Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00601-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Servicio público de transporte
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00601-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2011-00601-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
15 de julio de 2021
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / OPERADOR O EMPRESA DE TRANSPORTE – Prestación del servicio / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – Licencia de funcionamiento y habilitación / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE – Habilitación / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Concepto / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO - Está conformado por el acto de habilitación y el de otorgamiento a empresa de transporte de la licencia de funcionamiento para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor / PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA - Probada al no demandarse la integridad de pronunciamientos que conformaban el acto complejo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a Sala considera que sí existe dependencia entre las resoluciones 00492 y 00493 de 2006, la que obligaba a la parte actora a cuestionarlas en una única demanda para atribuirle competencia al juez sobre las razones que aludió como constitutivas de ilegalidad y que en su mayoría descansan en reproches frente a la Resolución 00492 de 2006, a pesar de no demandarlas conjuntamente cuando claramente corresponden a un acto complejo que obligaba a que se demandaran de esta manera. Entonces, comoquiera que a partir de la Ley 336 y su Decreto Reglamentario 171, la figura de la habilitación es requisito para la prestación del servicio de transporte, esta autorización administrativa concedida a COOTRANSANDINA para la prestación del servicio de transporte era concurrente con la licencia de funcionamiento que se encontraba en trámite y que le permitió operar una ruta en el trayecto Medellín – Andes y viceversa, porque además de disponerlo la ley, fue uno de los requerimientos que le hizo la autoridad administrativa para su aprobación como se estableció del contenido de tales actos. En efecto, del contenido de las examinadas resoluciones 00492 y 00493 de 2006, la Sala identifica que comparten como referencia en común, la citada Resolución 002374 de 2006, emitida por el Ministerio de Transporte, que mantuvo la licencia de funcionamiento inicial a la Cooperativa de Transportes Andina – COOTRANSANDINA, mientras que en el término de 6 meses acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtenerla y la operación de la ruta autorizada Medellín – Andes y Viceversa, en los términos del Decreto 1927 de 1991 y solicitaba de manera concurrente la habilitación para la prestación de dicho servicio, en los términos del Decreto 171 de 2001. Estas situaciones fácticas que acaecieron en orden a la expedición de estos actos, permiten a la Sala identificar que su integración sucede en razón a la confluencia de estas solicitudes frente a la prestación del servicio de transporte en vigencia del Decreto 171 de 2001, que imponía para su prestación la ocurrencia de dichas autorizaciones, las que fueron adoptadas por la misma autoridad y que confluyeron a la concreción del acto complejo. En estos términos, la Sección Quinta de esta Corporación tuvo la oportunidad también de examinar tal acaecimiento sobre estos mismos actos y la actuación adelantada, pero en la que fungió como demandante otra empresa de transporte, la que también demandó únicamente la Resolución 00493, aquí acusada. En dicha providencia se puntualizó: […] Entonces, dadas las condiciones que se relatan en las resoluciones 00492 y 00493, acaeció una situación sui generis frente a la situación de COOTRANSANDINA, que permite considerar que entre estas resoluciones coexiste una identidad que les impide cuestionarse de manera separada, pues las declaraciones de la administración en torno a las solicitudes de la cooperativa resultaron ser sucesivas a pesar de que provienen de procedimientos diferentes iniciados por peticiones radicadas en diversas fechas, pero que por relacionarse temáticamente y surgir de una licencia inicial conferida, confluyeron en la decisión del permiso tanto para la operación como para la prestación del servicio público de transporte, lo que explica que para su cuestionamiento debieron demandarse de manera conjunta. Esta situación que no fue advertida por el Tribunal a quo impedía un pronunciamiento de fondo, habida cuenta de que estas decisiones, a las que además se refirió la parte apelante para explicar su presunta ilegalidad, conforme se dijo en precedencia, constituyen una unidad, que imposibilita un pronunciamiento de fondo sustentado en la falta de integración de los actos acusados o lo que se ha denominado como “proposición jurídica incompleta”.
De manera que la Resolución 00493 de 2006 no era pasible de control judicial de forma independiente a los actos relativos con la aprobación de la licencia de funcionamiento COOTRASANDINA, circunstancia que impone, por este motivo, revocar el fallo apelado y, en su lugar, inhibirse de realizar el examen de legalidad deprecado. Conviene aclarar que en este caso no es procedente la declaratoria de la cosa juzgada respecto del fallo de 15 de marzo de 2018, por cuanto respecto de dicho proceso también procedió una decisión inhibitoria, que impide asignarle las consecuencias que se predican de dicho fenómeno.
FUENTE FORMAL: DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 12 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 14 / LEY 336 DE 1996 – ARTÍCULO 11
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00601-01
Actor: COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA - COONORTE
Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE - MINTRANSPORTE
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: LA HABILITACIÓN ES LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA A UNA EMPRESA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ADELANTAR SU OPERACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 336 DE 1996 Y EL DECRETO 171 DE 2001. EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LA HABILITACIÓN A CONTRANSANDINA CONSTITUYEN UN ACTO COMPLEJO EN RAZÓN A LA SITUACIÓN SUI GENERIS QUE ACAECIÓ FRENTE A LA SOLICITUD INICIADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 1927 DE 1991 Y A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 171 DE 2001. LA DEMANDA SE TORNA EN INEPTA AL NO DEMANDARSE DE MANERA CONJUNTA LAS RESOLUCIONES QUE INTEGRAN EL ACTO COMPLEJO. SE REVOCA EL FALLO APELADO Y LA SALA SE INHIBE PARA PRONUNCIARSE
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA., en adelante COONORTE LTDA., contra la sentencia de 22 de julio de 2014, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. COONORTE LTDA., por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, “Por la cual se habilita a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “COOTRANSANDINA”, para operar como empresa de Transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera”, expedida por la Directora Territorial de Antioquia (E), del Ministerio de Transporte.
b) La Resolución núm. 001388 de 19 de noviembre de 2008, “Por la cual se declara incompetente la Dirección Territorial Ad-Hoc Antioquia, para conocer los recursos de reposición y de apelación frente a la resolución 00493 de 14 de noviembre de 2006”, expedida por la Directora Territorial de Antioquia Ad-Hoc para COONORTE LTDA.
c) La Resolución núm. 003272 de 5 de agosto de 2010, “Por la cual se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por el Representante Legal de la empresa COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. –COONORTE-, contra la Resolución No. 1388 de 19 de noviembre de 2008,” expedida por la Directora Territorial Antioquia Ad-Hoc para COONORTE LTDA.
2ª. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene revocar en su integridad la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, mediante la cual se habilitó a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, en adelante COOTRANSANDINA, para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, y, en su lugar, se emita una orden para que dicha empresa no siga operando como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, para las ruta Andes - Medellín y viceversa.
3ª. Que se condene al Ministerio de Transporte al pago de los perjuicios y reajustes que la actora dejó de percibir desde la fecha de la expedición de la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006 y hasta el día de la sentencia que ponga fin al proceso, de acuerdo con la cuantía probada.
4ª. Que se ordene dar cumplimiento al fallo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177 del CCA.
5ª. Que se ordene a la demandada el pago de las costas y agencias en derecho.
I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes hechos:
1º. Indicó que la empresa COOTRANSANDINA prestaba servicios de transporte, a juicio de la actora, de manera ilegal, esto es, sin la licencia ni habilitación para operar como empresa de transporte, motivo por el cual COONORTE LTDA., como transportadora del servicio en la vía Bolombolo - Medellín, denunció tal hecho, pero la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte se abstuvo de realizar gestión alguna al respecto.
2º. Que el 14 de marzo de 1996, COOTRANSANDINA presentó solicitud para operar como empresa de servicio público de transporte de pasajeros por carretera, razón por la cual mediante la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002 la Dirección Territorial de Antioquia le otorgó licencia de funcionamiento inicial para operar como empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros de carretera, en la ruta Medellín- Andes y viceversa.
3º. Señaló que junto a TRASURAN S.A. y TRANSPORTES SUROESTE ANTIOQUEÑO S.A. se opusieron a la licencia provisional, para lo cual cada una, en forma independiente, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, por no cumplir con los requisitos para desarrollar la actividad del servicio público de transporte.
4º. Que el recurso de reposición presentado por las mencionadas transportadoras fue resuelto mediante la Resolución núm. 00952 de 17 de diciembre de 2002, expedida por la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte, por la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002 y se concedió el recurso de apelación.
5º. Sostuvo que el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte al resolver el recurso de apelación, a través de la Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006, revocó las Resoluciones núms. 00074 de 5 de marzo de 2002, 00952 de 17 de diciembre de 2002 y 000028 de 30 de enero de 2003, por unificación de criterios, y, en su lugar, dispuso que COOTRANSANDINA debía realizar la formación de rutas, horarios y capacidad transportadora, para lo cual se le concedió un término de seis (6) meses, pudiendo luego obtener la licencia y su posterior habilitación.
6º. Que, por lo anterior, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002, mediante la cual se le otorgó licencia inicial a COOTRANSANDINA; la Resolución 0952 de 17 diciembre de 2002 y de varios artículos de la Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006, demanda que cursó en el Juzgado 20 Administrativo de Medellín.
7º. Adujo que la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte, expidió en la misma fecha, esto es, el 14 de noviembre de 2006, las resoluciones núms. 00492, por la cual se concedió licencia de funcionamiento a COOTRANSANDINA y 00493, que concedió la habilitación a dicha empresa para operar como transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, para la ruta Andes- Medellín y viceversa, ello sin tener en cuenta que debía estar en firme la Resolución, a través de la cual se otorgó licencia definitiva para proceder con la habilitación.
8º. Anotó que la Directora Territorial de Antioquia, mediante la Resolución núm. 1388 de 19 de noviembre de 2008, se abstuvo de seguir conociendo de la actuación relacionada con la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, por considerar que no tenía competencia para resolver sobre los recursos de reposición y de apelación, dada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la Empresa de Transporte Suroeste Antioqueño S.A. en contra de la Resolución 00493 de 14 de noviembre de 2006, proceso que cursaba en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
9º. Que contra la Resolución núm. 1388 de 19 de noviembre de 2008, interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Director Nacional de Transporte y Tránsito mediante la Resolución núm. 003272 de 5 de agosto de 2010, que declaró improcedente el recurso.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política; 2º y siguientes del CCA; Decreto 171 de 5 de febrero de 2001 y las leyes 336 de 20 de diciembre de 1996 y 105 de 30 de diciembre de 1993.
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Indicó que se le transgredió el derecho a la igualdad, en razón a que de tiempo atrás “avizoró” el surgimiento de empresas “piratas”, que operaban a pesar de no tener licencia ni habilitación, y sin que la Dirección Territorial de Antioquia realizara gestión alguna.
Sostuvo que se habilitó a COOTRANSANDINA para operar como empresa de transporte la ruta Andes- Medellín y viceversa, pese a que el estudio de factibilidad arrojó como resultado la no disponibilidad de demanda para que entrara otra empresa a operar dicha ruta.
Señaló que, además, la administración en este caso violó el derecho a la igualdad ante la ley, porque no escuchó sus reclamos, no aplicó las normas especiales que empezaron a regir desde el año 2001 (Decreto 171) y no observó las normas contenidas en el CCA, las cuales se deben aplicar de manera sistemática y no en forma aislada.
SEGUNDO CARGO: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA
Expresó que se le vulneró el debido proceso, toda vez que para el momento de concederse la licencia definitiva ya estaba vigente el Decreto 171, que era la norma aplicable al procedimiento administrativo.
Que el ente territorial obró de manera ilegal al apartarse de la nueva normativa, al no realizar los estudios de factibilidad y disponibilidad de rutas y de horarios y al otorgar en una misma fecha (14 de noviembre de 2006) la licencia de funcionamiento y de habilitación a COOTRANSANDINA, para operar como empresa de transporte de pasajeros, mediante las resoluciones 00492 y 00493, desconociendo que una es consecuencia de la otra; y que debe estar en firme la resolución de la licencia para poder conceder la habilitación.
Alegó que se omitió la Ley 336 de 20 de diciembre de 1996, la cual establece que para la habilitación y el permiso para la prestación del servicio público de transporte, se debe otorgar la licencia por concurso, con el fin de garantizar la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre la creación de nuevas empresas, según lo establece el Decreto 171.
Que, además, es violatoria del debido proceso la conducta desplegada por la doctora MARÍA EUGENIA BARRIOS DE G., por haber expedido las citadas resoluciones 000492 y 00493 de 14 de noviembre de 2006, a pesar de tener pleno conocimiento de estar impedida para conocer sobre asuntos donde estuviera la actora (dado que en anteriores ocasiones lo hizo, cuando se le solicitó al Ministerio de Transporte la expedición de tarjetas de operación) y solo proceder a declararse impedida al momento de negar los recursos de reposición y apelación, que fueron interpuestos por la demandante contra dichos actos.
Concluyó que el Ministerio de Transporte vulneró el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, al no escuchar los argumentos, al no aplicar la normativa vigente y abstenerse de resolver los recursos que oportunamente fueron interpuestos contra la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006.
TERCER CARGO: VIOLACIÓN AL DECRETO 171 DE 2001, REGLAMENTARIO DE LAS LEYES 105 DE 1993 Y 336 DE 1996
Adujo que la Dirección Territorial de Antioquia incurrió en una vía de hecho respecto a la interpretación de las normas y el trámite previsto en el Decreto 171, porque expidió en una misma fecha (14 de noviembre de 2006) las resoluciones 00492 y 00493, las cuales se debieron dictar de manera consecuente, actuación que viola las normas especiales, las cuales se deben aplicar en forma sistemática y no de la manera como procedió el mencionado Ministerio.
Advirtió que COOTRANSANDINA no tenía un derecho adquirido sino una mera expectativa, ya que la licencia definitiva y la habilitación fueron expedidas el mismo día, 14 de noviembre de 2006.
Indicó que COOTRANSANDINA, para la fecha en que fue concedida la habilitación, no tenía su licencia de funcionamiento definitiva, por ello debió aplicarse la nueva reglamentación, prevista en el Decreto 171 y no los requisitos establecidos en el Decreto 1927 de 6 de agosto de 1991.
Que, por lo tanto, el ente territorial debió agotar el trámite del concurso que señala la Ley 336, y tener presente los distintos requisitos que una empresa requiere para obtener la licencia y la consecuente habilitación para operar como empresa de transporte.
Trajo a colación el concepto de 23 de octubre de 2008, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el cual se señaló que al tenor de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 11 de la Ley 336, una empresa prestadora del servicio público de transporte que tuviera licencia de funcionamiento vigente contaba con un término de 18 meses, a partir de la reglamentación que para el efecto expidiera el Gobierno Nacional, para solicitar la habilitación.
Anotó que en estas circunstancias, la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006 se encuentra viciada de nulidad.
CUARTO CARGO: VIOLACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, REFERIDO A LA EXPEDICIÓN EN “FORMA IRREGULAR” DEL ACTO, CON DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIAS Y DEFENSA
Afirmó que dentro del trámite, la entidad demandada no observó los requisitos y etapas procesales que establecen las normas especiales (Decreto 171 y leyes 105 y 336), ni sometió la actuación al procedimiento administrativo previsto en el artículo 49 y siguientes del CCA; y que no tuvo en cuenta a las empresas afectadas, a las que solamente les notificaron algunas decisiones.
Anotó, además, que una funcionaria que estaba impedida fue quien expidió las tarjetas de operación solicitadas por ella; y que la mencionada entidad, de forma intempestiva, terminó con la actuación, absteniéndose de estudiar y resolver los recursos de reposición y de apelación interpuestos por la actora contra la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, bajo el criterio de que el Ministerio de Transporte había perdido la competencia por la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que cursaba en la jurisdicción contencioso administrativa, interpuesta contra dicho acto, lo cual no era cierto, dado que la demanda promovida era contra la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006.
QUINTO CARGO: FALTA DE MOTIVACIÓN Y FALSA MOTIVACIÓN
Manifestó que existe falta de motivación, al no hacer uso de los instrumentos previstos en la ley especial y en el CCA, para constatar la conducencia de la solicitud y verificar si realmente se realizó un estudio técnico que conllevara establecer la factibilidad y disponibilidad de rutas y horarios solicitados.
Que, asimismo, debió constatar si COOTRANSANDINA cumplía con los requisitos que las normas especiales establecen, para operar como empresa prestadora del servicio público de transporte de pasajeros por carretera.
Argumentó que en el contenido de la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006 no se observa que se hubiera realizado un estudio técnico serio y pormenorizado, que consultara la realidad de la región, la factibilidad así como la disponibilidad de rutas y de los horarios solicitados.
Explicó que la Dirección Territorial de Antioquia otorgó la licencia de funcionamiento sin reparar en ningún aspecto, como: su radio de acción, su capacidad automotora, la calidad de sus vehículos, las frecuencias y todos los requisitos señalados en el Decreto 171.
Advirtió que la demandada expidió la licencia y la habilitación con el único respaldo de una escritura de constitución de la empresa y un capital suscrito y pagado, “[…] lo cual no se compadece con los rigurosos trámites a que se ven sometidos los demás ciudadanos interesados en operar empresas de transporte público de pasajeros […]”.
Agregó que el Ministerio de Transporte, bajo la nueva normativa, no puede otorgar una autorización sin acudir al procedimiento del concurso público, de que trata el Capítulo III, artículos 27 y siguientes del Decreto 171, dado que estas normas eran las aplicables. Por lo tanto, la motivación de la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006 riñe con la verdadera realidad de los hechos acontecidos, habiendo incurrido en falsa y falta de motivación.
Expresó que la entidad demandada sin un análisis serio y exhaustivo, como lo determina la jurisprudencia del Consejo de Estado, en una misma fecha expidió la licencia de funcionamiento a COOTRANSANDINA, (acto que no se encontraba en firme, ya que fue recurrido por las empresas afectadas) y la habilitación.
I.4.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
I.4.1.- La Nación, Ministerio de Transporte, mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones señaló lo siguiente:
Que la norma vigente para la época de los hechos y la presentación de la solicitud era el Decreto 1927, el cual diferenciaba entre la autorización previa de constitución y la licencia de funcionamiento para operar como persona jurídica, debidamente constituida.
Manifestó que el grupo operativo de transporte realizó el estudio núm. 027 de 8 de febrero de 2004, para evaluar la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002, y con tal propósito adelantó el estudio num. 027 de 8 de febrero de 2004 y encontró disponibles 14 horarios en la clase de vehículo automóvil.
Que de tal conclusión se estableció que era viable acceder a lo solicitado por COOTRANSANDINA, sin existir coincidencia o duplicidad con los horarios previamente asignados a la actora.
Explicó que los recursos interpuestos en la vía gubernativa y que se declararon improcedentes, se fundaron en que el acto administrativo que debió recurrirse fue el que concedió la licencia de funcionamiento, pues la actora se hizo parte en el proceso administrativo al recurrir la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002.
Aclaró que “[…] los motivos que llevaron a expedir el acto recurrido son los plasmados en la resolución, que no son otros que los exigidos por la norma vigente, esto es, una necesidad de servicio encontrada en la ruta detectada, tanto por el peticionario como por la administración y el desarrollo con arreglo al debido proceso de todas las etapas exigidas para la creación de una nueva empresa […]”.
Indicó que el acto objeto de la demanda, se encuentra ajustado al trámite, requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 1927.
Bajo esta normativa la reserva de rutas, horarios y capacidad transportadora se encontraba autorizada en observancia del régimen de adjudicación de rutas y horarios a las empresas de transporte público solicitante, lo que evidencia que bajo el Decreto 1927 no existe actuación alguna en contra de la ley, que vicie de ilegalidad el correspondiente acto administrativo.
Precisó que el acto administrativo, “contentivo de las resoluciones demandadas”, lejos de lesionar los derechos de la empresa demandante, trae como consecuencia una competencia comercial, sin que ello implique una pugna abierta contra la libre empresa constitucionalmente establecida pues, por el contrario, redunda en una eficaz prestación del servicio público de transporte.
Señaló que COOTRANSANDINA fue autorizada para la prestación del servicio individual de pasajeros en vehículos tipo taxi mediante la Resolución núm. 2643 de noviembre de 2000, expedida por la Alcaldía Municipal de los Andes.
Sostuvo que para la fecha de expedición de los actos administrativos no se había iniciado la investigación en la Superintendencia de Puertos y Transporte, en tanto el servicio que venía prestando COOTRANSANDINA era transporte ocasional, por lo que no se configura la denuncia sobre la prestación ilegal del servicio.
I.4.2.- COOTRANSANDINA, solicitó denegar, en su totalidad, las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamento legal.
Propuso la excepción de legalidad de los actos administrativos acusados.
Manifestó que la solicitud de licencia de funcionamiento del presente caso se realizó bajo la vigencia del Decreto 1927, lo que indica que esta es la norma aplicable y no el Decreto 171, el cual no se refiere a las licencias de funcionamiento.
Explicó que es un principio general del derecho que las actuaciones iniciadas en vigencia de una norma deberán tramitarse por lo establecida en la misma. Por lo tanto, es absurdo aducir que no se cumplió con lo señalado en el Decreto 171, cuando el trámite que se siguió fue el del Decreto 1927, el cual se encontraba vigente para el momento en que se presentó la solicitud (14 de marzo de 1996).
En todo caso, según el artículo 14 y siguientes del Decreto 171, no es requisito para la expedición de la habilitación la citación previa a concurso, razón por la cual no se violó el debido proceso.
Afirmó que el objeto de la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006 fue resolver una solicitud de licencia de funcionamiento con radicado núm. 2599 de 14 de marzo de 1996, lo cual indica que la norma aplicable en todo lo referente al trámite de dicha solicitud era el Decreto 1927.
Que el objeto de la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006 fue decidir la solicitud de COOTRANSANDINA, con radicado núm. 011947 de 21 de julio de 2006, en el sentido de que se otorgara la habilitación para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 171.
Que ambas resoluciones, de 14 de noviembre de 2006, se expidieron acatando lo decidido en la Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006, en la que se otorgó a COOTRANSANDINA el plazo de 6 meses para cumplir los requisitos previstos en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927, en lo referente a la licencia de funcionamiento.
Indicó que no hubo desconocimiento del debido proceso, dado que la licencia de funcionamiento está regulada en el Decreto 1927, mientras que la habilitación lo está en el Decreto 171.
Afirmó que el acto administrativo cuestionado es independiente de la resolución que concedió la habilitación para que COOTRANSANDINA prestara el servicio, por lo que su autonomía es fundamento para mantener la legalidad que lo ampara.
Que así las cosas, no le asiste razón a la acusación relativa a que la licencia de funcionamiento debía estar en firme para proceder a decidir respecto de la habilitación, de ahí que no exista irregularidad por haberse expedido en la misma fecha.
Aclaró que una vez demandada la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006 ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la entidad que expidió el acto perdió competencia para pronunciarse sobre su legalidad y resolver los recursos interpuestos contra este; y que actuar de otra forma generaría inseguridad jurídica.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 22 de julio de 2014, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos, con fundamento en los razonamientos:
En primer lugar, el Tribunal a quo consideró en un acápite denominado cuestión previa que era necesario referirse a la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín, por tener incidencia en el asunto bajo examen.
Indicó que en dicho proceso se declaró la nulidad de las resoluciones núms. 00074 de 5 de marzo de 2002, mediante la cual se concedió una licencia inicial a COOTRANSANDINA; 00952 de 17 de diciembre de 2002, por la cual se resolvió el recurso de reposición; y 002374 de 7 de junio de 2006, a través de la cual se revocaron las anteriores resoluciones y se concedió a COOTRANSANDINA un término de 6 meses para que cumpliera con los requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927.
Indicó que contra la citada sentencia, se interpuso recurso extraordinario de revisión, sin que ello signifique que dicha providencia perdió ejecutoriedad o firmeza.
Estimó que a pesar de la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que declaró la nulidad de los referidos actos administrativos, lo cierto es que estos actos ya eran nulos para la fecha de la sentencia de primera instancia, dentro de este proceso.
A pesar de lo anterior, señaló que dicha declaratoria en nada incide con el asunto bajo examen porque los actos cuestionados surgieron con ocasión de la petición realizada por COOTRANSANDINA, y “[…] habrá de entenderse que dicha petición, dada la fecha en la que se resuelve, se traduce también en petición de habilitación, pues si bien fue solicitada en vigencia del Decreto 1927 de 1991, lo cierto es que fue resuelta en vigencia del Decreto 171 de 2001 [...]”.
Expresó que la norma aplicable para el procedimiento administrativo con ocasión de la petición de la licencia de funcionamiento es el Decreto 1927, teniendo en cuenta que el parágrafo del artículo 72 del Decreto 171 fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 7 de junio de 2002, en la cual se dijo que las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
El Tribunal aludió a que el acto acusado resolvió la petición de licencia de funcionamiento, presentada en el año 1996 y también concedió la habilitación.
Afirmó que si bien la norma que regía el procedimiento de la solicitud de la licencia y con la cual se decidió la concesión de ésta es el Decreto 1927, también lo era que esa licencia, como tal, no facultaba a COOTRANSANDINA para prestar el servicio, por lo cual era necesario referirse respecto de la procedencia de su habilitación.
Consideró que la conducta asumida por la entidad demandada, al conceder el mismo día la licencia de funcionamiento y la habilitación se ajusta al principio de celeridad y al ordenamiento jurídico y, por ende, no se opone a las normas que rigen la materia.
Que para la fecha en que fue concedida la habilitación, esto es, el 14 de noviembre de 2006, ya llevaba cinco (5) años aproximadamente de vigencia el Decreto 171, motivo por el cual no bastaba con tener la licencia de funcionamiento, en tanto era necesario que quienes ya la tuvieran, solicitaran la habilitación, en virtud de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 171, aunado a que las empresas contaban con 12 meses para acreditar los requisitos exigidos (artículo 70 ibidem), a partir de la publicación del citado Decreto.
Sostuvo que en caso de expedir la licencia de funcionamiento, exclusivamente en aplicación del Decreto 1927, la empresa transportadora no contaría con la habilitación, esto es, continuarían sin la autorización para prestar el servicio de transporte, para el cual se solicitó desde el comienzo. Por lo tanto, lo procedente era que al reunir los requisitos se concedieran tanto la licencia de funcionamiento como la habilitación, sin que exista impedimento para que ello se hiciera el mismo día.
Advirtió que en nada incide el que no se haya demandado la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, dado que la licencia de funcionamiento es el acto administrativo mediante el cual culmina la solicitud de licencia elevada por COOTRANSANDINA, de conformidad con el Decreto 1927, acto al que le concedieron los recursos de reposición y apelación en forma independiente de la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, la cual también contaba con los mismos recursos.
Precisó que por ello no era necesario que se demandara también la referida Resolución núm. 00492, en forma conjunta con la Resolución núm. 00493.
Puntualizó que en todo caso debe tenerse en cuenta que la Resolución núm. 00492 es un acto que materialmente no faculta a COOTRANSANDINA para ejercer el transporte público, con lo cual se entiende la razón por la cual se acudió a la vía judicial a demandar exclusivamente el acto que concedió la habilitación y no el que concedió la licencia de funcionamiento.
Reiteró, en cuanto a la expedición de las resoluciones 00492 y 00493 de 14 de noviembre de 2006, que nada impide que se hubiesen expedido en la misma fecha, habida cuenta que para conceder la habilitación el artículo 14 del Decreto 171 estableció unos requisitos, en los que no está contenida la licencia de funcionamiento, de manera que mal podría decirse que era imperioso que el acto administrativo que la concede, tuviera que estar en firme.
Indicó que el citado artículo tampoco alude a la necesidad de un concurso.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora se opuso al fallo denegatorio de pretensiones, bajo los siguientes argumentos:
Luego de hacer un recuento de los hechos que anteceden a los actos acusados y de la normativa que regula las licencias de funcionamiento y la habilitación de empresas de transporte, insistió que a COOTRANSANDINA no se le podía otorgar la licencia de funcionamiento (la cual fue concedida a través de la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006), ni la podía solicitar con posterioridad al Decreto 171.
Que dicha empresa tampoco podía solicitar la habilitación, porque no contaba con la licencia de funcionamiento para el momento en que entró en vigor el Decreto 171; y que si se asumía que podía hacer ambas cosas, de seguir los lineamientos del Decreto 171, esa habilitación solo podía ser concedida a una empresa que contara con una licencia de funcionamiento en firme.
Así las cosas, indicó que por obvias razones si el mismo día se otorgaba la licencia de funcionamiento y se habilitaba a la empresa transportadora, se estaría desconociendo el derecho de contradicción y de defensa, pues la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, contentiva de la licencia de funcionamiento, no se encontraba en firme, razón por la cual no se podía expedir la resolución de habilitación.
Bajo esta consideración, destacó que el Tribunal de primera instancia erró al manifestar que la actuación tendiente a obtener la licencia de funcionamiento se regía por el Decreto 1927.
Explicó que el error consiste en no haber analizado “la verdadera entidad de la Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006”, con la que se aplicó retroactivamente el Decreto 1927 y, a su juicio, de manera irregular, reservar rutas para esa empresa y advertir que en el término de seis (6) meses podía solicitar la licencia de funcionamiento y la habilitación.
Que esto último no procedía porque tal habilitación estaba supeditada a aquellas empresas que a la entrada en vigor del Decreto 171, contaran con licencia de funcionamiento vigente, situación que no ocurrió en este caso.
Expresó que el a quo no solo erró al indicar que el régimen aplicable era el Decreto 1927, sino al expresar que debería otorgársele, además de la licencia de funcionamiento, la habilitación.
Aclaró que a partir de la entrada en vigor del Decreto 171, no existe la posibilidad de obtener o decidir sobre licencias de funcionamiento, con base en trámites iniciados bajo la vigencia del Decreto 1927.
Que el Decreto 171 no hace referencia alguna de aquellas empresas o cooperativas, cuyas licencias de funcionamiento estuvieran en trámite, sino que se limita a referirse, en sus artículos 13 y 70, a aquellas que para el momento de la entrada en vigencia del citado Decreto ya hubieran obtenido la licencia de funcionamiento y que debían obtener la habilitación.
Que el Tribunal de primera instancia incurrió en error, al manifestar que la solicitud de licencia de funcionamiento radicada en el año 1996, debía resolverse, pese a que para el momento en que se dictaron las resoluciones núms. 00074 de 5 de marzo de 2002 y 002374 de 7 de junio de 2006, ya hubiera entrado en vigencia del Decreto 171.
Sostuvo que el fallador de primera instancia erró al señalar que no existía óbice alguno para que se hubieran expedido coetáneamente la licencia de funcionamiento y la habilitación de COOTRANSANDINA.
Insistió que para expedir la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, por medio del cual se concedió la habilitación, se requería que estuviese en firme la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, a través de la cual se concedió la licencia de funcionamiento, pero este acto administrativo al expedirse en la misma fecha que aquel, no podía estar en firme hasta tanto se realizaran todas las notificaciones o se interpusieran los recursos legales.
Advirtió que la Resolución núm. 1388 de 19 de noviembre de 2008 se fundamentó en el artículo 60 del CCA (silencio administrativo negativo), el cual, a su juicio, no se encuentra relacionado con la situación que en este caso se plantea.
Que no es plausible que con base en una norma, concebida especialmente para el silencio negativo, la entidad demandada no estuviera obligada a resolver los recursos interpuestos por la actora y, menos aún, so pretexto de la incompetencia, se negara el recurso de apelación.
Agregó que el fallador de primera instancia debió anular la Resolución núm. 3272 de 5 de agosto de 2010, pues a la administración le correspondía resolver los recursos de reposición y de apelación, y el superior jerárquico el recurso de queja.
IV.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
Luego de admitido el recurso de apelación se corrió traslado para alegar de conclusión. El Ministerio Público y la entidad accionada guardaron silencio. La demandante y la tercera con interés directo en las resultas del proceso se manifestaron en los siguientes términos:
IV.I. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE – COONORTE
Intervino por escrito radicado por su apoderado en el que reiteró las razones de su oposición al fallo de primera instancia, en específico, señaló que no hay licencia de funcionamiento bajo el Decreto 171 de 2001, habida cuenta que la explotación de las rutas es el resultado de un proceso de licitación en el que participan las empresas habilitadas.
En ese sentido planteó que el fallador de segunda instancia debe ocuparse de decidir si el hecho de que COOTRANSANDINA hubiera solicitado una licencia de funcionamiento bajo el Decreto 1927 de 1991, tenía derecho a que ésta se le otorgara, aún habiendo entrado en vigor el Decreto 171 de 2001. A juicio, de la apelante esta transición normativa no le permitía el otorgamiento de tal licencia, ni derecho alguno a la asignación de rutas, so pretexto de que la petición ocurrió en vigencia del Decreto 1927 de 1991, lo que además implicó respecto de la administración la pérdida de competencia para el otorgamiento de tales licencias. En ese sentido, asegura que COOTRASANDINA no tenía un derecho adquirido a la entrada en vigor del Decreto 171.
También indicó que el procedimiento seguido para expedir las resoluciones 00492 y 00493, se afectó por la anulación la Resolución 2374 de 2006, hecho que no fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal a quo.
Insistió en la necesidad de verificar la firmeza de la Resolución 00492 para la expedición de la 00493 de 14 de noviembre de 2006.
IV.2. ALEGATOS DE LA TERCERA INTERVINIENTE – COOTRASANDINA
En relación con el recurso interpuesto la apoderada reiteró que no se desconoció el debido proceso en atención a que para obtener la habilitación para la prestación del servicio público de transporte no es un requisito previo el contar con la licencia de funcionamiento.
Refirió que los reproches frente a las resoluciones 2379 y 00492 son ajenos al proceso, en tanto que la Resolución 00493 es autónoma, y que tal situación se planteó a través de una acción de tutela ante un acto arbitrario de la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte.
Adujo que el artículo 11 del Decreto 171 de 2001 estableció una regla general para las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte terrestre, consistente en que deben contar con la habilitación para operar, lo que hizo indispensable contar con ésta, sin prescindencia del momento que se obtuvo o no la licencia de funcionamiento.
Agregó que no existe ninguna irregularidad respecto del acto acusado por cuanto claramente las resoluciones 00492 y 00493 son actos administrativos independientes y se expidieron al cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991 y 14 del Decreto 171 de 2006.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala debe ocuparse de establecer si procede o no revocar el fallo que denegó las pretensiones.
El examen y análisis de esta Corporación se dirigirá a determinar:
• Si existe alguna relación de dependencia entre el acto que le concedió la licencia de funcionamiento a la empresa COOTRANANDINA y aquella decisión que le otorgó la habilitación, en vigencia del Decreto 171 de 2001. En ese sentido, debe verificarse si el acto aquí acusado era susceptible de control de manera independiente como se hizo a través de este proceso.
• De establecerse la posibilidad de control autónomo de la resolución cuestionada (Resolución núm. 00493), procedería establecer si existía obstáculo para que la entidad demandada expidiera en la misma fecha la licencia de funcionamiento (Resolución núm. 00492) y si, en todo caso, debía quedar en firme la autorización de funcionamiento para proceder a la habilitación.
• Finalmente, si debía la entidad accionada pronunciarse sobre los recursos propuestos contra la Resolución núm. 00493; y si son válidos los argumentos expuestos en las resoluciones núms. 1388 de 19 de noviembre de 2008 y 3272 de 5 de agosto de 2010.
V.2. ACTOS ACUSADOS Y MARCO NORMATIVO. RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN EN LA QUE SE FUNDA LA PARTE ACTORA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 00492 DE 2006.
Para la Sala es importante destacar que mediante esta demanda se cuestionaron únicamente los siguientes actos administrativos:
1. La Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, “Por la cual se habilita a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “COOTRANSANDINA”, para operar como empresa de Transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera”, expedida por la Directora Territorial de Antioquia (E), del Ministerio de Transporte.
2. La Resolución núm. 1388 de 19 de noviembre de 2008, “Por la cual se declara incompetente la Dirección Territorial Ad-Hoc Antioquia, para conocer los recursos de reposición y de apelación frente a la resolución 00493 de 14 de noviembre de 2006”, expedida por la Directora Territorial de Antioquia Ad-Hoc para COONORTE LTDA.
3. La Resolución núm. 003272 de 5 de agosto de 2010, “Por la cual se declara improcedente el recurso de queja interpuesto por el Representante Legal de la empresa COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. -COONORTE-, contra la Resolución No. 1388 de 19 de noviembre de 2008, al Ad-Hoc”, expedida por la Directora Territorial Antioquia Ad-Hoc Antioquia para COONORTE LTDA.
Ahora, para examinar el contexto de dependencia que alega la apelante con la Resolución 00492 de 2006, y en la que se fincó la nulidad deprecada, se hace necesario analizar frente a estos específicos actos, qué se decidió, qué normas se invocaron y quién y qué motivó la decisión de la administración.
Frente a la Resolución 00492 de 14 de noviembre de 2006, se tiene que fue expedida por la Directora Territorial Antioquia (E) del Ministerio de Transporte, “Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN - ANDES Y VICEVERSA, Vía BOLOMBOLO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA".
Para expedir dicha resolución, la Dirección Territorial del Ministerio de Transporte de Antioquia invocó como normas los Decretos 1927 de 1991 y 2171 de 1992; las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996; y la Resolución 2053 de 2003.
Esta Resolución se expidió con ocasión de la solicitud de licencia de funcionamiento inicial que la Cooperativa COOTRANSANDINA radicó bajo el núm. 2599 de 14 de marzo de 1996, con el objeto de prestar los servicios de transporte público en la ruta Medellín – Andes y viceversa, bajo los siguientes requerimientos:
Modalidad
pasajeros por carretera
Clase de vehículo
Automóvil
Horarios
SALIENDO DE MEDELLÍN: 04:30 - 07:00 - 08:45 - 10:50 - 11:45 - 12:45 – 13:20 - 15:30 – 17:30 – 18:30.
SALIENDO DE ANDES: 04:15 - 05:15 - 07:00 - 09:45 - 11:45 - 13:45 -14:30 – 16:15 – 17:15 – 18:00
Capacidad
6 pasajeros (mínima)
7 pasajeros (máxima)
Nivel de servicio
Corriente
En la expedición de esta decisión se consideró, además de la solicitud relacionada, el hecho de que mediante la Resolución 002374 de 7 de junio de 2006, el Director General del Ministerio de Transporte ordenó que, en el término de seis (6) meses, COOTRANSANDINA debía demostrar que cumplía con el lleno de requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991 para obtener la Licencia de funcionamiento y “posterior habilitación bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001”.
En la Resolución 00492 de 2006, se señaló que la decisión tomada por la Dirección Territorial se hizo “en acatamiento de las órdenes impartidas […]”“.
Con fundamento en ello, destacó que en atención al estudio técnico núm. 0100 de 14 de noviembre de 2006, se estableció el cumplimiento de la totalidad de las exigencias del artículo 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991, por lo que resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la solicitud de la ruta MEDELLÍN ANDES Y VICEVERSA, VÍA BOLOMBOLO, presentada por la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA", en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, ATENDIENDO LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 002374 DEL 7 JUNIO DE 2006 EMANADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AL RESULTADO QUE PRODUJO EL ESTUDIO TÉCNICO NO. 0100 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2006:
RUTA: MEDELLÍN - ANDES Y VICEVERSA, VÍA BOLOMBOLO
SALIENDO DE MEDELLÍN: 04:30 - 07:00 - 08:45 - 10:50 - 11:45 - 12:45 – 13:20 - 15:30 – 17:30 – 18:30.
SALIENDO DE ANDES: 04:15 - 05:15 - 07:00 - 09:45 - 11:45 - 13:45 -14:30 – 16:15 – 17:15 – 18:00
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
CLASE DE VEHÍCULO : AUTOMOVIL
FRECUENCIA : DIARIA
NEVEL DE SERVICIO : CORRIENTE
CAPACIDAD TRANSPORTADORA :
CLASE DE VEHÍCULO
CAPACIDAD MINIMA VEHICULOS
CAPACIDAD MÁXIMA VEHICULOS
AUTOMÓVIL
6
7
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la solicitud de Licencia de Funcionamiento, presentada por la COOPERATIVA DE TRANSPORTÉ "COOTRANSANDINA", para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, para prestar los servicios de transporte, en las rutas, horarios, niveles de servicio y capacidad transportadora, estipulado en el Artículo Primero de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, la COOPERATIVA DE "COOTRANSANDINA", debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14, del Decreto 171 de febrero 5 de 2001, en lo concerniente a los requisitos para obtener la respectiva habilitación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Providencia, proceden por la Vía Gubernativa los recursos de Reposición ante este Despacho y el de Apelación, ante la Dirección General del Ministerio de Transporte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su Notificación […]” (Negrillas de la Sala).
Ahora, la Resolución 00493 de 14 de noviembre de 2006, objeto de esta demanda, también fue expedida por la Directora Territorial Antioquia (E) del Ministerio de Transporte y por medio de ella se habilitó a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “COOTRANSANDINA", para operar como empresa de Transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera.
Para la expedición de este acto, la Directora Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte invocó las siguientes normas: Ley 105 de 1993; decretos leyes 105 de 1993 y 336 de 1996; y los decretos 2171 de 1992, 171 de 2001 y 2053 de 2003.
Destacó que se pronunciaba con ocasión de la solicitud radicada bajo el núm. 011947 de julio 21 de 2006, por la cual el gerente de COOTRANSANDINA solicitó la habilitación para operar como empresa de transporte público terrestre, acogiéndose a los lineamientos establecidos en el artículo 14 del Decreto 171 de 2001.
Esta decisión también se refirió a lo dispuesto en la Resolución 002374 de 2006 en la que, se insiste, se otorgó el plazo de seis (6) meses para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la licencia de funcionamiento y se indicó sobre la necesidad de tramitar la habilitación.
Sostuvo que se emitió concepto sobre la verificación de requisitos núm. 0101 de 2006, del cual se concluyó que la referida solicitud cumplía con los presupuestos exigidos por la normativa que regula el procedimiento de habilitación, esto es, el Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, artículo 14.
En ese sentido, resolvió:
“[…] ARTICULO PRIMERO: HABILITAR a la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA" para operar como Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por carretera con las siguientes características:
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALONSO SALDARRIAGA OSPINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 15´527.128
RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA “COOTRASANDINA”
MATRICULA MERCANTIL: 21-000606-24
NIT: 800.243.731-0
DOMICILIO: ANDES (ANT)
TELÉFONO: 8415490
DIRECCIÓN: Avenida Medellín N° 53 -08
RADIO DE ACCIÓN: Nacional
MODALIDAD: Pasajeros por carretera
CLASES DE VEHÍCULOS: Los homologados por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio de Transporte de pasajeros por carretera.
PATRIMONIO EXIGIDO: 122’400.000, 300 SMLMV al año 2006
O CAPITAL PAGADO
PATRIMONIO REPRESENTADO: $ 454.838.074,02
O CAPITAL PAGADO
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente habilitación tendrá una vigencia indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.
ARTÍCULO TERCERO: Los vehículos a vincular deberán cumplir con las especificaciones de homologación promulgadas por el ministerio de Transporte.
ARTÍCULO CUARTO: Las autoridades de tránsito y transporte, serán las encargadas de velar por el cumplimiento de la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO: El contenido de la presente Resolución se notificará al interesado de conformidad con las disposiciones que para tal efecto reglamenta el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede por la vía gubernativa, los recursos de Reposición ante este Despacho y el de Apelación, ante la Dirección de Transporte y Transito del Ministerio de Transporte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación […]”.
Sobre el particular, es del caso destacar que la habilitación es la autorización que le es conferida a una empresa para prestar el servicio público de transporte. Así lo define el artículo 11 de la Ley 336 de 1996:
“[…] Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin, DEBERAN solicitar y obtener Habilitación para operar.
La Habilitación, para efectos de esta Ley, es la autorización expedida por la autoridad competente en cada Modo de transporte para LA PRESTACIÓN del servicio público de transporte.
El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la Habilitación, en materia de organización y capacidad económica y técnica, igualmente, señalará los requisitos que deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros debidamente certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, y patrimonio bruto, comprobación del origen del capital, aportado por los socios, propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio.
El Gobierno Nacional tendrá seis (6) meses a partir de la vigencia de la presente ley, para reglamentar la habilitación de cada Modo de transporte, y los prestadores del servicio público de transporte que se encuentren con Licencia de Funcionamiento tendrán dieciocho (18) meses a partir de la reglamentación para acogerse a ella […]”.
Por su parte, el Decreto 171 de 2001, al respecto prevé:
“[…] T I T U L O II
HABILITACION
CAPITULO I
Parte General
Artículo 11. Disposición general. Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera DEBERÁN solicitar y obtener habilitación para operar.
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de habilitación exigidos.
Artículo 12. EMPRESAS NUEVAS. Ninguna empresa nueva podrá entrar a operar hasta tanto el Ministerio de Transporte le otorgue la habilitación correspondiente, previa asignación o adjudicación de las rutas y horarios a servir.
Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación del servicio sin autorización, tanto la habilitación como los servicios se negarán y la empresa solicitante no podrá presentar nueva solicitud antes de doce (12) meses.
Artículo 13. EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO. Las empresas que a la fecha de entrada en vigencia el presente Decreto cuentan con licencia de funcionamiento vigente, mantendrán sus derechos administrativos relacionados con las rutas y horarios previamente otorgados, siempre y cuando continúen cumpliendo con las condiciones autorizadas para la prestación del servicio.
Lo anterior hasta tanto el Ministerio de Transporte decida sobre la solicitud de habilitación, la cual debe ser presentada dentro del término establecido en el artículo 70 de esta disposición.
Si la empresa presenta la solicitud extemporáneamente o el Ministerio de Transporte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 del presente decreto. […]”
Sobre el particular, la Sección precisó:
“[…] observa la Sala que en el Decreto 171 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, se regulan de manera independiente las figuras de la “HABILITACIÓN” y de la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO”. Esto en desarrollo de lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, que establecen claramente que la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación.
[…] En relación con la HABILITACIÓN, el artículo 12 de este decreto prevé que las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el servicio público de transporte terrestre colectivo de pasajeros en el radio de acción metropolitano, distrital y municipal deberán solicitar y obtener habilitación para operar, y que la habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Y agrega que si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de habilitación exigidos. De otro lado, el artículo 13 ibídem establece que ninguna empresa nueva podrá entrar a operar hasta tanto la autoridad competente además de otorgarle la habilitación, le asigne las rutas y frecuencias a servir […]”.
V.3. ACTOS COMPLEJOS. CONCEPTO. POSICIÓN JURISPRUEDENCIAL
Una de las razones fundamento de la apelación radica en determinar si existe dependencia entre las decisiones que la parte actora considera como una unidad; y si tal hecho impedía que se profiriera el acto acusado hasta que obtuviera firmeza la Resolución núm. 00492.
Esta alegación, también lleva a la Sala a determinar si esa unidad se traduce en el surgimiento de un acto administrativo complejo, como aquel que se forma por la declaración de voluntad de dos autoridades, bien de la misma entidad o no, que se complementan con unidad de objeto y fin.
Al respecto, esta Sección aclaró sobre el particular:
“[…] V. 1. 1. Características. Las dos resoluciones acusadas constituyen en realidad un solo acto administrativo, integrado por las declaraciones de voluntad de dos autoridades distintas, en ejercicio de la función administrativa, con unidad de contenido y unidad de fin, por lo cual constituyen un acto administrativo complejo, en cuanto dichas declaraciones SE FUSIONAN EN UNA UNIDAD, PARA DARLE NACIMIENTO O PERFECCIONAR EL ACTO, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como un acto de trámite respecto de la otra. Tampoco se pueden tomar como parte o desarrollo de un procedimiento administrativo, como erradamente lo plantean los actores, pretendiéndoles aplicar las reglas de dicho procedimiento previstas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, como son las atinentes, entre otras, a los recursos de la vía gubernativa. En su condición de acto administrativo complejo corresponde, a la vez, a los actos administrativos generales, que por disposición expresa del artículo 49 del C.C.A. no tienen recurso. Es sabido que LAS DECLARACIONES QUE CONFORMAN UN ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO NO TIENEN IDENTIDAD O EXISTENCIA COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTÓNOMOS, ES DECIR, CONSIDERADAS DE MANERA SEPARADA, POR LO CUAL NO SON AISLADAMENTE PASIBLES DE CONTROL JURISDICCIONAL […].”
En ese mismo sentido, en un pronunciamiento reciente de esta Sección se aclaró, además:
“[…] VI.4.1.1. Del concepto de acto complejo
En la jurisprudencia de sus distintas secciones y de la Sala Plena, el Consejo de Estado ha definido el acto complejo como aquella manifestación del poder público en la que concurre la voluntad de distintas dependencias de la misma entidad o de varias entidades, contenida en una serie de actos que comparten unidad de objeto y de fin.
Dicho concepto fue desarrollado por primera vez por la Sección Primera de esta corporación en la sentencia de 26 de enero de 1996. Y, a partir de ese momento, esta autoridad judicial ha sostenido que los operadores jurídicos deben discernir tres escenarios al momento de diferenciar cuáles actos administrativos confluyen en una unidad compleja.
El primer escenario da nacimiento propiamente a este tipo de actos y ocurre cuando la declaración de voluntad de la administración se fusiona en una unidad. Por el contrario, en el segundo evento, la primera decisión es de trámite respecto de la otra y, en el tercero, los actos refieren a decisiones escindibles. Es decir, la consecuente distinción entre dos declaraciones que se individualizan como un acto de trámite y uno definitivo o como dos decisiones definitivas, respecto de las declaraciones que son una en sí misma y, por eso, componen un acto complejo.
Esta corporación judicial también ha aclarado que, en la vía gubernativa, puede nacer al mundo jurídico un acto complejo cuando distintas dependencias de la misma entidad adoptan una decisión única. Esto es, “cuando contra el acto que da inicio a la actuación administrativa se interponen los recursos de vía gubernativa, quedando interrelacionado con aquellos actos que los resuelven.” Este fenómeno ha sido denominado por la doctrina como «acto complejo impropio circunstancial».
Sobre esa clasificación, la sentencia de 17 de agosto de 2017 expone lo siguiente:
[…] 1.2.2. Complejo impropio o interno […] Pero hay actos administrativos complejos que carecen del primer elemento, pluralidad de órganos, los cuales mantienen su carácter de complejo por la pluralidad de declaraciones con unidad de contenido. Se identifican como complejos impropios o internos. Son los que están constituidos por varios pronunciamientos, dados en momentos distintos y consecutivos, pero emanados de un mismo órgano. Se puede decir que la complejidad es interna en tanto la pluralidad de actos se da en el interior de un solo órgano o entidad. Dentro de ellos a su vez se evidencian en la jurisprudencia y la doctrina, dos subclases, cuales son los complejos impropios per se y los complejos impropios circunstanciales […]
1.2.2.1. Complejo impropio per se […] Son aquellos que necesariamente deben perfeccionarse con varios pronunciamientos de la autoridad que expide el acto, por lo tanto se dan las demás características de los actos complejos propios, distintos de la pluralidad de órganos. La única diferencia con estos, entonces, es que la formación del acto está a cargo de un solo órgano. Es el caso de los nombramientos o designaciones que requieren confirmación; v.gr. la elección de miembros del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia, la cual, una vez producida, debe ser confirmada posteriormente por la misma corporación, previa acreditación de los requisitos y condiciones para desempeñar el cargo. […]
1.2.2.2. Complejo impropio circunstancial […] Nace como acto simple, pero deriva en acto complejo por la ocurrencia de circunstancias jurídicas posteriores a su nacimiento que dan lugar a pronunciamientos posteriores con su mismo contenido, cuando esos varios pronunciamientos posteriores provienen del mismo órgano que profirió el inicial, son internos, lo cual se da usualmente en virtud del uso de los recursos de la vía gubernativa dentro de la misma entidad u organismo, contra actos que ponen fin a una actuación administrativa, y en virtud del carácter unitario que el artículo 138 del anterior C.C.A. le da al acto inicial o principal y a la serie de pronunciamientos que decidieran dichos recurso que contra aquél se interpusiesen, al estipular que “si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen”. […] Igual alcance le da ahora el artículo 163 del CPACA en cuanto establece que “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.” […] Se está pues ante una complejidad impropia porque comúnmente los recursos se surten dentro del mismo órgano, aunque lo sean en instancias diferentes, por lo tanto los distintos pronunciamientos que se integran al acto inicial son proferidos por un solo órgano […] Se ha dado por sentado que los actos que confirmen o modifiquen un acto que ha sido objeto de tales recursos, se integran con este, subsumiéndose en una unidad, en un todo, resultando así una complejidad que es eventual, circunstancial, por cuanto depende de la interposición de recursos y de la circunstancia de que la decisión de estos sea confirmatoria o modificatoria de aquél, ya que si lo revoca, simplemente se sustituye por otro. Si hay confirmación y modificación por declaraciones dadas en la vía gubernativa en virtud de los recursos pertinentes, estas declaraciones vienen a conformar un todo con el acto objeto de tales recursos. Ello explica la disposición atrás transcrita del citado artículo 163 del CPACA y del artículo 138 del anterior C.C.A., derogado por la Ley 1437 […].
Finalmente, cabe destacar que las decisiones que componen el acto complejo no son pasibles aisladamente de control jurisdiccional en tanto:
[…] Las dos resoluciones acusadas constituyen en realidad un solo acto administrativo, integrado por las declaraciones de voluntad de dos autoridades distintas, en ejercicio de la función administrativa, con unidad de contenido y unidad de fin, por lo cual constituyen un acto administrativo complejo, en cuanto dichas declaraciones se fusionan en una unidad, para darle nacimiento o perfeccionar el acto, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como un acto de trámite respecto de la otra. Tampoco se puedan tomar como parte o desarrollo de un procedimiento administrativo, como erradamente lo plantean los actores, pretendiéndoles aplicar las reglas de dicho procedimiento previstas en la primera parte del Código Contencioso Administrativa, como son las atinentes, entre otras, a los recursos de la vía gubernativa. En su condición de acto administrativo complejo corresponde, a la vez, a los actos administrativos generales, que por disposición expresa del artículo 49 del C.C.A. no tienen recurso.
Es sabido que las declaraciones que conforman un acto administrativo complejo no tienen identidad o existencia como actos administrativos autónomos, es decir, consideradas de manera separada, por lo cual no son aisladamente pasibles de control jurisdiccional.
La Sala entiende, entonces, que los cargos están dirigidos contra todo el acto complejo, por los vicios endilgados a las partes que lo conforman. Con ello se quiere significar que el examen de los cargos se debe hacer atendiendo el todo o la unidad dada por la fusión de las dos declaraciones que constituyen el acto acusado y, por ende, sin perder de vista la intervención de las autoridades que las profirieron […],
Como se puede ver, el nacimiento de este tipo de actos administrativos «no surge de la voluntad de los entes administrativos”, pues “aceptar que un ente administrativo puede convertir un acto simple en complejo cuando a bien lo tenga, sería consagrar una burla a la jurisdicción contencioso-administrativa y una permanente inseguridad de los particulares en las decisiones públicas».
Por eso, la Sala Plena del Consejo de Estado ha explicado que este tipo de determinaciones «se forman por la concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e independiente y que provienen de diversas voluntades y autoridades, generándose así una unidad de contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para formar un acto único». Y que, por lo tanto, a la hora de cuestionar la legalidad de uno de ellos, resulta obligatorio cuestionar la legalidad de todos.
Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que el acto administrativo complejo se caracteriza por: (i) la concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la Administración, realizadas por distintas dependencias de una misma entidad pública, o por varias entidades, de manera conjunta o sucesiva; (ii) la unidad de contenido y de fin de las manifestaciones de la voluntad; (iii) la inescindibilidad de las decisiones; y (iv) el control judicial conjunto en donde los vicios de legalidad de alguna de las declaraciones se transmiten a toda la extensión de la decisión.
[…]”.
Examinado el concepto de acto complejo se tiene que la apelante insiste en que entre las resoluciones 00492 y 00493 (acusada), expedidas el 14 de noviembre de 2006, existe una codependencia, fundamentada en que la no firmeza de la primera impedía la expedición de la segunda.
Esta particularidad es la que debe verificarse para efectos no solo de determinar si esta circunstancia vicia de ilegalidad el acto aquí acusado y las resoluciones que no estudiaron los recursos propuestos en su contra, sino si era necesario que en el caso sub lite se demandara inclusive el acto administrativo contenido en la Resolución 00492 de 2006, a efectos de establecer si es posible el pronunciamiento en sede judicial.
Al respecto y del examen de estas normas a las que se aludió en precedencia y al contenido de dichos actos, la Sala destaca que para la prestación del servicio público de transporte la Ley 336 de 1993, desarrollada por el Decreto 171 de 2001, determinó que en adelante todas las empresas que se dediquen a dicha oferta, deben obtener obligatoriamente la habilitación como requisito para la operación de la actividad transportadora, independientemente que contaran con licencia de funcionamiento previa o correspondieran a una nueva empresa, interesada en dicha actividad. En relación con este requerimiento, conviene traer a colación el siguiente pronunciamiento:
“[…] Las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización otorgados por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de policía administrativa, para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la seguridad pública, aquéllos desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de los servicios públicos. Por esta razón, la licencia, permiso o habilitación constituye el título sin el cual la actividad desplegada por el particular deviene ilegítima.
La ultima-ratio de las autorizaciones o habilitaciones reside entonces en la obligación que tiene el Estado de proteger los intereses de la comunidad, de los posibles perjuicios que la ejecución indiscriminada e incontrolada de la actividad de los particulares pudiera generarle. De ahí que la Administración no pueda limitar su intervención a la decisión inicial de conceder el permiso o licencia, frente al eventual incumplimiento de las condiciones exigidas, o frente al surgimiento de unas nuevas que se impongan para la ejecución óptima de la empresa.
[…] La intervención estatal en el otorgamiento y prórroga de las licencias, reviste aún mayor importancia en tratándose de aquellas que se dan para ejercer una actividad que, si bien beneficia al autorizado, implica la prestación de un servicio público. En estos casos, al igual que ocurre con el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la Administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la prerrogativa de vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, el cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir del operador del servicio el cumplimiento debido y la ejecución del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la ley o los reglamentos.
En consecuencia, cuando la actividad llevada a cabo por el particular involucra intereses que superan a los suyos propios y comprometen derechos de la colectividad en los que media un interés público, es deber de la Administración no sólo velar por su cumplimiento eficiente, so pena de revocar el permiso de operación, sino también el de reacondicionarlo o adecuarlo, en forma razonada y justa, a las circunstancias sobrevinientes a su expedición, y que hubieran sido determinantes para concederlo de haber existido en su oportunidad.
Ello en manera alguna busca desconocer el derecho que la Administración otorga al particular para operar un servicio público. Sin embargo, como ha quedado explicado, dado que se trata de UNA ACTIVIDAD EN LA QUE RESULTA COMPROMETIDO EL INTERÉS GENERAL, EL DERECHO OTORGADO ES PRECARIO Y TEMPORAL Y, POR TANTO, PUEDE RESULTAR AFECTADO EN CUANTO A SU EJECUCIÓN, o bien por determinaciones de la Administración dirigidas a la optimización del servicio, o bien por normas posteriores de carácter legal o reglamentario, también dictadas por motivos de utilidad pública o de interés general. […]” (Subrayas y negrillas de la Sala)
Así las cosas, la necesidad de contar con la habilitación como requisito para continuar con la prestación del servicio público de transporte, es lo que evidencia que en este caso, y tratándose de esta clase de servicio, era necesario que se demandaran de manera conjunta las decisiones que resolvían no solo la solicitud en relación con la operación del servicio sino aquella que surgió con posterioridad y como requisito para su prestación, dadas las connotaciones advertidas frente a la posibilidad de autorizarlo.
V.4. CASO CONCRETO. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA QUE SE PREDICA ENTRE LAS RESOLUCIONES 00492 Y 00493 DE 2006
Por todo lo anterior, la Sala considera que sí existe dependencia entre las resoluciones 00492 y 00493 de 2006, la que obligaba a la parte actora a cuestionarlas en una única demanda para atribuirle competencia al juez sobre las razones que aludió como constitutivas de ilegalidad y que en su mayoría descansan en reproches frente a la Resolución 00492 de 2006, a pesar de no demandarlas conjuntamente cuando claramente corresponden a un acto complejo que obligaba a que se demandaran de esta manera.
Entonces, comoquiera que a partir de la Ley 336 y su Decreto Reglamentario 171, la figura de la habilitación es requisito para la prestación del servicio de transporte, esta autorización administrativa concedida a COOTRANSANDINA para la prestación del servicio de transporte era concurrente con la licencia de funcionamiento que se encontraba en trámite y que le permitió operar una ruta en el trayecto Medellín – Andes y viceversa, porque además de disponerlo la ley, fue uno de los requerimientos que le hizo la autoridad administrativa para su aprobación como se estableció del contenido de tales actos.
En efecto, del contenido de las examinadas resoluciones 00492 y 00493 de 2006, la Sala identifica que comparten como referencia en común, la citada Resolución 002374 de 2006, emitida por el Ministerio de Transporte, que mantuvo la licencia de funcionamiento inicial a la Cooperativa de Transportes Andina – COOTRANSANDINA, mientras que en el término de 6 meses acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtenerla y la operación de la ruta autorizada Medellín – Andes y Viceversa, en los términos del Decreto 1927 de 1991 y solicitaba de manera concurrente la habilitación para la prestación de dicho servicio, en los términos del Decreto 171 de 2001.
Estas situaciones fácticas que acaecieron en orden a la expedición de estos actos, permiten a la Sala identificar que su integración sucede en razón a la confluencia de estas solicitudes frente a la prestación del servicio de transporte en vigencia del Decreto 171 de 2001, que imponía para su prestación la ocurrencia de dichas autorizaciones, las que fueron adoptadas por la misma autoridad y que confluyeron a la concreción del acto complejo.
En estos términos, la Sección Quinta de esta Corporación tuvo la oportunidad también de examinar tal acaecimiento sobre estos mismos actos y la actuación adelantada, pero en la que fungió como demandante otra empresa de transporte, la que también demandó únicamente la Resolución 00493, aquí acusada. En dicha providencia se puntualizó:
“[…] Por contera, es que resulta viable afirmar que aunque su estructura se observa como actos administrativos expedidos en momentos distintos e incluso en etapas separables, y progresivas o sucesivas, como claramente se lee en el artículo tercero de la Resolución 493 de 2006, cuando le indica a la licenciada que una vez ejecutoriado el acto, debe obtener la habilitación, lo cierto es que la habilitación conforma una unidad con la licencia de funcionamiento, que se creó con los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991, así como los artículos 11 y 12 del Decreto 171 de 2001.
Ahora bien, realizado un análisis probatorio la Sala advierte que la Resolución 492 de 2006 estuvo precedida de estos actos administrativos:
Resolución 74 de 5 de marzo de 2002 “Por la cual se otorga licencia de funcionamiento inicial, a la empresa Cooperativa de Transporte Andina - COOTRASANDINA, para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera” (folios 202 a 206 del cuaderno N° 1 del expediente).
Resolución 952 de 17 de diciembre de 2002 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 74 de marzo 5 de 2002, por la cual se otorga licencia de funcionamiento inicial a la empresa Cooperativa de Transportes Andina – COOTRASANDINA, para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera” (Folios 207 a 220 del Cuaderno N° 1 del Expediente).
Resolución 2374 de 7 de junio de 2006 “Por la cual se desatan los recursos de apelación interpuestos por los representantes legales de las otras empresas: Transportes Suroeste Antioqueño S.A., Cooperativa Norteña de Transporte Ltda. – COONORTE LTDA., y TRASURAN S.A.; contra la Resolución N° 74 de marzo 5 de 2002, proferida por la Dirección Territorial Antioquia” (Folios 221 a 234 del cuaderno N° 1 del expediente).
En este último acto administrativo se revocó la Resolución N° 74 de 2002 al encontrar que las empresas apelantes ya tenían cubierto algunos de los horarios asignados a COOTRASNANDINA, sin embargo en razón a la demanda de rutas conservó la licencia otorgada, señalando horarios y rutas compatibles con los de las recurrentes; adicionalmente concedió 6 meses a COOTRASANDINA para que cumpliera con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991, para efectos de obtener la licencia de funcionamiento y posterior habilitación, bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001, y solamente respecto de las rutas que se mantuvieron.
Por lo anterior, COOTRASANDINA dando cumplimiento a lo decidido mediante Resolución 2374 de 2006, al considerar cumplidos los requisitos de ley, presentó solicitud de licencia de funcionamiento que fue decidida mediante Resolución N° 492 de 16 de noviembre de 2006.
Como consecuencia de lo anterior, esto es, al haberle sido aprobada la licencia de funcionamiento a COOTRASANDINA, El Ministerio de Transporte otorgó habilitación a dicha Cooperativa, mediante Resolución 493 de 14 de noviembre de 2006.
[…]
Ahora bien, precisado lo anterior se debe tener en cuenta que estaremos en presencia de un acto administrativo complejo cuando: I) haya intervención conjunta y sucesiva decisiones, provenientes de entidades diferentes o de una misma entidad; II) que entre las decisiones se observe unidad de contenido y fines; y III) si faltare una de dichas decisiones no nacería a la vida jurídica la manifestación de voluntad de la administración.
Al analizar lo anterior, a la luz de la situación sometida a conocimiento del juez ad quem se encuentra que para el momento en que COOTRASANDINA solicitó la licencia de funcionamiento para prestar el servicio de transporte de pasajeros, no se requería de la habilitación de que trata el Decreto 171 de 2001 para prestar el servicio de transporte de pasajeros.
Lo anterior permite evidenciar que en el asunto sub exámine se presentó un tránsito normativo que hizo necesario verificar el cumplimiento de los requisitos propios de reglamentaciones diferentes; sin embargo, dichas normas confluyen para señalar que PARA QUE UNA EMPRESA PUEDA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS REQUIEREN TANTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMO DE HABILITACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, sin que pueda considerarse que un pronunciamiento, respecto del otro, se erija como un acto de trámite, SINO COMO ACTOS QUE CONFLUYEN EN UNA UNIDAD DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD INESCINDIBLE Y QUE IMPIDEN AL JUEZ PRONUNCIARSE DE LA LEGALIDAD DE LA HABILITACIÓN SIN TENER COMO REFERENTE EL ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
En razón de lo anterior, la Sala concluye que nos encontramos en presencia de un acto administrativo impropio o interno, como consecuencia del tránsito normativo, por cuanto la pluralidad de pronunciamientos emanan de un mismo órgano, esto es, del Ministerio de Transporte, ACTO ADMINISTRATIVO ENCAMINADO A AUTORIZAR A UNA COOPERATIVA A PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, DE LO QUE SE ADVIERTE QUE LAS RESOLUCIONES PLURIMENCIONADAS COMPORTAN UNIDAD DE CONTENIDO Y FIN, y que en caso de faltar alguna de ellas COOTRASANDINA no podría prestar el referido servicio.
De allí que si lo pretendido por el demandante era evitar que COOTRASANDINA prestara el servicio de transporte de pasajeros era necesario demandar tanto la Resolución 492, como la 493, ambas proferidas el 16 de noviembre de 2006 por el Ministerio de Transporte, y no como ocurrió en el asunto sub exámine en el que la parte actora se limitó a demandar la Resolución 493 junto con las que resolvieron los recursos interpuestos en su contra.
A la anterior conclusión llega la Sala por cuanto si bien las Resoluciones 492 y 493 de 2006 tienen objeto diferente y tienen como finalidad la obtención de pronunciamientos diferentes de la administración, SU CONTENIDO Y FIN ES COMÚN, TODA VEZ QUE A TRAVÉS DE ESTE ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO SE AUTORIZA A UNA EMPRESA A PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO A LA COMUNIDAD, COMO LO ES EL TRANSPORTE.
Prueba de ello radica en el hecho de que a través de la Resolución 492 se autorizó la solitud de ruta Medellín – Andes y viceversa, vía Bolombolo, para lo cual se asignaron rutas, horarios, niveles de servicio y capacidad transportadora a COOTRASANDINA; acto administrativo que agregó que debía acreditarse el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto 171 de 2001 para otorgarle la respectiva habilitación. Acto seguido, la Resolución 493 dio por cumplidos dichos requisitos y procedió a habilitar a COOTRASANDINA para operar como empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en los términos señalados en la Resolución 492.
Ahora bien, TENIENDO EN CUENTA QUE LA DEMANDA DE LA REFERENCIA SE DIRIGIÓ A ATACAR ÚNICAMENTE LA RESOLUCIÓN 493, y las decisiones que resolvieron los recursos de reposición y queja contra la decisión inicial, la Sala concluye, al igual que lo hizo el juez a quo, que estamos en presencia de UNA DEMANDA INEPTA, PUES NO SE DEMANDÓ LA TOTALIDAD DE MANIFESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN QUE CONSTITUYEN EL ACTO COMPLEJO QUE PERMITIÓ A COOTRASANDINA prestar el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en la ruta Andes – Medellín y viceversa, por la vía Bolombolo.
Como consecuencia de lo anterior la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, pues los cargos del recurso de alzada no tienen vocación de prosperidad […]” (Subrayas, mayúsculas y subrayas fuera de texto).
Entonces, dadas las condiciones que se relatan en las resoluciones 00492 y 00493, acaeció una situación sui generis frente a la situación de COOTRANSANDINA, que permite considerar que entre estas resoluciones coexiste una identidad que les impide cuestionarse de manera separada, pues las declaraciones de la administración en torno a las solicitudes de la cooperativa resultaron ser sucesivas a pesar de que provienen de procedimientos diferentes iniciados por peticiones radicadas en diversas fechas, pero que por relacionarse temáticamente y surgir de una licencia inicial conferida, confluyeron en la decisión del permiso tanto para la operación como para la prestación del servicio público de transporte, lo que explica que para su cuestionamiento debieron demandarse de manera conjunta.
Esta situación que no fue advertida por el Tribunal a quo impedía un pronunciamiento de fondo, habida cuenta de que estas decisiones, a las que además se refirió la parte apelante para explicar su presunta ilegalidad, conforme se dijo en precedencia, constituyen una unidad, que imposibilita un pronunciamiento de fondo sustentado en la falta de integración de los actos acusados o lo que se ha denominado como “proposición jurídica incompleta”.
De manera que la Resolución 00493 de 2006 no era pasible de control judicial de forma independiente a los actos relativos con la aprobación de la licencia de funcionamiento COOTRASANDINA, circunstancia que impone, por este motivo, revocar el fallo apelado y, en su lugar, inhibirse de realizar el examen de legalidad deprecado.
Conviene aclarar que en este caso no es procedente la declaratoria de la cosa juzgada respecto del fallo de 15 de marzo de 2018, por cuanto respecto de dicho proceso también procedió una decisión inhibitoria, que impide asignarle las consecuencias que se predican de dicho fenómeno.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 22 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
SEGUNDO: INHIBIRSE de proferir sentencia de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 15 de julio de 2021.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salvamento parcial de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
SALVAMENTO DE VOTO DE OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00601-01
Actor: COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. – COONORTE
Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE – MINTRANSPORTE
De manera respetuosa me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala por las siguientes razones:
Antecedentes
La decisión de la mayoría definió la controversia de la referencia revocando la decisión de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, para en su lugar declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:
“Así las cosas, la necesidad de contar con la habilitación como requisito para continuar con la prestación del servicio público de transporte, es lo que evidencia que en este caso, y tratándose de esta clase de servicio, era necesario que se demandaran de manera conjunta las decisiones que resolvían no solo la solicitud en relación con la operación del servicio sino aquella que surgió con posterioridad y como requisito para su prestación, dadas las connotaciones advertidas frente a la posibilidad de autorizarlo.
(…)
Por todo lo anterior, la Sala considera que sí existe dependencia entre las resoluciones 00492 y 00493 de 2006, la que obligaba a la parte actora a cuestionarlas en una única demanda para atribuirle competencia al juez sobre las razones que aludió como constitutivas de ilegalidad y que en su mayoría descansan en reproches frente a la Resolución 00492 de 2006, a pesar de no demandarlas conjuntamente cuando claramente corresponden a un acto complejo que obligaba a que se demandaran de esta manera.
Entonces, comoquiera que a partir de la Ley 336 y su Decreto Reglamentario 171, la figura de la habilitación es requisito para la prestación del servicio de transporte, esta autorización administrativa concedida a COOTRANSANDINA para la prestación del servicio de transporte era concurrente con la licencia de funcionamiento que se encontraba en trámite y que le permitió operar una ruta en el trayecto Medellín – Andes y viceversa, porque además de disponerlo la ley, fue uno de los requerimientos que le hizo la autoridad administrativa para su aprobación como se estableció del contenido de tales actos.
En efecto, del contenido de las examinadas resoluciones 00492 y 00493 de 2006, la Sala identifica que comparten como referencia en común, la citada Resolución 002374 de 2006, emitida por el Ministerio de Transporte, que mantuvo la licencia de funcionamiento inicial a la Cooperativa de Transportes Andina – COOTRANSANDINA, mientras que en el término de 6 meses acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtenerla y la operación de la ruta autorizada Medellín – Andes y Viceversa, en los términos del Decreto 1927 de 1991 y solicitaba de manera concurrente la habilitación para la prestación de dicho servicio, en los términos del Decreto 171 de 2001.
Estas situaciones fácticas que acaecieron en orden a la expedición de estos actos, permiten a la Sala identificar que su integración sucede en razón a la confluencia de estas solicitudes frente a la prestación del servicio de transporte en vigencia del Decreto 171 de 2001, que imponía para su prestación la ocurrencia de dichas autorizaciones, las que fueron adoptadas por la misma autoridad y que confluyeron a la concreción del acto complejo.”.
Tal postura la sustentó con base en lo expuesto por esta Sección en relación con los actos complejos, entre otras, en sentencias del 1° de agosto de 2002 y 28 de agosto de 2020, así como lo resuelto por la Sección Quinta de esta Corporación en providencia del 15 de marzo de 2018.
Consideraciones
Como se observa, la razón para revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas y declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, consistió en estimar que la parte actora debía demandar de manera conjunta tanto el acto administrativo que resolvió la petición de licencia de funcionamiento como el que decidió otorgar la habilitación solicitada por la Cooperativa de Transporte Andina - COOTRANSANDINA, esto es, las Resoluciones nro. 00492 y 00493 del 14 de noviembre de 2006, pues los entendió como un acto complejo, supuesto éste que no comparto parcialmente, con base en los siguientes fundamentos:
La solicitud de licencia de funcionamiento se presentó por parte de COOTRANSANDINA el 14 de marzo de 1996, bajo el nro. 2599, por lo que el régimen jurídico aplicable para resolver dicho pedimento era el previsto en el Decreto 1927 de 1991.
Así, en vigencia de este Decreto, la persona jurídica interesada en prestar el servicio público de transporte terrestre automotor por carretera debía contar con los siguientes documentos: (i) con la autorización previa de constitución, en los términos del artículo 983 del Código de Comercio, atendiendo para ello los requerimientos dispuestos en el artículo 5º del Decreto 1927 de 1991, y (ii) con la licencia de funcionamiento expedida previo cumplimiento de los requisitos que estaban previstos en el artículo 17 ibídem.
Sobre el punto de la licencia de funcionamiento, el artículo 15 ibídem expuso la siguiente definición:
“Artículo 15. La licencia de funcionamiento es el permiso que el Estado concede al transportador y que lo habilita como tal para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y/o mixto por carretera.
Parágrafo 1 La licencia de funcionamiento deberá contener:
1. Razón social.
2. Fecha de vencimiento.
3. Capital pagado o patrimonio líquido de la sociedad.
4. Radio de acción.
Parágrafo 2 La licencia de funcionamiento expedida bajo la vigencia del presente Decreto cobija toda clase de vehículo homologado para esta modalidad por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, así como todos los niveles de servicio.”. (Subrayas mías).
Bajo tal perspectiva y de acuerdo al orden jurídico vigente al momento de la solicitud, la aludida licencia se constituía en el documento idóneo que autorizaba el desarrollo de la actividad de la empresa de transporte, es decir, la prestación del servicio público de transporte.
Para el caso concreto, la Resolución número 2374 del 7 de junio de 2006 autorizó la constitución previa de la empresa COOTRANSANDINA por seis (6) meses, en orden a que en ese lapso se obtuviera la licencia de funcionamiento de que trataba el Decreto 1927 de 1991, y la habilitación bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001. Así lo precisó la providencia de la cual me aparto:
“mediante la Resolución 002374 de 7 de junio de 2006, el Director General del Ministerio de Transporte ordenó que, en el término de seis (6) meses, COOTRANSANDINA debía demostrar que cumplía con el lleno de requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991 para obtener la Licencia de funcionamiento y “posterior habilitación bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001”.
Pues bien, se advierte de lo dicho que, aun cuando la actuación administrativa comenzó con el régimen dispuesto en el Decreto 1927 de 1991, lo cierto es que, al momento de culminarla, existía una nueva normativa, esta es, la contenida en el Decreto 171 de 2001, que modificó algunos aspectos del procedimiento administrativo, entre ellos, y que para el caso es relevante, el relacionado con la habilitación; es decir, aquella decisión de la Administración que autoriza a la empresa para prestar el servicio público de transporte. Así lo dispone el artículo 11 ibídem:
“Artículo 11. Disposición general. Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera deberán solicitar y obtener habilitación para operar.
La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de habilitación exigidos.” (Subrayas mías).
Ahora bien, es viable aducir, como lo hizo la parte actora, que la Resolución 493 adolece de nulidad porque fue expedida sin que hubiese quedado ejecutoriada la número 492, sin necesidad de demandar al mismo tiempo los dos actos. Ello, porque se trata de un cargo autónomo, que no exige pronunciamiento alguno sobre la validez de este último acto y, por ende, el análisis judicial sobre su validez bien puede adelantarse separadamente, y no, como lo indicó la posición mayoritaria, entendiendo que el cargo es improcedente porque se trata de un acto complejo. En efecto, el suscrito Consejero de Estado es del criterio que la existencia de esa tipología de actos, creada por la jurisprudencia, tiene lugar siempre que el demandante aduzca que la nulidad de una decisión final está ligada a vicios en los que incurre una previa, que a su vez crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. En otras palabras, un acto complejo no depende del tipo de procedimiento administrativo exclusivamente, sino también del reparo que se efectúe sobre éste en el libelo introductorio, en la forma en que se explicó con anterioridad.
En esa línea, si las pretensiones de la demanda están dirigidas a cuestionar la legalidad de un acto administrativo sin establecer una correlación con otro que lo antecede, no se tratará de un acto complejo, tal como ocurre en el presente caso, puesto que es claro que el actor solicitó la anulación de la Resolución nro. 493 sin aludir a otro tipo de decisión que afectara su validez, pues en este cargo se limitó a manifestar que su expedición no se hizo en el tiempo debido.
Así las cosas, no se comparte el criterio de la Sala, al exigir a la parte actora que demandara de manera conjunta los dos (2) actos administrativos en cuestión, pues, como se ha expuesto hasta este punto, no estamos en presencia de un acto administrativo complejo, como quiera que el designio de la empresa al ventilar esta controversia está dirigido a someter a control jurisdiccional un acto administrativo independiente y autónomo, esto es, la Resolución nro. 493 de 2006, sin aducir cuestionamientos de legalidad respecto de la Resolución nro. 492 de 2006.
Aunado a lo anterior, resulta pertinente precisar que, si bien en materia de transporte esta Sección ha considerado la existencia de un acto administrativo complejo, tal postura ha estado exclusivamente referida a la decisión que autoriza la constitución previa de personas jurídicas que pretendan prestar servicio público de transporte automotor, en los términos de los artículos 5 y siguientes del Decreto 1927 de 1991, y la licencia de funcionamiento expedida en vigencia de ese decreto, no así respecto de estos actos con la habilitación a que alude el Decreto 171 de 2001.
En esa línea, resulta pertinente traer a colación lo expresado, entre otras, en sentencia del 12 de marzo de 2020, en la cual se aludió a este tópico. Veamos:
“9.5. Acto administrativo complejo
9.5.1. En tal escenario, es claro para la Sala que la decisión por medio de la cual se autoriza la constitución previa de una empresa de transporte no crea ninguna situación jurídica de manera autónoma, toda vez que queda sometida, en cualquier caso, a la condición de que en seis (6) meses improrrogables se obtenga la licencia de funcionamiento. En otras palabras, lo que se advierte es que la autorización de constitución previa no nace a la vida jurídica si no es con la expedición de la licencia de funcionamiento, pues es a través de este último acto con el cual la empresa solicitante se encuentra efectivamente facultada para prestar el servicio en las rutas, frecuencias de despacho, áreas de operación y con la capacidad transportadora fijada en la decisión inicial.
Tales consideraciones permiten concluir que el segundo acto le resta autonomía al primero, de tal suerte que, de no proferirse la licencia de funcionamiento con las condiciones normativas ya descritas, la empresa que haya obtenido la autorización para su constitución previa no podría operar en el mercado.
Nótese adicionalmente que, de no adelantarse el trámite de licenciamiento en el mencionado término, la autorización expedida por el Ministerio de Transporte de constitución previa pierde vigencia, lo cual deja ver con absoluta claridad que existe una íntima dependencia de dicha decisión con el que pueda expedir eventualmente la autoridad para otorgar la licencia requerida.
Vistas así las cosas, para la Sala tales decisiones integran un acto administrativo complejo, en tanto que los dos buscan un mismo fin u objetivo, que no es otro que la prestación del servicio de transporte, dado que ninguna empresa pretendería agotar exclusivamente el procedimiento de constitución previa, siendo que para ejercer su objeto le resulta indispensable la licencia de funcionamiento al tenor de lo expuesto en los artículo 12, 13 y 15 del Decreto 1927 de 1991.
Ahora, se trata de dos actos administrativos emanados de una misma autoridad administrativa; y además, resulta completamente necesaria e indispensable la confluencia de esas dos decisiones para que la empresa de transporte desarrolle la actividad que le interesa, al punto que la primera se encuentra sometida a una condición temporal de vigencia y al adelantamiento de los trámites que exige el ya transcrito artículo 17 ibídem.
9.5.2. Todo lo dicho se compadece con la definición de la figura del acto complejo a la luz del entendimiento que sobre el punto ha dado la jurisprudencia, según la cual “es el que resulta del concurso de voluntades de una misma entidad o de entidades distintas que se unen en una sola. Es necesario para que se conforme, que haya unidad de contenido y unidad de fin en las diversas voluntades. Y que habiendo unidad del contenido y unidad de fin, la serie de actos que lo integran no tengan existencia jurídica separada e independientes” (sentencia de 25 de mayo de 1990, expediente 1772; actora, María Inés Lasso Olarte, Consejero Ponente: doctora Clara Forero de Castro).”.
(…)
Ahora bien, si visualizamos la actuación a la luz de las razones que podrían llevar a que un tercero (empresa transportadora competidora) impugne el acto de constitución previa, encontramos indefectiblemente que el móvil está marcado por su afectación económica en cuanto que la reserva de las rutas o las frecuencias de despacho le implicarían una sobreoferta del servicio de transporte. No obstante, la verdadera afectación no surge por la reserva anotada sino a partir del momento en el cual tal reserva obtiene la licencia de funcionamiento pues es sólo desde ese instante que se ejecutaría la actividad objeto del permiso del Estado y que podría ver afectado su patrimonio. Antes, es decir, con la reserva durante seis (6) meses, lo que existe es una expectativa de que se prestará un servicio bajo unos presupuestos, y por ende un perjuicio no cierto.
9.5.3. Bajo tales premisas, la inconformidad que surja en relación con el acto que autoriza la constitución previa debe plantearse de manera conjunta con el acto que otorga la licencia de funcionamiento, pues como ya quedó explicado, el primero no tiene efecto alguno de no cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 1927 de 1991 para la obtención de la mencionada licencia.
Cuestión distinta podría acontecer si el reparo del demandante radica en la segunda de las decisiones enunciadas, es decir, el fijado en los artículos 14 y siguientes ibídem, pues en este caso puede proceder su censura judicial de manera independiente, si ella no depende de los elementos constitutivos del acto de autorización.
En efecto, esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la validez de actos que acceden a otorgar la licencia de funcionamiento, pues la controversia de legalidad sólo ha recaído en tales decisiones.”
Así las cosas, no era procedente revocar la decisión del a quo para declarar probada de oficio, si no que, contrario a ello, lo que se imponía era descender al estudio del reparo que sobre el fondo de la controversia se presentó en el recurso de apelación, exclusivamente en lo que se relaciona con el cargo de conformidad con el cual la resolución 493 era nula, por cuanto se expidió sin que estuviera ejecutoriada la 492.
En consecuencia, me declaro en desacuerdo parcial con la posición de la mayoría, esto es, en lo que se relaciona con el cargo analizado.
Fecha ut supra.
(Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”.
“Estatuto General de Transporte”.
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se dicta el estatuto de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera”, expedido por el Presidente de la República. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de octubre de 2008, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, núm. único de radicación 2008-00077-00. Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2012. La Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002, la revocó y, en consecuencia, reservó a COOTRANSANDINA rutas, horarios y capacidad transportadora para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, y concedió un término de 6 meses contados a partir de la ejecutoria para presentar o dar cumplimiento a los requisitos de la licencia de funcionamiento, de que trata el Decreto 1927 y posterior habilitación conforme al Decreto 171. La citada Resolución núm. 00074 ordenó conceder la licencia de funcionamiento inicial a COOTRANSANDINA. Por auto del 3 de octubre de 2004 (fl. 4 Cuaderno 2)
Obra a los folios 8- 20 del Cuaderno 2. A los folios 27 a 70 aportó copia de la solicitud de tutela en contra del Ministerio de Transporte – Dirección Territorial de Antioquia por medio del cual se pidió restaurar la prestación del servicio de transporte con ocasión de la decisión de la entidad accionada que ordenó la cancelación de las tarjetas de operación de los vehículos afiliados a la empresa COOTRANSANDINA bajo el entendido que se daba “cumplimiento a la sentencia” del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión, que anuló entre la Resolución 2374 de 2006. El Tribunal Superior de Medellín profirió sentencia de 19 de septiembre de 2014 en la que amparó el derecho al debido proceso y la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal, mediante fallo de 13 de noviembre de 2014, en la que confirmó la decisión del a quo, decisión que se basó en el hecho que las resoluciones 00492 y 00493 gozan de presunción de legalidad, cuyo examen está a cargo del Consejo de Estado en los procesos 2001-0768 y 2011-0601. Debe destacarse que mediante esta decisión el Ministerio de Transporte se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 00074 de 5 de marzo de 2002 “Por la cual se concedió la licencia de funcionamiento inicial a Cootransandina para operar como empresa de transporte público terrestre automotor”. La Resolución 002374 de 2006 revocó la Resolución N° 00074; sin embargo, dispuso reservarle a COOTRANSANDINA la ruta Medellín – Andes, en los horarios y con la capacidad señalada para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros de carretera. Además, concedió el término improrrogable de 6 meses para el cumplimiento de requisitos exigidos con tal fin
“[…] Artículo 14. Requisitos. Para obtener habilitación en la modalidad de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, las empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 1o. del presente decreto: 1. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante legal. 2. Certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 3. Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas y agencias, señalando su dirección. 4.
Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los contratos de vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se indicará este hecho. 6. Relación del equipo de transporte propio, de los socios o de terceros con el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y número de la cédula del propietario, clase, marca, placa, modelo, número del chasis, capacidad y demás especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas vigentes. 7. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa. 8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa y del fondo de reposición del parque automotor. 9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa de revisión y de mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio. 10. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con sus respectivas notas. Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial. 11. Declaración de renta de la empresa solicitante, correspondientes a los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuentra obligada a cumplirla. 12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al valor resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el numero de unidades fijadas en la capacidad transportadora máxima para cada uno de ellos, el cual no será inferior a trescientos (300) smmlv, según la siguiente tabla: GRUPO A 1 smmlv
4 9 pasajeros
(Automóvil, campero, camioneta)
GRUPO B 2 smmlv
10 19 pasajeros
(Microbús)
GRUPO C 3 smmlv
Más de 19 pasajeros
(bus, buseta)
Las empresas podrán acogerse a las siguientes fechas y porcentajes para acreditar el capital pagado o patrimonio líquido: A la fecha de solicitud de la habilitación 70%
A marzo 31 de 2002 85%
A marzo 31 de 2003 100%
El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (smmlv) a que se hace referencia, corresponde al vigente en el momento de cumplir el requisito. Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas ajustarán este capital o patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad transportadora máxima con la que finalizó el año inmediatamente anterior. El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la economía solidaria será el precisado en la legislación cooperativa, Ley 79 de 1988 y demás normas concordantes vigentes. La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis de factores financieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido exigido. 13. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual establecidas en el presente decreto. 14. Duplicado al carbón de la consignación a favor del Ministerio de Transporte por pago de los derechos correspondientes, debidamente registrado por la entidad recaudadora. Parágrafo 1o. Las empresas que cuenten con revisor fiscal, podrán suplir los requisitos establecidos en los numerales 10, 11 y 12 de este artículo con una certificación suscrita por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, donde conste la existencia de las declaraciones de renta y de los estados financieros con sus notas y anexos, ajustados a las normas contables y tributarias en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital pagado o patrimonio líquido requerido. Con esta certificación, se deberá adjuntar copia de los dictámenes e informes y de las notas a los estados financieros, presentados a la respectiva asamblea o junta de socios, de los mismos años. Parágrafo 2o.
Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos establecidos en los numerales 5, 6 y 13 en un término improrrogable no superior a seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que le otorga la habilitación so pena que este sea revocada […]”
Por la cual se expide el Estatuto General de Transporte. Aparte tachado inexequible por la sentencia C-069-99 M.P. Fabio Morón Díaz y Alfredo Beltrán Sierra. Aparte subrayado declarado ajustado a la Constitución mediante sentencia C-043 de 1998 de la Corte Constitucional M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia del 9 de diciembre de 2016. Radicación número: 05001-23-33-000-2007-03092-01 Actor: Rápido San Pedro S.A. Demandado: Municipio de San Pedro de Los Milagros. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera Sentencia de 1° de agosto de 2002. Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6674- 01(6674) Actor: Asociación Nacional de Pilotos Prácticos y Otro Demandado: La Nación – Ministerio De Defensa Nacional – Dimar C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero Ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ. Santa Fe de Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996). Radicación número: 3416. Actor: TRANSPORTES COLOMBIA S.A. Y OTRA. Demandado: ALCADE DE FLORIDABLANCA Y OTRO. El este precedente la Sección define que el acto complejo es aquel en el que “la voluntad de la Administración se integra por la intervención de dos organismos pertenecientes a la misma entidad o a entidades diferentes”. CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012). Radicación número: 05001-23-15-000-2000-01421-01. Actor: TRANSPACIFIC CORPORATION. Demandado: CATASTRO MUNICIPAL DE MEDELLIN. Referencia: APELACION SENTENCIA. BERROCAL GUERRERO, Luís Enrique. Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2016, Séptima Edición. Páginas 178-183. Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 05001-23-31-000-2000-03882-02. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA. CONSEJERO PONENTE: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Bogotá, D. C., primero (1º) de agosto del dos mil dos (2002). Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06674-01(6674). Actor: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PILOTOS PRÁCTICOS Y OTRO. Demandado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de octubre de 1972. Exp: 023. CP Carlos Portocarrero M. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00036-01(IJ). Actor: JAIME OMAR JARAMILLO AYALA. Demandado: COMISION NACIONAL DE TELEVISION. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativa. Sentencias del 15 de octubre de 1964, Exp: 1015; 9 de julio de 1991. Exp: S-070; 27 de septiembre de 1994. Exp: S-342; 9 de noviembre de 1998. Exp: S-680. Sobre el particular, adujo que: “reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado que cuando se trata de un acto complejo, es decir formado por una serie de actos con la concurrencia de diversas voluntades, como el acto es único, debe acusarse en su total complejidad, aunque el vicio sólo afecte a uno de los actos que lo integran, porque habiendo unidad de contenido y unidad de fin en las diversas voluntades que se unen para producirlo, la serie de actos que lo integran no tiene existencia jurídica separada e independiente.
El acto que se firma es un acto único es la voluntad declarada, por la fusión en una sola voluntad de las voluntades de los órganos que concurren en el proceso de formación del acto. Sección Segunda-Subsección “B”. M. P.: Javier Díaz Bueno. Sentencia de julio 31 de 1996. Radicación número: 9485 Actor: Yuber Ramón Buitrago. Sección Primera. M. P.: Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 11 de abril de 2002. Rad.: 25000-23-24-000-1994-4503-01(6595) Actor: Sociedad Colombiana de Desarrollo Portuario Socodep. Sección Segunda-Subsección “A”. M. P.: Jaime Moreno García. Auto de 21 de septiembre de 2006. Rad.: 05001-23-31-000-2003-03648-01
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2020. Radicación número: 54001-23-31-000-2000-01893-01. Actor: Ciro Alfonso Rodríguez. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Corte Constitucional - Sentencia C-043 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Saliendo de Medellín dejó 6 horarios establecidos en la Resolución N° 74 y cambió 4; saliendo de Andes dejó 8 horarios y cambió 2. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 15 de marzo de 2018, Expediente núm. 05001233100020080005801. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Folios 35 a 39 de la sentencia de segunda instancia vista índice 28 de la plataforma SAMAI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, sentencia de 1° de agosto de 2002. Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6674- 01(6674). C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2020. Radicación número: 54001-23-31-000-2000-01893-01. Actor: Ciro Alfonso Rodríguez. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 15 de marzo de 2018, Expediente núm. 05001233100020080005801. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
“Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en la ruta Medellín – Andes y viceversa, Vía BOLOMBO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, COOTRANSANDINA.”
“Por la cual se habilita a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “COOTRANSANDINA”, para operar como empresa de Transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera.”
Debe destacarse que mediante esta decisión el Ministerio de Transporte se decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 00074 de 5 de marzo de 2002 “Por la cual se concedió la licencia de funcionamiento inicial a Cootransandina para operar como empresa de transporte público terrestre automotor”. La Resolución 002374 de 2006 revocó la Resolución N° 00074; sin embargo, dispuso reservarle a COOTRANSANDINA la ruta Medellín – Andes, en los horarios y con la capacidad señalada para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros de carretera. Además, concedió el término improrrogable de 6 meses para el cumplimiento de requisitos exigidos con tal fin
Página 39. Consejo de Estado. Sección Segunda Subsección B. Radicado No. 9485. Sentencia de 31 de julio de 1996. Consejero Ponente Dr. Javier Díaz Bueno. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 12 de diciembre de 2019. Proceso número: 05001 2331 000 2008 01121 01. En esta providencia se precisó que lo solicitado por COOTRAFLUCAN no fue la autorización de constitución previa sino la licencia de funcionamiento, toda vez que, por mandato del Legislador, las Cooperativas no deben agotar dicho trámite para prestar servicio público de transporte de pasajeros.
En consecuencia, la Sala indicó que como los actos censurados apenas estaban reservando frecuencias de despacho, rutas, áreas de operación y capacidad transportadora, más no otorgando el licenciamiento que se reprochaba, por ello procedía un fallo inhibitorio al entender que la decisión de reserva que se anota no creaba ninguna situación jurídica. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 17 de julio de 2003. Proceso número: 76001 23 24 000 1998 01422 01 (7487). En esta sentencia se resolvieron cargos de nulidad contra actos administrativos que concedían licencias de funcionamiento, en concreto las pretensiones fueron las siguientes:
“Primera. Que declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por el Alcalde Municipal de Candelaria, Valle del Cauca:
• Núm. 067 10 de marzo de 1998, mediante la cual le negó la licencia de funcionamiento para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros, con radio de acción sub urbano y veredal.
• Núm.176 de 13 de mayo de 1998, por medio de la cual resuelve el recurso de reposición impetrado por la actora contra la resolución anterior, en el sentido de confirmarla. Segunda. Que, como consecuencia de esa declaración, ordene al municipio demandado otorgarle el reconocimiento y su respectiva licencia de funcionamiento para la prestación del servicio referido”. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de agosto de 2003. Radicación número: 08001 23 31 000 2001 00308 01 (7341). En este proceso también se censuró la legalidad de actos que concedían licencia de funcionamiento:
“La SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE MAGANGUÉ LTDA. "SOTRAMAG", obrando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar tendiente a que, mediante sentencia, se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 019 de 6 de junio de 1994, "por la cual se ordena una publicación", 036 de 28 de agosto de 1994, “Por la cual se otorgó una licencia de funcionamiento provisional a la empresa TRAXIMAG LTDA para operar en vehículos tipo microbús"; 056 de 26 de diciembre de 1994 "por la cual se modifica la Resolución 036 de agosto de 1994", expedidas por la Alcaldía de Magangué; y el acto administrativo presunto por medio del cual se negaron los recursos interpuestos contra las resoluciones anteriores”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de marzo de 2020, expediente 25000 23 24 000 2008 00325 01. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
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