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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00192-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00192-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, el 14 de diciembre de 2017 y, en su lugar, 35 Índice correspondiente a enero de 2008, fecha en la que la administración debía realizar los pagos relacionados con las salvedades de la segunda liquidación bilateral. 13 de 14 Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168) Demandante: Heriberto Martínez Ramírez Demandado: Departamento de Guaviare Referencia: controversias contractuales Decisión: revocar la sentencia de primera instancia ________________________________________________________________________________ SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del departamento de Guaviare por los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, en los términos expresados en la presente providencia. TERCERO: CONDENAR a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la suma de seiscientos veinte cuatro millones, novecientos cuarenta y seis mil, doscientos cuarenta y uno pesos ($624´946.241) a favor del demandante. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2008-00192-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

10 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 10 de junio de 2022

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: Controversias contractuales

Temas: controversias contractuales – liquidación bilateral del contrato – salvedades en la
liquidación – buena fe contractual.

Síntesis del caso: el actor solicitó declarar responsable a la entidad contratante por
excedentes y sobrecostos, reclamación que plasmó en una salvedad contenida en la
liquidación bilateral, negocio jurídico que fue luego revocado directamente mediante un
acto administrativo.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, el
14 de diciembre de 2017, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. Heriberto Martínez Ramírez, a través de apoderado judicial, presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
en contra del departamento de Guaviare, con el objeto de que se hicieran
las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):

“A. DECLARACIONES
PRIMERA: Declárese responsable al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE por la
utilidad dejada de percibir, los excedentes y sobrecostos de precios, por
motivo de la ejecución del contrato de obra N 222 de 2005, suscrito por la
parte actora, como consecuencia de la mayor permanencia en la obra,
imputable a la parte demandada.
SEGUNDA: Declárese responsable a la ENTIDAD DEMANDADA de los demás
perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante, que le fueron
ocasionados al ACTOR por la mayor permanencia en la obra, con motivo
de la ejecución del contrato N 222 de 2005.

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129
del Código Contencioso Administrativo (CCA).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
TERCERA: Declárese responsable a la ENTIDAD TERRITORIAL DEMANDADA,
del menoscabo al buen nombre del DEMANDADO, como consecuencia de
los hechos y omisiones atribuibles al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, por
motivo de la ejecución del precitado contrato.
CONDENAS
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordenarán hacer
las siguientes condenas:
PRIMERA. Condénese al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, y a favor del
DEMANDANTE, a título de restablecimiento de la ecuación contractual, al
pago de la utilidad dejada de percibir, los excedentes y sobrecostos de
precios, que resulten probados en el proceso, por motivo de la ejecución
del contrato de obra N 222 de 2005, como consecuencia de la mayor
permanencia en la obra, imputable a la entidad.
SEGUNDA. Condénese a la ENTIDAD DEMANDADA, la pago de valor de los
demás perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante […]
TERCERA. Condénese al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, al pago del valor
de los perjuicios de orden Moral que le fueron ocasionados al DEMANDANTE
por motivo de la ejecución del contrato en cuantía de so mil ($2.000) SMLMV.
CUARTA. Se condene al DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE al pago de intereses
moratorios, sobre el valor del saldo, la suma de $121.962.903.46 desde el
momento en que se hizo exigible la obligación, el día 22 de enero de 2007,
hasta su pago al CONTRATISTA el día 25 de febrero de 2008 […]”.

2. En la demanda2 la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes que fundamentaron sus pretensiones:

3. 1) Como resultado de una licitación pública adelantada por el
departamento de Guaviare, el 14 de octubre de 2005 se celebró el contrato
222, cuyo objeto era la pavimentación de la vía principal del municipio de El
Retorno, y cuyo plazo inicial de ejecución era de 3 meses.

4. 2) El contrato fue objeto de suspensiones, de adición en plazo, y de una
modificación de las cantidades de obra y nuevos ítems.

5. 3) Días antes de la celebración del referido contrato, el 7 de octubre de
2005 la entidad suscribió otro contrato para la construcción de unas redes de
alcantarillado en la misma vía, del cual no conocía el demandante, ni fue
informado durante el procedimiento de selección. Este otro contrato dificultó
la ejecución de aquel que tenía por objeto la pavimentación de la vía.

6. 4) El 23 de agosto de 2006 el contratista presentó una solicitud de
restablecimiento del equilibrio económico por la mayor permanencia en obra,
por $410.907.602,07, “por los hechos y circunstancias ajenos a mi mandante e
imputables a la entidad contratante, consistentes en la demora en la entrega
de los diseños de la obra, falta de la licencia ambiental para la ejecución de
la obra y demora en la modificación al EOT del Municipio del Retorno”.

7. 5) El contratista entregó la obra el 28 de septiembre de 2006, 10 meses y 24
días después de que se suscribió el acta de inicio. “Como consecuencia de la
mayor permanencia en la obra (7 meses y 24 días), dejó el contratista de
percibir la utilidad proyectada, se causaron excedentes y sobrecostos de
precios que afectaron la ecuación contractual”.

2 Folios 2-17 del cuaderno principal I.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________

8. 6) Según la parte actora, en el tiempo que excedió el plazo original de
ejecución tuvo maquinaria en espera, pagó mano de obra y el arrendamiento
de 3 bodegas de almacenamiento de material.

9. 7) En el acta de recibo final de la obra se consignó que la entidad tenía
“pendiente dentro de sus obligaciones resolver la solicitud presentada de
restablecimiento del equilibrio económico”.

10. 8) Las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral, en donde se
determinó que quedaba un saldo por pagar a favor del contratista de
$121.962.903 y se incluyó, dentro de las observaciones, “que la Gobernación
acepta[ba] el desequilibrio económico que se presentó en la obra y se
compromet[ía] a desarrollar el estudio técnico para determinar el monto del
mismo basado en el estudio que presentó el contratista, en el plazo de un
mes”.

11. 9) Ante el incumplimiento de la entidad, el 8 de febrero de 2007 el
contratista presentó un derecho de petición para que la entidad le informara
el valor del correspondiente desequilibrio. Finalmente, el comité de
conciliación del Departamento, en reunión de 25 de mayo de 2007, “aprobó
la solicitud de conciliación recomendada por funcionarios de la Gobernación
del Guaviare, por valor de $350.169.962.31, por el desequilibrio económico
sufrido por el contratista”.

12. 10) Según afirmó el demandante, el 24 de julio de 2007 la secretaría jurídica
del Departamento le hizo llegar una “acta de liquidación final” para que fuera
firmada, la que regresó sin firma, habida cuenta de que ya existía una
liquidación bilateral previa suscrita por las partes.

13. 11) Mediante la Resolución 66 de 31 de julio de 2007, la entidad “revocó
de forma directa el acta de liquidación final”, sin el consentimiento expreso y
escrito del contratista, con fundamento en que no se había tenido en cuenta
“el cambio de formato para la liquidación de los contratos”, acto contra el
que presentó un recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera
negativa, mediante la Resolución 79 de 31 de julio de 2007.

14. 12) Con posterioridad, en la nueva liquidación bilateral, y ante “la
insistencia del secretario jurídico de excluir la observación sobre el
reconocimiento del equilibrio”, el contratista manifestó por escrito que
aceptaba que se retirara la referida observación, comoquiera que en la
Resolución 79 de 2007 ya se había reconocido y aprobado el desequilibrio a
su favor y porque se le informó que era necesario excluir la observación para
que se pudiera liquidar un convenio interadministrativo que el Departamento
había suscrito con el Invias, y que tenía por objeto la consecución y
trasferencia de los recursos para la pavimentación de la vía.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
15. 13) Agregó que el reconocimiento de la ruptura del equilibrio económico
había quedado determinado, tanto “en el acta de liquidación final del
contrato de fecha 22 de diciembre de 2006 (vigente)”, como por el comité
técnico y de conciliación y en las respectivas resoluciones, “habiendo hecho
el contratista las observaciones (salvedades por escrito)”.

1.2. Posición de la parte demandada

16. La entidad contestó la demanda3 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Señaló que, en las actas de suspensión, reinicio y en la adición
del plazo del contrato de obra, “nada se había dicho o interpelado en
relación con la mayor onerosidad o los mayores costos”. Indicó que constituía
una conducta desleal que el “contratista durante toda la ejecución del
contrato, firm[ara] documentos con la administración, sin que por un lado se
evidencia[ra] su desacuerdo con las condiciones, elementos o situaciones del
contrato”, por lo que no tenía “ningún fundamento el que mucho después
reclame por algo que en su momento aceptó complacido y ejecutó
pacíficamente”.

17. Agregó que la entidad, de haber conocido la situación del contratista,
“hubiere podido tomar de común acuerdo los correctivos necesarios para
mejorar las condiciones contractuales”; sin embargo, la entidad no conocía
la situación pues el contratista “no la dio a conocer oportunamente”. Para la
entidad, la conducta descrita era violatoria de la buena fe y desconocía los
actos propios del demandante.

18. La demandada propuso las excepciones de “contrato no cumplido”, con
fundamento en la posterior declaración del siniestro de estabilidad de la obra;
de “objeto contractual no cumplido”; de “purga de la mora”, habida cuenta
de que el contratista estaba en mora de reparar las losas dañadas en la
pavimentación de la vía; “hecho del contratista”, quien conocía las
circunstancias en las que se encontraba el lugar (pues había hecho parte de
la visita de obra); y la excepción de “falta de prueba del daño emergente y
lucro cesante”.

1.3. Sentencia recurrida

19. El 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Meta profirió
Sentencia de primera instancia4 en la que negó las pretensiones de la
demanda.

20. Para el juzgador de primera instancia, como el contratista no dejó
salvedades en la liquidación bilateral del contrato, “no podía acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a solicitar el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato, salvo que se invocara la configuración de

3 Folios 392-407 del cuaderno principal II.
4 Folios 338-352 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
un vicio en el consentimiento […] aunque la parte actora indic[ó] que suscribió
el acta de liquidación sin observación sobre el reconocimiento del equilibrio
contractual por la insistencia del Secretario Jurídico del departamento del
Guaviare, a fin de obtener el giro de los recursos provenientes del INVIAS en
virtud del convenio interadministrativo N 289 de 2005, lo cierto es que esta
manifestación por sí sola no puede entenderse como la alegación de un vicio
en el consentimiento, pues no pasa de ser una mera explicación que incluso
no se encuentra razonable”.

21. Concluyó que “el supuesto daño que se reclama[ba] en la demanda era
únicamente atribuible al contratista, puesto que este, al momento de suscribir
la última acta de liquidación bilateral del contrato no dejó salvedades y
observaciones”, y que, si bien el contratista había presentado una
observación sobre el reconocimiento del equilibrio económico del contrato
en la primera acta de liquidación bilateral, la cual fue revocada por la
administración, no lo hizo, de la misma manera, en la segunda acta, lo que le
impedía presentar cualquier reclamación judicial.

22. Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de pago de intereses de mora
sobre el saldo de $121.962.903,46, advirtió que el pago había sido
condicionado a la actualización de las pólizas y a su aprobación por la
Secretaría Jurídica, por lo que no era una obligación pura y simple, mientras
que no se acreditó el cumplimiento de las condiciones que permitieran
determinar el momento a partir del cual la obligación se hizo exigible.

1.4. Recurso de apelación

23. El 26 de enero de 2018 la parte demandante presentó recurso de
apelación5, en el que reprochó que el Tribunal se hubiera limitado a efectuar
un análisis de forma y no de fondo de la última de las liquidaciones, a pesar
de que existieron dos, “sin detenerse a hacer un estudio juicioso de su origen y
las vicisitudes que se dieron para su nacimiento a la vida jurídica, dejando de
lado sin consideración alguna el estudio de la primera de las actas de
liquidación del contrato […] en la que se incluyeron salvedades por el
contratista”.

24. Añadió que “el Tribunal de instancia tampoco hizo un análisis juicioso sobre
la revocatoria directa del acta de liquidación bilateral del contrato […] su
motivación absurda, su carácter injusto e ilegal”, lo que había violado la
buena fe y la prevalencia del derecho sustancial.

25. A pesar de que el juzgador de primer grado hizo referencia al
reconocimiento del desequilibrio por parte de la entidad contratante y de su
cuantificación por el comité técnico y el comité de conciliación del
Departamento, no hizo ninguna valoración jurídica sobre ese reconocimiento.

5 Folios 805-811 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
Insistió en que el contratista presentó observaciones al momento de la firma
del acta de recibo final de la obra, y en que el primer negocio jurídico, en el
que se liquidó bilateralmente el contrato, había “nacido a la vida jurídica
conforme a las normas legales vigentes al momento de su suscripción”.

26. El recurrente señaló que la entidad revocó en forma directa un “negocio
jurídico, contenido en el acta de liquidación final […] sin que para ello hubiese
existido competencia por el funcionario que revocó, tampoco existía
consentimiento expreso y escrito del contratista”, ni su revocatoria “tuvo
fundamento en las causales previstas en la ley (artículo 69 de CCA)”.

27. Insistió en que suscribió la última liquidación bilateral sin incluir las
salvedades porque, aunque en el formato que le hicieron llegar las habían
excluido, en todo caso remitió por escrito anexo a la entidad un oficio “con
las observaciones sobre el desequilibrio económico y el reconocimiento
hecho por la gobernación”, y porque en las resoluciones en las que se efectuó
la revocatoria directa se había reconocido “que el nuevo formato no
modificaba la situación jurídica ya consolidada a favor del contratista, pues
el formato era una mera formalidad”.

28. Reiteró que la entidad contratante nunca contó con su consentimiento
para revocar, de forma directa, el acta de liquidación bilateral, lo que hacía
a la actuación del departamento de Guaviare “no solamente injusta sino
ilegal”. Para el apelante, so pretexto de adaptar la liquidación a un formato
exigido y de cumplir con una instrucción del Invias, la entidad contratante no
podía revocar la liquidación bilateral y realizar una nueva y “mucho menos
excluir las salvedades realizadas por el contratista”, actuaciones que
resultaban violatorias de la buena fe, de la confianza legítima y de la
prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución), esta
última por no haber estudiado, en su conjunto, las diversas actas de
liquidación del contrato.

29. En la oportunidad para alegar de conclusión, la parte demandada insistió
en los argumentos expuestos a lo largo del proceso y en que las partes se
encontraban a paz y salvo, de acuerdo con el acta de liquidación y con la
falta de inconformidades del contratista6. La parte demandante añadió que
los perjuicios ocasionados se encontraban plenamente probados en el
proceso con el dictamen pericial y los testimonios practicados7.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Objeto del litigio y decisiones que se adoptarán – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3.
Sobre la condena en costas

2.1. Objeto del litigio y decisiones que se adoptarán

6 Folios 830-838 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folio 832-837 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________

30. De conformidad con las pruebas que obran en el proceso y con los motivos
de la apelación, la Sala deberá establecer si la actuación del contratista
durante la etapa de ejecución y liquidación del contrato le imposibilitaba
elevar sus pretensiones ante al jurisdicción de lo contencioso administrativo, o
si, por el contrario, en atención a las exigencias legales y jurisprudenciales, su
conducta observó los postulados de la buena fe contractual y de la doctrina
de los actos propios.

31. La Sala revocará la sentencia de primera instancia y estudiará de fondo
las pretensiones de la demanda, toda vez que el contratista sí formuló las
observaciones y salvedades pertinentes, sin que su actuación pudiera
comprenderse como violatoria de la buena fe contractual y sin que con ella
hubiera sorprendido y defraudado a la entidad contratante. Asimismo, de
conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se reconocerán los
gastos derivados de la mayor permanencia en obra y los sobrecostos en que
incurrió el contratista, que resultaban atribuibles a la entidad contratante.

2.2. Análisis sustantivo

32. En el proceso obra copia del contrato de obra 222 de 14 de octubre 20058;
del acta de inicio; 2 actas de suspensión y de reinicio; así como de la adición
al plazo del contrato y de la solicitud de restablecimiento del equilibrio
económico formulada por el contratista a la entidad9. También se aportó
copia del convenio interadministrativo 289 de 2005, celebrado entre el Invías
y el departamento de Guaviare, para la pavimentación de la vía principal de
El Retorno10.

33. Se allegó el original del “acta de recibo final de la obra” y del “acta
definitiva de recibo final de la obra”11. Asimismo, se aportó el derecho de
petición presentado por el contratista para que se definiera el valor del
desequilibrio que había sido aceptado por la entidad en el acta de
liquidación del contrato12 y de la respuesta del secretario jurídico del
departamento de Guaviare en la que le solicitó al contratista aportar “todos
los documentos que usted estime necesarios para efectos de valorar” el
desequilibro. También obra en el expediente una copia del acta de la reunión
en la que el comité técnico estudió el contrato 222 de 2005 y en la que se
definió el “documento base” para establecer el monto del referido
desequilibrio, y del acta del comité de conciliación del Departamento en la
que decidió “aprobar la solicitud de conciliación por valor de $350.169.962”13.

8 Folios 35-47 del cuaderno principal II.
9 Folios 42-50 del cuaderno principal I.
10 Folios 18-23 del cuaderno principal I.
11 Folios 139 - 150 del cuaderno principal I.
12 Folios 151 y 152 del cuaderno principal I.
13 Folios 168-194 del cuaderno principal I.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
34. En el expediente se encuentra el acta de liquidación bilateral del contrato
de 5 de julio de 2007 (en la que el contratista presentó sus salvedades relativas
al pago del desequilibrio económico que había sido aprobado por el Comité
de Conciliación); así como la Resolución 66 de 31 de julio de 2007 “por la cual
se revoca el acta de liquidación del contrato de obra pública Nro 222 de 2005,
firmada el 05 de julio de 2007”14; del recurso de reposición por la
improcedencia de la revocatoria15 y de la Resolución 79 de 2007, por la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto16.

35. Finalmente, se aportó copia de la liquidación bilateral celebrada con
posterioridad a la revocatoria directa de la primera liquidación bilateral, de 5
de diciembre de 200717.

36. Se decretó y practicó un dictamen pericial en el que se interrogó al perito
sobre si, como “consecuencia del mayor tiempo de ejecución de la obra, se
causaron al contratista sobrecostos”. Tras la respuesta afirmativa, se calculó la
afectación patrimonial en $350.169,96218.

37. Como primera medida, esta Sala recuerda que las consideraciones sobre
la posibilidad de elevar pretensiones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en ausencia de salvedades previas, es el resultado de
consideraciones jurisprudenciales y normativas derivadas, en particular, de las
disposiciones del Código Civil19 y de la Ley 80 de 1993, artículos 2820 y 6021

14 En la Resolución 66 de 31 de julio de 2007, en el considerando 2 se indicó lo siguiente (se trascribe): “Que el día 05

de julio de 2007, las partes de común acuerdo suscribieron el acta de liquidación final del contrato de obra pública
N 222 de 2005, en el cual quedó estipulado un desequilibrio económico a favor del contratista, este fue aprobado
mediante acta del comité de conciliación de la Gobernación del Guaviare […]” Folios 200 y 201 del cuaderno
principal I.
15 Folios 201-207 del cuaderno principal II.
16 Folios 209-211 del cuaderno principal II.
17 Folios 903 y 904 del cuaderno de anexos 5.
18 Folios 561-571 del cuaderno principal IV.
19 En la sentencia de esta Sección, de julio 6 de 2005 exp. 14.113, luego de que un actor manifestara que “ninguna

norma jurídica ha[bía] establecido la exigencia anotada por el a quo -la constancia de las inconformidades-, de lo
cual deduce que su exigencia desborda[ba] el derecho positivo”, esta Corporación manifestó que existían, por los
menos, dos soportes normativos de esta exigencia: “A este respecto se debe precisar que, el deber de dejar en el
acta de liquidación, en forma clara y concreta, las constancias o reclamaciones, sí tiene fundamento normativo y
por eso mismo es exigible en las relaciones contractuales. “En primer lugar, este hecho se funda en el artículo 1602
del Código Civil, aplicable por remisión al derecho de los contratos estatales, según el cual ‘Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales.’ No puede perderse de vista que el acta de liquidación bilateral comparte la misma naturaleza del contrato,
tanto por su formación como por sus efectos, de modo que lo allí acordado produce las consecuencias a que se
refiere el artículo citado. Desde este punto de vista, cuando no se deja en el acta constancia concreta de
reclamación, se entiende que no existe inconformidad. “En segundo lugar, este deber se funda en el ‘principio de la
buena fe’, el cual inspira, a su vez, la denominada ‘teoría de los actos propios’, cuyo valor normativo no se pone en
duda, pues se funda, en primer lugar, en el artículo 83 de la CP, según el cual ‘las actuaciones de los particulares y
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquéllos adelanten ante estas’, y en forma específica, en materia contractual, en el artículo 1603,
según el cual ‘los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley
pertenecen a ella.’ “Queda, entonces, claro que la posición del a quo, compartida por esta Sala, tiene fundamento
normativo suficiente, razón por la cual esta jurisdicción ha exigido su cumplimiento en las actas de liquidación bilateral
de los contratos estatales.”
20 Ley 80 de 1993, artículo 28. “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos

de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en
consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio
entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.
21 Ley 80 de 1993, artículo 60. “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue

en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner
fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo […]”.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
(contenida, en la actualidad, en una expresa disposición de la Ley 1150 de
2007, artículo 1122). Esta exigencia, inicialmente circunscrita a la liquidación
bilateral del contrato, fue luego ampliada, a través de una extensa y
constante interpretación jurisprudencial, a otras actuaciones contractuales
como las suspensiones, modificaciones y adiciones de los contratos, en
observancia del principio de buena fe y de la prohibición de venir en contra
de sus propios actos.

38. En medio de algunas diferencias interpretativas, expresar por escrito las
inconformidades en el acta de liquidación bilateral, ha llegado a ser
calificado como un “requisito de la acción contractual”23. Requisito al que se
le ha atado la carga de claridad y de concreción y la necesidad de identificar
los motivos concretos de la inconformidad24, cuya ausencia “impide el
examen judicial”.

39. En efecto, como lo ha señalado el Consejo de Estado en repetidas
ocasiones25, y lo especificó esta misma Sala en una oportunidad reciente26,
“del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se
deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar
cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades” en la
liquidación bilateral, así como en las modificaciones, adiciones, prorrogas y
suspensiones contractuales.

40. Justamente, la exigencia de las salvedades tiene como fundamento que
los acuerdos de las partes no puedan ser invalidados sino por el
consentimiento mutuo o por causas legales, lo que evita que una parte
sorprenda a la otra, o defraude su confianza al trasgredir el deber de
ejecución de buena fe contractual.

41. Ahora bien, de la observancia del principio de buena fe no puede
derivarse una infranqueable barrera para el acceso a la justicia. Esto es, las
exigencias normativas y jurisprudenciales no pueden instrumentalizarse como
un pretexto para la trasgresión del derecho a la tutela judicial efectiva y de
acceso a la administración de justicia, en especial cuando es el resultado de
exigencias formales, o de simples formalismos no contemplados por la ley, ni
acordes con el referido desarrollo jurisprudencial.

22 Ley 1150 de 2007, artículo 11. “[…] Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por

mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo”.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 14 de abril de 2010, exp.

17322; Sentencia de 20 de octubre de 2014, exp. 27777.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de julio de 2005, exp.

14133.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de febrero de 1987, exp. 4838; Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de junio 22 de 1995, exp. 9965;
Sentencia de 29 de agosto de 1995, exp. 8884; Sentencia de 10 de abril de 1997, exp. 10.608; Sentencia de 31 de
agosto de 2011, exp. 18080; Sentencia de 20 de octubre de 2014, exp. 24809; Sentencia de 1 de julio de 2015, exp.
37613.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 2021, exp.

51529.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
42. En el caso concreto, el Tribunal ignoró por completo que las partes
suscribieron una primera liquidación bilateral, en la que el contratista, de
manera expresa, dejó plasmada sus inconformidades y formuló una salvedad
relativa a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico. Ignoró,
también, que la administración, de manera atípica (en un acto administrativo
que no fue objeto de demanda) decidió “revocar”, unilateralmente, aquello
que había sido objeto de un acuerdo negocial. Esto es, la administración, de
forma antojadiza, revocó el acuerdo bilateral que había sido legalmente
celebrado.

43. Asimismo, se desconoció que el contratista, expresamente, y a través de
una comunicación que hizo llegar a la entidad, le manifestó las razones para
excluir de la segunda acta de liquidación bilateral sus salvedades, pues
atendió el llamado de la entidad a proceder de esa manera para que pudiera
esta recibir los recursos del convenio interadministrativo que la misma entidad
había celebrado con el Invias27. Esto es, aunque la observación no quedó
integrada en el documento mismo, hizo parte de una clara, expresa e
inequívoca manifestación ante la entidad, quien, en ningún momento fue
tomada por sorpresa, pues, por el contrario, conocía de las reclamaciones
con mucha anticipación a la época de la demanda, tanto como que, un
comité técnico y el comité de conciliación tuvieron la oportunidad de
pronunciarse y de tasar y valorar el monto del restablecimiento.

44. La entidad demandada, además de sustentar su defensa en la ausencia
de salvedades en la liquidación, aseveró que el contratista había guardado
silencio al momento de suscribir las suspensiones y la adición contractual. Sin
embargo, para la Sala este argumento no resulta de recibo.

45. Se debe tener en cuenta que la primera suspensión ocurrió al siguiente día
del inicio de la ejecución contractual (el 3 de noviembre de 2005), suspensión
frente a la cual (si se atienden las exigencias jurisprudenciales) difícilmente
podía exigirse la presentación de salvedades, pues no era posible anticipar el
impacto que tendrían frente a la posterior ejecución del contrato. Esta
realidad se hace más palpable cuando se evidencia que la propia
jurisprudencia ha exigido que las salvedades no sean genéricas (tipo “me
reservo el derecho a reclamar”28). Constituiría, entonces, un requisito de
imposible cumplimiento el que, cuando las observaciones no puedan ser
genéricas, se exija que se expresen salvedades claras y concretas, mediante
la individualización de inconformidades y afectaciones, las cuales, por
definición, no se habían presentado al día siguiente ni a los pocos días del
inicio de la ejecución contractual29.

27 Con el envío del acta de liquidación firmada, y ante la solicitud del retiro de la salvedad, el contratista hizo llegar a

la entidad un oficio en el que le informaba que había aceptado “se saque dicha observación solo con ese fin”, toda
vez que la Resolución 79 de 31 de julio de 2007 “reconoc[ió] en las consideraciones que mediante comité de
conciliación se aprobó el desequilibrio económico a favor del contratista y que se necesita sacar esta observación
del acta para que se pueda liquidar el convenio interadministrativo”.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de marzo de 2000, exp.

10778
29 El contrato reinició su ejecución el 9 de diciembre de 2005 y volvió a suspenderse 3 días después, el 12 de diciembre

de 2005 (de conformidad con el acta de suspensión 2). Folios 45 y 46 del cuaderno principal II.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________
46. En lo que respecta a la adición del contrato, se destaca que el contratista
sí presentó una reclamación, lo cual hizo inmediatamente después de suscribir
la referida adición. Mientras que la adición contractual tuvo lugar el 16 de
agosto de 2006, el 23 de agosto del mismo año, el contratista presentó a la
entidad su solicitud de “restablecimiento del equilibrio económico
contractual”, con fundamento en las mismas razones que soportaron su
demanda. Por lo que la exigencia de presentar las salvedades y
observaciones respectivas fue observada por el contratista.

47. De manera que no es aceptable la defensa de una entidad que afirmó
haber sido sorprendida por el demandante, cuando, no solo conoció las
reclamaciones de su contratista durante la ejecución del contrato (lo que
desvirtúa el dicho de no haberla conocido oportunamente), sino que había
adelantado varias actuaciones administrativas para su respectivo
reconocimiento.

48. A propósito del conocimiento expreso de la entidad, además de la
referida solicitud de desequilibrio económico, existen otras actuaciones
administrativas que dan cuenta del saber y de la aceptación de la afectación
patrimonial del contratista:

1) En el acta de recibo final de obra, las partes contratantes, al tiempo que aceptaban
el recibo final de la obra, manifestaron: “2. Que la gobernación acepta el desequilibrio
económico que se presentó en la obra y se compromete a desarrollar el estudio
técnico para determinar el monto del mismo basada en el estudio que presentó el
contratista, en el plazo de 1 mes”.
2) Derecho de petición de 8 de febrero de 2007 en el que el contratista le solicitó a la
entidad le informara si el valor del requilibrio económico, “aceptado y legalizado en
el comité técnico” le sería pagado.
3) Respuesta de la Gobernación al derecho de petición en la que solicitó al contratista
elaborar la valoración económica del desequilibrio para poder definir el asunto y
liquidar el contrato30.
4) Valoración del desequilibrio por parte del interventor de la obra, por $336.080.91931 y
revisión y análisis de documentos del ingeniero, profesional universitario, supervisor
delegado de la Gobernación, sobre la mayor permanencia en la obra y sus costos
derivados, por orden de $350.169.96232.
5) Acta del Comité Técnico de la Secretaría de Obras del Departamento en la que se
estudió cuál sería el valor “más real, el más ajustado y más conveniente” para
restablecer el equilibrio, y se determinó que se tendría como valor definitivo el
presentado por el supervisor delegado, esto es, 350.169.96233.
6) Acta del Comité de Conciliación de la Gobernación del Guaviare, reunión en la que
se “aprob[ó] la solicitud de conciliación por valor de $350.169.962”, como resultado de
la mayor permanencia en obra y sus gastos concurrentes que habían sido aceptados
por el interventor de la obra.

49. Se debe tener presente que en la primera liquidación bilateral que
suscribieron las partes, de 5 de julio de 2007, el contratista dejó la expresa
salvedad sobre el valor de $350.169.962, que sería pagado por la entidad. Con
posterioridad, y luego de la atípica revocatoria unilateral de ese negocio
jurídico, cuando la administración citó al contratista para “volver a liquidar

30 Folio 153 del cuaderno principal II.
31 Folios 154-157 del cuaderno principal II.
32 Folios 158-165 del cuaderno principal II.
33 Folios 166 y 167 del cuaderno principal II.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
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bilateralmente el contrato”, este le envió anexo un documento que contenía
sus respectivas observaciones. De esta manera, que las partes hubieran
liquidado bilateralmente el contrato en más de una ocasión, obedeció a la
atípica actuación de la administración, que decidió revocar, mediante un
acto administrativo, la primera liquidación bilateral, en la cual el contratista
había expresado sus salvedades. De igual manera, se debe tener presente
que, en la última liquidación, en un oficio anexo, el contratista plasmó las
razones por las que no consagró sus observaciones en la misma actuación sino
en un documento adjunto, lo que en modo alguno podría llevar a la
conclusión de la inexistencia de salvedades, como de manera errada lo
concluyó el juzgador de primera instancia.

50. En el caso que ocupa la atención de la Sala, más que un vicio del
consentimiento (que no fue alegado y cuyo estudio no resultaba procedente
para el presente caso), lo que se debía tener en cuenta es que, en efecto, el
contratista, de manera oportuna, manifestó su descuerdo y su intención de
que le fueran reconocidos los sobrecostos en los que había incurrido, que
resultaban imputables a la entidad. Por lo que algunas consideraciones, de
contenido meramente formal, no podían impedir el acceso a la
administración de justicia, toda vez que, al tiempo que no existe un
procedimiento administrativo prestablecido para la “correcta” manifestación
de las salvedades, las exigencias de triviales formalismos para su inclusión
atentan contra el derecho de acceso a la administración de justicia.

51. Por último, se recuerda que la buena fe, como principio rector de las
actuaciones contractuales, protege a las partes para que no sean
sorprendidas, para que no se defraude su confianza y evitar que se venga en
contra de los propios actos, lo que no ocurrió en el presente caso.

52. Una vez establecida la procedencia del estudio de las pretensiones del
demandante, procede la Sala a pronunciarse de fondo. Al respecto se
evidencia que, aunque las partes hicieron referencia indistintamente a la
mayor permanencia en obra y sus costos derivados y a la existencia de un
desequilibrio económico; de conformidad con la solicitud del demandante y
con lo reconocido por la propia administración durante el trámite contractual,
las pretensiones se circunscriben a los sobrecostos en los que incurrió el
contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de
la entidad contratante.

53. Si bien la propia entidad reconoció (en varias actuaciones y actos
administrativos) lo que calificó como un desequilibrio, esta Sala tendrá en
cuenta (del amplio material probatorio), además del dictamen pericial, la
acreditación del interventor34 (originada en la solicitud del contratista), en
donde se reconocieron algunas reclamaciones y se excluyeron otras, todas

34 El interventor reconoció una mayor permanencia en obra de 239 días, en las que se ocasionaros costos relacionados

con la maquinaria y el equipo, la mano de obra y su alimentación, el transporte, arriendos, mayor valor de los
materiales, y la ampliación de la póliza.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
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derivadas de la mayor permanencia, misma que resultaba atribuible a la
entidad, comoquiera que esta celebró, en paralelo, otro contrato que tenía
como objeto la “construcción de las redes de sistema”, en la calle principal
del municipio de El Retiro, obra que inició su ejecución pocos días antes (el 28
de octubre de 2005), y de manera casi concomitante a la obra del contrato
de pavimentación del contrato 222, celebrado con el demandante,
circunstancia que dificultó y retrasó la ejecución contractual y ocasionó una
mayor permanencia atribuible a la entidad contratante.

54. A las referidas dificultades en la ejecución se suma la falta de construcción
del alcantarillado, la falta de aprobación de la licencia ambiental, la tardanza
en la entrega de diseños y en la definición del “esquema de ordenamiento
territorial”. Estas razones, que soportaron la reclamación por la mayor
permanencia y que no fueron rebatidas en el presente proceso por la entidad,
constituyeron el fundamento mismo del reconocimiento por parte del comité
técnico y el comité de conciliación del Departamento para el “estudio y
análisis jurídico y financiero de la solicitud” del contratista.

55. Finalmente, en la experticia que fue practicada se determinó (de manera
coincidente con lo que reconoció el comité de conciliación de la entidad)
que los sobrecostos ascendieron a $350.169.962, cifra que será tomada para
efectuar el cálculo efectivo del reconocimiento patrimonial que procede a
favor del demandante.

56. Se actualizará la condena, con su respectiva indexación, de conformidad
con la siguiente fórmula:

Valor presente = valor histórico * índice final/índice inicial
VP = VH ($350.169.962) * 118.7/66.5135
VP = $624´946.241

2.3. Sobre la condena en costas

57. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA requeridos.

3. DECISIÓN

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Meta, el 14 de diciembre de 2017 y, en su lugar,

35 Índice correspondiente a enero de 2008, fecha en la que la administración debía realizar los pagos relacionados

con las salvedades de la segunda liquidación bilateral.

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Radicación: 50001-23-31-000-2008-00192-01 (61168)
Demandante: Heriberto Martínez Ramírez
Demandado: Departamento de Guaviare
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la sentencia de primera
instancia
________________________________________________________________________________

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad patrimonial del departamento de
Guaviare por los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor
permanencia en obra, en los términos expresados en la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR a la entidad demandada al reconocimiento y pago de
la suma de seiscientos veinte cuatro millones, novecientos cuarenta y seis mil,
doscientos cuarenta y uno pesos ($624´946.241) a favor del demandante.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firma electrónica Firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto

Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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