Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00629-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-000-2011-00629-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-00629-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-31-000-2011-00629-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Proceso: Reparación Directa
APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DERECHO AL MANEJO DE
LA PROPIA IMAGEN-Consentimiento expreso e informado. FOTOGRAFÍAS-Valor probatorio. RECORTES
DE PRENSA-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSO-Valoración
probatoria. PERJUICIOS OCASIONADOS A BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS-Aplicación de criterios
de sentencias de unificación. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el
Municipio de Medellín contra la sentencia del 16 de marzo de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 20 de mayo de 2007, una empleada de la oficina de prensa del Municipio de
Medellín tomó una fotografía a los demandantes en desarrollo de una nota
periodística –en el marco del evento del traslado del avión Boeing 727-100, desde
el aeropuerto Juan Pablo II al parque Norte de esa ciudad. El Municipio de
Medellín usó la fotografía con fines publicitarios en la campaña “Plan para
combatir la pobreza extrema”. Alegan falla del servicio por la difusión y
reproducción pública de sus imágenes sin su consentimiento.
ANTECEDENTES
La demanda
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
El 7 de diciembre de 2010, Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y
Santiago Vargas Ospina solicitaron declarar patrimonialmente responsable al
Municipio de Medellín por el uso de una imagen familiar sin autorización y para
que se hicieran las siguientes declaraciones:
“Primera: el Municipio de Medellín es administrativamente responsable de los perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los señores Paula Andrea Ospina Castillo,
Elkin de Jesús Vargas y a su hijo menor, Santiago Vargas Ospina, por la difusión y
reproducción pública de sus imágenes, sin consentimiento, para el plan de salud pública
“Medellín es salud para la vida” y la campaña “Medellín obra con amor” desde el +27 de
noviembre de 2008 hasta el día de hoy.
Segunda: Condenar al Municipio de Medellín, como perjuicio patrimonial –de conformidad
con la suma certificada como inversión publicitaria en dicha obra – en la cual la imagen de
mis representados fue utilizada masivamente, se solicita como pretensión económica el 1%
del total, ello es, la suma de ciento ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil
quinientos noventa y ocho pesos ($186.645.598) o la que resulte probada como inversión
publicitaria para el grupo familiar conformado por Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de
Jesús Vargas y su menor hijo Santiago Vargas Ospina representado legalmente por ellos.
Tercera: como reparación del daño moral ocasionado, condénese al Municipio de Medellín
a pagar a cada uno de los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los
perjuicios morales actuales y futuros los cuales se estiman como mínimo en la suma de
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, para un total de
trescientos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cuarta: Se ordene al Municipio de Medellín la prohibición de continuar utilizando la imagen
de mis representados bajo cualquier formato (…) 1.
Hechos
Los demandantes indicaron que, el 20 de mayo de 2007 –en un evento público y
familiar en el parque Norte de Medellín– una empleada de la oficina de prensa del
Municipio de Medellín tomó una fotografía a la familia demandante y les informó
que esta saldría en una nota periodística. En el año 2009, los demandantes se
enteraron que la fotografía era parte de la campaña “Medellín obra con amor” –del
“Plan para combatir la pobreza extrema” del Municipio de Medellín–. Y luego, se
vieron expuestos a rechazos y a “comentarios mal intencionados” sobre la
supuesta vinculación de la familia a una campaña, y por ser beneficiarios de los
programas del municipio sin tener los requisitos para ello.
Agregaron que el 19 de febrero de 2009 y 21 de julio de 2010, los demandantes
solicitaron al Municipio de Medellín que informara los antecedentes de la
campaña, pero la entidad contestó que no existía un proyecto denominado
“Medellín obra con amor” y que la Secretaría de Obras Públicas adelantó un
1 Folios 6-7 c. 1.
2
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
programa para que la comunidad accediera a vivienda propia y la publicidad del
programa tuvo un valor de $1.866.455.988.
Alegan una falla del servicio por la difusión y reproducción pública de sus
imágenes sin su consentimiento2.
Contestación de la demanda
El Municipio de Medellín señaló que no hubo falla del servicio, porque el Municipio
–al usar la imagen en una campaña publicitaria de la entidad sin fines lucrativos–
no desconoció la ley ni los derechos fundamentales de las personas fotografiadas
Formuló las excepciones de caducidad, porque los hechos alegados ocurrieron en
el año 2007 y la demanda se presentó en el 2010, y, ausencia de nexo causal,
porque los demandantes prestaron su consentimiento al permitir que fueran
fotografiados y al solicitar copia de un ejemplar de la imagen para su correo
personal.
Sentencia de primera instancia
El 16 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
en la que accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró que, conforme a las
pruebas, la parte demandante no autorizó al Municipio de Medellín para que
utilizara la fotografía –tomada a los demandantes– con fines publicitarios, según la
Ley 23 de 1982. Estimó que el permiso, en este caso, fue única y exclusivamente
para el cubrimiento periodístico de un evento, no para usar la foto en otras
campañas de la entidad demandada. El uso no permitido de una imagen familiar,
según el Tribunal, desconoció derechos personalísimos, el derecho a la libertad y
a la intimidad de los demandantes, quienes se vieron expuestos visualmente –y
sin autorización– en todo el Municipio. Esta circunstancia constituyó una falla del
servicio y fue la causa directa y determinante del daño3.
En la liquidación de perjuicios se reconocieron, a cada uno de los demandantes,
25 SMLMV por daños a bienes constitucionalmente protegidos.
2 Folios 1 a 30 c. 1.
3 Folios 435-447 c. principal.
3
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
Recurso de apelación
El Municipio de Medellín formuló recurso de apelación contra la sentencia.
Sostuvo que que se demostró que hubo un consentimiento verbal para la
utilización de la imagen. No fue una captura desprevenida, la familia posó para la
foto y, además, solicitaron a la comunicadora de la entidad el envío de la foto a su
correo personal. Agregó que el Municipio usó la imagen para una campaña de
política pública y no desconoció las restricciones de la Ley 23 de 1982 –sobre
derechos de autor–, porque esta norma permitía el uso para hechos y
acontecimientos de interés público. Señaló que no se probó el daño, ni la falla del
servicio de la entidad y agregó que el Tribunal no se pronunció frente a la
excepción de caducidad. Con el recurso, la entidad aportó unos documentos para
que se tuvieran como prueba. El Despacho negó la solicitud de pruebas, porque
no reunía los presupuestos del artículo 214 CCA4.
Trámite de segunda instancia
El 8 de agosto de 2017 el Tribunal concedió el recurso de apelación5 y el 20 de
septiembre de 2017, el Despacho lo admitió6. El 8 de febrero de 2019, se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia7. Las partes reiteraron lo
expuesto y el Ministerio Público guardó silencio8.
CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 7 de diciembre de 2010, el régimen aplicable
es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo
266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los
recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones
en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su
parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012–
prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la
vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen
4 Folios 448-457 y 492 c. principal.
5 Folios 486 c. principal.
6 Folio 490 c. principal.
7 Folio 494c. principal.
8 Folio 498 c. principal.
4
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del
CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –
en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las
controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una
acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado
por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en
segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129
CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el
artículo 20.2 CPC, modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010, el valor de
la suma de todas las pretensiones acumuladas supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 132.6 CCA, esto es, $257.500.0009.
Acción procedente
3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo 10, en este caso, por la violación del
derecho de la propia imagen y a otros derechos constitucionales.
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo
136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del
9 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500.
10 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303
[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].
5
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo –7
de diciembre de 2010– porque la parte demandante conoció acerca de la
divulgación y reproducción pública de su imagen el 19 de febrero de 2009 –fecha
en la que los demandantes solicitaron información a la entidad por uso de la
imagen familiar–.
El Municipio de Medellín esgrimió en el recurso de apelación que operó la
caducidad, pero, conforme a lo probado, no se demostró que la parte demandante
hubiera conocido el hecho dañoso antes del 19 de febrero de 2009. En efecto, en
esa fecha, los demandantes formularon un derecho de petición a la entidad con el
fin de que informaran en qué consistía la campaña “Medellín obra con amor
• Solidaridad por las personas más vulnerables”, la finalidad, el presupuesto y
campaña publicitaria. Es decir, es en ese momento, y no antes, que hay certeza
del conocimiento de los hechos y del daño, es decir, que su imagen había sido
usada por el Municipio, o, por lo menos, que había sido usada en una campaña
publicitaria de una entidad pública.
Legitimación en la causa
5. Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y Santiago Vargas Ospina
son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en el
proceso, pues alegaron que su imagen se usó en piezas publicitarias del Municipio
de Medellín. El Municipio de Medellín está legitimado en la causa por pasiva, pues
adelantó la campaña “Plan para combatir la pobreza extrema” y tenía a su cargo la
publicidad.
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar si el Municipio de Medellín incurrió en falla del
servicio por el uso de una fotografía de los demandantes en una campaña
publicitaria del ente territorial.
II. Análisis de la Sala
6
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
7. Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto,
de conformidad con el artículo 357 CPC.
El derecho al manejo de la propia imagen
8. La propia imagen es un derecho de creación jurisprudencial11 y un bien
personalísimo que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución
Política, según el cual todo individuo tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica y a su identidad. Este derecho –inherente a la persona–
supone que todo ser humano tiene una composición o fisionomía que lo identifica
en su individualidad, lo caracteriza y lo diferencia de otras personas. Por ello, ha
adquirido relevancia jurídica el reconocer una protección frente a esos rasgos y
fisionomía propia.
Desde el siglo pasado, con el desarrollo de las tecnologías y medios de la
información, los rasgos físicos de las personas han sido abstraídos de su
corporeidad para ser representados en imágenes con distintas finalidades:
recuerdos familiares personales, reportajes periodísticos, publicidad, cubrimientos
de eventos, entre otros. Sin embargo –precisamente por el componente
personalísimo de la imagen– el Estado, en su función reguladora, ha creado
instrumentos jurídicos de protección para que la propia imagen no sea apropiada,
usada, divulgada, publicitada ni expuesta de manera forzosa o sin autorización de
la persona afectada. Sobre el alcance del derecho a la propia imagen, la Corte
Constitucional ha señalado:
"la imagen o representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la persona de la
cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, exposición, reproducción y
comercialización, afecta lo que en estricto rigor constituye un derecho o bien personalísimo" 12.
(…) "una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las
características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que
cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre
disposición y manipulación de terceros", por lo cual, “con las limitaciones legítimas deducibles
de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás intereses
públicos superiores, toda persona tiene derecho a su propia imagen, de donde resulta que sin
su consentimiento, ésta no pueda ser injustamente apropiada, publicada, expuesta,
reproducida o comercializada por otro"13.
Sobre la disponibilidad de la propia imagen, la Corte también ha precisado que se
11 Corte Constitucional, sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996.
12 Corte Constitucional, sentencia T- 471 de 1999 del 6 de julio de 1999.
13 Corte Constitucional, sentencia T- 405 de 2007 del 24 de mayo de 2007.
7
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
traduce en una forma de autodeterminación del sujeto y puede entrar o
comprenderse en la órbita del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este
derecho, como derecho autónomo, explicó la Corte, puede ser lesionado en forma
independiente, pero también puede verse afectado en concurrencia con la honra,
el buen nombre, la intimidad, e incluso a la dignidad y libertad de la persona,
cuando con la divulgación no autorizada de imágenes que conciernen al ámbito de
la privacidad, se atenten dichos derechos14.
9. El artículo 36 de la Ley 23 de 1982 prescribe que la publicación de un retrato es
libre cuando tiene una finalidad científica, didácticos o culturales en general; o con
hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en
público. Por su parte, el artículo 87 de la misma ley establece que toda persona
tiene derecho a impedir –con las limitaciones del artículo 36– que su busto o
retrato se exhiba o exponga sin su consentimiento expreso. La persona que haya
dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente indemnización de
perjuicios.
En ese sentido, según la norma, el consentimiento que se debe obtener para la
divulgación, publicación y comercialización de la imagen de una persona debe ser
expreso e informado, no solo acerca del uso de la propia imagen sino sobre las
finalidades de éste. De modo que son contrarios a los derechos fundamentales de
la persona aquellos usos de su imagen, así como las finalidades de este uso que
no correspondan a los que fueron objeto de autorización 15.
Caso concreto
10. Según la demanda, el Municipio de Medellín incurrió en falla del servicio por la
difusión y reproducción pública de la imagen de los demandantes, sin su
consentimiento. Por su parte, según el recurso de apelación de la entidad
demandada, hubo una indebida valoración probatoria, porque el Tribunal llegó a
una conclusión que no se ajustaba a los medios probatorios aportados al proceso,
pues se demostró que hubo consentimiento verbal para la utilización de la imagen
y no se probó el daño, la falla del servicio de la entidad ni el nexo causal.
14 Corte Constitucional, sentencia T 405 de 2007 del 24 de mayo de 2007.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de noviembre de 2015, Rad. 37.953.
8
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
11. Está acreditado que el 20 de mayo de 2007, en Medellín hubo un evento
público del traslado del avión Boeing 727-100 del aeropuerto Juan Pablo II al
parque Norte del Municipio. Al evento asistieron habitantes de la ciudad para ver el
espectáculo del movimiento del avión. En el lugar, una comunicadora de la
alcaldía de Medellín estaba a cargo del cubrimiento del evento y tomó una
fotografía a Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y al menor,
Santiago Vargas Ospina, quienes posaron al momento del retrato16.
Al año siguiente, en julio de 2008, el Municipio de Medellín utilizó la imagen de
Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y Santiago Vargas Ospina
–tomada para el cubrimiento de un evento– para la difusión del Plan Municipal de
Salud en los siguientes medios de comunicación: El Colombiano (separata - 500
piezas el 27 de julio de 2010), la revista Salud Pública (plan municipal – 2000
piezas el 8 de julio de 2008) y El Cuaderno (plan municipal – 1000 piezas el 17 de
julio de 2010)17. Ese año, el 27 de noviembre, el Municipio de Medellín utilizó la
misma imagen de la familia Vargas Ospina en la campaña “Medellín Obra con
Amor”, para el balance de fin de año de 2008. Se distribuyeron 200.000
ejemplares de rendición de cuentas en diferentes sedes institucionales como
parques, bibliotecas, centros educativos, secretarías de la administración, eventos
masivos de la alcaldía, casas de gobierno, entre otros18.
El 19 de febrero de 2009, Gonzalo Aníbal Parrado Ochoa, apoderado de los
demandantes, formuló una consulta al Municipio de Medellín para que informara
en qué consistía la campaña “Medellín obra con amor - Solidaridad por las
personas más vulnerables”, cuál fue su presupuesto y qué contratistas
intervinieron en el proyecto y la campaña publicitaria 19. El 13 de marzo de 2009, la
Secretaría de Obras Públicas de Medellín contestó que “no existe proyecto
específico denominado Medellín Obra con Amor - Solidaridad por las Personas
más vulnerables” y discriminó los valores invertidos en pauta publicitaria de la
campaña “Medellín Obra con Amor” en distintos medios de comunicación (metro,
prensa, radio y TV)20.
16 F. 98 a 100 c. 1.
17 Según da cuenta original de la comunicación del 10 de agosto de 2010 de la Alcaldía de Medellín, f. 98 a
100 c. 1.
18 Ibídem.
19 F. 51 a 53 c. 1.
20 F. 63 a 66 c. 1.
9
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
El 19 de julio de 2010, el apoderado de los demandantes formuló una nueva
consulta al Municipio de Medellín para que le informara desde qué fecha se había
utilizado la fotografía de los demandantes en la campaña “Medellín Obra con
Amor”, los medios de comunicación en que fue difundida la imagen, el valor de la
pauta publicitaria y, solicitó, además, copia de la autorización escrita y/o contrato
suscrito con las personas que allí figuran –para la difusión de su imagen y la del
menor que allí aparece– en la campaña “Medellín Obra con Amor21. El 10 de
agosto de 2010, la Secretaría Privada del Municipio de Medellín contestó que la
imagen de la pareja y el niño fue utilizada para el “Plan de Salud Pública: Medellín
es Salud para la Vida” y la campaña “Medellín Obra con Amor”, en los meses de
julio y noviembre de 2008. Sin embargo, conforme al documento, “no existía
escrito alguno en el que constara la autorización” para la difusión de la imagen22.
12. La parte demandante aportó unas fotografías de distintas piezas publicitarias
de la campaña “Medellín Obra con Amor” en paraderos, kioscos, carteleras
informativas, metro y bibliotecas de Medellín23. Estas fotografías muestran la
imagen de Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y Santiago
Vargas Ospina, en publicidad del Municipio de Medellín. La Sala valorará estos
documentos, pues las fotografías impresas, los metadatos de los archivos digitales
en conjunto con las comunicaciones oficiales del Municipio de Medellín [núm. 9]
ofrecen certeza de la fecha, el lugar y la persona que tomó las fotografías24.
13. Con la demanda también se aportaron originales y copias simples de la revista
“Medellín es Compromiso” de agosto de 200825; volantes del Municipio de
Medellín26; piezas publicitarias del Municipio en la revista “Diners”, de noviembre
de 2008 y, el periódico “El Guayaquil Times”, de diciembre de 200827; impresión
del 13 de abril de 2010, del sitio web de la Secretaría de Bienestar Social del
Municipio –programa “Buen Vivir en Familia”28– y libro original del Plan de
Desarrollo 2008-2011 del Municipio29. Todos estos documentos tienen la imagen
de Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y Santiago Vargas Ospina
21 F. 54-59 c. 1.
22 F. 98 a 100 c. 1.
23 F. 257 a 271 y CD f. 103 c. 1.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad.
28.832.
25 F. 68 a 84, 105 y 113 c. 1.
26 F. 85, 86, 96, 108 c.
27 F. 106 y 107 c. 1.
28 F. 109 a 112 c. 1
29 F. 104 a 252 c. 1.
10
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
y los siguientes textos: (i) “Solidaridad por las personas más vulnerables. 45.000
familias en extrema pobreza atendidas con programas del Municipio” (ii) “un 8.5%
de Medellín se encuentra en condiciones de extrema pobreza (…)” y (iii) “Medellín,
ciudad solidaria y equitativa”.
Las informaciones difundidas en estos medios de comunicación reseñados dan
certeza sobre la existencia de las piezas publicitarias y la utilización de la imagen
de los demandantes en las campañas del Municipio de Medellín30.
14. María Del Rosario Jiménez Gómez –comunicadora social, periodista y
miembro del grupo de prensa del Municipio de Medellín– declaró que, el 20 de
mayo de 2007, trabajaba para la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de
Medellín y cubrió el registro periodístico del traslado de un avión, acompañada por
un camarógrafo de Telemedellín. Como empleada de la entidad, estaba
debidamente identificada con el carné y chaleco de “prensa alcaldía” y con el logo
de la administración municipal. Ese día vio a una familia de tres personas, les
preguntó si podía tomarles la foto y ellos, con los gestos, posaron y capturó el
momento.
En cuanto a la obtención del consentimiento para la utilización de la foto para
campañas de otra dependencia de la entidad, la declarante afirmó que no había
un registro de audio o video, ni escrito con la autorización para la utilización de la
fotografía. Pero que “ella les informó verbalmente a los adultos de la familia que la
imagen sería usada en la promoción de programas de la administración
municipal”. “Ellos no objetaron y, por el contrario, dijeron que les gustó la foto y
solicitaron que les enviara la imagen por correo electrónico”, como efectivamente
hizo. En ningún momento solicitaron que la imagen fuera borrada o no fuera
utilizada por la administración municipal.
La testigo agregó que la imagen entró a ser parte del banco de imágenes del
Municipio de Medellín y, en ese momento, no estaba destinada para ser utilizada
en una campaña específica. Pero, en esos casos, “se asumía” que la imagen
podía ser usada para cualquier pieza promocional de la administración municipal.
Las fotografías compiladas en el banco de imágenes, afirmó, “se seleccionaban
30 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012,
Rad. 2011-01378 [fundamento jurídico 4] y sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 16.587 [fundamento
jurídico 3.2].
11
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
aleatoriamente para las campañas, según la intención comunicativa”. Y señaló que
la imagen de los demandantes fue usada en la campaña “Medellín obra con amor”
y después en una campaña para la Secretaría de Bienestar Social31.
Como María Del Rosario Jiménez Gómez es funcionaria del Municipio de
Medellín, es un testigo sospechoso, en los términos del artículo 217 CPC, pues es
dependiente de la entidad pública y tiene relación directa con la falla del servicio
alegada en la demanda. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los
testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que
no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor
rigurosidad32.
En cuanto a la existencia del evento del 20 de mayo de 2007 –en el parque Norte
de Medellín–, la asistencia de público y la circunstancia de haberse tomado una
foto a la familia Ospina Vargas, la testigo merece credibilidad porque presenció los
hechos y precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tomó la
fotografía de los demandantes. Sin embargo, en cuanto a la existencia de un
consentimiento verbal por parte de la familia Ospina Vargas –para el uso de la
fotografía por parte de la entidad demandada en una finalidad distinta al
cubrimiento del evento del 20 de mayo de 2007–, su dicho es inverosímil y se
aprecian inconsistencias en la versión de los hechos narrados:
Al inicio de su declaración, la testigo narró que la oficina de prensa de la alcaldía
de Medellín estaba en el lugar para el cubrimiento periodístico del evento, es decir,
esa era ls única finalidad. Luego afirmó que informó a los demandantes que
“usaría su foto para promocionar programas de la administración municipal”. Y
luego manifestó que, en ese momento, la imagen no estaba destinada ni sería
utilizada en una campaña específica, y que “asumía” que la imagen podía ser
utilizada en aluna campaña –conforme a la intención comunicativa–.
Las anteriores afirmaciones muestran unas inconsistencias en el relato de la
testigo, pues no se explica cómo solicitó el consentimiento “verbal” para campañas
de la entidad si la única finalidad de la presencia de la prensa era cubrir un evento;
sobre todo si –como afirmó la testigo– en ese momento la imagen no sería usada
31 F. 413 a 415 c. 1.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262.
12
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
en campañas. También se observa una contradicción en cuanto a la existencia
real del consentimiento de la familia demandante, pues la testigo afirmó que
solicitó el consentimiento y luego dijo que la entidad “asumía” que la foto podía ser
usada en otras campañas y para ello existía un banco de fotos. Estas
inconsistencias en la versión de los hechos narrados hacen que, en este aspecto,
el dicho de la testigo sea inverosímil y no tenga credibilidad ni eficacia probatoria.
15. La apreciación de las pruebas en conjunto permite establecer que, el 20 de
mayo de 2007, una funcionaria del Municipio de Medellín tomó una fotografía de
Paula Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y Santiago Vargas Ospina,
mientras cubría un hecho noticioso. Sin embargo, no se les informó que la
fotografía sería usada en una campaña de atención a 45.000 familias en extrema
pobreza, pues “asumió” que la imagen podía ser usada para cualquier pieza
promocional de la administración municipal. En julio y noviembre de 2008, el
Municipio de Medellín utilizó la fotografía de los demandantes para la difusión del
Plan Municipal de Salud y en la campaña “Medellín Obra con Amor-Plan para
combatir la pobreza extrema”. Conforme a una comunicación del Municipio de
Medellín, “no existe escrito alguno en el que conste la autorización” para la
difusión de la imagen.
Las pruebas recaudadas en el proceso dan cuenta que la entidad demandada usó,
publicitó, expuso y reprodujo una fotografía de la familia demandante –tomada en
el marco del evento de traslado del avión Boeing 727-100, desde el aeropuerto
Juan Pablo II al parque Norte de esa ciudad– sin su autorización previa y expresa.
En efecto, la familia aceptó ser fotografiada en el evento y, además, solicitó un
ejemplar digital de la misma. Sin embargo, la autorización no comprendió en ese
momento –ni en otro posterior– el uso de su imagen para propagandas y
campañas posteriores de la entidad. El Municipio de Medellín, al usar la foto
familiar sin la autorización de sus integrantes, lesionó el derecho a la propia
imagen de la familia Ospina Vargas.
Esta circunstancia no solo abarcó el derecho a la propia imagen, pues el uso no
autorizado y la publicitación de la fotografía –en la que, además, había un menor
de edad– desconoció, en concurrencia, la intimidad e, incluso, la libertad de los
demandantes, pues hubo una divulgación no autorizada de imágenes que
conciernen a la persona y hubo una exposición de la imagen familiar.
13
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
Corolario de lo expuesto, se tiene que el Municipio de Medellín no obtuvo el
consentimiento expreso e informado de los demandantes, para la utilización de su
imagen en campañas específicas de promoción de programas municipales. Así, la
demandada incurrió en una violación del derecho al manejo de la propia imagen
de los demandantes y, por ello, se configuró la falla del servicio alegada. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.
Indemnización de perjuicios
16. La demanda solicitó 100 SMLMV para cada demandante, por la reparación de
daño moral ocasionado por la difusión y reproducción pública de sus imágenes,
por perjuicios morales. La sentencia de primera instancia reconoció 25 SMLMV
para cada demandante, por daños a bienes constitucional y convencionalmente
amparados, porque las pruebas dieron cuenta de esa afectación. Por su parte, la
entidad demandada, en su recurso, solicitó revocar la sentencia y negar las
pretensiones.
16.1. Ahora bien, antes de entrar a estudiar la pretensión de condena, es
importante hacer unas precisiones sobre el alcance del perjuicio solicitado, en
tanto al juez –en virtud del principio de congruencia– solo le es posible
pronunciarse sobre lo efectivamente pedido en la demanda o alegado en las
excepciones y, además, no puede reconocer por causa u objeto diferente y más
allá de lo solicitado (art. 305 del CPC).
Aunque la demanda en sus pretensiones solicitó perjuicios morales, al darle un
alcance a su solicitud –en sus fundamentos de hecho y de derecho– se refirió a
una afectación a la imagen, la intimidad y libertad de los integrantes de la familia
Ospina Vargas, por el uso y exposición de una foto familiar sin su consentimiento.
En esa línea, aun cuando se denominó el perjuicio como “daño moral”, en la
demanda no se mencionó una aflicción o dolor en cada uno de los demandantes
por el uso de su imagen, y la solicitud la enmarcó, se reitera, en una afectación a
bienes constitucionalmente protegidos. En tal virtud, la Sala analizará el perjuicio
–más allá de cómo se tituló en la demanda– en este último marco –afectación a
bienes constitucional y convencionalmente amparados– y no en otro.
14
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
16.2. En sentencias de unificación de la Sección Tercera de la Corporación33 se
recogieron las clasificaciones conceptuales enmarcadas bajo las denominaciones
de daño a la vida de relación y alteración a las condiciones de existencia34. La
Sala sostuvo que podrían indemnizarse los perjuicios ocasionados a bienes
jurídicamente tutelados, siempre que tal circunstancia se acreditara en el proceso
y no se enmarcaran en las demás tipologías de perjuicios reconocidas por la
jurisprudencia. Este perjuicio ha sido comprendido como una categoría de
perjuicio inmaterial autónomo; por su naturaleza, es decir, por no estar
comprendido en una aflicción (moral) o una afectación a la integridad psicofísica
(daño a la salud) y, además, por la pluralidad de bienes afectados35.
La Sección Tercera, al unificar el perjuicio de afectación a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados –y los parámetros de la
liquidación– reiteró los criterios contenidos en las sentencias 19031 y 38222 de 14
de septiembre de 2011, de la Sala Plena de la Sección y precisó las siguientes
características:
• Es una nueva categoría de daño inmaterial: originado en la afectación a
derechos contenidos en fuentes normativas diversas y surge de
afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
• La afectación al bien constitucional o convencional debe ser relevante,
porque –precisamente– todo daño implica la afectación a un bien jurídico
protegido por el derecho y no debe confundirse esta circunstancia con el
perjuicio autónomo que del daño se deriva.
• Es un perjuicio autónomo, pues su concreción se realiza mediante
presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en
cada situación fáctica particular.
• La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva36.
Sobre los aspectos que este perjuicio comprende, la misma sentencia explicó:
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre de 2011, Rad. 19.031 y 38.222.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 26.251 [fundamento jurídico
6.3].
35 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, Rad. 19.031 y 38.222.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 32.988.
15
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en
el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a)
restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de
manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas
originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo
posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño;
(c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos
constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización
efectiva de la igualdad sustancial.
ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este
tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre
y cuando aparezca acreditada su existencia.
iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la
lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a)
permanente y los parientes hasta el primer grado de consanguinidad, incluida la
relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas
"de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen
entre ellos.
iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no
pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no
indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a
consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles
podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa,
mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere
el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con
fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser
proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.
v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una
expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a
bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben
justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes
al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de
reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la
gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las
víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar
las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás
definidas por el derecho internacional.
vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad
extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer
que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas
impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en
tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y
convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a
otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas”37.
Ahora bien, conforme se definió en la misma sentencia, para evitar una doble
reparación, el juez deberá verificar antes de su reconocimiento: 1. Que se trate de
una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o
37 Ibídem.
16
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
convencional; 2. Que sea antijurídica; 3. Que en caso de ordenarse una
indemnización, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e
inmateriales reconocidos, y 4. Que las medidas de reparación sean correlativas,
oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado. Y estableció estos criterios
de reconocimiento, conforme a los siguientes cuadros:
REPARACIÓN NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y
CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS
Criterio Tipo de medida Modulación
En caso de vulneraciones o Medidas de reparación integral no De acuerdo con los hechos
afectaciones relevantes a bienes o pecuniarias probados, la oportunidad y
derechos convencional y pertinencia de los mismos, se
constitucionalmente amparados. ordenará medidas reparatorias no
indemnizatorias a favor de la
víctima directa y de su núcleo
familiar más cercano.
INDEMNIZACIÓN EXCEPCIONAL EXCLUSIVA PARA LA VÍCTIMA DIRECTA
Criterio Cuantía Modulación
En caso de violaciones relevantes Hasta 100 SMLMV En casos excepcionales se
a bienes o derechos convencional indemnizará hasta el monto
y constitucionalmente amparados, señalado en este ítem, si fuere el
cuya reparación integral, a caso, siempre y cuando la
consideración del juez, no sea indemnización no hubiere sido
suficiente, pertinente, oportuna o reconocida con fundamento en el
posible con medidas de daño a la salud. Este quantum
reparación no pecuniarias. deberá motivarse por el juez y ser
proporcional a la intensidad del
daño y la naturaleza del bien o
derecho afectado.
16.3. En el presente caso, aun cuando este perjuicio se repara –por regla general–
a través de medidas no pecuniarias, por no involucrar el caso concreto una grave
violación de derechos humanos, pues la lesión a los bienes o derechos
constitucionales de la familia demandante fueron particulares y no involucraron la
comisión de delitos o delitos de lesa humanidad. Las medidas simbólicas, en este
caso, no se estiman pertinentes ni oportunas, porque, como se explicó, la lesión
no se enmarcó en una grave violación a derechos humanos. Además, la medida
pecuniaria es procedente, porque la familia demandante –conformada por Paula
Andrea Ospina Castillo, Elkin de Jesús Vargas y el menor Santiago Vargas Ospina
– son las víctimas directas de la lesión al bien constitucionalmente amparado.
En esta línea, conforme a las pruebas, la entidad demandada desconoció el
derecho constitucional a la propia imagen, a la intimidad personal y familiar y a la
17
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
libertad –derechos constitucionalmente amparados en los artículos 14 y 15 de la
CN y la jurisprudencia constitucional– pues, como se concluyó, usó y expuso –sin
consentimiento– una fotografía de los demandantes en varias campañas de la
entidad, es decir, hizo una divulgación no autorizada de imágenes que conciernen
a cada integrante de ese núcleo familiar y hubo una exposición de la imagen de
cada uno –uno de ellos, en ese momento, menor de edad–. Esta circunstancia,
entonces, constituyó una afectación relevante para la familia; es antijurídica,
porque desconoció bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento; no está
comprendida en otros perjuicios, porque, precisamente, es el único reconocido, y,
además, es oportuna, pertinente y proporcional al daño generado.
Así las cosas, como las pruebas que obran en el proceso acreditan la afectación
de bienes jurídicamente tutelados que amerita reparación pecuniaria, la Sala
confirmará lo reconocido en primera instancia, esto es, la suma de veinticinco
salarios mínimos legales mensuales vigentes (25 SMLMV) para cada uno de los
demandantes.
Costas
17. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de marzo de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
18
Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979)
Demandante: Paula Andrea Ospina Castillo y otros
Demandado: Municipio de Medellín
Acción: Reparación directa
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.