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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-01345-01

Captura con fines de indagatoria: se cumplieron los requisitos y los términos

Fecha
4 de julio de 2023
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2011-01345-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2011-01345-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

4 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., cuatro (04) de julio dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: CRISTIAN ALCIDES CARVAJAL LÓPEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ORDEN DE
CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA – se cumplieron los requisitos y los términos
que prevé la ley procesal penal.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia del 22 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se afirma que el señor Cristian Alcides Carvajal López fue capturado y privado
injustamente de la libertad tras ser sindicado del delito de rebelión, porque al
parecer era colaborador de un grupo armado ilegal; sin embargo, una vez rindió
indagatoria fue dejado en libertad y finalmente se precluyó la investigación a su favor
por duda, lo que causó graves perjuicios a él y a su familia.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 19 de julio de 20111, el señor Cristian Alcides Carvajal López y otros, por
conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación – Rama
Judicial y la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la

1 Así consta en el sello de presentación personal visible a folio 56 del cuaderno 1.

1

Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el mencionado señor2.

En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:

El 10 de noviembre de 2008, el señor Cristian Alcides Carvajal López y otras nueve
personas fueron capturados en el municipio de Abriaquí, en el marco de la operación
“Fortaleza” liderada por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa,
para dar con los miembros y colaboradores de las FARC responsables del secuestro
y homicidio del exgobernador de Antioquia y del exministro de defensa Guillermo
Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía, respectivamente.

Luego de escucharlo en indagatoria, el 1° de diciembre de 2008 la Fiscalía se
abstuvo de imponerle medida de aseguramiento por el delito de rebelión y ordenó su
libertad inmediata.

Finalmente, el 1° de julio de 2009, la Fiscalía decretó la preclusión de la investigación
en favor del señor Cristian Alcides Carvajal López, por duda.

A juicio de la parte actora, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional
incurrieron en falla en el servicio “por haber promovido la captura y posterior
detención preventiva” del señor Cristian Alcides Carvajal López sin tener pruebas
sólidas que permitieran tomar una decisión que afectara su libertad personal, lo
cual quedó evidenciado, dado que la Fiscalía precluyó la investigación a su favor.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Fiscalía General de la Nación señaló que se cumplieron todos los requisitos
legales para ordenar la captura del actor y que se abstuvo de decretar medida de
aseguramiento de detención preventiva, dado que no contaba con la prueba
mínima para ello3.

2.2. La Rama Judicial, por su parte, formuló la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, dado que no realizó actuación alguna que diera lugar a los
hechos de la demanda4.

2.3. La Policía Nacional propuso similar excepción, toda vez que se limitó a dar
cumplimiento a la orden de captura emitida por la Fiscalía5.

2 Fls. 1 a 56 del cuaderno 1. Además, la demanda fue adicionada para la solicitud de un testimonio

como consta folio 687 del cuaderno 2.
3 Fls. 667 a 675 del cuaderno 2.
4 Fls. 662 a 666 del cuaderno 2.
5 Fls. 643 a 649 del cuaderno 2.

2

Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

3. La sentencia de primera instancia

El a quo, mediante sentencia del 22 de mayo de 20156, excluyó de
responsabilidad a la Rama Judicial, con fundamento en que las actuaciones
causantes del daño las produjo la Fiscalía, pues el proceso ni siquiera llegó a
conocimiento de los jueces. Lo mismo declaró frente a la Policía Nacional, pues
consideró que esta entidad solo se limitó a cumplir la orden de captura emitida por la
Fiscalía.

En cuanto a esta última entidad, declaró que era responsable a título objetivo por
la privación de la libertad del actor, dado que ordenó su captura con fines de
indagatoria y dispuso su encarcelamiento para luego abstenerse de imponer
medida de aseguramiento y, finalmente, precluir la investigación.

Por último, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y reconoció
indemnización a los demandantes a título de perjuicios morales, “perjuicio a las
condiciones de existencia”, lucro cesante consolidado, pérdida de la oportunidad
laboral y negó lo solicitado por concepto de daños a bienes constitucional y
convencionalmente amparados.

El fundamento de la decisión del Tribunal será plasmado en la parte considerativa
de la presente providencia.

4. Los recursos de apelación

4.1. La parte actora solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera
instancia, a fin de que se incrementaran los montos reconocidos por concepto de
perjuicios morales, perjuicio a las condiciones de existencia y que se corrigiera el
yerro cometido en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia, pues se
omitió incluir la suma reconocida a título de lucro cesante7.

4.2. Por su parte, en recurso de apelación adhesivo la Fiscalía General de la
Nación solicitó que se revocara en su totalidad la sentencia de primera instancia,
con fundamento en que (i) no siempre que se profiere preclusión surge una
responsabilidad objetiva; (ii) obró en estricto cumplimiento de un deber legal al abrir
investigación contra el actor, pues la prueba recaudada hasta ese momento era
suficiente para ello, y (iii) solicitó que se reliquidara el monto reconocido por
concepto de lucro cesante8.

6 Fls. 1.003 a 1.018 del cuaderno del Consejo de Estado.
7 Fls. 1.021 a 1.035 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Fls. 1.055 a 1.059 del cuaderno del Consejo de Estado.

3

Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

Los argumentos específicos de las impugnaciones serán abordados en las
consideraciones de esta providencia.

5. El Ministerio Público rindió concepto y consideró que debía confirmarse
parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la declaración de
responsabilidad de la Fiscalía -sin explicar bajo qué argumentos- y que no había
lugar a reconocer indemnización por el “perjuicio a las condiciones de existencia”,
dado que no se probó. Asimismo, señaló que debía incluirse el valor por concepto
de lucro cesante en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia9.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala10 procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las
partes contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales:
competencia, oportunidad de la acción y legitimación en la causa.

1. El objeto de los recursos de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto

De acuerdo con los reparos concretos de las apelaciones, la Sala determinará
sobre el régimen de responsabilidad, si la detención de la que fue objeto el aquí
demandante fue legal o no y, de ser procedente, revisará la liquidación de las
indemnizaciones realizadas por el a quo.

Se advierte que el a quo exoneró de responsabilidad a la Rama Judicial y a la
Policía Nacional, aspecto que no fue materia de apelación, razón por la cual se
mantendrá la decisión de primera instancia en cuando a dichas entidades.

2. Caso concreto

2.1. Régimen aplicable

Al respecto el a quo señaló que el régimen aplicable a este caso era el objetivo
con fundamento en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, dado que se
precluyó la investigación a favor del actor.

9 Fls.1.090 a 1.112 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento

del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de
2022.

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Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló en su recurso de apelación que
no siempre que se profería preclusión surgía una responsabilidad objetiva, puesto
que al abrirse la investigación la exigencia probatoria era menos rigurosa que
cuando se calificaba el mérito del sumario.

Se observa que en este caso la restricción de la libertad del actor devino de una
captura ordenada por la Fiscalía con fines de indagatoria, cuestión que se
corroborará más adelante.

La responsabilidad derivada de la captura de un ciudadano para efectos de
indagatoria no es susceptible de ser analizada en los términos establecidos
respecto de las medidas de aseguramiento, dado que, en vigencia de la Ley 600
de 2000, tal restricción de la libertad no gozaba del carácter preventivo, sino que
correspondía a un mecanismo idóneo para, de un lado, materializar la obligación
constitucional de los ciudadanos de colaborar con la Administración de Justicia y,
del otro, hacer efectivo el deber de los funcionarios judiciales de poner en
conocimiento del imputado, por todos los medios legales posibles, la existencia de
una investigación penal en su contra, para que ejerciera su derecho de defensa11.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 33212, 33613 y 33714 de la Ley 600 de
2000, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En efecto, la captura, como medida coercitiva para garantizar la efectividad de la
diligencia de indagatoria, no compromete la responsabilidad del Estado, siempre
que se acaten los términos y condiciones que la ley prevé para ordenarla, pues en
caso de que ello no ocurra la privación de la libertad se torna en injusta.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente: 49.495.
12 “Artículo 332. Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado en

indagatoria o declarado persona ausente (…)”.
13 “Artículo 336. Citación para indagatoria. Todo imputado será citado en forma personal para

rendir indagatoria (…). Si no comparece (…), el funcionario competente podrá ordenar su
conducción para garantizar la práctica de la diligencia”.
“Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por
el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la
citación y librar orden de captura”.
14 “Artículo 337. Reglas para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no podrá recibirse bajo

juramento. El funcionario se limitará a informar al sindicado el derecho que le asiste de
guardar silencio y la prohibición de derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que
es voluntaria y libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo, ni contra
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni
contra su cónyuge, compañero o compañera permanente (…)”.
Cabe advertir que en el presente caso los hechos sucedieron el 18 de marzo de 2007, de ahí que
aún se aplicara el procedimiento indicado en la Ley 600 de 2000, pues la Ley 906 de 2004 solo
empezó a regir para el Distrito de Barranquilla a partir del 1 de enero de 2008, tal como se dispuso
en el artículo 530 ibídem.

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Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

En suma, si se limita la libertad de un ciudadano con el lleno de los requisitos
legales, esta restricción emerge como una carga que se está en el deber jurídico
de soportar, en cuanto corresponde a una medida que tiene como fundamento el
ejercicio legítimo de la facultad del Estado de investigar las conductas que revisten
las características de delito y, a su vez, corresponde a un mecanismo que aboga
por el derecho de defensa de los ciudadanos.

En conclusión, el daño causado en las anteriores condiciones, consistente en la
restricción del derecho a la libertad, para que sea calificado como antijurídico debe
ser el resultado de la configuración de una falla en el servicio, régimen subjetivo
de responsabilidad bajo el cual debe analizarse este asunto15.

2.2. La detención del demandante cumplió con los requisitos legales

Según el a quo, la Fiscalía General de la Nación vinculó al actor a una investigación
penal y lo privó de la libertad basada solo en un informe policivo, el cual ni siquiera
fue ratificado y carecía de valor probatorio.

Al respecto, la Fiscalía en su recurso de apelación señaló que obró en estricto
cumplimiento de un deber legal al abrir investigación contra el actor, pues la prueba
recaudada hasta ese momento era suficiente para ello.

La Sala se referirá a los hechos probados que resultan relevantes para resolver el
asunto:

Está probado que, el 10 de octubre de 200816, la SIJIN de la Policía Nacional le
informó a la Fiscalía 29 Especializada de Medellín que, en virtud de las labores de
investigación para dar con el paradero de un miembro del bloque José María
Córdoba de las FARC, se identificó a un grupo de personas señaladas de ser
colaboradores de ese grupo armado ilegal, entre ellos al señor Cristian Alcides
Carvajal López.

El 23 de octubre de 200817, la Fiscalía 29 Especializada de Medellín vinculó
mediante indagatoria al señor Cristian Alcides Carvajal López y a otras nueve
personas por el posible delito de rebelión, entre otros, y ordenó sus capturas.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de mayo de 2017, expediente 41.533, CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Igualmente, sentencias del 24 de abril de 2023, exp. 19001-23-31-000-2012-00158-01 (54322) y
del 8 de mayo de 2023, exp. 52001-23-31-000-2010-00649-02 (52314).
16 Fls. 404 a 413 del cuaderno 2.
17 Fls. 800 a 809 del cuaderno 2.

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Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

El 10 de noviembre de 200818, el señor Cristian Alcides Carvajal López fue
capturado junto a otras nueve personas y escuchado en indagatoria el 14 de
noviembre de 200819.

El 1° de diciembre de 200820, la Fiscalía resolvió su situación jurídica
absteniéndose de decretar medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata.

Finalmente, el 1° de julio de 200921 la Fiscalía 29 Especializada de Medellín
precluyó la investigación a favor del actor por duda, dado que uno de los testigos
que declaró en su contra señaló que solo lo vio una vez y no estaba seguro de su
rostro.

Hecho ese recuento, la Sala precisa que, en vigencia de la Ley 600 de 2000, el
funcionario judicial competente debía recibir indagatoria a quien, en virtud de
antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación, o por haber sido
sorprendido en flagrante conducta punible, se pudiera considerar como autor o
partícipe de una infracción penal22.

Puesta la persona capturada a disposición del correspondiente fiscal delegado, se
le debía escuchar en indagatoria23 a la mayor brevedad o a más tardar dentro de
los tres días siguientes, término que se duplicaba si eran dos o más capturados
en la misma actuación y siempre y cuando la aprehensión hubiera sido efectuada
en la misma fecha.

Recibida la indagatoria, el funcionario judicial podía ordenar la restricción de la
libertad del indagado mientras se definía su situación jurídica cuando subsistieran
o surgieran razones para considerar que había lugar a imponer medida de
aseguramiento24. Por último, el funcionario instructor debía definir la situación

18 Se allegó el informe de captura y acta de derechos del capturado (fls. 456, 811 y 812 del
cuaderno 2).
19 Fls. 503 a 511 del cuaderno 2.
20 Fls. 512 a 552 del cuaderno 2.
21 Fls. 562 a 610 del cuaderno 2.
22 “Artículo 333. Diligencia de indagatoria. (…)El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien

en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido
sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o partícipe de la
infracción penal”.
23 Ley 600 de 2000. Artículo 340. Términos para recibir indagatoria del capturado. (…) La

indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3) días
siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la
Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma
actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”.
24“Ley 600 de 2000. Artículo 341. Restricción de la libertad del indagado. (…) Si terminada la

indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de
aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la
libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de

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Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

jurídica de los indagados, para lo cual, si eran 5 o más los capturados y la
aprehensión se hubiera efectuado en la misma fecha, contaba con 10 días a partir
de la indagatoria (artículo 354 de la Ley 600 del 2000).

A juicio de la Sala, el daño causado al aquí actor, consistente en la restricción de
la libertad, no puede calificarse como antijurídico y no implica para el Estado el
deber jurídico de repararlo.

Lo anterior, por cuanto resultaba razonable y necesaria la expedición de la orden
de captura con fines de indagatoria, pues, tal como lo señaló en la resolución del
23 de octubre de 200825, la Fiscalía no solo contaba con el informe de policía
judicial del 10 de octubre de 200826- el cual fue ratificado por el patrullero de la
SIJIN que lo suscribió-27, sino también con los testimonios de los señores Froilán
Palma Molina, Luis Eliebar Perea Quejada28, Urbano Palacios Cuesta29, Yair
Rentería Hidalgo Alkivar Quejada Lenis y Samuel García Hinestroza30, quienes
señalaron al actor y a los otros capturados de colaboradores del frente XXXIV de
las FARC por abastecerlo con víveres, logística e información de posibles
víctimas.

encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo. En el evento en que no se ordene
inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie
citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve
la situación jurídica”.
25 Fls. 800 a 809 del cuaderno 2.
26 En dicho informe, la SIJIN señaló respecto del señor Cristian Alcides Carvajal López lo siguiente

(se trascribe de forma literal): “(…) Este hombre se encarga de realizar la inteligencia a personas y
establecimientos los cuales mueven fuertes cantidades de dinero para así poder ser extorsionados
y en ocasiones secuestrados para exigir fuertes sumas de dinero por su liberación y de acuerdo a
la presencia de la fuerza pública en la zona este se camufla en su residencia para que no sea
detectado (…)” (Fls. 800 a 809 del cuaderno 2).
27 El patrullero de la SIJIN Juan Carlos Arenas Ortega ratificó el informe presentado a la Fiscalía y,

sobre el señor Cristian Alcides Carvajal López señaló (se trascribe de forma literal): “(…) Cristian
Alcides Carvajal López se encarga de realizar la búsqueda de personas que sean adineradas en el
municipio de Abriaquí con el fin de ser secuestrados y hacerles exigencias económicas, se tiene
conocimiento que se camufla en su residencia y sale solo cuando va a realizar esas actividades
(…)” (Fls. 444 a 446 del cuaderno 2).
28 Este testigo, ex integrante del frente 34 de las FARC dijo que conocía a los señalados en el

informe de policía judicial, entre ellos al señor Cristian Alcides Carvajal López en las siguientes
palabras (se trascribe de forma literal): “(…) Sí los conozco, esos manes yo los distinguí, esos
manes son colaboradores de la guerrilla porque en el momento en que yo los veía era que muchas
veces los mandaban a llamar, unos apenas para traer información y otros para hacerle compras a
la guerrilla (…)” (Fls.447 a 450 del cuaderno 2).
29 Este testigo, ex integrante del frente 34 de las FARC señaló (se trascribe de forma literal): “(…)

Cristian Alcides es un man que trabaja con la guerrilla y se mantiene pendiente de quien tiene plata
para secuestrarlo y se las canta al jefe que está por esos lados y ya hacen el trabajo, también se
mantiene pendiente de cualquier movimiento del Ejército, la mujer de él es una enfermera pero no
sé de dónde, lo sé porque ella ha atendido a guerrilleros heridos, ella no es guerrilleras, pero es
colaboradora también (…)” (Fls. 451 a 454 del cuaderno 2).
30 Fls. 438 a 454 del cuaderno 2.

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Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

Además, se observa que la Fiscalía vinculó al actor a la investigación penal a
través de la diligencia de indagatoria como lo preveía el artículo 33231 de la Ley
600 de 2000, la cual se realizó 4 días después de su captura, dentro del término
previsto en el artículo 34032 de la Ley 600 de 2000, dado que fueron 10 las
personas capturadas el mismo día.

Igualmente, se advierte que la Fiscalía podía prescindir de citarlo a indagatoria
como lo establecía el artículo 33633 y librar orden de captura, como lo hizo, por
tratarse del delito de rebelión34, sobre el cual resultaba obligatorio resolver
situación jurídica, dado que tenía una pena mínima de 6 años35.

La definición de la situación jurídica también se hizo en el término contemplado en
la normativa procesal penal36 -10 días desde la indagatoria, porque eran más de 5
capturados-, dado que la Fiscalía se abstuvo de imponerle medida de
aseguramiento el 1° de diciembre de 2008, al décimo día de haber escuchado en
indagatoria al aquí demandante (14 de noviembre de 2008). Cabe destacar que
este término se computa en días hábiles37.

31 “Artículo 332. Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una vez sea escuchado

en indagatoria o declarado persona ausente. (…)”
32 “Artículo 340. términos para recibir indagatoria del capturado. La indagatoria deberá

recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel
en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado.
Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la
aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha”.
33 “Artículo 336. Citación para indagatoria. (…).

“Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por
el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la
citación y librar orden de captura”.
34 “Artículo 467. Rebelión. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al

Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en
prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
35 “Artículo 357. procedencia. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:

1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.
(…)”.
36 “Ley 600 de 2000. Artículo 354. Definición (…). La situación jurídica deberá ser definida en

aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.
Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial
deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5)
días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba
que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un
acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le
solicite.
Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de
diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal
General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más
las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma
fecha”.
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, MP: Sigifredo Espinosa Pérez, auto de 21

de octubre de 2009, habeas corpus 32.892.

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Radicación: 05001-23-31-000-2011-01345-01 (56459)
Actor: Cristian Alcides Carvajal López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Acción de reparación directa

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la Fiscalía no desconoció ningún
precepto legal, pues todas sus actuaciones se hicieron en los plazos previstos en
la Ley 600 de 2000, de manera que la restricción de la libertad que padeció el
actor, con ocasión de su captura con fines de indagatoria, no puede tildarse de
injusta y, por ende, no puede predicarse la antijuridicidad del daño alegado, lo que
impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.

3. Costas

Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de mayo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia para, en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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