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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2012-00163-01

Fecha
16 de agosto de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2012-00163-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 15 de julio de 2019 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 16 Radicado: 05001-23-31-000-2012-00163-01 (64711) Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S. SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2012-00163-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

16 de agosto de 2022

Radicado: 05001-23-31-000-2012-00163-01 (64711)
Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de controversias contractuales
Radicación: 05001-23-31-000-2012-00163-01 (64711)
Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S.
Demandado: Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, porque no está demostrado que la
demandante tuviera derecho al reconocimiento de los perjuicios
reclamados.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 15 de julio de 2019 por la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 181 del CCA. A su vez, el
Tribunal Administrativo de Antioquia era competente para conocer el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el numeral 5 del artículo
132 del CCA.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 14 de noviembre de
20191. En el auto del 30 de enero de 20202 se dio traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente. La entidad demandada3 los presentó dentro de la oportunidad
legal. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- El 1° de febrero de 2012 la sociedad Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S. (en
adelante, <<Ingevías>> o la <<Contratista>>) presentó demanda de

1 Cuaderno principal, folio 2107.
2 Cuaderno principal, folio 2109.
3 Cuaderno principal, folios 2111 – 2113.

1

Radicado: 05001-23-31-000-2012-00163-01 (64711)
Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S.

controversias contractuales contra la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU (en
adelante, (<<EDU>> o la <<entidad demandada>>) para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas4:

<<4.1. PRINCIPALES

PRIMERA PRINCIPAL. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 69 del 6
de mayo de 2009 “Por medio de la cual se resuelve una reclamación” y la
Resolución No. 82 del 27 de mayo de 2009 “Por medio de la cual se resuelve el
Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 69 del 6 de mayo de
2009”, ambas por adolecer de los vicios de nulidad expuestos en el acápite del
fundamento de derecho.

SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 196 del
20 de octubre de 2009 “Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato
de obra pública 723 de 2005” y la Resolución No. 258 del 3 de febrero de 2010
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 196 del 20 de octubre de 2009”, ambas por adolecer de los vicios de
nulidad expuestos en el acápite del fundamento de derecho.

PRIMERA CONSECUENCIAL DE LA SEGUNDA PRINCIPAL. Que se liquide el
contrato en sede judicial.

TERCERA PRINCIPAL. Que se declare el incumplimiento de las obligaciones
contractuales contraídas por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
con ocasión del contrato de obra pública 723 del 22 de Diciembre de 2005, cuyo
objeto era “EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MULTIFAMILIAR DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL TIPO 1 DEL BARRIO MIRADOR DE LA HUERTA DEL
MACROPROYECTO DE MORAVIA, EN EL PLAN PARCIAL PAJARITO DEL
MUNICIPIO DE MEDELLÍN”.

PRIMERA CONSECUENCIAL DE LA TERCERA PRINCIPAL. Que se condene a
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU al restablecimiento del
equilibrio económico del contrato a favor de INGEVÍAS S.A.S.

SEGUNDA CONSECUENCIAL DE LA TERCERA PRINCIPAL. Que se condene
a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU a pagar los perjuicios
generados por la mayor permanencia en la obra sufrida por INGEVÍAS S.A.S. por
un valor de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L
($1.187.278.386).

TERCERA CONSECUENCIAL DE LA TERCERA PRINCIPAL. Que se condene
a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, a cancelar las obras
ejecutadas y no pagadas al contratista, las cuales se estiman en un valor de
NOVENTA NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO MILLONES DE PESOS (sic) M/L ($90.904.478), o la que se lograren probar
dentro del proceso, los cuales se encuentran discriminadas de la siguiente manera:

IVA no recuperado: $31.266.400
Voladura de roca: $30.555.120
Obras de urbanismo: $29.082.958
TOTAL $90.904.478

4 Cuaderno No. 1, folios 1 – 46. Reforma a la demanda Cuaderno No. 2, folios 1413 – 1467.

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Radicado: 05001-23-31-000-2012-00163-01 (64711)
Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S.

CUARTA CONSECUENCIAL DE LA TERCERA PRINCIPAL. Que se condene a
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU a pagar los perjuicios
derivados de la pérdida de capacidad residual sufrida por el contratista, estimados
en QUINIENTOS (500) SMMLV, por no poder liberar la capacidad residual en el
plazo fijado inicialmente en el contrato y lo cual le impidió realizar otros contratos.

QUINTA CONSECUENCIAL DE LA TERCERA PRINCIPAL. Que se condene a la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU a pagar los perjuicios derivados
de la pérdida del buen nombre y good will que ha sufrido INGEVÍAS S.A.S., los
cuales se estiman en CIEN (100) SMMLV, en razón de los incumplimientos de la
EDU pérdidas comerciales como quiera que se han retrasado en los pagos a sus
proveedores.

CUARTA PRINCIPAL. Que se condene a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO – EDU al pago de intereses moratorios estipulados por el artículo 8 de
la Ley 80 de 1993, sobre el valor de las condenas por las peticiones aquí expuestas
desde el momento en que se constituyó en mora y hasta la fecha de la sentencia
definitiva, a la tasa que certifique la Superintendencia Bancaria para ese mismo
periodo.

QUINTA PRINCIPAL. Que las sumas de dinero a que se condene a pagar a la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, sean actualizadas para
mantener el valor del dinero al momento de la sentencia de acuerdo a la
certificación que para tal efecto expida el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA “DANE”, y el BANCO DE LA REPÚBLICA sobre la
variación del índice de precios al consumidor y la corrección monetaria
respectivamente.

SEXTA PRINCIPAL. Que se condene en costas del proceso y agencias en
derecho a los demandados.>>

2.- La demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 22 de diciembre de 2005 Ingevías y la EDU suscribieron el contrato de
obra No. 723 (en adelante, el <<Contrato>>), que tenía por objeto la construcción
del proyecto multifamiliar de vivienda de interés social tipo 1 del barrio Mirador de
la Huerta, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la EDU.
El proyecto comprendía la construcción de unidades de vivienda distribuidas en
varias torres, la construcción de una vía de acceso y de redes de servicios
públicos.

2.2.- El plazo del Contrato era de 210 días contados a partir de la suscripción del
acta de inicio, lo cual ocurrió el 27 de diciembre de 2005. Su valor era de tres mil
novecientos noventa y tres millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos
ochenta y siete pesos ($3.993.159.987) y la modalidad de pago era a precios
unitarios no reajustables.

2.3.- Desde la suscripción del acta de inicio la EDU incumplió su obligación de
entregar oportunamente los diseños de urbanismo y estudios técnicos necesarios
para la ejecución del proyecto. Lo anterior generó constantes retrasos en el
programa de trabajo que, a su vez, hicieron necesaria la prórroga del plazo del

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Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S.

Contrato en cinco ocasiones, por un total de 390 días, y su suspensión en una
ocasión por 3 días.

2.4.- Mediante contrato adicional No. 4, suscrito el 4 de diciembre de 2006, las
partes adicionaron el valor del Contrato en dos mil ciento treinta y tres millones
trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos ($2.133.382.418),
con el objeto de construir de 108 unidades de vivienda adicionales igualmente
distribuidas en varias torres.

2.5.- La EDU exigió especificaciones adicionales para la construcción de las 108
unidades de vivienda, razón por la cual el dinero destinado no fue suficiente.
Como solución a los inconvenientes económicos las partes acordaron disminuir
el número de unidades de vivienda adicionales a construir de 108 a 72. Sin
embargo, esta solución no fue definitiva, por lo que la Contratista, mediante oficio
del 7 de septiembre de 2007, informó a la EDU que el presupuesto establecido
en el contrato adicional No. 4 no era suficiente para la ejecución de las obras.

2.6.- La EDU dio respuesta a lo comunicado por Ingevías mediante oficio del 21
de septiembre de 2007 en el que (i) ordenó la terminación de las obras, y (ii)
aclaró que los dineros necesarios para la terminación de las obras serían
reconocidos y pagados en la etapa de liquidación del Contrato, previa la
presentación de una reclamación económica que debía ser estudiada en conjunto
con la interventoría.

2.7.- La Contratista dio cumplimiento a lo ordenado y presentó reclamación
económica mediante comunicación del 19 de diciembre de 2007, en la que
solicitó el reconocimiento de (i) obra ejecutada (obras adicionales y mayores
cantidades de obra) y no pagada para terminar el proyecto por valor de
seiscientos veintinueve millones setenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco
pesos ($629.073.865), (ii) intereses moratorios causados por el valor de la obra
reclamada por cincuenta millones ciento veintiséis mil setecientos setenta y siete
pesos ($50.126.777), y (iii) IVA no devuelto por las viviendas no construidas por
causas ajenas a la Contratista por treinta y un millones doscientos veintiséis mil
cuatrocientos pesos ($31.226.400): la Ley 223 de 1995 establecía el derecho a
la devolución del IVA de los materiales de construcción adquiridos para la
construcción de viviendas de interés social, en un porcentaje equivalente al
cuatro por ciento (4%) del valor de las viviendas; la Contratista solicitó la
devolución del IVA respecto de los 36 apartamentos que no se construyeron por
razones que le eran ajenas.

2.8.- Mediante Resolución No. 69 del 6 de mayo de 2009 la EDU reconoció a la
Contratista cuatrocientos ochenta y dos millones doscientos cuarenta y un mil
ciento once pesos ($482.241.111), por concepto de obra adicional y mayores
cantidades de obra realizadas en el marco de la ejecución del Contrato. La
entidad demandada se abstuvo de reconocer (i) la mayor cantidad de obra

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ejecutada por concepto del ítem voladura de roca, (ii) los intereses moratorios
causados por el valor de la obra reclamada, y (iii) el IVA no devuelto.

2.9.- Ingevías presentó recurso de reposición y solicitó el reconocimiento de
aquellos conceptos cuyo reconocimiento fue negado.

2.10.- Por medio de la Resolución No. 82 del 27 de mayo de 2009 la entidad
contratante confirmó el acto administrativo impugnado porque (i) no existían
pruebas que demostraran las cantidades de obra ejecutadas para el ítem
voladura de roca, (ii) no se habían causado intereses moratorios porque hasta
tanto no quedara ejecutoriado el acto administrativo que reconociera las obras
ejecutadas no existía suma de dinero alguna adeudada, y (iii) la devolución del
IVA solo era procedente en la medida en que se hubieran construido las unidades
de vivienda adicionales.

2.11.- La EDU pagó la suma de dinero reconocida a favor del Contratista el 5 de
junio de 2009, esto es, casi un año y seis meses después de presentada la
reclamación económica. Esta demora hizo que la Contratista incumpliera los
compromisos contraídos con sus proveedores y perdiera el prestigio que la
caracterizó en sus relaciones contractuales.

2.12.- Mediante oficio del 9 de octubre de 2009, la EDU remitió a Ingevías el
proyecto de acta de liquidación del Contrato para su firma. Sin embargo, la
Contratista no aceptó los términos propuestos en el proyecto por considerar que
la entidad debía reconocer algunos valores ejecutados en el contrato.

2.13.- En su respuesta a la propuesta de liquidación, el Contratista solicitó el
reconocimiento de los siguientes conceptos: (i) mayor permanencia en la obra
por valor de mil ciento ochenta y siete millones doscientos setenta y ocho mil
trescientos ochenta y seis pesos ($1.187.278.386), (ii) obra ejecutada por
concepto del ítem voladura de roca por valor de treinta millones quinientos
cincuenta y cinco mil ciento veinte pesos ($30.555.120), (iii) intereses moratorios
causados por el valor de la obra reclamada por ciento veintiún millones
cuatrocientos noventa y tres mil setecientos ochenta y ocho pesos
($121.493.788), (iv) IVA no devuelto por valor de treinta y un millones doscientos
veintiséis mil cuatrocientos pesos ($31.226.400), y (v) obras de urbanismo por
valor de veintinueve millones ochenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho
pesos ($29.082.958).

2.14.- La entidad contratante liquidó unilateralmente el Contrato por medio de la
Resolución No. 196 del 20 de octubre de 2009, en la que negó la solicitud
presentada por Ingevías porque ya había emitido un pronunciamiento sobre
dichos conceptos en los actos que resolvieron la reclamación económica.

2.15.- La Contratista presentó recurso de reposición y solicitó el reconocimiento
de los perjuicios sufridos como consecuencia de la mayor permanencia en la obra

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de acuerdo con los documentos contractuales, la cual manifestó fue causada por
el incumplimiento de la entidad contratante en la entrega oportuna los diseños y
estudios necesarios para la ejecución del proyecto. También reiteró la solicitud
de reconocimiento de los demás conceptos porque estaba demostrado que había
asumido gastos y pérdidas por cuenta de los mismos.

2.16.- Mediante Resolución No. 258 del 3 de febrero de 2010 la EDU confirmó el
acto administrativo impugnado. Aunque reconoció que existió una mayor
permanencia en la obra causada por la necesidad de ejecutar obras adicionales
y mayores cantidades de obra y por la construcción de 108 viviendas adicionales,
lo cierto era que se suscribió <<(…) un acuerdo para el incremento del valor del
contrato y el reajuste de precios salvando los efectos derivados del incremento
del plazo contractual y evitando la causación de perjuicios al contratista (…)>>.

a.- En relación con las obras de urbanismo, advirtió que las mismas fueron objeto
de nuevas mediciones por parte de la interventoría y que los resultados de dichas
actividades no evidenciaron que la EDU adeudara algún dinero.

b.- En cuanto a los demás conceptos reclamados, señaló que su reconocimiento
debía ser negado porque ya se había emitido un pronunciamiento sobre los
mismos en los actos administrativos que resolvieron la reclamación económica.

2.17.- Las Resoluciones 69 del 6 de mayo y 82 del 27 de mayo de 2009, por
medio de las cuales la EDU resolvió la reclamación económica presentada por la
Ingevías adolecían de falsa motivación porque, contrario a lo manifestado en
aquellas, sí se debían efectuar reconocimientos conforme se expone a
continuación:

a.- En relación con el ítem voladura de roca, estaba demostrado que el mismo
fue efectivamente ejecutado por la Contratista en la zona en que se construyeron
las unidades de vivienda adicionales y que su valor correspondía al reclamado.

b.- En lo que respecta a los intereses moratorios causados por el valor de la obra
reclamada, afirmó que debían ser reconocidos desde el momento en que se
presentó la reclamación económica y hasta que se expidieron los actos
administrativos que resolvieron dicha reclamación. Incluso la misma entidad
contratante reconoció intereses moratorios desde antes de la presentación de la
reclamación económica.

c.- En cuanto a la devolución del IVA, aclaró que la misma incidía de forma directa
en la utilidad de la Contratista. Aunque admitió que para la construcción de las
unidades de vivienda adicionales en principio no obtendría el beneficio de la
devolución del IVA, lo cierto era que <<(…) con anterioridad a la ejecución de
estos se pactó con Javier Cuadros, quien actuaba en representación de la EDU,
que ésta [la devolución del IVA] sería reconocida al contratista>>.

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2.18.- Las Resoluciones 196 del 20 de octubre de 2009 y 258 del 3 de febrero de
2010, por medio de las cuales la EDU liquidó unilateralmente el Contrato, también
adolecían de falsa motivación porque:

a.- No era cierto que la mayor permanencia en la obra se hubiera originado en la
necesidad de ejecutar obras adicionales y mayores cantidades de obra y en la
construcción de las 108 unidades de vivienda adicionales. En realidad, obedeció
al incumplimiento en la entrega oportuna de los diseños y estudios necesarios
para la ejecución del proyecto de acuerdo con el programa de trabajo.

b.- Tampoco era cierto que la adición en valor acordada por las partes hubiera
cubierto los sobrecostos administrativos asumidos por la mayor permanencia en
la obra ni mucho menos que hubiera restablecido la ecuación económica del
Contrato. El valor adicionado solo cubrió la construcción de las 108 viviendas
adicionales y de las obras adicionales y mayores cantidades de obra que se
hicieron necesarias por cuenta de las especificaciones adicionales exigidas por
la EDU.

2.19.- Los actos administrativos demandados estaban viciados de nulidad por
desviación de poder porque fueron proferidos con el único propósito de evadir la
responsabilidad en que incurrió la EDU por el incumplimiento del Contrato.

2.20.- La EDU incumplió el Contrato porque (i) entregó planos preliminares con
errores, (ii) no entregó oportunamente los diseños y estudios necesarios para la
ejecución del proyecto, y (iii) ordenó la ejecución de obras adicionales y mayores
cantidades de obra a pesar de que el presupuesto del proyecto ya se había
agotado.

B.- Posición de la parte demandada

3.- La EDU se opuso a las pretensiones de la demanda5 y expuso los siguientes
argumentos:

3.1.- La demanda estaba caducada respecto de las pretensiones de nulidad de
las Resoluciones 69 del 6 de mayo y 82 del 27 de mayo de 2009 por medio de
las cuales la EDU resolvió la reclamación económica presentada por Ingevías. El
acto administrativo que resolvió la reclamación económica quedó en firme el 30
de mayo de 2009 y la demanda fue presentada el 1° de febrero de 2012, esto es,
cuando ya había vencido el término de 2 años para demandar.

3.2.- La ejecución del Contrato se desarrolló en relativa normalidad. Aunque se
presentaron problemas en relación con los diseños y estudios necesarios para la
ejecución de las obras que, junto con otros factores como la construcción de
viviendas adicionales, conllevaron la necesidad de prorrogar el plazo del

5 Cuaderno No. 1, folios 1481 – 1511.

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Contrato, las partes adoptaron las medidas para mantener el equilibrio
económico del Contrato. Es así que, de común acuerdo, ampliaron su valor y ello
cubrió los gastos administrativos asumidos durante el plazo adicional.

3.3.- Ingevías no dejó salvedades en los cinco contratos adicionales ni en el acta
de suspensión, razón por la cual no le era dable demandar judicialmente el
reconocimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia de la mayor
permanencia en la obra. En cualquier caso, la demandante no demostró que
hubiera asumido sobrecostos administrativos durante el plazo adicional.

C.- Sentencia recurrida

4.- En sentencia del 15 de julio de 20196, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. En síntesis,
consideró que:

4.1.- La demanda fue presentada dentro del término legal. El acto administrativo
que liquidó unilateralmente el Contrato quedó en firme el 18 de febrero de 2010,
razón por la cual la demanda debía ser presentada a más tardar el 19 de febrero
de 2012. Teniendo en consideración que la demanda fue radicada el 1° de febrero
de 2012, concluyó que fue oportuna.

4.2.- El reconocimiento del ítem de voladura de roca, de los intereses moratorios
causados por el valor de las obras reclamadas, del IVA no recuperado y de las
obras de urbanismo no era procedente. Ello, como quiera que la Contratista no
dejó salvedades respecto de los mismos en las actas parciales de pago y no
contaba <<(…) con los soportes documentales necesarios y debidos para ser
reconocidos en sede judicial>>.

4.3.- Tampoco era procedente el reconocimiento de los supuestos sobrecostos
asumidos durante la mayor permanencia en la obra porque:

a.- Los contratos adicionales y el acta de suspensión del Contrato no solo
obedecieron a los inconvenientes que se presentaron alrededor de los diseños y
estudios necesarios para la ejecución del proyecto, sino también a la
construcción de nuevas unidades de vivienda y a la necesidad de ejecutar obras
adicionales y mayores cantidades de obra.

b.- Las dificultades que se presentaron en relación con los estudios y diseños
necesarios para la ejecución de la obra no generaron una alteración grave al
punto de paralizar la obra.

c.- Las inconsistencias en los diseños y estudios requeridos para la ejecución del
proyecto constituían una situación imprevisible que no era imputable a la entidad

6 Cuaderno principal, folios 2074 – 2086.

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contratante, sino a los terceros que ejecutaron el contrato de consultoría
celebrado para la realización de los mismos.

d.- Las partes solucionaron los problemas originados en los diseños y estudios a
través de los contratos adicionales celebrados durante la ejecución del Contrato,
sin que Ingevías dejara salvedades o manifestara inconformidades.

D.- Recurso de apelación de la demandante

5.- Ingevías solicita revocar la sentencia de primera instancia7 y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. En el escrito de apelación expone los
siguientes argumentos:

5.1.- No era procedente negar las pretensiones de la demanda con sustento en
que Ingevías no dejó salvedades en los contratos adicionales y en el acta de
suspensión del Contrato.

a.- La regla jurisprudencial que exigía dejar salvedades en los actos
modificatorios y en las actas de suspensión del contrato estatal solo se impuso a
partir del 2011. Esa regla no era aplicable al caso concreto porque en el momento
en que se suscribieron los contratos adicionales y el acta de suspensión del
Contrato no existía una jurisprudencia consolidada que la impusiera.

b.- La exigencia de dejar salvedades en los actos modificatorios y en las actas
de suspensión del contrato estatal implica una limitación al derecho de acceso
de la administración de justicia, <<(…) puesto que sería asignarle al silencio unos
efectos de renuncia a las reclamaciones que el ordenamiento jurídico no
consagra expresamente>>.

c.- Tampoco resulta admisible que se exija dejar salvedades en un momento en
que no se conocen los efectos jurídicos que puedan llegar a tener las
modificaciones y suspensiones del contrato estatal.

d.- En el expediente obran pruebas que demuestran que la Contratista puso en
conocimiento de la EDU las circunstancias que estaban generando los perjuicios
que son reclamados en sede judicial, razón por la cual no podría afirmarse que
Ingevías tomó por sorpresa a la entidad contratante.

5.2.- Está demostrado que la mayor permanencia en la obra tuvo como causa
directa las falencias relacionadas con los estudios y diseños necesarios para la
ejecución del proyecto, bien sea por su entrega tardía o por sus deficiencias. Los
perjuicios sufridos como consecuencia de la mayor permanencia en la obra no
fueron cubiertos con la adición al valor del Contrato introducida a través del
contrato adicional No. 4.

7 Cuaderno principal, folios 2088 – 2102.

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5.3.- El Tribunal Administrativo de Antioquia erró al considerar que los problemas
asociados a los diseños y estudios no eran imputables a la entidad demandada,
pues era ella quien tenía la obligación de suministrarlos y, por tanto, de asegurar
su idoneidad.

II. CONSIDERACIONES

E.- Decisión a adoptar

6.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término legal. La Resolución No. 258 del 3 de febrero de 2010, por medio de
la cual se resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución No.
196 del 20 de octubre de 2009 que liquidó unilateralmente el Contrato, fue
notificada personalmente el 18 de febrero de 20108. Por lo anterior, la demanda
presentada el 1° de febrero de 2012 fue oportuna. Esto, sin tener en cuenta que
se agotó el requisito de procedibilidad9.

7.- Ingevías formuló pretensiones de nulidad contra los actos administrativos por
medio de los cuales se resolvió la reclamación económica y se liquidó el Contrato,
con el propósito de habilitar el estudio de las pretensiones de incumplimiento
contractual que también formuló en el libelo introductorio. Las causales de
nulidad alegadas fueron la falsa de motivación y la desviación de poder por el no
reconocimiento de los derechos reclamados por la Contratista.

8.- Sin embargo, las partes en el trámite de la ejecución del Contrato acordaron
resolver sus diferencias mediante una reclamación, y en la respuesta a la misma
la entidad accedió a algunas de las peticiones y negó otras, que son
precisamente las que se impetran en la demanda y a las cuales se circunscribe
el objeto del litigio. Lo que se solicitó en la demanda fue el reconocimiento de
perjuicios por los siguientes conceptos: (i) el no reconocimiento de la obra
ejecutada por concepto del ítem voladura de roca, (ii) los intereses moratorios
causados por el valor de la obra reclamada, (iii) el IVA no devuelto, (iv) las obras
de urbanismo no pagadas, y (v) los perjuicios sufridos como consecuencia de la
mayor permanencia en la obra afrontada por la Contratista.

9.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, porque la Contratista (i) no acreditó el
incumplimiento de la EDU relativo al no pago de las cantidades de obra
ejecutadas por concepto del ítem voladura de roca; (ii) no demostró el
incumplimiento de la entidad demandada por no pagarle intereses moratorios
sobre el valor de las obras reclamadas por la Contratista; (iii) no probó el
incumplimiento de la accionada en relación con el IVA, porque éste no hacía parte
de la utilidad de Ingevías; (iv) no acreditó el incumplimiento del Contrato porque
no se le hubiesen pagado mayores cantidades de obra por concepto de obras de

8 Cuaderno No. 1, folio 85.
9 Cuaderno No. 1, folio 53.

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urbanismo; (v) no demostró haber sufrido perjuicios por la mayor permanencia en
la obra; (vi) lo reclamado por concepto de pérdida de la capacidad residual no es
un perjuicio sino la consecuencia de ejecutar un contrato estatal, y (vii) la demora
en el pago de obligaciones solo genera intereses moratorios y no perjuicios
asociados al buen nombre y good will.

10.- En la primera parte de las consideraciones, la Sala se referirá a las
reclamaciones que se niegan por no haber demostrado los incumplimientos
contractuales imputados a la EDU. En la segunda parte, se referirá a las
reclamaciones que se niegan por no haber demostrado los perjuicios. En relación
con la mayor permanencia, frente a la cual la entidad alega que esta no fue
reclamada en los contratos adicionales por medio de los cuales se amplió el
Contrato, se advierte que la posición mayoritaria de la Sala10 solo ha exigido
salvedades en relación con los convenios modificatorios (acuerdos contractuales)
de los que pueda inferirse que se superó una posible reclamación y no ha exigido
que en todos los pagos deba dejarse una salvedad como lo entiende el tribunal.
Y al margen de esta discusión, los perjuicios por mayor permanencia serán
negados por falta de prueba.

I) Reclamaciones que se rechazan por no estar probado el
incumplimiento

F.- Las cantidades de obra por concepto del item voladura de roca

11.- La modalidad de pago del Contrato era a precios unitarios sin fórmula
reajuste, por lo que la remuneración que le correspondía a la Contratista era el
valor que resultara de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los
precios unitarios pactados. De acuerdo con lo anterior, para que el
reconocimiento de las mayores cantidades reclamadas por concepto del ítem
voladura de roca fuera procedente, a la Contratista le correspondía demostrar las
cantidades de obra ejecutadas.

11.1.- A partir del oficio del 9 de junio de 200811 emitido por el señor Fernando
García, quien era contratista de la EDU y ostentaba el cargo de coordinador de
seguimiento del Contrato, está demostrado que Ingevías ejecutó actividades
correspondientes al ítem voladura de roca en los sitios en los que se construyeron
las unidades de vivienda adicionales. Sin embargo, esta prueba documental no
demuestra las cantidades de obra ejecutadas por dicho ítem, razón por lo cual
no es procedente deducir que la demandada incumplió el contrato por no pagar
la suma reclamada por el contratista.

10 Esta posición no es compartida por el ponente, punto al que se hace referencia, entre otros, en la
aclaración de voto a la sentencia del 4 de mayo de 2022 proferida dentro del expediente con radicación
25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779), cuyo Consejero Ponente fue Alberto Montaña Plata.
11 Cuaderno No. 1, folio 222.

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11.2.- El informe RIALH-058 del 10 de marzo de 200812, por medio del cual la
interventoría rindió concepto sobre la reclamación económica presentada por la
Contratista, tampoco demuestra las cantidades de obra ejecutadas para el ítem
voladura de roca. Esta prueba documental evidencia que la interventoría no
emitió un pronunciamiento sobre el mencionado ítem y dio traslado a la EDU para
que resolviera lo reclamado en ese punto.

G.- Los intereses reclamados por el reconocimiento económico realizado
durante la ejecución del contrato

12.- El valor de las obras reclamadas no causó intereses moratorios desde la
presentación de la reclamación económica pues, mientras no se decidiera la
solicitud, no existía una obligación a cargo de la EDU.

12.1.- Tal y como lo señaló la EDU en el oficio del 21 de septiembre de 200713,
se acordó que la Contratista debía presentar una reclamación económica para el
reconocimiento de las obras necesarias para la terminación de las unidades de
vivienda adicionales. Y solo a partir de su estudio la EDU podía verificar si el
reconocimiento de las obras reclamadas era procedente y, por tanto, debía
asumir la obligación de pagarlas. En este punto es preciso resaltar que las partes
no acordaron que la sola presentación de la reclamación económica hiciera
exigible el pago de las obras cuyo reconocimiento fue solicitado.

12.2.- Contrario a lo manifestado por Ingevías, no está demostrado que la EDU
hubiera reconocido intereses moratorios sobre el valor de las obras desde antes
de la presentación de la reclamación económica. El informe RIALH-058 del 10 de
marzo de 2008 evidencia que la interventoría y la Contratista llegaron a un
acuerdo en cuanto a los costos de financiación reclamados, los cuales
comprendían intereses sobre la última acta de obra y el mayor valor ejecutado.
Pero el anterior solo fue un concepto previo rendido por la interventoría que no
fundamentó el reconocimiento realizado en los actos administrativos
demandados.

12.3.- En realidad el reconocimiento efectuado por la EDU estuvo sustentado en
la Resolución No. 83514 del 16 de diciembre de 2008 proferida por el Fondo de
Vivienda de Interés Social de Medellín – Fovimed. Y, a partir de la copia parcial
allegada al expediente, no es posible determinar que la entidad demandada
hubiera reconocido intereses moratorios por cuenta del valor de las obras
reclamadas.

12.4.- Tampoco resulta procedente el reconocimiento de intereses moratorios a
partir de la decisión que resolvió la reclamación económica porque el pago fue

12 Cuaderno No. 1, folios 246 – 252.
13 Cuaderno No. 1, folio 193.
14 Cuaderno No. 1, folios 135 – 137.

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realizado dentro del pazo de 30 días establecido en el numeral 6.11 del pliego de
condiciones15, sin que se hubiese presentado sobre este punto incumplimiento
de la EDU. En efecto, la resolución que decidió el recurso de reposición
interpuesto contra el acto que resolvió la reclamación económica fue proferida el
27 de mayo de 2009 y el pago de la suma de dinero reconocida por la EDU, de
acuerdo con lo expuesto en la demanda, se hizo el 5 de junio de 2009.

H.- La devolución del IVA no recuperado

13.- La devolución del IVA no hacía parte de la utilidad de Ingevías. El numeral
1.15 del pliego de condiciones establecía que para determinar el valor de la
propuesta no se tendría en cuenta el IVA para los materiales que fueran objeto
de devolución por tratarse de un proyecto de vivienda de interés social. Contrario
a lo afirmado en la demanda, el pliego de condiciones no estipulaba que la
devolución del IVA haría parte de la utilidad de Ingevías. Tampoco está
demostrado que algún funcionario de la EDU se hubiera comprometido a
reconocer la devolución del IVA como parte de la utilidad a la que la Contratista
tenía derecho.

14.- Lo que está demostrado es que el Contrato fue adicionado para la
construcción de 108 unidades de vivienda adicionales, las cuales no se
construyeron en su integridad por causas no imputables a la Contratista. Sin
embargo, esa circunstancia por sí sola no hace procedente la devolución, porque
en el expediente no está acreditado que Ingevías hubiera adquirido materiales
de construcción y que no los hubiera utilizado por no haberse construido las
unidades de vivienda adicionales para las cuales se amplió el plazo el Contrato.

I.- Mayores obras de urbanismo

15.- A pesar de que en la demanda se hizo una exposición detallada de las
razones por las cuales se debían reconocer las mayores cantidades de obra
ejecutadas por voladura de roca, los intereses moratorios causados por la obra
reclamada, el IVA no devuelto y la mayor permanencia en la obra, Ingevías no
hizo lo propio con las mayores cantidades de obra de urbanismo. En efecto, en
el libelo introductorio no se expusieron los fundamentos sobre los cuales versaba
la reclamación en lo que tiene que ver con las obras de urbanismo.

16.- En el expediente está demostrado que la reclamación por concepto de obras
de urbanismo fue negada porque no estaba probado que se hubieran ejecutado
mayores cantidades de obra. Sin embargo, Ingevías no allegó pruebas para
controvertir la afirmación de la entidad contratante y en el dictamen pericial
practicado dentro del expediente no se realizó un análisis en lo que respecta a
las obras de urbanismo reclamadas por la Contratista.

15 Cuaderno No. 3, folios 1512 – 1548.

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II) Las reclamaciones que se niegan por falta de prueba del perjuicio

J.- Mayor permanencia

17.- Aun cuando está probado que la EDU suministró diseños preliminares
errados y no entregó oportunamente los diseños y estudios necesarios para la
ejecución del proyecto y que ello generó la necesidad de prorrogar el plazo del
Contrato en varias ocasiones, lo cierto es que no están demostrados los
perjuicios asumidos como consecuencia de la mayor permanencia en la obra.

17.1.- En el expediente obra el dictamen pericial16 rendido por el ingeniero civil
Pascual Julio Henao Ospina. En este dictamen el perito determinó los perjuicios
asumidos por Ingevías por cuenta de la mayor permanencia en la obra con
sustento en el siguiente procedimiento:

<<Cálculo de la mayor permanencia en el contrato Nº 723 de 2.005:
Comprobado que la fórmula es aplicable en todas las situaciones, la utilizaremos
para calcular el costo de la mayor permanencia en el contrato que nos ocupa.

El valor inicial del contrato (V1) es: $3.993.159.987, con un plazo inicial (P1) de
210 días (…). El valor final ascendió a $6.608.764.404, de acuerdo a la siguiente
relación (…):

Concepto Valor ($)
Valor inicial del contrato $3.993.159.987
Valor adicional al contrato $2.133.382.418
Valor total del contrato $6.126.542.405
Valor reconocido por reclamación $482.241.111
Valor contrato más valor reconocido por reclamación $6.608.764.404
Valor final del contrato, a pesos de la fecha de $6.608.764.404
presentación de la propuesta

El plazo final ascendió a 604 días solares, tiempo transcurrido entre el 27 de
diciembre de 2.007, fecha de iniciación de los trabajos (…) y el 23 de agosto de
2.007, de vencimiento del plazo (…); a este tiempo se le descuentan los 4 días que
estuvo suspendida la obra, entre el 17 y el 20 de agosto de 2.007 (…) para un
plazo total neto de 600 días calendario. AIU ofertado: 20% (…).

16 Cuaderno No. 4, folios 1928 – 1964.

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El valor anterior está en pesos de noviembre de 2.005, fecha de presentación de
la licitación. Como dio negativo, es favorable al contratista.

En consecuencia, la mayor permanencia en la ascendió a: Ochocientos
millones cuarenta y cuatro mil dieciocho pesos ($800.044.018) ml, de
noviembre de 2.005, a favor de INGEVÍAS S.A.S.>>

17.2.- Lo realizado por el perito fue una simple operación aritmética que no
prueba de ninguna manera los perjuicios que, por cuenta de la mayor
permanencia en la obra, hubiese tenido que asumir realmente la Contratista.
Sobre el particular, esta Subsección se pronunció en sentencia del 3 de
noviembre de 202017, así:

<<En relación con los perjuicios estimados en la demanda, debe recordarse que
esta Corporación ha sido enfática al indicar que la sola premisa del exceso en el
tiempo previsto para la ejecución del contrato no concede, automática ni
presuntivamente, el reconocimiento de perjuicios por la mayor permanencia en
obra, por lo que resulta insuficiente probar este daño a partir de simples
operaciones aritméticas que simplemente multipliquen los valores propuestos en
la oferta por el tiempo extra en el que efectivamente se prolongó la obra.>>

17.3.- Si bien la demandante allegó al expediente comprobantes de egreso
emitidos durante el plazo adicional del Contrato, no está probado de ninguna
manera que esos comprobantes en realidad correspondieran a gastos asumidos
como consecuencia de la mayor permanencia en la obra. Tampoco está
acreditado que los gastos de administración reconocidos con ocasión de la
adición al valor del Contrato y de las obras reconocidas en los actos demandados
alcanzaron a cubrir los sobrecostos asumidos durante la mayor permanencia en
la obra.

17.4.- En este último punto es preciso resaltar que, tal y como lo manifestó
Ingevías, en el contrato adicional No. 4 no se consignó un acuerdo para reparar
los mayores gastos reclamados por la Contratista. Sin embargo, el hecho de que
en el mencionado contrato adicional y en los actos administrativos que
resolvieron la reclamación económica se hubieran reconocido gastos
administrativos, comportaba para Ingevías la carga de demostrar que en realidad
asumió sobrecostos administrativos a pesar de dicho reconocimiento.

K.- La pérdida de capacidad residual

18.- En lo que tiene que ver con la pérdida de la capacidad residual reclamada
por la Contratista, esta no constituye en sí misma un perjuicio por ser la
consecuencia de la ejecución del contrato. Sin embargo, podría llegar a constituir
un perjuicio en la medida en que estuviera demostrado que Ingevías hubiera
perdido la oportunidad de acceder a la celebración de contratos por cuenta de la
afectación de su capacidad residual por una mayor permanencia que no le fuera

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del

3 de noviembre de 2020. CP Alberto Montaña Plata. Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00291-01
(51249).

15

Radicado: 05001-23-31-000-2012-00163-01 (64711)
Demandante: Ingeniería y Vías – Ingevías S.A.S.

imputable. En dicho sentido debía cumplirse la totalidad de los presupuestos de
la pérdida de oportunidad, esto es, que se tratara de una oportunidad cierta, lo
cual, en el caso concreto, no se demostró.

19.- En este punto es preciso resaltar que en el dictamen pericial solicitado por
Ingevías para probar, entre otros, los perjuicios asociados a la pérdida de la
capacidad residual, el perito concluyó que no contaba con elementos de juicio
suficientes para determinar su existencia.

L.- La demora en el pago de obligaciones solo genera intereses moratorios
y no perjuicios asociados al buen nombre y good will.

20.- La Contratista afirmó que la demora en el reconocimiento y pago de las obras
adicionales y mayores cantidades de obra necesarias para la terminación de las
unidades de vivienda adicionales y que fueron reclamadas en el marco de la
ejecución del Contrato, afectó su bien nombre y good will porque propició el
incumplimiento de los compromisos adquiridos con sus proveedores y, por ello,
hizo que perdiera el prestigio que la caracterizó en sus relaciones contractuales.

20.1.- En este punto la Sala advierte que, de acuerdo con el artículo 1616 del
Código Civil, el deudor solo es responsable de los perjuicios previsibles al tiempo
del contrato cuando, como en este caso, no está demostrado el dolo.

20.2.- Al margen de lo anterior, aun en el hipotético escenario en que se admitiera
la procedencia de los mencionados perjuicios, en todo caso habría que negarlos
porque en el dictamen pericial el perito igualmente manifestó no tener elementos
de juicio suficientes para determinar los perjuicios sufridos por dicha afectación.

M.- Condena en costas

21.- En consideración a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 15 de
julio de 2019 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado
Aclara voto

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Aclara voto

17

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