Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06822-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06822-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06822-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
4 de abril de 2024
Demandantes: Cristian Alcides Carvajal y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sala - Tercera
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06822-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06822-01
Demandantes: CRISTIAN ALCIDES CARVAJAL LÓPEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SALA TERCERA DE DECISIÓN –
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Fiscalía General de la
Nación contra el fallo de 4 de diciembre de 2023, por medio del cual la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo del derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes y dejó sin efectos la sentencia
proferida el 4 de julio de 2023 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en el marco del proceso de reparación directa de radicado No. 05001-23-
31-000- 2011-01345-01 (56.459).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores Cristian Alcides Carvajal López y otros1, actuando a través de
apoderado judicial, presentaron solicitud de tutela contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la reparación integral y el
acceso a la administración de justicia.
Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por dicha autoridad judicial en el marco del
proceso de reparación directa con radicado No. 05001-23-31-000- 2011-01345-01
(56.459), mediante la cual se revocó el fallo del 22 de mayo de 2015 dictado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, y en su lugar, se
1 Figuran como accionantes en el presente proceso, los señores: Luz Mary Hidalgo Quiroz, Ana
Cristina Carvajal Hidalgo, Cristian Camilo Carvajal Hidalgo, Gerardo Carvajal Alcaraz, Nicolasa del
Carmen Carvajal López, Luz Mary Carvajal López, Olga María Carvajal López, Gerardo de Jesús
Carvajal López, Luis Fernando Carvajal López, Sindy Marcela Carvajal López y Lorena Carvajal López
-estas dos últimas obrando en representación de la sucesión del señor Jesús Abad Carvajal López-.
1
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Demandantes: Cristian Alcides Carvajal y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sala - Tercera
Subsección A
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negaron las pretensiones de la demanda.
1.2. Las pretensiones
En el escrito petitorio, los accionantes solicitaron:
Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia
(Artículo 228 CN.); por incurrir el H. Tribunal con su decisión, en defecto fáctico,
defecto sustantivo, defecto procedimental absoluto, desconocimiento del
precedente en su providencia, con violación directa de la Constitución Nacional (art.
4 CN.) por la violación de los precedentes jurisprudenciales en la aplicación del
bloque de constitucionalidad y en el deber y obligación de actuar como jueces de
convencionalidad vulnerándose los precedentes jurisprudenciales en la aplicación
del principio iura novit curia; por violación al derecho fundamental al debido proceso
(art. 29 CN.); por violación al principio de la justicia material y la prevalencia del
derecho sustancial, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial
efectiva, en aplicación del artículo 228 y 229 constitucional; Por violación del
derecho de igualdad de la víctima (art. 13 CN.); por denegación de justicia en
detrimento de los derechos a la reparación integral de las víctimas, a quienes el
Estado Colombiano les vulneró para el señor Cristian Carvajal y sus familiares;
Derecho a las garantías judiciales y la protección judicial (Artículos 8 y 25 de la
Convención Americana en relación con el artículo 1 y 2 del mismo Tratado), artículos
24 y 28 de la Constitución Política de Colombia, artículos 7 y 22 de la Convención
Americana de Derechos Humanos de las siguientes personas: CRISTIAN ALCIDES
CARVAJAL LÓPEZ, LUZ MARY HIDALGO QUIROZ, ANA CRISTINA Y CRISTIAN
CAMILO CARVAJAL HIDALGO, GERARDO CARVAJAL ALCARAZ, NICOLASA
DEL CARMEN, LUZ MARY, OLGA MARIA, GERARDO DE JESÚS, LUIS
FERNANDO CARVAJAL LÓPEZ Y JESÚS ABAD CARVAJAL LOPEZ (Q.E.P.D),
éste último representado legalmente por sus hijas: SINDY MARCELA CARVAJAL
LÓPEZ Y LORENA CARVAJAL LÓPEZ; vulnerados por LA NACIÓN COLOMBIANA
(Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SEXTA DE DESCONGESTIÓN, M.P
MARTHA NURY VELÁSQUEZ BEDOYA).
2. En consecuencia, se le solicita al H. Juez Constitucional, dejar sin efecto la
Sentencia proferida el 4 de julio de 2023, por el H. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera Ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico, dentro del radicado N° 05001-23-31-000-2011-01345-
01 (56459).
3. Ordenar al H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico que en el
término que determine esta instancia constitucional, profiera una NUEVA
SENTENCIA en la cual se garanticen los derechos fundamentales invocados por
CRISTIAN ALCIDES CARVAJAL LÓPEZ, LUZ MARY HIDALGO QUIROZ, ANA
CRISTINA Y CRISTIAN CAMILO CARVAJAL HIDALGO, GERARDO CARVAJAL
ALCARAZ, NICOLASA DEL CARMEN, LUZ MARY, OLGA MARIA, GERARDO DE
JESÚS, LUIS FERNANDO CARVAJAL LÓPEZ Y JESÚS ABAD CARVAJAL LOPEZ
(Q.E.P.D), éste último representado legalmente por sus hijas: SINDY MARCELA
CARVAJAL LÓPEZ Y LORENA CARVAJAL LÓPEZ. (SIC a lo trascrito)
1.3. Hechos
Los supuestos jurídicamente relevantes pueden sintetizarse de la siguiente manera:
El señor Cristian Alcides Carvajal López y otras nueve personas fueron capturadas
en el municipio de Abriaquí, el 10 de noviembre de 2008, el en el marco de la
operación «Fortaleza» adelantada por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio
de Defensa para capturar a los responsables del secuestro y homicidio del
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exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y del exministro de defensa
Gilberto Echeverri Mejía.
El 1. ° de diciembre de 2008 la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de
aseguramiento contra el actor por el delito de rebelión y ordenó su libertad inmediata,
luego de escucharlo en indagatoria. El 1. ° de julio de 2009, la Fiscalía decretó la
preclusión de la investigación en su favor.
Luego, los señores Cristian Alcides Carvajal López y otros2, en ejercicio del medio
de control de reparación directa interpusieron demanda contra la Fiscalía General de
la Nación, la Nación - Rama Judicial y Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con
el fin de obtener la reparación del daño antijuridico ocasionado por la privación injusta
de la libertad, de que consideraban, fue víctima el señor Carvajal López.
El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Descongestión, quien, mediante sentencia del 22 de mayo de 2015, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la Fiscalía General de
la Nación por la captura y subsecuente privación injusta de la libertad del actor.
Señaló la corporación que la actuación de la entidad se sustentó en el informe de
investigación de la Policía, el cual no fue corroborado con otros elementos
probatorios que justificaran la detención, pese a la precariedad probatoria advertida
por la misma fiscalía días después, cuando se abstuvo de imponer la medida de
aseguramiento y precluir la investigación.
La providencia fue apelada por ambas partes. En segunda instancia, la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que la detención se mantuvo
dentro de los plazos previstos en la Ley 600 de 2000 y se justificó en la obligación
constitucional de los ciudadanos de colaborar con la justicia.
1.4. Sustento de la petición
Los tutelantes argumentaron que la decisión proferida por el juez colegiado incurre
en los siguientes errores:
1.4.1. Defecto fáctico
Refirieron que la corporación desconoce que el acto por medio del cual se decide la
vinculación de una persona a un proceso penal no es de naturaleza espontánea, ni
discrecional, sino que, por el contrario, es el resultado de la reflexión jurídica y fáctica
que permite articular la racionalidad y necesidad de la determinación en cada caso.
Por consiguiente, los informes de policía no son suficientes para restringir la libertad
de una persona, si previamente no se ha verificado su legalidad y realidad.
1.4.2. Defecto sustantivo y violación directa de la constitución por
desconocimiento del bloque de constitucionalidad
2 Los señores: Luz Mary Hidalgo Quiroz, Ana Cristina Carvajal Hidalgo, Cristian Camilo Carvajal
Hidalgo, Gerardo Carvajal Alcaraz, Nicolasa del Carmen Carvajal López, Luz Mary Carvajal López,
Olga María Carvajal López, Gerardo de Jesús Carvajal López y Jesús Abad Carvajal López.
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Aseguraron que la decisión cuestionada se fundó en que la fiscalía no desconoció
ningún precepto legal pues todas sus actuaciones se hicieron dentro de los plazos
previstos en la Ley 600 de 2000, sin advertir que la entidad inobservó normas
constitucionales y convencionales que garantizan el debido proceso y la presunción
de inocencia al aplicar de manera mecánica dicha disposición, dando prevalencia a
las formalidades sobre el derecho sustancial.
1.4.3. Defecto procedimental absoluto
Afirmaron que la autoridad judicial incurrió en ese error porque aplicó una
jurisprudencia nueva de unificación, sin dar la oportunidad a la parte actora de
estructurar los nuevos argumentos y pruebas del caso. Sostiene que se le debió dar
un nuevo traslado para garantizar su derecho a la igualdad y el debido proceso.
Agregaron que, sobre este tema, la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de
20233, estableció: «Esto debido a que la sentencia de unificación cambió los
parámetros sobre la caducidad de las pretensiones indemnizatorias relacionadas
con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ante estos cambios, la Sección
Tercera debió readecuar la fase de alegatos y permitir a las partes presentar
nuevamente sus argumentos de conclusión, en donde -por ejemplo- los
demandantes habrían podido exponer los obstáculos que impidieron su acceso
inmediato a la administración de justicia…».
1.4.4. Desconocimiento del precedente
Precisó que se desconoció el precedente judicial, en relación con el valor probatorio
de los informes de inteligencia militar, pues el Consejo de Estado, en reiterada
jurisprudencia, ha señalado que los llamados «informes de inteligencia no pueden
tener valor probatorio, por tratarse de actuaciones extraprocesales que no han sido
controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso
penal» y ha declarado la responsabilidad del Estado, cuando se da valor de prueba
de cargos exclusivamente a los informes de inteligencia para soportar la medida
restrictiva de privación de libertad, porque ello implica contrariar las normas
convencionales que amparan la presunción de inocencia y el debido proceso judicial.
Finalmente argumentó, que se desconoció el precedente establecido por la Sección
Tercera, Subsección A de esta corporación, que en una acción de tutela con
fundamentos fácticos y pretensiones análogas al caso sub examine4; resolvió
amparar los derechos fundamentales deprecados, dejar sin efectos la providencia
que se enjuiciaba y ordenar al ente accionado, dictar una nueva decisión que
garantizara los derechos vulnerados.
1.4.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 10 de noviembre de 2023, el despacho del magistrado ponente
admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a los actores y como
demandado a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3 Expediente T-8.473.096, Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, adiada 18 de mayo de 2023.
4 Consejera Ponente (E) Marta Nubia Velásquez Rico, proceso con radicación número:
11001031500020190525600.
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Adicionalmente, dispuso comunicar la iniciación del trámite procesal en calidad de
terceros con interés, a la Nación - Rama Judicial, Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y al Tribunal Administrativo
de Antioquia.
1.5. Informes presentados
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
El magistrado ponente de la decisión manifestó que los argumentos expuestos por
los accionantes no satisfacen los requisitos de relevancia constitucional. Añadió que
el actor pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia.
Sostuvo que el caso objeto de debate se refiere a una detención con fines de
indagatoria y no a una privación injusta de la libertad, por lo tanto, se verificó que
aquella se surtiera dentro de los plazos legales, como lo ha establecido la
jurisprudencia dictada por dicha subsección.
Señaló que, según el precedente establecido por esta corporación y la Corte
Constitucional, los jueces deben aplicar la tesis vigente al momento de resolver el
asunto, además, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos y se
aplican a todos los procesos que se encuentren pendientes de decisión en la vía
judicial o administrativa.
Finalmente explicó, que el precedente invocado por los actores no es aplicable al
presente caso por tratarse de una privación injusta de la libertad y no una detención
preventiva como ocurre en este caso.
1.5.2. Fiscalía General de la Nación
Manifestó que el juez administrativo contó con los elementos de juicio suficientes
para emitir los fallos hoy atacados en sede de tutela y que realizó una valoración
adecuada del acervo probatorio.
Aseguró que la parte actora no acredita la ocurrencia del defecto fáctico en el que
presuntamente incurrió la providencia controvertida. En consecuencia, no se
cumplen satisfactoriamente las condiciones constitucional y jurisprudencialmente
reconocidas para el ejercicio legítimo de la acción de tutela contra providencia
judicial.
1.5.3. Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
Adujo que, con el material probatorio obrante dentro del medio de control de
reparación directa, la autoridad judicial logró evidenciar la inexistencia de una
responsabilidad frente a la Policía Nacional, por cuando todo el procedimiento
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realizado al señor Cristian Alcides Carvajal López, se enmarcó en actuaciones
amparadas en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal.
Argumentó que el juez de lo contencioso administrativo no se encuentra limitado por
lo decidido en un proceso penal, por consiguiente, ello no significa el reconocimiento
por vía judicial del resarcimiento económico por la privación de la libertad del aludido
ciudadano, pues la valoración probatoria es disímil, en tanto la autoridad penal
analizó si existió un comportamiento reprochable objeto de sanción punitiva, y el
fallador en el proceso contencioso administrativo estudia la posible responsabilidad
estatal derivada de la causación de un presunto daño.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó los derechos
fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia dictada por la Subsección A
de la misma sección y le ordenó:
(…) dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de la presente
decisión.
Argumentó que la Fiscalía señaló expresamente que carecía de elementos
probatorios que justificaran la privación de la libertad, pues el único testimonio que
podría considerarse no generaba credibilidad y solo daba cuenta de lo dicho por
terceros.
Discurrió que el ente acusador únicamente contaba con el informe de investigación,
como lo concluyó el juez ordinario de primera instancia y alegaron los accionantes
en la solicitud de amparo, y que según el marco legal y jurisprudencial, el informe de
investigación no era prueba que pudiera fundamentar la privación de la libertad, la
cual debía sustentarse en otras evidencias, pues así expresamente lo reconoció la
Fiscalía General de la Nación, aspecto que no fue debidamente considerado en la
sentencia cuestionada.
Sostuvo que la orden de captura para rendir indagatoria y la privación de la libertad
previa a la definición de la situación jurídica debe estar fundamentada en pruebas
recolectadas durante la investigación previa e instrucción, lo que no ocurrió en este
caso.
1.7. Impugnación
1.7.1. Subsección A - Sección Tercera del Consejo de Estado
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 19 de diciembre de 2023, la
autoridad judicial accionada presentó impugnación contra el fallo de primera
instancia.5 Argumentó que la sentencia de reparación directa no se fundó
exclusivamente en el informe policial, sino en la ratificación de este por parte del
5 Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia del 4 de diciembre de 2023 fue notificado
a las partes mediante correo electrónico del 18 de diciembre de 2023, de acuerdo con el índice 00020
del expediente digital que se encuentra en Samai.
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funcionario que lo suscribió y en los testimonios de los señores Urbano Palacios
Cuesta y Luis Eliebar Perea Quejada, que para el momento procesal de la
investigación lo complementaban e imponían a la Fiscalía el deber de indagar lo
necesario para decidir si el actor continuaría vinculado a la actuación penal bajo
medida de aseguramiento, o no, lo cual no ocurrió y se decidió en tiempo, esto es,
dentro de los plazos señalados en la Ley 600 de 2000.
Expuso que el actor tiene inconformidades frente a la interpretación que se hizo de
la responsabilidad del Estado en casos de captura con fines de indagatoria, en los
que la subsección A de la corporación considera que, mientras cumpla los plazos
indicados en la norma penal aplicable, la detención constituye un daño jurídico, una
carga que el ciudadano está en el deber de soportar y, por tanto, no es susceptible
de ser reparado.
1.7.2. Fiscalía General de la Nación
Mediante escrito enviado vía correo electrónico el 11 de enero de 2024, la entidad
se opuso a la sentencia de primera instancia, con fundamento en que, a su juicio, la
acción es improcedente pues los actores pretenden retrotraer, a través del amparo,
etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer confusión
y proyectar que se transgreden derechos fundamentales.
Aduce que la tutela tiene un carácter subsidiario, lo que ha llevado a la Corte
Constitucional a advertir que no puede ser utilizada para recuperar oportunidades
procesales perdidas ni para remediar equivocaciones de las partes que hayan
desmejorado sus posibilidades de éxito frente a una determinada situación litigiosa.
1.8. Trámite en segunda instancia
El magistrado ponente de esta decisión, manifestó su impedimento para conocer del
presente asunto, el cual fue declarado infundado mediante auto de 7 de marzo de
2024.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de los recursos de impugnación presentado
por las partes contra la sentencia de primera instancia proferida en el expediente de
la referencia, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 6, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión proferida
en primera instancia, se determinará si en este caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
(procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.
6 Modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021.
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En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si la
providencia cuestionada, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, orientadas a que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía
General de la Nación por el daño antijurídico padecido por los accionantes
ocasionado por la detención del señor Cristian Alcides Carvajal López, y la
consecuente reparación de perjuicios, vulnera los derechos fundamentales de los
demandantes, por incurrir en los defectos sustantivo, procedimental, fáctico y
desconocimiento del precedente.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta sección
sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre
los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados, (iii)
el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20127,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.8
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial
y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo
indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual
y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el
artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
7 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
8 Ibídem.
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios respecto
del presupuesto de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».
El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo
que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por
el juez natural.
A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
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uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal9 (Énfasis de la Sala).
Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este postulado, en estos
eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
En el caso bajo examen, la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta colegiatura, revocó el fallo de primera instancia, y en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que la expedición de la orden de
captura del señor Cristian Alcides Carvajal López resultaba razonable y necesaria
con fines de indagatoria, ya que la Fiscalía no sólo contaba con el informe de policía
judicial del 10 de octubre de 2008, sino también con los testimonios de los señores:
«Froilán Palma Molina, Luis Eliebar Perea Quejada, Urbano Palacios Cuesta29, Yair
Rentería Hidalgo Alkivar Quejada Lenis y Samuel García Hinestroza, quienes
señalaron al actor y a los otros capturados de colaboradores del frente XXXIV de las
FARC por abastecerlo con víveres, logística e información de posibles víctimas».
Aunado a lo anterior, el juez colegiado consideró que la definición de la situación
jurídica también se hizo en el término de 10 días hábiles contemplado en la norma
procesal penal - porque eran más de 5 capturados-.
A su turno, la sentencia impugnada amparó los derechos fundamentales de los
accionantes y, como consecuencia, dejó sin efectos la anterior providencia y dispuso
que se profiriera otro fallo que tuviera en cuenta las consideraciones que le llevaron
a conceder el amparo.
El a quo estudió el defecto fáctico propuesto, y consideró que la sentencia
cuestionada incurrió en tal yerro, pues realizó una indebida valoración de las
declaraciones de terceros que acompañaron el informe de policía y sustentaron la
privación de la libertad.
Arribó a tal conclusión al considerar que el único testigo que se refirió
específicamente al señor Cristian Alcides y describió sus funciones en la guerrilla,
fue desestimado por la misma Fiscalía General de la Nación cuando se abstuvo de
dictar medida de aseguramiento, porque no era claro y se trataba de un testigo
indirecto.
9 Sentencia SU 573 de 2019.
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Demandado: Consejo de Estado – Sala - Tercera
Subsección A
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Señaló que los testigos indicados en la providencia accionada (Froilán Palma Molina,
Yair Rentería Hidalgo, Alkivar Quejada Lenis y Samuel García Hinostroza) no se
refirieron al señor Carvajal López. Mientras que el testigo Perea Quejada afirmó
conocerlo, pero centró su declaración en otras tres personas.
Finalmente concluyó:
i) La orden de captura para rendir indagatoria y la privación de la libertad previa a la
definición de la situación jurídica debe estar fundamentada en evidencias
recolectadas durante la investigación previa e instrucción y en este caso no existían
pruebas que la fundamentaran.
ii) El único testimonio que justificaba la captura fue desestimado por el mismo ente
investigador, entre otras cosas, por tratarse de un testigo indirecto que no prestaba
suficiente credibilidad para inferir la responsabilidad penal y mantener la
investigación en su contra.
iii) El informe de policía, según la jurisprudencia de esta Corporación, no es prueba
por sí solo y no puede sustentar la decisión de privar de la libertad a una persona.
iv) La Fiscalía, al definir la situación jurídica del actor, se abstuvo de imponerle
medida de aseguramiento porque consideró que carecía de elementos probatorios
que justificaran la privación de la libertad, dado que el único testimonio que podría
considerarse no generaba credibilidad. En consecuencia, en sede de responsabilidad
patrimonial del Estado, no se puede dar valor probatorio a dichos elementos para
concluir que la privación fue legal, ello desconocería la cosa juzgada penal que se
deriva de la decisión de preclusión de la investigación.
La entidad accionada y el juez constitucional de primera instancia impugnaron la
referida decisión, la primera porque, a su juicio, la acción no supera los requisitos de
procedibilidad, la Subsección A sustentó el recurso en las siguientes premisas:
i) No fue un caso de privación injusta de la libertad, sino restricción de ésta,
proveniente de una captura ordenada por la Fiscalía con fines de indagatoria.
ii) La captura, como medida coercitiva para garantizar la efectividad de la diligencia
de indagatoria, no compromete la responsabilidad del Estado, siempre que se acaten
los términos y condiciones que la ley prevé para ordenarla.
iii) El daño causado por la restricción del derecho a la libertad, para que sea calificado
como antijurídico debe ser el resultado de la configuración de una falla en el servicio:
régimen subjetivo de responsabilidad.
Desde la óptica descrita, la Subsección A se apartó del análisis realizado por la
Subsección B, pues en su concepto, el informe de policía no fue la única prueba que
justificó la detención, sino que también contaron los testimonios de los señores Luis
Eliebar Perea Quejada y Urbano Palacios Cuesta, medios que «bastaban para que
el entonces capturado se pudiera considerar como autor o partícipe de una infracción
penal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley 600 de 2000».
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Dilucidados los argumentos expuestos por la entidad accionada y el juez colegiado
que profirió la providencia objeto de tutela, la sala considera que la petición de
amparo no se relaciona con el alcance o interpretación de derechos fundamentales,
sino que se limita a una exposición de las inconformidades frente a la interpretación
que la autoridad judicial hizo de la normativa aplicable, la cual, según los actores,
vulnera principios como la presunción de inocencia y la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas.
Revisadas en detalle ambas providencias (la cuestionada y la impugnada) se advierte
que parten de la misma premisa: la Fiscalía descartó en el trascurso de la
investigación penal, los elementos probatorios que había tenido en cuenta para
ordenar la captura del señor Cristian Alcides Carvajal López en un primer estadio
procesal.
En el fallo tutelado se indicó que los testimonios y el informe de policía constituían
elementos de convicción suficientes para ordenar la detención en atención a que,
para el momento procesal de la investigación, tales señalamientos bastaban para
considerar al indiciado como autor o partícipe de una infracción penal, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley 600 de 2000.
Además, consideró el juzgador que la captura para efectos de indagatoria no equivale
a las medidas de aseguramiento, pues la norma vigente para ese momento señalaba
que correspondía a un mecanismo idóneo para materializar la obligación
constitucional de los ciudadanos de colaborar con la Administración de Justicia y
hacer efectivo el deber de los funcionarios judiciales de poner en conocimiento del
imputado la existencia de una investigación penal en su contra, para que ejerciera su
derecho de defensa.
Por el contrario, para el juez constitucional de primera instancia, la orden de captura
para rendir indagatoria y la privación de la libertad previa a la definición de la situación
jurídica debía justificarse en evidencias, las cuales no existían en este caso, puesto
que: i) el informe de policía no tiene valor probatorio según la jurisprudencia dictada
por esta corporación, y, ii) las declaraciones fueron objeto de valoración y se
desestimaron durante la investigación penal, de manera que en el escenario en que
se debate la responsabilidad extracontractual del Estado, la captura no puede
justificarse en dichos elementos, pues ello equivaldría a desconocer la decisión que
al respecto ya tomó la fiscalía y que mereció la preclusión de la investigación frente
al accionante.
Como se puede observar, para una de las subsecciones de la Sección Tercera, la
captura de que fue objeto uno de los accionantes equivale a una restricción de la
libertad proveniente del ejercicio legítimo de la facultad del Estado de investigar las
conductas delictivas, mientras que la para otra subsección, constituye una privación
injusta de la libertad.
El juez natural del asunto, consideró que en este caso se está frente al primer
supuesto, y desde esa perspectiva valoró los elementos tenidos en cuenta por el ente
acusador para ordenar la captura y detención del señor Cristian Alcides Carvajal
López y concluyó que la aplicación de las normas procesales penales vigentes al
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momento de la ocurrencia de los hechos no originó una restricción desproporcionada
de los derechos del accionante.
A su turno, el juez de tutela en primera instancia sostuvo que el juez contencioso
administrativo al analizar la antijuridicidad del daño padecido por los accionantes
otorgó a las pruebas un alcance diferente al que se les dio en el proceso penal, donde
finalmente fueron desestimadas al definir la situación jurídica del procesado.
De lo hasta aquí señalado se llega a una primera conclusión referente a que, en la
sentencia cuestionada se estudiaron distintos medios de prueba, es decir, que la
discrepancia de los actores no se origina en el desconocimiento del precedente
judicial o de la trasgresión al derecho a la igualdad por el supuesto valor probatorio
conferido al informe, sino en el análisis conjunto de las pruebas realizado por el juez
de la causa, que lo condujo a realizar inferencias diferentes a las que edificaban la
demanda.
Los actores alegan que la providencia incurrió en un defecto procedimental absoluto
«al haber omitido aplicar la jurisprudencia anterior, la cual predicaba una
responsabilidad objetiva aplicable para el caso que nos ocupa»; y en su lugar, aplicó
el régimen subjetivo de responsabilidad «sin que se diera oportunidad a la parte
actora de estructurar los nuevos argumentos y pruebas del caso».
De entrada, se advierte que el cargo propuesto no cumple con el presupuesto de
carga argumentativa pues, de una parte, no se ocupa de citar los pronunciamientos
de los que se extrae la posición dominante en la jurisprudencia de esta corporación
frente al régimen de responsabilidad en casos como el estudiado, al momento de
presentación de la demanda, y de otra, ni siquiera se indica en qué consistió el
cambio de postura efectuado en la sentencia atacada.
De otra parte, los accionantes señalan que la aplicación «mecánica» de la norma
trasgredió la presunción de inocencia del procesado, pero omitieron sustentar sus
inconformidades frente a las premisas que rigieron el razonamiento del juez tutelado,
consistentes en que la restricción se dio dentro de los plazos y con los requisitos
establecidos en la norma vigente, los cuales resultaban ser menos rigurosos en
casos de detención con fines de indagatoria.
Como se advierte, el debate propuesto frente a la presunta vulneración de los
postulados constitucionales invocados ya fue zanjada por el juez natural del proceso,
quien determinó que los estándares probatorios que debían observarse para ordenar
la captura del indagado eran menos exigentes por tratarse de una restricción y no
una privación de su derecho a la libertad, y en esa medida, tuvo la obligación jurídica
de soportarla.
En ese orden, lo que se pretende con la petición de amparo no es la interpretación
del alcance de un derecho fundamental, sino la realización de un nuevo estudio de
las normas legales y las pruebas allegadas al proceso, que sea favorable a los
actores y conduzca a declarar la antijuridicidad del daño demandado y la
consecuente responsabilidad de la entidad demandada.
Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de procedencia
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general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en una
controversia de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes
durante el proceso judicial, y no en el alcance de un derecho fundamental ni la
interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocase la sentencia del 4 de diciembre de 2023, por medio de la cual
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado amparó los derechos de
los accionantes y, en su lugar, declárese la improcedencia de la acción de tutela.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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