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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00768-01

Servicio público de transporte

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2011-00768-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. SEGUNDO: INHIBIRSE de proferir sentencia de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-000-2011-00768-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

15 de julio de 2021

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / OPERADOR O EMPRESA DE TRANSPORTE – Prestación del servicio / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE– Licencia de funcionamiento y habilitación / ACTO ADMINISTRATIVO IMPROPIO O INTERNO – Configuración / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO - Está conformado por el acto de habilitación y el de otorgamiento a empresa de transporte de la licencia de funcionamiento para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA - Probada al no demandarse la integridad de pronunciamientos que conformaban el acto complejo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Atendiendo las normas vistas supra, la parte demandante debía obtener la licencia de funcionamiento y la habilitación ante el Ministerio de transporte para prestar el servicio público de transporte por carretera, por cuanto las empresas tenían la obligación de solicitar la habilitación como requisito para operar el servicio a la entrada en vigencia del Decreto 171 de 2001. Al respecto, la Sala advierte que las normas coinciden en señalar que para que una empresa pueda prestar el servicio de transporte terrestre es necesario la licencia de funcionamiento y la habilitación, por lo que ambos constituyen una unidad de manifestación de la voluntad del Ministerio del Transporte encaminada a que la empresa de transporte terrestre sea autorizada y pueda operar. En consecuencia, como quiera que los actos administrativos, no tienen existencia como actos administrativos autónomos, es decir, considerados de manera separada, no son aisladamente susceptibles de control jurisdiccional. En ese orden, en el asunto sub examine, se configuró un acto administrativo impropio o interno por la pluralidad de pronunciamientos del Ministerio de Transporte cuyo objeto es autorizar a una cooperativa a prestar el servicio público de transporte de pasajeros, dado que, comportan una unidad de contenido y fin y que en el caso de faltar alguna de ellas COOTRASANDINA no podría prestar el referido servicio de transporte terrestre. En ese sentido, si la parte demandante pretendía evitar que la empresa COOTRASANDINA fuera autorizada para prestar el servicio de pasajeros en la misma ruta que ella opera (Medellín – Andes) era necesario que demandará las resoluciones 492 y 493 de 14 de noviembre de 2006, que constituyen un único acto administrativo complejo, máxime si el artículo tercero de la primera establece que debe darse cumplimiento a los requisitos de la respectiva habilitación señalados en el artículo 14 del Decreto 171 de 2001. En tal escenario, es claro para la Sala que dadas las condiciones fácticas y normativas del presente asunto, la decisión por medio de la cual se aprueba la licencia de funcionamiento para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera no crea ninguna situación jurídica de manera autónoma, toda vez que queda sometida, a que la empresa transportadora quede habilitada para operar por parte del Ministerio de Transporte según lo previsto en los artículos 13 y 70 del Decreto 171 de 2001. En otras palabras, en el presente asunto, lo que se advierte es que la autorización para prestar el servicio de pasajeros no se consolida si no es con la expedición de la aprobación de la licencia de funcionamiento y la habilitación, debido a que es a través del acto complejo con el cual la empresa solicitante se encuentra efectivamente facultada para prestar el servicio en las rutas, frecuencias de despacho, áreas de operación y con la capacidad transportadora fijada. Asimismo, en el caso sub judice, de no adelantarse el trámite de habilitación señalado en la Resolución 492 de 14 de noviembre de 2006, por medio de la cual se aprobó la licencia de funcionamiento, la empresa no podría entrar a operar, lo cual deja ver con absoluta claridad que existe una estrecha relación entre las dos decisiones que conforman el acto complejo. Así las cosas, para la Sala tales decisiones integran un acto administrativo complejo, en tanto que los dos buscan un mismo fin u objetivo, que no es otro que la autorización de la prestación del servicio de transporte de pasajeros, dado que en virtud del tránsito legislativo es necesario tanto la licencia de funcionamiento como la homologación al tenor de lo expuesto en el artículo 15 del Decreto 1927 de 1991 y el artículo 11 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001. Atendiendo lo expuesto, lo que encuentra la Sala es que las Resoluciones núm.

00492 de 14 de noviembre de 2006, 1387 de 19 de noviembre de 2008 y 003271 de 5 de agosto de 2010, no son pasibles de control judicial de forma independiente a aquella, que le otorgó la habilitación a favor de la Cooperativa de Transporte Andina “COOTRASANDINA”, por lo que nos encontramos en el marco de una demanda defectuosa que impide un pronunciamiento de fondo al no haberse integrado la proposición jurídica de manera debida y que implica revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar, dictar un fallo inhibitorio.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1927 DE 1991 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 1927 DE 1991 – ARTÍCULO 12 / DECRETO 1927 DE 1991 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 1927 DE 1991 – ARTÍCULO 15 / DECRETO 1927 DE 1991 – ARTÍCULO 17 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 11 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 14 / DECRETO 171 DE 2001 – ARTÍCULO 70

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00768-01

Actor: COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA - COONORTE

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA Y CHOCÓ

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: Acto administrativo complejo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sistema Escrito.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

La Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. - COONORTE, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Nación - Ministerio de Transporte – Dirección Territorial de Antioquia y Chocó, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante, Código Contencioso Administrativo.

Pretensiones

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones :

“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución Nro. 00492 del 14 de noviembre de 2006, emanada de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, “Por la cual se concede la Licencia de Funcionamiento a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA “COOTRANSANDINA” para operar como empresa de transporte público transporte automotor de pasajeros por carretera”.

SEGUNDO: Se declare la nulidad de la Resolución Nro. 1387 del 19 de noviembre de 2008, proferida por la DIRECTORA TERRITORIAL AD HOC DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE ANTIOQUIA, “por medio de la que se rechazan los recursos de reposición y apelación en contra de la resolución Nro. 00492 del 14 de noviembre de 2006, por no cumplir con el numeral 1 del artículo 52 del Código Contencioso”.

TERCERA: Se declare la nulidad de la Resolución Nro. 003271 de agosto de 2010, proferida por el Director de Transporte y Tránsito - Ministerio de Transporte - con sede Bogotá D.C., “Por la cual se confirma en todas sus partes la resolución Nro. 00492 de 14 de noviembre de 2006, expedida por la Dirección Territorial Antioquia Ad-hoc.

CUARTA: Que para efectos del restablecimiento de los derechos conculcados a la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA., “COONORTE”, se ordene revocar en su integridad la resolución No. 00492 de 14 de noviembre de 2006, mediante la cual se le concedió licencia de funcionamiento para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, y en su lugar se emita una orden para que la presunta empresa denominada “Cootransandina” no siga operando como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera, para la ruta Andes – Medellín y viceversa.

QUINTA: Que se condene al Ministerio de Transporte, al pago de los perjuicios y reajustes que la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA., “COONORTE”, dejó de percibir desde la fecha de su ilegal expedición de la Resolución No. 00492 del 14 de noviembre de 2006, y hasta el día de la sentencia que ponga fin al proceso, de acuerdo a la cuantía probada. Esto en consideración a que para la entidad Coonorte la licencia de funcionamiento y la habilitación de Cootransandina, otorgada de manera ilegal, implicó una disminución de los ingresos de Coonorte, dado que se está ofreciendo una inexistente demanda potencial, generando como consecuencia, una reducción de las sillas ofrecidas por la Cooperativa Coonorte; pues se ofrecían 56 sillas de más, lo cual resulta de multiplicar la capacidad máxima concedida a Cootransandina: 7 x 8.4 pasajeros por sentido; si se estima la ocupación en tan solo un 50%, y tomando el valor de $12.000 m/cte., que fue el costo de pasaje para el año 2006 en la ruta Medellín – Andes y viceversa, se tendría degradadas las entradas monetarias de Coonorte así:

28 pasajeros x $12.000 = $336.000 diarios;
$336.000 x 30 días = $10.080.000 mensuales;
$10.080-000 x 12 meses =$120.960.000 anuales;
$120.960.000 x 4 años = 483. 840.000.

SEXTA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA: Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho […]".

Presupuestos fácticos

La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

La Directora Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte por medio de la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, resolvió autorizar la solicitud de la ruta Medellín – Andes y viceversa, vía Bolombolo, presentada por la Cooperativa de Transporte Andina, “COOTRANSANDINA” y aprobar su licencia de funcionamiento para operar como Empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera en dicha ruta.

La Directora Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte por medio de la Resolución núm. 1387 de 19 de noviembre de 2008, resolvió rechazar los recursos de reposición y apelación formulados por la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. - COONORTE al no haber sido presentados dentro del plazo legal señalado en el artículo 51 del del Código Contencioso Administrativo.

El Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte mediante Resolución núm. 003271 de 5 de agosto de 2010, revocó la Resolución núm. 1387 de 19 de noviembre de 2008 y confirmó lo dispuesto en la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006.

Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

Artículo 82 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984.
Artículos 13 y 29 de la Constitución Política.
Artículos 10 y 12 del Decreto 1927 de 6 de agosto 1991.
Artículo 43 del Decreto 171 de 6 de agosto de 2001.

Concepto de violación

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así:

Primer cargo: violación del artículo 13 de la Constitución Política

La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los siguientes argumentos:

Indicó que la parte demandada no le dio un trato igualitario durante el desarrollo de la actuación administrativa, por cuanto desde antes del año de 1996 “[…] avizoró al ente estatal del surgimiento de una empresa de las denominadas “ilegales” pues sin tener licencia ni habilitación empezó a operar en el municipio de Andes, haciendo la ruta Andes – Medellín y viceversa, a pesar de las múltiples quejas presentadas no solo por Coonorte sino por otras empresas , la Territorial de Antioquia nunca tomó cartas en el asunto habiendo incurrido en una abierta omisión de cumplir con los deberes de autoridad que le impone la Constitución y La Ley, poniendo en desventaja a los demás ciudadanos y empresas, entre ellas a Coonorte, violando con ello el derecho a la igualdad […]”.

Adujo que la parte demandada: “[…] realizó un estudio de factibilidad el cual confirmó las denuncias presentadas pues el mismo arrojó como resultado la no disponibilidad de demanda para que entrara a operar otra empresa para la ruta Andes- Medellín y viceversa, sin embargo el ente estatal, violando el marco legal […] le concedió a COOTRANSANDINA para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carreteras, y no escuchó las suplicas ni analizó los fundamentos legales presentados por las empresas afectadas COONORTE Y TRANSPORTES SUROESTE ANTIOQUEÑO S.A. a quienes se le calificó de simples intervinientes y no de entidades directamente interesadas […]”.

Segundo cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política

Adujo que no se le notificó a la parte demandada la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, mediante la cual se le concedió la licencia de funcionamiento a COOTRANSANDINA, como si se hizo con la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, mediante la cual se le concedió la habilitación a esta empresa, a pesar de que se expidieron en la misma fecha y por parte de la misma funcionaria, lo que vulneró el debido proceso.

Manifestó que se vulneró el debido proceso, por cuanto sin haberse cumplido la ejecutoria del acto administrativo que concedió la licencia de funcionamiento: “[…] se le concedió la habilitación, en la misma fecha; no solo porque no se le notificó a Coonorte Ltda., a lo que estaba obligado el Ministerio de Transporte, sino porque además, la empresa tampoco tuvo la oportunidad de verificar si se habían cumplido a cabalidad cada uno de los requisitos que señalaba la normatividad para que Cootransandina se habilitara […]”.

Señaló que: “[…] resulta igualmente arbitrario, y por ende violatorio al ordenamiento jurídico legal y constitucional la expedición de la licencia de funcionamiento mediante la Resolución Nro. 00492 de 14 de noviembre de 2006, en razón a que tal situación había sido revocada por el Ministerio de Transporte, por el artículo primero de la Resolución Nro. 002374 del 7 de junio de 2006, en el cual, revocó en su integridad la Resolución Nro. 00074 de marzo 5 de 2002, expedida por la Dirección Territorial de Antioquia, por lo tanto, quiere, ello decir, que se revocó la licencia inicial, otorgada a la empresa “Cootransandina” por la Resolución 00074 ibídem; así las cosas sacó del ordenamiento, el acto primigenio del inferior, se entenderá negada la solicitud de Cootransandina, y por lo tanto no será viable su operación como empresa de transporte publico terrestre […]”.

Argumentó que “[…] el ente estatal entre otras falencias omitió lo que señala la Ley 336 de 1996, que establece que para la habilitación y el permiso para la prestación del servicio público de transporte, que sorprendentemente se expidió en una misma fecha (14 de noviembre de 2006), se debe otorgar mediante concurso, con el fin de garantizar la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre creación de nuevas empresas, según lo determine la reglamentación que expida el gobierno nacional, reglamento que consta en el Decreto 171 de 2001, del cual a pesar de que los hechos se dieron entre los años 2001 y 2006, la Dirección Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte se apartó de dicha normatividad y otorgó la licencia y la habilitación a Cootransandina […]”. (Subrayado y negrilla del texto original).

Indicó que la doctora María Eugenia Barrios de G. en su calidad de Directora Territorial de Antioquia se encontraba impedida para conocer de asuntos donde actuara la parte demandada, debido a que en anteriores ocasiones se había declarado impedida cuando se le solicitó la expedición de tarjetas de operación, y, sin embargo, esta funcionaria expidió la Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006.

Tercer cargo: violación de los artículos 10 y 12 del Decreto 1927 de 1991

Los fundamentos jurídicos de este cargo, son los siguientes:

Adujo que se infringió el artículo 10 del Decreto 1927 de 1991, por cuanto: “[…] La Territorial de Antioquia, hizo caso omiso al informe presentado por el Coordinar Grupo Operativo de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, en donde manifestó que no había disponibilidad de rutas ni horarios, y de manera arbitraria y con violación al marco jurídico legal concedió licencia de funcionamiento y la habilitación […].

Manifestó que la parte demandada no dio aplicación al artículo 12 del Decreto 1927 de 1991 y a los artículos 6, 8 y 10 de la Resolución núm. 0001203 de 8 de marzo de 1995 , toda vez que: “[…] la empresa COOTRASANDINA, desde que presentó la solicitud para la licencia de funcionamiento, venia presentando el servicio de manera ilegal, pues no contaba con Licencia de Funcionamiento ni Habilitación, […] irregularmente, la Dirección Territorial de Antioquia, expidió tarjeta de operación a los vehículos de placas TOE-399-, TOE-400, TOE-401,TOE-404,TOE-406, móviles que están operando, como se deduce de las planillas de salida de viajes de mayo 4 de 2007, y, junio 8 de 2007. De otra parte, confesó el propio apoderado de la solicitud y estudio presentado, que se está prestando el servicio de hecho […]”.

Cuarto cargo: violación del Decreto 171 de 2001

Adujo que la interpretación realizada al artículo 43 del Decreto 171 de 2001: “[…] sirve como ejemplo para demostrar que la Territorial de Antioquia, incurrió en un yerro inexcusable al momento de adelantar y tramitar la solicitud presentada por la presunta empresa denominada Cootransandina […]”.

Indicó que: “[…] por el hecho de presentar una solicitud antes de entrar en vigencia el Decreto 171 de 2001, se tenía una mera expectativa y no un derecho adquirido; por tal razón, ante una solicitud de una empresa interesada en prestar el servicio público de transporte automotor de pasajeros por carretera, se debe realizar un estudio técnico, tal como estudio de factibilidad y de disponibilidad de rutas y horario solicitados. En cuanto al procedimiento y toda vez que Cootransandina no contaba con licencia de funcionamiento definitiva, se le debía aplicar la reglamentación prevista en el Decreto 171 de 2001, y no los requisitos contemplados en el Decreto 1927 de 1991[…] se debió citar a concurso y tener en cuenta durante todo el trámite, no para notificar únicamente las resoluciones, a las empresas que resultaren afectadas y, finalmente, las resoluciones de licencia (00492) y habilitación (00493) se debieron expedir de manera consecuente, esto es cuando estuviera en firme la resolución de la licencia, expedir la de la habilitación […]”.

Quinto cargo: expedición en forma irregular del acto con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa

Indicó que: “[…] en la actuación administrativa […] se cometieron errores insoslayables hasta el punto de violar el derecho de defensa a mi mandante quien resultó seriamente perjudicada con la actuación irregular de la demandada, que se tomó el atrevimiento sin justificación alguna, de resolver los recursos de reposición y apelación, y el recurso de queja, que oportunamente se interpusieron contra los actos administrativos arbitrarios que expidió la Territorial de Antioquia y la Dirección Nacional del Ministerio de Transporte. Dentro del trámite la entidad no observó los requisitos y etapas procesales que establecen las normas especiales (Decreto 171 de 2001, Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, entre otras), ni sometió la actuación al procedimiento administrativo establecido en el artículo 49 y ss. del Código Contencioso Administrativo. Fuera de las irregularidades de tipo sustancial que se describieron anteriormente, la Territorial de Antioquia y la Dirección Nacional del Ministerio de Transporte, dentro del trámite no tuvieron en cuenta a las empresas afectadas, solamente algunas decisiones las notificaron de forma personal, mientras otras, obviando la obligatoriedad de notificarlas personalmente, las notificaron por edicto (ver Resolución No. 1338 de Nov. 19 de 2008) […]”.

Sexto cargo: Falta de motivación y falsa motivación

Expuso que la parte demandada incurrió en falta de motivación “[…] al no hacer uso de todos los instrumentos previstos en la ley especial (Ley 171 de 2001) y los establecidos en el Código Contencioso Administrativo, para constatar la conducencia de solicitud y verificar si realmente se realizó un estudio técnico que conllevara a establecer la factibilidad y disponibilidad de rutas y horarios solicitados; además debió constatar si la supuesta empresa denominada COOTRANSANDINA, cumplía con los requisitos que las normas especiales establecen para operar como empresa prestadora del servicio público de transporte […]”.

Reiteró las consideraciones expuestas en los cargos precedentes.

Contestación de la demanda

La parte demandada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así:

Adujo que: “[…] la solicitud objeto de estudio fue radicada por la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA “ COOTRANSANDINA”, el 14 de marzo de 1996, por lo tanto, el procedimiento legal aplicable para su trámite es el contenido en el Decreto 1927 de 1991[…]”.

Manifestó que el acto administrativo acusado: “[…] lejos de lesionar los derechos de las empresas impugnadoras, trae como consecuencia una competencia comercial, sin que ello implique una pugna abierta contra la libre empresa, sino que por el contrario redunda en una eficaz prestación del servicio […]”.

Señaló que no se configura una falsa motivación, por cuanto es claro que los motivos que llevaron a expedir el acto acusado son los allí plasmados, es decir, la necesidad del servicio encontrada en la ruta detectada.

Indicó que: “[…] lo que surge probatoriamente es un acto administrativo debidamente motivado y soportado en estudios técnicos, respecto de los cuales y de sus conclusiones el actor no ejerce ninguna labor que permita derruir o destruir las conclusiones allí consignadas que son la base de la decisión administrativa adoptada por el Ministerio de Transporte. El actor en realidad no efectúa ninguna demostración de los cargos propuestos y de los vicios que allí se concentran […] dedicándose exclusivamente a realizar una cronología de las actuaciones administrativas que no soporta dialécticamente la demostración de ningún vicio de anulación […]”.

Expuso que: “[…] la reserva de rutas, horarios y capacidad transportadora de que tanto se duele el actor en el contexto de la revocatoria de la resolución 02374 de 2006, es una aplicación debidamente autorizada por los artículos regentes del Decreto 1927 de 1991 para el régimen de adjudicación de rutas y horarios a las empresas de transporte público solicitante, luego en esta decisión, no se afinca ninguna actuación en contra de la ley que vicie el correspondiente acto administrativo […]”.

Argumentó que: “[…] la empresa Cooperativa de Transporte Andina “COOTRANSANDINA”, fue habilitada para la prestación del servicio individual de pasajeros tipo taxi mediante la Resolución núm. 2463 de noviembre de 2000, expedida por la Alcaldía Municipal de Andes (Antioquia) […]”.

Contestación de la demanda por parte de la Cooperativa de Transporte Andina “COOTRANSANDINA”.

El litisconsorte necesario contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas así:

Indicó que: “[…] el hecho de que la licencia se hubiese expedido bajo la vigencia del Decreto 171 no implica, per se, que ésta sea la norma aplicable. Recuérdese que la solicitud de licencia de funcionamiento se realizó fue bajo la vigencia del Decreto 1927 de 1991, lo que indica que era esta norma la aplicable para todo lo concerniente a la expedición de la licencia. Es más el Decreto 171 de 2001 no se refiere si quiera a las licencias de funcionamiento. De otro lado, para la expedición de la habilitación no se requería la citación previa a concurso. De este modo tenemos que no se violó el debido proceso […]”.

Manifestó que no hubo ninguna irregularidad con que en la misma fecha se expidieran dos resoluciones: “[…] En la Resolución 00492 de 2006 se verificó que se cumplieran los requisitos sentados en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991 y en la Resolución 00493 se evidenció como se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 171 de 2006. Finalmente frente a ambas resoluciones se concedieron los recursos pertinentes. De otro lado no sobra advertir que en el evento absolutamente hipotético de que existiese alguna irregularidad con que en una misma fecha se expidieran dos resoluciones diferentes, la irregularidad, en todo caso, se presentaría respecto de la segunda, esto es, de la 00493 […]”.

Señaló que: “[…] No entendemos por qué el demandante eleva cargos en contra de la Resolución 00493, siendo el objeto de la demanda la Resolución 00492. Esto demuestra la ausencia de argumentos de la demanda. […] La razón por la cual la funcionaria se declaró incompetente fue que ya existía una demanda en contra de la Resolución No. 00493 de 2006, y no, como torticeramente pretende hacerlo ver el demandante, que ya existía una demanda contra la Resolución 00074 de 5 de marzo de 2002 y otras. Esto último ni siquiera fue objeto de las consideraciones de la funcionaria a la hora expedir la resolución mediante la cual se declaró incompetente […]”.

Contestación de la demanda por parte de la empresa Transportes Suroeste Antioqueño S.A.

El litisconsorte necesario contestó la demanda, en los siguientes términos:

Indicó que la empresa no presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución núm. 2374 de 7 de junio de 2006, por cuanto tuvo conocimiento que la decisión fue adoptada a partir de un nuevo estudio de horarios y condiciones.

Manifestó que la empresa no intervino en la actuación administrativa que dio lugar al acto demandado, es decir, se abstuvo de ejercer los recursos que procedían en contra de tales actos, por cuanto no puede afirmarse que con los mismos se hayan vulnerado los derechos e intereses de Transporte Suroeste Antioqueño S.A.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, mediante sentencia proferida el 21 de julio de 2017, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia se ordena el archivo del expediente. […]”.

Consideraciones expuestas en la sentencia proferida en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió negar la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, por las siguientes razones:

Consideró que: “[…] la Resolución No. 000492 del 14 de noviembre de 2006, es un acto administrativo definitivo y por consiguiente y debido a que en el mismo se le adjudicó a COOTRANSANDINA, rutas, horarios y capacidad transportadora, servicios que también prestaba COONORTE, esta última tenía derecho a que se les notificara dichas decisiones, respetándole el debido proceso y permitiéndole oponerse a la misma, sin embargo observando la prueba obrante en el plenario, a pesar de que no le fue notificado dicho acto, si se le permitió ejercer el derecho de contradicción frente a éste, ya que mediante resolución No. 3271 del 5 de agosto de 2010, se resolvió el recurso de apelación, interpuesto por la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. – Coonorte -, en la que se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 00492 del 14 de noviembre de 2006, mismo que fue demandado en la presente acción […]” .

El a quo consideró necesario aclarar que la resolución objeto de cuestionamiento en la acción de la referencia es la núm. 000492 y no la 493, esto en razón a que, de encontrarse alguna irregularidad en esta última por haberse expedido sin esperar la ejecutoria de la primera, no se podría decretar su nulidad en virtud del principio de justicia rogada, por lo que el cargo no fue analizado.

Adujo que: “[…] Ahora se argumenta en la demanda un impedimento de la señora María Eugenia Barrios de G., Directora Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte, en razón a que en otras oportunidades, en asuntos que le correspondía expedir tarjeta de operación a COONORTE, se declaró impedida, sin embargo no trae ninguna justificación que acompañe dicha afirmación, máxime que en el acto demandado se está resolviendo una solicitud elevada por COOTRASANDINA y no por Coonorte, que en esta oportunidad solo acuto como tercero interviniente, razón por la cual este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad […]”.

“[…] Si bien en la Resolución No. 02374 del 7 de junio de 2006 se revocó la Resolución 074 del 5 de marzo de 2002, por medio de la cual se otorgó licencia de funcionamiento inicial a la empresa COOTRASANDINA también se concedió un plazo de 6 meses para que la misma cumpliera con los requisitos contemplados en los artículos 17 y 28 del Decreto 1927 de 1991 y poder otorgarle licencia […] una vez cumplidos los requisitos, lo cual no es debatido por la parte demandante, mediante resolución No. 00492 del 14 de noviembre de 2006, se otorgó licencia de funcionamiento, misma que había sido condicionada, mediante la resolución 02374 del 7 de junio de 2006, por lo que la revocatoria de la resolución No. 00074 de 2002, no vicia el acto demandado […].

Manifestó en cuanto a no contar con estudio técnico favorable previo a otorgar la licencia de funcionamiento que: “[…] a folio 323 del expediente obra estudio técnico No. 100 del 14 de noviembre de 2006, en el que se establece que la empresa transportadora cumplió con la totalidad de las exigencias del Decreto 1927 de 1991, analizando ítems como ruta (Medellín – Andes y viceversa), características del servicio y capacidad transportadora, recomendando el otorgamiento de la licencia […]”.

Concluyó que el trámite que se debía seguir para otorgar la licencia de funcionamiento en el servicio de transporte de personas por carretera era el contemplado en el Decreto 1927 de 1991, dado que la solicitud inicial se presentó en el año de 1996, norma que no señala el concurso como requisito previo para autorizar dicha licencia.

Recurso de Apelación

Parte demandante

La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en sus alegatos de conclusión, y añade los siguientes argumentos:

Adujo que “[…] el acto administrativo que nos ocupa, es decir, la Resolución 2374, no es una continuación del trámite administrativo al que da lugar la solicitud de licencia de funcionamiento presentada bajo la égida del Decreto 1927 de 1991, sino que es un acto administrativo dictado supuestamente, so pretexto de desatar un recurso de apelación, en los términos del cual lo que se pretende es revivir una actuación que ya había concluido y retrotraerse en el tiempo, pese a que para el momento ya estaba vigente el Decreto 171 de 2001 […]”.

Manifestó que “[…] si bien es cierto, que la Resolución Nro. 000493, del 2006, no era objeto de solicitud de nulidad en el proceso de la referencia, también es cierto, que era imprescindible que el Tribunal administrativo se pronunciara al respecto, por cuanto, uno de los cargos alegados por COONORTE, era que la licencia de funcionamiento otorgada mediante la Resolución Nro. 492 del 2006, debía estar en firme para proceder a expedir la Resolución Nro. 00493 del 2006, que habilitó a COOTRASANDINA, para operar como empresa de servicio público terrestre automotor de pasajeros, y que dicha actuación del Ministerio de Transporte, violaba el debido proceso […]”.

Indicó que: “[…] Contrario a lo señalado por el Tribunal, en la Resolución Nro. 3271 del 05 de agosto de 2010, por medio del cual se resolvió el recurso de queja interpuesto por COONORTE, el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, reconoció la incompetencia de la señora MARIA EUGENIA BARRIOS DE G., para conocer los casos y asuntos relacionados con COONORTE […] “.

Actuación en segunda instancia

El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 25 de enero de 2018, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2017 por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho sustanciador, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda instancia, mediante auto de 11 de mayo de 2018, surtió traslado por el término de diez (10) días a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

Parte demandante

La parte demandante guardó silencio durante el término de traslado.

Parte demandada

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Cooperativa de Transporte Andina “COOTRANSANDINA”

El litisconsorte necesario guardó silencio durante el término de traslado.

Transportes Suroeste Antioqueño S.A.

El litisconsorte guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Vistos: i) el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre el régimen de transición y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 sobre la distribución de los procesos entre las Secciones de esta Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente asunto.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) el análisis del caso concreto y valoración las pruebas allegadas al proceso; y iv) conclusión.

La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 21 de julio de 2017 por la Sala Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, puesto que los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que habrá de adoptarse en la segunda instancia.

Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Actos administrativos acusados

Los actos administrativos acusados son los siguientes:

La Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, “[…] Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor para de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN — ANDES Y VICEVERSA, Vía BOLOMBOLO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA” […]” expedida por la Directora Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte, en su parte resolutiva señaló:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la solicitud de la ruta MEDELLÍN - ANDES Y VICEVERSA, VÍA BOLOMBOLO, presentada por la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA"; en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 002374 del 7 junio de 2006 emanada de la Dirección General del Ministerio de Transporte y al resultado que produjo el Estudio Técnico No. 0100 del 14 de noviembre de 2006:

RUTA: MEDELLÍN — ANDES Y VICEVERSA, VÍA BOLOMBOLO

SALIENDO DE MEDELLÍN: 04:30 - 07:00 - 08:45 - 10:50 - 11:45 - 12:45 – 13:20 - 15:30 – 17:30 – 18:30.

SALIENDO DE ANDES: 04:15 - 05:15 - 07:00 - 09:45 - 11:45 - 13:45 -14:30 – 16:15 – 17:15 – 18:00

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

CLASE DE VEHÍCULO : AUTOMOVIL
FRECUENCIA : DIARIA
NEVEL DE SERVICIO : CORRIENTE

CAPACIDAD TRANSPORTADORA:

CLASE DE VEHÍCULO
CAPACIDAD MINIMA VEHICULOS
CAPACIDAD MÁXIMA VEHICULOS

AUTOMÓVIL
6
7

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la solicitud de Licencia de Funcionamiento, presentada por la COOPERATIVA DE TRANSPORTÉ "COOTRANSANDINA"; para operar corno empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, para prestar los servicios de transporte, en las rutas, horarios, niveles de servicio y capacidad transportadora, estipulado en el Artículo Primero de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, la COOPERATIVA DE "COOTRANSANDINA"; debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14, del Decreto 171 de febrero 5 de 2001, en lo concerniente a los requisitos para obtener la respectiva Habilitación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Providencia, proceden por la vía Gubernativa los recursos de Reposición ante este Despacho y el de Apelación, ante la Dirección General del Ministerio de Transporte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su Notificación […]”.

La Resolución núm. 1387 de 19 de noviembre de 2008, “[…] Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación frente a la resolución 00492 del 14 de noviembre de 2006 […]” expedida por la Directora Territorial Ad- hoc del Ministerio de Transporte de Antioquia:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar los recursos de reposición y en subsidio apelación formulados por la Cooperativa Norteña de Transportadores Ltda. Coonorte Ltda., al no dar cumplimiento al numeral 1 del artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, es decir, el plazo legal para interponerlos, no se adecuó a los términos estipulados en el artículo 51 del citado código.

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra el rechazo del recurso de apelación procede el recurso de queja de conformidad con las voces del artículo 53 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO TERCERO. El contenido de la presente resolución se notificará al interesado, cumpliendo las disposiciones que para el efecto establezca el Código Contencioso Administrativo […]”

La Resolución núm. 003271 de 5 de agosto de 2010, “[…] Por la cual se decide el recurso de queja interpuesto por el Representante Legal de la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. -COONORTE-, contra la Resolución No. 1387 del 19 de noviembre de 2008, expedida por la Dirección Territorial Antioquia Ad-Hoc […]” expedida por el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. – Decidir el recurso de queja interpuesto por el Representante Legal de la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. -COONORTE-, contra la Resolución No. 1387 del 19 de noviembre de 2008, en el sentido revocarla en su integridad y como consecuencia avocar el conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra el Acto Administrativo No. 000492 del 14 de noviembre de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decidir el recurso de apelación impetrado por el Representante Legal de la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA.-COONORTE-, contra la Resolución No. 000492 del 14 de noviembre de 2006, en el sentido de confirmarla en todas sus partes, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.

El problema jurídico
El problemas jurídico que debe resolver la Sala, en el caso sub examine, consiste en determinar si es susceptible de control judicial autónomamente el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Transporte aprobó la licencia de funcionamiento presentada por COOTRANSANDINA o debe entenderse como un acto complejo cuya legalidad debe ser estudiada con la resolución mediante la cual se concedió la habilitación de la empresa para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera.

Para lo anterior la Sala desarrollará los siguientes aspectos: i) el marco normativo del procedimiento administrativo que regula la expedición de los actos administrativos de licencia de funcionamiento y habilitación; ii) marco jurisprudencial de los actos administrativos complejos y, iii) análisis del caso concreto.

Marco normativo de la licencia de funcionamiento y de la habilitación.

Visto el artículo 11 del Decreto 1927 de 6 de agosto 1991, sobre la autorización previa de constitución de empresas de transporte terrestre, que dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 11. La autorización previa de constitución será otorgada mediante resolución motivada, por la Dirección General del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, en la cual se indicará:

a) Las rutas y frecuencias de despacho y/o áreas de operación, que le quedarán reservadas al solicitante durante el término de seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución;

b) La capacidad transportadora necesaria para servir las rutas reservadas, la clase de vehículo, la modalidad y el nivel del servicio ofrecido […]”.

Visto el artículo 12 del Decreto 1927 de 1991, que dispone:

“[…] Artículo 12. La autorización previa para la constitución de la empresa no la faculta para prestar el servicio público de transporte […]”.

Visto el artículo 13 del Decreto 1927 de 1991, “[…] La autorización previa de constitución tendrá una vigencia improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la concede y deberá protocolizarse con el respectivo instrumento que acredita la constitución de la sociedad. En este término la empresa deberá cumplir todos los requisitos establecidos por este Decreto para la obtención de la licencia de funcionamiento […]”.

Visto el artículo 15 ibidem, la licencia de funcionamiento es el permiso que el Estado concede al transportador y que lo habilita como tal para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y/o mixto por carretera. La licencia de funcionamiento deberá contener la razón social, la fecha de vencimiento, el capital pagado o patrimonio liquidado de la sociedad y el radio de acción.

Visto el artículo 17 del Decreto 2791 de 1991, sobre los documentos que deberán ser presentados para obtener la licencia de funcionamiento, la empresa de transporte interesada deberá acreditar la personería jurídica, la prueba de la propiedad o arrendamiento de los vehículos, la demostración del capital pagado o patrimonio líquido de la sociedad, el balance consolidado, el organigrama y el reglamento de funcionamiento de la empresa, el sistema de mantenimiento de los vehículos con mecanismos de control y la copia de las pólizas de seguros que exige la ley.

Visto el artículo 17 ibidem, una vez se reúnan los requisitos allí contemplados, la Administración procederá a expedir la licencia de funcionamiento mediante resolución motivada, acto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 ibídem, otorga la posibilidad de prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera por carretera.

Visto el artículo 11 del Decreto 171 de 2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, las empresas “[…] legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera deberán solicitar y obtener habilitación para operar […]”, para lo cual deben dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 14 ibidem.

Acto administrativo complejo

La Sección Primera del Consejo de Estado al referirse al contenido sustancial de los actos administrativos complejos ha señalado:

“[…] Para que un acto administrativo sea complejo, debe contener varias declaraciones conjuntas y sucesivas de dos o más autoridades. Del mismo modo, esas declaraciones de voluntad de la administración deben tener como características: unidad de contenido y de fines, de forma tal que ninguna de ellas puede asimilarse separada e individualmente.

[…] En los actos administrativos complejos la decisión administrativa se adopta con la intervención conjunta y sucesiva de dos o más órganos o autoridades, de tal forma que si falta la manifestación de voluntad de alguno de tales órganos o autoridades, no se puede sostener que el acto ha nacido a la vida jurídica; es decir, que en la formación debe concurrir en la misma dirección, las voluntades del número plural de autoridades que legalmente deben intervenir.

Sumado a lo dicho, puede ocurrir que un acto complejo se origine en distintas declaraciones de una misma autoridad, esto se presenta generalmente cuando contra el acto que da inicio a la actuación administrativa se interponen los recursos de vía gubernativa, quedando interrelacionado con aquellos actos que los resuelven […]».

La doctrina, igualmente, ha caracterizado el «acto administrativo complejo», dividiéndolo en dos tipos que ha denominado «complejo propio» y «complejo impropio». Frente al acto administrativo complejo propio ha indicado:

« […] 1.2.1. Acto administrativo complejo propio […] 1.2.1.1. Noción […] Es el que se forma por la fusión de varias declaraciones que con un mismo contenido y mismo fin profieren dos o más órganos de manera separada y sucesiva. La complejidad del acto se debe entonces a que sean varias las declaraciones que lo conforman, sin que cambie o exista la posibilidad de cambiar el contenido de una a otra, deben mantener posibilidad de cambiar el contenido de una a otra, deben mantener contenido igual, y que cada una de esas declaraciones provengan de órganos o entidades distintas, bajo las circunstancias de que cada uno de ellos profiera la suya en momentos diferentes o sucesivos y de forma separada entre sí […] La unidad de contenido es lo determinante para que esa pluralidad de declaraciones se constituya en una unidad compleja, en acto único, pues son varios los casos en los que hay pluralidad de declaraciones, pero por tener contenido distinto una y otra no se fusionan como un todo, pese a lo cual hay quienes erróneamente ven en ellos un acto complejo, como ocurre en la expedición de actos que están precedidos de otros, pero que solo le sirven de impulso o fundamento, sin que se fusionen con él, luego no conforman un acto complejo. En tal situación se está ante unos actos de trámite (autorización previa, decreto de pruebas, etc) y preparatorios (propuestas, conceptos, dictámenes), y un acto administrativo definitivo, v.gr. el acto del Presidente de la República conformando una terna para elección de Defensor del Pueblo, y el acto de elección de dicho funcionario por la Cámara de Representantes. El primero es un acto preparatorio y el segundo es el acto definitivo

[…]

1.2.1.2. Características […] De lo anterior se desprende que las características o elementos determinantes de un acto complejo propio son las siguientes: […] a. Intervención de dos o más órganos en la formación del acto […] b. Pluralidad de declaraciones (de voluntades dicen algunos tratadistas) dadas individualmente por cada uno de tales órganos, que se fusionan o integran en un todo […] c. Dadas o proferidas de manera separada y sucesiva […] d. Unidad de objeto o contenido en dichas declaraciones. […] e. Unidad de fin perseguido por cada uno de los órganos que lo expiden […] f. Interdependencia entre las distintas declaraciones o actos para poder adquirir existencia jurídica. Cada declaración necesita de la otra o de las otras para poder nacer a la vida jurídica como acto administrativo. Se necesitan mutuamente. Ninguna considerada individualmente tiene la entidad de acto administrativo, debido a que por sí solas no producen efectos jurídicos, o sea que mientras no se produzcan todas no se puede hablar de nacimiento de acto administrativo. Por ello no son demandables de manera separada ante la jurisdicción contencioso administrativa, aunque los vicios de una se transmiten a todo el conjunto[…]».

Sobre el particular, esta Sección ha señalado que se configura un acto administrativo complejo en materia de transporte público por vía terrestre cuando resulta necesaria la confluencia de dos decisiones para que la empresa de transporte pueda desarrollar la actividad:

“[…] Vistas así las cosas, para la Sala tales decisiones integran un acto administrativo complejo, en tanto que los dos buscan un mismo fin u objetivo, que no es otro que la prestación del servicio de transporte, dado que ninguna empresa pretendería agotar exclusivamente el procedimiento de constitución previa, siendo que para ejercer su objeto le resulta indispensable la licencia de funcionamiento al tenor de lo expuesto en los artículo 12, 13 y 15 del Decreto 1927 de 1991.

Ahora, se trata de dos actos administrativos emanados de una misma autoridad administrativa; y además, resulta completamente necesaria e indispensable la confluencia de esas dos decisiones para que la empresa de transporte desarrolle la actividad que le interesa, al punto que la primera se encuentra sometida a una condición temporal de vigencia y al adelantamiento de los trámites que exige el ya transcrito artículo 17 ibídem.

9.5.2. Todo lo dicho se compadece con la definición de la figura del acto complejo a la luz del entendimiento que sobre el punto ha dado la jurisprudencia, según la cual “es el que resulta del concurso de voluntades de una misma entidad o de entidades distintas que se unen en una sola. Es necesario para que se conforme, que haya unidad de contenido y unidad de fin en las diversas voluntades. Y que habiendo unidad del contenido y unidad de fin, la serie de actos que lo integran no tengan existencia jurídica separada e independientes” (sentencia de 25 de mayo de 1990, expediente 1772; actora, María Inés Lasso Olarte, Consejero Ponente: doctora Clara Forero de Castro).”.

En otra oportunidad, igualmente, el Consejo de Estado precisó:

Resumiendo, puede decirse que acto complejo es una decisión resultante de la concurrencia o fusión de las voluntades de varios órganos de la administración, que actúan independientemente en el proceso de formación del mismo.

De lo expuesto se desprende que el acto complejo se caracteriza por los siguientes rasgos:

a. Tiene unidad de contenido y unidad de fin;
b. Hay fusión de las voluntades de los órganos que concurren a su formación;
c. Es el producto de la intervención de dos o más funcionarios u órganos, los cuales pueden estar colocados en un plano de igualdad o de dependencia y que pueden pertenecer a una misma entidad o a varias distintas, y
d. La Serie de actos que lo integran no tienen existencia jurídica separada e independiente.

[…] 9.5.3. A manera de correlato de lo expuesto, es claro para esta Sala que estamos en presencia de un acto administrativo complejo impropio o interno propiamente dicho, dado que se presentan las características para que se configure, tales como la pluralidad de declaraciones con unidad de objeto y contenido, emitidas separada y sucesivamente, producidas en momentos diferentes y con una inescindible interdependencia entre ellas pero, en todo caso, dictadas por el mismo órgano; a diferencia de lo que acontece con el acto administrativo complejo propio que necesita para su existencia además de las anotados peculiaridades la participación de dos o más órganos.

Tampoco estaríamos en presencia de un acto complejo impropio circunstancial en tanto que no se deriva de la posibilidad de que el administrado ponga a consideración del órgano competente la modificación del alcance del primer acto, como suele ocurrir por ejemplo con la interposición de los recursos de la vía gubernativa, en donde aquéllos actos que lo revoquen o modifiquen se integran con el primero como una unidad resultando así una complejidad que es eventual y que será propia si quien lo resuelve es el mismo órgano o impropia si quien lo desata es otro distinto […]”.

Al respecto, la Sección Primera y la Sala Plena de la Corporación han precisado sobre el acto administrativo complejo:

“[…] La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el acto administrativo complejo es aquel en el que concurren varias voluntades de la administración, ya sea que se produzcan por varios órganos dentro de una misma entidad pública, o por el concurso de varias entidades.

La característica esencial de las exteriorizaciones de voluntad concurrentes es la unidad de contenido y fin que hay entre ellas, dado que la materia regulada y el propósito del pronunciamiento de la administración hacen inescindibles las decisiones individuales tomadas por los órganos de una misma entidad o por varias entidades, dichas voluntades son necesarias para la formación del acto, de tal forma que las decisiones individualmente consideradas no tienen vida jurídica propia.

En sentencia de 9 de noviembre de 1998, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación señaló:

Aparece claramente expresado por la Sala Plena, que es inexistente el acto administrativo, cuando siendo complejo, carece de la actuación de uno cualquiera de los órganos llamados a intervenir en su producción; y que un acto de tal tipo sólo puede ser acusado o juzgado en su integridad, en tanto las distintas manifestaciones de voluntad que acuden a su formación devienen en un acto único, sin que ellas tengan existencia jurídica separada e independiente. Contrario sensu, no es admisible acusar y juzgar sólo una de las actuaciones de los órganos que participan en su creación. En consecuencia, emerge de forma indiscutible la consiguiente imposibilidad de atender la demanda de nulidad de una actuación administrativa en la que apenas se ha manifestado una de las dos voluntades que debían intervenir, por cuanto carece de objeto al estar referida a un acto administrativo que aún no existe. Lo que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa en tal caso es la inhibición, por simple sustracción de materia. […]

Frente al acto administrativo complejo la Sección Primera de esta Corporación ha sostenido pacíficamente que:

Para que un acto administrativo sea complejo, debe contener varias declaraciones conjuntas y sucesivas de dos o más autoridades. Del mismo modo, esas declaraciones de voluntad de la administración deben tener como características: unidad de contenido y de fines, de forma tal que ninguna de ellas puede asimilarse separada e individualmente […]”.

Análisis del caso concreto

Con el propósito de determinar, en el caso sub examine, si se configura un acto administrativo complejo entre las Resoluciones núm. 492 y 493 de 14 de noviembre de 2006, expedidas por la Directora Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte es pertinente analizar los hechos que los anteceden y el contenido de los mismos.

Acervo probatorio

La Sala procede a realizar la numeración de las pruebas relevantes para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; sin embargo, se reitera que la valoración se realiza respecto de todas las pruebas que obran en el expediente.

Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:

Mediante Resolución núm. 00074 de 5 de marzo de 2002, el Director Territorial de Antioquia del Ministerio de Transporte, otorgó licencia de funcionamiento inicial, a la empresa Cooperativa de Transporte Andina - COOTRASANDINA, para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”.

A través de la Resolución núm. 952 de 17 de diciembre de 2002, “[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N° 74 de marzo 5 de 2002, por la cual se otorga licencia de funcionamiento inicial a la empresa Cooperativa de Transportes Andina – COOTRASANDINA, para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera[…]”, el Director Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte, confirmó la decisión inicial y concedió el recurso de apelación ante la Dirección General de Transporte del Ministerio de Transporte.

Mediante Resolución núm. 2374 de 7 de junio de 2006 “[…] Por la cual se desatan los recursos de apelación interpuestos por los representantes legales de las otras empresas: Transportes Suroeste Antioqueño S.A., Cooperativa Norteña de Transporte Ltda. – COONORTE LTDA., y TRASURAN S.A.; contra la Resolución N° 74 de marzo 5 de 2002, proferida por la Dirección Territorial Antioquia“[…]”, el Ministerio de Transporte reservó a la Cooperativa de Transportes Andina “COOTRASANDINA” la ruta Medellín -Andes y se le concedió un término de seis (6) meses a partir de la ejecutoria del acto administrativo para que cumpliera con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 2791 de 1991, para efectos de obtener la licencia de funcionamiento y posterior habilitación bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001.

Además, el Ministerio de Transporte en el artículo 1.° de este último acto administrativo revocó la Resolución núm. 00074 de 5 de marzo 2002, al advertir que las empresas Coonorte Ltda., Transporte Suroeste Antioqueño y Trasuran S.A ya tenían cubierto algunos de los horarios asignados a COOTRANSANDINA, sin embargo, conservó la licencia otorgada, señalando horarios y rutas compatibles con los de las empresas recurrentes en atención a la demanda existente.

Por lo anterior, COOTRASANDINA dando cumplimiento a la Resolución núm. 2374 de 2006, presentó solicitud de licencia de funcionamiento ante el Ministerio de Transporte.

Mediante Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, el Ministerio de Transporte aprobó la licencia de funcionamiento.

El Ministerio de Transporte otorgó habilitación a COOTRASANDINA mediante Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006.

Resolución núm. 492 de 14 de noviembre de 2006, expedida por la Directora Territorial Antioquia (E) del ministerio de Transporte

La Resolución núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, “[…] Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor para de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN — ANDES Y VICEVERSA, Vía BOLOMBOLO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA” […]” expedida por la Directora Territorial Antioquia del Ministerio de Transporte, señala:

“[…] LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN ANTIOQUIA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los Decretos Nos. 1927 de 1991, 2171 de 1992, Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y Resolución 2053 de 2003, emanadas del Ministerio de Transporte y, CONSIDERANDO (…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la solicitud de la ruta MEDELLÍN - ANDES Y VICEVERSA, VÍA BOLOMBOLO, presentada por la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA"; en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 002374 del 7 junio de 2006 emanada de la Dirección General del Ministerio de Transporte y al resultado que produjo el Estudio Técnico No. 0100 del 14 de noviembre de 2006:

RUTA: MEDELLÍN — ANDES Y VICEVERSA, VÍA BOLOMBOLO

SALIENDO DE MEDELLÍN: 04:30 - 07:00 - 08:45 - 10:50 - 11:45 - 12:45 – 13:20 - 15:30 – 17:30 – 18:30.

SALIENDO DE ANDES: 04:15 - 05:15 - 07:00 - 09:45 - 11:45 - 13:45 -14:30 – 16:15 – 17:15 – 18:00

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

CLASE DE VEHÍCULO : AUTOMOVIL
FRECUENCIA : DIARIA
NEVEL DE SERVICIO : CORRIENTE

CAPACIDAD TRANSPORTADORA:

CLASE DE VEHÍCULO
CAPACIDAD MINIMA VEHICULOS
CAPACIDAD MÁXIMA VEHICULOS

AUTOMÓVIL
6
7

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la solicitud de Licencia de Funcionamiento, presentada por la COOPERATIVA DE TRANSPORTÉ "COOTRANSANDINA"; para operar corno empresa de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, para prestar los servicios de transporte, en las rutas, horarios, niveles de servicio y capacidad transportadora, estipulado en el Artículo Primero de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, la COOPERATIVA DE "COOTRANSANDINA"; debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14, del Decreto 171 de febrero 5 de 2001, en lo concerniente a los requisitos para obtener la respectiva Habilitación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Providencia, proceden por la vía Gubernativa los recursos de Reposición ante este Despacho y el de Apelación, ante la Dirección General del Ministerio de Transporte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su Notificación […]”.

Resolución núm. 493 de 14 de noviembre de 2006, expedida por la Directora Territorial Antioquia (E) del ministerio de Transporte

El acto administrativo señalado no fue demandado en este proceso, a continuación, se citan sus apartes más relevantes:

“[…] Por la cual se Habilita a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “COOTRANSANDINA"; para operar como empresa de Transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera.

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

En uso de sus facultades legales y Estatutarias y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1993, 2171 de 1992, Decretos Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Decreto 171 de 2001 y el Decreto 2053 de 2003, emanadas del Ministerio de Transporte y, CONSIDERANDO […]

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Habilitar a la Empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA" para operar como Empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por carretera con las siguientes características:

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALONSO SALDARRIAGA OSPINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 15´527.128
RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA “COOTRASANDINA”
MATRICULA MERCANTIL: 21-000606-24
NIT: 800.243.731-0
DOMICILIO: ANDES (ANT)
TELÉFONO: 8415490
DIRECCIÓN: Avenida Medellín N° 53 -08
RADIO DE ACCIÓN: Nacional
MODALIDAD: Pasajeros por carretera
CLASES DE VEHÍCULOS: Los homologados por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio de Transporte de pasajeros por carretera.
PATRIMONIO EXIGIDO: 122’400.000, 300 SMLMV al año 2006
O CAPITAL PAGADO
PATRIMONIO REPRESENTADO: $ 454.838.074,02
O CAPITAL PAGADO

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente habilitación tendrá una vigencia indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento.

ARTÍCULO TERCERO: Los vehículos a vincular deberán cumplir con las especificaciones de homologación promulgadas por el ministerio de Transporte.

ARTÍCULO CUARTO: Las autoridades de tránsito y transporte, serán las encargadas de velar por el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: El contenido de la presente Resolución se notificará al interesado de conformidad con las disposiciones que para tal efecto reglamenta el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede por la vía gubernativa, los recursos de Reposición ante éste Despacho y el de Apelación, ante la Dirección de Transporte y Transito del Ministerio de Transporte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación […]”.

De la lectura de los actos administrativos citados se colige:

En la Resolución 492 de 16 de noviembre de 2006, acto que sí fue demandado en este proceso, la Sala advierte que autoriza la solicitud de la ruta Medellín - Andes y viceversa presentada por COOTRANSANDINA, atendiendo lo dispuesto en la Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006 y el informe de estudio técnico de disponibilidad de la ruta núm. 0100 del 14 de noviembre de 2006.

La Sala advierte que mediante Resolución núm. 002374 de 7 de junio de 2006, el Ministerio de Transporte reservó a la Cooperativa de Transportes Andina “COOTRASANDINA” la ruta Medellín -Andes y se le concedió un término de seis (6) meses a partir de la ejecutoria del acto administrativo para que cumpliera con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 17 y 28 del Decreto 2791 de 1991, para efectos de obtener la licencia de funcionamiento y posterior habilitación bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001.

En la Resolución núm. 492 de 16 de noviembre de 2006, se aprobó la solicitud de licencia de funcionamiento de la Cootransandina para operar como empresa de transporte público automotor de pasajeros por carretera, para prestar los servicios de transporte en las rutas, nivel de servicio y capacidad transportadora señalada en el artículo 1.° y en el que se señaló que debe dar cumplimiento y obtener la respectiva habilitación conforme al artículo 14 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001.

En el acto acusado se determinan los horarios de la prestación del servicio de transporte público automotor para COOTRASANDINA en la ruta Andes -Medellín y en la Resolución núm. 493 de 16 de noviembre de 2006, se habilita a dicha cooperativa para operar como empresa de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera para los vehículos homologados por el Ministerio de Transporte.

Ahora bien, la licencia de funcionamiento es la autorización del Ministerio de Transporte para que la empresa pueda prestar el servicio de transporte público según el artículo 15 del Decreto 1927 de 6 de agosto de 1991 y la habilitación es exigida para operar el servicio para lo cual la empresa de transporte debe acreditar condiciones de eficiencia y seguridad, en los términos de los artículos 1 y 11 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001.

Al respecto, la Sección Quinta, en consideración al Acuerdo núm. 357 de 5 de diciembre de 2017 del Consejo de Estado, que buscaba descongestionar la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 15 de marzo de 2018, señaló al analizar la legalidad de la Resolución núm. 493 de 16 de noviembre de 2006, que COOTRASANDINA requiere para poder prestar el servicio de transporte de pasajeros tanto de licencia de funcionamiento como de habilitación por parte del Ministerio de Transporte los cuales constituyen un acto administrativo complejo, así:

“[…] Así las cosas, la Sala encuentra que: I) COOTRASANDINA presentó solicitud de licencia de funcionamiento inicial, desde el 14 de marzo de 1996, que fue resuelta mediante Resolución N° 74 de 2002; II) mediante Resolución 2374 de 2006 se otorgó licencia inicial a COOTRASANDINA, indicándole que debía dar cumplimiento a los requisitos de ley para que se le otorgara la licencia de funcionamiento y posterior habilitación, bajo las disposiciones del Decreto 171 de 2001; III) Mediante Resolución N° 492 de 2006 se otorgó a COOTRASANDINA licencia de funcionamiento para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera , en la ruta Medellín – Andes y viceversa; y IV) mediante Resolución 493 de 2006 se habilitó a COOTRASANDINA para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera.

Ahora bien, al analizar el marco normativo para la prestación del servicio de trasporte de pasajeros por carretera, al momento de solicitarse y concederse las respectivas autorizaciones por el Ministerio de Transporte, se tiene que para la época en la que se presentó la solicitud de licencia de funcionamiento inicial por parte de COOTRASANDINA, para prestar el servicio objeto de análisis en el asunto de la referencia, debían cumplirse los requisitos de que trata el Decreto 1927 de 1991. Frente a dicha solicitud se presentaron escritos de oposición por varias empresas de transporte, entre ellas la demandante, exponiendo en líneas generales los argumentos con los que solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución 493 de 2006.

Mediante Resolución 2374 de 2006 se otorgó a COOTRASANDINA la licencia de funcionamiento inicial de que trata el Decreto 1927 de 1991. De allí que no resulte de recibo el argumento del actor dirigido a señalar la aplicación de una norma derogada, pues si bien es cierto el Decreto 1927 de 1991 fue derogado, para el momento de la solicitud de licencia de funcionamiento inicial, era la norma aplicable a ese asunto.

Así pues, se advierte que el acto mediante el cual se confirió la referida licencia de funcionamiento inicial, concedió 6 meses a COOTRASANDINA para cumplir con los requisitos de que tratan los artículos 17 y 28 de que trata el Decreto 1927 de 1991, quien al considerarlos acreditados solicitó la licencia de funcionamiento.

Ahora bien, teniendo en cuenta que por Resolución 492 de 2006 se otorgó a COOTRASANDINA la licencia de que trata el Decreto 1927 de 1991, a la que hace referencia el Decreto 171 de 2001 cuando señala: “Las empresas que cuentan con Licencia de Funcionamiento vigente tendrán doce (12) meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para acreditar los requisitos exigidos para la habilitación”, la Sala negará la prosperidad del cargo de aplicación de norma derogada para resolver en primera instancia.

Ahora bien, precisado lo anterior se debe tener en cuenta que estaremos en presencia de un acto administrativo complejo cuando: I) haya intervención conjunta y sucesiva decisiones, provenientes de entidades diferentes o de una misma entidad; II) que entre las decisiones se observe unidad de contenido y fines; y III) si faltare una de dichas decisiones no nacería a la vida jurídica la manifestación de voluntad de la administración.

Al analizar lo anterior, a la luz de la situación sometida a conocimiento del juez ad quem se encuentra que para el momento en que COOTRASANDINA solicitó la licencia de funcionamiento para prestar el servicio de transporte de pasajeros, no se requería de la habilitación de que trata el Decreto 171 de 2001 para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Lo anterior permite evidenciar que en el asunto sub exámine se presentó un tránsito normativo que hizo necesario verificar el cumplimiento de los requisitos propios de reglamentaciones diferentes; sin embargo, dichas normas confluyen para señalar que para que una empresa pueda prestar el servicio de transporte de pasajeros requieren tanto de licencia de funcionamiento como de habilitación por parte del Ministerio de Transporte, sin que pueda considerarse que un pronunciamiento, respecto del otro, se erija como un acto de trámite, sino como actos que confluyen en una unidad de manifestación de voluntad inescindible y que impiden al juez pronunciarse de la legalidad de la habilitación sin tener como referente el acto de otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

En razón de lo anterior, la Sala concluye que nos encontramos en presencia de un acto administrativo impropio o interno, como consecuencia del tránsito normativo, por cuanto la pluralidad de pronunciamientos emanan de un mismo órgano, esto es, del Ministerio de Transporte, acto administrativo encaminado a autorizar a una cooperativa a prestar el servicio público de transporte de pasajeros, de lo que se advierte que las Resoluciones plurimencionadas comportan unidad de contenido y fin, y que en caso de faltar alguna de ellas COOTRASANDINA no podría prestar el referido servicio.

De allí que si lo pretendido por el demandante era evitar que COOTRASANDINA prestara el servicio de transporte de pasajeros era necesario demandar tanto la Resolución 492, como la 493, ambas proferidas el 16 de noviembre de 2006 por el Ministerio de Transporte, y no como ocurrió en el asunto sub examine en el que la parte actora se limitó a demandar la Resolución 493 junto con las que resolvieron los recursos interpuestos en su contra.

A la anterior conclusión llega la Sala por cuanto si bien las Resoluciones 492 y 493 de 2006 tienen objeto diferente y tienen como finalidad la obtención de pronunciamientos diferentes de la administración, su contenido y fin es común, toda vez que a través de este acto administrativo complejo se autoriza a una empresa a prestar un servicio público a la comunidad, como lo es el transporte.

Prueba de ello radica en el hecho de que a través de la Resolución 492 se autorizó la solitud de ruta Medellín – Andes y viceversa, vía Bolombolo, para lo cual se asignaron rutas, horarios, niveles de servicio y capacidad transportadora a COOTRASANDINA; acto administrativo que agregó que debía acreditarse el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto 171 de 2001 para otorgarle la respectiva habilitación. Acto seguido, la Resolución 493 dio por cumplidos dichos requisitos y procedió a habilitar a COOTRASANDINA para operar como empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera en los términos señalados en la Resolución 492.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda de la referencia se dirigió a atacar únicamente la Resolución 493, y las decisiones que resolvieron los recursos de reposición y queja contra la decisión inicial, la Sala concluye, al igual que lo hizo el juez a quo, que […] no se demandó la totalidad de manifestaciones de la administración que constituyen el acto complejo que permitió a COOTRASANDINA prestar el servicio de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, en la ruta Andes – Medellín y viceversa, por la vía Bolombolo […]”.

De este modo, la Sección Quinta de la Corporación determinó que las Resoluciones núm. 492 y 493 de 14 de agosto de 2006 constituyen un acto administrativo complejo al tener unidad de contenido y fines, debido a que, si falta alguno de los dos no nacería a la vida jurídica la manifestación de la voluntad consistente en la autorización del servicio público de transporte terrestre para el caso de la cooperativa COOTRASANDINA. Por lo anterior, esta Corporación confirmó la sentencia apelada en la que se determinó que al no haberse demandado la resolución que otorga la licencia de funcionamiento y la que concede la habilitación se configura una ineptitud sustantiva de la demanda por omitir demandar la totalidad de los actos y, por ende, se declaró inhibido para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Ahora bien, los artículos 13 y 70 del Decreto núm. 171 de 2001, sobre el régimen de transición, señalan que las empresas de transporte que contaban con una licencia de funcionamiento a la entrada en vigencia de la norma mantenían sus derechos administrativos relacionados con las rutas y horarios otorgados, pero tenían la obligación de acreditar los requisitos exigidos por la habilitación en el plazo de 12 meses:

“[…] ARTÍCULO 13. Empresas en funcionamiento
Las empresas que a la fecha de entrada en vigencia el presente Decreto cuentan con licencia de funcionamiento vigente, mantendrán sus derechos administrativos relacionados con las rutas y horarios previamente otorgados, siempre y cuando continúen cumpliendo con las condiciones autorizadas para la prestación del servicio.

Lo anterior hasta tanto el Ministerio de Transporte decida sobre la solicitud de habilitación, la cual debe ser presentada dentro del término establecido en el artículo 70 de esta disposición.

Si la empresa presenta la solicitud extemporáneamente o el Ministerio de Transporte le niega la habilitación, no podrá continuar prestando el servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 del presente decreto […]”.

Artículo 70. Transición. Las empresas que cuenten con licencia de funcionamiento vigente, tendrán doce (12) meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto para acreditar los requisitos exigidos para la habilitación.

Parágrafo. Las disposiciones relacionadas con la operación y la prestación del servicio, serán de aplicación inmediata […]”.

Según lo expuesto, las empresas de transporte público por vía terrestre que contaran con licencia de funcionamiento a la entrada en vigencia del Decreto núm. 171 de 2001 tenían la obligación de solicitar la habilitación al Ministerio de transporte.

En el asunto sub examine, la Sala advierte que la licencia de funcionamiento fue solicitada el 14 de marzo de 1996 y la solicitud de habilitación el 21 de julio de 2006 por la cooperativa COOTRASANDINA, de modo que, como hubo un tránsito de legislaciones, el Ministerio de Transporte debía verificar los requisitos de la licencia señalados en el Decreto núm. 1927 de 6 de agosto de 1991 y los de la habilitación establecidos en el Decreto núm. 171 de 5 de febrero de 2001 vistos supra.

Atendiendo las normas vistas supra, la parte demandante debía obtener la licencia de funcionamiento y la habilitación ante el Ministerio de transporte para para prestar el servicio público de transporte por carretera, por cuanto las empresas tenían la obligación de solicitar la habilitación como requisito para operar el servicio a la entrada en vigencia del Decreto 171 de 2001.

Al respecto, la Sala advierte que las normas coinciden en señalar que para que una empresa pueda prestar el servicio de transporte terrestre es necesario la licencia de funcionamiento y la habilitación, por lo que ambos constituyen una unidad de manifestación de la voluntad del Ministerio del Transporte encaminada a que la empresa de transporte terrestre sea autorizada y pueda operar. En consecuencia, como quiera que los actos administrativos, no tienen existencia como actos administrativos autónomos, es decir, considerados de manera separada, no son aisladamente susceptibles de control jurisdiccional.

En ese orden, en el asunto sub examine, se configuró un acto administrativo impropio o interno por la pluralidad de pronunciamientos del Ministerio de Transporte cuyo objeto es autorizar a una cooperativa a prestar el servicio público de transporte de pasajeros, dado que, comportan una unidad de contenido y fin y que en el caso de faltar alguna de ellas COOTRASANDINA no podría prestar el referido servicio de transporte terrestre.

En ese sentido, si la parte demandante pretendía evitar que la empresa COOTRASANDINA fuera autorizada para prestar el servicio de pasajeros en la misma ruta que ella opera (Medellín – Andes) era necesario que demandará las resoluciones 492 y 493 de 14 de noviembre de 2006, que constituyen un único acto administrativo complejo, máxime si el artículo tercero de la primera establece que debe darse cumplimiento a los requisitos de la respectiva habilitación señalados en el artículo 14 del Decreto 171 de 2001.

En tal escenario, es claro para la Sala que dadas las condiciones fácticas y normativas del presente asunto, la decisión por medio de la cual se aprueba la licencia de funcionamiento para operar como empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera no crea ninguna situación jurídica de manera autónoma, toda vez que queda sometida, a que la empresa transportadora quede habilitada para operar por parte del Ministerio de Transporte según lo previsto en los artículos 13 y 70 del Decreto 171 de 2001.

En otras palabras, en el presente asunto, lo que se advierte es que la autorización para prestar el servicio de pasajeros no se consolida si no es con la expedición de la aprobación de la licencia de funcionamiento y la habilitación, debido a que es a través del acto complejo con el cual la empresa solicitante se encuentra efectivamente facultada para prestar el servicio en las rutas, frecuencias de despacho, áreas de operación y con la capacidad transportadora fijada.

Asimismo, en el caso sub judice, de no adelantarse el trámite de habilitación señalado en la Resolución 492 de 14 de noviembre de 2006, por medio de la cual se aprobó la licencia de funcionamiento, la empresa no podría entrar a operar, lo cual deja ver con absoluta claridad que existe una estrecha relación entre las dos decisiones que conforman el acto complejo.

Así las cosas, para la Sala tales decisiones integran un acto administrativo complejo, en tanto que los dos buscan un mismo fin u objetivo, que no es otro que la autorización de la prestación del servicio de transporte de pasajeros, dado que en virtud del tránsito legislativo es necesario tanto la licencia de funcionamiento como la homologación al tenor de lo expuesto en el artículo 15 del Decreto 1927 de 1991 y el artículo 11 del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001.

Atendiendo lo expuesto, lo que encuentra la Sala es que las Resoluciones núm. 00492 de 14 de noviembre de 2006, 1387 de 19 de noviembre de 2008 y 003271 de 5 de agosto de 2010, no son pasibles de control judicial de forma independiente a aquella, que le otorgó la habilitación a favor de la Cooperativa de Transporte Andina “COOTRASANDINA”, por lo que nos encontramos en el marco de una demanda defectuosa que impide un pronunciamiento de fondo al no haberse integrado la proposición jurídica de manera debida y que implica revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar, dictar un fallo inhibitorio.

Sobre el particular, esta Corporación ha indicado:

“[…] La inobservancia de lo expuesto vicia sustancialmente el contenido de la pretensión anulatoria en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que se traduce, en la configuración de la denominada proposición jurídica incompleta, que impide el ejercicio de la capacidad decisoria del juez frente al litigio propuesto, tornando procedente la declaración inhibitoria.

Esta situación se suscita en dos casos, a saber: i) Cuando el acto acusado torna lógicamente imposible la decisión de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con la causa petendi, o ii) Cuando el acto demandado no es autónomo por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados que determinan su contenido, validez o su eficacia, eventos en los que como se expresó resulta imposible para el juez emitir una decisión de fondo […]”.

Lo anterior, sin perjuicio de las reglas que ha establecido esta Sección de la Corporación:

“[…] la inconformidad que surja en relación con el acto que autoriza la constitución previa debe plantearse de manera conjunta con el acto que otorga la licencia de funcionamiento, pues como ya quedó explicado, el primero no tiene efecto alguno de no cumplir con todos los requisitos establecidos en el Decreto 1927 de 1991 para la obtención de la mencionada licencia.

9.5.5. Ahora, una consecuencia disímil podría resultar si el acto demandado es aquél que deniega la autorización de constitución previa, pues allí sí se está creando una clara situación jurídica para el solicitante de carácter definitivo que no depende de la existencia de ninguna otra decisión para su existencia, y en esa medida podría ser susceptible de control judicial al poner fin (a la actuación administrativa correspondiente) al configurarse el supuesto normativo consistente en que el acto que niega la citada autorización, conduce a que se haga “imposible continuar la actuación” .

9.5.6. Cuestión que también difiere si el reparo del demandante radica en la decisión de que tratan los artículos 14 y siguientes ibídem, esto es, la que otorga la licencia de funcionamiento, pues en este caso puede proceder su censura judicial de manera independiente, si el reproche no depende de los elementos constitutivos del acto de autorización.

9.6. Caso concreto

Atendiendo lo expuesto, lo que encuentra la Sala es que las Resoluciones 000184 del 23 de enero de 2008 y 001672 del 2 de mayo de esa anualidad, no son pasibles de control judicial de forma independiente a aquella, que eventualmente pudo haberse expedido a favor de Berlitur Ltda., en la cual le hayan otorgado la licencia de funcionamiento; por lo que nos encontramos en el marco de una demanda defectuosa que impide un pronunciamiento de fondo al no haberse integrado la proposición jurídica de manera debida y que implica revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar, dictar un fallo inhibitorio […]”.

Por las anteriores razones, la Sala revocará la sentencia de 21 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en su lugar, declarará probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibirá de proferir sentencia de fondo.

Conclusión

En síntesis de todo lo expuesto, la Sala concluye que las Resoluciones num. 492 y 493 de 14 de agosto de 2006, constituyen un acto complejo, debido a que, resulta completamente necesaria e indispensable la confluencia de esas dos decisiones para que la empresa de transporte sea autorizada para desarrollar la actividad de transportes de pasajeros vía terrestre, al punto que la primera exige que se adelante el trámite de aprobación de la habilitación frente al Ministerio de Transporte; por consiguiente, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia, por medio de la cual el a quo negó las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

SEGUNDO: INHIBIRSE de proferir sentencia de fondo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACLARACIÓN DE VOTO DE NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00768-01

Actor: COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA. - COONORTE

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA Y CHOCÓ

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Si bien comparto la decisión de mayoría proferida el 5 de julio de 2021 en cuanto REVOCÓ la sentencia de 21 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar, DECLARAR PROBADA, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda e INHIBIRSE de efectuar un pronunciamiento de fondo, discrepo de lo afirmado en la motivación del fallo, en el párrafo 110 que señala: “Lo anterior, sin perjuicio de las reglas que ha establecido esta Sección de la Corporación”, trayendo a colación apartes del fallo proferido por esta Sección el 30 de abril de 2020.

Considero que la situación a la que remite el fallo para justificar que en algunos eventos, podría proceder su censura judicial de manera independiente, “si el reproche no depende de los elementos constitutivos del acto de autorización”, no es predicable en el asunto bajo examen, por los siguientes motivos:

Los actos que autorizaron la licencia de funcionamiento y el que otorgó la habilitación a Cootransandina, constituyeron una unidad que justifica la existencia del acto complejo y la demanda conjunta, como también se concluyó en la sentencia de 050012331000201100601-01, en la que se cuestionó la Resolución núm. 00493 de 14 de noviembre de 2006, relativa a la habilitación de la cooperativa transportadora.

No hay lugar a asimilar como una regla general la postura adoptada en el fallo de 30 de abril de 2020, habida cuenta que lo allí decidido se enmarcó frente a lo reglado por el Decreto 1927 de 1991 y, además, respecto del trámite previo que debían adelantar únicamente las sociedades, no las cooperativas para la obtención de la licencia de funcionamiento.

En el caso bajo examen no se requería de dicha autorización previa por tratarse de una cooperativa, y porque lo que se avizoró fue una situación sui generis, en razón a que estando en trámite la licencia de funcionamiento, debía acceder a la nueva exigencia prevista por el Decreto 171 de 2000, consistente en la habilitación para la prestación del servicio de transporte.

Fecha ut supra,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera

Por intermedio de apoderado
Demanda presentada el 18 de mayo de 2011, según obra a folio 122, en vigencia del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, por medio del cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
“[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. Cfr. Folios 89 a 90 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Por la cual se resuelve la solicitud de licencia de funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Automotor de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN – ANDES Y VIVECERSA, Vía Bolombolo a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “ COOTRANSANDINA” […]”.
“[…] Por medio de la cual se rechazan los recursos de reposición y apelación frente a la resolución 00492 del 14 de noviembre de 2006 […]”.
“[…] por medio de la cual se decide el recurso de queja interpuesto por el representante legal de la COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA.-COONORTE-, contra la Resolución No. 1387 de 19 de noviembre de 2008, expedida por la Dirección Territorial Antioquia Ad-Hoc […]”. Cfr. folio 287 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
“[…] Por el cual se dicta el estatuto de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por Carretera […]”
“[…] Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera “[…]. Por intermedio de apoderado
Cfr. folios 139 a 147 del cuaderno núm. 1 del expediente. Mediante auto admisorio de la demanda de 3 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Novena de Decisión, vinculó a la Cooperativa de Transporte Andina - COOTRANSANDINA - en calidad de litisconsorte necesario. Cfr. Folios 123 a 126 del cuaderno núm. 1 del expediente. Por intermedio de apoderado
Cfr. folios 148 a 160 del cuaderno núm. 1 del expediente. Mediante auto de 31 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, vinculó a la empresa de Transportes Suroeste Antioqueño S.A. en calidad de litisconsorte necesario. Cfr. folios 932 a 933 del cuaderno núm. 2 del expediente. Por intermedio de apoderado
Cfr. folios 955 a 958 del cuaderno núm. 2 del expediente. Cfr. folios 999 a 1011 del cuaderno núm. 2 del expediente. Cfr. Folios 1013 a 1034 del cuaderno núm. 2 del expediente
Cfr. folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. folios 8 a 10 del cuaderno de apelación de sentencia.
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
“[…] Por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado […]”.
“[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]” (Destacado de la Sala).
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”. Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. Cfr. folios 1 a 5 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 10 a 11 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 14 a 20 del cuaderno núm. 1 del expediente. Normativa aplicable en este caso concreto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1437, teniendo en cuenta que la actuación administrativa inició el 12 de marzo de 2001 (cfr. folio 43 del cuaderno principal). BERROCAL GUERRERO, Luís Enrique. Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2016, Séptima Edición. Páginas 178-183. La cita corresponde a la sentencia analizada.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 17 de agosto de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 05001233100020000388202 […]”
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de abril de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 25000232400020080032501 […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; sentencia de 21 de junio de 2018; C.P. Rocío Araújo Oñate; número único de radicación 25000232400020070028901[…]”. 1
“[…] Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor para de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN — ANDES Y VICEVERSA, Vía BOLOMBOLO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA” […]”:
“[…] Por la cual se Habilita a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, “COOTRANSANDINA"; para operar como empresa de Transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera“[…]. Cfr. folios 167 a 173 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 174 a 187 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 1 a 5 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…] Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor para de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN — ANDES Y VICEVERSA, Vía BOLOMBOLO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA” […]”: Cfr. folio 200 del cuaderno núm. 1 del expediente.
“[…]Por la cual se desatan los recursos de apelación interpuestos por los representantes legales de las empresas Transportes Suroeste Antioqueño S.A; Cooperativa Norteña de Transporte Ltda. “ Coonorte Ltda.” y Trasuran S.A., contra la Resolución No. 0074 de marzo 5 de 2002, proferida por la Dirección Territorial de Antioquia […]”.
“[…] Por la cual se resuelve la solicitud de Licencia de Funcionamiento para operar como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor para de Pasajeros por Carretera, en la ruta MEDELLIN — ANDES Y VICEVERSA, Vía BOLOMBOLO, a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA, "COOTRANSANDINA” […]”.
“[…] por el cual se dicta el estatuto de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por Carretera […]”.
“[…] Artículo 15.

La licencia de funcionamiento es el permiso que el Estado concede al transportador y que lo habilita como tal para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y/o mixto por Carretera […]”.
“[…] ARTÍCULO 1.El presente decreto tiene como objeto reglamentar la habilitación de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como son la libre competencia y la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios Internacionales […]”.
“[…] ARTÍCULO 11. Las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera deberán solicitar y obtener habilitación para operar. La habilitación concedida autoriza a la empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la empresa pretende prestar el servicio de transporte en una modalidad diferente, debe acreditar ante la autoridad competente de la nueva modalidad los requisitos de habilitación exigidos […]”.
“[…] por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; sentencia de 15 de marzo de 2018; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; número único de radicación 05001-23-31-000-2008-00058-01[…]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de 15 de septiembre de 2016; C.P. Gabriel Valbuena Hernández; número único de radicación25000 23 25 000 2012 01650 01 […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de abril de 2020; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación 25000232400020080032501 […]”. Fue conclusión del asunto bajo examen que los actos acusados, que otorgaron la licencia de funcionamiento, no son pasibles de control judicial de forma independiente a aquellos que le otorgó la habilitación a favor de la Cooperativa de Transporte Andina “COOTRASANDINA”, por lo que nos encontramos en el marco de una demanda defectuosa que impide un pronunciamiento de fondo al no haberse integrado la proposición jurídica de manera debida y que implica revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar, dictar un fallo inhibitorio. Consejo de Estado – Sección Primera. Número único de radicación 25000232400020080032501. Demandante: Transporte La Veloz. C.P. Oswaldo Giraldo López
Esta regulación que ya no se encuentra vigente por cuanto fue derogada por el Decreto 1557 de agosto 04 de 1998 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por carretera” en su artículo 86. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1927 de 1991, las Resoluciones números 0592 de 1992, 6102 de 1994, 511 de 1995, 1203 de 1995, los Decretos 091 de 1998, y el Decreto 388 de 1998, en lo referente a esta modalidad y las demás disposiciones que le sean contrarias.

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