas de obra, en cuya cuantificación se
incluyó el tributo especial previsto en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, como
aquí se detalla (C.9):
VALOR OBRAS CONTRIB.
VALOR BASE CONTRIBUCIÓN
ACTA DE ORDINARIAS Y VALOR OBRAS OBRAS TOTAL
(TODAS LAS POR OBRAS
OBRA ADICIONALES + EXTRAS + AIU ORDINARIAS Y CONTRIBUCIÓN
OBRAS + AIU) EXTRAS
AIU ADICIONALES
N° 7 (Nov- $1.574.588.740,0
$849.018.928,00 $725.569.812,03 $42.450.946,40 $38.278.490,60 $78.729.437,00
07) 3
N° 10 (Ene-
$411.091.365,38 $206.543.694,38 $617.635.059,76 $20.554.568,27 $10.327.184,72 $30.881.752,99
08)
N° 11 (Feb-
$17.445.929,01 $256.543.197,43 $273.989.126,44 $872.296,45 $12.827.157,87 $13.699.456,32
08)
N° 12 (Sep-
$20.203.318,92 $559.833.348,86 $580.036.667,78 $1.010.165,95 $27.991.667,44 $29.001.833,39
08)
CONTRIBUCIONES CUANTIFICADAS, SEGÚN ACTAS OBRANTES EN EL
$64.887.977,07 $89.424.500,63 $152.312.479,70
PROCESO:
Cabe señalar que en las actas de obra 1 a 6, suscritas entre abril y octubre de
2007, sólo figuran descuentos por concepto de amortización del anticipo (c-9).
En el expediente reposa, igualmente, copia de las “solicitudes de pago”
presentadas por la contratista durante 2007 y 2008, y en las que se incluyeron los
descuentos por concepto de “contribuciones”. Cada uno de tales instrumentos se
acompañó con un recibo de caja igualmente emitido por A.I.A S.A., con los
siguientes datos:
24
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
ANTICIPO Y
OTROS CONTRIBUCIÓ
VALOR TOTAL VALOR
SOLICITUD DESCUENTOS N 5%, PARA
CAUSADO, VALOR NETO RECIBO DE ATESTADO
DE PAGO DISTINTOS A DESCONTAR,
SEGÚN LA SOLICITADO CAJA COMO
N° LA DESCRITA EN
SOLICITUD RECIBIDO
CONTRIBUCIÓ LA SOLICITUD
N
114101 4214 (6-06-
$362,121,131 $108,637,539 $18,106,257 $235,381,335 $235,381,335
(24-05-07) 07)
114851 4353 (13-
$353,277,317 $105,983,195 $17,663,866 $229,630,256 $229,630,256
(06-06-07) 07-07)
115391 4427(31-
$494,823,137 $151,415,880 $24,741,157 $318,666,100 $318,666,100
(24-07-07) 07-07)
116263 4565 (31-
$337,953,849 $103,777,787 $16,897,692 $217,278,370 $217,278,370
(29-08-07) 08-07)
116933 4694 (26-
$1,228,230,769 $375,838,616 $61,411,538 $790,980,615 $790,980,615
(25-09-07) 09-07)
117745 4859 (25-
$1,095,889,794 $335,342,277 $54,794,490 $705,753,027 $705,753,027
(25-10-07) 10-07)
118428 5020 (21-
$147,642,201 $885,853 $7,382,110 $139,374,238 $139,374,238
(19-11-07) 11-07)
119803 5168 (21-
$593,066,748 $3,558,400 $29,653,337 $559,855,011 $559,855,011
(20-12-07) 12-07)
119799 5169 (21-
$306,524,811 $1,839,149 $15,326,241 $289,359,421 $289,359,421
(20-12-07) 12-07)
119793 5171 (21-
$1,426,946,540 $481,824,154 $78,729,437 $866,392,949 $866,392,949
(20-12-07) 12-07)
119801 5255 (28-
$161,784,249 $970,705 $8,089,212 $152,724,332 $152,724,332
(20-12-07) 12-07)
123982 6310 (26-
$44,105,543 $264,633 $2,205,277 $41,635,633 $41,635,633
(24-06-08) 06-08)
$6,552,366,089 $335,000,614
Reposan además, otras tres solicitudes de pago que incluyen descuentos por
concepto de “contribuciones”, pero no acompañadas con recibo de pago alguno
(fls 222-232, c1).
Con todo, no se allegó constancia ni instrumento alguno suscrito por la EDU, que
evidencie o relacione las retenciones efectivamente hechas por concepto de la
contribución especial, por los valores señalados en las actas de obra
anteriormente indicadas.
La liquidación del contrato
-. En Resolución N° 626 del 28 de julio de 2010, la EDU liquidó unilateralmente el
contrato de obra N° 18 de 2007, para lo cual adoptó las siguientes disposiciones:
ARTÍCULO PRIMERO. Liquidar directa y unilateralmente el Contrato de Obra
N° 18 de 2007 (...), de acuerdo con la siguiente ejecución presupuestal, en la
cual se efectúa la discriminación de los pagos realizados y el valor a reintegrar
por el CONTRATISTA, así:
25
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
VALOR DEL CONTRATO
Valor del contrato $5.580.000.000
Valor de las adiciones $2.789.999.999
Valor total del contrato $ 8.369.999.999
Valor ejecutado $ 8.113.036.660
Valor pagado al contratista por obra $ 8.113.036.660
Valor ejecutado por reajustes $ 53.073.604
Valor pagado al contratista por reajustes $ 51.466.367
Saldo a favor del contratista por reajustes $ 1.607.237
Saldo a liberar $ 203.889.735
PROVISIÓN DE REAJUSTES8
Valor provisión para reajustes $ 298.567.285
Valor ejecutado por reajustes $ 298.567.285
Valor pagado por reajustes $ 298.567.285
Saldo a favor del contratista $0
Saldo a liberar $0
ARTÍCULO SEGUNDO: La CONTRATANTE (...) declara recibida la obra y se
compromete a cancelar el saldo de UN MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (sic) PESOS M/L ($1’607.237,00) que
resultó a favor del contratista (...).
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo con la información suministrada por el
contador de la entidad, se omitió retener al contratista la suma de CUATRO
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($4’177.999,68),
por los conceptos que se relacionan a continuación, suma que debe ser
cancelada por el contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la presente resolución.
TIMBRE CONTRIB. ESP.
$728.510,08 $3’449.489,60
Asimismo, la entidad ordenó liberar la suma de $203’889.735, de los recursos
comprometidos para el pago del contrato.
2.2. Análisis de la Sala
2.2.1. El equilibrio económico del contrato
En lo que atañe a la figura del equilibrio económico del contrato, su primaria
regulación se encuentra en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que lo establece
8 La EDU manifestó que los días 2 y 3 de enero de 2008, realizó las provisiones para la reposición
y pago de reajustes por los valores de $250’000.000 y $48’567.285, respectivamente, mediante
los certificados de disponibilidad presupuestal 3556 de 2007 y 1247 de 2008 (fl. 77, c.1).
26
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
como una condición que debe reunir todo contrato estatal sujeto a ese estatuto,
para garantizar la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones
mutuas derivadas del negocio jurídico, de suerte que, alterada o fracturada tal
equivalencia o equilibrio, las partes deben proceder a su restablecimiento 9.
Esta noción ha sido abordada por la jurisprudencia, en los siguientes términos:
[S]i bien es cierto que, en principio, en materia de contratos funge el principio
del pacta sunt servanda , esta exigencia de cumplimiento exacto de lo
pactado, opera en la medida en que las condiciones existentes al momento de
celebrar el contrato se mantengan incólumes, por lo que se recurrió al principio
del rebus sic stantibus, conforme al cual, las condiciones originales del
contrato se deben mantener, siempre y cuando se conserve durante la etapa
de ejecución o cumplimiento la situación de cargas y beneficios que
soportaban las partes en el momento de su celebración, pero no se puede ni
debe mantener, cuando esa situación sufre modificaciones entre el momento
en que se trabó la relación negocial y una época posterior durante la ejecución
del contrato; con fundamento en dicho principio, se abrió paso el derecho de
la parte afectada por una situación imprevista y sobreviniente durante la
ejecución de las prestaciones, a que se le restablezca la ecuación contractual,
cuando haya sido gravemente afectada.10.
Luego, el equilibrio económico se predica respecto de aquellas condiciones y
contraprestaciones que las partes han pactado al celebrar el contrato, y en virtud
de las cuales esperan recibir los beneficios y provechos mutuamente equivalentes
que les otorgará la ejecución del objeto negocial –configurados precisamente bajo
el principio de equivalencia de prestaciones11-.
En cuanto a las causas de la ruptura del equilibrio financiero del contrato, la
jurisprudencia y la doctrina12 las han clasificado en tres grupos esenciales, a saber:
a) las que responden a los supuestos de la teoría de la imprevisión por ser,
justamente, imprevisibles y ajenos a las partes, al Estado y al contrato; b) las
9 Así, el artículo 27 de la citada ley, establece: “En los contratos estatales se mantendrá la igualdad
o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar,
según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte
afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía,
condiciones y formas de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, si a ello hubiere lugar (...).
10 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2020,
exp. N° 05001-23-31-000-2006-03354-01(46057).
11 Véase al respecto la sentencia de fecha 31 de agosto de 2011. C.P. Dra. Ruth Stella Correa
Palacio. Radicación Nº 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080).
12 Véase, al respecto, la sentencia proferida por esta Subsección el 16 de septiembre de 2013,
exp. 30.571; C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Asimismo, la sentencia del 14 de marzo de 2013, exp.
20.524, C.P Carlos Alberto Zambrano Barrera. En doctrina, consultar, entre otros, Escola, Héctor
Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Volumen II 1979, Editorial De Palma,
Buenos Aires, Argentina; págs. 453 y 454.
27
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
causas configurativas del denominado “hecho del príncipe”, que resultan
imputables a la entidad contratante que en ejercicio de sus funciones
administrativas profiere una medida de carácter general que termina afectando a
su propio contratista y siendo ajena al contrato, incide en él alterando gravemente
la economía contractual; y c) los eventos del denominado “ius variandi”, referentes
a las modificaciones unilaterales que la entidad estatal le realiza al contrato.
Estas causales tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad
del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca
el rompimiento de la ecuación económica, se requiere que tal fenómeno no se
haya originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las
circunstancias previstas por las partes al distribuir, precisamente, los riesgos del
objeto contractual, en las cláusulas del negocio jurídico 13, o al efectuar los ajustes
económicos del mismo durante su ejecución. En ese sentido, el rompimiento del
equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista
deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus
obligaciones, si estos no superan el álea normal del contrato o corresponden a las
eventualidades o contingencias asumidas por las partes tanto al celebrar el
acuerdo de voluntades como al establecer los mecanismos que la ley autoriza para
mantener la ecuación económica durante la vigencia del contrato.
Sobre tales materias, ha señalado la jurisprudencia 14:
[E]l fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se [edifica] sobre la
base del equilibrio, de la igualdad o de la equivalencia proporcional y objetiva
entre las prestaciones asumidas por las partes, lo cual comporta la exigencia
consistente en que las condiciones existentes al momento de la presentación
de la propuesta y de la celebración del contrato se preserven durante su
ejecución e, incluso, como en su liquidación, manteniéndose a lo largo de esas
etapas las obligaciones y derechos originalmente convenidos, así como las
contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, con lo cual en
caso de evidenciarse circunstancias o vicisitudes que afecten el equilibrio que
garantiza el Legislador, este deba restablecerse para que no se vean
afectados los mencionados propósitos que justifican la actividad contractual
del Estado.
Empero, lo anterior no necesariamente significa que en todas las hipótesis el
contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y
13 Ver, entre otras, las sentencias proferidas por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A, el 23 de noviembre de 2017, exp. N° 25000-23-26-000-1999-02431-01(36865), el
30 de mayo de 2019, exp. N° 53875 (M.P. Marta Nubia Velásquez Rico) y el 20 de noviembre de
2019, exp. N° 23001-23-31-000-2008-00132-01(41934).
14 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 28 de enero de 2016, exp. N° 25000-23-26-000-2003-01742-01(34454). C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
28
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
esperada por él, pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja
patrimonial tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico; así
pues, solo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la
ecuación financiera del negocio tienen vocación para constituirse en el
fundamento de la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del
vínculo obligacional, pues si las anotadas condiciones de recuperación de la
ecuación financiera del negocio no se exigiesen, se vería menoscabado el
interés público que debe prohijarse con ocasión de la contratación estatal. Lo
expuesto fuerza la conclusión de acuerdo con la cual en el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, más que proteger el interés individual
del contratista, lo que ampara fundamentalmente, en realidad, es el interés
general que se persigue satisfacer con la celebración y cabal ejecución del
contrato estatal.
Vale la pena agregar que, en materia de medidas tributarias, la jurisprudencia ha
reconocido que la fijación de nuevos impuestos o gravámenes durante el curso de
los contratos estatales bien puede dar lugar a la ruptura del equilibrio financiero,
dada la incidencia que claramente tendrían tales cargas en los costos del negocio
jurídico. Sin embargo, al lado de ello se ha recalcado que esa ruptura no se da de
manera automática ni a priori, sino que debe probarse en cada caso no sólo el
carácter imprevisible de la imposición tributaria, sino también que ésta haya
generado una alteración grave de las condiciones del contrato preexistentes al
gravamen, y que la carga que por cuenta de los impuestos debe asumir la parte
afectada, para cumplir sus obligaciones contractuales, es de carácter anormal,
superior a cualquier margen razonablemente previsible del riesgo que asumió al
suscribir el contrato15.
2.2.2. Las salvedades en los acuerdos que modifican el contrato
El Tribunal de primera instancia señaló que debían reputarse extemporáneas las
reclamaciones formuladas por A.I.A. S.A. por desequilibrio contractual derivado de
la mayor permanencia en obra, por haber guardado silencio al respecto cuando se
suscribieron los acuerdos de prórroga y de adición del valor del negocio jurídico,
15 “[L]a fijación de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes, con carácter general,
es una medida que (...) puede incidir en el ámbito contractual. // Luego, no es acertado aseverar,
por lo menos no bajo un juicio absoluto e inmodificable, que los impuestos fijados por la ley no
pueden constituir factor que altere la ecuación económica de los contratos, pues ello puede resultar
contrario al principio de igualdad antes las cargas públicas. Lo que ocurre es que el [evento
imprevisto] no opera, a priori, como factor desencadenante de la ruptura del equilibrio económico
de los contratos; de allí que serán las particularidades de cada caso las que permitirán llegar a tal
conclusión, siendo indispensable incorporar en el análisis de la hipótesis concreta, el criterio de
previsibilidad (...). Así las cosas, el contratista debe probar (...), las condiciones iniciales del
contrato que considera se han alterado por causa de éste, dada la imprevisibilidad de dichas
medidas, y que, por ende, para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales en esas ‘nuevas
condiciones’ ha debido asumir cargas anormales, extraordinarias, causantes de un detrimento
patrimonial que no está obligado a soportar...” (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera. Sentencia de 7 de marzo de 2002, exp. N° 21.588, C. P. Alier
Eduardo Hernández Enríquez).
29
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
y que al no haberse plasmado en tales instrumentos ninguna salvedad sobre el
derecho a reclamar la ruptura de la ecuación financiera derivada de lo allí pactado,
se debía “negar la prosperidad de tal reclamo”.
Cierto es que, de tiempo atrás, la jurisprudencia ha fijado criterios orientados a
recalcar que los acuerdos modificatorios del contrato son ley para las partes, y que
el silencio del contratista en esos pactos, sobre la eventual insuficiencia de los
mismos para solventar situaciones que puedan alterar la economía del contrato (y
que sean justamente objeto de tales convenios), puede derivar en que no
prosperen las pretensiones de restablecimiento elevadas al respecto en sede
judicial16; sin embargo, no es menos cierto que al lado de ese razonamiento se ha
examinado, en todo caso, y con base en las pruebas, la alteración o no del
equilibrio económico del contrato, y en esa medida, especialmente en providencias
más recientes, también se ha dejado en claro que esa postura inicial anotada no
puede entenderse como una suerte de “tarifa legal” probatoria que impida al juez
verificar la ocurrencia del desequilibrio alegado 17, sin dejar de reconocer que
pueden ser contrarios a la buena fe determinados casos en los que el contratista
ha aceptado pacíficamente las modificaciones de tiempo y valor aplicadas al
contrato, omitiendo señalar eventualidades lesivas para la equivalencia
16 “[S]i las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han
alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o
prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales
acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones
o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias
sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes. // Y es que el principio de la
buena fe lo impone porque, como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste
fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del
acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de
informar a la otra parte (...).En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades
fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.,
que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es
extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual”
(negrillas fuera de texto) (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección C. Sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. N° 150012333000201300526
01 (55.855). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).
17 “[L]la observancia del principio de buena fe no puede derivarse una infranqueable barrera para
el acceso a la justicia. Esto es, las exigencias normativas y jurisprudenciales no pueden
instrumentalizarse como un pretexto para la trasgresión del derecho a la tutela judicial efectiva y
de acceso a la administración de justicia, en especial cuando es el resultado de exigencias
formales, o de simples formalismos no contemplados por la ley, ni acordes con el referido
desarrollo jurisprudencial” (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección B. Sentencia del 10 de junio de 2022, exp. N° 50001-23-31-000-2008-00192-
01 (61168), C.P. Alberto Montaña Plata). En el mismo sentido, y dictadas por esta Subsección,
véanse las sentencias del 8 de mayo de 2020 -exp. N° 66001-23-31-000-2011-00255-00 (64701),
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico- y el 23 de octubre de 2020 -exp. N°
25000232600020060206202 (45.190), C.P. José Roberto Sáchica Méndez-.
30
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
prestacional del contrato, ya conocidas en ese momento pero no puestas de
presente ante la Administración.
El asunto fue esclarecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 27 de julio de 2023 18, en la cual se partió
por recalcar que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, norma reguladora del
restablecimiento del equilibrio económico de los contratos estatales, no establece
requisitos para la prosperidad de las pretensiones judiciales relativas al contrato,
como tampoco hace derivar de ella que el silencio de una de las partes sobre un
asunto materia de demanda judicial genera por sí solo una decisión desfavorable
a sus pretensiones.
Dijo la Sala:
El artículo 27 de la Ley 80 de 1993, pues, no establece «requisitos para la
prosperidad de las pretensiones». Y al interpretar este artículo no pueden
crearse requisitos de «oportunidad» para que prospere determinada
pretensión o para reclamar los perjuicios que se derivan, por ejemplo, del
incumplimiento del contrato, por el hecho de que durante su vigencia firmaron
pactos que facilitaron su ejecución (...).
La buena fe, en la ejecución del contrato (...), impone al juez estudiar cuál fue
el comportamiento de las partes frente a la ejecución de sus obligaciones,
desentrañar, según el tipo de contrato, qué corresponde a cada una de
acuerdo con la naturaleza de la obligación y definir, con base en esos
comportamientos, cuál es la responsabilidad con ocasión de la ejecución del
contrato (...). El juez debe tener en cuenta lo expresado por las partes, valorar
las pruebas e indagar el alcance de las modificaciones pactadas para
determinar así, las responsabilidades que a cada una de ellas les atañen (...).
El silencio no puede ser interpretado por el juez del contrato como una
declaración dispositiva. Si así se entendiera, se desconocería la autonomía de
la voluntad. Este postulado supone la capacidad de disponer o no libremente
de los derechos que son renunciables. Solo la ley o las partes pueden otorgar
consecuencias al silencio. Negar las pretensiones por la inexistencia de
«salvedades», es darle valor dispositivo al silencio por vía general, en otras
palabras, implicaría el surgimiento de «reglas contractuales» sin que haya una
declaración de voluntad (...).
Como la regla general es la autonomía de la voluntad, la renuncia de derechos
concierne a los sujetos de una relación jurídica contractual particular, que -en
tanto sujetos de derecho- están en capacidad para disciplinar el contenido del
contrato. Por ello, las restricciones a ese poder de disposición son
«excepcionales» (...).
Si las entidades públicas no pueden exigir renuncias o desistimientos, el juez
del contrato tampoco puede imponerlas mediante «requisitos para la
prosperidad de las pretensiones», como la constancia de desacuerdos
mediante «salvedades», ni mucho menos interpretar el silencio como
generador de disposiciones contractuales, sin que la ley lo prescriba o las
partes así lo hayan acordado (...).
En materia de adiciones, otrosíes o contratos modificatorios, en algunos
eventos, el juez al interpretar el contrato y los acuerdos durante su ejecución,
18 Expediente N° 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121), C.P. Guillermo Sánchez Luque.
31
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
como ha sucedido en algunos casos decididos por esta Sala, encontrará que
la voluntad de las partes se limitó a facilitar la ejecución del contrato, sin que
regularan asuntos relativos al incumplimiento o al desequilibrio contractual y
se accedió a las pretensiones. En otros, el juez constatará que las partes
disciplinaron determinados aspectos de su relación, aceptaron
modificaciones, renunciaron o transigieron determinados derechos, que
posteriormente pretenden en juicio y, por ende, se negaron las pretensiones.
Esta distinción es trascendental pues, a partir de ella, el juzgador debe
determinar si en realidad el acuerdo refleja que las partes tuvieron la intención
de resolver de manera definitiva un conflicto existente entre ellas. No se
pueden, pues, extraer conclusiones a priori generales.
En todo caso, en esa labor interpretativa, se reitera, el juez no podrá concluir
del silencio de las partes la renuncia a un derecho. El juez no podrá negar las
pretensiones porque no se [deduzca] de lo pactado que se hubiera dejado
abierta la posibilidad de reclamar. Tendrá que estar probado que la intención
de las partes, expresa, en el texto de los acuerdos, adiciones otrosíes etc,
posteriores, o desentrañada de acuerdo con las reglas previstas por la ley, fue
zanjar la diferencia que ahora se reclama en la demanda. Si no es así (...),
siempre quedará abierta la posibilidad de reclamar. El juez se encargará,
pues, caso por caso de determinar el alcance del pacto, de acuerdo con la
intención de las partes, sin que el silencio de una de ellas en acuerdos
modificatorios, contratos adicionales u otrosíes, constituya una renuncia
automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones.
El juez tiene a su cargo determinar –al desatar la controversia contractual– la
voluntad de las partes, con el fin de establecer si esos acuerdos regularon los
aspectos que comprenden las pretensiones y si tuvieron o no relación con
esos aspectos, si se acordó o no algo frente a ellos (...). No puede olvidarse
que ese iter surtido antes del acuerdo puede ser muy importante para resolver
de fondo el litigio, que es la obligación del juez como quedó dicho.
Por tanto, contrario a lo afirmado por el sentenciador de primer grado, el referido
silencio de la sociedad A.I.A. S.A., en las adiciones del Contrato N° 18 de 2007,
sobre su derecho a reclamar por la ruptura del equilibrio económico del contrato,
no era óbice para abordar en sede de juicio la pretensión elevada en tal sentido,
pues cualquier decisión sobre ese punto necesariamente debía estar precedida
del examen probatorio del caso y del análisis de lo pactado por las partes en tales
acuerdos, así como de la conducta adoptada por los firmantes durante el
desarrollo del contrato y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon
su ejecución.
Cosa distinta es que, efectuado tal ejercicio hermenéutico y de valoración
probatoria, se determine que en todo caso las pretensiones de restablecimiento
de la ecuación contractual no son atendibles, pero ello sólo lo establecerá la Sala
después de abordar el análisis de fondo de tal petitum, como ya se anotó.
32
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
2.2.3. La contribución especial prevista en la Ley 1106 de 2006
Como se aprecia palmario, la controversia en torno al tributo que fue aplicado al
contrato surgió, precisamente, con ocasión de lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley 1106 de 2006:
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición
al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento
o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán
con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante
una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la
respectiva concesión.
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o
suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
Esta norma fue reglamentada por el Decreto 3461 de 2007, en cuyo artículo 1 se
precisó que la contribución se causaría “sólo en aquellos casos en que los
contratos con entidades públicas (...) se suscriban como resultado de licitaciones
o procesos de selección abiertos a la recepción de ofertas con posterioridad al 22
de diciembre de 2006”, en tanto que “[l]as adiciones en valor a todos los contratos”
referidos en el mismo artículo 6 de la ley comentada, estarían gravadas con ese
concepto tributario.
Es claro entonces, y así lo reconocieron las partes, que en el contrato de obra N°
18 de 2007, la aludida contribución sólo operaría al suscribirse acuerdos para
adicionar el valor del negocio primigenio.
Por otro lado, aunque la EDU alegó que la contribución ya existía en el momento
de celebración del contrato, dado que el legislador ya la había previsto desde
1997, lo cierto es que el artículo 120 de la Ley 418 de ese año estableció
inicialmente el gravamen para los contratos de obra pública relativos a la
construcción y mantenimiento de vías 19, siendo su texto modificado
posteriormente por el artículo 37 de la Ley 782 de 2002, que en su momento amplió
19 En efecto, el texto inicial del artículo 120 de la Ley 418 de 1997 establecía: “Todas las personas
naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento
de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes,
deberán pagar a favor de la Nación, departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca
la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del correspondiente contrato o de la respectiva adición”.
33
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
la imposición del tributo a los contratos estatales celebrados para el mantenimiento
de vías de comunicación fluvial y para la construcción de puertos, por lo que
continuó dejando por fuera los demás contratos de obra pública 20. En esa medida,
era palmario que en octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió
al contrato materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la aludida
contribución para obras públicas distintas a las ya gravadas, lo que sólo vino a
ocurrir en diciembre de 2006 para contratos licitados a partir de esa época, como
ya se anotó.
2.2.4. Caso concreto
La Sala evidencia que no puede prosperar la apelación formulada por la parte
actora, ya que si bien, como se anotó, la no exposición de salvedades en las
Adiciones 1 a 7 del contrato N° 18 de 2007 no impedía el examen judicial de su
equilibrio económico y de las responsabilidades asociadas a su restablecimiento
por eventual ruptura, en todo caso no concurren los presupuestos para reconocer
el desequilibrio financiero por mayor permanencia en la obra, aducido en la alzada
de la demandante.
En contrapartida, prospera la censura formulada por la EDU, pues en el sub judice
tampoco se dan los elementos para condenar a la entidad a compensar ni
reembolsar a la contratista la debatida contribución del 5%, por lo cual se deberá
modificar el fallo apelado, para denegar la totalidad de las pretensiones de la
demanda.
-. En lo que respecta a los alegados sobrecostos por la mayor permanencia en la
obra, quedó demostrado en el proceso que la propuesta económica presentada
por la firma A.I.A. S.A. en la licitación pública N° 93 de 2006 tenía un valor total
de $5.580’000.000, de los cuales, $4.464’000.000 (80%) correspondían al monto
estimado de las obras y $1.116’000.000 (20%) al factor A.I.U. Igualmente, se
acreditó que al tasarse la cuantía de los componentes de este último, se le asignó
a la administración el valor de $535’680.000, a los imprevistos un monto de
20 Dispuso la norma: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra
pública para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos
aéreos, marítimos o fluviales con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al
valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición”.
34
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
$267’840.000, y a las utilidades, la suma de $312’480.000, términos todos que
después fueron refrendados y acordados en el contrato N° 18 de 2007.
Tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la sociedad A.I.A. S.A.
reconoció dicha circunstancia y recalcó que la estimación de $535’680.000 para
el componente de administración equivalía al 12% de los costos directos de la
obra ($4.464’000.000), además de lo cual, expresó que los “costos reales de
administración” en que incurrió durante todo el plazo del contrato fueron del orden
de $1.385’237.905, referencia que soportó con un certificado expedido por el
contador público y el revisor fiscal de esa firma.
Expresó también -en palabras textuales- que, “a través de la facturación realizada
en el contrato, se recuperaron $812’369.252, suma ésta que equivale al 12% de
la facturación realizada durante la totalidad del contrato”.
A lo anterior, añadió:
“El costo no recuperado asciende a $572’868.653, que es la diferencia entre
los costos reales de administración y el valor de la administración recuperada”.
Es con base en ello que la actora solicita, justamente, el pago de $572’868.653,
para lo cual invoca la ocurrencia del desequilibrio económico del contrato. Sin
embargo, la construcción de su pretensión -que hoy reivindica en sede de
segunda instancia- se cimenta sobre premisas equivocadas, pues presupone que
cualquier exceso en que se incurra en gastos de administración da lugar a
restablecimiento de la ecuación contractual, cuando no es así: no cualquier
desfase en el componente de administración -como tampoco en los imprevistos
ni en las utilidades- es configurativo de desequilibrio, sino sólo aquel que altere
en forma grave y excesiva la economía del contrato, al punto de llevar a la parte
afectada a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones sin incurrir en cargas
desproporcionadas por la anormal variación de las condiciones en que el negocio
fue celebrado, y a sufrir pérdidas graves que no tenía el deber de soportar, por
ser ajenas a su margen de maniobra e imprevisibles en el momento de suscribir
el respectivo acuerdo de voluntades 21.
21 En este punto, vale la pena mencionar que, concretamente, la disminución o pérdida de las
utilidades previstas no pueden constituir rompimiento del equilibrio económico del contrato, ya que
no es obligación del Estado garantizarlas, lo que se evidencia con la derogación de la frase
“además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado”, antes incluida en el
inciso segundo del artículo 3 de la Ley 80 de 1993, pero retirada del ordenamiento por el art ículo
35
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
Ahora, el valor total del componente de “administración” inicialmente ofertado y
contratado era de $535’680.000, equivalente al 12% de los costos directos de la
obra.
Por su parte, las adiciones en valor del contrato arrojaron un total de
$2.789’999.999, lo que implicaba que, bajo el porcentaje inicialmente destinado al
AIU -20%-, un monto del orden de los $557’999.999 engrosó la cuantía de la
administración, los imprevistos y las utilidades del contrato y sus acuerdos
modificatorios, correspondiendo el 80% restante (es decir, $2.231.999.999,2) a
los costos directos de las obras objeto de adición. En tal virtud, si en los términos
del contrato primigenio, el rubro de administración equivalía al 12% de los costos
directos, las adiciones del valor representaron $267’839.999 para ese
componente (12% de los costos directos de esas adiciones). Por consiguiente, el
total de lo pactado en el contrato y sus acuerdos modificatorios, por concepto de
“administración”, equivalía a $803’519.999.
Se reitera que, según la demanda y la certificación del contador público de la firma
demandante, los costos reales de administración en que se incurrió durante todo
el negocio jurídico fueron del orden de $1.385’237.905, lo cual, por sí solo
representó una diferencia de $581’717.906 frente a las sumas previstas en el
contrato y sus adiciones.
La actora recuperó $812’369.25222, sin retorno de los demás gastos equivalentes
a $572’868.653, pero no se aprecia que esta última cantidad, como tampoco la
diferencia anotada de $578’717.906, afectaran la equivalencia prestacional y el
equilibrio económico del contrato, pues esa cuantía de sobrecostos no representó
la imposibilidad de cumplir con el contrato bajo pérdidas financieras o con una
anormal onerosidad para la contratista, ya que el objeto pactado llegó a término
sin haberse siquiera demostrado la afectación de todo el componente AIU del
contrato y sus adiciones en valor, esto es, la suma de $1.673’999.999 23.
Esto último implica que la suma solicitada por la demandante a título de
sobrecosto por mayor permanencia en la obra tampoco representó disminución
30 de la Ley 1150 de 2007. Ello obedece a la naturaleza de todo negocio, que se encuentra sujeto
a una normal contingencia de ganancia o pérdida.
22 Es decir, todo lo previsto por concepto de administración, más $8’849.253.
23 AIU inicial: $1.116’000.000 + AIU de las adiciones $557’999.999.
36
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
alguna en el componente de utilidades previsto inicialmente -lo que por sí mismo
no se traduce de manera automática en un desequilibrio financiero del contrato 24-
y no alteró el componente los imprevistos, destinados precisamente a cubrir esa
clase de contingencias, lo que permite reafirmar, en definitiva, que no es posible
señalar la ruptura de la ecuación contractual que alega A.I.A. S.A.
Ahora, la pretensión relativa a tales rubros extraordinarios también se encaminó
al reconocimiento de la suma que “resultara probada en el proceso”, así fuera
superior a la estimada en la demanda; pero no obra en el plenario, prueba alguna
que demuestre sobrecostos superiores a los $572’868.653 tasados en el libelo,
especialmente porque el dictamen pericial rendido en la causa estableció que el
valor de los gastos administrativos no recuperados fue de $247’436.536, mientras
que la certificación expedida por el contador público y el revisor fiscal de A.I.A.
S.A. señala que, en la ejecución del contrato materia de controversia, la actora
“incurrió en costos o gastos administrativos (...) por valor de MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M.L. ($1.385’237.905)”, monto que
corresponde al referido expresamente en el libelo como cuantía de los “costos
reales”, y del cual se aduce que no fueron recuperados $572’868.653. Según los
indicados profesionales, la cifra mencionada fue debidamente contabilizada y se
fundó en los soportes igualmente allegados al proceso, esto es, la relación de
tales gastos y sus respectivas facturas (fls. 11-12, c.1 y c. 3 anexo), de modo que no
es posible establecer por concepto de costos de administración, cuantía alguna
mayor a la estimada por la parte demandante y en el reporte de su contador y su
revisor fiscal.
Por ello mismo, y en suma, se concluye que si bien es verdad que la actora aportó
la copia de las adiciones de valor y plazo, demostrativas de la mayor permanencia
en la obra, junto con las comunicaciones en que se expusieron diversas
contingencias en la zona intervenida, así como los comprobantes de nómina y
facturas de distintos bienes y servicios subcontratados para la ejecución de la
obra -tales como vigilancia, maquinaria, papelería y transporte, que constituyeron
los soportes de la certificación del contador (cuad. 3, anexo)-, lo cierto es que no
acreditó que el pago de tales conceptos ocasionara la excesiva onerosidad del
contrato de obra pública N° 18 de 2007, al punto de alterar el equilibrio económico
24 Ibídem (anotación 21).
37
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
del mismo en los términos antes señalados, sobrepasando de manera anormal lo
previsto en las indicadas adiciones suscritas por mutuo acuerdo.
-. En lo que respecta a la contribución impuesta en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006, le asiste razón a la EDU en cuanto señala, en su recurso de apelación, que
la demandante no demostró la ruptura del equilibrio financiero derivada del cobro
de tal prestación tributaria. En efecto, debía demostrarse en el proceso que la
mayor onerosidad del contrato, derivada de la inclusión de ese gravamen en las
adiciones económicas pactadas, no fue cubierta con los precios previstos en esos
instrumentos, sino que superó las previsiones hechas en ellos, de manera
extraordinaria, grave y anormal, exacerbando toda carga que el contratista
estuviera llamado a asumir; sin embargo, no se acreditó tal presupuesto, lo que
se concluye tras verificar las siguientes falencias en la construcción y prueba de
la pretensión relativa al aludido tributo, así como en la forma como se resolvió
dicho punto en el fallo impugnado:
En primer lugar, debe reiterar la Sala que la entrada en vigencia de nuevos
impuestos, tasas o contribuciones durante el término de ejecución del contrato no
acarrea por sí misma, menos en forma automática, la ruptura del equilibrio
negocial, pues si bien es palmario que la imposición de obligaciones tributarias,
sobreviniente al contrato, puede potencialmente afectar precios o costos previstos
en él, para que de ello surjan reconocimientos por desequilibrio económico deben
concurrir todos los elementos de esa figura, esto es, no sólo la imprevisibilidad de
la medida, sino que ésta haya ocasionado una excesiva onerosidad del contrato,
con afectación patrimonial grave y extraordinaria tanto para el negocio mismo
como para la parte que debió asumir la correspondiente carga 25. Por ello,
habiendo estructurado A.I.A. S.A. la pretensión relativa a la contribución del 5%
establecida en la Ley 1106 de 2006, sobre la base de un desequilibrio contractual,
debía demostrar la ocurrencia de los mencionados presupuestos, no siendo
suficiente para ello la denegación de su “compensación” por parte de la EDU,
como lo razonó el juzgador de primer grado.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 29
de mayo de 2003. Rad. 73001-23-31-000-1996-4028-01(14577) reiterada, entre otras, por las
sentencias del 18 de septiembre de 2003 -exp. 70001-23-31-000-1996-05631-01(15119)- y del 18
de diciembre de 2020 -exp. N° 05001-23-31-000-2010-01456-01(49840). C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas-.
38
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
En segundo término, muy ligado a lo que se acaba de señalar, se recalca que la
cuestión que concernía al presente juicio era la ocurrencia o no de desequilibrio
contractual por causa de la contribución, más no la procedencia de devolver
retenciones o de disponer el reintegro de lo que le hubiera correspondido pagar a
la contratista como sujeto pasivo del tributo. No existe basamento legal del que
pueda deducirse la obligación para una entidad del Estado, retenedora de
contribuciones e impuestos, de devolver al contribuyente los abonos que haya
hecho por ese concepto y asumirlos la Administración con su propio patrimonio,
en el marco del contrato estatal, menos sobre la base de entender que por el solo
pago del gravamen se rompió la ecuación financiera del negocio jurídico.
En un juicio similar, señaló esta Corporación 26:
[M]ientras que para la entidad demandada constituía una obligación el efectuar
las respectivas retenciones en la fuente cada vez que realizara un pago al
contratista, las retenciones que tuvieron lugar constituían, en efecto,
obligaciones tributarias en cabeza de la parte actora, anteriores a la
celebración del contrato, que eran conocidas por las partes y sobre las que no
se puede pretender fundar, válidamente, una solicitud de desequilibrio
contractual.
En tercer lugar se evidencia que, al no haberse demostrado siquiera las
retenciones efectivas hechas por la EDU para asegurar la contribución, no se
cuenta con base alguna para establecer a partir de ello la ocurrencia o no del
desequilibrio alegado. Así, la parte actora no allegó ningún instrumento en el que
la EDU hubiera reportado, registrado ni constatado las retenciones efectivamente
realizadas, sino únicamente las solicitudes de pago directamente presentadas y
discriminadas por A.I.A. S.A., junto con los respectivos recibos de caja también
suscritos por la contratista. A ello se agrega que no obra ningún elemento de
convicción que justifique la inclusión de “contribuciones” en solicitudes de pago
presentadas antes del 17 de agosto de 2007, cuando hasta esa fecha no se había
convenido ninguna adición al valor del contrato ni se habían incluido descuentos
por contribuciones en las respectivas actas de obra.
Finalmente, como cuarto punto de análisis relativo a la contribución, se advierte
que las pruebas aportadas por la demandante para reivindicar su causa -
concretamente, la certificación del revisor fiscal y el contador público, junto con su
soporte contable- indican que los alegados “costos reales de administración”
26 Consejo de Estado– Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 3 de agosto de 2020, exp. N° 88001-23-33-000-2013-00096-01(53879). C.P. Alberto
Montaña Plata.
39
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
sufragados por A.I.A. S.A. incluyeron “impuestos y contribuciones” (fls. 20-21, c.1), lo
que significa que tales obligaciones tributarias ya estaban comprendidas en las
sumas que la actora estimó al solicitar el restablecimiento del equilibrio contractual
por mayor permanencia en la obra. De tal manera, no se cuenta con base alguna
para tomar separadamente el pago de la contribución del 5% que la actora
reclama y los gastos administrativos que en la demanda se adujeron como fuente
de desequilibrio por $572’868.653, pues en éstos últimos quedaría incluido lo
pagado por la actora por concepto de contribuciones, sin que haya prueba de que
el cálculo hecho por la demandante y por el contador público en la certificación
hubiera dejado de lado ese concepto tributario hoy objeto de controversia.
3. Conclusiones
A la luz de lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que no hay lugar a reconocer
el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007, puesto
que no se demostró que la mayor permanencia de la contratista en la obra le
hubiera ocasionado sobrecostos que sobrepasaran el álea normal del negocio
jurídico y de las adiciones de tiempo y plazo que sobre él se suscribieron, como
tampoco se acreditó que, por una ruptura de la ecuación contractual, la EDU
estuviera obligada a resarcir a favor de la contratista el valor de las retenciones
que le hubiera hecho por concepto de la contribución prevista en el artículo 6 de
la Ley 1106 de 2006.
4. Costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998
–aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para
resolver sobre la procedencia de la condena de costas. Toda vez que en el
presente caso no se evidencia que alguna de las partes haya actuado
temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad
procesal, no habrá lugar a su imposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
40
Radicación N°: 050012331000201002114-01 (56495)
Demandante: Arquitectos e Ingenieros Asociados -A.I.A. S.A.-
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-
Referencia: Acción de controversias contractuales
FALLA:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de julio de 2015, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones del presente fallo.
SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
41
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.