Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00289-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acto administrativo complejo: características
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00289-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00289-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
21 de junio de 2018
ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Características / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e tiene que el acto administrativo complejo propiamente dicho, se caracteriza por: A. De manera conjunta o sucesiva existe concurrencia de voluntades de la administración, ya sea que se produzcan por (i) varios órganos dentro de una misma entidad pública, o por (ii) el concurso de varias entidades. B. Las manifestaciones concurrentes de la voluntad tienen unidad de contenido y fin. C. La unidad antes señalada impide predicar que se trata de decisiones individuales, al punto que se requiere de dicha concurrencia para considerar que el acto administrativo tiene vida jurídica propia. D. En virtud de tal unidad, para la revisión judicial se requiere acusar y juzgar las manifestaciones concurrentes de la voluntad, pues una de ellas resulta insuficiente para considerar la existencia de un acto administrativo susceptible de control.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera (S5 Descongestión Acuerdo 357/2017) y Segunda, de 24 de mayo de 2018, Radicación 73001-23-31-000-2010-00203-02, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y 8 de septiembre de 2016, Radicación 13001-23-31-000-1999-01525-01(1835-11), C.P. Cesar Palomino Cortés.
ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO IMPROPIO – Concepto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 17 de agosto de 2017, Radicación 05001-23-31-000-2000-03882-02, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – No se configura, pues actos fueron dictados por la misma autoridad / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – No tienen unidad de fin y contenido / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINO ACREENCIAS EN UN PROCESO LIQUIDATORIO – Es susceptible de control judicial de manera autónoma
[F]rente al caso de autos en primer lugar se tiene que no puede hablarse de acto administrativo complejo propiamente dicho, pues las resoluciones en cuestión fueron dictadas por la misma autoridad, el Agente Liquidador de CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN. Pero aún más relevante, no se evidencia unidad de fin y contenido entre las resoluciones que resolvieron la reclamación de la parte accionante (las N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007) y la N° 000184 del 30 de marzo 2007. Por el contario, claramente puede distinguirse que las referidas decisiones obedecen a fines distintos, pues las N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007, en síntesis realizaron un análisis sobre la validez de la reclamación elevada y las condiciones de su reconocimiento dentro del proceso de liquidación, mientras la N° 000184 del 30 de marzo 2007, estableció pautas para el pago efectivo de créditos previamente reconocidos. Por la misma circunstancia se observa, la fundamentación, el contenido, de cada de una de las resoluciones es diverso. En suma, cada una de las decisiones existe y es susceptible de control de manera independiente, por lo que no hay lugar a predicar la existencia de un acto administrativo complejo (propio o impropio).
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Cómputo / EXCEPCION DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Probada al haber sido la demanda presentada extemporáneamente
[L]os motivos de inconformidad están dirigidos a atacar los fundamentos de las resoluciones que resolvieron la reclamación oportuna que presentó la demandante en el proceso liquidatorio de CAJANAL, por lo que acertadamente el A quo estimó que el término de caducidad debía verificarse desde el último de los actos que sobre el particular se dictó, esto es, la Resolución 000076 del 7 de febrero de 2007, que se notificó por edicto que permaneció del 12 de marzo de 2007 al 26 de marzo del mismo año, y no desde la expedición o notificación de la Resolución N° 000184 del 30 de marzo 2007, que ni decidió aspectos nuevos relativos al fondo de la reclamación, ni constituye un acto administrativo complejo junto con las demás decisiones controvertidas. En ese orden, el término de 4 meses (art. 132, numeral 2° del C.C.A.) para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que resolvieron la referida reclamación, corrió desde el día siguiente a la notificación de la última resolución que se pronunció sobre la reclamación de la parte demandante, esto es, desde el 27 de marzo de 2007 hasta el 27 de julio del mismo año, empero la demanda correspondiente fue presentada extemporáneamente el 13 de agosto de 2007, por lo que le asiste razón al A quo al haber declarado probada la excepción de caducidad de la acción alegada por CAJANAL.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTATIVO – ARTÍCULO 132 NUMERAL 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2007-00289-01
Actor: FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO
Demandado: CAJANAL S.A. E.P.S EN LIQUIDACIÓN
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Sentencia de segunda instancia.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 23 de abril de 2012 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, declaró probada la excepción de caducidad.
ANTECEDENTES
1. La demanda
El 13 de agosto de 2007, la Fundación Hospital San Pedro, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de CAJANAL S.A. E.P.S. En Liquidación (en adelante CAJANAL), por haber rechazado las acreencias reclamadas al interior del proceso liquidatario que se surtió frente dicha entidad.
1.1. Pretensiones
Primera: Que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 000291 del 8 de noviembre de 2005 y 00300 del 15 de noviembre del mismo año, mediante las cuales al interior del proceso de liquidación de CAJANAL, ésta resolvió entre otras, la reclamación de la Fundación Hospital San Pedro.
Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 000888 del 29 de noviembre de 2006, por la cual se resolvió el recurso de reposición instaurado por la Fundación Hospital San Pedro contra los actos administrativos señalados en la pretensión primera.
Tercera: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 000076 del 7 de febrero de 2007, por la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución N° 000888 del 29 de noviembre de 2006.
Cuarta: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 184 del 30 de marzo de 2007, por la cual se ordena la restitución de los dineros excluidos de la masa y el pago “del cuarto (4°) y sexto (6°) órdenes de los créditos de la primera clase y de los créditos de la quinta clase de la masa dentro del proceso de liquidación” de CAJANAL.
Quinta: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, a título de restablecimiento del derecho, se declare que CAJANAL está obligada a pagar a la Fundación Hospital San Pedro, el valor total de los servicios de salud prestados a los afiliados de aquélla y que fueron objeto de reclamación oportuna dentro del proceso liquidatario.
Sexta: Que como consecuencia de lo anterior, se declare que CAJANAL está obligada a pagar a la Fundación Hospital San Pedro las sumas adeudadas, “junto con la INDEXACIÓN o corrección monetaria de las mismas; y al pago de los perjuicios materiales causados por el incumplimiento de sus obligaciones legales al denegar injustificadamente el reconocimiento y pago a través del proceso liquidatorio y obligar a concurrir a la vía jurisdiccional, perjuicios representados en los rendimientos financieros que debieron reportar las sumas impagadas, desde el momento mismo del proceso liquidatorio de CAJANAL S.A. EPS -EN LIQUIDACIÓN- y hasta el día en que proceda el pago efectivo de la obligación total”.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. La parte demandante al interior del proceso de liquidación de CAJANAL, el 17 de febrero de 2005, presentó oportunamente reclamación, por concepto de “cuentas de servicio de salud-POS”, por la suma de $1.142.699.278.
2.2. El 8 de noviembre de 2005, el Liquidador de CAJANAL dictó la Resolución N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, mediante la cual resolvió varias de las reclamaciones presentada oportunamente dentro del proceso de liquidación, entre ellas, la elevada por la Fundación Hospital San Pedro.
Por la significativa cantidad de reclamaciones que fueron objeto de resolución a través de dicho acto administrativo, en el cuerpo del mismo se relacionaron los distintos motivos por los cuales podrían rechazarse las acreencias reclamadas, entre los cuales se destaca un catálogo de alrededor de 200 glosas para las cuentas asistenciales y administrativas que fueron radicadas oportunamente al interior del proceso liquidatario, las cuales fueron relacionadas en el numeral 9.6 de la parte considerativa.
Asimismo, como parte integral del referido acto administrativo se hace referencia a varios anexos, en los que se relacionaron las acreencias reclamadas y rechazadas, pormenorizando entre otros datos, el reclamante, el tipo de acreencia, la cuenta o factura que justifica el reclamo y respecto de cada una de éstas el valor a reconocer y/o la glosa por la cual CAJANAL estimó que no es procedente acceder a lo pedido de maneta total o parcial.
Se destacan los anteriores aspectos, comoquiera que frente al significativo número de facturas que fueron objeto de reclamación de la demandante, CAJANAL a su vez estableció distintos motivos para negar las acreencias correspondientes.
Asimismo, en el referido acto administrativo, se determinó qué acreencias se aceptaban y reconocían como obligaciones que se pagarían con el privilegio de exclusión de la masa de liquidación y cuáles con cargo a la misma de conformidad con los órdenes de prelación legalmente establecidos.
Hechas las anteriores precisiones, de la decisión en comento se transcriben los siguientes apartes de la parte resolutiva, que resultan relevantes para el caso de autos:
“En mérito de lo expuesto, el Liquidador de CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACION,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer personería para actuar en el proceso liquidatorio a los apoderados judiciales relacionados en ANEXO N° 1.1. de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar el reconocimiento de personería para actuar en le (sic) proceso liquidatorio a los apoderados judiciales relacionados en ANEXO N° 2 de la presente resolución, conforme a la circunstancia allí expuesta.
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SUMAS DE DINERO EXCLUIDAS DE LA MASA DE LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: Aceptar y reconocer como obligaciones que se pagarán con el privilegio de exclusión de la masa de liquidación, los valores señalados en el ANEXO N° 2, el cual hace parte integral de la presente resolución.
(…)
ARTÍCULO QUINTO: Restituir las sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación con sujeción, en lo pertinente, a las condiciones para la aceptación y prelación de créditos establecidas en los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo de la presente resolución.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA MASA DE LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO SEXTO: Aceptar y reconocer los valores señalados en el ANEXO N° 3, como obligaciones que se pagarán con cargo al cuarto orden de la primera clase de los créditos a cargo de la masa de liquidación, las reclamaciones determinadas en el considerando 6.2.1.1. correspondientes a obligaciones laborales.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Aceptar y reconocer los valores señalados en el ANEXO N° 4, como obligaciones que se pagarán con cargo al sexto orden de la primera clase de los créditos a cargo de la masa de liquidación, las reclamaciones determinadas en el considerando 6.2.1.2. correspondientes a obligaciones fiscales.
ARTÍCULO OCTAVO: Aceptar y reconocer los valores señalados en el ANEXO N° 7, correspondientes a los servicios asistenciales, como obligaciones que se pagarán con cargo a la quinta clase de los créditos a cargo de la masa de liquidación, de conformidad con lo expuesto en el numeral 6.2.5. y demás considerandos de la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: Aceptar y reconocer los valores señalados en el ANEXO N° 9, correspondientes a los servicios administrativos, como obligaciones que se pagarán con cargo a la quinta clase de los créditos a cargo de la masa de liquidación, de conformidad con lo expuesto en el numeral 6.2.5. y demás considerandos de la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Pagar los créditos aceptados en los artículos quinto, sexto, séptimo y octavo con sujeción, en lo pertinente, a las condiciones para la aceptación y prelación de créditos establecidos en los capítulos quinto y sexto de la presente Resolución.
(…)
CAPÍTULO QUINTO
DEL RECHAZO DE RECLAMACIONES
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Rechazar los valores señalados en los ANEXOS N° 7 y 9 de la presente resolución, correspondiente al valor glosado a los titulares de las reclamaciones por los motivos determinados en forma genérica en los listados de glosas contenidos en el considerando 9.6. e individualizados en los ANEXOS N° 8 y 10.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Rechazar las reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de intereses moratorios y remuneratorios, la desvalorización monetaria, la compensación de obligaciones y aquellas que por su naturaleza no son de competencia del Liquidador, de conformidad con lo establecido en el capítulo quinto de la presente Resolución.” (Subrayado fuera de texto).
En atención a la cantidad de asuntos que fueron materia de la Resolución N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, la misma fue catalogada “Por la cual se decide sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN; los bienes que integran la masa de la liquidación y los que gozan del beneficio de exclusión de la masa a liquidar; las reclamaciones aceptadas como sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación; los créditos aceptados con cargo a la masa de la liquidación, el valor y las condiciones en que es reconocido cada uno de estos créditos; los privilegios y la prelación para los pagos de los créditos reconocidos; las objeciones presentadas y las causales de rechazo de los créditos no aceptados”.
2.3. La Resolución antedicha fue aclarada en cuanto al catálogo de glosas (motivos de rechazo) contenido en el numeral 2.9 de la parte resolutiva, particularmente las correspondientes a los códigos 1.1 hasta 8.6, a través de la Resolución N° 00300 del 15 de noviembre de 2005.
2.4. En atención a que la reclamación de la Fundación Hospital San Pedro fue negada a través de la Resolución N° 000291 de 2005, aclarada por la N° 00300 de 2005, contra estos actos administrativos se interpuso recurso de reposición, exponiendo factura por factura el porqué las glosas impuestas no eran procedentes.
2.5. El anterior medio de impugnación fue resuelto por el Liquidador de CAJANAL mediante la Resolución N° 000888 del 29 de noviembre de 2006, que modificó la Resoluciones N° 000291 y 00300 de 2005, estableciendo como valor reconocido la suma de $162.605.622 de acuerdo a los anexos 11 y 12, que dan cuenta del análisis que se realizó frente a cada factura que presentó la Fundación Hospital San Pedro.
En el numeral segundo de la Resolución N° 000888 del 29 de noviembre de 2006, se resolvió “descontar por pagos por aseguradora el valor de” $12.703.216 y “(d)escontar anticipo sin legalizar por valor de” $64.220.508 “de acuerdo al anexo 16 que hace parte del presente acto administrativo”.
En lo demás, las resoluciones controvertidas fueron confirmadas.
Por otra parte, en la Resolución N° 000888 del 29 de noviembre de 2006, el Liquidador de CAJANAL frente a 100 facturas de la parte demandante impuso nuevas glosas, por lo que frente a las mismas otorgó la posibilidad de interponer el recurso de reposición.
2.6. En ese orden de ideas, la Fundación Hospital San Pedro hizo ejercicio del anterior medio de defensa, lo que motivó que la demandada dictara la Resolución N° 000076 del 7 de febrero de 2007, que confirmó en todas sus partes la Resolución N° 000888 del 29 de noviembre de 2006.
2.7. La Resolución N° 000076 del 7 de febrero de 2007 fue notificada por edicto que permaneció del 12 de marzo de 2007 al 26 de marzo del mismo año.
2.8. El día 30 de marzo de 2007, el Liquidador de CAJANAL dictó la Resolución N° 000184, “por la cual se ordena la restitución de los dineros excluidos de la masa y el pago del cuarto (4°) y sexto (6°) ordenes (sic) de los créditos de la primera clase y de los créditos de la quinta clase de la masa dentro del proceso de liquidación”.
En esta decisión luego de hacer referencia a la resolución de las distintas reclamaciones presentadas ante la entidad en liquidación y la graduación de las acreencias cuyo reconocimiento es procedente, en virtud de actos administrativo como los N° 000291 y 00300 de 2005, y de dar cuenta de que existía la posibilidad de satisfacer los créditos excluidos de la masa de liquidación y los correspondientes a las clases quinta y primera (órdenes 4° y 5°) determinó:
“En mérito de lo expuesto, la Liquidadora de CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACION,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Señalar un periodo hasta de un (1) mes, contados a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, para realizar la restitución del cien por ciento (100%) del valor reconocido a la (sic) reclamaciones excluidas de la masa; el pago del ciento por ciento (100%) del cuarto (4°) y sexto (6°) ordenes (sic) de los valores reconocidos a las reclamaciones de la quinta clase de la masa de las acreencias oportunas reconocidas en las resoluciones N° 291 del 08 de noviembre de 2005, aclarada por la Resolución 300 del 15 de noviembre de 2005 y los demás actos administrativos expedidos por la Liquidadora de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN en los cuales se aclaran y modifican valores, que se encuentren y/o queden ejecutoriados durante el periodo de pagos señalado en la presente resolución.” (Subrayado fuera de texto).
En los demás artículos de la parte resolutiva se ocupó de ordenar la constitución de reservas razonables para la atención de obligaciones litigiosas relacionadas con reclamaciones presentadas oportunamente y para atender a los peticionarios de créditos reconocidos que no reclamaron los mismos en los plazos establecidos.
3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
La parte actora citó como normas infringidas los artículos 4, 29, 48 y 58 de la Constitución Política, 134 del Decreto 2646 de 1993, 4 del Decreto 723 de 1997, 8 del Decreto 046 de 2000, 7 del Decreto 1281 de 2002, 9 del decreto 3260 de 2004, 2539 y siguientes del Código Civil, 1° de la Ley 791 de 2002 y la Ley 962 de 2005.
3.1. Respecto a la violación de los artículos 4 y 29 constitucionales alegó que durante el proceso liquidatorio, en lo atinente a la revisión de las facturas presentadas tuvieron lugar las siguientes situaciones: (i) no se le garantizó el derecho a la defensa; (ii) no se le notificaron las causales específicas de las glosas establecidas; (iii) no se le permitió conciliar las que fueron “arbitrariamente impuestas”; (iv) no se efectúo una valoración lógica y en conjunto de las pruebas aportadas: (v) se le exigió que aportara documentos no contemplados en las normas que regulan la prestación de servicio médicos, o (vi) documentos que tenía en su poder la misma entidad en violación del artículo 11 de la Ley 962 de 2005.
3.2. Destacó que las facturas objeto de reclamación cumplían con todos los requisitos legalmente establecidos, fueron presentadas con anterioridad a la liquidación de CAJANAL y la misma entidad había dado su aval señalando los valores a reconocer, por lo que reprochó que en el proceso liquidatorio se negaran las acreencias, pese a que con antelación se habían reconocido como resultado de una auditoría médica y contable.
3.3. En ese orden aseveró que también se violó el artículo 58 constitucional, por cuanto con las decisiones controvertidas de manera discrecional y autónoma se disminuyó su patrimonio, para lo cual insistió, en que CAJANAL antes de entrar en liquidación reconoció las acreencias reclamadas por lo que “no es posible (…) que establezca ahora nuevos criterios de auditorías o requisitos para el reconocimiento”.
3.4. De otro lado, estimó que los actos acusados son contrarios al artículo 48 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que los recursos de las instituciones de seguridad social no pueden emplearse para fines distintos a ella, y por consiguiente, como lo señaló la Superintendencia Nacional de Salud en la Resolución N° 10 (no indicó de qué año) y en la Circular N° 104 de 2001, los créditos de las IPS gozan del beneficio de exclusión de la masa de liquidación, por lo que de conformidad con los “numerales 13 y 14 del decreto 2418 de 1999” que resultan extensivos a las EPS en liquidación, deben hacerse las provisiones correspondientes para cancelar las sumas excluidas de la masa.
3.5. Reprochó que varias de las acreencias se hayan negado invocando el artículo 134 del Decreto 2649 de 1993 y que con fundamento en el mismo se le haya exigido que debía conservar por espacio de 10 años los archivos completos relacionados con las cuentas médicas reclamadas, aunque dicha norma en realidad sólo establece la obligación de conservar debidamente los libros de comercio, por lo que consideró se le dio a la referida disposición un alance que no tiene.
3.6. Señaló que en desconocimiento de los artículos 4 del Decreto 723 de 1997, 8 del Decreto 046 de 2000, 7 del Decreto 1281 de 2002 y 9 del Decreto 3260 de 2004, la demandada “no cumplió con ninguno de los plazos establecidos para la presentación de objeciones, no requirió documentos o soportes adicionales a los aportados por el prestador en su oportunidad, y con posterioridad bajo el trámite del proceso liquidatorio decide desconocer la existencia de la prestación del servicio, soportando en formalismo que afectan el derecho sustancial de los acreedores”.
3.7. Argumentó que se desconocieron los artículos 2539 y siguientes del Código Civil y 1° de la Ley 791 de 2002, al declararse la prescripción frente a varias de las facturas reclamadas, pues CAJANAL estableció de manera injustificada y discrecional, cuáles funcionarios eran competentes para efectuar el reconocimiento de deudas por parte de la EPS cuando la misma no había entrado en liquidación, y por ende, descalificó las pruebas que le fueron presentadas para acreditar la inoperancia de la prescripción en atención que la misma entidad en varias oportunidades reconoció las obligaciones reclamadas.
Señaló que se “equivoca la agente liquidadora cuando aplica la prescripción legal correspondiente a los títulos valores de que tratan los artículos 671 y 772 del Código de Comercio, cuando es claro para el Sistema General de Seguridad Social en Salud que los servicios de salud que se presten en desarrollo o cumplimiento de una obligación legal como LOS SERVICIOS DE URGENCIA, tienen una prescripción ordinaria, pues su origen no está en títulos valores sino en el cumplimiento de un deber legal. El hecho de que se haya(n) expedido facturas sólo es el complemento de un requisito exigido por la ley para efectos del pago y para efectos netamente tributarios, pero de ahí a considerar como equivocadamente lo hizo CAJANAL S.A. EPS – EN LIQUIDACIÓN, que lo que se reclama es el título valor y que éste es el documento que debe analizarse, es totalmente equivocada jurídicamente su decisión. Se viola así el Artículo 1° de la Ley 791 de 2002 al dejar de aplicar la prescripción ordinaria frente a la reclamación de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, la cual se insiste surge del cumplimiento de un deber legal”.
4. Actuaciones Procesales
4.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 24 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, admitió la demanda y dispuso su notificación al Liquidador de CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN y al agente del Ministerio Público.
4.2. Contestación de la demanda
4.2.1. A través de apoderado, CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN se opuso a las pretensiones elevadas argumentando frente a cada una de las normas invocadas por la parte demandante, las razones por las cual no fueron desconocidas, y por el contrario sostuvo que al interior del proceso liquidatorio se resolvió la reclamación de la Fundación Hospital San Pedro de conformidad con el ordenamiento jurídico.
4.2.2. Alegó como excepción la caducidad de la acción, para lo cual argumentó lo siguiente:
4.2.2.1. Precisó que fue a través de las Resoluciones N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, 00300 del 15 de noviembre del mismo año, 000888 del 29 de noviembre de 2006 y 000076 del 7 de febrero de 2007, que se resolvió la reclamación presentada por la demandante al interior del proceso liquidatorio, actos administrativos en los que se desarrollaron las razones por las cuales parte de las acreencias fueron negadas y otras reconocidas y graduadas.
4.2.2.2. Precisó que la última de las resoluciones, la N° 000076 del 7 de febrero de 2007, se notificó por edicto que permaneció del 12 al 26 de marzo de 2007, por lo que desde el día siguiente pudo acudirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4.2.2.3. En cuanto a la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007, “por la cual se ordena la restitución de los dineros excluidos de la masa y el pago del cuarto (4°) y sexto (6°) ordenes (sic) de los créditos de la primera clase y de los créditos de la quinta clase de la masa dentro del proceso de liquidación”, destacó que es de aquellos actos administrativos “que señala el Decreto 4409 del 30 de Diciembre de 2007 (sic), como acto de trámite, impulso y ejecución, tal y como lo puede evidenciar su parte resolutiva”.
4.2.2.4. Del anterior decreto, mediante el cual se ordenó la liquidación y disolución de CAJANAL, trajo a colación el artículo 6° que reza:
“ARTÍCULO 6o. DE LOS ACTOS DEL LIQUIDADOR. Los actos del Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los actos administrativos del Liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación.
Contra los actos administrativos del Liquidador únicamente procederá el recurso de reposición y contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.
El Liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos manifiestamente ilegales, o que se hayan obtenido por medios ilegales”.
4.2.2.5. En consonancia con lo anterior, destacó que de conformidad con el artículo 50 del C.C.A., la acción contenciosa administrativa no puede ejercerse contra los actos de trámite, impulso y ejecución.
Afirmó que la parte demandante “pretende engañar” al juez administrativo incluyendo como uno de los actos demandados la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007
4.2.2.6. Todo lo expuesto para concluir, que la demanda se dirige contra los actos que resolvieron al interior del proceso liquidatorio de CAJANAL la reclamación presentada por la parte demandante, el último de los cuales se notificó el 26 de marzo de 2007, razón por la cual de conformidad con el término de 4 meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 136, numeral 2° del C.C.A), la misma debió instaurarse entre el 27 de marzo de 2007 y el 27 de julio del mismo año, empero, el libelo introductorio se presentó de manera extemporánea el 13 de agosto de 2007.
4.3. Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.
4.3.1. Por medio de auto del 27 de marzo 2008, se dio apertura a la etapa probatoria, para lo cual se tuvieron como prueba los documentos aportados por las partes, se le ordenó a la demandada remitir copia del expediente administrativo de la reclamación presentada por la actora dentro del proceso liquidatorio y se accedió a la prueba pericial solicitada por la demandante, consiste en una auditoría médica de las cuentas presentadas ante CAJANAL.
4.3.2. A través de providencia del 18 de noviembre de 2010 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, que reiteraron los argumentos expuestos en el presente trámite. Lo propio se hizo respecto al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente, más el mismo guardó silencio.
4.3.3. Mediante auto del 2 de septiembre de 2011, el presente asunto fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo N° PSAA11-8365 del 29 de julio de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura .
4.4. Sentencia impugnada
En sentencia del 23 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, declaró probada la excepción de caducidad y en consecuencia se declaró inhibido para fallar de fondo. Lo anterior, por las siguientes razones:
4.4.1. Luego de exponer los principales aspectos de las Resoluciones N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, 00300 del 15 de noviembre del mismo año, 000888 del 29 de noviembre de 2006 y 000076 del 7 de febrero de 2007, señaló que “son verdaderos actos administrativos del liquidador y por lo tanto son sujetos de control ante esta instancia, además resuelven de manera concreta la relación jurídica consolidada, de carácter subjetivo, individual y concreto de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, en relación con la reclamación de su acreencia ante CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN”.
4.4.2. A renglón seguido precisó que las pretensiones del actor no solo se dirigen contra las decisiones antes señaladas, sino también contra la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007, “por la cual se ordena la restitución de los dineros excluidos de la masa y el pago del cuarto (4°) y sexto (6°) ordenes (sic) de los créditos de la primera clase y de los créditos de la quinta clase de la masa dentro del proceso de liquidación”, cuyo contenido describió.
4.4.3. Del análisis del anterior acto administrativo indicó, que si bien el mismo hizo referencia a las resoluciones que resolvieron las reclamaciones oportunas presentadas al interior del proceso liquidatorio de CAJANAL, “el mismo no se constituye en un acto que adicione, aclare o modifique el contenido de éstas o determine situaciones jurídicas nuevas enmarcadas en las decisiones administrativas de manera particular y concreta tomadas por la entidad demandada frente a la reclamación de la acreencia por parte de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, al contrario sensu establece una regulación general de carácter procedimental que fue prevista en (sic) desde el inicio en el marco jurídico del proceso liquidatorio de CAJANAL EPS”.
4.4.4. Después de realizar algunas consideraciones sobre el concepto de acto complejo de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, indicó que “en el presente caso la ejecución de las restituciones y del respectivo pago de las acreencias a cargo de la entidad no constituyen un acto acomplejo debido a que no conservan unidad de contenido de manera específica frente a la situación jurídica de la entidad demandante, la cual fue definida y agotada a través de la Resolución N° 000076 del 7 de febrero de 2007”.
4.4.5. Por lo tanto, concluyó que “el término de caducidad para interponer la presente acción por parte de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, debe contarse a partir del día siguiente de la desfijación del edicto de la notificación de la Resolución referida (076 de 2007) obrante a folio 350 del cuaderno N° 8, esto es, desde el día 27 de marzo de 2007, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda 13 de agosto de 2007, ya se había superado el término de los 4 meses siguientes a la notificación del acto administrativo que agotó la vía gubernativa”. En consecuencia, determinó que estaba probada la excepción de caducidad propuesta por la demandada, situación que hace necesario que la Sala se declare inhibida para pronunciarse sobre el asunto.
4.5. Recurso de apelación
Por medio de escrito radicado el 17 de mayo de 2012, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto expuso los siguientes argumentos:
4.5.1. Reiteró el relato de hechos que hizo en el libelo introductorio, subrayando que la Liquidadora de CAJANAL mediante la Resolución N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, reconoció la acreencia de la Fundación Hospital San Pedro “sin privilegio de exclusión (quirografarios), desconociendo que los recursos de la seguridad social se encuentran excluidos de la masa de liquidación”; y que a través de la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007, “nuevamente” se dejó por fuera la acreencia reclamada, “sin perjuicio del reconocimiento del menor valor aprobado”.
4.5.2. Lo anterior a fin de destacar, que luego de verificar que a través del segundo acto administrativo antes señalado finalizó el proceso de liquidación, dentro de los 4 meses siguientes a la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007, ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se reconozca el valor correspondiente a los servicios de salud prestados a los entonces afiliados a CAJANAL.
4.5.3. Reprochó que el juez de primera instancia haya declarado la caducidad de la acción, bajo la premisa que la resolución antes señalada constituye un acto “aclaratorio o modificatorio”, sin tener en cuenta que el mismo junto con las demás decisiones controvertidas constituye un acto complejo, y por ende, que todas las resoluciones cuya nulidad se solicita tienen unidad de contenido y fin.
4.5.4. Argumentó que no puede considerarse que la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007 es un acto de pago o de mero trámite, pues la misma, en relación con las demás decisiones demandadas, no incluye dentro de las acreencias excluidas de la masa de liquidación, lo reclamado por la Fundación Hospital San Pedro, en desconocimiento de la normatividad constitucional y legal en la materia.
4.5.5. Subrayó que en la página 26 del fallo controvertido se indicó:
“En dichos recurso (sic) de reposición, el accionante no expuso como cargo en contra de los actos administrativos demandados (Res. 291 de 2005 y Res. 000888 del 29 de noviembre de 2006), el que se refiere a que los créditos reclamados por la Fundación Hospital San Pedro gozan del privilegio de exclusión de la masa, por lo que la administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a los argumentos esgrimidos por la entidad demandante, en este sentido” (Énfasis de la entidad accionante).
Con fundamento en el aparte transcrito sostuvo, que “si el mismo Tribunal reconoce en su fallo de instancia que la Administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a los argumentos esgrimidos (privilegio de exclusión de la masa) por la entidad demandante, y la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007 establece las exclusiones y privilegios del proceso liquidatorio, es evidente que contiene unidad de contenido y fin, y de la misma manera establece situaciones nuevas que no se han definido anteriormente y específicamente en cuanto a la exclusión de la masa de los valores de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, lo que incide en que dicho acto no es un simple acto de ejecución como quiera que nace un nuevo acto administrativo que es totalmente controvertible, y hace parte indiscutible de los demás actos que integran el trámite liquidatorio”.
4.5.6. Agregó que la resolución antes señalada no expone de manera específica las razones por las cuales “no se excluyen los valores presentados de la masa por la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, pero sí determina la misma exclusión a otros acreedores, dejando por fuera sin argumentación alguna los valores de mi poderdante, por lo que es evidente que dicho acto establece hechos que no se han dicho dentro del trámite administrativo”.
Lo expuesto, para destacar que la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007 contiene decisiones que afectan sus derechos patrimoniales, por lo que no es un mero acto de ejecución.
4.5.7. Alegó que dentro del proceso liquidatorio invocó el privilegio de exclusión de la masa de liquidación, pero que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta en los actos acusados, “sin embargo, y de manera violatoria, la liquidadora excluyó del respectivo pago a mi poderdante en la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007, por lo tanto, no puede desconocerse que dicho acto además de ser un acto complejo con los demás actos administrativos que incluyen el trámite liquidatorio, es un acto administrativo nuevo, al no definir las reclamaciones presentadas”.
4.5.8. Luego de traer a colación algunos pronunciamiento judiciales sobre la existencia del acto complejo, aseveró que “no queda duda alguna que los actos administrativos expedidos dentro del trámite liquidatorio, no tienen existencia jurídica separada e independiente, pues los mismos están ligados por una unidad de contenido y fin, lo que los hacen que sean uno solo a efectos del respectivo control por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa”.
4.5.9. Concluyó que “es evidente que el fallador de instancia se equivoca al considerar que el término para ejercer la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho comenzaba a partir de la Resolución N° 000076 del 7 de febrero de 2007 y no a partir de la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007, teniendo en cuenta que esta última es un acto de ejecución, desconociendo los parámetros establecidos por la Jurisprudencia del Consejo de Estado, los cuales indican que dicho actos deben mirarse de manera conjunta y no separada, por contener decisiones que en primer lugar no definen lo pretendido por la parte reclamante y por qué son necesarios para su ejecución”.
4.6. Trámite de segunda instancia
4.6.1. Luego de haber sido concedida la apelación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A mediante auto del 5 de julio de 2012, la misma fue admitida a través de auto del 22 de marzo de 2013 de la Sección Primera del Consejo de Estado.
4.6.2. Posteriormente, el Consejero Ponente el 1° de noviembre de 2013 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad de la cual sólo hicieron uso aquéllas reiterando los argumentos expuestos con anterioridad.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1° del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo dentro de los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, se revoca, modifica o confirma la providencia del 23 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, para lo cual se deberá resolver si se configuró o no la excepción de caducidad que fue declarada por el A quo.
3. Caso concreto
3.1. Al analizar los motivos de inconformidad de la Fundación Hospital San Pedro (descritos en el numeral 3 del acápite de antecedentes), se tiene que los mismos están dirigidos a controvertir las decisiones que resolvieron al interior del proceso liquidatorio de CAJANAL, la reclamación oportuna que presentó para obtener el reconocimiento y pago de servicios de salud, concretamente, (i) las que impusieron glosas (motivos de rechazo) a la mayoría de las facturas presentadas y (ii) determinaron frente a las acreencias que fueron reconocidas que las mismas debían cancelarse con cargo a la masa de liquidación, aunque a su juicio, lo reclamado por estar relacionado con recursos de la seguridad social, debió atenderse con el privilegio exclusión de la masa liquidatoria.
3.2. Asimismo, del estudio de los actos acusados, cuyo contenido fue descrito en los numerales 2.2., 2.3, 2.5, 2.6 y 2.8 del acápite de hechos probados, para la Sala resulta claro que fue a través de las Resoluciones N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007, que CAJANAL resolvió la reclamación que presentó el actor, exponiendo las razones por las cuales reconoció parcialmente las acreencias reclamadas, por qué no aceptó la totalidad de las cuentas y/o facturas presentadas, y estableció que las que eran susceptibles de reconocimiento debían pagarse con cargo a la masa de liquidación, para la cual también se pronunció (a través de las Resoluciones N° 000888 de 2006 y 000076 de 2007) frente a los recursos reposición que en el trámite administrativo presentó la Fundación Hospital San Pedro.
3.3. Dentro de los actos administrativos que se pronunciaron de manera específica y de fondo frente a la reclamación oportuna elevada por la parte accionante, no se incluye la N° 000184 del 30 de marzo 2007, pues la misma contario a lo sostenido por la parte actora, no resolvió un aspecto nuevo respecto frente a la petición elevada al interior del proceso liquidatorio, esto es, no revocó, confirmó, adicionó o aclaró algún asunto relacionado con las decisiones que se pronunciaron de manera definitiva frente a la referida reclamación.
Tan es así, que la Resolución N° 000184 del 30 de marzo 2007 en el numeral 1° de la parte resolutiva, expresamente indicó que la restitución de lo reclamado se haría con fundamento en las sumas reconocidas en las decisiones “N° 291 del 8 de noviembre de 2005, aclarada por la Resolución 300 del 15 de noviembre de 2005 y los demás actos administrativos expedidos por la Liquidadora de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN en los cuales se aclaran y modifican valores”.
3.4. Ahora bien, la demandante argumentó que la Resolución N° 000184 del 30 de marzo 2007 al no incluir las acreencias reclamadas por la Fundación Hospital San Pedro, dentro de las que deben atenderse con exclusión de la masa de liquidación y/o al no explicar el porqué no recibieron ese trato preferencial, sí se pronunció de fondo frente a la reclamación presentada, y por ende, constituye uno de los actos que debe tenerse en cuenta frente a la definición de su situación y la verificación del término de caducidad.
3.5. Sobre el particular estima la Sala, que el argumento expuesto por la demandante está construido sobre una premisa falsa, consistente en que la Resolución N° 000184 de 2007 estableció qué créditos debían ser atendidos con exclusión de la masa de liquidación, lo cual no es cierto, pues tal decisión se adoptó en la Resolución N° 000291 del 8 de noviembre de 2005 (aclarada por la Resolución N° 300 de 2005), que en su parte resolutiva estableció:
“ARTÍCULO TERCERO: Aceptar y reconocer como obligaciones que se pagarán con el privilegio de exclusión de la masa de liquidación, los valores señalados en el ANEXO N° 2, el cual hace parte integral de la presente resolución.
(…)
ARTÍCULO QUINTO: Restituir las sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación con sujeción, en lo pertinente, a las condiciones para la aceptación y prelación de créditos establecidas en los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo de la presente resolución”.
3.6. Ciertamente, frente a los créditos excluidos de la masa de liquidación, la Resolución N° 000184 de 2007 lo único que hizo fue establecer el plazo de un mes para la restitución de las sumas correspondientes, sin entrar a definir qué acreencias tendrían o no dicho tratamiento especial (la exclusión de la masa de liquidación), pues ello fue decidido en la Resolución N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, aclarada por la N° 300 del 15 de noviembre de 2005. Para mayor ilustración, se transcribe a continuación el numeral 1° de la Resolución N° 000184 de 2007:
“ARTÍCULO PRIMERO: Señalar un periodo hasta de un (1) mes, contados a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, para realizar la restitución del cien por ciento (100%) del valor reconocido a la (sic) reclamaciones excluidas de la masa; el pago del ciento por ciento (100%) del cuarto (4°) y sexto (6°) ordenes (sic) de los valores reconocidos a las reclamaciones de la quinta clase de la masa de las acreencias oportunas reconocidas en las resoluciones N° 291 del 8 de noviembre de 2005, aclarada por la Resolución 300 del 15 de noviembre de 2005 y los demás actos administrativos expedidos por la Liquidadora de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN en los cuales se aclaran y modifican valores, que se encuentren y/o queden ejecutoriados durante el periodo de pagos señalado en la presente resolución”.
3.7. En ese orden se insiste, fueron las Resoluciones N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007, a través de las cuales se resolvió de fondo la reclamación del demandante y se estableció respecto a las acreencias reconocidas parcialmente que debían atenderse con cargo a la masa de liquidación. Por lo tanto, los reproches frente asuntos como las glosas impuestas, la graduación del crédito y que el mismo se haya incluido parcialmente (las sumas aceptadas) como parte de la masa de liquidación, guardan relación con los actos administrativos antes señalados, no con la Resolución N° 000184 de 2007, que partiendo de la firmeza de los actos que analizaron de fondo las reclamaciones oportunamente presentadas, estableció algunas pautas para su pago.
3.8. Ahora bien, la demandante con el ánimo de insistir en que a través de la Resolución N° 000184 de 2007 sí se abordó de fondo y por primera vez un aspecto relevante frente a su reclamación, también aseveró que “el mismo Tribunal reconoce en su fallo de instancia que la Administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a los argumentos esgrimidos (privilegio de exclusión de la masa) por la entidad demandante, y la Resolución N° 000184 del 30 de marzo de 2007 establece las exclusiones y privilegios del proceso liquidatorio, es evidente que contiene unidad de contenido y fin, y de la misma manera establece situaciones nuevas que no se han definido anteriormente y específicamente en cuanto a la exclusión de la masa de los valores de la FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO, lo que incide en que dicho acto no es un simple acto de ejecución como quiera que nace un nuevo acto administrativo que es totalmente controvertible, y hace parte indiscutible de los demás actos que integran el trámite liquidatorio”.
3.8.1. Para fundamentar lo anterior, en la impugnación la accionante transcribió el siguiente párrafo del fallo apelado:
“En dichos recurso (sic) de reposición, el accionante no expuso como cargo en contra de los actos administrativo demandados (Res. 291 de 2005 y Res. 000888 del 29 de noviembre de 2006), el que se refiere a que los créditos reclamados por la Fundación Hospital San Pedro gozan del privilegio de exclusión de la masa, por lo que la administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a los argumentos esgrimidos por la entidad demandante, en este sentido”.
3.8.2. Sobre el particular debe precisarse, que la anterior transcripción, contrario a lo que pretende ilustrar la apoderada de la Fundación Hospital San Pedro, no corresponde a una afirmación del juez de primera instancia, es más, la misma ni siquiera hizo parte de la argumentación que el mismo desarrolló para resolver el asunto, pues tal párrafo hace parte del resumen que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectúo de la contestación de la demanda por parte de CAJANAL.
3.8.3. Aunado a lo anterior se advierte, que si bien es cierto CAJANAL al oponerse a las pretensiones de la demandada afirmó que la Fundación Hospital San Pedro en sede administrativa no alegó el desconocimiento del privilegio de exclusión de la masa de liquidación, también lo es que a renglón seguido precisó que al interior del proceso liquidatorio la reclamación de la demandante fue considerada como parte de la referida masa, e incluso, que las sumas que debían reconocerse corresponden a créditos del quinto orden (quirografarios), lo cual se corrobora a partir de las Resoluciones N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007.
3.9. Lo hasta aquí expuesto a juicio de la Sala revela, que en manera alguna puede atribuírsele a la Resolución N° 000184 de 2007, el haberse pronunciado sobre el reconocimiento o rechazo de lo reclamado por la Fundación San Pedro, ni haber impedido que las acreencias de ésta gozaran del privilegio de exclusión de la masa de liquidación, pues tales asuntos fueron definidos en los demás actos acusados.
3.10. En consecuencia, le asiste razón tanto a la parte demandada como al juez de primera instancia, al precisar que los motivos de inconformidad de la accionante guardan consonancia con lo decidido en las Resoluciones N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007, y no respecto de la Resolución N° 000184 del 30 de marzo 2007, de manera tal que son las primeras las que deben tenerse en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del requisito de caducidad de la acción.
3.11. Empero, frente a la anterior precisión, la demandante expone otro argumento, consistente en la supuesta existencia de un acto administrativo complejo entre las resoluciones que resolvieron su reclamación y la N° 000184 del 30 de marzo 2007, de manera tal que sólo desde la notificación de esta última podía acudir a la jurisdicción.
3.12. En atención a que la accionante invoca el concepto de acto administrativo complejo, resulta pertinente recordar qué ha entendido sobre el mismo esta Corporación, para lo cual se traen a colación los siguientes pronunciamientos:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2016, C.P. César Palomino Cortés, Rad. 13001-23-31-000-1999-01525-01(1835-11):
“La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el acto administrativo complejo es aquel en el que concurren varias voluntades de la administración, ya sea que se produzcan por varios órganos dentro de una misma entidad pública, o por el concurso de varias entidades.
La característica esencial de las exteriorizaciones de voluntad concurrentes es la unidad de contenido y fin que hay entre ellas, dado que la materia regulada y el propósito del pronunciamiento de la administración hacen inescindibles las decisiones individuales tomadas por los órganos de una misma entidad o por varias entidades, dichas voluntades son necesarias para la formación del acto, de tal forma que las decisiones individualmente consideradas no tienen vida jurídica propia.
En sentencia de 9 de noviembre de 1998, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación señaló:
“Aparece claramente expresado por la Sala Plena, que es inexistente el acto administrativo, cuando siendo complejo, carece de la actuación de uno cualquiera de los órganos llamados a intervenir en su producción; y que un acto de tal tipo sólo puede ser acusado o juzgado en su integridad, en tanto las distintas manifestaciones de voluntad que acuden a su formación devienen en un acto único, sin que ellas tengan existencia jurídica separada e independiente. Contrario sensu, no es admisible acusar y juzgar sólo una de las actuaciones de los órganos que participan en su creación. En consecuencia, emerge de forma indiscutible la consiguiente imposibilidad de atender la demanda de nulidad de una actuación administrativa en la que apenas se ha manifestado una de las dos voluntades que debían intervenir, por cuanto carece de objeto al estar referida a un acto administrativo que aún no existe. Lo que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa en tal caso es la inhibición, por simple sustracción de materia.” (Resaltado fuera de texto)”. (El subrayado es nuestro)”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de mayo de 2018, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 73001-23-31-000-2010-00203-02:
“Frente al acto administrativo complejo la Sección Primera de esta Corporación ha sostenido pacíficamente que:
«Para que un acto administrativo sea complejo, debe contener varias declaraciones conjuntas y sucesivas de dos o más autoridades. Del mismo modo, esas declaraciones de voluntad de la administración deben tener como características: unidad de contenido y de fines, de forma tal que ninguna de ellas puede asimilarse separada e individualmente.
Sobre el particular, esta Corporación ha señalado:
“En los actos administrativos complejos la decisión administrativa se adopta con la intervención conjunta y sucesiva de dos o más órganos o autoridades, de tal forma que si falta la manifestación de voluntad de alguno de tales órganos o autoridades, no se puede sostener que el acto ha nacido a la vida jurídica; es decir, que en la formación debe concurrir en la misma dirección, las voluntades del número plural de autoridades que legalmente deben intervenir.” »
En este evento, no se cumple ninguno de los elementos establecidos jurisprudencialmente para la configuración de un acto complejo, toda vez que las dos resoluciones fueron expedidas por la misma autoridad administrativa y la segunda, simplemente aclaró y adicionó el contenido y alcance de la primera”. (Subrayado fuera de texto).
3.13. De los apartes transcritos, se tiene que el acto administrativo complejo propiamente dicho, se caracteriza por:
A. De manera conjunta o sucesiva existe concurrencia de voluntades de la administración, ya sea que se produzcan por (i) varios órganos dentro de una misma entidad pública, o por (ii) el concurso de varias entidades.
B. Las manifestaciones concurrentes de la voluntad tienen unidad de contenido y fin.
C. La unidad antes señalada impide predicar que se trata de decisiones individuales, al punto que se requiere de dicha concurrencia para considerar que el acto administrativo tiene vida jurídica propia.
D. En virtud de tal unidad, para la revisión judicial se requiere acusar y juzgar las manifestaciones concurrentes de la voluntad, pues una de ellas resulta insuficiente para considerar la existencia de un acto administrativo susceptible de control.
3.14. A lo expuesto habría que añadir, que las anteriores características, con excepción a que la concurrencia de voluntades provenga de órganos o entidades distintos, da lugar a lo que la doctrina y la jurisprudencia ha catalogado como acto administrativo complejo impropio, que se caracteriza porque dichas voluntades provienen de la misma entidad o autoridad administrativa. Sobre el particular, resultan ilustrativos los siguientes apartes del fallo del 17 de agosto de 2017 de la Sección Primera de esta Corporación, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, dentro del proceso N° 05001-23-31-000-2000-03882-02:
“La doctrina, igualmente, ha caracterizado el «acto administrativo complejo», dividiéndolo en dos tipos que ha denominado «complejo propio» y «complejo impropio».
(…)
Respecto del «acto administrativo impropio o interno», ha señalado lo siguiente:
«[…] 1.2.2. Complejo impropio o interno […] Pero hay actos administrativos complejos que carecen del primer elemento, pluralidad de órganos, los cuales mantienen su carácter de complejo por la pluralidad de declaraciones con unidad de contenido. Se identifican como complejos impropios o internos. Son los que están constituidos por varios pronunciamientos, dados en momentos distintos y consecutivos, pero emanados de un mismo órgano. Se puede decir que la complejidad es interna en tanto la pluralidad de actos se da en el interior de un solo órgano o entidad. (…)
Esta misma clasificación ha sido adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 8 de agosto de 2012, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero, al subrayar:
«[…] 6. Respecto al acto administrativo complejo, es aquel concurso de voluntades en la conformación de un acto al interior de la entidad o autoridad administrativa (complejo impropio) o cuando concurren varios órganos en la misma (complejo propio). El acto administrativo complejo parte de la fusión o integración de voluntades bien dentro de una misma entidad o por el concurso de varias entidades o autoridades que participan en la integración del mismo”.
3.15. Esclarecido lo anterior, frente al caso de autos en primer lugar se tiene que no puede hablarse de acto administrativo complejo propiamente dicho, pues las resoluciones en cuestión fueron dictadas por la misma autoridad, el Agente Liquidador de CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN.
3.16. Pero aún más relevante, no se evidencia unidad de fin y contenido entre las resoluciones que resolvieron la reclamación de la parte accionante (las N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007) y la N° 000184 del 30 de marzo 2007.
Por el contario, claramente puede distinguirse que las referidas decisiones obedecen a fines distintos, pues las N° (i) 000291 del 8 de noviembre de 2005, (ii) 00300 del 15 de noviembre de 2005, (iii) 000888 del 29 de noviembre de 2006 y (iv) 000076 del 7 de febrero de 2007, en síntesis realizaron un análisis sobre la validez de la reclamación elevada y las condiciones de su reconocimiento dentro del proceso de liquidación, mientras la N° 000184 del 30 de marzo 2007, estableció pautas para el pago efectivo de créditos previamente reconocidos. Por la misma circunstancia se observa, la fundamentación, el contenido, de cada de una de las resoluciones es diverso.
3.17. En suma, cada una de las decisiones existe y es susceptible de control de manera independiente, por lo que no hay lugar a predicar la existencia de un acto administrativo complejo (propio o impropio).
3.18. En este punto, vale la pena destacar que la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto del 10 de marzo de 2011, se pronunció sobre un asunto similar, en el que incluso se controvirtieron algunos de los actos demandados en esta oportunidad, concretamente, la Resolución N° 000291 del 8 de noviembre de 2005, aclarada por la N° 00300 del 15 de noviembre de 2005 (además de otras decisiones que se pronunciaron sobre la reclamación respectiva) y la Resolución N° 000184 del 30 de marzo 2007 (por la cual se establecieron parámetros para el pago de algunas acreencias).
En la providencia antes señalada, la Sección Primera de esta Corporación también consideró frente a las resoluciones demandadas que no existe acto administrativo complejo, por lo procedió a verificar de manera independiente si existió o no caducidad.
3.19. Todo lo hasta aquí expuesto para subrayar, que los motivos de inconformidad están dirigidos a atacar los fundamentos de las resoluciones que resolvieron la reclamación oportuna que presentó la demandante en el proceso liquidatorio de CAJANAL, por lo que acertadamente el A quo estimó que el término de caducidad debía verificarse desde el último de los actos que sobre el particular se dictó, esto es, la Resolución 000076 del 7 de febrero de 2007, que se notificó por edicto que permaneció del 12 de marzo de 2007 al 26 de marzo del mismo año, y no desde la expedición o notificación de la Resolución N° 000184 del 30 de marzo 2007, que ni decidió aspectos nuevos relativos al fondo de la reclamación, ni constituye un acto administrativo complejo junto con las demás decisiones controvertidas.
3.20. En ese orden, el término de 4 meses (art. 132, numeral 2° del C.C.A.) para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que resolvieron la referida reclamación, corrió desde el día siguiente a la notificación de la última resolución que se pronunció sobre la reclamación de la parte demandante, esto es, desde el 27 de marzo de 2007 hasta el 27 de julio del mismo año, empero la demanda correspondiente fue presentada extemporáneamente el 13 de agosto de 2007, por lo que le asiste razón al A quo al haber declarado probada la excepción de caducidad de la acción alegada por CAJANAL.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, mediante el cual se declaró probada la excepción de caducidad, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 13, cuaderno N° 1.
“Por la cual se decide sobre las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente contra CAJANAL S.A. E.P.S. EN LIQUIDACIÓN; los bienes que integran la masa de la liquidación y los que gozan del beneficio de exclusión de la masa a liquidar; las reclamaciones aceptadas como sumas de dinero excluidas de la masa de la liquidación; los créditos aceptados con cargo a la masa de la liquidación, el valor y las condiciones en que es reconocido cada uno de estos créditos; los privilegios y la prelación para los pagos de los créditos reconocidos; las objeciones presentadas y las causales de rechazo de los créditos no aceptados”.
“Por la cual se aclara el considerando 9.6 de la Resolución 00291 del 8 de noviembre de 2005 (…)”. Según se advierte del “FORMULARIO PARA REGISTRAR DATOS RECLAMACIÓN ACREEDORES”, dentro del proceso liquidatario de CAJANAL, visible a folios 1-65 del anexo N° 9. Visible en el anexo N° 2. Folios 304-309 del cuaderno correspondiente al dictamen pericial. Ver anexo N° 7. Ver anexo N° 3. Ver anexo N° 4. Folios 1, 349-350 del cuaderno de antecedentes administrativos. Folios 337-341 del cuaderno antes señalado. Folios 25-27 del cuaderno No. 1. Folios 32-79, cuaderno N° 1. Dicho decreto fue dictado en el año 2004. Folio 117-118, cuaderno N° 1. Folio 182, cuaderno N° 1. Folios 183-190, 192-207 del cuaderno N° 1. Folio 209 del cuaderno N° 1. Folio 212 del cuaderno N° 1. Folios 223-282, cuaderno N° 1. Folios 284-292 del cuaderno N°1. Lo transcrito corresponde al resumen que hizo el juez de primera instancia de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Sobre el particular hizo referencia a la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 7 de abril de 2011, dentro del proceso N° 25000-23-25-000-2010-00152-01, destacando el análisis que se hizo frente un acto que inicialmente fue calificado de ejecución, pero respecto del cual se advirtió que contenía decisiones que eran susceptibles de control judicial. Folio 300, cuaderno N° 1. Folio 4, cuaderno N° 2. Folio 7 del cuaderno N° 2. Folios 8-25 dl cuaderno N° 2. Ver folios 241-248, en especial este último, del cuaderno N° 1. Folios 47-48 del cuaderno N° 1. Sección Segunda-Subsección “B”. M. P.: Javier Díaz Bueno. Sentencia de julio 31 de 1996. Radicación número: 9485 Actor: Yuber Ramón Buitrago. Sección Primera. M. P.: Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 11 de abril de 2002. Rad.: 25000-23-24-000-1994-4503-01(6595) Actor: Sociedad Colombiana de Desarrollo Portuario Socodep. Sección Segunda-Subsección “A”. M. P.: Jaime Moreno García. Auto de 21 de septiembre de 2006. Rad.: 05001-23-31-000-2003-03648-01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección B. Sentencia de 6 de agosto de 2009. Rad.: 25000-23-25-000-2005-03749-01(1267-07) Actor: Luis Alberto Ramírez. Pabón M. P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila
M. P. Juan Alberto Polo Figueroa, Actor: SINTRACUEMPONAL, Radicación número: S-680. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2016, C.P. César Palomino Cortés, Rad. 13001-23-31-000-1999-01525-01(1835-11): Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de octubre de 2012. Expediente 05001-23-15-000-2000-01421-01. M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de mayo de 2018, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 73001-23-31-000-2010-00203-02. BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2016, Séptima Edición. Páginas 178-183. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación número:
08001-23-31-000-2011-01067-01(43968). Actor: CANDELARIA SAAVEDRA CASTRO. Demandado: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO - CONSEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA. Cf. BERROCAL, Luis Enrique “Manual del Acto Administrativo”, Ed. Librería Ediciones del Profesional, 5ª ed., Bogotá, 2009, pág. 165 y s.s. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de agosto de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Rad. 05001-23-31-000-2000-03882-02. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 10 de marzo de 2011, C.P. María Elizabeth García González, Rad. 25000-23-24-000-2007-00328-01. Folios 1, 349-350 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Demandante: Fundación Hospital San Pedro
Demandado: CAJANAL S.A. E.P.S. En Liquidación
Radicado: 25000-23-24-000-2007-00289-01
Sentencia de segunda instancia
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