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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2024-00032-01

Amparados: la reparación de este tipo de daños se hace privilegiando medidas no pecuniarias, que pueden

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2024-00032-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por los motivos expuestos en esta providencia y, en su lugar, se dispone: “PRIMERO. - DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la NACIÓN- MINISTERIO DEL JUSTICIA y del DERECHO y de la RAMA JUDICIAL, por las razones expuestas con antelación. SEGUNDO. – DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO. – CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a tomar todas las medidas pertinentes para que, dentro del marco legal, subsane los defectos que conforme a esta providencia dieron lugar a la declaratoria de su responsabilidad por error jurisdiccional, contenido en la orden de archivo de la investigación penal adelantada por el homicidio del señor Mayorga Niño. SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia. No se fijan agencias en derecho. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2024-00032-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

REPARACIÓN DEL DAÑO A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
AMPARADOS- La reparación de este tipo de daños se hace privilegiando medidas no pecuniarias, que pueden
ser solicitadas por la parte o decretadas de oficio por el juez/ERROR JUDICIAL- Se materializa en una
providencia judicial contraria a derecho/ DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA- Tiene lugar en varios escenarios, entre ellos cuando hay retardo injustificado del proceso.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que resolvió:

“PRIMERO. - DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la NACIÓN- MINISTERIO DEL JUSTICIA y del DERECHO, de la RAMA
JUDICIAL, y de la FISCALÍA GENERAL D ELA NACION, por las
razones expuestas con antelación.
SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en esta providencia.
TERCERO. - Sin condena en costa, por lo expuesto.
CUARTO- NOTIFÍQUESE la presente sentencia a las partes de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 203 del CPACA”.

Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

SÍNTESIS DEL CASO

El extremo demandante alega haber sufrido daños materiales y morales por la
mora en la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación y
el error judicial contenido en la orden de archivo de la noticia criminal No.
196986000633201701099, por la cual se apertura la investigación por el homicidio
del señor José Marlon Mayorga Niño.

ANTECEDENTES

El 26 de enero de 2024, por medio de apoderado judicial, la señora Yolanda Díaz
Mogollón presentó demanda en contra de la Rama Judicial, el Ministerio de Justicia
y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación. No obstante, el texto de la
demanda inicial reproducía la solicitud de conciliación extraprocesal dirigida a la
Procuraduría General de la Nación, razón por la cual el Tribunal de primera
instancia inadmitió la demanda y solicitó que fuera subsanada, tanto por contener
pretensiones dirigidas a la conciliación extrajudicial como por no haber aportado
documentos que anunciaba en el acápite de pruebas1.

El 23 de abril de 2024, la demandante subsanó el libelo introductorio y corrigió las
pretensiones, así:

“PRIMERA: Que se declarare Administrativa y Extracontractualmente
responsable a la NACION, RAMA JUDICIAL; MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios
causados a la demandante(víctima), como consecuencia de la prestación
defectuosa y tardía que se le dio al trámite de la noticia criminal –(fase de
indagación, investigación instrucción, acceso una pronta justicia, el deber de
garantizar la vida honra y bienes de las personas residentes en Colombia.) por
parte de las demandadas a la noticia criminal que tuvo lugar en Santander de
Quilichao, y que condujo al Homicidio del Señor JOSE MARLON MAYORGA
NIÑO, quien fuera víctima del ataque con arma de fuego, ocurrido el día 17 de
mayo del año 2017, donde fue atendido inicialmente en el Hospital
Sanfrancisco de paula Santander, pero que por la gravedad de las heridas fuera
trasladado a la clínica valle de LILI, donde muere dos días después (19 de mayo
de 2019. )

1 SAMAI 4, de primera instancia.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

SEGUNDA: Que se Condene a la NACION, RAMA JUDICIAL; MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO; FISCALÍA GENERAL DE LA NACION Y
MINISTERIO DE JUSTICIA a pagar a la DEMANDANTE, el equivalente en
salarios mínimos legales, los daños y perjuicios que como consecuencia de la
DEFECTUOSA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
ocasionadas como consecuencia del irregular y defectuoso trámite del proceso
penal noticia criminal No. - 196986000633201701099. Llevado a cabo ante las
dependencias de la fiscalía general de la Nación (primera (1) tercera (3), quinta
(5) y sexta (6) de la unidad de Vida de Santander de Quilichao.

TERCERA: Se Condene a la NACION, RAMA JUDICIAL; MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO; FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar
a favor de la señora YOLANDA DIAS MOGOLLON, los perjuicios Materiales y
morales sufridos con ocasión de la defectuosa prestación del servicio judicial,
en el trámite procesal respecto de la indagación investigación e instrucción del
proceso penal que tenía como objeto esclarecer los hechos que dieron lugar a
la Muerte del compañero permanente de la demandante, señor JOSE MARLON
MAYORGA NIÑO q. e.p.d. conforme la liquidación y tasación de perjuicios
rendidos por el perito financiero Dr. EGAGAR BETANCUR. C.C.No.
-19.220.417, MAT. No. -18.507 CNPE”.

Como sustento de las pretensiones previamente transcritas, el demandante señaló
que, el día 17 de mayo del año 2017, el ciudadano José Marlon Mayorga Niño,
esposo de la señora Yolanda Díaz Mogollón, fue víctima de un ataque con arma
de fuego en el Municipio de Santander de Quilichao; posteriormente, fue remitido
al centro asistencial Fundación Valle de Lili de la Ciudad de Cali, donde falleció el
19 de mayo del 2017. Este hecho fue puesto en conocimiento de la policía de
Santander de Quilichao y se generó la noticia criminal No.
196986000633201701099. No obstante, en la ciudad de Cali, la policía judicial de
turno aperturó otra noticia criminal bajo el No.760016000193201718789,
originándose así dos noticias criminales sobre los mismos hechos.

Continuó indicando que, ante la demora injustificada por parte de la Fiscalía
General de la Nación para adelantar la investigación correspondiente sobre el
homicidio del señor José Marlon Mayorga Niño, la demandante interpuso acción
de tutela, con la cual buscaba que se ampararan sus derechos al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y al derecho de petición. El juzgador
de primera instancia de la tutela accedió a la protección de los prenotados

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

derechos, empero la coordinadora del grupo de Asignaciones Especiales de la
Fiscalía General de la Nación impugnó la decisión, por lo que la acción
constitucional fue objeto de análisis en segunda instancia, dentro de la cual el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal, señaló que no había
justificación en la desproporcional tardanza de la fiscalía del despacho de
conocimiento No. 6 en adelantar la investigación y tomar decisiones.

Con el anterior aserto, el juez de tutela en segunda instancia amplió el amparo con
respecto al que se había otorgado en primera instancia, para el efecto ordenó a la
fiscalía que en un término de 48 horas ejerciera las funciones de dirección,
coordinación de la investigación y de policía judicial y para que adoptara las
medidas pertinentes para hacer cumplir las órdenes que haya dictado y que a
futuro dictara en el marco del proceso penal No. 196986000633201701099.
Concediendo un plazo máximo de dos meses para formular imputación u ordenar
el archivo motivado de las diligencias.

Procedió el demandante a señalar que el ente investigador ordenó el archivo de
las investigaciones, puntualmente por la “imposibilidad de identificar el sujeto
activo de la conducta penal”.

Más adelante se aclaró que la noticia criminal No. 760016000193201718789,
aperturada con el deceso del señor José Marlon Mayorga Niño, se acumuló a la
primera noticia criminal, es decir, la identificada con el No.
196986000633201701099, el único radicado del presente caso.

Se relacionaron las entrevistas llevadas a cabo por el ente acusatorio con el objeto
de esclarecer los hechos objeto de la investigación, de las cuales se destaca la
entrevista practicada el 18 de mayo de 2017 a David Mayorga González, hijo de la
víctima, quien aseguró que al visitar a su padre, cuando éste se encontraba
hospitalizado, producto de las lesiones sufridas, aquel le había señalado como
posible responsable a “un contratista de la obra del Sena regional norte en
Santander, que se llamaba Luis Ararat, que esta persona lo había amenazado
frente a unas personas y que estaba seguro que él lo había mandado a matar”.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

El demandante, igualmente, relacionó otros medios probatorios, entre ellos la
inspección llevada a cabo el 13 de julio de 2017, en el apartamento 503, bloque ii,
del conjunto los naranjos de Jamundí, lugar donde residía la victima sin obtener
información para el esclarecimiento de los hechos. Resaltando que “respecto del
señor Luis Ararat, no se ha logrado obtener información que lo relacione
directamente con el homicidio del señor José Marlon Mayorga Niño y se sugiere
en el informe que se ordene una búsqueda selectiva en base datos con el abonado
celular 3214638134, que presuntamente pertenece al señor Luis Ararat”.

También se relacionó la entrevista del 21 de noviembre de 2017, rendida por Jenny
Esther Delgado Imbachi, quien fue compañera de trabajo de José Marlon Mayorga.
La señora Delgado Imbachi señaló que “José Marlon le había dejado una
instrucción muy clara, de que, si a él le pasaba algo, buscara en el celular el
nombre de la esposa –Yolanda- y le informara. igualmente, que, hasta el 30 de
junio del 2017, cuando terminó su contrato con el Sena en Santander de Quilichao,
en la obra aún se encontraban trabajando algunos hombres de Luis Ararat, son
ellos Carlos Alberto Ararat Charay, Jony Fernando Ararat Benítez, y que
posteriormente estos siguieron trabajando bajo el mando de otro contratista”.

Finalmente, el actor adujo que en la orden de archivo de las diligencias el ente
acusador había señalado que lo ocurrido entre la víctima y el señor Luis Ararat se
trataba de un contexto meramente circunstancial debido a la exaltación en las que
estas personas se encontraban en esa oportunidad y que ello no era suficiente ni
siquiera para haber aperturado una investigación en contra del señor Ararat,
argumento que, para el demandante, no era de recibo por cuanto el hecho de
continuar con la investigación era una competencia de su función, máxime cuando
sí existían móviles que pudieran llevar al ente investigador a formular una hipótesis
de lo que pudo haber ocurrido, conforme a los hechos que implicaban al señor Luis
Ararat y, además, era violatorio del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

Contestaciones de la demanda

Rama Judicial2

La entidad indicó que no se encontraban pruebas que evidenciaran que la parte
demandante acudió ante los servidores judiciales de la Rama Judicial, “en este
orden de ideas, resulta claro que la omisión que alega la parte convocante no
estuvo en conocimiento de la Rama Judicial, solo fue comunicada ante la Fiscalía
General de la Nación y la Unidad de Victimas, por lo cual se configura para la
entidad la falta de legitimación en la causa por pasiva”. En el mismo sentido señaló
que se había presentado una “ausencia de nexo causal”, puesto que “no se
profirieron actuaciones y decisiones de los Jueces dentro de la investigación penal
objeto de este litigio, no existe nexo de causalidad entre el daño antijurídico
alegado por la demandante y la actuación de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial”.

En vínculo con lo anterior, presentó las siguientes excepciones: (i) Inexistencia de
responsabilidad administrativa, (ii) inexistencia de perjuicios, (iii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, (iv) hecho exclusivo de un tercero, (v) ausencia
de nexo causal y (vi) la excepción innominada.

Fiscalía General de la Nación3

Esta entidad excepcionó la ausencia de falla en el servicio, “por estar probado que
las graves lesiones que ocasionaron la muerte del ciudadano fueron causadas por
terceros ajenos a la FGN”. Igualmente, excepcionó la Inexistencia del daño
antijurídico y la carencia de nexo causal, por cuanto, según indicó, la Fiscalía no
tiene dentro de sus funciones la de prestar protección y vigilancia a los civiles. Por
otra parte, adujo que dicho ente no se encontraba legitimado en la causa por
pasiva, excepción que sustenta en que “revisado el proceso penal no se advierte
que se haya instaurado ante la FGN., denuncia por amenazas o

2 SAMAI 14, primera instancia.

3SAMAI 15, expediente de primera instancia, 22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACION20240(.pdf) NroActua 15.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
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Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

desplazamiento forzado en contra de la víctima con anterioridad a los hechos
investigados (tentativa de homicidio-homicidio)”.

Finalmente, señaló que en el caso bajo estudio se había presentado el hecho de
un tercero, “pues de la denuncia recibida se tiene que delincuentes atacaron con
arma de fuego a la víctima que en vida se llamara José Marlon Mayorga Niño,
acciones totalmente ajenas a la entidad que represento”.

Ministerio de Justicia y del derecho: No contestó la demanda

Fundamentos de la sentencia de primera instancia

En sentencia del 27 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación- Ministerio de Justicia
y del Derecho, de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y negó
las pretensiones de la demanda, por las consideraciones que, a continuación, se
exponen:

En primer lugar, esta Sala advierte un error en la redacción de la parte resolutiva
de la sentencia, en cuyo numeral primero se declara la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación; no obstante, en la parte
considerativa de dicha providencia, el a quo indicó “teniendo en cuenta las pruebas
del proceso, hay lugar a la prosperidad de esta excepción tanto para la Rama
Judicial, como para el Ministerio de Justicia, pues se determina con meridiana
claridad que estas no intervinieron en la etapa de investigación penal y que quien
ejerció la acción punitiva para determinar si los hechos revestían las características
de delito en la etapa de indagación fue la Fiscalía General de la Nación”.

De manera que, a partir de las primeras consideraciones de la sentencia se excluyó
el estudio de la responsabilidad del Ministerio de Justicia y de la Rama Judicial,
ocupándose de establecer el juicio de responsabilidad únicamente frente a la
Fiscalía General de la Nación.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

En este orden, el Tribunal de primera instancia consideró que no se había
demostrado que el archivo de la indagación preliminar hubiera causado un
perjuicio a la demandante, toda vez que no obraban pruebas que determinaran la
congoja o sufrimiento por dicho suceso, ya que no solicitó ninguna prueba que
demostrara dicha afectación, por lo que no se podía predicar que el daño fuera
resarcible, “puesto que no se probó su cuantificación y como consecuencia de ello,
no puede ser indemnizado, por lo tanto, no se probó la antijuridicidad del daño”.

Más adelante indicó que la parte demandante había incumplido con la carga de la
prueba, ya que “no demostró que el archivo de la indagación preliminar le causara
un daño, ni mucho menos que este debe ser indemnizado”.

Por otra parte, indicó que, “si en gracia de discusión se tuviera probado el daño
como consecuencia de la vulneración a derechos fundamentales a conocer la
verdad, justicia y reparación dentro de la investigación penal”, lo cierto es que no
había probado que el archivo de la indagación preliminar hubiera constituido un
anormal funcionamiento del ente acusador.

Recurso de apelación4

La parte activa censuró, en primer lugar, que el a quo no hubiera tenido en
consideración que la duplicidad de noticias criminales había impedido reconstruir
los hechos de forma coherente, “lo que obstruyó el esclarecimiento de lo
verdaderamente ocurrido, afectando el derecho a la justicia”, añadió que esta
duplicidad procesal había generado un retardo injustificado el cual “condujo al
archivo e impunidad del caso” y a la vulneración al “derecho al debido proceso del
imputado o de las víctimas”.

En segundo lugar, adujo que el Tribunal se había equivocado al afirmar que el
señor Marlon Mayorga Niño había muerto en el sector de la variante, parque
industrial “El Paraíso”, así como tampoco era cierto que el ente acusador hubiera
realizado la inspección técnica al cadáver en dicho lugar.

4 SAMAI, índice 15 del expediente digital del Tribunal.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

El tercer cargo de la censura consistió en que el a quo no tuvo en cuenta que la
decisión de la Fiscalía 6 seccional de Santander de Quilichao de archivar la
indagación preliminar, se había amparado en hechos que no se compadecían con
la realidad, esto es en “la imposibilidad de identificar al sujeto activo de la conducta
punible (…) al no existir testigos presenciales de los hechos y que con los
elementos probatorios y entrevistas realizadas no se haya podido identificar al
autor del homicidio, ni los móviles de los hechos acaecidos el 17 de mayo del
2017”, por cuanto “existían indicios relevantes dentro de la investigación penal,
como fue el altercado previo y las amenazas de muerte por parte de un contratista
vinculado a la obra pública de alto valor económico que se desarrollaba en este
lugar y de la cual el ordenador del gasto era el arquitecto asesinado, como el
testimonio de este en su lecho de muerte sobre la persona que le causo el daño.
Elementos que el Tribunal Administrativo del cauca no tuvo en cuenta siendo estos
esenciales que, aunque no probaban inicialmente la autoría directa del homicidio,
si orientaban una línea investigativa hacia un posible móvil”.

Agregó que el archivo de la investigación penal había implicado que “no se
investiga de forma integral y se archiva el proceso sin agotar hipótesis ni valorar
pruebas relevantes, violando a mi poderdante el debido proceso y el derecho al
acceso a la justicia”.

En cuarto lugar, reprochó que el Tribunal hubiera pasado por alto que la Fiscalía
General de la Nación sometió a la señora Yolanda Díaz a un hecho revictimizante
“al ordenarle través de sus agentes que extrajera los proyectiles que quedaron
incrustados en vehículo en el que se desplazaba su esposo al momento del ataque
mortal. Lo que sin lugar a dudas viola el deber legal o protocolos técnicos que debe
acatar el ente investigador”.

Finalmente, reprochó que el a quo no hubiera encontrado probados los daños
materiales y morales, pues afirmó haber allegado un dictamen pericial de carácter
financiero donde se expresaban los montos de los perjuicios deprecados.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

Trámite de segunda instancia

El 22 de septiembre de 2025, el a quo concedió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante5 y el 12 de diciembre de 2025, el Despacho lo admitió6.

El 22 de enero de 2026, el Ministerio Público rindió concepto, por medio del cual
concluyó que la sentencia de primera instancia debía confirmarse, por cuanto no
se probó que la Fiscalía hubiera incurrido en error judicial ni en defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, pues consideraba que la
investigación penal y la orden de archivo se habían efectuado conforme a derecho7.

El 28 de enero de 2026, el proceso ingresó al Despacho para fallo8.

CONSIDERACIONES

1. Habida consideración que la demanda se presentó el 26 de enero de 2024, el
régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –en adelante CPACA–, que empezó a regir desde el 2
de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los
aspectos no regulados se seguirá el Código General del Proceso, en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

5 SAMAI, índice 39 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 5.
7 SAMAI, índice 11.

8 SAMAI, índice 12.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

2. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como guardián del orden
jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño
cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104
del CPACA, jurisdicción que se reafirma en este caso por cuanto el extremo pasivo
está integrado por la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho, la Rama Judicial
y la Fiscalía General de la Nación.

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del
presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor, que se
encuentra expresada en el peritaje elaborado por el señor Edgar Betancourt, la
cual corresponde al lucro cesante futuro, supera los 1000 SMLMV exigidos por el
artículo 152.6 del CPACA9, con la modificación introducida por el artículo 28 de la
Ley 2080 de 2021.

2. Acción procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo que se aduce ilegal10,
en este caso es el mecanismo procedente, puesto que se aduce que el origen del
daño se produjo como consecuencia de hechos y acciones imputables a las
entidades demandadas.

9 La pretensión mayor asciende a $1.695.225.310.
10 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos, cuando no se encuentra en controversia su legalidad. Cfr.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos
jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.

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Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
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Proceso: Reparación Directa

3. Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en ejercicio del medio de control de
reparación directa, según el artículo 164 numeral 2), literal i) del CPACA,
corresponde a dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior.

En el caso concreto, el demandante edificó su demanda en el daño sufrido como
consecuencia de la prestación defectuosa y tardía que se le dio al trámite de la
noticia criminal, en sus fases de indagación, investigación e instrucción,
culminando con una orden de archivo que, según adujo, no contaba con un soporte
adecuado.

Así entonces, el término de caducidad se contará desde el momento en que se
notificó la orden de archivo. Así, se evidencia que el 27 de octubre de 2021 11, se
envió correo electrónico a la demandante con el fin de notificarla sobre la decisión
de archivo, forma de notificación permitida por el artículo 169 de la Ley 906 de
2004. Ahora bien, conforme a lo dicho por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia “la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva
comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos”12, por lo que se
entiende que esta notificación es personal.

Por su parte, el Decreto 806 de 2020, vigente para el momento de los hechos,
consagró en su artículo 8 lo relativo a las notificaciones personales, del cual se
resalta el siguiente aparte “La notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. De manera que,
la decisión de archivo quedó notificada el 29 de octubre de 2021; así, el
demandante podía presentar la demanda hasta el 30 de octubre de 202313. No

11 SAMAI, índice 3 de primera instancia, página 14 del PDF de anexos de la demanda.

12 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 10 de octubre de 2017, M.P. José Francisco Acuña

Vizcaya, radicado T 94397.
13 Por ser el día hábil siguiente.

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Proceso: Reparación Directa

obstante, debe tenerse en cuenta que el 27 de octubre de 2023 se solicitó la
audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 39 II para Asuntos
Administrativos y esta se llevó a cabo el 22 de enero de 2024, declarándose fallido
dicho intento conciliatorio14, por lo que se llevó a cabo el efecto suspensivo de la
caducidad consagrado en el artículo 96 de la Ley 2220 de 2022.

Así entonces, teniendo en cuenta que el 27 de octubre de 2023, con la
presentación de la solicitud de conciliación, se suspendió el conteo de la
caducidad, fecha en la cual contaba con cuatro días para presentar la demanda,
por ello, una vez este término se reanudó, es decir, el 22 de enero de 2024, la
oportunidad para radicar la demanda, se vencían el 25 de enero de 2024. De modo
que, el medio de control fue incoado en oportunidad, como quiera que, aunque el
acta de reparto tiene fecha del 26 de enero de 2024, la demanda fue enviada a la
secretaria del Tribunal Administrativo del Cauca el 23 de enero de 2024, es decir,
dentro de la oportunidad procesal.

4. Legitimación en la causa

5. En relación con este presupuesto debe tenerse en cuenta que la
legitimación “es la aptitud de ser parte en un proceso concreto. La legitimación
presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un
proceso, sino únicamente las que se encuentran en determinada relación con la
pretensión”15.

Por activa

6. La señora Yolanda Díaz Mogollón se encuentra legitimada en la causa por
activa al ser la compañera permanente del señor José Marlon Mayorga Niño 16,
quien fue víctima de homicidio, cuyo delito era investigado por la Fiscalía General

14 SAMAI, índice de primera instancia, archivo
6_ALDESPACHOPORREPARTO_006SOLICITUDCONCILIA(.pdf) NroActua 3.
15 González Pérez, Jesús, “Derecho Procesal Administrativo hispanoamericano”, Temis, Bogotá,

1985, p. 115.
16 Tal como consta en la decisión proferida por el Juzgado 19 de Familia de Bogotá, el 21 de febrero

de 2019. SAMAI, índice 3, archivo
4_ALDESPACHOPORREPARTO_004ANEXOSDEMANDA(.pdf) NroActua 3, página 71 del PDF.

13

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de la Nación, trámite del cual surge la génesis de esta demanda de reparación
directa.

Por pasiva

7. La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
por tratarse del ente investigador del homicidio del señor José Marlon Mayorga
Niño, de cuyo trámite, tal como se advirtió, surge el daño deprecado.

8. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial no se
encuentran legitimados en la causa por pasiva, por cuanto en la demanda no se
dirigió ningún reproche en contra de estas entidades. Tal como lo consideró el
Tribunal de primera instancia.

5. Problema jurídico

9. Corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía General de la Nación es
responsable patrimonialmente por el daño sufrido por la demandante, por cuenta
del supuesto error judicial presente en la orden de archivo de la investigación penal
así como por el posible defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
en aquella.

6. Análisis de la Sala

6.1. El daño: primer presupuesto de la responsabilidad del Estado

10. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este
postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial
del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando
debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese
orden y para satisfacer la finalidad primaria de la

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responsabilidad patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es
la configuración de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse
en el estudio de los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no
habrá objeto para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación
de antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

11. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 17 18 es el primer elemento que
debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-
, sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este
sentido la doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos
y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y
cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño
o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de
llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral
de la conducta del autor resultará necio e inútil”19.

12. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto20, es decir, que su

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023,
Expediente 61.340.
18 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los

intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar-
se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile
extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad
de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva
“La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho
administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
19 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por

Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.

13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.

15

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existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación21. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

13. Así entonces, en el caso concreto se evidencia que la demandante presentó
dos pretensiones de condena, la segunda y la tercera; no obstante, la segunda no
presenta ni estima ningún monto ni incorpora alguna forma de determinarlo, como
tampoco formula concretamente la naturaleza de los daños y perjuicios a los que
se refiere, infringiendo con ello la exigencia de presentar lo que se pretenda ‘con
precisión y claridad’, como lo dispone el numeral 2 del artículo 162 del CPACA; sin
embargo, aquello no es suficiente para desestimar la prenotada súplica, por lo cual
compete a esta Sala dilucidar el alcance y contenido de esta.

Para el efecto, resulta menester acudir a la facultad oficiosa del juez para
interpretar la demanda, desentrañar la verdadera intención del extremo activo, en
desarrollo de lo cual corresponde encauzarlas en atención a los hechos y
aspiraciones que le sirven de fundamento. Este ejercicio halla su razón de ser en
la necesidad de que el operador judicial esclarezca lo materialmente pretendido y
determine el camino procesal idóneo para definir el conflicto. Al respecto, la Corte
Suprema de Justicia ha señalado:

“[Al] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de
desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular
sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la cusa petendi, buscando
siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico
sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos”22.

Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
21 Henao Perez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio

1998, P. 88 y 104
22
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019,
expediente SL 960-2019, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.

16

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Por su parte, en el numeral 5 del artículo 42 del C.G.P., se consagró que le
concierne el juez “[a]doptar las medidas (…) para (…) interpretar la demanda de
manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar
el derecho de contradicción y el principio de congruencia”.

De manera que, con soporte en lo expresado por el demandante en el sustento
fáctico y jurídico del libelo introductorio, reiterado en el recurso de apelación, la
Sala evidencia que la parte actora manifiesta haber sufrido una lesión a sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, apreciación que puede vincularse con la pretensión segunda, en la que se
deprecó el reconocimiento de los ‘daños y perjuicios’, expresión cuya lectura en
conjunto con la pretensión tercera, indica con claridad que son daños y perjuicios
distintos a los materiales y a los morales, los cuales si fueron expresados con esa
claridad en esta última pretensión.

De modo que, una interpretación armonizada de las súplicas implica dilucidar el
efecto que la parte activa quiso otorgarle a cada una de ellas. No evidenciar la
diferencia entre la segunda y la tercera pretensión conllevaría a restarle dicho
efecto a alguna de estas. En tal virtud, encuentra la Sala que, fruto de la
interpretación integral de la demanda, tanto de su petitum, como de su sustento
fáctico y jurídico, el alcance de la pretensión segunda es solicitar el reconocimiento
de daños y perjuicios distintos a los materiales y a los morales, por lo que, en
últimas, se pretende el reconocimiento de los demás daños inmateriales que se
hallen demostrados, de los cuales hacen parte los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, como bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, por lo tanto, el reconocimiento de
este daño se entiende deprecado en la segunda súplica.

Ahora bien, en relación con la pretensión tercera se observa que, aunque tampoco
incluye un monto de condena, sí señala una forma de determinar los perjuicios
resultantes del supuesto daño material que sufrió la demandante, conforme a los
valores expresados en el peritaje elaborado por el señor Edgar Betancourt.

17

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No obstante, advierte la Subsección que dicho peritaje se ocupó de analizar los
daños materiales e inmateriales sufridos por la demandante como consecuencia
de la muerte de su esposo, el señor Mayorga Díaz, hecho dañoso que no es objeto
de este litigio, pues, resulta evidente que el mencionado homicidio y sus
consecuencias dañosas no son imputables a ninguna parte del extremo pasivo.

De manera que, la Sala no encontró ningún soporte que sirva de base para
acreditar el daño material ni moral, acaecido como resultado del supuesto error
judicial o del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues
sobre este último- daño moral- tampoco se aportó prueba alguna.

14. Ahora bien, lo anterior no implica que no sea pertinente continuar con el
juicio de responsabilidad, puesto que, tal como se abordó previamente, en el caso
concreto el daño deprecado también se fundamenta en la lesión a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados, puntualmente el
derecho constitucional al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
razón por la cual resulta indispensable recordar los elementos esenciales de esta
categoría autónoma de daño inmaterial, especificados por esta Corporación en la
Sentencia de Unificación proferida el 28 de agosto 2014, a saber:

“En esta oportunidad la Sala, para efectos de unificación de la jurisprudencia
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisa: El daño a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las
siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la
vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas
diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o
derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva
categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen
un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos
constitucionales y convencionales.
iii) Es un daño autónomo (…)
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva (…).

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos: i) El objetivo
de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima

18

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en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada
a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y
convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que
desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la
víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a
disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que
estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la
vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y
convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la
igualdad sustancial. ii) La reparación del daño es dispositiva (…) si bien las
medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición
de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca
acreditada su existencia (…) (iv) Es un daño que se repara
principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario”23 (Se
resalta).

15. Ahora bien, resulta esencial tener en consideración que cuando una
actuación ha comportado una defectuosa administración de justicia o una decisión
ha sido proferida con error, entonces el daño queda probado con ello y debe ser
indemnizado, como quiera que la víctima, que ha visto vulnerados sus derechos
no debía soportar tal afectación, por ser producto de dichos defectos. Así lo ha
expresado el Consejo de Estado, a saber:

“Como se observa a simple vista, para el análisis del daño en el presente
caso, no es suficiente la constatación probatoria de que se haya producido
la mencionada decisión judicial adversa al demandante; sin duda alguna,
cuando se traba una litis judicial, ello significa que habrá unos vencedores y
unos vencidos, y a estos últimos, por esa calidad, no se les produce
necesariamente un daño con la connotación de resarcible. De esta manera,
puede decirse, que la parte vencida en un proceso judicial está en el
deber legal de soportar ese daño, a menos que la decisión o decisiones
que la ponen en tal situación, se hayan proferido contraviniendo el
ordenamiento jurídico y/o de manera específica con violación abierta
de sus derechos, es decir con “error”.

Como se observa, en la hipótesis del error judicial, el análisis sobre la
antijuridicidad del daño adquiere una significativa relevancia, ya que no
basta la simple constatación de una decisión judicial adversa al demandante,
sino que se hace necesario revisar, con ocasión del examen de este primer
elemento (el daño), el contenido de la decisión, para efectos de verificar la
ocurrencia o no del “error” que se erige entonces, como

23 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús
Pazos Guerrero. Radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).

19

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presupuesto necesario de la antijuridicidad del daño, para solo en caso de
que ello se constate, pasar a estudiar lo atinente a la imputación del mismo
y la consecuente responsabilidad”24.

En sentencia más reciente, esta Subsección indicó:

“De acuerdo con los hechos probados, la oportunidad y pertinencia de los
mismos, se ordenará medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la
víctima directa y de su núcleo familiar más cercano”25.

16. Con el anterior aserto, procederá la Sala a analizar si procede declarar el
error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

6.2. Responsabilidad del Estado por error judicial

17. En desarrollo del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 65 de la
Ley 270 de 1996 estableció expresamente la responsabilidad del Estado por las
acciones u omisiones de los agentes judiciales, al siguiente tenor:

“Artículo 65: El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y
por la privación injusta de la libertad” (Se resalta)

Por su parte, el artículo 66 de la ley en cita se refirió al error judicial o jurisdiccional
como “…aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en
su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley” (Se resalta)

18. En relación con el error jurisdiccional, la jurisprudencia de esta Corporación
ha indicado:

“(…) esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros emanados
de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente
de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que se
materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual
se interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho

24 Consejo de Estado, Sentencia del 26 de marzo de 2014, M.P. Enrique Gil Botero, radicado

13001-2331-000-1997-127-10-01 (30.300).
25 Consejo de Estado, Sentencia del 13 de marzo de 2024, M.P. William Barrera Muñoz.

Radicación: 05001-23-31-000-2011-00629-01 (59979).

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subjetivo y que causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues
de haberse dictado conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera
sido adecuado y no habría causado la afectación patrimonial que se
pretende resarcir en el juicio de responsabilidad”26 (Se resalta)

Así mismo, se ha encargado de precisar las condiciones para estructurar el error
jurisdiccional, a saber:

“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error
jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se
encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte
equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no
resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además,
podría superarse con la intervención del superior funcional. Al margen del
asunto sometido a estudio de la Sala, debe recordarse que esta condición
fue claramente impuesta por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección,
el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero,
supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque
i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como
fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la
realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas
conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque
la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se
demostró que era falso). El error normativo o de derecho, supone
equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso
concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o
indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas
inexistentes o derogadas u otros similares.

c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga
la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación
jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se
mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen
interpretaciones válidas de los hechos o derechos.

d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial
en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española:

“el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad
jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución –auténtica
declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de
consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha
de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la
solución únicamente querida por el legislador”27.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28

de febrero de 2022. Exp: 57011.
27 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, M.P. Alier Eduardo Hernández,

expediente: 14837.

21

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Por otra parte, también se ha dicho:

“Así, las hipótesis de un error derivado de la actividad probatoria, pueden
aparecer cuando el juez al momento de extraer las conclusiones contenidas
en determinada prueba (función cognoscitiva de la prueba), se desvincula
de las reglas de la sana crítica y, a cambio, deriva premisas contraevidentes,
incorrectas y arbitrarias, propias de un juicio caprichoso. Es decir, cuando
elabora una argumentación para hacer pasar por evidente lo
contraevidente, ya que perfectamente “una prueba falsa puede ser
persuasiva, como también puede serlo una argumentación radicalmente
viciada desde el punto de vista lógico”28.

19. Habiendo dejado en claro que el error judicial tiene como presupuesto la
existencia de una providencia judicial, resulta necesario indicar que la orden de
archivo del proceso penal identificado con noticia criminal No.
196986000633201701099, proferida el 27 de octubre de 2021, reviste la
naturaleza de providencia judicial, conforme al numeral 3 del artículo 161 del
Código de Procedimiento Penal. En este sentido, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, ha señalado:

“La decisión de archivo de las diligencias, independientemente de la forma
que adopte, se encuentra clasificada como una orden, una de las clases de
providencias judicial”29.

20. Siguiendo lo mencionado en precedencia, la Subsección entrará a analizar
si la prenotada orden de archivo contiene el error por el cual se enjuicia. Para el
efecto, se pone de presente que el demandante fundó el error judicial, del cual
supuestamente adolece la orden de archivo, en que el sustento de dicha decisión
fue “la imposibilidad de identificar al sujeto activo de la conducta punible”, sin
considerar que “existían indicios relevantes dentro de la investigación penal, como
fue el altercado previo y las amenazas de muerte por parte de un contratista
vinculado a la obra pública de alto valor económico que se desarrollaba en este
lugar y de la cual el ordenador del gasto era el arquitecto

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia de 2 de junio de 2021, expediente 49049, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
29 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 10 de octubre de 2017, M.P. José Francisco Acuña

Vizcaya, radicado T 94397.

22

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asesinado, como el testimonio de este en su lecho de muerte sobre la persona que
le causo el daño”.

21. En razón de lo anterior, esta Subsección entrará a analizar varios
fragmentos de la orden de archivo.

En primer lugar, se encuentra probado que la orden de archivo se dio en razón a
la imposibilidad de identificar al autor del delito. En los siguientes términos se
expresó:

“5.1.1. Cuando luego de adelantadas las averiguaciones, resulta imposible
encontrar o establecer el sujeto activo de la acción; cualquier discusión que
desborde los anteriores parámetros como por ejemplo las que se refieren a
la calidad del sujeto activo, del punible, impide que las diligencias puedan
ser archivadas por parte de la fiscalía.

En virtud de lo anterior la fiscalía general de la nación, ordena con
fundamento en el artículo 79 del C.P.P., archivar las diligencias, sin querer
significar que ésta no pueda reanudarse de surgir nuevos elementos
materiales de prueba que desvirtúen los motivos de la determinación”.

Decisión que fue sustentada en lo siguiente:

• Entrevista practicada el 18 de mayo de 2017 a David Andrés Mayorga
González, hijo de José Marlon Mayorga Niño. Sobre esta diligencia, en la orden de
archivo se resaltó:

“Refirió que su padre residía en Jamundí, que en los últimos meses no tenía
una relación cercana a él, por temas familiares, se entera del atentado contra
su padre por llamada que le hiciera su hermana María Paula Mayorga quien
reside en Barcelona, por lo que se desplazó desde la ciudad de Bogotá hasta
la ciudad de Cali, una vez en la clínica Valle del Lili, pudo entrevistarse con su
padre, refiere que estaba consciente y le relató que "cuando iba llegando a su
trabajo, lo cerró una moto, se le puso de frente a su vehículo y abrieron fuego
contra él y se puso los brazos como para protegerse y recibió dos impactos
en el brazo y dos en el abdomen", que le preguntó si recordaba sobre quien
le había disparado, pero no le respondió nada, luego le preguntó si había
tenido alguien problema con alguien en Cali, y le dijo que había tenido un
problema con un contratista de la obra del Sena regional norte en
Santander, que se llama Luis Ararat, que esta persona lo había
amenzado frente a unas personas y que estaba seguro que él lo había
mandado a matar” (se resalta)

23

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• Entrevista practicada el 7 de julio de 2017 a la señora Jenny Esther Delgado
Imbachí, quien era compañera de trabajo del señor José Marlon Mayorga Niño.
Sobre esta diligencia, en la orden de archivo se indicó:

“En lo pertinente refiere que entre el 6 de febrero y 15 de febrero de 2017,
presenció una discusión que el señor Mayorga tuvo con el señor Luis
Alberto Ararat, quien era subcontratista de mano de obra del campamento
provisional, quien trabajaba con cuatro (4) trabajadores más, al parecer
familiares del subcontratista, las funciones de Ararat era hacer las
actividades preliminares de la obra como son campamento, letrinas ,
limpieza del lote, tala de árboles, vinculado mediante contrato civil de obra
no. farallones 013-2016 por valor de dieciocho millones setecientos treinta y
dos mil trescientos noventa y seis punto setenta y siete ($18.732.396.77),
que el arquitecto Mayorga le solicitó al señor Luis Ararat sobre la demora en
la hecha de una mesa y una repisa en madera, motivo por el cual Luis Ararat
se enoja y comienza a contestarle aireadamente, diciéndole que lo hiciera
él, el arquitecto se altera y le dice que si no es capaz de hacerlo que la
puerta está abierta y que no quiere gente que no sea capaz de hacer una
mesa y una repisa, que ya llevaba muchos días diciéndole eso, que ambos
estaban alterados y salidos de tono, que utilizaron lenguaje soez, por lo que
Luis Ararat va hasta el sitio donde guardaba la herramienta y aparece luego
con una peinilla y le dice "que si es tan hombre salga y se maten allá fuera",
y que el arquitecto más alterado le dice "que se largue que ya no lo quiere
volver a ver", indica que se encontraba frente a Marlon y le dice que se retire
a su oficina, que trata de calmarse, da media vuelta para retirarse, mientras
Ararat lo sigue con el machete con intenciones de pegarle y Ararat le
dice "que eso no se va a quedar así, usted a mí no me conoce", Ararat
recoge toda su herramienta y se marcha, siendo la última vez que lo vio en
la obra, refiere que el vigilante de turno estuvo pendiente de lo que pudiera
suceder” (se resalta).

La misma persona rindió una nueva entrevista el 21 de noviembre de 2017, de la
cual se resalta:

“Refiere que días después del homicidio, al secretaria de la obra de nombre
Nadia, le comentó que José Marlon le había dejado una instrucción muy
clara, de que si a él le pasaba algo, buscara en el celular el nombre de la
esposa- Yolanda- y le informara. Igualmente se adjuntan al informe los
contratos- ya obrantes- de Luis Ararat con el Consorcio Farallones”.

• El 13 de julio de 2017, se llevó a cabo una inspección judicial en el lugar de
residencia del señor Mayorga Niño, de la cual se resaltan las ‘labores de
vecindario’, así:

“Se realizan labores de vecindario en el sitio de los hechos, estableciendo

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que no existen residencias cercanas, y tampoco se encuentran en el sitio y
sus alrededores cámaras de vigilancia, que hubiesen registrado imágenes
relativas a los hechos. Respecto del señor Luis Ararat, no se ha logrado
obtener información que lo relacione directamente con el homicidio del señor
José Marlon Mayorga Niño y se sugiere en el informe se ordene una
búsqueda selectiva en bases de datos, con el abonado celular 3214638134”.

• Con relación a los datos recaudados sobre la posible autoría del señor Luis
Ararat, se mencionó:

“…debemos retomar el evento que se presentara meses atrás, relacionado
con lo sucedido entre José Marlon Mayorga y Luis Ararat; partiendo de la
manifestación que se dice, realizó la víctima a su hijo David Mayorga,
estando herido pero aún consiente, al referirle que recibió amenazas de Luis
Ararat, son estas mismas manifestaciones las que menciona la señora
Yolanda Díaz mogollón y que éstas le fueron trasmitidas por una compañera
de trabajo de la víctima, estas afirmaciones las presenció Jenny Esther
Delgado Imbachí, ingeniera y compañera de obra, y así lo narró al señalar
que estaba presente en la discusión y enfrentamiento que para los días del
mes de febrero de 2017, se presentó entre el arquitecto José Marlon
Mayorga Niño y Luis Ararat, donde después de agredirse verbalmente de
manera mutua, éste último lo amenazara y le dijera "que eso no se va a
quedar así, usted a mí no me conoce". agregando que también estaban
presentes en la discusión, la arquitecta Marly Yepes, a quien no se logró
ubicar, y el interventor de obra Juan Pablo Botello, quien al respecto indicó
desconocer sobre los hechos (homicidio) y de amenazas del arquitecto, ya
que su relación con él no era cercana. Los demás entrevistados,
compañeros de trabajo, coinciden en manifestar sobre el desconocimiento
de amenazas y más aún del atentado sicarial que segó la vida de José
Marlon Mayorga Niño.

Este evento, es decir lo ocurrido entre la víctima y Luis Ararat, se
analiza como un contexto meramente circunstancial debido a la
exaltación en la que estas personas se encontraban en esa
oportunidad, es decir una cuestión de momento, entendida como una
reacción natural de acción y reacción, y ello no es suficiente, ni siquiera
para haber aperturado una investigación en contra del señor Luis
Ararat, también se pudo constatar que por ese hecho la víctima no
acudió ante la autoridad competente para denunciar las amenazas”
(Se resalta).

22. Así entonces, conforme a los extractos de la orden de archivo, la Subsección
advierte que esta se desvincula de las reglas de la sana crítica. En efecto, en
aquella orden se observan premisas contraevidentes, incorrectas y

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arbitrarias. Lo anterior, por cuanto el señor Mayorga Niño, antes de fallecer,
identificó al señor Luis Ararat como posible autor de las lesiones que había sufrido,
situación que quedó plasmada en la declaración que rindió su hijo.

Igualmente, su compañera de trabajo, la señora Jenny Esther Delgado Imbachí,
testificó sobre una discusión surgida entre la víctima mortal y el señor Luis Ararat,
donde éste último intimidó al primero con un arma blanca- machete- y,
posteriormente, dirigió palabras intimidantes y amenazantes contra el señor
Mayorga Niño, quien, luego de dicho incidente, temía la ocurrencia de alguna
situación que pudiera poner en peligro su integridad física, tal como lo señaló la
señora Delgado Imbachí en su relato.

Por lo que, ya en ese punto de la investigación, la Fiscalía contaba con un indicio
de la autoría del homicidio, el cual no se desdibujó por el hecho no haber
encontrado información que vinculara a Luis Ararat con este delito en la inspección
que se realizó en el lugar de la residencia de la víctima mortal.

Tampoco se descarta su autoría por el hecho de que el señor Mayorga Niño no
hubiera intentado ninguna acción en contra del señor Luis Ararat, pues un hecho
en este sentido solo hubiera contribuido a que el indicio en contra de éste último
cobrara mayor solidez, más no a descartarlo.

Razón por la cual, no es posible considerar que el evento ocurrido entre la víctima
y Luis Ararat solo constituyera “un contexto meramente circunstancial debido a la
exaltación en la que estas personas se encontraban en esa oportunidad, es decir
una cuestión de momento”, conclusión a la que solo debió llegarse una vez
adelantada una investigación más profunda, vinculando al señor Ararat, puesto
que, si bien, el indicio no era suficiente como para aperturar una investigación en
su contra, esto no era óbice para llamarlo a que rindiera una declaración en el
marco de una indagatoria preliminar.

23. Así entonces, la Sala encuentra acreditado el error judicial contenido en la
orden de archivo de la investigación penal por el homicidio del señor Mayorga Niño,
razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia.

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6.3. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por retardo
injustificado del proceso

24. Desde antes de la Constitución de 1991 la jurisprudencia admitió la
responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio de la administración
de justicia, como una categoría diferente del error judicial.30 Posteriormente, la
Sala mantuvo este criterio al estudiar fallas de la administración de justicia no
contenidas en decisiones judiciales, sino en actuaciones encaminadas a adelantar
los procesos o la ejecución de providencias judiciales31.

La Ley 270 de 1996 hizo suyo ese criterio jurisprudencial en su artículo 69 al
disponer que, si el daño no se origina en los casos de error judicial o privación
injusta de la libertad, el título aplicable es el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Este título se contrae, entonces, a aquellas actuaciones
que se producen con ocasión de la actividad de administrar justicia pero que no
comportan la función de interpretación o aplicación del derecho. Al respecto, ha
dicho la jurisprudencia:

(…) El régimen jurídico de responsabilidad invocado en la demanda es el
de falla del servicio, por defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia y error judicial. Para la época de ocurrencia de los hechos, esto es,
el momento en el cual se desarrolló la investigación penal y se profirieron
las decisiones que se señalan como constitutivas de dichas fallas estaba
vigente la ley 270 de 1996, que desarrolló, en relación con la actuación
judicial, el artículo 90 de la Constitución Política que prevé la
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos
causados por las autoridades públicas.

Cabe destacar que la consagración constitucional de la responsabilidad del
Estado por todos los daños que le sean imputables, sin importar cuál sea
la fuente del daño, y la interpretación amplia de las normas que prevén la
responsabilidad del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
derechos de las personas y en el correlativo deber

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio 1966, Rad. 1966-N1808

31 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 3 de junio de 1993, Rad.7859.

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del Estado de reparar los daños que se produzcan como consecuencia de
su acción y omisión, cualquiera que fuere la autoridad que los cause (…)

En relación con la actividad jurisdiccional, la jurisprudencia distinguió,
desde aquella época, la actividad propiamente judicial y las actuaciones
administrativas de la jurisdicción. En relación con las segundas admitió la
responsabilidad por los daños que se causara en desarrollo de la misma,
bajo el régimen de falla del servicio. Sin embargo, tratándose de la
actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir
responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se
produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los
ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a
preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica;
de manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal
para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de
Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que éste hubiera actuado con
error inexcusable.

La Constitución de 1991 al consagrar la responsabilidad del Estado por “los
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas”, previó una fórmula general de
responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había
lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u
omisión de la Administración de Justicia.

En vigencia de la Constitución 1991 se mantuvo la diferencia entre la
actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por
medio de las cuales se declarara o hiciera efectiva el derecho subjetivo o
no, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia se siguió predicando de las demás actuaciones
judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las
providencias judiciales, sin que hicieran parte de ellas las de interpretar y
aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están comprendidas todas las
acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la
función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino
también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los
empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales…”32. Así, se
declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de
la Administración de Justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas,
o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados al
depositario, o que no eran de propiedad del demandado33.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 15

de octubre de 2008, exp. 16.826, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, rad. 16826

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Sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como evento
de responsabilidad dentro del ejercicio de la función judicial, el Consejo de Estado
en la sentencia del 11 de agosto de 2010 señaló:

“(…) Ahora bien, se observa que, como parte de las actividades propias de
la Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los
cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse
en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en
providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples
trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y
jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el
legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la
Administración de Justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en
día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, correspondientes a
la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia.

En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida
privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que
atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial
adelantada en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la
diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere
tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien
inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del
cual se dio publicidad a la futura diligencia.

Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión
alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una
actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial,
que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia que se enmarca dentro de
la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse
probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si
además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere
causado34.

25. En esa línea, como se trata de un régimen de responsabilidad subjetivo,
debe acreditarse que el daño es producto de una falla del servicio, esto es, de una
actuación irregular derivada del funcionamiento anormal del aparato judicial, en
este caso, por mora judicial. Frente a este evento de defectuoso

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 11

de agosto de 2010, exp. 17.301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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funcionamiento de la administración de justicia, la Sala tiene determinado que el
simple retardo en la decisión o el incumplimiento de los términos legales no
configura -por sí solo- la existencia de una falla en el servicio de justicia, pues debe
tenerse en cuenta el promedio de duración de los procesos –según sus
circunstancias especiales y su grado de complejidad–, el comportamiento de las
partes y el volumen de trabajo del despacho judicial35. Al respecto, ha dicho la
Corporación:

“Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de
justicia está referido a unos estándares de lo que se considera un
funcionamiento normal:

“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el
funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos
standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de
una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos
históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento
anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son
generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos
patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las
necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de
funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia, aunque
tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que
actúa como factor desencadenante de la imputación “36.

Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar
el artículo 6, número 1 de la Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ha considerado que
el “carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse
según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta
fundamentalmente ´la complejidad del asunto, el comportamiento del
recurrente y la forma en que el asunto haya sido llevado por las autoridades
administrativas y judiciales’.

Ese mismo Tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el mero
incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es,
que no se ha constitucionalizado el derecho a los plazos, sino que

35 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, Rad. 17.293.

36 PerfectoAndrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Edit. Tecnos,
1986. P. 358.

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la Constitución consagra el derecho de toda persona a que su causa se
resuelva en un tiempo razonable37.

Ya en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho
a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular,
por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes
o a terceros38.

En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la
responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas
del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no
justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del
asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el
caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los
estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se
señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el
que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no
desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de
justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que
supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para
atenderla39” 40.

26. En ese orden, con el objeto de verificar si la investigación penal significó un
retardo injustificado en términos del plazo razonable en el servicio de la justicia, es
menester tener en cuenta que este tema ya fue objeto de decisión judicial, en la
sentencia que resolvió el recurso contra el fallo de tutela de primera instancia que
amparó los derechos de la ahora demandante. En el fallo de segunda instancia se
concluyó:

37 No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca

considera que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin que ello signifique sin más el derecho
a la indemnización, pero por la razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o
perjuicio”. Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la actuación del poder judicial. Madrid,
Edit. Tecnos, 1988., p. 35.
38 Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se

entregó al secuestre, sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie
por un período prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, exp.7859; el embargo de un vehículo,
que no era propiedad del demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que
permaneció varios años secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del
bien. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp: 12.791.

39 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad,
haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y
omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de
lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su
alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, rad. 22322.

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“Si bien la fiscal a cargo del despacho de conocimiento explica que sí ha
respetado los derechos de la demandante, pues ha contestado sus
peticiones de información, es claro que el amparo deprecado excede a esa
prerrogativa y tal argumento no justifica su desproporcional tardanza en
adelantar la investigación y tomar decisiones; por el contrario, su actuar
trasgrede los derechos de las víctimas y los fines del proceso penal”41.

Aunque la Sala advierte que la sentencia en cita no condiciona la decisión que en
esta instancia se tome, si resulta ser un elemento de valiosa apreciación,
especialmente porque observa la Sala que hubo un periodo importante de inacción
en las labores investigativas por parte de la Fiscalía, de lo cual da cuenta el mismo
escrito por el que se archivó la investigación penal, en donde se relacionan
actuaciones del año 2017, una sola en el año 2018 y, las demás, en el año 2021,
posterior a que se profiriera la sentencia de tutela de primera instancia42. Así,
transcurrieron aproximadamente tres años en los que la Fiscalía no desarrolló
labores de investigación para hallar al responsable del homicidio del señor
Mayorga Niño, entendimiento que fue puesto de presente en la sentencia de
segunda instancia del fallo de tutela, tal como se advirtió previamente.

27. Corolario de lo anterior, la Sala encuentra acreditado el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado de la
Fiscalía en la investigación penal que tenía a su cargo.

28. Por otra parte, la Sala pasará a pronunciarse sobre los demás cargos de la
apelación.

Así, la apelante también reprochó que el Tribunal hubiera pasado por alto que la
Fiscalía General de la Nación sometió a la señora Yolanda Díaz a un hecho
revictimizante “al ordenarle través de sus agentes que extrajera los proyectiles

41 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, Sentencia del 27 de agosto de 2021,

M.P. José Joaquín Urbano Martínez, decisión que resolvió el recurso de apelación contra la
sentencia de tutela proferida por el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá, el 2 de julio de 2021.
42 Sentencia del Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá proferida el 2 de julio de 2021.

32

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que quedaron incrustados en vehículo en el que se desplazaba su esposo al
momento del ataque mortal. Lo que sin lugar a dudas viola el deber legal o
protocolos técnicos que debe acatar el ente investigador”. No obstante, este cargo
no procede puesto que, si bien los soportes probatorios sobre este punto fueron
anexados con la demanda, de ello no se hizo ningún desarrollo en dicho escrito,
razón por la cual no es posible reprochar al juzgador de primera instancia no
haberse pronunciado sobre un tema que expresamente no fue puesto a su
consideración y sobre el cual, además, no tenía ninguna competencia de oficio,
situación que, igualmente, limita la competencia en esta instancia, pues no es
posible agregar argumentos en sede de apelación, que no hayan sido debidamente
ventilados en primera instancia.

Así mismo, adujo que el Tribunal se había equivocado al afirmar que el señor
Marlon Mayorga Niño había muerto en el sector de la variante, parque industrial
“El Paraíso” y que el ente acusador había realizado la inspección técnica al cadáver
en dicho lugar. Al respecto, la Sala observa que, la primera afirmación no tiene
asidero por cuanto en la sentencia se indicó, en repetidas ocasiones, que el señor
José Marlon Mayorga Niño había sido víctima de un atentado con arma de fuego
en el sector de la variante, parque industrial “El Paraíso” en el municipio de
Santander de Quilichao y que como consecuencia de sus lesiones fue trasladado
a la ciudad de Cali, donde finalmente había fallecido.

Frente a la segunda afirmación, de la sentencia se resalta el siguiente aparte: “El
ente acusador llevó a cabo la investigación por la muerte del señor Mayorga Niño,
donde realizó inspección técnica del cadáver, recolección, embalaje y rotulado de
los elementos materiales probatorios y evidencia física en el lugar de los hechos,
entrevistas a los señores Jesús Arnulfo Valdés Cornejo, Yolanda Díaz Mogollón,
David Andrés Mayorga González, Jenny Esther Delgado Imbachi, Eliecer
Alcibíades Ortiz Brito, Juan Pablo Botello, Nadia Julieth Morales Camargo, el
informe pericial de necropsia, e inspección a lugares”. Observa esta Subsección
que el reproche de la apelante recae en un mero error de redacción, sin que
hubiera tenido efectos sustanciales en el fondo de la sentencia de primera
instancia, razón por la cual esta censura tampoco será tenida en cuenta.

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6.4. La reparación del daño

29. La reparación del daño, en el sub lite, está sujeta a la comprobación del
error judicial y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
sendas situaciones quedaron debidamente acreditadas en los apartes anteriores,
así como también quedó demostrado que fueron la fuente de la lesión de los
derechos constitucionales de la actora, razón por la cual es posible ordenar
medidas reparatorias de carácter no pecuniario a favor de la demandante, teniendo
en consideración, tal como se advirtió en su oportunidad, que estas medidas
pueden ser ordenadas de oficio.

En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación deberá tomar todas las medidas
pertinentes para que, dentro del marco legal, subsane los defectos que conforme
a esta providencia dieron lugar a la declaratoria de su responsabilidad por error
jurisdiccional, contenido en la orden de archivo de la investigación penal
adelantada por el homicidio del señor Mayorga Niño.

Finalmente, se advierte que estas medidas de naturaleza no pecuniaria resultan
suficientes como forma de reparación, por lo que no se considera procedente la
condena pecuniaria, máxime si se tiene en consideración que, en los términos de
la citada Sentencia de Unificación proferida por esta Corporación el 28 de agosto
de 2014, con ponencia de Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, este tipo de daño “se
repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario”43.

Costas

30. El artículo 188 del CPACA remitió en el tema de costas procesales al Código
de Procedimiento Civil, actualmente Código General del Proceso. En el artículo
365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que impone
condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio.

43
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús
Pazos Guerrero. Radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).

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31. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el curso del proceso
y por las agencias en derecho.

32. El artículo 365 del cuerpo normativo citado, en el numeral 1, dispone que se
“condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.

33. En consecuencia, se condenará en costas a la Fiscalía General de la
Nación, como parte demandada, por tratarse de la parte vencida en el proceso.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del Código General del Proceso44.

Agencias en derecho

34. Para la condena en agencias en derecho correspondientes a esta instancia,
conforme lo consagrado en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se observa
que:

(i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían
a la suma de $2.194.951.979,93.

(ii) En cuanto a la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa
que el extremo demandante, no intervino en segunda instancia, por lo que no se
condenará en agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

44 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

35

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FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por los motivos expuestos en esta providencia
y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO. - DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la NACIÓN- MINISTERIO DEL JUSTICIA y del DERECHO y de la
RAMA JUDICIAL, por las razones expuestas con antelación.
SEGUNDO. – DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la
Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO. – CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a tomar todas
las medidas pertinentes para que, dentro del marco legal, subsane los
defectos que conforme a esta providencia dieron lugar a la declaratoria de
su responsabilidad por error jurisdiccional, contenido en la orden de archivo
de la investigación penal adelantada por el homicidio del señor Mayorga
Niño.

SEGUNDO: Condenar en costas en segunda instancia. No se fijan agencias en
derecho.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
ACLARACIÓN DE VOTO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

36

Radicación: 19001-23-33-000-2024-00032-01 (73579)
Demandante: Yolanda Díaz Mogollón
Demandado: Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros.
Proceso: Reparación Directa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
ACLARACIÓN DE VOTO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de
forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/document
os/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación
escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al
expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema Samai.

37

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