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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02687-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02687-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: MODIFICAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 4 de octubre de 2017, la cual queda así: PRIMERO. CONDENAR al Instituto de Desarrollo Urbano a pagar a favor del demandante, la suma de $1.481.980.791 por concepto de mayores cantidades de obra, reconocidas y no pagadas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR judicialmente liquidado el contrato de obra 066 de 2009, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y Mario Alberto Huertas Cotes, con un saldo a favor del contratista equivalente a $1.481.980.791, que deberá ser pagado por la entidad contratante a favor de Mario Alberto Huertas Cotes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. 34 Se advierte, además, que, en atención a que prosperaron las pretensiones principales, no se estudian las pretensiones subsidiarias. 35 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”. 18 de 19 Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779) Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes Demandado: IDU Referencia: controversias contractuales Decisión: modificar la sentencia apelada ________________________________________________________________________________

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02687-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales

Temas: controversias contractuales – incumplimiento contractual – desequilibrio contractual –
práctica y valoración del dictamen de parte.

Síntesis del caso: el actor solicitó la declaratoria del incumplimiento, del desequilibrio
contractual y el reconocimiento de sobrecostos ocasionados durante la ejecución del
contrato.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de
la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, el 4 de octubre de 2017, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 30 de noviembre de 2015 Mario Alberto Huertas Cotes, a través de
apoderado judicial, presentó una demanda2, en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales, en contra del Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU), con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:

“PRIMERA. – Que se declare que el […] IDU incumplió el contrato de obra No
066 de 2009 celebrado con Mario Alberto Huertas Cotes, por efectos de la

1 El Consejo de Estado es competente para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia

por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Mediante Auto de 23 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la reforma de la

demanda, que había sido presentada el 24 de junio de 2016 (Fl. 541 cuaderno III).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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inobservancia a sus deberes legales en cuanto a la adopción de las
medidas necesarias y suficientes para mantener el equilibrio económico y
financiero del contrato y la equivalencia prestacional […] todo lo cual
generó sobrecostos, daños y perjuicios a mi poderdante.
SEGUNDA. – Que se declare que en desarrollo del contrato de obra No 066
de 2009 celebrado con entre el IDU y Mario Alberto Huertas Cotes, se
presentaron situaciones imprevistas no imputables al contratista, que dieron
lugar al rompimiento de la ecuación de dicho contrato en contra de éste,
lo cual hizo excesivamente onerosa su ejecución.
TERCERA. – Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
condene al IDU a pagar a Mario Alberto Huertas Cotes, el valor de los
sobrecostos y/o perjuicios de todo orden padecidos por el contratista por el
incumplimiento de la entidad, así como por la ocurrencia de hechos o
circunstancias imprevistas que generaron una excesiva onerosidad para el
cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista.
CUARTA. – Que se declare que durante el desarrollo del contrato […] el
contratista ejecutó obras no incluidas en el alcance inicial del objeto
contractual las cuales, a pesar de no contar con respaldo presupuestal, eran
necesarias para la culminación del objeto del contrato y la puesta en
servicio de la obra pública; por las cantidades que resulten probadas en el
proceso.
QUINTA. – Que como consecuencia de la anterior declaratoria se condene
al IDU a pagar a favor de Mario Alberto Huertas Cotes el valor de las obras
no incluidas en el alcance inicial del objeto contractual las cuales, a pesar
de no contar con respaldo presupuestal, eran necesarias para la
culminación del objeto del contrato y la puesta al servicio de la obra
pública, por las cantidades que resulten probadas en el proceso.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión cuarta, se declara que el IDU se ha enriquecido sin
justa causa a costa del correspondiente empobrecimiento de Mario Alberto
Huertas Cotes como consecuencia de la ejecución por parte del contratista
de las obras no incluidas en el alcance inicial del objeto contractual las
cuales, a pesar de no contar con el respaldo presupuestal, eran necesarias
para la culminación del objeto del contrato y la puesta al servicio de la obra
pública; por las cantidades que resulten probadas en el proceso.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión quinta, y en el evento de que prospere la subsidiaria
a la cuarta pretensión principal, se condene al IDU a compensar a Mario
Alberto Huertas Cotes, en los valores que se logren probar en el proceso, por
efectos de la ejecución por parte del contratista de la obras no incluidas en
el alcance inicial del objeto contractual las cuales, a pesar de no contar con
respaldo presupuestal, eran necesarias para la culminación del objeto del
contrato y la puesta al servicio de la obra pública.
SEXTA. – Que se liquide judicialmente el contrato […] y que dentro de la
liquidación se incluya el reconocimiento de los sobrecostos y perjuicios de
todo orden sufridos por el contratista con ocasión de la celebración,
ejecución y terminación de dicha relación contractual, así como las obras
ejecutadas y no abonadas por la entidad contratante al contratista, de
conformidad con las pretensiones declarativas que anteceden.
[…]”.

2. En la demanda3 la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes que fundamentaron sus pretensiones:

3. 1) Después un procedimiento de selección, el 11 de noviembre de 2009, el
IDU y Mario Huertas Cotes celebraron el contrato de obra pública 66, que tenía
por objeto la ejecución de dos proyectos (101 y 107), por valor de

3 Folios 123-216 del cuaderno principal I.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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$51.942’433.583 y cuyo plazo de ejecución inicial era de 16 meses, contados
a partir de la suscripción del acta de inicio.

4. 2) El objeto del contrato consistió en la construcción de la “Avenida
Laureano Gómez (AK9) desde la Av. San Juan Bosco (AC 170) hasta la Av.
Cedritos (AC 147)”, (proyecto 101), y la “construcción de la calzada sur de la
Avenida San José (AC 170) desde la Avenida Boyacá hasta la Avenida cota
(AK 91)”, (proyecto 107).

5. 3) Afirmó el demandante que el acta de inicio se suscribió el 20 de
noviembre de 2009 y allí se previó un plazo de ejecución de 13 meses para el
proyecto 101 y de un mes más para el proyecto 107.

6. 4) Según indicó la parte actora, de conformidad con el pliego de
condiciones, se incluyó un periodo de 2 meses para adelantar “actividades
preliminares necesarias para el desarrollo de la obra”. Actividades que
“excedieron de manera importante la apropiación presupuestal prevista”,
pues el contratista tuvo que “rediseñar el proyecto”.

7. 5) Añadió que, durante la etapa de construcción, se adoptó un esquema
de trabajo que implicaba que el contratista no pudiera intervenir un nuevo
tramo sin haber completado la intervención del tramo anterior. Este esquema
no se pudo ejecutar de acuerdo con la programación inicial, por causas
ajenas al contratista, ya que se necesitaba contar con la información técnica
y los estudios y diseños aptos para construir.

8. 6) Afirmó que el desequilibrio económico se debía, principalmente a: 1) la
demora por parte del IDU en la adquisición y liberación de los predios; 2) la
demora en la labor de rediseño de los diseños entregados por el IDU; 3) la
demora, por parte de las autoridades distritales, para el otorgamiento de
permisos para el traslado y tala de árboles y las aprobación de los PMT (planes
de manejo de tráfico); 4) la ola invernal que ocasionó bajos rendimientos y
cierres de las escombreras; 5) hechos imprevistos en relación con la calidad
de la especificación técnica y la marca de la tubería (esto último, solo en
relación con el proyecto 107).

9. 6) Según indicó el demandante, comoquiera que el contrato no se pudo
ejecutar de conformidad con el esquema previsto, el contratista tuvo que
presentar 4 reprogramaciones, que “desplaza[ron] el plazo contractual,
modificando el alcance del proyecto y la inversión programada”.

10. 7) Indicó que el plazo de ejecución se prorrogó en varias oportunidades y
se adicionó su valor. El contratista aseguró que ejecutó actividades
adicionales y mayores cantidades de obra en distintos frentes “que no fueron
reconocidas y pagadas por la entidad”, dentro de las que se encontraban

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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algunos trámites relacionados con la línea férrea pública entre Bogotá y
Belencito; semaforización; “actividades forestales”; espacio público;
demarcación y señalización, obras en redes de acueducto, alcantarillado y
en la red de la ETB; operación de motobombas y “sobreacarreo”.

11. 8) El 19 de noviembre de 2012 las partes suscribieron el acta de terminación
del contrato, en la cual, según afirmó el demandante, se dejó constancia de
que el contratista cumplió con el objeto contratado.

12. 9) Finalmente, la parte actora presentó una propuesta de liquidación del
contrato, en atención a que este no había sido liquidado, ni de común
acuerdo, ni de manera unilateral. En la propuesta de liquidación indicó que
existía un saldo a favor del contratista de $18.614’915.611.

13. Dentro del apartado titulado “consideraciones jurídicas”, el demandante
sostuvo que el IDU inobservó el principio de planeación; no había asumido el
riesgo de situaciones anormales que escapaban a su control; así como el
derecho a reclamar los perjuicios por los sobrecostos.

1.2. Posición de la parte demandada

14. El 25 de julio de 2016 el IDU contestó la demanda4 y se opuso a las
pretensiones. Indicó que la entidad cumplió el contrato, que el contratista
aceptó los términos establecidos en el pliego de condiciones y que se había
celebrado un negocio jurídico “con un componente de AIU, dentro del cual
se tiene el llamado imprevistos”, con el que contaba el contratista para
atender el alea que se podía presentar durante el desarrollo del contrato.

15. Según afirmó, como el IDU “estaba ejecutando la liquidación del contrato,
no se ha[bía] podido establecer si las obras que realizó el contratista estaban
incluidas o no dentro del contrato, y en caso de no estar incluidas se debe
establecer si el Instituto autorizó al contratista a realizarlas o no”. En todo caso,
si bien la entidad había perdido competencia para liquidar el contrato, se
estaba a la espera del concepto de la interventoría y de otras entidades, “ya
que el contratista no ha[bía] cumplido a cabalidad la ejecución del
contrato”.

16. Agregó que el demandante no aportó ninguna prueba relativa al
supuesto enriquecimiento sin justa causa.

17. Sostuvo que el capítulo 4 del pliego de condiciones contempló una
actividad de revisión, verificación, actualización, ajustes y complementación
de los diseños, que incluía la posibilidad de que se debieran realizar nuevos
diseños.

4 Folios 217-284 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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18. En relación con la demora en los permisos para el traslado de árboles y la
aprobación de los PMT, afirmó que, por un lado, eran responsabilidad del
contratista y, por el otro, en la adición 2 del plazo contractual, firmada el 11
de noviembre de 2011, el contratista “no consignó reclamación o salvedad
alguna sobre eventuales sobrecostos”.

19. Sobre la ola invernal, señaló que el demandante no probó que ello hubiera
afectado, de manera grave, la ecuación financiera del contrato. En lo que
respecta a la demora para la adquisición y liberación de predios, afirmó que
el pliego de condiciones estableció la “eventual contingencia sobre la
entrega de algunos predios”, hecho que, por ser conocido por el contratista,
no era imprevisible, mientras que tampoco se podía predicar un
incumplimiento de la entidad, ya que la entrega de los predios se dio en las
condiciones previstas en el pliego.

20. Concluyó que “el contratista se ha[bía] adelantado a la etapa
contractual en la cual las partes precisamente tiene la oportunidad de
acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”. Agregó
que se estaba haciendo una revisión de las obras reclamadas para verificar si
procedía o no su reconocimiento, lo que no era posible hasta tanto la
interventoría no revisara los soportes presentados por el contratista y emitiera
su concepto.

21. Presentó como excepciones las que tituló “improcedencia del
desequilibrio”; “primacía del principio de la autonomía de la voluntad de las
partes” e incumplimiento del contrato.

1.3. Sentencia recurrida

22. El 4 de octubre de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
Sentencia de primera instancia5, en la que resolvió (se trascribe):

“PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento del contrato de obra N° 066 de 2009
por parte del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR judicialmente liquidado el contrato de obra N° 066 de
2009 suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- y Mario Alberto
Huertas Cotes, con un saldo a favor del contratista equivalente a […]
($9.012.271.465) que deberá ser pagado por la entidad contratante Instituto
de Desarrollo Urbano -IDU- a favor de Mario Alberto Huertas Cotes, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
TERCERO: CONDENAR al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, a pagar a favor
del demandante, la suma de […] ($6.206’844.692) por concepto de obras
ejecutadas y no pagadas, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
CUARTO: CONDENAR al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- a pagar a favor
del demandante, la suma de […] ($1.234’987.470) por concepto de mayor

5 Folios 830-861 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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permanencia en obra, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
[…]”.

23. Para el juzgador de primera instancia, no se desconoció la buena fe
contractual, pues el contratista, si bien solo dejó una constancia para
reservarse el derecho a demandar en la primera de las prórrogas suscritas,
envió varias comunicaciones a la entidad sobre las distintas consideraciones
que dieron origen a la demanda. Añadió que el contratista “siempre informó
a la entidad de las situaciones adicionales, necesidades y posibles
incumplimientos por parte de la entidad que le generaron los perjuicios por los
cuales demanda”. Indicó, además, que se apartaba del “pronunciamiento
jurisprudencial [según el cual se debían] dejar constancias en todas las
modificaciones o adiciones del contrato para dejar a salvo el derecho a
presentar futuras reclamaciones”.

24. Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la regla, de creación
jurisprudencial, sobre las salvedades en las distintas modificaciones, no podía
traducirse en una carga para que el contratista probara “los perjuicios o sobre
costos cada vez que firma la prórroga o adición al contrato”.

25. Con apoyo en el dictamen pericial, sobre las obras ejecutadas y no
pagadas “avaladas por interventoría mediante comunicado CRA-DF-MHC-
066-2009-10212 del 13 de marzo de 2017”, el Tribunal concluyó que existían
pruebas suficientes que acreditaban los sobrecostos en los que había incurrido
el contratista, los cuales debían ser reconocidos en la liquidación judicial del
contrato.

26. Concluyó que el IDU incumplió el contrato “por permitir el desequilibrio
económico”. Consideró que el retraso en la entrega de los inmuebles, la
aprobación de licencias y la “entrega de los correctos diseños de las redes de
servicios públicos, los cuales debieron rediseñarse”, constituyeron
incumplimientos de los “deberes legales” de la entidad.

27. Frente a las “situaciones imprevistas y los sobrecostos” en los que habría
incurrido el contratista, señaló que, si bien, la ola invernal (que dio por
acreditada) ocasionó el cierre de unas escombreras y mayores costos, estos
fueron reconocidos dentro del valor del AIU (administración, imprevistos y
utilidad) “cuya naturaleza cumpliría la indemnización por tales
circunstancias”. A pesar de ello, afirmó que se produjeron mayores cantidades
de obra, de las cuales la entidad tuvo pleno conocimiento, y que debían ser
reconocidas.

28. En relación con la pretensión de liquidación, el Tribunal tomó como
referencia el valor final del contrato y lo que, de conformidad con lo indicado

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Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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en el dictamen pericial, había recibido el contratista, y encontró una
diferencia. Indicó que “la carga de demostrar el pago total del contrato e[ra]
de la entidad contratante”, por lo que tomó el monto de la diferencia, lo
actualizó con el IPC del DANE y reconoció intereses moratorios, para calcular
un valor final, que ascendió a $9.012’271.465.

29. Por otra parte, en lo relativo a las obras ejecutadas, no pagadas, con
fundamento en el dictamen pericial, concluyó que se debían $3.394’419.324
por el proyecto 101 y $1.890’327.272, por el proyecto 107, para un total de
$6.206’844.692 (luego de la correspondiente actualización monetaria).

30. Finalmente, una vez, con fundamento en lo señalado en el dictamen, para
calcular el valor de la mayor permanencia en obra, estimó un valor del
20,507% por concepto de administración. Con ello, calculó un valor diario de
$12’086.389, lo multiplicó por el número de días de suspensión que encontró
acreditados, y determinó un valor total de $1.234’987.470 que debían ser
cancelados por el IDU al contratista.

1.4. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

31. La entidad demandada presentó un recurso de apelación6, en el que
solicitó que se revocara la Sentencia, al considerar que esta se había
apartado de un precedente jurisprudencial obligatorio. Agregó que se había
producido un defecto fáctico, por una valoración defectuosa del material
probatorio, en particular el dictamen pericial, que hacía nula la prueba. A
pesar de haber puesto de presente esta nulidad, el Tribunal dejó de
pronunciarse sobre la solicitud de exclusión de las pruebas periciales. Agregó
que no objetó el peritaje, sino que pidió su nulidad “porque esta fue
practicada de manera ilegal, violando el derecho al debido proceso”.

32. Según indicó: 1) no se incumplió el contrato; 2) no existieron causas de
desequilibrio generado por imprevistos; 3) la solicitud de mayor permanencia
en obra se presentó de manera extemporánea: 4) la pretensión de obras
ejecutadas, no pagadas, no fueron autorizadas por la interventoría ni por el
IDU.

33. Afirmó que la entidad prorrogó en varias ocasiones el contrato y lo
adicionó por un valor de $11.710’469.007.

34. Sostuvo que la demora en la entrega de los predios y en la obtención de
permisos para el traslado y tala de árboles, así como la aprobación de los PMT
requeridos, no podían ser causa de desequilibrio contractual, ya que, de
conformidad con el contenido del numeral 4.7, del capítulo cuatro, de los
pliegos de condiciones, el contratista conocía que la entrega de los predios

6 Folios 868-923 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
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“podía ser causal de prórrogas y/o reprogramaciones sin que esto generara
costo adicional para el IDU”. En el mismo apartado del pliego se señaló que
“la no entrega de la aprobación de los tratamientos de la vegetación por
parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será causal de mayores
costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema silvicultura”,
por lo que no constituían hechos imprevisibles. Tampoco se podía predicar un
incumplimiento del contrato, pues la entrega de los predios se había dado en
las condiciones previstas. Añadió que, en todo caso, el contrato tenía un
componente de AIU para atender el alea que se presentara durante el
desarrollo del contrato, como era el caso de las reprogramaciones.

35. Agregó que, de conformidad con la distribución definitiva de los riesgos y
la cláusula 13 del contrato, era obligación del contratista obtener los permisos
y licencias de tránsito y ambientales que requería el objeto contractual.

36. En relación con la ola invernal y el cierre de las escombreras, subrayó que
para que procediera un reconocimiento por desequilibrio económico se
debía acreditar una afectación grave de la ecuación financiera del contrato,
que hubiera impactado la utilidad. También se debía tener en cuenta que en
el acta 150, de mayores cantidades de obra, “se reconoció de más la suma
de […] $151’513.716”, por transporte y disposición final de escombros, y
$136’446.774 para la gestión ambiental y $75’.791.643 para el PMT y la
señalización.

37. Sobre las salvedades, la entidad demandada señaló que no comprendía
las razones del ponente para “distorsionar el precedente judicial”, pues, en su
entender, “las salvedades en la ejecución del contrato debían hacerse al
momento de producirse cada prórroga, modificación o adición del mismo”,
por lo que, a falta de una actuación del contratista que observe la “obligación
de informales a la entidad”, en cada uno de esos momentos contractuales,
“la intención de reconocimiento de restablecimiento económico”, se
constataría una actuación de mala fe por parte del contratista.

38. La entidad demandada insistió (al igual que lo había hecho en los alegatos
de conclusión de primera instancia) en que la prueba pericial “se practicó de
manera arbitraria e ilegal”. Por un lado, los auxiliares de la justicia que fueron
presentados en la audiencia inicial no fueron los mismos que rindieron el
dictamen, asimismo “el despacho no realizó nombramiento de peritos, ni fijó
fecha” para su posesión. Según afirmó el apoderado de la parte demandada,
la omisión del juramento o de la posesión hacía nulo el dictamen.

39. Por otro lado, manifestó que se habían presentado irregularidades en las
certificaciones del interventor, las cuales, inexplicablemente, variaron de
contenido. Afirmó que el interventor había cambiado de opinión y avalado
actividades que, antes, “fueron negadas debida y legalmente dentro del

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proceso de ejecución del contrato”, y lo hizo cuando ya había dejado de ser
el interventor, con ocasión de la terminación del contrato.

40. En relación con la pretensión relativa a la ejecución de obras no incluidas
en el alcance inicial del contrato, el IDU señaló que las partes habían suscrito
las actas 149 y 150, por valor de $2.100’000.000 y $3.913’657.322, y que las otras
obras adicionales que pretendió el demandante nunca fueron autorizadas
por la entidad, lo que iba en contra de lo establecido en el contrato.

41. Agregó que la pretensión relativa al “enriquecimiento ilícito”, se debió
haber tramitado por el medio de control de reparación directa, la cual estaría
caducada, si se toma en cuenta la fecha de terminación del contrato.

42. Con base en consideraciones de la dirección técnica de construcciones,
y teniendo en cuenta lo avalado por la interventoría, la entidad señaló que
“se po[día] concluir que por concepto de obras ejecutadas y no pagadas, la
prueba válida dentro del proceso demuestra que el valor asciende a […]
($1.041’024.119)”.

43. Finalmente, frente a la liquidación que efectuó el juzgador de primera
instancia, luego de insistir en que el dictamen carecía de validez, señaló que
el valor efectivamente pagado al contratista había sido de $64.108’361.916,
por lo que las partes se encontraban a paz y salvo.

44. La parte demandante presentó un recurso de apelación7 para que se
reconocieran unos perjuicios que se dejaron de reconocer y se corrigieran
unos errores aritméticos8. En particular, en relación con la mayor permanencia
en obra y su cuantificación, solicitó su revisión para que se reconociera “la
indemnización integral del daño”, de conformidad con el dictamen pericial.

45. Añadió que el Tribunal se había dejado de pronunciar sobre la “ocurrencia
de la situación ajena al contratista relativa al error de especificación técnica
y la marca de la tubería”. Solicitó, además, condenar por el concepto de
sobrecostos financieros, de equipos, y por la “utilidad dejada de percibir a
consecuencia del incumplimiento”.

46. Durante el trámite de la segunda instancia, luego de que la parte
demandada le informara al despacho sobre la denuncia que presentó ante
la Fiscalía General de la Nación, por falsedad ideológica en documento
público y fraude procesal, por las certificaciones falsas y extemporáneas del
interventor; mediante Auto de 20 de junio de 2018 se ordenó oficiar a la Fiscalía
111 de la Unidad de Patrimonio Económico y de Fe Pública para que informara
sobre la denuncia interpuesta por el IDU. Tras varios intentos fallidos,

7 Folios 925-930 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 La solicitud de adición y corrección fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante

providencia de 15 de noviembre de 2017 (fls. 939-943 del cuaderno del Consejo de Estado).

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Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
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comunicaciones y autos en los que se requirió a la Fiscalía para que hiciera
llegar la información, finalmente, el 4 de mayo de 20219, el apoderado de la
parte actora aportó copia de la orden de archivo del proceso
110016000502018804776, proferida por la Fiscalía 277 Seccional Fe Pública y
Patrimonio Económico el 15 de julio de 2020.

47. Mediante Auto de 8 de septiembre de 2021 se decretó10, de oficio, la
prueba documental consistente en la orden de archivo del proceso de la
Fiscalía 277 Seccional Fe Pública y Patrimonio Económico.

48. En la oportunidad para alegar de conclusión, la parte demandada
agregó que la sentencia constituía “un escrito totalmente contrario a
derecho, amañado, con total desconocimiento del acervo probatorio,
apartándose sin justificación de la Jurisprudencia de Unificación y sin pruebas
y sin sustento legal”11. La parte demandante insistió en los argumentos
expuestos en el proceso y agregó que la denuncia que había presentado la
entidad se basó en la tergiversación y ocultamiento de hechos. Señaló que
“el interventor jamás avaló o certificó la ejecución de actividad alguna, sino
que emitió su concepto”, añadió que, en todo caso, los conceptos del
interventor no habían sido “la prueba reina o determinante” para resolver el
caso12. El Ministerio Público guardó silencio13.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo: 2.1.1. La validez de los dictámenes practicados; 2.1.2. Sobre
las salvedades y la buena fe contractual; 2.1.3. Los perjuicios reclamados, indebidamente
reconocidos; 2.1.4. La falta de pronunciamiento del Tribunal sobre una pretensión – 2.2. Sobre
las condenas en costas

2.1. Análisis sustantivo

49. De conformidad con las pruebas que obran en el proceso y los motivos de
la apelación, la Sala modificará la decisión de primera instancia, pues: 1) no
están configuradas las razones de invalidez de los dictámenes periciales; 2) las
reclamaciones judiciales del demandante no defraudaron la buena fe
contractual, toda vez que el contratista presentó salvedades y realizó otras
actuaciones para informar a la entidad de sus reclamaciones; 3) los perjuicios
reconocidos por el juzgador de primera instancia, sustentados en la prueba
pericial, fueron concedidos sin tener en consideración las obligaciones
asumidas por las partes ni la distribución de los riesgos contractuales, además
de no corresponder con las pretensiones del demandante y de no haber sido
debidamente acreditados; 4) el Tribunal dejó de pronunciarse sobre la

9 Samai, índice 63.
10 Folios 1089 y 1090 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Samai, índice 58.
12 Samai, índice 57.
13 Samai, índice 59..

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pretensión del demandante relativa las especificaciones técnicas y a la
calidad de la tubería.

50. En el expediente obra copia del pliego de condiciones14; del contrato de
obra 66 de 200915; de los otrosíes, las prórrogas, las adiciones y las actas de
mayores cantidades de obra16; del acta de inicio de obra17 y del acta de
recibo final18. Asimismo, se aportó copia de los antecedentes administrativos,
en los que consta la “documentación cruzada” entre las partes.

51. Fueron decretados y practicados 3 testimonios y dos dictámenes
periciales, uno contable19 y otro técnico20.

2.1.1. La validez de los dictámenes practicados

52. La entidad demandada, en su recurso de apelación, insistió en los
reproches que había formulado a los dictámenes periciales decretados y
practicados en el curso de la primera instancia. Para la demandada, el hecho
de que en la audiencia inicial se hubieran nombrado a unos peritos diferentes
a quienes presentaron los dictámenes, y la falta de posesión y toma de
juramento de los peritos, hacían nulos los peritajes.

53. En la demanda, la parte actora solicitó que se decretara “la práctica de
un peritazgo a cargo de un contador público con experiencia en proyectos
de infraestructura”, así como “la práctica de un peritazgo a cargo de un
ingeniero civil con experiencia en proyectos de infraestructura”. A propósito
de esta solicitud, en la audiencia inicial, durante el decreto de pruebas, se
suspendió el trámite de la audiencia para que la parte demandante pudiera
precisar cuál sería el “objeto concreto”21 de los dictámenes, los honorarios de
los peritos y el plazo para presentarlos.

54. En el momento en que se reanudó la audiencia inicial, la parte actora
identificó las razones y el objeto de los dictámenes y señaló que, con
posterioridad, los expertos (que estaban presentes en la audiencia, y que
habían sido asignados por el Tribunal) presentarían al magistrado ponente la
programación y los honorarios, para que las partes pudieran pronunciarse.
Ante esta solicitud, el magistrado señaló que “dejaba en libertad a la parte
actora, si lo desea[ba]” para contratar a los peritos que se encontraban
presentes, “o cualquier otros”22, pues tomaba el peritaje como un “dictamen
de parte”, y añadió que el peritaje se debía presentar “por lo menos con 10

14 Folios 285-316 del cuaderno principal I.
15 Folios 315-346 del cuaderno principal I.
16 Folios 366-385 del cuaderno principal I.
17 Folios 340 y 341 del cuaderno principal I.
18 Folios 59-81 del cuaderno principal I.
19 Cuaderno 14-16.
20 Cuaderno 13.
21 Audiencia inicial, minuto 1:02:20
22 Audiencia inicial, minuto 1:13:40.

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días de anterioridad a la audiencia de pruebas” para que la parte
demandada pudiera revisarlo y formular las aclaraciones y demás asuntos
correspondientes. Frente a esta decisión las partes no presentaron recursos. En
particular, la parte demandada expresó estar “de acuerdo” con la
providencia23, lo que condujo al magistrado a concluir que quedaba en firme
la decisión de decretar el dictamen de parte “en la forma en la que fue
pedida por la parte demandante”.

55. El tratamiento del dictamen solicitado fue anormal, comoquiera que, en
atención a las normas que regían el dictamen aportado por las partes (antes
de la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021), el numeral 1 del artículo
220 del CPACA establecía la posibilidad de que, durante el trámite de la
audiencia inicial, se formularan las objeciones al dictamen, se solicitaran
aclaraciones y adiciones o se solicitara la declaración de testigos técnicos. De
esta manera, que el dictamen de parte no hubiera sido aportado con la
demanda, sino que se permitiera que se presentara días antes de la audiencia
de pruebas, eliminaba la posibilidad de que la parte en contra de la cual se
decretó pudiera actuar, en el trámite de la audiencia inicial, de conformidad
con lo señalado en el referido artículo 220 del CPACA.

56. Ahora bien, esta Sala advierte que esta irregularidad quedó saneada por
la ausencia de la interposición de un recurso en la oportunidad pertinente,
esto es, la reposición en contra del Auto que decretó el dictamen;
oportunidad procesal en la que la parte demandada debió haber señalado
que la forma en la que procedió el magistrado podría violar su debido
proceso; no obstante, no solo no presentó el recurso, sino que manifestó estar
de acuerdo con la decisión.

57. Por otro lado, no puede pasarse por alto que, en el curso de la audiencia
de pruebas, el magistrado ponente tomó el respectivo juramento de los
peritos, antes de que presentaran las conclusiones de sus respectivos
dictámenes. Asimismo, la parte demandada controvirtió los dictámenes,
interrogó a los peritos y presentó las aclaraciones respectivas.

58. En atención a las consideraciones anteriores, no se encuentran
configuradas las razones de invalidez aducidas en contra de las pruebas
periciales decretadas y practicadas. Consideraciones que no obstan para
advertir, desde ahora, que la validez de los dictámenes no era una razón para
que su valoración se hiciera en inobservancia absoluta de las obligaciones
contractuales asumidas por las partes.

2.1.2. Sobre las salvedades y la buena fe contractual

23 Audiencia inicial, minuto 1:24.15.

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59. En relación con la existencia de salvedades, esta Corporación ha
sostenido24 que la buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios
se traducen en un deber de dejar constancias o salvedades en distintas
actuaciones contractuales, adicionales a la liquidación bilateral, dentro de las
que se encuentran las prórrogas, suspensiones y adiciones25.

60. A pesar de que ello no constituye una posición unificada, lo cierto es que
la observancia de la buena fe contractual impone unas cargas de conducta
a las partes, para evitar que su cocontratante se vea sorprendida con una
reclamación judicial que nunca pudo advertir durante el desarrollo del
contrato.

61. Lo anterior no puede constituirse en un entendimiento que lleve a concluir
que el contratista, en cada una de las comunicaciones que tenga con la
entidad, esté obligado a dejar salvedades, en especial, cuando ello se
constituye en una exigencia imposible de cumplir, si las razones de sus
salvedades no se han materializado, ya que lo relevante es que no se
sorprenda a su cocontratante con una futura demanda que inobserve la
conducta contractual desplegada durante la ejecución del contrato, lo que
implicaría venir en contra de sus propios actos, en desatención de los
mandatos de la buena fe.

62. En el caso en estudio, el demandante dejó salvedades en la prórroga 1
suscrita el 1 de marzo de 2011 y en el acta de recibo final de las obras, renunció
a presentar reclamaciones derivadas de las suspensiones del contrato, e
intercambió varias comunicaciones con la entidad relacionadas con la
solicitud de adición de recursos, prórrogas y las demás pretensiones que
formuló en la demanda. Por su parte, las adiciones 2, 3, 4 y 5, relativas a la
ampliación y al valor del contrato, tuvieron como fundamento, precisamente,
las solicitudes de adición del contratista, que habían sido avaladas por la
interventoría.

63. En conclusión, se observa que la actitud del contratista no defraudó la
confianza de la entidad contratante. Razones suficientes para que las
pretensiones del demandante (diferentes a aquellas relativas a las renuncias
expresas a presentar reclamaciones26) deban ser estudiadas, pues el hecho
de que no existieran salvedades en algunas actuaciones contractuales
(elemento que en todo caso no puede tenerse como un requisito de
procedibilidad de la demanda27, ni como una infranqueable barrera para el

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de

agosto de 2011, exp. 18080; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 24809; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de julio de 2015, exp. 37613; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022, exp. 64897.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de marzo

de 2021, exp. 41752.
26 En atención al carácter renunciable de sus derechos patrimoniales.
27 Requisitos que son origen legal.

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acceso a la administración de justicia) respondía a la naturaleza de los
negocios jurídicos que se celebraran y, en todo caso, siempre como respuesta
a las solicitudes elevadas por el contratista a la entidad, avaladas por la
interventoría.

2.1.3. Los perjuicios reclamados, indebidamente reconocidos

64. La Subsección B, de la Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca reconoció 3 rubros, que identificó como: 1) incumplimientos;
2) sobrecostos por desequilibrio, con fundamento en obras ejecutadas que no
fueron previstas en el contrato; y 3) mayor permanencia en obra.

2.1.3.1. Sobre el incumplimiento y la liquidación judicial del contrato

65. El primero de los reconocimientos económicos tuvo origen en un manifiesto
errado entendimiento de lo pedido por la parte actora y de lo probado en el
proceso. En el fallo de primera instancia se liquidó el contrato con un saldo a
favor del contratista de $9.012.271.465, resultado de la actualización y del
reconocimiento de intereses moratorios sobre una cifra que no fue reclamada
por el demandante y sobre la que se hicieron consideraciones erróneas.

66. A pesar de que el demandante, en el acta de recibo final, aceptó haber
recibido $63.652.902.590; con base en el dictamen pericial contable, el
Tribunal concluyó que solo había recibido $57.960.857.452, por lo que procedía
reconocer la diferencia (de $5.692.045.138), ya que, en el entendimiento de la
Sentencia de primera instancia, era la entidad contratante la que “debía
demostrar el pago total del contrato”.

67. En lo relativo a este primer reconocimiento, se advierte que el contratista
jamás pretendió esta diferencia, pues nunca manifestó solo haber recibido el
valor que, según el Tribunal, calculó el perito contable. Esto es, el pago de un
saldo a favor del contratista, como resultado de la liquidación judicial, no
resultaba procedente porque, no solo no hizo parte de las pretensiones de la
demanda, sino que iba en contra de lo afirmado por el propio demandante,
sobre el valor total efectivamente pagado por la entidad. En virtud de lo
anterior, la Sala no reconocerá este rubro.

2.1.3.2. Las obras ejecutadas, no pagadas

68. Sobre las “obras ejecutadas y no pagadas”, que el Tribunal tasó en
$6.206.844.692 (luego de la correspondiente actualización), también se
advierte una valoración probatoria que desconoció la realidad contractual.

69. En la Sentencia apelada, de manera acrítica, se tomaron las conclusiones
del dictamen técnico, sin su correspondiente valoración probatoria. En primer
lugar, se debe tener en cuenta que las partes pactaron (cláusula 4 del

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contrato 66 de 2009) que “el reconocimiento de las mayores cantidades de
obra por parte del IDU requiera previamente de la evaluación técnica y
económica y la aprobación por parte del la interventoría y la respectiva
disponibilidad presupuestal si a ello hubiera lugar”. También se pactó que las
mayores cantidades debían ajustarse a los ítems previstos en los pliegos de
condiciones y que, en los casos en los que se superara el 15% del valor inicial
del contrato, se requería la aprobación del director general del IDU. Asimismo,
los ítems no previstos (cláusula 5) estaban sujetos a la evaluación, concepto
técnico y económico de la interventoría y a la “consideración final del IDU,
antes de llevarla a cabo, previa expedición del respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal”.

70. Lo primero que se debe advertir es que las obras ejecutadas, no pagadas,
se calcularon con base en el dictamen técnico, el cual tomó las
comunicaciones de la interventoría para identificar las mayores cantidades
de obra. Lo que no fue advertido por el Tribunal es que, una parte importante
de los valores, que listó el perito, correspondían a facturas y a comunicaciones
de la interventoría en las que quedaba claro que las obras se habían
efectuado sin su autorización y sin “el respaldo presupuestal correspondiente”.
Por lo que resultaba un craso error acudir a las conclusiones del perito para
calcular y reconocer un monto sobre unas supuestas mayores cantidades de
obra que no observaban las obligaciones pactadas en el contrato.

71. También se advierte que buena de parte las llamadas mayores cantidades
de obra, que fueron reclamadas, correspondieron a obligaciones asumidas
por el contratante, como el señalado rediseño, o la obtención de permisos. Al
respecto se advierte que el contrato fue pactado a precio global (cláusula 1),
para algunos elementos, como los estudios y diseños, la gestión ambiental,
social y el manejo de tránsito, la señalización y el desvío; y a precios unitarios,
para las obras de construcción y de redes.

72. Vale la pena recordar, como lo señaló esta Subsección de manera
reciente28, que la elección de la modalidad de pago lleva implícita una
asunción de riesgos y deberes de conducta que es relevante para las partes
y que el juez no puede desconocer.

73. En este sentido, como lo recordó la entidad demandada, de conformidad
con el pliego de condiciones (capítulo 4), la falta de aprobación de permisos
por parte de la autoridad ambiental, “no será causal de mayores costos, por
ningún concepto o reclamaciones derivadas […]”. Obligaciones y distribución
de riesgos contractuales que no pueden ser ignorados, como tampoco puede
ignorarse que el contratista recibió un valor adicional al originalmente
pactado, del orden de $11.710.469.007, producto de contratos adicionales,

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril

de 2021, Exp. 52085. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de enero de 2022, exp. 64897.

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que tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, las mayores cantidades de obra
y las obras no previstas.

74. De conformidad con las obligaciones asumidas por los contratantes, lo
que está probado en el proceso, y que fue reconocido por la propia entidad
demandada, es que las mayores cantidades de obra, que se ajustaron a lo
pactado por las partes y que contaron con la autorización de la interventoría,
ascendieron a $1.041’024.11929, valor que será reconocido en la presente
providencia, con su correspondiente actualización monetaria:

Va= Vh x IPC final/ IPC inicial. Va= 1.041’024.119 X 113.26/ 79.5630
Va= $1.481.980.791

2.1.3.3. La mayor permanencia en obra y otros sobrecostos

75. El demandante, en su recurso, de la mano de los supuestos errores
aritméticos (cuya solicitud de corrección fue negada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca31), en lo que respecta a la mayor
permanencia en obra, señaló que se debía reconocer con base en el
dictamen pericial contable y no con fundamento en los 87 días de mayor
tiempo que fueron reconocidos en la Sentencia de primera instancia.
Consideración que se extendía a los demás sobrecostos y a la utilidad dejada
de percibir.

76. Además del valor de las “obras ejecutadas no pagadas”, el Tribunal
reconoció la “mayor permanencia en obra” y la tasó en $1.234.987.479. Para
arribar a este valor (tras haber encontrado discordancias entre los dictámenes
técnico y financiero), calculó los gastos de administración por la mayor
permanencia en obra con base en el porcentaje correspondiente del AIU
para el rubro de administración, y lo multiplicó por 87, que era el número “de
días de suspensión” del contrato. En la Sentencia recurrida el referido cálculo
se basó en las suspensiones y ampliaciones a las suspensiones relacionadas en
el acta de recibo final. Este irregular rubro tomó como base las suspensiones
(contenidas en las actas 71, 193, 202, 203 y 234) firmadas por la entidad, el
contratista y el interventor.

77. Como se advierte, la mayor permanencia en obra se calculó con
fundamento en las mismas suspensiones que fueron pactadas por las partes,
a pesar de que las razones de la suspensión del contrato, suscritas de mutua
acuerdo, no daban lugar a ese reconocimiento, no solo por su origen

29 Relativas a: mayores cantidades de obra ejecutada correspondiente a CODENSA: $359.571.144; resoluciones

forestales Secretaría Distrital de Ambiente: $49.825.423; trámites Fenoco: $29.313.909; obras de señalización: $904.702;
mezcla asfáltica en caliente tipo MD-12 parcheos: $50.973.352; mayores cantidades de obra por semaforización,
proyecto 101: $550.435.589
30 Correspondiente al IPC de diciembre de 2013, posterior al acta de recibo final de la obra.
31 Folios 939-943 del cuaderno principal.

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negocial, sino porque el contratista renunció, expresamente, a cualquier
reclamación económica derivada de estas suspensiones32.

78. Por su parte, el mayor valor pretendido en el recurso de apelación para
este mismo rubro, presentado por el demandante, tampoco resulta de recibo,
habida consideración de que lo que se hizo en el dictamen pericial contable
fue registrar que “los gastos administrativos de ambos proyectos [eran]
superior[es] al valor presupuestado de administración”, como si la supuesta
diferencia constituyera una obligación a cargo de la entidad demandada. Lo
que hizo el perito fue una operación aritmética que no prueba los gastos
administrativos asociados a los proyectos, en especial cuando, como lo ha
señalado esta Corporación, “la sola premisa del exceso en el tiempo prevista
para la ejecución del contrato no concede, automática ni presuntivamente,
el reconocimiento de perjuicios por la mayor permanencia en obra”33. Por
demás, la pretensión no tiene ningún respaldo en las obligaciones asumidas,
ni en las pruebas practicadas. Realidad que también se predica de los otros
sobrecostos y de la pretensión sobre la supuesta utilidad dejada de percibir, la
cual, por demás, no está cuantificada, ni obran pruebas en el expediente que
justifiquen su reconocimiento.

2.1.4. La falta de pronunciamiento del Tribunal sobre una pretensión

79. Finalmente, el demandante, en su recurso de apelación, indicó que la
primera instancia se dejó de pronunciar sobre su pretensión relativa a la
especificación técnica y la marca de la tubería, que calificó como una
situación ajena a las partes y una situación imprevista. Se observa que lo que
pretendió el demandante es que el juez se pronunciara sobre un aspecto
técnico y señalara que “el estado actual de la tubería no debe ser asumida
por parte del contratista quien actuó en forma diligente y perita, conforme al
título obligaciones y porque además la actividad no constata falla de
funcionamiento alguno”; sin embargo, la falta de pruebas impide la
prosperidad de esta puntual pretensión.

80. El dictamen pericial técnico rendido por el ingeniero civil se limitó a
describir el tipo de tubería utilizada, el sistema de unión y el manual técnico
del fabricante y a señalar que la especificación técnica de la tubería había
sido dada por el consorcio constructor diseñador del contrato. Señaló,
también que, con base en documentos de trabajo, se podía concluir que el
contrato “sí se ejecutó cumpliendo con la normatividad técnica y con el
proceso constructivo”. No obstante, nada en este dictamen permite acreditar

32 En el apartado de las observaciones de las actas de suspensión (202, 203 y 234) se señaló (se trascribe): “durante el

período de suspensión de los contratos de obra e interventoría, no se realizará actividad alguna que genere costos
adicionales para el IDU. En consecuencia, tanto el contratista de obra como el interventor renuncian a cualquier
reclamación económica, con causa de dicha suspensión”.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de noviembre de 2020,

exp.51249. Ver también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 40.524.

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el estado de la tubería, ni demuestra, ni permite descartar fallas de
funcionamiento. Por lo demás, para el momento en el que se presentó la
demanda, las condiciones de calidad y buen funcionamiento de los bienes
no habían podido ser verificadas, y nada obra en el proceso que permita un
pronunciamiento sobre el estado de la tubería o de su funcionamiento,
razones suficientes para rechazar esta pretensión34.

2.2. Sobre las condenas en costas

81. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y los numerales 1 y 5 del
artículo 365 del CGP35, esta Sala se abstendrá de condenar en costas, en
atención a que prosperaron parcialmente las pretensiones y los recursos de
apelación presentados por las partes.

3. DECISIÓN

82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 4 de octubre de 2017, la
cual queda así:

PRIMERO. CONDENAR al Instituto de Desarrollo Urbano a pagar a favor
del demandante, la suma de $1.481.980.791 por concepto de
mayores cantidades de obra, reconocidas y no pagadas, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR judicialmente liquidado el contrato de obra 066
de 2009, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y Mario Alberto
Huertas Cotes, con un saldo a favor del contratista equivalente a
$1.481.980.791, que deberá ser pagado por la entidad contratante a
favor de Mario Alberto Huertas Cotes, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

34 Se advierte, además, que, en atención a que prosperaron las pretensiones principales, no se estudian las

pretensiones subsidiarias.
35 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en

costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

18 de 19

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02687-01 (60779)
Demandante: Mario Alberto Huertas Cotes
Demandado: IDU
Referencia: controversias contractuales
Decisión: modificar la sentencia apelada
________________________________________________________________________________

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firma electrónica Firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto

Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 de 19

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