Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-000-2012-00500-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-31-000-2012-00500-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción Popular
Número único de radicación: 050012331000201200500-01
Actor: Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Primera Agraria
y Ambiental de Antioquia
Demandados: Municipio de Medellín1, Corporación Autónoma Regional de
Antioquia – CORANTIOQUIA, Fernando Piedrahita, María Cecilia Uribe Quintero,
Inversiones Huasipungo Ltda. en liquidación, Jorge Elías Márquez, Beatriz Toro
Giraldo, Eduardo Santamaría, Mauricio Zuluaga representante legal de la sociedad
Obranegra S.A. – constructores Unidad La Palmera, Juan Carlos Zuloaga Latorre,
gerente de proyecto y representante legal sociedad Penca S.A. en liquidación y el
Colegio New School
Coadyuvantes: Alba Luz Hoyos2 y otros propietarios de la urbanización “La
Palmera”3
Vinculados: Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura; Empresas
Públicas de Medellín E.S.P. - E.P.M. E.S.P.; sociedad Construcciones AP S.A.;
Curaduría Segunda Urbana de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá4
Temas: Deslizamiento de terrenos, indebido manejo de fuentes hídricas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por Fernando Piedrahita
Vélez, la sociedad Penca S.A., el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el
Departamento de Antioquia, Alba Luz Hoyos, propietarios de viviendas de la
urbanización “La Palmera” y el Distrito de Medellín contra la sentencia de 31 de julio
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia5.
1 El Acto Legislativo núm. 01 de 2021, le otorgó la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación a la ciudad de Medellín. De allí que, Medellín pasó de ser entidad territorial municipal a distrital, en
los términos del artículo 286 de la Constitución Política.
2 Visible a folios 148 y 150.
3 Nicolás Villa Ortiz y Pedro Gerardo Toro Molina.
4 Entidades vinculadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto de 5 de octubre de 2012.
Visible a folios 1420 a 1427.
5 Cfr. Visible a folios 3163 a 3242.
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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia interpuso
demanda6 en ejercicio de acción popular contra el Municipio de Medellín –en la
actualidad Medellín Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación7, en adelante el
Distrito de Medellín–, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA, Fernando Piedrahita, María Cecilia Uribe Quintero, Inversiones
Huasipungo Ltda. en liquidación, Jorge Elías Márquez, Beatriz Toro Giraldo,
Eduardo Santamaría, Mauricio Zuluaga representante legal de la sociedad
Obranegra S.A. – constructores Unidad La Palmera, Juan Carlos Zuloaga Latorre –
gerente de proyecto y representante legal de la sociedad Penca S.A. en liquidación–
y el Colegio New School8 con el objeto de que se protejan los derechos e intereses
colectivos a: el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la defensa del
patrimonio público y la seguridad y salubridad públicas, establecidos en los literales
“a”, “c”, “e” y “g” del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones9:
“[…] 3.1.Se declare que la entidad accionada CORANTIOQUIA ha sido negligente y
omisiva en el cumplimiento de las disposiciones legales, la protección de los
derechos e intereses colectivos relacionados en los literales a), c), e) y g) del artículo
4° de la Ley 472 de 1998.
3.2.Se ordene al propietario de la FINCA ESCOMBRERA ASISI que suspenda de
manera inmediata la actividad de disposición de todo tipo de escombros, corregir la
intervención de la fuente denominada La Escopetería 1, la vegetación en sus retiros
y respetar dichos retiros, adelantar los trámites de concesión de aguas y permisos
de vertimientos y ocupación de cause y realizar un estudio que evalúe el impacto del
volumen de escombros depositado y qué cantidad de material debería ser retirado
para estabilizar la zona.
6 La demanda fue presentada el 18 de enero de 2012. Visible a folios 1 a 21.
7 Ibidem 1.
8 Mediante auto de 23 de enero de 2012, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circulo de Medellín admitió la
demanda contra el “[…] Municipio de Medellín, CORANTIOQUIA, Fernando Piedrahita Vélez, María Cecilia
Uribe Quintero, Inversiones Huasipungo, Jorge Elías Márquez, Beatriz Toro Giraldo, Eduardo Santamaría.
Mauricio Zuluaga, Juan Carlos Zuluaga [sic] y el Colegio New School. Visible a folios 116 a 117.
9 Visible a folios 10 a 13.
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3.3. Se ordene al propietario de las FINCAS LA COLINA y LA PALMERA y del lote
colindante a la vía de acceso, señor FERNANDO PIEDRAHITA VÉLEZ, lo siguiente:
• La revisión de la capacidad hidráulica de la obra de paso de la quebrada La
Escopetería 1.
• El estudio hidrológico e hidráulico y el cambio de la estructura hidráulica existente,
si así lo determinan los estudios realizados.
• La restitución de los drenajes intervenidos previo levantamiento de la red hídrica y
topografía del predio por parte del Municipio de Medellín y la autorización respectiva
de Corantioquia.
• La construcción de filtro ‘francés’ en espina de pescado en zona de empozamiento
aledaña a la quebrada La Escopetería 1.
• La ejecución de estudio geotécnico e hidrogeológico de alto detalle para el tramo
de la vía de acceso a la urbanización La Palmera que presenta inestabilidad y las
obras de protección y estabilización que se deriven de este.
• El mejoramiento del sistema de captación, conducción y almacenamiento de agua,
de acuerdo a requerimientos de Corantioquia, y demás actividades que resulten
necesarias durante el trámite del proceso.
• Legalización ante Corantioquia de los permisos ambientales pertinentes.
• Dejar de captar el agua del nacimiento sin nombre, hasta tanto no se realice el
mejoramiento de las condiciones de agua con tubería de buena calidad y el control
de los reboses en los tanques de almacenamiento, para evitar posibles movimientos
en masas.
• Corrección y encausamiento de la corriente que divaga sin cause definido en los
predios de la Finca la Colina y la Finca La Palmera, saturando desordenadamente la
vertiente y toda la ladera encima de la urbanización La Palmera.
3.4. Se ordene al propietario de la FINCA AGUAS VIVAS señor JORGE ELÍAS
MARQUEZ, lo siguiente:
• Revisión de la capacidad hidráulica de la obra de paso de la quebrada La Marucha.
• El estudio hidrológico e hidráulico y el cambio de la estructura hidráulica existente,
si así lo determinan los estudios realizados previa autorización de Corantioquia.
• La construcción de filtro ‘francés’ en espina de pescado en el área de
empozamiento.
• El mejoramiento de sistemas de captación, conducción y almacenamiento de
aguas, de acuerdo a los requerimientos de Corantioquia, y demás actividades que
resulten necesarias durante el trámite del proceso.
3.5. Se ordene a la propietaria de la FINCA LA JOSEFITA señora MARÍA CECILIA
URIBE QUINTERO, lo siguiente:
• La restitución del cauce de la quebrada La Volcana 2.
• Si se conserva la vía la realización de un estudio hidrológico e hidráulico.
• La construcción de la obra de paso sobre la quebrada, previa autorización de
Corantioquia.
• La recuperación de cárcava con asesoría de un profesional idóneo.
• El mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y almacenamiento de
aguas según el requerimiento de Corantioquia, y demás actividades que resulten
necesarias durante el trámite del proceso.
3.6. Se ordene al propietario de la FINCA HUASIPUNGO Inversiones Huasipungo, la
construcción del filtro ‘francés’ en espina de pescado en zona de empozamiento
cerca de la casa principal y drenes horizontales, y demás actividades que resulten
necesarias durante el trámite del proceso.
3.7. Se ordene a la propietaria de la FINCA LAS BRISAS señora BEATRIZ TORO
GIRALDO, lo siguiente:
• La eliminación de la acequia y recuperación del terreno (relleno del canal y
estructuras anexas).
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• La mejor utilización de la red de drenaje para su uso y consumo de acuerdo a los
requerimientos de Corantioquia, y demás actividades que resulten necesarias
durante el trámite del proceso.
• Legalización ante Corantioquia de los permisos ambientales pertinentes a
concesión de aguas, vertimientos y ocupación de cauce y así mismo suspenda de
manera inmediata la captación de aguas.
• La restitución del cauce cuyas aguas fueron desviadas por una acequia en el lote
de su propiedad.
3.8. Se ordene al propietario del COLEGIO NEW SCHOOL, la restitución del cauce
del ramal derecho de la quebrada y descargue el agua a su lugar original, y demás
actividades que resulten necesarias durante el trámite del proceso.
3.9. Se ordene a los constructores de la UNIDAD LA PALMERA, Sociedad Obra
Negra [sic] S.A que ejecute los trabajos solicitados en el plan de acción, relacionados
con:
• La evaluación por expertos ingenieros geólogos de las viviendas, su deterioro y los
problemas de inestabilidad de algunos predios y de cada una de las edificaciones
afectadas teniendo como punto de partida el estudio realizado por la empresa AIM
Ltda., para el Municipio de Medellín, para el desarrollo urbanístico de la urbanización
y para cada una de las viviendas allí construidas.
• La construcción del filtro ‘francés’ en espina de pescado, en la zona de
empozamiento (áreas planas) que genera saturación del suelo e infiltración de aguas
en la cuenca de la quebrada La Vicenza afectando posiblemente algunos predios de
la Parcelación La Palmera.
• El monitoreo geotécnico por un período no inferior a 6 meses el cual ayudará a dar
luces en las soluciones definitivas que requieren algunos inmuebles.
• Ordenar una evaluación y obra de mitigación inmediata ante el deterioro y amenaza
de la casa 117.
• Determinar de manera urgente mediante un estudio geotécnico el impacto que está
ocasionando en la zona el lleno que se hizo en el lote denominado ‘el marrano’ con
el fin de tomar las acciones necesarias para evitar el daño que pueda estar causando
en la zona […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones 10 que
la urbanización “La Palmera” ubicada en la Carrera 17 núm. 2 Sur - 10 de Medellín,
fue diseñada y construida por la firma Obranegra, bajo la modalidad de asociación11.
Indicó que los trámites iniciales tuvieron lugar en el año 2001 y la entrega de las
viviendas se realizó en el año 2003. Asimismo, explicó que la Urbanización está
conformada por 18 casas, habitadas por aproximadamente 80 personas.
4. Expresó que la parcelación colinda con las siguientes propiedades: finca “La
Colina”, finca “La Palmera”, el lote de propiedad del señor Fernando Piedrahita, la
finca “La Josefita” de propiedad de la señora María Cecilia Uribe Quintero,
Inversiones Huasipungo, finca “Aguas Vivas” de propiedad del señor Jorge Elías
Marques, finca “Las Brisas” de propiedad de la señora Beatriz Toro Giraldo, finca
10 Ibidem.
11 Conformó la sociedad PENCA S.A.
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“La Escombrera ASISI” de propiedad del señor Eduardo Santamaría, colegio New
School y la doble calzada “Las Palmas” –obra contratada por la Gobernación de
Antioquia–.
5. Informó que, por acción u omisión de los propietarios y/o administradores de
los predios vecinos, se vienen generando daños graves a la urbanización “La
Palmera” y a la vía de acceso, a tal punto que, existe una problemática de
estabilización de la Urbanización, en tanto se han desocupado dos casas por el
derrumbe de paredes, techos y grietas.
6. Indicó que, el 26 de mayo de 2011, el señor Darío Mora Londoño
administrador de la urbanización “La Palmera” puso en conocimiento de la
Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, las graves afectaciones al
medio ambiente, a los recursos naturales y al patrimonio, ocasionados por los
propietarios de los predios contiguos, debido a sus acciones y omisiones.
7. Como consecuencia de lo anterior, señaló que realizó una visita técnica en
compañía de algunos propietarios de la urbanización12. Refirió que, existe una grave
problemática ambiental y de riesgo para la vida de la comunidad, que logra
evidenciar de los informes de las visitas, de los resultados de los estudios y
conceptos emitidos por Planeación Municipal. Indicó que se conformó una mesa de
trabajo con presencia de todos los actores involucrados, entre particulares y
entidades públicas, en la que se estableció un plan de acción para abordar la
situación, con la identificación de medidas urgentes y la designación de
responsabilidades. No obstante, destacó que, al momento de la presentación de la
demanda, el plan no se ha ejecutado a pesar de los múltiples requerimientos por
parte de la Procuraduría.
8. Advirtió que, los estudios realizados por la firma Tecnisuelos –Informe de 3 de
diciembre de 2008– y por la firma AIM Ltda. –dado a conocer en el mes de abril de 2011
por el Municipio de Medellín– coinciden en la descripción de la grave problemática,
sus causas y los riesgos para la comunidad, así como la gran cantidad de aguas
superficiales que circulan sin ningún tipo de encauzamiento y control por los predios
de la finca “La Colina”, lo que conlleva inestabilidad del sector, pérdida del cauce de
varias de las quebradas que transcurren por el sitio ante el inadecuado manejo de
12 Entre ellos la señora Alba Luz Hoyos quien coadyuva la presente acción.
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aguas, vertimientos, presencia de depósito de sobrantes con materiales de todo tipo
y escombros de construcción.
9. Afirmó que el 07 de junio de 2011, CORANTIOQUIA realizó una visita al lugar
de los hechos, en la cual elaboró el informe técnico núm. 1106-18539, en el que se
relacionan los daños constatados y las obligaciones pactadas desde el año 2005
que no se han cumplido.
10. Finalmente, indicó que, pese a los múltiples requerimientos efectuados por la
Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, a los propietarios y/o
administradores de los predios y a las entidades públicas con las actividades a
realizar para la mitigación de los daños ambientales y estructurales, no se ha
logrado que se ejecuten los compromisos acordados.
La audiencia de pacto de cumplimiento
11. El 21 de marzo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento13, no obstante, se declaró fallida por falta de propuestas de acuerdo
por las partes y por la inasistencia de varios de los demandados.
Contestaciones de la demanda
12. El Distrito de Medellín presentó escrito de contestación de la demanda14,
en el cual se opuso a las pretensiones y formuló la excepción que denominó “falta
de legitimación por pasiva”; además, pidió que se declare cualquiera otra que resulte
probada en el proceso.
12.1. Señaló que la Corregiduría de Santa Elena recibió informes y requerimientos
de Planeación Municipal, lo que llevó al inicio de actuaciones administrativas por
presunta violación de la Ley 232 de 36 de diciembre de 199515, como consecuencia
de las actividades que se realizan en distintos predios y fincas de la zona.
12.2. Precisó que la Corregiduría realizó visitas en las cuales observó que la cota
de la construcción de “La Palmera” estaba afectada, ya que no se había llevado a
cabo el tratamiento necesario del suelo para evitar o mitigar el desbordamiento de
aguas, las cuales provienen tanto de la ladera de la montaña como del escurrimiento
13 Visible a folios 1651 a 1655.
14 Visible a folios 158 a 160.
15 “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”.
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generado por las lluvias, que se recogen en la vía para contrarrestar el impacto de
su velocidad, conduciendo a un cauce o fuente.
12.3. Indicó que, se conformó una mesa de trabajo con otras entidades,
propietarios de los predios y la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de
Antioquia, en la que se definieron las actividades que deben incluirse en el Plan de
Acción, con el objetivo de garantizar la estabilización de la zona afectada.
12.4. Informó que, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, a
través de comunicaciones enviadas en junio de 2011 a los propietarios de los
predios Las Brisas, Aguas Vivas, Huasipungo, La Palmera, La Colina y La Josefita,
así como al representante legal de Penca S.A. y al administrador de la urbanización
“La Palmera”, les comunicó la necesidad de programar la ejecución de las acciones
y obras de mitigación propuestas en el Plan de Acción, con el propósito de mejorar
las condiciones de estabilidad y drenaje, evitando que los procesos morfodinámicos
en la zona continúen afectando los predios e infraestructura. Sin embargo, hasta
febrero de 2012, solo se había recibido una comunicación del propietario de la Finca
Huasipungo, en la que expresó su interés en llevar a cabo las obras de mitigación
para minimizar las deformaciones superficiales y reducir la saturación de los
materiales en los terrenos cercanos a la vivienda principal. Por último, refirió que
desconoce, si estas obras ya han sido realizadas.
13. Inversiones Huasipungo16 presentó escrito de contestación de la demanda,
en el cual se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: i)
“inexistencia de objeto de la acción”; ii) “ausencia de vulneración”; iii) “ausencia de
responsabilidad y buena fe”; y iv) “falta de legitimación por pasiva”.
13.1. Señaló que el propietario de la Finca Huasipungo, a través de su apoderado
judicial, presentó una respuesta escrita a la presente acción, en la que expresó su
oposición a las pretensiones de la demanda. En relación con los hechos, afirmó que
no es cierto que los perjuicios provengan de la propiedad de Inversiones
Huasipungo Ltda. - en liquidación, por lo que corresponde probar dicha afirmación,
ya que el predio de la Urbanización “La Palmera” se encuentra a gran distancia y a
mayor altura que su propiedad. Además, sostuvo que las recomendaciones para
construir un filtro francés carecen de un soporte técnico adecuado que respalde que
esta sea la solución a la presunta problemática.
16 Visible a folios 177 a 189.
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13.2. Aunado a lo anterior, afirmó haber contratado a un experto para implementar
el plan de acción. Sin embargo, los estudios realizados por la empresa Estructuras
Ambientales aconsejaron la canalización adecuada de las aguas, la
impermeabilización de las fuentes y la reparación de tuberías en el sector, en tanto
la función del filtro francés es únicamente conducir las aguas, lo que mitigaría de
manera parcial la problemática, dejando el problema de fondo sin resolver. Por lo
tanto, aseguró haber realizado los trabajos necesarios para cesar la vulneración,
considerando que se ha superado la situación, como consta en el informe anexo
sobre las actividades realizadas por los expertos.
13.3. Finalmente, aseguró que no existen elementos probatorios que lo vinculen
con la problemática planteada, toda vez que, en los respectivos documentos no se
hace mención de ninguna inspección, prueba o actividad efectivamente realizada
en su predio. Solo se cuenta con un comunicado de la Alcaldía de Medellín que
sugiere la realización de un filtro francés en espina de pescado, el cual carece de
fuerza vinculante y no está respaldado por un acto administrativo previo, de allí que,
–a su juicio– se incumple con la carga probatoria correspondiente.
14. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -
CORANTIOQUIA, presentó escrito de contestación de la demanda17, en el cual se
opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: i) “falta de
legitimación por pasiva”; y ii) “falta de relación causal entre la posible omisión de
Corantioquia y la supuesta amenaza para los derechos colectivos que invoca la
actora popular” y iii) “el hecho de un tercero”.
14.1. Indicó que inició un procedimiento sancionatorio contra el propietario de la
Escombrera ASISI y solicitó a todas las personas involucradas que tomen las
medidas necesarias para abordar la amenaza que representa esta situación para el
medio ambiente y los recursos naturales.
14.2. Aclaró que no es la única responsable, ya que el Distrito de Medellín, en lo
que respecta a la vigilancia y supervisión de los usos del suelo, así como los
particulares, también tienen obligaciones que han incumplido de manera
sistemática, a pesar de los requerimientos realizados por la Procuraduría y la
autoridad ambiental.
17 Visible a folios 195 a 207.
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14.3. Planteó la falta de legitimación pasiva, dado que la parte actora busca la
declaratoria de responsabilidad de CORANTIOQUIA por el funcionamiento de la
Escombrera ASISI, propiedad del señor Eduardo Santamaría Villa; no obstante,
destacó que: i) ya se inició una indagación preliminar mediante el Acto
Administrativo núm. 130AN-16890 de 11 de noviembre de 2010; y ii) aclaró que es
responsabilidad de las autoridades de planeación del ente territorial, la expedición
de los permisos para el establecimiento de las denominadas escombreras, así como
su control e imposición de sanciones –incluso el eventual cierre– así como, hacer
cumplir las normas relativas al uso del suelo contenidas en el Plan de Ordenamiento
Territorial.
14.4. Mencionó, las siguientes acciones realizadas en relación con otras personas
jurídicas y naturales: i) en el caso de la urbanización “La Palmera”, emitió el acto
administrativo núm. 1107-19870 el 14 de julio de 2011, en el que solicitó que, en un
plazo de 15 días, se gestione ante CORANTIOQUIA el permiso de ocupación de
cauce y se suspenda de inmediato la captación de agua para prevenir
deslizamientos; ii) inspección administrativa realizada el 15 de septiembre de 2011,
en la que concluyó que la urbanización “La Palmera” no cumplió con las órdenes
emitidas; iii) en relación con la familia Toro Giraldo, se expidió el Acto núm. 1107-
19874 de 14 de julio de 2011, en virtud del cual se exigió la legalización de los
permisos ambientales y la suspensión de la captación de agua, acción que fue
seguida por una inspección que confirmó el cumplimiento por parte de la familia; iv)
al propietario de la Escombrera ASISI se le impusieron obligaciones mediante el
Acto núm. 1107-19873 de 14 de julio de 2011, y se le ordenó iniciar el trámite de
concesión de aguas; v) por último, se constató el incumplimiento de las obligaciones
por parte del propietario de la Finca Aguas Vivas.
14.5. Refutó la supuesta omisión imputada a CORANTIOQUIA, para ello, se refirió
a diversos conceptos técnicos que surgieron de visitas realizadas en diciembre de
2011, en los cuales se concluyó que, aunque se eliminaron fugas de agua, la tubería
utilizada no es adecuada y carece de la resistencia necesaria. Que se requiere la
presentación de estudios hidrológicos e hidráulicos y se advierte sobre la necesidad
de retirar lagos que causan inestabilidad en la ladera.
14.6. Sostuvo que no existe una relación causal entre la supuesta omisión de
CORANTIOQUIA y la amenaza a los derechos colectivos alegados por la parte
actora, teniendo en cuenta, la falta de competencia de la entidad para emitir
permisos o licencias para la construcción u operación de escombreras; e indicó que,
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aunque ha realizado requerimientos a los habitantes del sector, esto no implica que
se le pueda atribuir una omisión en relación con un daño.
14.7. Finalmente, señaló que, de acuerdo con las normas urbanísticas, es deber
del ente territorial supervisar todo su territorio para asegurar que los particulares
obtengan los permisos necesarios para las actividades urbanísticas, en función de
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, así como en la
Constitución Política y en las demás disposiciones normativas; por lo tanto, concluyó
que le corresponde al Distrito de Medellín la vigilancia y el control del
establecimiento de escombreras y del crecimiento urbanístico desordenado en el
sector.
15. La señora Beatriz Toro Giraldo propietaria de la Finca las Brisas18
presentó escrito de contestación de la demanda, en el cual se opuso a las
pretensiones y formuló las excepciones que denominó: i) “inexistencia de
vulneración del interés colectivo”; e ii) “inexistencia del daño colectivo violado”.
15.1. Aclaró que, conforme al requerimiento realizado por CORANTIOQUIA
mediante el Acto núm.1107-19874 de 14 de julio de 2011, se solicitó la legalización
de los permisos ambientales de concesión de aguas, vertimientos y ocupación del
cauce, así como la suspensión inmediata de la captación de agua que se efectuaba
desde una fuente no identificada; informó que dichas obligaciones fueron cumplidas,
tal como se comunicó a la entidad mediante informes presentados el 29 de julio y el
30 de septiembre de 2011.
15.2. En relación con lo anterior, precisó que solicitó a CORANTIOQUIA el cese
del requerimiento e investigación en virtud del cumplimiento de las obligaciones; sin
embargo, resaltó que la entidad no se había pronunciado al respecto al momento
de la contestación de la demanda. Además, puso de presente que se ejecutaron
todas las labores necesarias para el adecuado manejo del recurso hídrico.
15.3. Indicó que no es cierto que carezca de los permisos de ocupación de cauce
ni de la legalización de los permisos de concesión de aguas; en este sentido, señaló
que, mediante la Resolución núm. 130AN-1611 de 26 de junio de 2003, notificada
el 1.° de julio de 2003, se otorgó una concesión de aguas por un período de 10 años
prorrogables, de una fuente afluente de la Quebrada La Volcana, en beneficio de la
Finca Las Brisas, ubicada en el Distrito de Medellín. Agregó que, antes de la
18 Visible a folios 235 a 242.
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precitada concesión, ya se había otorgado otra de tres años mediante la Resolución
núm. 508 de julio de 1999.
15.4. Manifestó que la formación de cárcavas y el manejo inadecuado de aguas no
están relacionados con la captación de la Finca Las Brisas, al contrario, precisó que
como propietarios y beneficiarios de la concesión de aguas, son los más
perjudicados por el manejo inadecuado de las aguas lluvias de otras parcelaciones,
así como por las obras inconclusas y los depósitos de tierra mal efectuados durante
la ampliación de la vía Las Palmas.
15.5. Señaló las siguientes actuaciones realizadas para la legalización de los
permisos correspondientes: i) la Resolución núm. 0508 de 27 de junio de 1999, por
medio de la cual se otorgó la concesión de aguas19 a los propietarios de la Finca
Las Brisas y a otros beneficiarios; ii) el Acto Administrativo núm. 02334 de 27 de
diciembre de 1999, mediante el cual se aprobaron los planos y memorias de cálculo
de las obras de captación; además, iii) el Acto Administrativo núm. 01467 de 4 de
agosto de 2000, que recomendó realizar una reforma a la estructura del tanque
desarenador; iv) también, el Informe Técnico núm. 01-00045 de 22 de enero de
2001 que aprobó las obras construidas; v) la Resolución núm.130AN-1610 de 26 de
junio de 2003, que dio inicio a un nuevo trámite de concesión de aguas en el
expediente núm. AN1-03-30, en el que se expidió la resolución que otorgó la
concesión de aguas y la aprobación de las obras de captación, control y reparto; vi)
finalmente, destacó el Informe Técnico núm. 2091 del 8 de mayo de 2003, en el cual
se determinó que la Finca Las Brisas no requiere permiso de vertimientos, dado que
cuenta con el servicio de alcantarillado de EPM.
15.6. Explicó que los afloramientos que discurren en todos los predios son de
propiedad de la finca “La Josefita”, perteneciente a la señora María Cecilia Uribe
Quintero, así como del “Mirador”, que es de propiedad del Distrito de Medellín; a su
vez, señaló que estos afloramientos no tienen relación con el agua captada por la
finca “Las Brisas”.
15.7. De acuerdo con lo anterior, advirtió que el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales no solo se refleja en los actos proferidos por
CORANTIOQUIA para la aprobación de obras en la finca “Las Brisas”, sino también
en las diversas gestiones y trabajos realizados en dicha propiedad; en particular,
19 Derivados de un nacimiento sin nombre que discurre por el barrio El Poblado para usos domésticos, pecuarios
y agrícolas.
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refirió que realizó obras tendientes a entubar la acequia20, para lo cual instaló 180
metros lineales de tubería de polietileno de tres pulgadas de diámetro hasta un
tanque desarenador. Llevó a cabo arreglos en el tanque desarenador para restituir
el rebose a la fuente y en donde presentaba fugas. En relación con la legalización
de los permisos ambientales ante CORANTIOQUIA, destacó que su finca cuenta
con una concesión de aguas vigente; finalmente, afirmó que nunca desvió el cauce
de una fuente hídrica.
16. El Colegio New School21 presentó escrito de contestación de la demanda,
en el cual se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: i)
“inexistencia de la afectación del agua y del suelo”; y ii) “la genérica”.
16.1. Indicó que, de acuerdo con lo señalado por CORANTIOQUIA en el Informe
Técnico núm. 1106-18539 de 22 de junio de 2011, así como en el Acto
Administrativo núm. 130AN-1107-19875 de 14 de julio de 2011 y en el informe
técnico elaborado por la empresa especializada Servicios Ambientales - GAIA, se
constató la existencia de un pequeño hilo de agua que ingresa al predio donde se
ubica el colegio, próximo al nacimiento de la Quebrada La Volcana, el cual confluye
con la Quebrada La Marucha. De conformidad con ello, aclaró que estos cuerpos
de agua son diferentes: uno corresponde al nacimiento 1113, en la quebrada La
Volcana y, el otro, es un hilo de agua natural que desemboca en la quebrada La
Marucha; por lo tanto, expresó que el colegio no está llevando a cabo el transvase
de aguas que se le imputa, según lo señalado por CORANTIOQUIA y mencionado
por la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental para sustentar la presente acción
constitucional.
16.2. Explicó que, tras la obra de ampliación de la vía “Las Palmas”, surgieron
varios problemas, por lo que solicitó una visita técnica a CORANTIOQUIA, que se
llevó a cabo el 5 de enero de 2011. También solicitó su intervención para la
protección de las fuentes hídricas, lo que motivó la elaboración del Informe Técnico
núm. 130AN-1101-16942 de 13 de enero de 2011, remitido al colegio el 13 de abril
del mismo año. Afirmó que, posteriormente, se realizó otra visita por parte de la
entidad, de la cual no se notificó al colegio ni se conoció su informe. Por último,
expresó que el predio donde se encuentra el Colegio New School no colinda con la
urbanización “La Palmera”, como se afirma en la demanda.
20 Conforme al informe de 30 de septiembre de 2011 con radicado núm. 1304N-1109-455.
21 Visible a folios 280 a 288.
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17. Fernando Piedrahita, demandado en calidad de propietario de las fincas La
Colina y La Palmera22 presentó escrito de contestación de la demanda, en el cual
se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: i) “actuar de
las sociedades Penca S.A., Obranegra S.A. y Construcciones A.P. S.A. como
causantes determinante de los daños de la vía de acceso a la Urbanización La
Palmera y el lote El Marrano”; ii) “incumplimiento de las recomendaciones
geotécnicas efectuadas por el Ingeniero Frank de Greiff”; iii) “cumplimiento de las
obligaciones a cargo del propietario de la finca La Colina”; iv) “falta de legitimación
en la causa por pasiva”; “ausencia de congruencia entre los hechos y las
pretensiones”; v) “culpa exclusiva de un tercero por la desestabilización de la vía de
acceso a la Palmera”; vii) “culpa de los habitantes de la Urbanización La Palmera
en agravar el daño de la vía de acceso a la Palmera”; y, vii) “el señor Fernando
Piedrahita carece de responsabilidad como agente que causó el daño de la vía de
acceso a la Palmera y el lote El Marrano”.
17.1. Precisó que la finca “La Colina” pertenece a la sociedad Ocampo & Piedrahita
y Cía. S.C.A - en liquidación, de la cual es socio gestor; además, que el inmueble
con matrícula inmobiliaria núm. 001-128018 es de propiedad de la sociedad V.P.
Vélez y Cía. S.C.A, tal como lo demuestran los certificados de tradición y libertad
que allegó. Asimismo, precisó que es propietario de un lote contiguo al denominado
"El Marrano", que tiene matrícula inmobiliaria núm. 001-825008.
17.2. De acuerdo con lo anterior, advirtió que carece de legitimación en la causa,
dado que, no es el propietario de los inmuebles sino el representante legal de la
sociedad Ocampo & Piedrahita Cía. S.C.A - en liquidación.
17.3. Informó que ha realizado todas las obras de mitigación indicadas por la
Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, excepto aquellas que
dependen de permisos previos de CORANTIOQUIA o indicaciones de otros entes
estatales, los cuales ya están en trámite tras haber sido solicitados.
17.4. Señaló que, durante la construcción de la vía de acceso a la urbanización “La
Palmera”, la empresa Construcciones A.P S.A no realizó la adecuación del terreno
de manera técnica. En consecuencia, el Jarillón que sostiene la vía se construyó
sobre una capa vegetal en lugar de una capa mineral, lo que provoca que la vía se
hunda por falta de soporte al deteriorarse la capa vegetal. Además, indicó que la
22 Visible a folios 303 a 323.
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tierra que se retiró para la construcción del conjunto residencial fue depositada en
el predio conocido como "El Marrano", que colinda con la parte baja de “La Palmera”.
Además, indicó que las aguas residuales de “La Palmera” son transportadas a
través de tuberías rotas en el lote "El Marrano", lo que genera filtraciones y
saturación de aguas, conllevando a la inestabilidad del inmueble. Asimismo,
enfatizó que la urbanización “La Palmera” fue construida sobre terrenos donde
anteriormente existían lagunas, causa que se suma al riesgo de deslizamientos.
17.5. Señaló que se han realizado diversas obras y actividades, entre ellas, la
revisión de la capacidad hidráulica del paso de la quebrada La Escopetería 1,
realizada por el arquitecto Argiro Valderrama; y la implementación de un filtro
francés en espina de pescado en la zona de empozamiento contigua a dicha
quebrada. Sin embargo, destacó que se requiere un carreteable para el transporte
de materiales, cuyo permiso fue solicitado, pero aún no ha sido autorizado, por lo
que se necesita una visita de CORANTIOQUIA. Además, aclaró que se solicitaron
los permisos de ocupación de cauce y concesión de aguas; a su vez, resaltó que no
se requiere permiso de vertimientos, dado que la finca “La Colina” está conectada
al sistema municipal de recolección de aguas negras.
17.6. Respecto de las pretensiones de levantamiento de la red hídrica y
topográfica, determinó que es responsabilidad del Distrito de Medellín llevar a cabo
dicha actividad. En cuanto a la ejecución de un estudio geotécnico e hidrológico de
alto detalle en el tramo de la vía de acceso a la urbanización “La Palmera”, expresó
que le corresponde adelantarlo a las sociedades Penca S.A y Obranegra S.A,
quienes son responsables del desconfinamiento de tierras del lote denominado "El
Marrano", además de ser los constructores y titulares de la licencia de construcción.
En cuanto al mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y
almacenamiento de agua, indicó que CORANTIOQUIA no ha especificado las
actividades a desarrollar.
17.7. Señaló que las sociedades Penca S.A, Obranegra S.A y Construcciones A.P.
S.A son responsables determinantes de los daños en la vía de acceso a la
urbanización “La Palmera” y en el lote "El Marrano".
17.8. Precisó que la licencia de urbanismo y construcción para la primera etapa de
la urbanización “La Palmera”, que incluye 17 viviendas nuevas, fue otorgada por la
Curaduría Segunda de Medellín mediante la Resolución núm. C2-1130/2001 RAD
C2 1059/99 de 21 de diciembre de 2001. Destacó que este lote fue propiedad de
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Fernando Piedrahita Vélez como representante legal de la sociedad León Piedrahita
y Cía. S en C., posteriormente, lo vendió a la Sociedad Penca S.A mediante la
Escritura Pública núm. 1239 de 10 de septiembre de 2002 en la Notaría 14 de
Medellín. Señaló que, al ser la licencia de construcción accesoria del inmueble, su
titularidad también se transfirió al nuevo propietario; de este modo, indicó que,
desde el 10 de septiembre de 2002, dejó de ser propietario de la finca “La Palmera”,
por lo que no tiene responsabilidad en los procesos de estudios y diseños ni en los
trámites y permisos ante EPM, la Curaduría, Planeación, el Área Metropolitana,
Catastro, Cámara de Comercio y la Oficina de Instrumentos Públicos. Además,
subrayó que, en la construcción de la urbanización y su vía de acceso, las
sociedades Penca S.A, Obranegra S.A y Construcciones A.P. S.A contravinieron
explícitas recomendaciones del estudio de suelos realizado por el Ingeniero
Especialista Frank de Greiff Ramos, en lo que respecta a cortes, llenos, filtros y
contenciones.
17.9. Por último, indicó que en 2008 se celebró un acuerdo ante la Lonja de
Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia entre la sociedad Penca S.A y la familia
Piedrahita para la concesión de las vías de acceso construidas a la urbanización
“La Palmera”, en virtud del cual, la sociedad Penca S.A. se comprometió a adelantar
todas las gestiones técnicas necesarias para la entrega de dicha vía. Sin embargo,
resaltó que no ha sido posible ceder las fajas de la vía debido a que la sociedad
Penca S.A no ha suministrado el plano correspondiente ante Planeación Municipal.
Razón por la cual, solicitó a Empresas Públicas de Medellín E.P.M. que cambiara la
ubicación de las redes de conexión al acueducto y alcantarillado de la urbanización
“La Palmera”, dado que en el lote "El Marrano" se encuentran empozamientos de
aguas residuales; no obstante, destacó que E.P.M. indicó que dicho sistema de
redes no forma parte del Sistema Público administrado por ellos, por lo que el
constructor de la obra es el responsable de dichas instalaciones.
18. Eduardo Santamaría Villa Finca Asisi – Escombrera23 presentó escrito de
contestación de la demanda, en el cual se opuso a las pretensiones.
18.1. Aclaró que su propiedad nunca ha sido ni es actualmente considerada una
escombrera, dado que –únicamente– se deposita material orgánico, como follaje y
restos de poda, para la producción de compost, hecho corroborado en el informe
23 Visible a folios 1235 a 1242.
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técnico núm. 006149 de julio de 2011, elaborado por el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá luego de una visita técnica al predio.
18.2. Enfatizó que nunca ha sido convocado por las entidades a mesas de trabajo
y no tiene conocimiento de los estudios realizados por Planeación Municipal y la
firma AIM, motivo por el cual, no ha podido controvertir los estudios o exponer los
deterioros estructurales que su propiedad está sufriendo debido a: i) graves
problemas de estabilidad geológica, ii) la construcción de la doble calzada Las
Palmas y iii) la construcción de la urbanización “La Palmera”, la cual no cumplió con
la exigencia de realizar estudios adecuados sobre el manejo de aguas.
18.3. Afirmó que su finca se encuentra a aproximadamente 250 metros de “La
Palmera”, separada por la quebrada La Escopetería, y no colinda con ninguna
urbanización, ya que limita con la finca “La Colina”, una vía de servidumbre y la vía
de acceso construida por la urbanización; de allí que, refiere, no es posible que su
propiedad esté causando ninguna afectación.
18.4. Asimismo, indicó que inició el trámite para la concesión de aguas; pero,
advirtió que CORANTIOQUIA no es la autoridad ambiental competente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 99 de 1993, modificado por
el Decreto 141 de 2011, según el cual, la entidad responsable para los grandes
centros urbanos es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
19. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá24 presentó escrito de
contestación de la demanda, en el cual se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones que denominó: I) “indebida vinculación o falta de legitimación en la
causa por pasiva”; ii) “inexistencia de la obligación”; iii) “ausencia de presupuestos
sustanciales para sentencia de fondo favorable al actor”; y vi) “la genérica”.
19.1. Realizó un recuento normativo sobre su naturaleza jurídica y competencias;
aclaró que la entidad no participó como autoridad ambiental en la expedición de
permisos, licencias o concesiones. Además, señaló que la urbanización “La
Palmera” se localiza en la Carrera 17 núm. 2 sur - 10 de Medellín, en la parte alta
de El Poblado, situada por encima de la cota de 1850 m.s.n.m., por lo que, conforme
al Acuerdo núm. 046 de 2006 del POT de Medellín, este sector se encuentra fuera
del perímetro urbano, de allí que no tenga jurisdicción. A respecto, precisó que, en
la época de construcción de dicha urbanización, entre los años 2001 y 2003, regía
24 Visible a folios 1450 y ss.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
el Acuerdo Municipal núm. 062 de 1999, que establecía la cota de 1850 como límite
del perímetro urbano.
19.2. Manifestó que la constructora Penca S.A. y Obranegra debieron solicitar a
CORANTIOQUIA y no al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el correspondiente
permiso de ocupación del cauce, dado que esta última no es la autoridad ambiental
competente en el sector; asimismo, resaltó que solo ha realizado actividades de
prevención, como visitas de control y seguimiento en la zona donde se desarrolló la
urbanización “La Palmera”; e indicó que algunos expedientes fueron remitidos a
CORANTIOQUIA por ser el ente competente, mientras que otros fueron archivados.
20. Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. – E.P.M.25 presentó escrito de
contestación de la demanda, en el cual se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones que denominó: i) “falta de legitimación en la causa por pasiva frente a
las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.”; ii) “inexistencia de la obligación”; iii)
“inexistencia de la violación de los derechos colectivos por parte de EPM”; y iv) “la
genérica”.
20.1. Aclaró que no tiene conocimiento de la denuncia presentada por el
administrador de la urbanización “La Palmera”, ni asistió a visitas técnicas, ni fue
informada sobre la mesa de trabajo conformada por la Procuraduría Primera Agraria
y Ambiental de Antioquia; tampoco recibió requerimientos ni tiene información sobre
los estudios realizados por otras entidades. En consecuencia, pidió ser eximida de
responsabilidad en relación con los hechos descritos en la demanda.
20.2. Indicó que, de acuerdo con su sistema de información geográfica –SIGMA–
la urbanización “La Palmera” tiene redes de alcantarillado particulares que no
pertenecen a la entidad, por lo que no le corresponde su operación ni
mantenimiento. Además, aportó fotografías de los problemas geológicos en la vía
de acceso y en las viviendas cercanas a la urbanización y explicó que las redes de
alcantarillado nunca fueron recibidas por E.P.M. De igual manera, informó que estas
redes particulares desaguan en las redes de alcantarillado operadas por E.P.M. en
la Calle 2 Sur con Carrera 20, lo que genera que se incluya el cobro de saneamiento.
20.3. Finalmente, la entidad señaló que, en el Sistema Fénix de E.P.M. se
evidenciaron respuestas en las que se indicó que las redes no pertenecían a la
entidad, por lo que no se podía realizar ningún trabajo de reparación o
25 Visible a folios 1476 a 1498.
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mantenimiento. A su vez, aclaró que no tiene la potestad para exigir a los usuarios
la realización de correctivos en sus acometidas o redes internas de acueducto y
alcantarillado.
21. Sociedad Construcciones A.P. S.A.26 presentó escrito de contestación de
la demanda, en el cual se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que
denominó: i ) “no existe violación por parte de la sociedad de los derechos
colectivos”; ii) “inexistencia de la causalidad entre el daño y la conducta de la
sociedad”; y iii) “buena fe”.
21.1. Expresó que no vulneró ningún derecho colectivo e indicó que se limitó a
realizar un movimiento de tierra y la construcción de una vía, todo ello conforme a
los diseños aprobados por la entidad competente.
21.2. Argumentó que su actividad principal es la construcción de obras civiles y
que no tiene injerencia en cuestiones ambientales. Además, subrayó que no solicitó
ningún permiso para la construcción de la urbanización “La Palmera”, en tanto, no
tramitó licencia de construcción ante la Curaduría Segunda de Medellín ni gestionó
el manejo de recursos hídricos o aguas residuales ante CORANTIOQUIA.
21.3. Asimismo, mencionó que realizó una oferta mercantil a la sociedad Penca
S.A. para el movimiento de tierra y la construcción de la vía interna de la
urbanización “La Palmera”, la cual fue aceptada y formalizada a través de un
contrato de obra que aportó como prueba.
22. La sociedad Penca S.A. y Obranegra S.A. – Constructores Urbanización
La Palmera27 presentaron escrito de contestación de la demanda, en el cual se
opusieron a las pretensiones y formularon como excepciones las que denominaron:
i) “buena fe”; ii) “cumplimiento de las obligaciones ambientales y urbanísticas por
parte de los convocados e incumplimiento por parte de terceros, hechos que pueden
afectar la zona en general”; iii) “falta de causa”; iv) “cumplimiento del postulado de
la diligencia”; y v) “extinción de la obligación por pago o solución”.
22.1. Precisaron que la urbanización “La Palmera” fue construida bajo la modalidad
de proyecto asociativo, con Penca S.A. –como sociedad constructora– y Obranegra –
encargada del diseño urbanístico y la dirección arquitectónica–.
26 Visible a folios 1524 a 1529.
27 Visible a folios 1842 a 1852.
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22.2. Afirmaron que se ha llevado a cabo un seguimiento constante a las casas de
la urbanización “La Palmera”, con el apoyo del ingeniero de suelos Frank de Greiff
y el ingeniero Diego Castro de la firma Planicálculos. Destacó que todos los
inconvenientes presentados han sido corregidos y las casas se encuentran en
perfecto estado, en cumplimiento de los parámetros y lineamientos normativos.
22.3. Indicaron que, de acuerdo con el estudio de AIM Ltda., el problema de aguas
provenía de la parte superior del terreno y en la urbanización “La Palmera” no se
encontró ningún empozamiento de agua, en tanto, este se localizó en la finca “La
Palmera”, que corresponde al lote matriz del cual se segregó la urbanización y que,
en ningún momento, tuvo injerencia jurídica, técnica o constructiva en la edificación
de la urbanización, ya que se trataba de predios ajenos.
22.4. Señalaron que, respecto del lote denominado "El Marrano", se habían
realizado trabajos desde hacía varios años, incluyendo la construcción de filtros
verticales y horizontales, recomendados por el ingeniero Frank de Greiff. Sumado
al retiro del exceso de tierra, se construyeron barreras de contención mediante pilas,
tensores y vigas. Se advirtió que los problemas de este lote estaban relacionados a
movimientos de tierra que provenían de la parte superior, especialmente, de la finca
“La Colina”. Además, por la construcción de edificios vecinos, que modificaron el
nivel freático del sector, quienes no fueron llamados a la presente acción.
22.5. Aseveraron que las sociedades firmaron convenios bilaterales con los
residentes de la unidad. Que no existen reclamaciones judiciales, en tanto, ante
cualquier reclamación se han efectuado las reparaciones de inmediato, lo que
evidencia buena fe contractual que exonera de responsabilidad.
22.6. Manifestaron que existen problemas de suelos en diversas propiedades,
atribuibles al vertimiento de aguas sin el cumplimiento de las normas
correspondientes, por parte de las autoridades competentes como de terceros
responsables. A su vez, informaron que las entidades estatales involucradas en la
construcción de la doble calzada omitieron el adecuado manejo de aguas, e
ignoraron planes y procedimientos establecidos en el Decreto 1541 de 28 de julio
de 197828 y en el Decreto 3930 de 25 de octubre de 201029. Finalmente, indicaron
28 “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: ‘De las aguas no marítimas’
y parcialmente la Ley 23 de 1973”.
29 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -
Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones”.
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que la autoridad ambiental tiene conocimiento desde hace más de tres años de un
botadero de escombros en el sector, sin que se hayan tomado las medidas
adecuadas al respecto.
23. Curaduría Urbana Segunda del Distrito de Medellín, no presentó escrito
de contestación de la demanda. Sin embargo, el Curador remitió un oficio30 en el
que indicó que, desde que asumió su función, el 6 de julio de 2007, no ha expedido
ningún acto administrativo que autorice intervención urbanística en los predios
objeto de la acción popular. A su vez, allegó las memorias de cálculo y los estudios
geológicos que encontró relacionados con los predios denominados finca “La
Palmera” y finca “La Colina”, ubicadas en el sector del Tesoro de Medellín.
23.1. María Cecilia Uribe Quintero propietaria de la finca “La Josefita”
presentó escrito de contestación de la demanda, en el cual se opuso a las
pretensiones, toda vez que, indicó que no es propietaria de ningún predio
relacionado con la presente acción31.
24. Gobernación de Antioquia presentó escrito de contestación de la demanda
el 4 de diciembre de 2012, según el cual: i) expresó que la ampliación de la vía “Las
Palmas” no es la causa que provocó el daño que desde hace varios años padecen
los predios e infraestructura de la urbanización “La Palmera”. Y, ii) expuso que en
el marco de la mesa de trabajo que integró junto con diferentes actores, se le asignó
–en conjunto con la sociedad Túnel Aburrá Oriente S.A.– la obligación de construir una
obra de descole del drenaje de la vía “Las Palmas” y la reparación del canal de
descole en la quebrada “La Volcana 2”.
Sentencia proferida, en primera instancia
25. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia32 el 31 de julio de
2015, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARASE que los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, existencia del equilibrio ecológico y manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, defensa del patrimonio público y la seguridad y salubridad pública
• literales a), c), e) y g) de la Ley 472 de 1998- han sido amenazados y vulnerados en
virtud de las conductas y omisiones de tipo ambiental, constructivo y de control y
vigilancia por el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a través de cada una de sus dependencias,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CORANTIOQUIA y ÁREA METROPOLITANA
DEL VALLE DE ABURRÁ, así como por algunos de los particulares como la
SOCIEDAD PENCA S.A en asocio con la Constructora Obranegra S.A y
Construcciones AP S.A, por la construcción de la Urbanización La Palmera y la vía de
30 Visible a folios 1523 y 1955.
31 Folio 1336.
32 Ibidem 1.
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21
Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
acceso Calle 2 Sur desconociendo el estudio de suelos realizado en su momento
respecto a llenos, tuberías, estructuras de contención, captación y control de las
fuentes de agua que atraviesan y colindan con la parcelación y el uso de los materiales,
entre otros asuntos ambientales, las FINCAS LA COLINA, LA PALMERA, AGUAS
VIVAS Y ASSISI, y el predio denominado EL MARRANO, de acuerdo a las
consideraciones antes expuestas.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordena al MUNICIPIO DE
MEDELLÍN a través de la dependencia que corresponda lo siguiente:
✓ En el término de tres (3) meses contratar la realización de nuevos y actuales
estudios de suelos sobre la vía de acceso a la Urbanización La Palmera y a los demás
lotes colindantes, y determinar las actividades y obras a realizar sobre la vía para que
en el término máximo de un (1) año la misma tenga condiciones seguras y estables
para su tránsito, garantizando así mismo andenes, zonas verdes y redes de servicios,
con la colaboración de la URBANIZACIÓN LA PALMERA P.H - SOCIEDAD PENCA
S.A y el lote denominado el Marrano y La Finca La Colina colindantes de la vía para
que se proceda a la correcta ejecución de la misma así como su legalización ante el
ente territorial, al igual que de la totalidad de los propietarios de los inmuebles
colindantes, teniendo en cuenta que para los efectos de la construcción de andenes,
vías del ancho legal establecido, bermas y equipamiento urbano necesario se
deberán hacer las cesiones gratuitas al ente municipal que se requieran.
✓ Vigilancia y control permanente de los depósitos de materiales que se
presentan en la zona objeto de debate de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debiendo realizar estudios
geomorfológicos del sector para verificar la afectación del sector y evitar posibles
deslizamientos y empozamientos de los terrenos, con el apoyo de las autoridades
ambientales Corantioquia y Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Policía.
✓ En el término de tres (3) meses contratar la realización de nuevos y actuales
estudios hidrológicos e hidráulicos sobre las Quebradas La Escopetería, La Vicenza,
La Volcana, La Marucha, Caño Aguas Vivas y Los Ángeles y a partir de estos
implementar las actividades y obras de mitigación sobre las fuentes de agua para
evitar infiltraciones, desvíos y modificaciones al cauce, con sistemas de captación,
conducción y almacenamiento hacia los diferentes predios y en colaboración con cada
uno de los propietarios de los predios que las atraviesan a cuyo cargo estará asumir
el costo de los mismos, y del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA por el trayecto de
la doble calzada Las Palmas que implicó la intervención de algunos de esos cauces
naturales.
✓ Se ordenará que conjuntamente el MUNICIPIO DE MEDELLÍN
(ANTIOQUIA) con el SIMPAD, adopte e implemente en forma permanente un plan de
monitoreo geotécnico y de prevención del riesgo en que se encuentran los habitantes
del sector, ante la contingencia de un eventual crecimiento del volumen de las aguas
lluvias o de deslizamiento por socavación de cimientos.
Entre tanto, las obras de prevención que a corto plazo impidan el deslizamiento del
talud y la ocurrencia de un desastre, como por ejemplo la remoción de las rocas y la
siembra de plantas, deben ejecutarse inmediatamente. Con todo, para determinarlas
es preciso que los funcionarios del Municipio acudan al lugar en visita técnica y
conceptúen sobre la procedencia de la construcción de muros de contención;
adecuación de caminos peatonales; gradas disipadoras de energía; canales o
colectores de aguas lluvias; o lo que mejor se adecúe al problema, de acuerdo con lo
que se conceptúe en los estudios técnicos que deberán ser elaborados al efecto, y
que se costearán con cargo a los propietarios de los terrenos implicados en
proporción de su interés.
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✓ Llamar la atención al MUNICIPIO DE MEDELLÍN y a las Curadurías
Municipales para ejercer de manera precisa el control sobre la ejecución de obras y
la concesión de licencias de construcción principalmente en laderas de alta pendiente.
TERCERO: Se le ordena a la SOCIEDAD PENCA S.A - URBANIZACION LA
PALMERA P.H, que en un término de UN (1) MES proceda a entregar los planos de
las redes de acueducto y alcantarillado realmente ejecutadas, no los diseños
inicialmente aprobados por EPM en el año 2002 y la póliza de estabilidad de las obras
realizadas, a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - EPM quien deberá informar
al Despacho su cumplimiento, y proceder a realizar todas las gestiones necesarias para
la aprobación de las mismas, y en caso de ser procedente la modificación o reparación
de las redes de manera conjunta con el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, deberán realizarse
dichas reparaciones en un término de SEIS (6) MESES para asegurarse la prestación
adecuada de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo a las obligaciones
previstas en la Constitución Política y las normas legales, y a partir de ello EPM asumir
el mantenimiento de las mismas.
CUARTA: Adicional a lo anterior, el MUNICIPIO DE MEDELLÍN deberá contratar la
realización de estudios técnicos que determinen la mejor alternativa técnica y
económica de alcantarillado a implementarse en la zona veredal, así como las obras a
realizarse para subsanar las deficiencias de que adolece la infraestructura del
alcantarillado urbano, se formulen los respectivos proyectos, se inscriban en el Banco
de Proyectos de Inversión Municipal, y en la próxima vigencia fiscal apropiar los
recursos presupuestales necesarios para ejecutar las obras, de modo que en un plazo
razonable se dé solución a la problemática ambiental de la zona, que en todo caso, de
requerir intervenciones en predios privados sus propietarios asumirán el valor de los
estudios y de la ejecución de las obras a las que haya lugar.
QUINTA: Se ordena a los propietarios de las FINCAS LA COLINA, LA PALMERA,
AGUAS VIVAS y el lote denominado EL MARRANO, realizar un adecuado manejo de
las redes de conducción de aguas lluvias y de escorrentía, con las reparaciones en
tuberías y estructuras de contención en un tiempo prudencial de UN (1) AÑO y realizar
las solicitudes para las concesiones de aguas, ocupación del cauce y vertimientos ante
CORANTIOQUIA para su trámite diligente y ágil.
SEXTA: Se ordena a la SOCIEDAD PENCA S.A - URBANIZACIÓN LA PALMERA
P.H al ser un proyecto asociativo de los ocupantes de las viviendas de la parcelación,
que en el término de SEIS (6) MESES realicen un estudio geotécnico, hidrológico,
geomorfológico y de suelos a toda la urbanización y cada una de las viviendas que
comprende, para determinar las actividades y obras a desarrollar para mejorar su
cimentación y estructura física e hidráulica que impidan nuevos empozamientos y
daños en las viviendas y la vía interna, advirtiendo además que con el material
probatorio obrante en el proceso se logró demostrar que los daños que ha venido
sufriendo la parcelación devienen indudablemente de la planificación y ejecución de la
misma, además que tanto en la contestación a la demanda como en la declaración
testimonial del Ingeniero señor Frank de Greiff se advierte que las viviendas de la
urbanización se encuentran en perfectas condiciones.
SÉPTIMA: Res pecto [sic] a las autoridades ambientales, dado que la zona se
encuentra en el límite del perímetro urbano - borde entre lo urbano y lo rural, que implica
que compartan competencias tanto el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA como la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, CORANTIOQUIA,
se ordena que estas deberán planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales del sector La Palmera y predios colindantes para de esta manera garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, e igualmente
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y agilizar los trámites de las
licencias ambientales bajo un detallado análisis de viabilidad para los propietarios de
los predios del sector.
OCTAVA: DEJAR SIN EFECTOS, una vez quede debidamente ejecutoriada la
presente sentencia, las cautelares decretadas mediante auto del cinco (05) de
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noviembre de dos mil doce (2012) por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
NOVENA: SIN COSTAS en la presente instancia por no aparecer causadas.
DÉCIMA: NO CONTINUAR CON EL TRÁMITE del incidente de exclusión de la lista
de auxiliares de la justicia iniciado de oficio en contra del Ingeniero Civil señor
GUSTAVO ADOLFO ZULETA SALAS, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva
de este proveído.
DÉCIMA PRIMERA: Una vez ejecutoriada la presente providencia, REMÍTASE copia
de esta providencia a la Defensoría del Pueblo, para que sea incluida en el registro
público centralizado de las acciones populares, previsto en el artículo 80 de la Ley 472
de 1998.
DÉCIMA SEGUNDA: En firme este proveído, archívese la actuación […]”.
Consideraciones del Tribunal
26. El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó, a partir de las pruebas
aportadas y practicadas en el proceso, que la problemática de inestabilidad del
terreno se presenta desde hace varios años debido a la conformación de la ladera
y sus fuentes hídricas, la cual se ha visto agravada –con el transcurso de los años–
por la intervención de los terrenos en materia urbanística: i) al no prever adecuadas
estructuras de contención para la estabilización del terreno; ii) al realizar cortes de
ladera de forma indiscriminada; y, iii) por el inadecuado manejo de las fuentes
hídricas, lo que genera infiltraciones en los terrenos y daños en las vías y viviendas
ya construidas.
27. Asimismo, encontró probado que los movimientos en masa se presentaban
–incluso– antes de la construcción de la Urbanización La Palmera y advirtió que,
posteriormente, con el desarrollo del proyecto urbanístico las deficiencias a nivel
geotécnico, hidráulico y estructural llevaron no solo a graves daños en las viviendas
y vías internas y externas, que incluso han afectado a predios colindantes, sino que,
además, la Urbanización ha realizado ocupaciones de cauce sin los permisos
correspondientes de la autoridad ambiental, esto es, de la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA y ha incurrido en el inadecuado
manejo de las redes de acueducto con mangueras y tuberías de baja capacidad
hídrica que han ocasionado el empozamiento en el terreno.
28. De igual modo, consideró que el hundimiento de la vía de acceso a la Calle
2.° Sur –de carácter público– también se pudo afectar por la construcción de un lleno
de material sobrante en la curva interior de la vía, así como, por los flujos de las
aguas que provienen de los predios colindantes –sin la estructura hidráulica adecuada
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para una ladera en alta pendiente–. Así las cosas, concluyó que les asistía
responsabilidad conjunta a las constructoras Penca S.A. –en liquidación– a las
Construcciones AP, al propietario del predio “El Marrano” y al Municipio de Medellín.
29. A partir de las declaraciones de expertos en ingeniería y geología, el Tribunal
consideró que son tres factores claves los que ocasionan la inestabilidad del terreno
en la zona33, fuera de la condición geomorfológica natural de la ladera, los cuales
son: i) el inadecuado manejo de las fuentes hídricas, principalmente de las
quebradas: La Escopetería, La Vicenza, La Volcana y los Caños Aguas Vivas y Los
Ángeles ii) la construcción acelerada de edificaciones sin las debidas
especificaciones técnicas, ni la información topográfica, geotécnica e hidráulica, ni
el material adecuado; y, iii) el depósito continuo de desechos en la ladera.
30. Determinó que, la responsabilidad por tales acciones y omisiones, no recae
únicamente en los propietarios de los inmuebles, sino también en las entidades
públicas competentes, como el Municipio de Medellín, la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá34 y el Departamento de Antioquia.
31. Particularmente, concluyó que las autoridades ambientales han incumplido
sus obligaciones de control y vigilancia, además que deben ir más allá de realizar
visitas técnicas y asesorías, dado que deben implementar programas efectivos de
adecuación en zonas de alto riesgo, especialmente, ante la posibilidad de
deslizamientos por la falta de control de aguas lluvias.
32. Señaló que Empresas Públicas de Medellín - EPM no tiene competencia para
la operación y el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado de la
Urbanización La Palmera, debido a que dichas redes carecen del cumplimiento de
los requisitos técnicos y legales.
33. Advirtió que la intervención sobre las fuentes hídricas y demás obras
realizadas en el proyecto de la doble calzada Las Palmas por parte de la Concesión
Aburrá Oriente, provocó afectaciones en los predios aledaños, dado que, las
posibles filtraciones o desvíos de las quebradas pueden estar incidiendo en los
movimientos del terreno.
33 Que genera un movimiento de los taludes.
34 En tanto, la vía el Tesoro Calle 2 Sur hasta la vía Las Palmas Carrera 17, en criterio del Tribunal se encuentra
en el límite del perímetro de lo urbano y lo rural.
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34. Consideró que, a partir de lo probado, existe amenaza y vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible; a la defensa del patrimonio
público; y a la seguridad y salubridad públicas, por parte del Municipio de Medellín,
el Departamento de Antioquia, la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia – CORANTIOQUIA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como,
por algunos de los particulares como: la Sociedad Penca S.A, integrada por la
Constructora Obranegra y Construcciones AP, y los propietarios de las fincas La
Colina, La Palmera, Aguas Vivas y Asisi, además, del predio denominado “El
Marrano”, en esencia, debido a que: i) las constructoras realizaron cimentaciones
sin observar los parámetros específicos requeridos para terrenos en situación de
riesgo; ii) el Distrito omitió ejercer el control sobre la concesión de la licencia de
construcción y la ejecución de dichas obras; y, iii) por la omisión de las autoridades
ambientales en materia de control de los recursos naturales renovables.
Solicitud de adición y aclaración de la sentencia proferida en primera instancia
35. Empresas Públicas de Medellín E.P.M. presentó el 11 de agosto de 2015
una solicitud de adición y aclaración35 de la sentencia de primera instancia. Sustentó
la necesidad de aclarar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 31 de julio de 2015, en tanto, en las consideraciones de la decisión se
indicó que la responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín E.P.M. es solo de
“[…] brindar acompañamiento, asesoría y supervisión durante la ejecución de las
obras de acueducto y alcantarillado por parte de los particulares […]”, no obstante,
en el ordinal tercero de la parte resolutiva hay frases que, en su criterio, ofrecen
“verdaderos motivos de duda”, en tanto, no existe claridad sobre quien debe realizar
todas las gestiones necesarias para la aprobación de las redes de acueducto y
alcantarillado, así como, tampoco ocurre en caso de que sea necesario la
modificación o reparación de dichas redes. En su entender, la sociedad Penca S.A.
– Urbanización La Palmera P.H. y el Distrito de Medellín son los responsables de
cumplir tales obligaciones, en tal sentido, pidió emitir una decisión al respecto.
Auto que resuelve aclarar la sentencia proferida en primera instancia
35 Visible a folios 3248 a 3250.
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36. Mediante auto proferido el 21 de agosto de 201536, la Sala Segunda de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió aclarar la sentencia
proferida el 31 de julio de 2015, luego de considerar que el ordinal tercero de la
parte resolutiva contiene frases que pueden generar un motivo de duda, en
consecuencia, ordenó que dicho ordinal quedara así:
“[…] TERCERO: Se le ordena a la SOCIEDAD PENCA S.A - URBANIZACION LA
PALMERA P.H, que en un término de UN (1) MES proceda a entregar los planos de
las redes de acueducto y alcantarillado realmente ejecutadas, no los diseños
inicialmente aprobados por EPM en el año 2002 y la póliza de estabilidad de las obras
realizadas, a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - EPM quien deberá
informar al Despacho su cumplimiento, y proceder dicha entidad a indicarle a la
sociedad PENCA S.A que gestiones como modificaciones o reparaciones se
requieren para la aprobación de dichas redes de acueducto y alcantarillado. Y en caso
de ser procedente la modificación o reparación de las redes la SOCIEDAD PENCA
S.A - URBANIZACIÓN LA PALMERA P.H. de manera conjunta con el MUNICIPIO
DE MEDELLÍN, deberán realizarse dichas reparaciones en un término de SEIS (6)
MESES para asegurarse la prestación adecuada de los servicios públicos
domiciliarios, de acuerdo a las obligaciones previstas en la Constitución Política y las
normas legales. Y a partir de ello EPM asumir el mantenimiento de las mismas […]”.
Recursos de apelación
1) Recurso de apelación del señor Fernando Piedrahita Vélez
37. En primer lugar, el señor Fernando Piedrahita Vélez37 sustentó que no le
asiste legitimación en la causa por pasiva en el proceso, comoquiera que, no es el
propietario de la finca “La Colina” ni del lote denominado “El Marrano”, toda vez que,
de conformidad con los certificados de tradición y libertad que allegó en la
oportunidad procesal correspondiente, los dueños de cada uno de los inmuebles –
respectivamente– son Ocampo & Piedrahita y Cía S.C.A. –en liquidación– y la sociedad
V.P. Vélez y Cía S.C.A.; en tal sentido, indicó que la demanda debió dirigirse contra
los representantes legales de estas dos sociedades.
38. Precisó que, si bien, es propietario de un inmueble ubicado cerca al lote “El
Marrano” en ningún hecho ni pretensión de la demanda se hace referencia a que su
predio sea el generador del daño ambiental. Además, señaló que, de las pruebas
tampoco se concluye dicha situación.
36 Visible a folios 3307 a 3309.
37 A través de apoderado judicial. Recurso visible a folios 3244 a 3247 y 3315 a 3318.
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39. En segundo lugar, argumentó la violación al debido proceso, especialmente,
del derecho de contradicción, por cuanto, los propietarios de los inmuebles “La
Colina” y “El Marrano” no fueron vinculados al proceso. Para explicar de manera
más específica el planteamiento, refirió que, si bien, en la parte motiva de la
sentencia proferida en primera instancia se señala que “el señor FERNANDO
PIEDRAHITA VÉLEZ” es el propietario del lote “El Marrano” y de la finca “La Colina”,
en la resolutiva tan solo se obliga a los dueños de dichos predios a ejecutar una
serie de actividades en aras de proteger los derechos e intereses colectivos, lo cual
conlleva una transgresión del derecho de contradicción, dado que las sociedades
no tuvieron la posibilidad de oponerse.
40. Como tercer planteamiento, sustentó la existencia de un hecho superado, en
los términos señalados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo
correspondiente a las fincas “La Colina” y “La Palmera” y al lote “El Marrano”,
teniendo en cuenta que, de conformidad con lo considerado en los párrafos 139 y
140 de la sentencia, se concluye que las pretensiones 3.3 “ítems 3, 4, 6 y 8” son
actividades efectivamente realizadas por los responsables de su ejecución. De allí
que, alegue que los propietarios de los inmuebles La Colina” y “El Marrano” no
puedan ser condenados a una serie de actividades que no fueron reconocidas como
incumplidas.
41. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia,
en lo referente a las obligaciones impuestas en su contra y de los propietarios de la
finca “La Colina” y del lote “El Marrano”. Subsidiariamente, pidió declarar que
respecto de estos dos predios existe hecho superado, comoquiera que, ejecutaron
todas las actividades que se pretenden a través de este mecanismo constitucional.
2) Recurso de apelación interpuesto por la sociedad PENCA S.A.
42. La sociedad PENCA S.A. interpuso recurso de apelación38 el 12 de agosto
de 2015 contra la sentencia proferida en primera instancia, pidió recovar la decisión
en lo referente a la responsabilidad de la Sociedad, para lo cual, argumentó que la
problemática que se presenta en el sector no es ocasionada por la construcción de
la urbanización “La Palmera” por PENCA S.A., en tanto, las causas que la originan
están relacionadas con actos humanos que alteraron las condiciones naturales de
la montaña, acontecidos antes de la construcción de la Urbanización y con
38 Mediante apoderado judicial. Recurso visible a folios 3251 a 3259.
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posterioridad a ello por parte de los propietarios de los predios vecinos, lo cual
afecta una zona de más de cuarenta hectáreas de longitud.
43. Indicó que el Tribunal determinó la responsabilidad de la Sociedad en las
siguientes afirmaciones: i) omisiones de tipo constructivo; ii) desconocimiento de
estudio de suelos con respecto a llenos; y, iii) se demostró que los daños que ha
venido sufriendo la parcelación devienen indudablemente de la planificación y
ejecución de la misma. No obstante, advirtió que estas aseveraciones resultan
completamente infundadas.
44. Cuestionó que el a quo exonerara de responsabilidad a los propietarios del
predio colindante perteneciente a la familia Santamaría, quienes –a su juicio, de
conformidad con lo probado en el proceso– si son responsables de los daños
provocados, en tanto, en la inspección judicial se determinó que en ese inmueble
se observaban “[…] materiales como desechos, madera y escombros de
construcciones, que de manera reiterada y continua claramente genera un
movimiento de los taludes adicional al movimiento natural que ya tiene esa ladera
[...]”. Señaló que dicha conclusión resultaba determinante, pese a que, con
posterioridad de la inspección, la autoridad ambiental haya informado que allí ya no
existía la escombrera, sino que funcionaba un vivero.
45. A su vez, manifestó su inconformidad respecto de la valoración del dictamen
pericial. Argumentó que el informe pericial fue parcial y no se les dio traslado a las
partes, aunado a que, “[…] el perito manifestó su incapacidad para determinar el
problema […]”.
46. Además, cuestionó que la sentencia se fundara en testimonios de ingenieros
no especializados en geología, pese a que en el proceso quedó reiterado que para
determinar las causas se requería la intervención de un profesional de esta área.
47. Señaló que el Tribunal en la sentencia recurrida no le dio valor a las pruebas
que aportó al proceso que demuestran el buen manejo ambiental de los cauces y
taludes de su parte. Para ello enunció las siguientes pruebas: i) el testimonio de
Frank de Greiff, en el que indica que a los taludes de la urbanización “La Palmera”
se les dio el tratamiento dispuesto en los estudios geotécnicos; ii) las actas de
vecindad elaboradas en enero de 2002, que demuestran que los problemas de
inestabilidad del terreno existían antes de iniciarse la construcción de la
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urbanización “La Palmera”; iii) los cuatro (4) informes de la interventoría ambiental
del proyecto “La Palmera” de los años 2002 y 2003, dirigidos al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, en los cuales se prueba el buen manejo de aguas servidas,
vertidas y de continuidad del cauce de las vertientes naturales; iv) los estudios
geotécnicos de los años 2001 y 2002 elaborados por el ingeniero Frank de Greiff –
que sirvieron de fundamento para desarrollar el proyecto–; v) la licencia de urbanismo y
de construcción con los planos aprobados por la Curaduría Segunda Urbana de
Medellín en el año 2002; vi) los planos de las redes de alcantarillado, acueducto,
gas, telecomunicaciones y de energía del proyecto, aprobados por E.P.M. en mayo
de 2002; vii) el registro fotográfico que evidencia la manipulación inadecuada de
cauces, vertientes, rellenos y contenciones de tierras de predios vecinos a la
urbanización; viii) los estudios geotécnicos contratados por el señor Fernando
Piedrahita que advierten que la problemática no obedece a la construcción de la
urbanización “La Palmera” y el estudio de movimientos de tierra elaborado por el
ingeniero Juan Ricardo Posada, con las fotografías de los daños presentados en el
sector. Indicó que todas estas pruebas salvo el testimonio del señor Frank se
encuentran en el cuaderno de medidas cautelares.
48. Sustentó que, en el proceso hay prueba de que la construcción de la
urbanización “La Palmera” se adelantó de forma adecuada. Por el contrario, destacó
que no hay pruebas concretas de las fallas en el proceso constructivo, comoquiera
que, no se demostró mediante prueba pericial. Asimismo, señaló que construyó la
obra de “espina de pescado” debido a las condiciones generales del sector y sin la
intervención de los propietarios de los predios vecinos que causan la continua
afectación geológica e hídrica, en tanto, a su juicio, el mayor problema proviene de
la doble calzada “Las Palmas”, de la finca “La Colina”, de la finca “La Palmera”, de
la finca de la familia Santamaría, de la construcción del Edificio Anexo.
49. En línea con lo anterior, expresó que no existe en los predios colindantes a
la urbanización “La Palmera” una regulación de vertimientos, ni un permiso para
ello; que, por el contrario, los canales han sido modificados de manera antitécnica,
esto es, sin la autorización de las autoridades competentes. Refirió que gran
cantidad de estas aguas y desprendimientos de tierra caen en la vía pública aledaña
al lote “El Marrano”–la cual, pese a los arreglos que se realicen, sus daños son
reincidentes por cuenta del vertimiento continuo de aguas, lodos y tierra–.
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50. Por último, subrayó que la Sociedad ha construido las obras que se
determinaron en la mesa de trabajo de la Procuraduría y resaltó que, de esto, quedó
constancia en el proceso y en la sentencia proferida en primera instancia. Sin
embargo, precisó que tales obras no son suficientes para solucionar la problemática
de los movimientos en masa, dado a que estos se deben a factores completamente
extraños a la construcción de la urbanización “La Palmera”, por cuanto, en ningún
momento ejecutó obras de modificación de cauces ni movimientos de tierras de
manera indiscriminada.
3) Recurso de apelación interpuesto por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá
51. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación39 contra la sentencia proferida en primera instancia
el 12 de agosto de 2015. Solicitó revocar esta decisión, en lo referente a la entidad,
especialmente, pidió revocar el ordinal primero de la parte resolutiva, en tanto, el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá no ha amenazado ni vulnerado los derechos
e intereses colectivos.
52. De igual modo, pidió revocar el numeral segundo del ordinal segundo de la
parte resolutiva, según la cual, el Distrito de Medellín con el apoyo de las
autoridades ambientales debe vigilar y controlar permanentemente los depósitos de
materiales, para lo cual deberá realizar estudios geomorfológicos del sector y evitar
posibles deslizamientos y empozamientos de los terrenos.
53. Por último, propuso revocar el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida en primera instancia, según la cual “[…] dado que la zona se
encuentra en el límite del perímetro urbano - borde entre lo urbano y lo rural, que
implica que compartan competencias tanto el ÁREA METROPOLITANA DEL
VALLE DE ABURRA como la Corporación Autónoma Regional de Antioquia,
CORANTIOQUIA, se ordena que estas deberán planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales del sector La Palmera y predios
colindantes para de esta manera garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, e igualmente prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental […]”.
39 Cfr. Visible a folios 3260 a 3273.
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54. Para argumentar sus inconformidades, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá expresó –en primer lugar– que, el a quo no tuvo en cuenta que la autoridad
ambiental que ejerce jurisdicción en el sector donde se localiza la urbanización “La
Palmera” es la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA, en razón a que, se trata de suelo rural, aun teniendo en cuenta
que el Distrito o la autoridad correspondiente hayan permitido procesos de
urbanización propios de suelos urbanos.
55. Al respecto, señaló que, en distintos actos administrativos, entre ellos, en el
núm. 130 AN-1303-23045 de 4 de marzo de 2013, expedido por la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA se indicó que “[…]
en la visita técnica a la Urbanización La Palmera localizada en la vereda Las
Palmas, corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del municipio de Medellín […]”,
de allí que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no es la entidad con
competencia en este asunto.
56. Sobre este mismo argumento, expresó que son los Municipios quienes a
través de sus instrumentos de gestión del suelo –en términos de lo establecido en la
Ley 388 de 18 de julio de 199740– definen los suelos en rurales y urbanos y con ello,
determinan la jurisdicción para el desarrollo de las competencias de las autoridades
ambientales.
57. Sustentó que el ordinal séptimo genera una “[…] paridad de actuación
administrativa de ambas autoridades ambientales en un sector rural [lo] que implica
la negación de la competencia administrativa de CORANTIOQUIA y afecta el
principio de Coordinación […]”.
58. En segundo lugar, enunció que los municipios son los directos responsables
del medio ambiente local y son quienes deben planificar su territorio, a tal punto que,
en materia de gestión del riesgo, el rol de las corporaciones autónomas regionales
es complementario o subsidiario respecto de las labores de las alcaldías y
gobernaciones y está enfocado al apoyo.
4) Recurso de apelación interpuesto por la Gobernación de Antioquia
40 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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59. La Gobernación de Antioquia interpuso recurso de apelación el 12 de
agosto de 201541 contra la sentencia proferida en primera instancia, por medio del
cual, solicitó revocar dicha decisión. Al respecto, pidió revisar nuevamente el
proceso, tener en cuenta la contestación de la demanda que allegó la entidad, que
permite evidenciar su cumplimiento al plan de acción acordado en las mesas de
trabajo lideradas por la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, en
el año 2011 y propone valorar las pruebas obrantes en el proceso.
60. Indicó que en las pretensiones de la demanda no se incluyó alguna en
relación con el Departamento, toda vez, que este ente territorial se encontraba
cumpliendo con el plan de acción referido. Contrario a lo manifestado en la
sentencia proferida en primera instancia, destacó que si contestó la demanda dentro
de la oportunidad procesal42 correspondiente y que no solo se limitó a allegar el
poder de su apoderado judicial como se señaló.
61. De allí que, destacó que se trasgredió el derecho de contradicción del ente
territorial al no haberse tenido en cuenta la contestación oportunamente allegada.
Además, cuestionó el análisis de las pruebas, comoquiera que, sí es posible
evidenciar claramente las actividades que desplegó para atender la problemática,
pese a no ser el responsable de las afectaciones en la zona. Por estas razones,
solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia, para que se declare que
el Departamento de Antioquia dio cumplimiento al plan de acción y no es
responsable del “deterioro de tipo ambiental de la Urbanización La Palmera”, en
tanto, no ha incurrido en las conductas y omisiones que se refieren en la decisión.
62. Específicamente, destacó que el Departamento no es responsable, dado que
la problemática no se deriva de la construcción de la doble calzada “Las Palmas”,
esto con sustento en que, las causas identificadas corresponden al manejo
inadecuado de aguas y desvíos de fuentes, lagos artificiales al interior de algunos
predios, fugas de agua en tuberías de predios de la zona lo que produce saturación
de suelos, falta de mejoramiento de las conducciones de agua, falta de control en
los reboses de los tanques –acto administrativo núm. 1107-19872 de 14 de junio de 2011
en el cual se hace un requerimiento al señor Fernando Piedrahita con ocasión del predio la
Colina–. Adicionalmente, expuso que, de lo probado en el proceso se demostró la
falta de concesión de aguas, de permisos de ocupación de cauces y de vertimientos
41 Cfr. Visible a folios 3274 a 3291.
42 Expuso que en la contestación de la demanda consta 4 de diciembre de 2012 como la fecha de recibido del
escrito de contestación de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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de las aguas residuales domésticas –acto administrativo núm. 130AN-1107-1987-1 de
14 de julio de 2011– entre otras causas.
63. Asimismo, destacó que la situación data de tiempo atrás, incluso, de antes
de la construcción de la vía “Las Palmas”, que en nada involucra a la Gobernación
de Antioquia, debido a que, en el expediente no obra ninguna prueba que demuestre
que este ente territorial incurrió en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos que se aducen en la demanda. Contrario a esto, subrayó que lo que
quedó demostrado fue el incumplimiento de algunas obligaciones de hacer y no
hacer de parte de los propietarios y habitantes de la zona afectada y de la misma
urbanización “La Palmera” –quien a través de esta acción pretende la protección de los
derechos colectivos–. Al respecto, pidió que al momento de resolver en segunda
instancia se tenga en cuenta el principio general de no abusar del derecho propio.
64. Refirió que, igualmente, quedó demostrado el cumplimiento de la única
obligación43 que se le asignó en el Plan de Acción acordado con la Procuraduría,
consistente en la reparación del piso del canal de gaviones construido por la
sociedad concesionaria de la doble calzada “Las Palmas”, con el objeto de conducir
las aguas de escorrentía de la vía. Explicó que dio cumplimiento, una vez el colegio
New School efectuó la cancelación de unas obras transversales en la quebrada la
Volcana 2.
65. Por último, manifestó su desacuerdo con la orden dispuesta en el ordinal
segundo, según la cual, la Gobernación de Antioquia y los propietarios de los
predios deben realizar las obras a las que haya lugar en el tramo de la doble calzada
“Las Palmas” según lo que determinen los estudios que debe adelantar el Distrito
de Medellín. Sobre este punto, destacó que, de un lado, los estudios debieron haber
sido solicitados en el curso del proceso para que fueran objeto de contradicción por
las partes; y, de otro, se opuso a que la orden de ejecución recaiga únicamente
sobre él.
5) Recurso de apelación interpuesto por Alba Luz Hoyos
66. Alba Luz Hoyos, en calidad de coadyuvante44, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2015, toda vez que –en su
criterio– esta decisión trasgrede el derecho al debido proceso de los afectados, al
43 Estructura de descole de la obra de drenaje de la vía Las Palmas- reparación de canal de descole en la
quebrada la Volcana 2.
44 A través de apoderada judicial. Visible a folios 3297 a 3302.
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imponerles obligaciones derivadas del incumplimiento de otros particulares
demandados.
67. Precisó que, en esta acción constitucional no fueron accionados ni la
sociedad PENCA S.A. –persona jurídica que se constituyó para la construcción del
proyecto de urbanización “La Palmera”– ni la copropiedad “La Palmera” dado que –a su
juicio– sería contradictorio que la acción popular se dirigiera contra quienes son “los
afectados” en sus derechos colectivos. Además, destacó que tampoco fueron
vinculados al proceso.
68. Advirtió que, en el expediente no existe prueba que permita demostrar que la
sociedad PENCA S.A. es la responsable de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos, en asocio con la constructora Obranegra S.A y Construcciones
AP S.A., toda vez que, PENCA S.A. no es quien ejecutó la construcción material de
las viviendas, ni su interventoría, “[…] ni tenía conocimientos técnicos en la materia
que la hicieran en alguna medida responsable de la deficiente construcción […]”.
Alegó que, por el contrario, es una “víctima de la mala calidad de la obra ejecutada”
y resaltó que esta sociedad solo fue un “vehículo jurídico para canalizar los recursos
económicos” para el desarrollo del proyecto.
69. Indicó que las empresas Obranegra –el ejecutor material del proyecto de
urbanización “La Palmera”– y Construcciones AP –el responsable de realizar las obras
en la vía– son responsables de la vulneración de los derechos de los consumidores,
los cuales también son protegidos a través del Decreto 3466 de 2 de diciembre de
198245 y la Ley 1480 de 2011, al desconocer obligaciones, estudios técnicos,
normas sobre construcción, permisos y prácticas adecuadas de construcción de
viviendas. Y, en tal sentido, están llamados a mantener las condiciones de calidad
e idoneidad de los bienes –argumentó que para el caso de bienes inmuebles el término
supera los 20 años–.
70. Pidió que cada uno de los “[…] verdaderos responsables de la afectación a
los recursos e inestabilidad de la urbanización de La Palmera y su vía de acceso
[…]” realicen los estudios, trámites y obras que correspondan para mitigar
totalmente la situación de riesgo. En la misma línea, solicitó excluir a la sociedad
Penca y a la Urbanización de la declaratoria de responsabilidad y ordenar a las
sociedades Obranegra S.A. y Constructora A.P. la ejecución de todas las obras
45 “Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las
propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores,
expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones”.
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necesarias para dar cumplimiento a las normas y estudios técnicos aplicables a la
construcción de la urbanización en mención, así como, gestionar ante el Distrito de
Medellín y Empresas Públicas de Medellín el “[…] recibo de la vía de acceso y [la]
red de aguas residuales […]”.
6) Recurso de apelación interpuesto por los demás coadyuvantes
71. Los coadyuvantes, a través de apoderado judicial46, mediante escrito
radicado el 13 de agosto de 2015, interpusieron recurso de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia y solicitaron revocar lo decidido, para lo
cual, pidieron tener en cuenta los siguientes argumentos: i) que se exonere de
responsabilidad a la sociedad PENCA S.A., comoquiera que la responsabilidad
recae exclusivamente en Construcciones Obranegra S.A. y Construcciones A.P.
S.A. En consecuencia, ii) que se modifiquen las órdenes –de los ordinales primero,
segundo, tercero y sexto– en las que se obligó a la sociedad PENCA S.A. para
excluirla de lo dispuesto, en tanto, no fue parte del proceso. Y, iii) pidieron
desvincular a la urbanización “La Palmera”, en consideración a la misma razón,
aunado a que no fue la empresa constructora.
72. Para sustentar sus solicitudes precisaron lo siguiente: a) La urbanización “La
Palmera” fue construida por la firma constructora Obranegra S.A., quien, a su vez,
contrató a Construcciones AP S.A. para realizar el movimiento de tierras y
adecuación de la vía de acceso; b) de la construcción de la urbanización se encargó
la sociedad Construcciones Obranegra S.A., con amplio reconocimiento en la
ciudad de Medellín, tanto en temas de arquitectura como de ingeniería; c) la
sociedad PENCA S.A. se creó para efectos del manejo económico del proyecto, su
único objetivo y participación consistió en servir como medio de canalización de los
recursos económicos.
7) Recurso de apelación interpuesto por el Distrito de Medellín
73. El Distrito de Medellín interpuso recurso de apelación47 contra la sentencia
proferida en primera instancia, mediante escrito radicado el 26 de agosto de 2015.
Solicitó revocar la decisión referida y el auto interlocutorio por medio del cual se
aclaró dicha providencia, en lo que atañe a este ente territorial, con ocasión de los
siguientes argumentos:
46 Juan Carlos Vega Cadavid. Visible a folios 3303 a 3306.
47 Mediante apoderado judicial. Recurso visible a folios 3310 a 3311.
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74. Puntualmente, pidió revocar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia
proferida el 31 de julio de 2015 y el ordinal primero del auto interlocutorio de 21 de
agosto del mismo año –relacionados con la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado–. Lo anterior, con fundamento en que la responsabilidad –
sobre el mantenimiento, modificaciones, reparaciones, estudios técnicos, proyección y
realización de obras para subsanar deficiencias en la infraestructura de acueducto y
alcantarillado– les corresponde a las operadoras del servicio público domiciliario y a
los propietarios de los bienes inmuebles a intervenir, como sustento legal, se remitió
a los artículos 21 y 22 del Decreto 302 de 25 de febrero de 200048.
Actuaciones en segunda instancia
75. En auto de 21 de agosto de 201549, se concedieron –en el efecto suspensivo
ante el Consejo de Estado– los recursos de apelación50 interpuestos por Fernando
Piedrahita Vélez, la sociedad PENCA S.A., el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, la Gobernación de Antioquia y los coadyuvantes contra la sentencia
proferida en primera instancia. Mediante auto de 8 de septiembre de 201551, se
concedió el recurso de apelación interpuesto por el Distrito de Medellín en contra de
la providencia proferida en primera instancia.
76. El 5 de noviembre de 201552 se repartió este asunto al Despacho Ponente53.
Mediante auto de 19 de noviembre del mismo año54, se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por Fernando Piedrahita Vélez, la sociedad Penca S.A., el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Departamento de Antioquia, Alba Luz
Hoyos, otros propietarios de viviendas de la urbanización “La Palmera” y el Distrito
de Medellín contra la sentencia de 31 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
77. A través de auto de 2 de mayo de 201855, se corrió traslado a las partes para
la presentación de alegatos y al Ministerio Público para rendir concepto público.
48 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado.
49 Ibidem pie de página núm. 24.
50
Visibles a folios 3244 a 3247 y 3251 a 3306.
51 Visible a folio 3331.
52 Visible a folio 3333.
53 El expediente fue repartido a la Dra. María Claudia Rojas Lasso.
54 Visible a folio 3335.
55 Visible a folios 3344 a 3345.
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78. Fernando Piedrahita Vélez56, Empresas Públicas de Medellín57, el Distrito de
Medellín58, la urbanización “La Palmera”59, la señora Alba Luz Hoyos60 y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá61 presentaron alegaciones, en términos similares
a los aducidos a lo largo del proceso. Y, el Ministerio Público se abstuvo de rendir
concepto.
79. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes62
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201163.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
80. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
defensa del patrimonio público; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho a la seguridad y salubridad públicas; ix) el marco normativo sobre la
competencia de las entidades territoriales en materia de gestión del riesgo de
desastres; x) el marco normativo sobre las competencias de los distritos en la
gestión del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres; y, xi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
81. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201964, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
56 Visible a folios 3346 a 3351.
57 Visible a folios 3353 a 3366.
58 Visible a folios 3368 a 3371 y 3389 a 3392.
59
Visible a folios 3372 a 3380.
60 Visible a folios 3382 a 3384 y 3393 a 3397.
61 Visible a folios 3398 y 3399.
62 Escrito de 7 de noviembre de 2024.
63 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
64 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
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Consejo de Estado; y, iii) el 15065 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el
trámite de las acciones populares.
82. Vistos los artículos 32066 y 32867 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201268,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
refiere los recursos interpuestos por Fernando Piedrahita Vélez, la sociedad Penca
S.A., el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Departamento de Antioquia, Alba
Luz Hoyos, otros propietarios de viviendas de la urbanización “La Palmera” y el
Distrito de Medellín.
83. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
84. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 7 de noviembre de 202469, invocando para ello la causal prevista en el numeral
3.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
65 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado
Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
66 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
67 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
68 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
69 Cfr. Índice 35, actuación denominada: “manifestación de impedimento”.
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al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).
85. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.
86. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13170, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados.
87. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 71, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.
“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.
88. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
89. La Corte Constitucional72 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
70 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
71 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
72 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
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Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto
90. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:
91. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.
92. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0073, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:
“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).
73 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
93. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad que funge como demandante en
este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva
material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este
caso, se configura la causal de impedimento invocada.
94. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Problemas jurídicos
95. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por Fernando Piedrahita Vélez, la sociedad Penca S.A., el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, el Departamento de Antioquia, Alba Luz Hoyos,
otros propietarios de viviendas de la urbanización “La Palmera” y el Distrito de
Medellín:
95.1. Si, en el caso sub examine se configura o no la amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; a la defensa del patrimonio público; y, a la seguridad y salubridad
públicas, por parte del Distrito de Medellín, el Departamento de Antioquia, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y particulares, con ocasión de la situación de
deslizamientos e indebido manejo de las fuentes hídricas en el sector donde se
encuentra ubicada la urbanización “La Palmera”.
95.2. Si las entidades y los particulares que interpusieron recurso de apelación son
responsables o no de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos –de conformidad con sus competencias, constitucionales, legales y
reglamentarias–.
95.3. En caso de encontrar probada la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos, la Sala deberá establecer si las órdenes –que fueron impartidas
por el Tribunal– resultan ajustadas o no, a las competencias de cada entidad y, si
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estas son idóneas para satisfacer la protección de los derechos e intereses
conculcados.
96. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 31 de julio de 2015 proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
97. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
98. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
99. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
100. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
101. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”74.
102. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
103. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
104. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
105. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 75, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
106. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]76”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
107. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.
108. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del
medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.
75 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
76 Ibidem.
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109. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es
instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las
personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los
intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo
mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que
tiene fundamento en los principios de los Derechos Humanos universales y tiene
por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas
(económica, social y ambiental).
110. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1.º de la Ley 99.
Tratados internacionales
111. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la protección de la capa
de ozono77; la Convención sobre diversidad biológica78; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático79 y el Convenio de Basilea sobre el control
77 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con
decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
78 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre
de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.
79 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas
exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de
1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
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de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación80;
tratados internacionales que han sido complementados por una serie de protocolos,
enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de
Montreal81 de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono; el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el 29 de enero de 2000 82; el Protocolo de
Kioto83 de 1997 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 2015 84,
instrumentos que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental
112. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
113. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
80 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de
enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-
377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
81 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
82 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de
21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
83 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados
exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para
Colombia.
84 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017
y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
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desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
114. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197385 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197486, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
115. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
116. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional87 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
85 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
86 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
87 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la defensa del
patrimonio público
117. Visto el literal “e” del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, sobre el derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público.
118. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, por
patrimonio público debe entenderse “[…] la totalidad de viene, derechos y
obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de
sus atribuciones conforme a la legislación positiva [...]", y agrega que "[...] su
protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La
regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista
que asegura la protección normativa de los intereses colectivos[;] en
consecuencia[,] toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si
afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis
judicial por medio de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca
que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente,
conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas
presupuestales. Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena
fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio
de moralidad administrativa […]”88.
119. De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia
de 8 de junio de 201189, agregó que ese “conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente destinados a la finalidad que
se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de
2002, C.P. doctora Ligia López Díaz, número único de radicación: 2500023240001999900101.
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011,
C.P. doctor Enrique Gil Botero, número único de radicación: 41001233100020040054001.
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120. Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 2019 90, indicó
que "[...] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado,
de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria
a derecho o cuando se evidencia su mengua[,] sin que ello obedezca a una causa
justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como consecuencia
I de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los
recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el
ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y
obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del
cumplimiento de la función administrativa [...]".
121. Así pues, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos: i) la
existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado; y ii) el análisis
de la gestión de ese patrimonio, de forma tal que, si esta se hace de forma
irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas
La seguridad pública
122. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
123. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional91 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
124. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de
2019, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 25000234100020120007702.
91 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
125. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado92 […]”.
La salubridad pública
126. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200193, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200794 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201695, relativos
a la salud pública.
127. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
128. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.
129. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
92 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-
000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
93 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
94 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones […]”.
95 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
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salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
130. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201696, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica
la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un
derecho de diferentes connotaciones97.
131. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.
132. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”98.
133. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:
“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
96 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
97
Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria99 […]”.
134. Asimismo, la esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]100”.
135. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]101”. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.
Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres
136. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.
99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
100 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-
000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
101 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,
radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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137. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
138. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 2011 102 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.
139. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.
140. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
102 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
[…]”.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.
2. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.
3. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.
141. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
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descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
142. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de
1994103 y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que
“[…] [e]l municipio es la entidad territorial fundamental de la división político
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de
los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
territorio […]”; y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté
en capacidad de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del
departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar
general y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para
este caso, en materia de gestión del riesgo de desastres.
143. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.
Marco normativo sobre las competencias de los distritos en la gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres
144. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y, como conductores del desarrollo local, son responsables directos de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el área de su
jurisdicción, incluyendo su conocimiento y la reducción y el manejo de desastres.
Además, los alcaldes “[…] deberán integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]”.
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
103
municipios […]”.
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145. En relación con la función pública del ordenamiento del territorio municipal y
los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión del riesgo, de
conformidad con los artículos 8.°104, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, estos
planes se componen de: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo
no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario de las
zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de
“[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v)
“[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…]
[l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y
vii) los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.
146. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
104 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021.
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para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas
que deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino
también prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.
147. Según lo dispuesto en el artículo 56105 de la Ley 9.º de 11 de enero de
1989106, los alcaldes tienen la obligación de “levantar y mantener actualizado” un
inventario de las zonas que presenten “altos riesgos” para la localización de
asentamientos humanos por ser inundables o por estar sujetos a derrumbes o
deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda. Además, deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o
desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos
localizados en dichas zonas.
148. A su vez, el artículo 3.° de la Ley 136 modificado por el artículo 6.° de la Ley
1551 de 6 de julio de 2012, en su numeral 9.°, establece como función de los
municipios: “[…] formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial,
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales […]”.
149. En concordancia con lo anterior, el artículo 10.° de la Ley 388 de 18 de julio
de 1997107, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, en su literal d)
ordena que los municipios tengan en cuenta en la elaboración y adopción de sus
planes de ordenamiento territorial, las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las
áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
150. De conformidad con los artículos 8.°, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388,
sobre acción urbanística, planes de ordenamiento territorial, contenido del
componente general de los planes de ordenamiento, componentes urbano y rural
del plan de ordenamiento, normas urbanísticas y planes básicos de ordenamiento,
estos planes deben contener, en materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del
territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana y dentro de ellas los suelos
105 Primer inciso modificado por el artículo 5.° de la Ley 2 de 1991.
106 "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de
Bienes y se dictan otras disposiciones".
107 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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de protección, en especial, por riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos; ii) el inventario de las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por
condiciones de insalubridad; iii) la determinación sobre “[…] las zonas no
urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v) “[…] mecanismos para la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para
la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su
transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…] [l]a localización de
terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y vii) los
instrumentos y mecanismos de gestión necesario para la reubicación de la
población en alto riesgo.
151. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 y de la Resolución 448 de 17 de julio de 2014108
, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con
otras entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de
alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo
rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos
de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.
152. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención,
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección
108 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.
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financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que
incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de
manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47,
el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de
manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales
de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.
153. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.
154. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán
[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres […]”.
155. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 2016109, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la
respectiva competencia, podrá solicitar la concurrencia –en el marco del principio de
la misma denominación– del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar
una adecuada gestión del riesgo de desastres.
Análisis del caso concreto
156. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procederá a realizar el análisis
del acervo probatorio; para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.
109 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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157. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró amenazados y vulnerados los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; a la defensa del patrimonio público; y, a la seguridad y salubridad
públicas, con ocasión de las conductas y omisiones –en materia: ambiental, de
construcción y de control y vigilancia– en relación con la ejecución del proyecto de
urbanización “La Palmera” y por las obras en su vía de acceso –Calle 2.° Sur– en las
que incurrieron el Distrito de Medellín, el Departamento de Antioquia, la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA y el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, así como, algunos particulares como la Sociedad
Penca S.A. en asocio con la Constructora Obranegra S.A. y Construcciones AP S.A.
158. Fernando Piedrahita Vélez, la sociedad PENCA S.A., el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín, Alba Luz
Hoyos y otros coadyuvantes interpusieron recurso de apelación contra la decisión
anterior.
159. Fernando Piedrahita Vélez sustentó su recurso en la existencia de falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, aduce no es el propietario de los
predios denominados finca “La Colina” y lote “El Marrano”. Al respecto, indicó que
los dueños de estos inmuebles son Ocampo & Piedrahita y Cía S.C.A. –en
liquidación– y la sociedad V.P. Vélez y Cía S.C.A. –respectivamente–. De igual modo,
advirtió la transgresión del derecho de contradicción, comoquiera que, estas
sociedades no fueron vinculadas al proceso y no tuvieron oportunidad de oponerse.
Además, planteó la existencia de un hecho superado respecto de las actividades
que les correspondía adelantar a los propietarios de dichos inmuebles.
160. La sociedad PENCA S.A. aduce que no es responsable de la problemática
que se presenta en el sector. Cuestiona la exoneración de la familia Santamaría,
dado que, en la inspección judicial se determinó que en este predio existía una
escombrera, pese a que, con posterioridad la autoridad ambiental encontrara
acreditado que allí funciona un vivero. Al mismo tiempo, cuestiona el dictamen
pericial y refiere que la sentencia se fundó en testimonio de profesionales sin la
experticia en geología. A su vez, expresa que el a quo no valoró las pruebas
allegadas al expediente que demuestran que hizo un buen manejo de los cauces y
taludes, razón por la cual, alega que la construcción de la urbanización “La Palmera”
se realizó de forma adecuada. Indica que en los predios colindantes a la
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urbanización “La Palmera” no existe una regulación de vertimientos, ni permisos, al
punto que, agua y desprendimientos de tierra caen con frecuencia en la vía pública.
Subraya que realizó las obras que se determinaron en el Plan de Acción con ocasión
de la mesa de trabajo que lideró la Procuraduría, no obstante, advierte que estas
son insuficientes para abordar la situación, debido a que los factores resultan ajenos
a la construcción de la urbanización “La Palmera”.
161. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá señala que la autoridad ambiental
competente es la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA y, en tal sentido, pidió revocar el numeral segundo del ordinal
segundo y el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida en
primera instancia.
162. La Gobernación de Antioquia señala que se transgredió su derecho de
contradicción al no haberse tenido en cuenta la contestación de la demanda que
allegó oportunamente. Refiere que ninguna de las pretensiones alude al
Departamento y, solicita revocar las órdenes que le fueron impuestas, toda vez que,
no ha incurrido en las conductas y omisiones que se refieren en la decisión, aunado
a que ya cumplió con los compromisos asignados en el Plan de Acción. Asimismo,
destaca que no es el responsable, en tanto, la problemática no se deriva de la
construcción de la doble calzada “Las Palmas”. Asimismo, expresa su
inconformidad respecto de la orden establecida en el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia, debido a que: de un lado, los estudios debieron haberse
solicitados en el curso del proceso; y, de otro, se opuso a que la ejecución de las
obras le fueran asignadas.
163. El Distrito de Medellín solicita revocar los ordinales tercero y cuarto de la
sentencia proferida en primera instancia y el ordinal primero del auto que aclaró la
decisión referida, en tanto, aduce que las obras relacionadas con el mantenimiento,
modificación, reparación, estudios técnicos y demás –de acueducto y alcantarillado–
les corresponde a las operadoras del servicio público y a los propietarios de los
bienes inmuebles a intervenir.
164. La señora Alba Luz Hoyos y los demás coadyuvantes interpusieron recurso
de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, para lo cual,
argumentan que, a esta acción constitucional no fueron vinculados la sociedad
PENCA S.A. ni la copropiedad “La Palmera”; razón por la cual, solicitan revocar los
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ordinales primero, segundo, tercero y sexto de la parte resolutiva de decisión.
Indican que la sociedad PENCA S.A. no es quien ejecutó la construcción de las
viviendas ni realizó su interventoría y por ello, no puede ser responsable de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos. Igualmente, refieren que la
constructora Obranegra S.A y Construcciones AP S.A. son los verdaderos
responsables, motivo por el cual, deben ser las obligadas a realizar los estudios,
trámites y obras que correspondan para mitigar la situación de riesgo. Por último, la
señora Alba Luz Hoyos agrega que las empresas Obranegra S.A. y Construcciones
AP son los responsables de la vulneración de los derechos de los consumidores y
usuarios.
165. Definido lo anterior, la Sala procederá al análisis del material probatorio y
posteriormente a la resolución de los problemas jurídicos planteados supra.
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
166. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes110
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
Pruebas sobre la zona objeto de la problemática
Informes preliminares:
167. Copia del Informe de Geología de los predios de las fincas La Palmera y
La Colina sector El Tesoro – Medellín, presentado por el geólogo Fernando
Correa Mejía en junio de 2001, en el que se identifican los procesos morfogenéticos
y áreas de inestabilidad manifiesta o potencial, que podrían comprometer las obras
del proyecto urbanístico La Palmera. Respecto de la finca La Palmera se
identificaron procesos de: i) terracetas, ii) erosivos superficiales generados por el
pisoteo del ganado -que se pueden enmascarar en grietas de tracción o desgarres
en terrenos que presentan deslizamientos-, iii) también se presentan zonas de
empozamiento en la parte alta del predio donde existe una pendiente y depresión
que acumula aguas de escorrentía, iv) se evidencian movimientos en masa; y v)
cicatrices de deslizamientos antiguo. Por lo anterior, se debe controlar la infiltración
de agua por la grieta, monitorear y realizar obras de control de erosión hídrica en el
drenaje natural. Destaca que la zona donde se construirá la primera etapa de la
110 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital.
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urbanización “La Palmera” no presenta procesos críticos, ni extensas zonas
con problemas de estabilidad, pero con suelos mal drenados, arcillosos y gran
cantidad de aguas de escorrentía indebidamente encauzadas, que es
necesario tener en cuenta para la obra. Respecto de la finca La Colina, indicó
que también se presentan procesos de terracetas, zonas de empozamiento y
movimientos en masa en la vivienda principal. Como conclusión, señaló que en
ambos predios existen movimientos en masa de gran volumen y espesor, agravados
por el mal manejo de las aguas de escorrentía, al ser desviadas de manera
incorrecta, ocasionando infiltraciones y en general una inestabilidad de la ladera.
Por último, recomienda que para futuros proyectos se realice un control de las aguas
superficiales, un monitoreo topográfico y exploraciones del subsuelo111.
168. Copia del Estudio Geotécnico preliminar en los terrenos de la finca La
Palmera sector El Tesoro - Poblado, elaborado en julio de 2001, por el ingeniero
Frank de Greiff, que da cuenta de las condiciones físicas del terreno de la finca La
Palmera, según el cual, presenta procesos de deformación e inestabilidad, la
existencia de zonas de aguas freáticas y de escorrentía generalmente en sitios de
quiebre de pendiente y con pendiente local baja. Indica que no se deben colocar
llenos en áreas que alguna vez experimentaron movimientos en masa, y presenta
las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“[…] 1. En general las condiciones topográficas, con pendientes generales de un
249, son favorables para desarrollar el proyecto urbanístico sin que se
generen grandes cortes o llenos.
2. La estabilidad general es conveniente ya que se trata de una ladera con
pendientes moderadas, suelos con buena resistencia al corte desde
profundidades de unos 3 metros y niveles freáticos que se presentan a
profundidades moderadas.
Sinembargo [sic], en las áreas empozadas, que presentan un deficiente drenaje,
será necesario construir un sistema de filtros para mejorar el drenaje y
deprimir el nivel freático.
3° El espesor de la capa vegetal es del orden de 20 cms por lo cual el descapote
que se requiere es de poco volumen y podrá ser arrumado para uso posterior en la
reempradización [sic] de taludes y llenos.
4° La orientación y localización del caño que atraviesa la 1ª etapa de este a oeste
divide el terreno en dos partes con área similar determinando que las líneas de las
tuberías que conducirán aguas lluvias en cada lote urbanizado serán de muy corta
longitud.
El caño podrá ser canalizado con un revestimiento de piedra pegada o de concreto
con abundante piedra en la superficie para aumentar la rugosidad hidráulica y
disminuir la velocidad del flujo.
111 Folios 411 a 432 Cuaderno núm. 1
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Para este propósito se deberá hacer un estudio hidrológico para determinar el
caudal correspondiente a una creciente de un período de retorno de 25 años
5° Algunos de los escarpes de antiguos deslizamientos afectan los lotes
vecinos esto ocurre [en] los lotes 1, 2, 13 y 14. En consecuencia, el terraceo
para la construcción de las viviendas respectivas deberá ejecutarse en tal
forma que se logre la estabilización de los lotes. Para ello la terraza del lote No.
1 debe desplazarse unos 5 m hacia el suroccidente; la del lote No. 2 deberá
excavarse unos 5 metros hasta la cota 1.888 aproximadamente; la del lote No. 13
deberá excavarse a la cota 1.890.5 girando un poco la explanación en forma
pararela [sic] a las curvas de nivel y la del lote No. 14 deberá excavarse a la cota
1.888, aproximadamente.
6° Se deberán construir algunas líneas de filtro como se muestra en la figura No.
1
Estos filtros se construirán en brechas de 0.50 m de ancho y 1.5 m de profundidad
y consistirán de un tubo de 4ª de diámetro, perforado y rodeado de cascajo con
tamaño máximo de 1.5 pulgadas y mínimo de 3/8 pulgada. Entre el cascajo y las
paredes y fondo de la brecha se colocará una capa de arena limpia de 5 a 10 cms
de espesor.
Los materiales granulares tendrán una sección de 0.50 x 0.5 m en el fondo de la
brecha favorable de estabilidad del terreno.
7° Taludes de cortes y Llenos
La inclinación de los taludes de corte que rodean las terrazas deberán tener
inclinación de 30% a 40% (2.5H : 1V a 3.3H: IV ) en lo posible.
No se deberán construir muros de gaviones en la mitad de un talud excavado.
Tampoco deberán excavarse taludes de más de 5 a 6 m de altura que sean
seudoparablos a las curvas de nivel con el propósito de no causar desestabilización
de la ladera. Es decir, los terraceos deberán contemplar alineamientos,
orientaciones y pendientes tales que no generen grandes cortes.
8° Llenos Compactados
No deberán ejecutarse llenos compactados que queden desconfinados ni con
espesores mayores de 1.5 m; ningún lleno podrá construirse taponando el
libre drenaje sin que se construyan mantos de filtro sobre el terreno
previamente descapotado. Tales sitios requieren un diseño especial de filtros
antes de la ejecución de los terraplenes compacdos [sic]. […]”112
169. Copia del Informe sobre el estudio geotécnico en el lote en el que se
desarrollará el proyecto urbanización “La Palmera”, elaborado en mayo 2002,
por el ingeniero Frank de Greiff, a solicitud de la sociedad Obranegra Ltda., con el
objetivo de establecer criterios geotécnicos necesarios para el diseño de los
sistemas de cimentación de cada una de las viviendas que serían construidas.
Refiere que el lote se encuentra emplazado en la ladera centro-oriental del valle del
río Medellín, en donde afloran depósitos cuaternarios de vertiente que se originaron
como flujos de lodos y de escombros, de materiales provenientes de los
112 Folios 537 a 548 Cuaderno Medidas Cautelares
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desprendimientos que tuvieron lugar en las partes más altas de la ladera. Define las
condiciones estratigráficas de cada una de las casas de acuerdo al suelo, señala
algunas recomendaciones para cada una de las casas respecto de los materiales
que se deberían utilizar y las actividades en las cimentaciones. Particularmente,
recomienda desplazar la casa 2 unos 2 o 4 m de donde originalmente se proyectó113.
170. Copia del Informe sobre el estudio de suelos para el diseño de
espesores de pavimentos en la urbanización “La Palmera”, elaborado en
agosto 2002, por el Ingeniero Frank de Greiff, a solicitud de la sociedad Obranegra
Ltda., en el que se indica lo siguiente: para la construcción de la vía externa
correspondiente a la Calle 2.° sur tramo que inicia desde la circunvalar oriental hasta
la carrera 17 con una longitud de unos 200 metros aproximadamente, los materiales
para las diferentes capas de la estructura de los pavimentos diseñados para el
proyecto La Palmera deben ajustarse a lo dispuesto en el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá114.
171. Copia del informe tercero115, cuarto116 y quinto117 de interventoría ambiental
de la obra "La Palmera" presentados por la sociedad León Piedrahita y Cia S., los
días 11 de diciembre de 2002, 3 de abril de 2003 y 13 de agosto de 2003, en
cumplimiento de la comunicación 16E-0971 de junio de 2000. En los tres informes
se concluyó que la obra se desarrolló satisfactoriamente, sin incidentes extremos ni
accidentes, y se cumplió con las medidas de mitigación, prevención y control
establecidas en la resolución ambiental; además, se indicó que los impactos
ambientales son relacionados con material particulado y residuos inherentes
a la obra. Asimismo, se reportó en el cuarto informe que los daños en la propiedad
del vecino Ignacio Arango fueron resueltos correctamente.
172. Copia de las Actas de Vecindad suscritas por los señores María de La Luz
Ospina y Nicolas Vélez J. en representación de sociedad “La Palmera”, en la que
consta material fotográfico de las condiciones de la propiedad vecina al proyecto
urbanización “La Palmera”118.
173. Copia de Oficio de 31 de mayo de 2004 de la Unidad de Contratación y
Control de Obras – Secretaría de obras Públicas del Municipio de Medellín, dirigido
113 Folios 433 a 461 Cuaderno Núm. 1 y 462 Cuaderno Núm. 2, 1959 a 2002 Cuaderno Núm. 4, 2576 a 2611
Cuaderno Núm. 5, 549 a 591 Cuaderno Medidas Cautelares
114 Folios 592 a 612 Cuaderno Núm. 4, 592 a 612 Cuaderno Medidas Cautelares.
115 Folios 485 a 514 Cuaderno Núm. 4, 592 a 612 Cuaderno Medidas Cautelares.
116 Folios 515 a 535 Cuaderno Núm. 4, 592 a 612 Cuaderno Medidas Cautelares.
117 Folios 439 a 2013 Cuaderno Núm. 4, 592 a 612 Cuaderno Medidas Cautelares.
118 Folios 412 a 537 Cuaderno Núm. 4, 592 a 612 Cuaderno Medidas Cautelares.
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al Gerente de la Constructora Penca S.A Dr. Juan Carlos Zuloaga Latorre, donde
se indica que luego de realizar una visita al predio se observó un deterioro que ha
sufrido la calzada y las redes de servicio a causa de la baja calidad del suelo de
fundación del proyecto La Palmera, por lo cual solicita la realización de medidas de
contingencia, cronograma de los diseños y construcción de las obras de
estabilización de la banca de la vía y copia del estudio geotécnico y de suelo
efectuados por el proyecto119.
174. Estudio Geotécnico elaborado por la empresa Solintegral en enero de 2006,
sobre el lote La Palmera – más específicamente del denominado “El Marrano”, a
solicitud de la firma Guía Ltda., que tiene por objeto realizar el diseño de las
excavaciones y el sistema de fundación para el Edificio Torres de la Palmera en el
barrio El Poblado. El estudio refiere que el lote presenta una morfología localmente
modificada por trabajos de corte y lleno efectuados sobre una ladera de pendiente
moderada que desciende en dirección este – oeste; concluye que el terreno se
encuentra cubierto por un lleno antrópico de características areno limosas, con un
depósito de flujo de lodos y/o escombros que provocan un desplazamiento de la
masa del suelo. Indica que la mejor alternativa de cimentación para el proyecto es
una solución conjunta de losa y pilas con ciertas especificaciones técnicas del
material para construirlas120.
175. Copia del Informe sobre la inestabilidad de taludes en terrenos de la
urbanización Cinturón Verde vía Las Palmas sector Chuscalito – El Tesoro, de
marzo de 2007, elaborado por el Ingeniero Frank de Greiff, a solicitud de la
sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., según el cual, concluye que en la
doble calzada Las Palmas no se usaron llenos de complementación de banca sino
muros de contención soportados sobre pilas que trasladan las cargas horizontales
de roca121.
Informes sobre la problemática
176. Copia del Estudio Geotécnico e Hidrológico de la parte alta de “El Poblado”,
localizada entre los barrios Los Naranjos y la vereda Las Palmas de Medellín. IS
020/10 (CD). Elaborado por la Sociedad A.I.M. Ltda. Ingenieros Civiles, en el año
2010, en cumplimiento del contrato suscrito con el Departamento Administrativo de
119 folio 465 Cuaderno Núm. 2
120 Folios 494 a 570 Cuaderno Núm. 2-
121 Folios 2419 a 2440 Cuaderno Núm. 5
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Planeación del Municipio de Medellín, entidad que consideró la necesidad de
realizar un estudio geotécnico e hidrogeológico que identifique y caracterice con
más nivel de detalle los materiales litológicos, los procesos morfodinámicos
presentes que incluya los respectivos análisis de estabilidad de laderas y que
permitan cuantificar los factores de seguridad en la parte alta de “El Poblado”. El
estudio señala lo siguiente:
“[…] LOCALIZACIÓN Y FISIOGRAFÍA
El predio en estudio exhibe una forma irregular, con un área de aproximadamente
0,65 Km 2., se localiza sobre la ladera sur-oriental del Valle de Aburrá, en la parte
media de la vertiente por debajo del borde exterior de la Doble Calzada Las Palmas,
debajo de un tramo en que está cruza con sentido N-S, sobre el límite rural de la
comuna 14, El Poblado.
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“[…] 5 GEOLOGÍA
5.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
La zona de estudio se enmarca geológicamente en el valle de Aburrá, hacia la parte
Norte de la Cordillera Central de Colombia, región que presenta una compleja
evolución geológica con unidades de distinto origen, composición y edad; de
relaciones confusas entre sí. El valle de Aburrá es una depresión topográfica
alargada, que en el Municipio de Medellín presenta una dirección predominante Norte
– Sur. El principal rasgo tectónico que afecta la zona del valle es el sistema de
fallas Cauca – Romeral, con su expresión más oriental, denominada Falla de
San Jerónimo, que representa una paleosutura entre las placas continental y
oceánica. Este marco tectónico según Rendón (1999) ha dado lugar a la
conformación litológica del valle, en especial de las formaciones superficiales. Las
rocas de basamento de la región, presentan una evolución compleja, exhibiendo un
mosaico poli-genético de rocas emplazadas tectónicamente de rocas con edad
Paleozoico inferior hasta Cretácico, que están siendo intruídas [sic] por diversos
cuerpos magmáticos.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Los depósitos que cubren las rocas de basamento han sido ampliamente estudiados
y tienen un origen conocido, que los clasifica como depósitos de vertiente de flujo de
lodo y escombros, y depósitos aluviales formados por el Río Medellín y sus principales
afluentes. En la Ilustración anterior se presenta el mapa geológico a escala regional,
donde se diferencia claramente dos bloques tectónicos de origen ígneo y metamórfico
representados por las dunitas al este y las anfibolitas al oeste respectivamente.
5.2 GEOLOGÍA LOCAL
Las unidades de basamento representadas por rocas ígneas de tipo Dunitas y rocas
metamórficas de tipo Anfibolitas, afloran especialmente en la parte alta de la ladera,
sobre la Doble Calzada las Palmas, en los escarpes de los deslizamientos a media
ladera, en algunos cortes internos para carreteables y en la base del talud inferior de
la vía El Tesoro – Los Balsos.
Las Dunitas son rocas ígneas intrusivas de composición ultramáfica de edad
cretácica, que han sido sometidas a lo largo de su historia geológica a intensos
procesos tectónicos relacionados con su emplazamiento […].
6.2 PENDIENTES
La zona de estudio, se encuentra en la parte media de la vertiente sur-oriental
del Valle de Aburrá que describe de manera general pendientes colinadas a
escarpadas, sobre una ladera que presentan en la parte central un cambio
brusco de pendiente determinado por un contacto tectónico de cabalgamiento
entre las Dunitas al este y Anfibolitas de Medellín al oeste […]
De manera general el predio en estudio se divide en tres bloques
morfométricos, el más empinado localizado al este, debajo de la Doble Calzada
hasta la falla de cabalgamiento en la parte media de la ladera, donde el relieve
es escarpado a muy escarpado y la pendiente es predominantemente alta a muy
alta, en general superior a 40%, el patrón de drenaje es sub-paralelo muy
erosivos con cauces de pendiente muy alta superior a 60%; un segundo bloque
morfométrico de pendiente variable entre baja a alta localizado en el sector sur,
por debajo del cabalgamiento, donde el relieve es colinado a escarpado de
pendiente muy variable entre 10 a 60%, y un tercer bloque morfométrico de
pendiente suave a montañosa en general menor a 25% localizado al norte por
debajo del cabalgamiento donde los drenajes no forman cauces y son comunes
las zonas hundidas empozadas […].
6.3 PROCESOS MORFODINÁMICOS A partir de la revisión de los estudios
existentes en la zona de interés, y de la inspección detallada de la zona en estudio,
se reconocieron los diferentes tipos de procesos morfodinámicos […] Los procesos
morfodinámicos fueron cartografiados se diferenciaron en dos amplias categorías,
procesos de remoción en masa y proceso erosivos, los cuales pueden
recíprocamente ser agentes detonantes de inestabilidad […].
6.3.1 PROCESOS EROSIVOS El término proceso erosivo se aplica al proceso natural
en el cual, se da desagregación y transporte de tierra por acción de agentes erosivos
como el agua y el viento. En la zona de estudio se identificaron proceso de
erosión lateral de orillas y procesos de tipo cárcava. Erosión lateral de cauces:
Estos procesos de erosión afectan los depósitos de flujo de lodo que en la actualidad
son cortados por las corrientes principales de agua, especialmente en las zonas de
alta pendiente al este de la zona.
La erosión lateral de los cauces es un fenómeno acelerado de profundización de los
cauces naturales que ocurre cuando las corrientes atacan activamente sus orillas
excavándolas, desconfinando sus márgenes y desencadenando desprendimientos y
deslizamientos someros, aumentando sensiblemente la carga sólida de la corriente y
su poder […].
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Dicho proceso es ocasionado por una modificación critica del régimen hidráulico
natural de las corrientes debido a la intervención antrópica que se da con las obras
de urbanismo o por los procesos de inestabilidad que obstruyen parcialmente y
aumentan la carga de sedimentos de la corriente aumentando su poder erosivo. La
ocurrencia de dichos procesos debe ser mitigada, pues aunque se recomienda dejar
una franja de terreno a cada lado de las corrientes de agua naturales, su evolución
en el tiempo asociado a la profundización natural del cauce, modifica la geometría de
la ladera, propiciando la formación de deslizamientos de mayor magnitud.
Erosión en cárcava
Las cárcavas constituyen el estado más avanzado de erosión y se caracterizan por
formar canales profundos que crecen en ancho y largo, por medio de
desprendimientos de masas de material en los taludes de pendiente alta que
conforman el perímetro de la cárcava. Este tipo de proceso se identificó al nor-
este de la zona de estudio afectando depósitos de flujo de lodo maduros el
cauce de la quebrada la Escopetería por debajo de la Doble Calzada las Palmas
[…].
Este proceso se asocia en el tramo evaluado, a los vertimientos concentrados
sobre la ladera inferior de una obra de drenaje de la Doble Calzada y al alto
aporte de aguas sub-superficiales que surgen del terreno sobre el borde externo
de la vía.
6.3.2 PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA
Los procesos de remoción en masa abarcan un conjunto de procesos denudativos
relacionados con el desplazamiento o transporte lento hasta rápido y localizado
de volúmenes variables de partículas y agregados del suelo, de mantos de
meteorización, incluyendo materiales como suelo, detritos, bloques y masas
rocosas; cuesta abajo, por incidencia de las fuerzas desestabilizadoras como
la gravedad, la sísmica, las sobrecargas y la participación variable del agua del
suelo y otros agentes ambientales. Los procesos de remoción en masa
identificados en el área de estudio se clasifican como:
Deslizamientos
En general los deslizamientos pueden obedecer a procesos naturales o, a
desestabilización de masas de tierra como efecto de modificación de la geometría del
terreno, vibraciones, rellenos, deforestación, sobrecargas, saturación, etc. En la zona
de estudio se identificaron procesos de tipo Deslizamiento traslacional, que
describen una superficie de falla plana controlada por cambios en la resistencia,
saturación permeabilidad o consolidación de los materiales, que en superficie
presenta una morfología semi-circular.
Este tipo de deslizamiento localmente se da como resultado de un desequilibrio de
masas de la ladera, debido básicamente a tres razones:
• Modificación de la geometría de la ladera debido a procesos de erosión.
• Aumento de la saturación de los materiales debido al patrones de drenaje anómalos,
a vertimiento de aguas en zonas de baja pendiente, o a desviación de cauces.
• Deficiente calidad geotécnica de los materiales que conforman la ladera.
Reptación o Creep
Este proceso de remoción en masa consiste en un desplazamiento amplio,
abierto, de muy baja velocidad de movimiento, casi imperceptible y superficial
de partículas de suelo y detritos finos a medios, que aunque localmente se
evidencia en casi todas las unidades litológicas, presenta mayor grado de
afectación sobre los depósitos de flujo de lodo recientes y los terrenos
inferiores a zonas de empozamientos. El espesor de terreno afectado puede variar
desde algunos centímetros a varios metros, dependiendo de la saturación de los
materiales, las cargas aplicadas y la pendiente de la ladera […].
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En la zona de estudio puede identificarse dos tipos de reptación, una reptación
somera que compromete la capa superficial humedecida por el agua superficial
de escorrentía que impone a la superficie del terreno una morfología aterrazada,
y una reptación profunda similar a una falla en ‘bloques deslizante’ que afecta
los depósitos recientes muy saturados asociados que presentan amplias zonas de
recarga de aguas, y un patrón de drenaje anómalo que forma redes sub-superficiales,
en el lado nor-oeste de la zona de estudio en el lote de la finca la Colina.
[…]
6.4.2 URBANIZACIÓN LA PALMERA, FINCA LOS ÁNGELES Y SUS
ALREDEDORES
Desde su construcción la Urbanización La Palmera ha presentado algunos problemas
de inestabilidad principalmente en los lotes 1, 2, 3, 13, 15 y 17 de acuerdo a la
información suministrada por sus copropietarios y administrador. Estas afectaciones
se relacionan principalmente a fenómenos de inestabilidad tipo reptación en los
sectores de las vías de acceso a la finca La Colina y Aguas Vivas evidenciados por
asentamientos y desplazamientos, de las estructuras y lotes mencionados, de
variable magnitud acelerados durante periodos invernales intensos […].
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de estudios ejecutados por las firmas
Tecnisuelos Ltda. 2008 y Gica Ltda. 2008, los fenómenos de inestabilidad se vieron
acrecentados debido a la evidente saturación de los estratos superficiales y falencias
en la elección y/o construcción del sistema de cimentación.
La problemática presentada en las estructuras mencionadas fue contrarrestada
mediante la construcción de estructuras de contención tipo apantallamiento en pilas
combinadas en algunas ocasiones con anclajes activos y drenaje sub-superficial, de
acuerdo a información suministrada por los copropietarios de la urbanización La
Palmera. A la fecha se observa un comportamiento aceptable de las viviendas
afectadas y la urbanización en general, sin embargo ante los antecedentes de
inestabilidad se recomienda ejercer un monitoreo detallado permanente.
De acuerdo a los resultados del ‘Estudio estructural y avalúo comercial’ realizado por
el Ing. Miguel Acero López en Agosto de 2007, la ejecución del lleno generó
deformación (asentamientos y desplazamientos) del sector en general, debido al
sobrepeso, afectando tanto la vía como el lote aledaño donde se emplaza la casa Los
Ángeles. Según el documento e información de los copropietarios de la urbanización
La Palmera se construyeron varias estructuras de contención que han trabajado
parcialmente pues en la actualidad aún se evidencian deformaciones significativas en
la vía, es muy importante resaltar que no se pudo corroborar la existencia y/o estado
actual de estas en campo.
Otros lotes:
Aparentemente la deformación generada por el sobrepeso del depósito antrópico,
combinada con posibles represamientos del caño Los Ángeles por la disposición sin
ninguna técnica de materiales de lleno (incluyendo escombros de construcción) en un
lote aledaño donde se ubica “El Picadero”, “generaron o reactivaron” fenómenos de
inestabilidad en la ladera inferior a la vía, donde se emplaza la casa Los Ángeles, de
importante magnitud que ante la saturación evidente de los suelos han configurado
un colapso parcial de la mencionada estructura hasta llevarla a estar inhabitada […]
Según el informe del Ing. Acero López, el terreno donde se emplaza la vivienda
afectada presentaba problemas de estabilidad años antes de iniciarse la construcción
de la urbanización La Palmera […].
6.4.3 FINCA LA COLINA La casa principal de la finca La Colina se encuentra
emplazada sobre un depósito gravitacional reciente constituido por materiales
arcillosos muy plásticos de consistencia blanda, altamente afectados por fenómenos
de reptación incrementada principalmente por la evidente saturación excesiva de los
materiales superficiales.
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Este estado de deterioro ha tratado de contrarrestarse mediante la instalación de
anclajes activos, los cuales a la fecha no han mostrado resultados satisfactorios. De
acuerdo a los resultados de los recorridos de campo se pudo observar que la finca La
Colina se ubica en la corona de un gran deslizamiento que afecta hasta el edificio
Arezzo, ubicado al Oeste de la finca.
La parte inferior del deslizamiento ha sido controlada mediante la construcción de un
apantallamiento en pilas en el talud de corte, como se observa en la fotografía
anterior.
[…] 13 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
La vertiente en estudio es una ladera con un área de influencia directa de 0,65 km2 y
un área de influencia indirecta de más de 1,56 km2 considerando únicamente el área
aferente por escorrentía directa de las cuencas que están en la zona; pueden existir
recargas de nivel freático provenientes de la zona de Santa Elena a través de las
fracturas de la roca subyacente. El área de influencia directa se encuentra bañada
por ocho corrientes de agua permanente, en una zona de altas pendientes; se trata
de corrientes jóvenes localizadas en un tramo de erosión y transporte de sedimentos.
El área pluviográfica en la que se enmarcan estas corrientes corresponde a la
estación pluviográfica Planta de tratamiento de la Ayurá que se caracteriza por
registrar aguaceros de alta intensidad pertenecientes al primer cuartil de Huff; por lo
tanto los aguaceros son rápidos y muy intensos, lo que puede generar avenidas
torrenciales. Las cuencas de la zona tienen altas pendientes en el cauce; igualmente
las vertientes tienen pendientes fuertes, lo que se manifiesta en altas velocidades de
flujo, tiempos de concentración cortos, caudales con picos altos como respuesta a
lluvias intensas y una gran capacidad de erosión y transporte de material erodado
hacia aguas abajo. El número de orden bajo corresponde a cuencas jóvenes con poca
ramificación en lechos con capacidad de socavación lateral, incisión y formación de
nuevos cauces. Las alteraciones antrópicas agravan los comportamientos naturales
de las corrientes ya que las desviaciones se hacen sin ningún tipo de control y las
corrientes han sido encausadas hacia zonas con materiales no competentes y
fácilmente erodables. Las estructuras construidas en las laderas sin especificaciones
técnicas tales como tanques y captaciones representan un alto riesgo para la
estabilidad de la zona porque el rebose no controlado divaga por las laderas creando
zonas de empozamiento y fuentes de humedad hacia el nivel freático y hacia aguas
abajo. No se verificó la capacidad de las obras de paso existentes en la vía Las
Palmas, se considera que forma parte de un trabajo específico posterior como
complemento; es importante realizar esta verificación, ya que de presentarse
insuficiencia hidráulica en estas obras en el caso de una creciente los efectos sobre
la población ubicada aguas abajo pueden ser desastrosos.
14 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES
En el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín artículo 399, la zona
de estudio está clasificado en los usos del suelo como zona de uso forestal protector
productor.
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En la zona de estudio se encuentran algunas unidades residenciales de entre 1
y 2 niveles de altura. Estas casas han presentado diversas complicaciones,
muchas de ellas debido al manejo de las aguas a nivel global en la zona, al no
prever sistemas de contención antes de la construcción de las viviendas, no
cumplir con los requisitos del código de construcción y diseño sismo-resistente
y/o no cimentar correctamente las edificaciones bajo los requisitos de la
normatividad vigente y las recomendaciones dadas en los estudios de suelos
[…].
15 CONCLUSIONES
En general todas las microcuencas tienen una baja densidad de drenaje, lo que
es indicativo de predominio del flujo en la ladera y confirma la tendencia del
suelo a la impermeabilidad, lo que implicaría que ante un aguacero intenso la
velocidad de flujo tiene gran capacidad de erosión de la ladera y produce
arrastre de material vegetal formando deslizamientos.
Las obras de drenaje de la vía entre el caño Los Ángeles y la Quebrada La
Escopetería se encuentran en buen estado, no se observan huellas de
insuficiencia hidráulica, no existen cárcavas remontantes ni vestigios de
socavación por efecto de estas obras.
En la Quebrada La Escopetería se observan procesos de desestabilización del
cauce aparentemente por efecto de deslizamientos anteriores, que taponaron el
cauce principal, actualmente la corriente divaga sin cauce definidos en los
predios de la Finca La Colina, saturando desordenadamente la vertiente,
además el descole de una de las obras de cruce de un afluente de la quebrada
sobre la vía las Palmas está generando una cárcava remontante por efecto de
la alta velocidad a la salida de la obra, indicativa de la deficiencia de la sección
hidráulica, de su alta pendiente y de la necesidad de una obra de disipación
aguas abajo.
La cuenca de la Quebrada La Vicenza aguas arriba de la vía Las Palmas se
encuentra protegida y no se observan procesos erosivos, pero pueden estar
encubiertos, su cruce sobre la vía Las Palmas se encuentra en buen estado,
pero se aprecian sobre la cuneta flujos de agua indicativos de los altos niveles
freáticos de la zona.
Actualmente sobre la ladera existen dos tanques de captación de aguas para
servicio de acueducto, obra sin ningún tipo de especificación técnica los
reboses saturan el terreno y no poseen conducciones adecuadas, son fuentes
de infiltración y de humedad permanente.
La Quebrada La Volcana es una de las corrientes más intervenidas de la zona
observándose particiones del cauce producto de intervenciones antrópicas,
hay obras hidráulicas que han sufrido deterioro y en principio no se consideran
seguras para conducir el caudal en creciente porque se encuentran fisuradas,
existiendo tramos en los que los cauces intervenidos discurren sobre la ladera,
lo que ha generado flujos sin control, zona de recarga de humedad y puede
potenciar erosión y deslizamientos.
EL caño Aguas Vivas ha sido fuertemente intervenido para captaciones y
tanques de almacenamiento, sin especificaciones técnicas, observándose
infiltraciones y deslizamientos del terreno en la parte baja.
La Acequia Las Brisas se ha utilizado para abastecer acueductos, fuentes de
agua, piscinas, en general la mayoría de estas estructuras se encuentran en mal
estado sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas y generando
procesos erosivos, deslizamientos y asentamientos en las vías por efecto de
infiltración.
Los problemas de desestabilización no están asociados a las obras de drenaje
de la vía Las Palmas salvo algunos casos específicos que deben ser corregidos,
pero a los que no puede atribuirse la desestabilización de la ladera, esta debido
a los efectos de la intervención antrópica sobre la ladera en zonas de recarga,
corrientes sin cauce, zonas húmedas en la ladera sin control, erosión y arrastre
de sedimentos hacia agua abajo.
La disposición inadecuada de aguas de escorrentía superficial directamente a
la ladera, en la zona del colegio ‘The New School’, sin ningún cauce definido
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genera saturación excesiva de los materiales y por ende un incremento en la
velocidad de deformación de los procesos de inestabilidad tipo.
Desde su construcción la Urbanización La Palmera ha presentado algunos
problemas de inestabilidad principalmente en los lotes 1, 2, 3, 13, 15 y 17 de
acuerdo a la información suministrada por sus copropietarios y administrador.
De acuerdo a los resultados de estudios ejecutados por las firmas Tecnisuelos
Ltda. 2008 y Gica Ltda. 2008, los fenómenos de inestabilidad se vieron
acrecentados debido a la evidente saturación de los estratos superficiales y
falencias en la elección y/o construcción del sistema de cimentación. A la fecha
se observa un comportamiento aceptable de las viviendas afectadas y la urbanización
en general, sin embargo ante los antecedentes de inestabilidad se recomienda ejercer
un monitoreo detallado permanente. De acuerdo a los resultados del ‘Estudio
estructural y avalúo comercial’ realizado por el Ing. Miguel Acero López en Agosto de
2007, la ejecución del lleno, en la vía de ingreso a la urbanización La Palmera,
generó deformación (asentamientos y desplazamientos) del sector en general,
debido al sobrepeso, afectando tanto la vía como el lote aledaño donde se
emplaza la casa Los Ángeles.
Aparentemente la deformación generada por el sobrepeso del depósito antrópico
conformado en la vía de ingreso a la urbanización La Palmera, combinada con
posibles represamientos del caño Los Ángeles por la disposición sin ninguna técnica
de materiales de lleno (incluyendo escombros de construcción) en un lote aledaño
donde se ubica ‘El Picadero’, ‘generaron o reactivaron’ fenómenos de inestabilidad en
la ladera inferior a la vía, donde se emplaza la casa Los Ángeles, de importante
magnitud que ante la saturación evidente de los suelos han configurado un colapso
parcial de la mencionada estructura hasta llevarla a estar inhabitada. Según las
investigaciones realizadas por el Ing. Acero López, la vivienda fue cimentada
mediante fundaciones superficiales tipo vigas continuas, sin embargo el estudio de
suelos, citado por el anterior profesional, recomendaba la utilización de cimentaciones
profundas tipo pilas de mínimo 4,50 m de longitud. El anterior aspecto limita un
comportamiento óptimo de la vivienda ante las solicitaciones estructurales. La casa
principal de la finca La Colina se encuentra emplazada sobre un depósito gravitacional
reciente constituido por materiales arcillosos muy plásticos de consistencia blanda,
altamente afectados por fenómenos de reptación incrementada principalmente por la
evidente saturación excesiva de los materiales superficiales.
El estado de deterioro de la finca La Colina ha tratado de contrarrestarse mediante la
instalación de anclajes activos, los cuales a la fecha no han mostrado resultados
satisfactorios. De acuerdo a los resultados de los recorridos de campo se pudo
observar que la finca La Colina se ubica en la corona de un gran deslizamiento que
afecta hasta el edificio Arezzo, ubicado al Oeste de la finca. Los depósitos de llenos
antrópicos están conformados por limos de alta compresibilidad, grises verdosos a
café amarillentos, mezclados en algunos casos con materia orgánica y fragmentos de
roca de tamaño heterométrico. La consistencia de la matriz de este estrato varía
erráticamente entre blanda y dura. Los depósitos de vertiente del tipo flujos recientes
están conformados por limos de alta compresibilidad y arcillas de alta plasticidad café
claros a oscuros y rojizos; por lo general, muy meteorizados y con fragmentos de roca
de tamaño heterométrico, en algunos casos con materia orgánica. La consistencia de
la matriz de este estrato varía entre blanda y dura. Considerando los valores de
R.Q.D. obtenidos se resalta que los macizos rocoso detectados en la zona durante la
etapa de exploración de campo presentan un muy alto grado de fracturamiento,
incluso identificándose extensas zonas de cizallamiento como se mencionó en
capítulos anteriores. En los sectores en donde se proyecta la construcción la
‘Longitudinal Oriental’ se obtuvieron factores de seguridad, durante los análisis de
estabilidad geotécnica, bajos a aceptables y probabilidades de falla de hasta el 74%
[…].
Se observó, en los inclinómetros que presentan desplazamientos concluyentes, que
la velocidad del movimiento se incrementó durante el mes de Noviembre, este
aumento puede deberse al periodo invernal intenso que sobrevino en ese mes. La
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infiltración de las aguas superficiales propicia la saturación del suelo, que a su vez
aumenta el peso de los materiales y disminuye los parámetros de resistencia al
esfuerzo cortante, favoreciendo el movimiento de la masa […].
Como conclusión importante de este diagnóstico se deriva que las corrientes en la
zona de estudio se encuentran altamente intervenidas con procesos antrópicos que
han alterado los cauces, con obras hidráulicas en materiales poco adecuados o que
ya han cumplido su vida útil. En general existen captaciones para acueductos y
tanques de almacenamiento que no cumplen con las especificaciones técnicas. Se
han dado desviaciones sin ningún tipo de control en las entregas ni en las estructuras
de conducción.
Los efectos de la intervención antrópica sobre la ladera se manifiestan en zonas de
recarga, corrientes que divagan sin cauce, zonas húmedas en la ladera sin ningún
tipo de control que finalmente generan deslizamientos, erosión y arrastre de
sedimentos hacia aguas abajo. En una región como el Valle de aburra que presenta
una gran diversidad de depósitos con diferentes características, puede ser
susceptible a sismos con una gran gama de frecuencias.
17 RECOMENDACIONES
17.1 RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y DE CIMENTACIÓN
De acuerdo al análisis del numeral anterior se recomienda construir en la zona solo
edificaciones de baja altura, estas deben diseñarse bajo el cumplimiento de los
requisitos del código de diseño y construcción sismo-resistente vigente. El diseño
estructural de las edificaciones deberá estar a cargo de un profesional especializado
en el área de estructuras como lo estipula la ley 400 de 1997 […].
Si proyecta edificar en un sistema de mampostería estructural es de aclarar que no
es suficiente con cumplir las recomendaciones de diseño dadas en el titulo E del
código de construcción y diseño sismo-resistente, ya que es necesario debido a las
condiciones expuestas en el numeral anterior realizar un estudio geotécnico particular
en el sitio puntual donde se edificara y debe realizarse un diseño estructural detallado
con base en el titulo D del código vigente.
Deben proyectarse las obras necesarias para el correcto manejo de las aguas de
infiltración, aguas lluvias y demás que puedan generar un desestabilización global del
terreno, realizando rondas coronación, cunetas, filtros y drenajes a las estructuras de
contención […].
Es evidente en la zona la presencia de aguas superficiales de infiltración que
descienden de la zona superior de la vía las palmas. A nivel general es necesario
realizar un control global de todas estas aguas, pues pueden generar una
desestabilización generalizada de zona.
Debido a la alta susceptibilidad al deslizamiento de la zona de acuerdo con la
microzonificación sísmica de Medellín, las edificaciones deben proyectarse en
cimentaciones profundas, llevándolas a un estrato competente y anclándose en este.
Estas cimentaciones ya sean en pilas o pilotes deben estar en capacidad de permitir
el flujo de la superficie potencial de fallas y garantizando la estabilidad de la
edificación.
[…] 17.5 PROYECCIÓN DE LA VÍA ‘LONGITUDINAL ORIENTAL’
Considerando que en los sectores en donde se proyecta la construcción la vía
‘Longitudinal Oriental’ se obtuvieron factores de seguridad, durante los análisis de
estabilidad geotécnica, bajos a aceptables y probabilidades de falla de hasta el 74%
se considera necesaria la proyección de sistemas de contención, revestimiento y
drenaje de importante magnitud en la totalidad del corredor vial con miras a
contrarrestar las condiciones de estabilidad, ya precarias, que se verán empeoradas
debido a los cortes necesarios para la adecuación al proyecto vial. Estas obras serán
definidas mediante la ejecución de estudios geológico-geotécnicos detallados que
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incluyan modelaciones geotécnicas determinísticas y probabilísticas, que permitan
obtener factores de seguridad promedios, probabilidad de falla e índice de
confiabilidad antes y después de las intervenciones proyectadas para determinar los
diseños detallados de las obras necesarias para optimizar la estabilidad geotécnica
del sector a intervenir […]”.
177. Copia del Informe Técnico núm. ABN 1106-18539 de 22 de junio de 2011,
presentado por la Ingeniera Forestal de CORANTIOQUIA, mediante el cual señala
que con ocasión de la visita realizada el 7 de junio de 2011 a la vereda Las Palmas
vía doble calzada, a la Urbanización La Palmera, a las fincas La Colina, Asisi, Aguas
Vivas y Las Brisas, llegó a las siguientes conclusiones:
“[…] En el predio Asisi ubicado en la Carrera 17 N° 2 sur - 10 se ordenó mediante
el Acto N° 16819 del 11 de noviembre de 2010 indagación preliminar por la
inadecuada disposición de residuos sólidos arrojados, observándose que la
aptitud del suelo en esta zona es forestal protector-productor donde se
prohiben las escombreras. Así mismo se produce una intervención de la fuente de
agua La Escopetería sin permiso de ocupación del cauce, sin el retiro de 30 metros
como indica el POT de la ciudad de Medellín, ni tampoco con permisos de concesión
de aguas ni de vertimientos de las residuales.
En la Finca La Colina de propiedad del señor Fernando Piedrahita, se encontró
deterioro de la vía de acceso por manejo inadecuada de aguas, el desvió de la fuente
de agua denominada La Escopetería 1, lagos artificiales, ocupación de cauce sobre
la fuente, fugas de agua en la tubería de conducción, que produce sobresaturación
de los suelos e inestabilidad del terreno; y tampoco cuenta con los permisos de
concesión de aguas, vertimientos y ocupación del cauce.
En la Finca Aguas Vivas de propiedad del señor Jorge Elías Márquez se encontró una
servidumbre para la conducción de las aguas para la Urbanización La Palmera que
presenta fugas en varios tramos en zona de ladera, con riesgo de humedad del
terreno ubicado en la parte superior del predio debiendo drenarse para lograr el
adecuado manejo de las aguas, así mismo discurren las fuentes de agua
denominadas La Marucha y Volcana 2, la primera de estas con un puente en concreto;
tampoco tiene permiso alguno.
En la Finca Las Brisas de la familia Toro Giraldo, se encontró una desviación de un
cauce por antiguas vías, formación de cárcavas y manejo inadecuado de las aguas,
ordenándose la suspensión inmediata de la captación de aguas conducidas por
acequias y canales en tierra; tampoco cuenta con permisos.
En la Urbanización La Palmera, se encontró que de acuerdo a la cartografía asociada
al POT del Municipio de Medellín por la misma discurre la fuente de agua denominada
La Vicenza, existiendo una ocupación del cauce sin permiso, sin retiros de 25 metros
en la parte alta y de 20 en la parte baja, practicándose varias visitas y seguimiento
desde el año 2008 que arroja informes técnicos con las obligaciones a imponer y que
no han sido cumplidas, debiendo dicha urbanización suspender la captación de aguas
realizada de la Finca Aguas Vivas y que reportan fugas.
En el Colegio New School, se observó un transvase del ramal derecho de la Quebrada
La Marucha, descargando en una zona de empozamiento desestabilizando los suelos
por lo que se presenta afectación a los recursos agua y suelo, debiendo restituir el
cauce del rama derecho de la quebrada y descargar el agua a su lugar original.
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En la Concesión de la doble calzada Las Palmas, se encontró que existe deterioro de
la estructura de descole de la Quebrada la Volcana, el cual deberá reparar la gerencia
de la concesión de la vía.
Y Finalmente indica que deberá informarse al Departamento Administrativo de
planeación Medellín, a la Inspección de Policía y al SIMPAD que suspendan la
actividad de depósito de escombros y material orgánico por parte del señor Eduardo
Santamaría de la Finca Asisi, debiendo este propietario presentar un plan de
recuperación del suelo. […]”122
178. Copia del Oficio de 6 de febrero de 2012, elaborado por la Secretaría de
Medio Ambiente – Subsecretaría de MetroRío del Municipio de Medellín, por medio
del cual definió dos (2) puntos, en los que por su ubicación, le corresponde realizar
intervenciones para garantizar la estabilidad de la zona afectada, así:
✓ “[…] Finca La Colina: las actividades son el levantamiento de la red hídrica de
este sector, alineamiento de las mismas y la revisión de la capacidad hidráulica
de la obra de paso sobre la Quebrada La Escopetería 1 para evaluar sus
caudales, informando la dependencia que posee los estudios y actualización
realizada en el año 2006, actualizando los causes [sic], su recorrido, forma,
materiales y estructuras asociadas a la red hídrica del POT.
✓ Cárcava Quebrada La Escopetería: las actividades son recuperar e intervenir la
cárcava y definir un control de erosión con obras de bioingeniería, esto es,
trinchos escalonados que deben enterrarse entre 30 y 50 cm por debajo del
lecho de la cárcava y las crestas de los vertederos empotradas en los taludes de
la misma, las cuales serían realizadas mediante el Contrato Nº 4600034648 de
2011 suscrito con el Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” en los plazos allí
acordados, además el personal técnico de dicho contrato informó que previo a
dicha obra realizó el mantenimiento en el retiro de la Quebrada La Escopetería
del material vegetal existente en el caudal, realizando la rocería y limpieza de la
parte alta y elaborando un trincho en madera inmunizada para evitar el
desbordamiento de la quebrada en época de lluvias. Acta de inicio 15 de
noviembre de 2011 […]”123
179. Copia del Estudio elaborado por la empresa TECNISUELOS S.A.S, en junio
2013, en relación con los daños presentados en la casa 117 de la urbanización “La
Palmera”. Concluye que los daños presentados en la vivienda 117 de la
Urbanización la Palmera están asociados muy probablemente a la presencia de un
lleno heterogéneo realizado en el denominado “lote El Marrano” y por los
movimientos de tierra efectuados para la conformación urbanística del lote. Plantea
que, para mejorar las condiciones de confinamiento del lleno sobre el que se apoyan
las fundaciones de la vivienda, se deben construir dos (2) pantallas de pilas,
mediante la construcción de una viga cabezal en concreto reforzado de al menos
18 metros de longitud. A su vez, efectúa recomendaciones para la recuperación de
fisuras y daños en los acabados de la vivienda. Anexa informe de la evaluación
122 Folios 61 a 69 Cuaderno núm. 1, 1175 a 1183 del Cuaderno núm. 3 y 1767 a 1796 Cuaderno núm. 4
123 Folios 173 a 176 Cuaderno Núm. 1
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patológica realizada a la vivienda 117 por la empresa ICE Ingeniería de Consulta en
Estructuras124.
180. Copia del Oficio de 1.° de agosto de 2013 de la Secretaría de Infraestructura
Física de Medellín, según el cual, no ha ejecutado obras en la urbanización “La
Palmera” ni ha recibido las realizadas por los constructores por no contar con los
requisitos técnicos exigidos125.
Actos Administrativos
181. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-16819 de 11 de noviembre de
2010, "[p]or medio del cual se ordena una indagación preliminar" expedido por la
Dirección Territorial Aburrá Norte de CORANTIOQUIA, mediante el cual, dispuso la
apertura de una indagación preliminar por las presuntas afectaciones ambientales
causadas con la inadecuada disposición de residuos sólidos arrojados en el predio
denominado Asisi126.
182. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1107-19873 de 14 de julio de
2011, "[p]or el cual se hace un requerimiento" expedido por la Dirección Territorial
Aburrá Norte de CORANTIOQUIA, mediante el cual se requiere al señor Eduardo
Santamaría para que, en el término de 15 días, legalice ante la entidad los permisos
ambientales pertinentes como la concesión de aguas, vertimientos y ocupación de
cauce, debido a que está interviniendo la fuente hídrica denominada La Escopetería
1 y los respectivos retiros, además que está realizando una inadecuada disposición
de escombros127.
183. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1107-19872 de 14 de julio de
2011, “[p]or el cual se hace un requerimiento” expedido por la Dirección Territorial
Aburrá Norte de CORANTIOQUIA, mediante el cual se requiere al señor Fernando
Piedrahita para que, en el término de 15 días, legalice ante la entidad los permisos
ambientales pertinentes como la concesión de aguas, vertimientos y ocupación de
cauce; y deje de captar el agua del nacimiento sin nombre, hasta tanto no realice el
mejoramiento de las conducciones de agua con tubería de buena calidad y el control
de los reboses en los tanques de almacenamiento, para evitar posibles movimientos
124 Folios 2807 a 2888 Cuaderno Núm. 6
125 Folios 2775 a 2777 Cuaderno núm. 6
126 Folios 1210 y 1211 Cuaderno núm. 3
127 Folios 78, 79 y 102 Cuaderno núm. 1, 1204 a 1206 Cuaderno núm. 3
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en masa. Lo anterior, en consideración a que se encontró un deterioro de la vía de
acceso por el inadecuado manejo de las aguas y por el desvío de la fuente hídrica
“La Escopetería 1”, así como, la ocupación de su cauce con un cruce vial, la
presencia de lagos artificiales, además de fugas de agua en la tubería de
conducción, ocasionando afectaciones a los recursos agua y suelo128.
184. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1107-19871 de 14 de julio de
2011, “[p]or el cual se hace un requerimiento” expedido por la Dirección Territorial
Aburrá Norte de CORANTIOQUIA, mediante el cual se requiere al señor Jorge
Elías Márquez para que, en el término de 15 días, legalice ante la entidad los
permisos ambientales pertinentes como la concesión de aguas, vertimientos y
ocupación de cauce129.
185. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1107-19870 de 14 de julio de
2011, “[p]or el cual se hace un requerimiento” expedido por la Dirección Territorial
Aburrá Norte- Corantioquia, mediante el cual se requiere a la urbanización “La
Palmera” para que, en el término de 15 días, inicie el trámite de permiso de
ocupación del cauce ante la entidad, suspenda de manera inmediata la captación
de agua que viene realizando de la finca “Aguas Vivas”, para evitar deslizamientos
por el inadecuado manejo de las aguas y realizar la conexión al acueducto de
EPM130.
186. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1107-19874 de 14 de julio de
2011 “Por el cual se hace un requerimiento” expedido por la Dirección Territorial
Aburrá Norte de Corantioquia, mediante el cual se requiere a la familia Toro Giraldo
para que, en el término de 15 días, legalice ante la entidad los permisos ambientales
pertinentes como la concesión de aguas, vertimientos y ocupación de cauce, y
suspenda de manera inmediata la captación de agua que viene realizando de una
fuente sin nombre, que es conducida por medio de acequias y canales de tierra,
debido a que se encontró formación de cárcavas e inadecuado manejo de aguas 131.
187. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1202-21553 de 17 de febrero de
2012 “Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio y se toma una
determinación” expedido por la Dirección Territorial Aburrá Norte – Corantioquia,
mediante el cual se inicia el procedimiento sancionatorio ambiental en contra del
128 Folios 90 a 92 Cuaderno núm. 1, 1223 a 1226 Cuaderno núm. 3
129 Folios 99 a 101 Cuaderno núm. 1, 1218 a 1220 Cuadernom núm. 3, 1720 a 1723 Cuaderno núm. 4
130 Folios 1171 a 1174 Cuaderno núm. 3, 1732 a 1735 Cuaderno núm. 4
131 Folios 109 a 111 y 244 a 247 Cuaderno Núm. 1, 1212 a 1214 Cuaderno Núm. 3
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
señor Eduardo Santamaría Villa propietario del predio denominado “Asisi” ubicado
en la vereda Las Palmas, corregimiento de Santa Elena jurisdicción del Municipio
de Medellín, en calidad de presunto responsable de las obras y actividades que al
parecer desatienden exigencias del orden legal y técnico, específicamente las
relativas al almacenamiento y disposición de materiales vegetales y de escombros,
además de no contar con permiso para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables132.
188. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1202-21556 de 17 de febrero de
2012 “Por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio” expedido por la Dirección
Territorial Aburrá Norte- Corantioquia, mediante el cual se inicia el procedimiento
sancionatorio ambiental en contra del señor Jorge Elías Márquez en calidad de
propietario del predio denominado AGUAS VIVAS al ser el presunto responsable de
realizar obras y actividades que afectan los recursos naturales de agua y suelo,
teniendo el terreno un alto grado de humedad, con la ocupación del cauce sin el
respectivo permiso133.
189. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1202-21555 de 17 de febrero de
2012, “[p]or el cual se inicia un procedimiento sancionatorio” expedido por la
Dirección Territorial Aburrá Norte de Corantioquia, mediante el cual se inicia el
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la urbanización “La Palmera”
P.H., por intermedio de su representante legal, al ser el presunto responsable de
realizar obras y actividades que afectan los recursos naturales, al existir continuidad
de fugas del sistema de aprovechamiento del recurso hídrico, lo que ocasiona
aumento en la humedad natural del suelo, que a su vez, genera inestabilidad del
terreno, y por no haber iniciado trámite para la obtención del permiso de ocupación
del cauce de la Quebrada Vicenza134.
190. Copia del Acto Administrativo núm. 130AN-1107-19875 de 14 de julio de
2011, “[p]or el cual se hace un requerimiento” expedido por la Dirección Territorial
Aburrá Norte de Corantioquia, mediante el cual se requiere al Colegio New School
para que, en el término de 15 días, restituya el cauce del ramal derecho de la
quebrada La Marucha y descargue el agua a su lugar original, de manera preventiva
132 Folios 1703 a 1709 Cuaderno Núm. 4
133 Folios 1724 a 1728 Cuaderno Núm. 4
134 Folios 1736 a 1740 Cuaderno núm. 4
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81
Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
para evitar daños graves que puedan conllevar a la inestabilidad en el suelo y
movimientos en masa135.
191. Copia de la respuesta de 26 de abril de 2011 por el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá de acuerdo a una denuncia por una presunta afectación ambiental,
en la cual manifiesta que la entidad realizó una visita al predio que presentaba lleno
y explanación para la construcción de una pesebrera ubicada en la Calle 2 Sur con
carrera 17 – 121, a partir de la cual, elaboró el Informe Técnico núm. 1396 de 15 de
octubre de 2009 donde concluyó que se realizaron las obras de protección y amarre
del terreno como drenajes, muro de contención y vigas de amarre, que permitieron
la estabilidad del terreno. Indicó que, de conformidad con una nueva solicitud del
día 13 de abril de 2011, personal técnico realizó un nuevo recorrido por el lote y
encontró que realiza la actividad de almacenamiento y transformación de residuos
orgánicos, de material vegetal proveniente de las talas y podas de las
urbanizaciones. Tiene un vivero con cultivo de plantas ornamentales, árboles y una
pesebrera, no se evidenció depósito de escombros, ni mal manejo de aguas.
Concluye que en el lote del señor Eduardo Santamaría no hay llenos estructurales
ni recepción de escombros u operación de una escombrera. Aclara que, en el
momento que esto existiera, el competente es la autoridad territorial a través de la
inspección de policía correspondiente136.
192. Copia del Memorando del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de 24 de
noviembre de 2012, mediante el cual, indica que el predio de la urbanización “La
Palmera” se encuentra sobre suelo rural del Municipio de Medellín, de acuerdo con
el POT. Además, señala que, si bien ha realizado control y seguimiento ambiental
a la zona, no ha generado la autorización de algún tipo de permiso ambiental, dado
que no es la autoridad competente y precisó que varias actuaciones las ha remitido
a CORANTIOQUIA137.
Pruebas en materia de Gestión del Riesgo de Desastres
193. Cartilla con el Plan Comunal de Emergencia de la Comuna 14 El Poblado
elaborado por el Municipio de Medellín y el SIMPAD, señala las amenazas, los
planes de contingencia y evaluación de acuerdo con los riesgos; específicamente,
indica que la Urbanización La Palmera está localizada en el barrio Los Balsos y
135 Folios 112 a 114 Cuaderno Núm. 1, 1199 a 1201 Cuaderno Núm. 3, 1744 a 1747 Cuaderno Núm. 4
136 Folios 1244 a 1247, 1466 y 1467 Cuaderno Núm. 3
137 Folios 1468 y 1469 Cuaderno núm.3
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
presenta movimiento en masa lento, lo que deteriora la vía de acceso, debido a los
agrietamientos, daños constantes en las redes de acueducto y alcantarillado por
desplazamiento del terreno y deterioro estructural de las viviendas 138.
194. Copia del Oficio del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de
Desastres – DAGRD del Municipio de Medellín, de 25 de junio de 2013, que indica
ha realizado recorridos de evaluación y diagnóstico en la zona afectada. Refiere
que, en virtud de una visita realizada el 10 de mayo de 2013 a la urbanización “La
Palmera”, se encontró que las viviendas que presentan mayores problemas son la
117, 108 y 102. Destacó que, la casa 117 presenta un agrietamiento severo en pisos
y paredes y un asentamiento que coincide con el vector de desplazamiento del
proceso de remoción en masa, para lo cual, no se descarta la dinámica que
involucra la vertiente donde se construyó la parcelación, así como, el tipo de
materiales utilizados. La casa 108 presenta grietas en pisos y paredes sobre el
costado oriental, y la casa 102, pese a haber sido reparada, presenta algunas
grietas en vigas, sobre el costado norte existe una remoción en masa que afecta el
antiguo acceso a la finca La Colina. Sobre el particular, recomienda, la demolición
de los rieles existentes y la construcción de un filtro. Respecto de las viviendas 113,
115, 111 y 113, señala que no se observaron mayores procesos de inestabilidad del
terreno. Refiere que en la parte alta de la urbanización se observan zonas de
empozamientos de aguas que aún no han sido tratadas por la constructora, de
conformidad con lo acordado en el Plan de Acción del año 2011 convenido entre el
Municipio de Medellín, los propietarios de las fincas aledañas a la urbanización, la
constructora y los propietarios de la urbanización “La Palmera”.
194.1. En el Informe se recomienda para la vivienda 117 realizar un monitoreo
estructural de la casa; verificar si las grietas existentes aumentan de tamaño e
informar a la entidad; además, advierte que las actividades establecidas tanto en el
estudio realizado por la firma A.I.M. Ltda. (2010) como en el plan de acciones no se
han realizado. Al respecto, plantea la importancia de llevarlas a cabo,
especialmente, el monitoreo geotécnico por un período no inferior a 6 meses; que
la sociedad PENCA S.A realice la evaluación geotécnica e hidrogeológica detallada
teniendo como punto de partida el estudio realizado por la empresa A.I.M. Ltda.;
realizar el monitoreo para la construcción de un filtro francés en espina de pescado
en una zona de empozamiento localizada en la Finca La Palmera, previa
autorización de su propietario. Finalmente, plantea continuar con el monitoreo
138 Folio 1252 Cuaderno Núm. 3
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
geotécnico que realiza el DAGRD, con inclinómetros por el período de 4 meses
más139.
195. Informe de Asesoría y Asistencia Técnica de la visita realizada a la
urbanización “La Palmera”, el 7 de mayo de 2013, por el Departamento
Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de
Desastres - DAPARD –en la actualidad, Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Antioquia, DAGRAN– por parte del geólogo Hernán Vélez Pineda,
en el cual se afirma que, los daños ocasionados a las casas de la urbanización son
fracturas horizontales, diagonales y verticales, en muros de paredes y pisos,
basculamiento de una parte de la edificación con respecto a la otra debido a los
movimientos internos del suelo, fracturamiento en losas de concreto que soportan
el piso, grietas en el terreno, socavamiento interno del suelo que conforma el
terreno, desprendimiento de losas que cubren fachadas y terrazas, puertas vidrieras
y ventanas corredizas que están atascadas o sin soporte por los movimientos de la
estructura de la casa, hundimientos del terreno en las zonas verdes, con formación
de peldaños tanto en la urbanización como en sus alrededores y daños en muros
en gaviones, y en la infraestructura eléctrica. Sobre el particular se extraen los
siguientes apartes140:
“[…]
FOTO_1 Ubicación Urbanización La Palmera (Tomado de Google Earth)
[…]
139 Folios 1929 y 1929 A Cuaderno Núm. 4, 101 a 104 y CDs folio 105 Cuaderno de Medidas Cautelares
140 Folios 95 a 100 Cuaderno Núm. 4, 592 a 612 Cuaderno Medidas Cautelares.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Figura_1 Geología del Área (Geología Plancha 147, INGEOMINAS 2005) […]”
195.1. Advierte que varios propietarios de las viviendas han realizado obras civiles
para estabilizar los terrenos, como pilas enterradas, muros en gaviones, anclaje en
taludes, canales de drenaje y filtros en el suelo y subsuelo, algunas con buenos
resultados otras no, porque se han vuelto a presentar daños en las edificaciones y
en los terrenos de las zonas verdes.
195.2. Presenta fotografías de las casas más afectadas, como la 117, 114, 108, 111,
112, 103, 102 y de la vía de acceso a la parcelación.
195.3. Concluye que la urbanización “La Palmera” se encuentra sobre un depósito
de vertiente con gran contenido de humedad, presenta una inestabilidad evidente,
movimientos de terreno lentos y “gradacionales”, que provocan grandes daños en
las estructuras de vías, acometidas de agua y alcantarillado, en las instalaciones
eléctricas y en las edificaciones; dichos movimientos constituyen hundimientos
debido al fenómeno de erosión interna del suelo; se encuentra afectada la
estabilidad con la pendiente, el alto contenido de agua en el suelo y el manejo de
las aguas de escorrentía. Indica que varias de las casas de la urbanización
presentan serias afectaciones -que la más afectada es la vivienda 117- pero que no
se observa ninguna en riesgo inminente de colapso.
195.4. Y, finalmente, afirma que debe realizarse un estudio de la zona para
determinar el área afectada o involucrada en la inestabilidad, posteriormente,
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
efectuar un estudio de características geotécnicas e hidrológicas del área y del
suelo, la hidrogeología y la geología de los terrenos, para de esta forma, evaluar la
magnitud del riesgo, los factores que lo ocasionan y las obras y procedimientos que
lo disminuyan; recomienda proceder con el diseño y la construcción de obras de
drenaje para las aguas lluvias y de escorrentía, no sólo dentro del área de la
urbanización sino también fuera de ella, la construcción de filtros de drenaje de
aguas del subsuelo, principalmente, alrededor de las casas y en las patas de los
taludes.
Informes técnicos elaborados por la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA
196. Copia del Informe Técnico de Control y Seguimiento núm. 130AN-1110-
19841 de 7 de octubre de 2011, en relación con el cumplimiento del requerimiento
efectuado a la Familia Toro Giraldo el 14 de julio de 2011, según el cual, en el predio
se consume agua de la fuente hídrica “La Volcana” con una manguera que conduce
el agua de la quebrada hasta un tanque desarenador en forma de L. Además, refiere
que se suspendieron las conducciones de agua mediante acequia, lo que logró la
disminución en el riesgo de fugas en zonas de ladera y posibles deslizamientos141.
197. Copia del Informe Técnico de Control y Seguimiento núm. 130AN-1112-
20820 de 14 de diciembre de 2011, a la urbanización “La Palmera”, según el cual,
se indica que, mediante la Resolución núm. 130AN-8954 de 26 de marzo de 2009
se otorgó concesión de aguas para uso doméstico -Quebrada Aguas Vivas que
discurre por la vereda Las Palmas del corregimiento Santa Elena de Medellín- a
favor de la mencionada urbanización. Refiere que, el 14 de julio de 2011 se requirió
a la urbanización paraque suspendiera la captación de agua por su inadecuado
manejo de aguas al existir fugas en las zonas de ladera. Con ocasión de la visita
realizada por efectos de la elaboración del informe, se encontró que se realizaron
unas abrazaderas para eliminar las fugas de agua, pero no se ha construido la obra
de captación, control y reparto que garantice la derivación del caudal otorgado -no
cumplen con las dimensiones requeridas- además no se han instalado flotadores en
los tanques de almacenamiento que eviten los reboses, tampoco se han
implementado micro medidores en las viviendas, no se ha certificado la prestación
del servicio de alcantarillado por EPM, ni se han presentado diseños del sistema de
abastecimiento de agua142.
141 Folios 212 y 213 Cuaderno núm. 1, 1215 y 1216 Cuaderno núm. 3
142 Folios 224 a 227- Cuaderno núm. 1, 1188 a 1191 Cuaderno núm. 3
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
198. Copia del Informe Técnico de Control y Seguimiento núm. 130AN-1203-
21487 de 14 de marzo de 2012 a la urbanización “La Palmera”, elaborado de
conformidad con la visita practicada el 2 de marzo de 2012, según el cual, se indicó
que la urbanización no ha dado cumplimiento a ninguno de los requerimientos
efectuados por la autoridad ambiental. No ha instalado micro medidores en las
viviendas, no ha suspendido la captación de agua que realiza desde la finca Aguas
Vivas, aunque se realizaron algunas reparaciones en las fugas de agua que se
tenían en la red, tampoco se ha conectado a la red de acueducto de EPM, ni ha
adelantado obras en la construcción del vertedero. En consecuencia, recomienda
continuar con el proceso sancionatorio ambiental143.
199. Copia del Informe Técnico núm. 130AN-1101-16942 de 13 de enero de 2011,
elaborado en relación con una visita realizada al predio donde se encuentra el
Colegio New School, especialmente, en su entrada cerca a la vía Las Palmas.
Indica que la falta de tapas del Box-Colbert se convierte en un riesgo eminente para
todas las personas que transitan por el lugar. En tal sentido, recomienda requerir a
la Concesión Vial Aburrá Oriente -como encargado de la operación de la vía- para
que realicen las actividades necesarias para la instalación de dichas tapas; además,
sugirió aislar la obra del canal escalonado para que no contaminen la fuente de agua
ya que esta es aprovechada más abajo144.
200. Copia del Informe Técnico núm. 130AN-1303-23963 de 21 de marzo de 2013
elaborado por CORANTIOQUIA, en el cual se indica que con ocasión de la visita el
14 de marzo de 2013 se pudo observar que algunos predios como la finca Asisi no
tienen relación causal con la problemática que afecta a la urbanización “La
Palmera”, por tratarse de cuencas diferentes y separadas por divisorias de aguas
que no permiten la conexión entre la cuencas La Vicenza y La Escopetería 1; refiere
que la urbanización ha realizado ocupaciones de cauce sin los respectivos
permisos de la autoridad ambiental competente, lo que genera grandes infiltraciones
al terreno; asimismo, indica que la urbanización realizó un inadecuado manejo de
las redes de acueducto, al usar mangueras agrícolas de baja resistencia que
presentaban fugas constantes, obstruyó varias zonas de recarga localizadas en la
finca La Palmera lo que generó empozamientos. En relación con las fincas La Colina
y La Palmera, señala que han realizado un inadecuado manejo de las redes de
conducción del acueducto, a través de tubos de concreto en mal estado que
143 Folios 1809 a 1814 Cuaderno Núm. 4
144 Folios 295 a 297 Cuaderno Núm. 1, 1390 a 1392 Cuaderno Núm. 3, 1815 a1819 Cuaderno Núm. 4
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
presentan fugas, lo cual contribuye a la infiltración de agua en el terreno. Se
recomienda realizar estudios tanto a la urbanización “La Palmera”, como a las fincas
La Colina y La Palmera predios que están generando la desestabilización de la zona
y su vía de acceso.
201. Copia del Informe Técnico núm. 130AN-1303-23953 de 20 de marzo de 2013
elaborado por CORANTIOQUIA, en virtud de la visita ocular practicada el 14 de
marzo de 2013 en la finca La Colina de propiedad del señor Fernando Piedrahita
para el cumplimiento de los requerimientos que le fueron efectuados por la autoridad
ambiental. Concluye que, si bien, el propietario del inmueble ha realizado varias
actividades de mitigación de la afectación ambiental, se le recomienda que inicie el
trámite de permiso de vertimientos, presente la propuesta de restitución del cauce
de Quebrada La Escopetería 1 de acuerdo a los estudios geotécnicos e
hidrogeológicos y al levantamiento de la red hídrica y topográfica del sitio de interés
que realizó el Municipio de Medellín; asimismo que, repare las fugas del tanque de
almacenamiento de agua, que aísle la faja de retiro de 30 m de la Quebrada La
Escopetería 1 a lado y lado de la fuente y permita una sucesión natural de la
vegetación145.
202. Copia del Informe Técnico núm. 130AN-1303-23945 de 19 de marzo de 2013
elaborado por CORANTIOQUIA, en atención a la visita ocular de 14 de marzo de
2013 sobre el predio donde se encuentra la urbanización “La Palmera”, en virtud del
cumplimiento de los requerimientos que le fueron efectuados por la autoridad
ambiental; concluye que no ha solicitado el permiso de ocupación del cauce para la
intervención que se realizó sobre la Quebrada La Vicenza, ni ha realizado la
construcción de una obra de captación, control y reparto que garantice la derivación
del caudal otorgado. Sin embargo, destaca que sí cumplió con las obligaciones
referentes a la captación de agua al eliminar las fugas que se presentaban en la
conducción de agua al reemplazar la tubería agrícola por tubería de PVC con
características de resistencia mayor, que dotó el tanque de almacenamiento con
flotador e implementó micro medidores en cada una de las viviendas que hacen
parte de la urbanización146.
203. Copia del Informe Técnico núm. 130AN-1303-23947 de 19 de marzo de 2013
elaborado por CORANTIOQUIA, en atención a la visita ocular de 14 de marzo de
2013, al predio denominado Asisi de propiedad del señor Eduardo Santamaría
145 Folios 1670 a 1672 Cuaderno núm. 4
146 Folios 1673 a 1675 Cuaderno núm. 4
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Villa para el cumplimiento de los requerimientos que le fueron efectuados por la
autoridad ambiental. El Informe concluye que, si bien, el propietario dio inicio al
trámite de concesión de aguas, no ha presentado los recursos hidrológicos e
hidráulicos de la Quebrada La Escopetería 1 donde se demuestre que la obra
transversal existente cuenta con la capacidad hidráulica suficiente o no, tampoco ha
implementado cubiertas para el manejo del material vegetal y así evitar la infiltración
en el terreno de las aguas lluvias y de escorrentías, sigue utilizando escombros
seleccionados para el afirmado de las vías internas del predio; debería implementar
cunetas para el manejo de las aguas; no conserva los 30 mst de la faja de retiro de
la Quebrada La Escopetería 1; no ha suspendido la actividad de disposición de
material y escombros y no ha iniciado el trámite de permiso de vertimientos ni ha
aportado el certificado por parte de E.P.M. sobre la disponibilidad para prestar el
servicio de alcantarillado147.
204. Copia del Informe Técnico núm. 130AN-1303-23946 de 19 de marzo de 2013
elaborado por CORANTIOQUIA, en atención a la visita ocular de 14 de marzo de
2013 sobre el predio Finca Aguas Vivas propietario señor Jorge Elías Márquez
para el cumplimiento de los requerimientos que le fueron efectuados por la autoridad
ambiental. Concluyó que no ha solicitado el permiso de ocupación del cauce de la
Quebrada La Marucha, la concesión de aguas ni el permiso de vertimientos para su
predio. Afirma que se presenta una conducción de agua a través de una zanja lo
que puede generar pérdida del recurso por infiltración en el suelo e inestabilidad en
el terreno por saturación. Recomienda que el propietario implemente una tubería
para la conducción del rebose hasta la Quebrada La Marucha148.
205. Copia del Informe Técnico de control y seguimiento núm. 130AN-1406-26766
de 24 de junio de 2014, elaborado por CORANTIOQUIA, en virtud de una visita
realizada el 18 de junio de 2014 al predio denominado Assisi, según el cual, no
existen actividades o condiciones que estén generando alguna afectación ambiental
o que representen una infracción de este tipo; además que, los retiros de protección
de la quebrada La Escopetería 1 se encuentran libres de actividades antrópicas, en
tanto, se evidencia el establecimiento de vegetación por sucesión natural de pastos
y rastrojos bajos, advierte que se sigue realizando compostaje en zonas ubicadas
por fuera de los retiros de protección de la quebrada referida; a su vez, indica que
se adelantan los trámites de concesión de aguas y permiso de vertimientos149.
147 Folios 1678 a 1681 Cuaderno núm. 4
148 Folios 1676 y 1677 Cuaderno núm. 4
149 Folios 799 a 801 Cuaderno Medidas Cautelares
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Resoluciones:
206. Copia de la Resolución núm. 130AN-8954 de 26 de marzo de 2009, “[p]or la
cual se otorga y niega una concesión de aguas” expedida por la Dirección Territorial
Aburrá Norte de CORANTIOQUIA, mediante la cual se le otorgó el permiso de
concesión de aguas a la urbanización “La Palmera” de la fuente de agua
localizada en la Finca Aguas Vivas para uso doméstico y agrícola, por el término de
5 años prorrogable, y le fue negado el permiso para uso pecuario, pero así mismo
se le otorgó un término de 30 días para realizar algunas actividades como la
presentación de planos, diseños y memorias de cálculo de las obras de captación,
control y reparto, y pormenoriza otras obligaciones que debería cumplir150.
207. Copia de la Resolución núm. 130AN-1611 de 26 de junio de 2003, expedida
por CORANTIOQUIA, mediante la cual se le otorga la concesión de aguas a los
propietarios de la Finca Las Brisas – Familia Toro Giraldo, del afluente de la
quebrada “La Volcana” para uso doméstico, pecuario y agrícola, por el término de
10 años prorrogables al vencimiento. Además, sugiere la presentación de los
planos, diseños y memorias de cálculo de la modificación que se realice sobre las
obras de captación, reparto y control, de acuerdo con las especificaciones técnicas,
además, les impone varias obligaciones a los propietarios del predio 151.
208. Copia de la Resolución núm. 160AN-1502-16373 de 26 de febrero de 2015
expedida por CORANTIOQUIA, por medio de la cual se otorga la concesión de
aguas a la Familia Toro Giraldo propietarios de la finca “Las Brisas” del afluente
quebrada “La Volcana” para uso pecuario y agrícola, por el término de 10 años.
Indica que deben presentar los planos, diseños y memorias de cálculo y construir
un tanque de almacenamiento que tenga la capacidad de suplir los requerimientos
del caudal, estar provisto de flotador o rebose a la fuente hídrica, realizar el manejo
adecuado de los desechos sólidos que se generan en el predio, modificar las
dimensiones del vertedero de la obra de control del caudal existente y el aislamiento
del bebedero del ganado bovino152.
209. Copia de la Resolución núm. 130AN – 1307-14331 de 23 de julio de 2013
expedida por la Dirección Territorial Aburrá Norte de CORANTIOQUIA mediante la
cual se declara la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado
150 Folios 1192 a 1195 Cuaderno núm. 3
151 Folios 272 a 276 Cuaderno núm. 1
152 Folios 3059 a 3077 Cuaderno núm. 6
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
en contra de la Institución The New School, dado que, de acuerdo a la valoración
técnica realizada se pudo constatar que las obras realizadas en el sector Las
Palmas del corregimiento Santa Elena del Municipio de Medellín, consistentes en la
construcción del canal escalonado y obra transversal con sus respectivas obras de
encole y descole, fueron ejecutados por la Concesión Aburrá Oriente en desarrollo
del proyecto de ampliación de la vía Las Palmas, sobre la fuente sin nombre afluente
de la Quebrada La Volcana y no sobre la Quebrada La Marucha como se indicó
inicialmente. Al tiempo, indicó que el colegio New School cumplió los requerimientos
relacionados con la restitución del cauce natural153.
210. Copia de la Resolución núm. 130AN-1405-15092 de 28 de mayo de 2014,
expedida por CORANTIOQUIA – Dirección Territorial Aburrá Norte, mediante la cual
declaró que el señor Eduardo Santamaría Villa no es responsable de la comisión de
las infracciones ambientales, y levantó la medida preventiva impuesta el 17 de
febrero de 2012 y modificada el 2 de diciembre de 2013. La entidad argumentó que
no se logró probar la ocupación del cauce de la quebrada “La Escopetería”, además
de encontrar que el predio cuenta con dos sistemas de tratamiento para las aguas
residuales domésticas y no se evidenció la contaminación y/o afectación a los
recursos naturales como consecuencia de los vertimientos. Advirtió que, no se logró
determinar que el señor Santamaría estuviera realizando una actividad propia de
una escombrera, comoquiera que los escombros que se encontraron son utilizados
para el mantenimiento de la vía y estos no generan deslizamientos y/o afectaciones
de los recursos naturales.
Pruebas sobre la construcción de la urbanización “La Palmera”
211. Copia de la Licencia de Urbanismo y de Construcción de 21 de diciembre de
2001 expedida por la Curaduría Urbana Segunda del Municipio de Medellín, que
autoriza la construcción del proyecto urbanización “La Palmera” de 17 viviendas de
tipo unifamiliar por parte del señor Fernando Piedrahita Vélez, localizada en la Calle
2 Sur con carrera 18, en El Poblado. Se anexa mapa de desenglobe de la propiedad
de la Familia Piedrahita Vélez y se destaca que el lote 2 fue transferido a título de
venta a la sociedad Penca S.A para la construcción de la urbanización154.
153 Folios 2802 a 2805 y 3053 a 3056 Cuaderno núm. 6
154 Folios 390 a 392 Cuaderno núm. 1, 1831 a 1834 Cuaderno núm. 4, 644 a 648 Cuaderno de Medidas
Cautelares
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
212. Copia del Contrato de Obra celebrado entre la sociedad Penca S.A y el
contratista sociedad Construcciones A.P. y Cía. Ltda., el 28 de enero de 2002, por
un valor de ($496.469.329) con el objeto de realizar el movimiento de tierra y
urbanismo de acuerdo con los planos para la construcción de la urbanización “La
Palmera”. Se anexa la copia de la Póliza de todo riesgo expedida por la compañía
Seguros Alfa S.A.155.
213. Copia del Certificado de 2 de julio de 2008 de la Secretaría de Gobierno del
Municipio de Medellín, en el que consta el registro de la urbanización “La Palmera”
P.H. -como propiedad horizontal- de naturaleza civil sin ánimo de lucro, el 10 de
junio de 2003. Se evidencia como representante legal la señora Rosa Elena Prieto
de Thompson.
214. Copia del mapa del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín,
con líneas de acumulación de aguas superficiales156:
Pruebas sobre la Concesión de Aguas Superficiales
155 Folios 1531 a 1539 Cuaderno Núm. 4-
156 Visible a folio 279.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
215. Copia del Expediente núm. AN1-08-119 de la urbanización “La Palmera”
localizada en la calle 2 sur #17-10 por medio del cual se resuelve la solicitud de
concesión de aguas superficiales radicada ante CORANTIOQUIA en septiembre de
2008.
216. Resolución núm. 130AN- 8954 de 26 de marzo de 2009 expedida por
CORANTIOQUIA mediante la cual se otorga una concesión de aguas a la
urbanización la Palmera, a través de su representante legal, por el término de 5
años para uso doméstico y agrícola, y se niega la concesión de aguas para uso
pecuario.
Pruebas sobre las redes de acueducto y alcantarillado en la urbanización “La
Palmera”
217. Copia de la respuesta de E.P.M. E.S.P. de 9 de mayo de 2011 a la petición
presentada por el señor Fernando Piedrahita Vélez, sobre las redes de
alcantarillado construidas en la urbanización “La Palmera”. Allí se indica que las
redes locales de acueducto y alcantarillado del conjunto residencial La Palmera no
hacen parte del sistema público de redes locales administrado por la empresa, dado
que la firma constructora del proyecto – Construcciones AP no efectuó la entrega
de los tramos de las redes que tenían el carácter de públicas. Señala que las fallas
presentadas en la conducción de aguas residuales que atraviesan el predio de la
Urbanización, deben ser reparadas por la copropiedad por tratarse de redes
privadas157.
Pruebas sobre la titularidad de los predios involucrados en la presente acción
constitucional
218. Copia simple del certificado de tradición Matricula Inmobiliaria núm. 001-
833877 de 11 de junio de 2013 del predio Aguas Vivas que da cuenta que
actualmente la propiedad la poseen la Gobernación de Antioquia 2 fajas de terreno,
el señor Stephen Howard Rosenoff el 50%, Juan Manuel Villegas y la sociedad
Marfrey S.A.S con un 38.24%158.
219. Certificados de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria núm. 001-
825008, 001-128018 y 001-821491 de 8 de febrero de 2012, que dan cuenta de los
157 Folios 637 a 643 Cuaderno Núm. 2
158 Folios 2626 a 2630 Cuaderno núm. 6
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
predios urbanos en el sector El Poblado de la ciudad de Medellín, de propiedad del
señor Fernando Piedrahita Vélez, de Victoria Eugenia Piedrahita y de las
sociedades V.P Vélez y Cía. S.C.A y Piedrahita Ocampo y Cía. S.C.A, y la
descripción de los lotes y sus linderos159.
220. Copia del Certificado de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria núm.
001-825008, de 8 de febrero de 2012, en el que se indica que160:
“[…]
DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 1239 de fecha 10-09-2002 en NOTARIA 14 de MEDELLIN LOTE 1 con
área de 9.033 MTS2
(ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).
COMPLEMENTACION:
PARAGRAFO: POR ESCRITURA 1039 DEL 03-08-2002 NOTARIA 14 DE MEDELLIN, REGISTRADA
EL 12-08-2002, FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ, LEON PIEDRAHITA Y CIA S EN C. EN
LIQUIDACION Y J.E. PIEDRAHITA V. Y ASOCIADOS, FORMULARON DECLARACIONES DE
ENGLOBE, ORIGINANDO PARA TAL EFECTO LA MATRICULA 001-821492 LA CUAL ES OBJETO
DE LOTEO. ADQUIRIERON, FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ, LEON PIEDRAHITA Y CIA S. EN C.
EN LIQUIDACION Y J.E. PIEDRAHITA V. ASOCIADOS Y CIA. LTDA, EL INMUEBLE OBJETO DE
ENGLOBE, EN DOS LOTES O PORCIONES ASI: LEON PIEDRAHITA Y CIA S. EN C. EN
LIQUIDACION Y J.E.
PIEDRAHITA V. ASOCIADOS Y CIA LTDA., POR PERMUTA DE DERECHOS CON FERNANDO
PIEDRAJITA VELEZ, 94% Y 3% RESPECTIVAMENTE, POR ESCRITURA 1039 DEL 03-08-2002
NOTARIA 14 MEDELLIN, REGISTRADA EL 12-08-2002, EN EL FOLIO
001-891876. ADQUIRIO:FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ EL INMUEBLE OBJETO DE LOTEO POR
TRANSFERENCIA A TITULO DE RESTITUCION CELEBRADA CON FIDUCIARIA CACERES &
FERRO S.A. EN LIQUIDACION OBLIGATORIA (PATRIMONIO AUTONOMO PRODUCTORA DE
MODA), SEGUN ESCRITURA 1125 DEL 29-06-2000 NOTARIA 17 DE MEDELLIN, REGISTRADA EL
30-06-200 EN EL FOLIO 001-107048.
[…]
Dirección del inmueble Tipo Predio: URBANO
1) LOTE #1 SECTOR POBLADO
ANOTACION: Nro 4 Fecha: 14-09-2007 Radicacion: 2007-66488
Doc: ESCRITURA 1062 del: 09-03-2007 NOTARIA 4 de MEDELLIN VALOR ACTO: $ 500,000,000.00
ESPECIFICACION: 0307 COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA 97% (LIMITACION AL DOMINIO)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de
dominio incompleto)
DE: J.E. PIEDRAHITA Y ASOCIADOS & CIA. LTDA. 3%
DE: HOY INVERPIEDRAS LTDA. -ANTES LEON PIEDRAHITA Y CIA. S. EN C. (CIVIL) - 94%
A: PIEDRAHITA VELEZ FERNANDO 70030702 x
[…]”
221. Copia del Certificado de Tradición y Libertad de Matrícula Inmobiliaria núm.
001-128018, de 8 de febrero de 2012, en el que se indica lo siguiente161:
DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
UN LOTE DE TERRENO CON TODAS SUS MEJORAS, ANEXIDADES Y DEPENDENCIAS, SITUADO
EN EL AREA RURAL DEL POBLADO MUNICIPIO DE MEDELLIN, LOTE DE TERRENO
DISTINGUIDO CON EL NUMERO 2 EN LA PARCELACION 'LA PALMERA" DE EL POBLADO, CON
UN AREA DE 4.000 METROS CUADRADOS Y QUE TIENE LOS SIGUIENTES LINDEROS: " POR EL
NORTE CON PROPIEDAD QUE FUE ANTES DE ELLEN EDELSTEIN DE VASQUEZ, HOY DE MARIA
DE LA LUZ OSPINA V.; EN 92 METROS; POR EL SUR CON LA VIA DE ENTRADA A LA
PARCELACION, EN 88 METROS; POR EL OCCIDENTE CON EL LOTE NUMERO 3 DE LA MISMA
PARCELACION, EN 60 METROS; Y POR EL FRIENTE CON PROPIEDAD DE DON ENRIQUE VILLA
R., EN 16.00 METROS".
159 Folios 349 a 352, 355 y 356 Cuaderno núm. 1
160 Folios 644 a 645 Cuaderno núm. 2
161 Folios 351 a 352.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
-COMPLEMENTACION:
1.-ADQUIRIERON LEON PIEDRAHITA Y AMELIA VELEZ DE PIEDRAHITA EN MAYOR EXTENSION
POR COMPRA A HOGAR INFATIL ROTATORIO
O CLUB ROTATORIO DE MEDELLIN SEGUN ESCRITURA #1247, DEL 27 DE FEBRERO DE 1.956
DE LA NOTARIA 4. DE MEDELLIN, REGISTRADA EL 27 DE ABRIL DEL MISMO AÑO EN EL LIBRO
1. IMPARES TOMO 4. FL.244 #2483.- 2.- ADQUIRIERON LOS TRADENTES CITADOS EN EL
NUMERAL ANTERIOR ANTES DE LOS VEINTE AÑOS QUE COMPRENDE ESTE CERTIFICADO.-
DIRECCION DEL INMUEBLE Tipo Predio: URBANO
1) SIN DIRECCION
[…]
“ANOTACION: Nro 7 Fecha:10-02-2003 Radicación: 2003-7396
Doc: ESCRITURA 3470 del: 20-12-2002 NOTARIA 20 de Medellín VALOR DEL ACTO: $157.333.000
ESPECIFICACIÓN: 0118 APORTE A SOCIEDAD
DE: PIEDRAHITA VÉLEZ, VICTORIA EUGENIA
A: V.P. VELEZ Y CIA S.C.A.
222. Copia del Certificado de Tradición y Libertad de matrícula inmobiliaria núm.
001-821491, de 10 agosto de 2011, en el que se indica en su última anotación
que162:
“[…]
DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
ESCRITURA 1039 DEL 03-08-2002 NOTARIA 14 MEDELLIN, LOTE CON CASA DE HABITACION,
FRACCION POBLADO CON AREA DE 46.664 MTS2.
COMPLEMENTACION:
ADQUIRIERO, FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ EL INMUEBLE OBJETO DE ENGLOBE, EN DOS
LOTES O PORCIONES ASI: UN LOTE, POR PERMUTA DE DERECHOS DE 94% Y 3%;
RESPECTIVAMENTE A LEON PIEDRAHITA Y CIA. S EN C. EN LIQUIDACION Y J.E. PIEDRAHITA
V. ASOCIADOS Y CIA LTDA, POR ESCRITURA 1039 DEL 03-08-2002 NOTARIA 14 MEDELLIN,
REGISTRADA EL 12-08-2002 EN EL ILIO 001-819585.-
ADQUIRIERON:FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ,LEON PIEDRAHITA Y CIA
S.EN C."HOY EN LIQUIDACION"Y L.E. PIEDRAHITA V.ASOCIADOS Y CIA. LTDA. EL BIEN OBJETO
DE LOTEO ASI: UN LOTE CON MATRICULA 001-171638 LO ADQUIRIO FERNANDO PIEDRAHITA
VELEZ PORA COMPRA A:AMELIA VELEZ DE PIEDRAHITA Y LEON
PIEDRAHITA SEGUN TERMINOS DE LA ESCRITURA 6260 DEL 26-12-77 DE LA NOTARIA 5 DE
MEDELLIN REGISTRADA EL 03-02-78 EN EL FOLIO 001-171638. OTRO LOTE CON MATRICULA
001-115655 LO ADQUIRIO J.E.PIEDRAHITA V. Y ASOCIADOS Y CIA LTDA. POR COMPRA A:JORGE
ENRIQUE PIEDRAHITA VELEZ SEGUN ESCRITURA 4947 DEL DEL 25-09-92 DENOTARIA 4 DE
MEDELLIN REGISTRADA EL
02-10-92 EN EL FOLIO 001-115655. ADQUIRIO;JORGE ENRIQUE PIEDRAHITA VELEZ PORA
COMPRA A: AMELIA VELEZ DE PIEDRAHITA Y LEON PIEDRAHITA SEGUN ESCRITURA 5708 DEL
10-11-75 DE NOTARIA 5 DE MEDELLIN REGISTRADA EL 21-11-75 EN EL FOLIO ARRIBA CITADO
OTRO LOTE CON MATRICULA 001-180866 LO ADQUIRIO LEON PIEDRAHITA Y CIA. S.EN C. HOY
EN LIQUIDACION POR COMPRA A;INVERSIONES LA PALMERA LTDA.SEGUN ESCRITURA 1348
DEL 27-03-91 DE NOTARIA 6 DE MEDELLIN REGISTRADA EL
05-08-91 EN EL FOLIO 001-180866. ADQUIRIO;INVERSIONES LA PALMERA POR COMPRA
A;AMELIA VELEZ DE PIEDRAHTIA Y LEON PIEDRAHITA RESTREPO SEGUN ESACRITURA 1406
DEL 31-03-78 DE NOTARIA 5 DE MEDELLIN REGISTRADA EL 05-07-78 EN EL FOLIO
001-180866.
ANOTACION: Nro 3 Fecha: 28-02-2005 Radicacion: 2005-11518
Doc: ESCRITURA 2465 del: 27-12-2004 NOTARIA 2 de ENVIGADO VALOR ACTO: $ 1,923,564..00
ESPECIFICACION: 0129 DACION EN PAGO (MODO DE ADQUISICION)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de
dominio incompleto)
DE: PIEDRAHITA VELEZ FERNANDO 70030702
A: PIEDRAHITA OCAMPO & CIA S.C.A x
223. Copia del Contrato de Promesa de Compraventa, suscrito en febrero de 2002
entre Jorge Enrique Piedrahita Vélez, María Helena del Socorro Ángel –en
162 Folios 663 a 664 Cuaderno núm. 2
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
representación de Andrés Piedrahita Vélez– (promitentes vendedores) y Nicolás
Vélez Jaramillo, Juan Carlos Zuloaga Latorre (promitentes compradores), que tiene
por objeto transferir a título de venta el inmueble conocido así: predio lote Etapa #1,
que tiene un área superficiaria aproximada de (34.500 mt2), cuyos linderos son: “Por
el norte, desde el punto 1 hasta el punto 2, en línea curva, en una longitud
aproximada de ochenta y tres (83) metros, con predio conocido como La Colina;
Por el nororiente, desde el punto 2 hasta el punto 3, en línea recta, en una longitud
aproximada de ciento cinco (105) metros, con predio conocido como La Colina;
desde el punto 3 hasta el punto 4, en línea curva, girando hacia el oriente, en una
longitud aproximada de ochenta y dos (82) metros con el predio conocido como
La Palmera; Por el oriente, desde el punto 4 hasta el punto 5, en línea recta, en
una longitud aproximada de cincuenta (50) metros, con el predio conocido como
La Palmera; Por el sur, desde el punto 5 hasta el punto 6, en línea recta, y del punto
6 al punto 7, girando hacia el occidente, en una longitud aproximada de doscientos
sesenta (260) metros, con el predio conocido como Finca Aguas Vivas; y por el
occidente, desde el punto 7 hasta el punto 1, punto de partida, en línea curva,
girando hacia el norte, en una longitud aproximada de ciento ochenta y siete (187)
metros con predio conocido como lote etapa # 4.
224. Se pactó un precio de dos mil cuarenta y dos millones de pesos
($2.042.000.000) 163.
225. Copia de la Escritura Pública núm. 1239 de 10 de septiembre de 2002 de la
Notaría 14 del Círculo de Medellín, que da cuenta de las declaraciones de
desenglobe y venta entre Fernando Piedrahita Vélez -en calidad de liquidador principal
de la sociedad León Piedrahita y CIA. S.A. en liquidación- y Jorge Enrique Piedrahita
Vélez -en representación de la sociedad J.E. Piedrahita V. Asociados y CIA. Ltda.-; según
la cláusula primera: “[…] son propietarios comuneros y en proindiviso del siguiente
bien inmueble: Lote de terreno con una cabida aproximada de ciento veintiséis
mil seiscientos setenta y un metros cuadrados (126.671 mts2), situado en el
sector de El Poblado, de la Ciudad de Medellín, cuyos linderos generales son,
según el plano que se protocolizó con la escritura pública No.1.039 del 3 de agosto
de 2002, otorgada en la Notaría Catorce de Medellín, los siguientes: Por el norte,
entre los puntos 1y 2, en línea quebrada, en una longitud aproximada de 34 metros,
entre los puntos 2 y 3 en línea curva, en una longitud aproximada de 83 metros, y
entre los puntos 3 y 4, en línea recta, en una longitud aproximada de 12 metros, con
163 Folios 357 a 367 Cuaderno núm. 1
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
la finca La Colma; por el nororiente, entre los puntos 4 y S en línea recta, en una
longitud aproximada de 87 metros, con el predio denominado La Colina; por el
noroccidente, entre los puntos 5 y 6 en línea recta, en una longitud aproximada de
70 metros; con el predio denominado La Colina […]”.
225.1. En la escritura se indica que la Sociedad León Piedrahita y CIA S. en C. -en
liquidación- es propietaria del 94%, Fernando Piedrahita Vélez del 3% y la sociedad
J.E. Piedrahita V. y Asociados del 3%.
225.2. Según lo establecido en la cláusula tercera de la escritura en mención, el
inmueble perteneciente a la comunidad se conformó -según consta en la escritura
pública núm. 1039 de 3 de agosto de 2002- por declaraciones de englobamiento de dos
lotes que fueron adquiridos así: 1) el predio denominado “Lote A” con una cabida
aproximada de ciento veinticinco mil novecientos veintisiete metros cuadrados
(125.927 mts2) cuya matrícula inmobiliaria era 001-819584; y, 2) el predio
denominado “Lote 2” con una extensión superficiaria aproximada de 744 mt2.
225.3. En la cláusula cuarta se señala que las partes comparecen para realizar
manifestaciones de desenglobamiento del predio 1), para que de él se desprendan
tres (3) predios así: lote 1 con una cabida aproximada de 9033 mt2, lote 2 con una
cabida aproximada de 34.500 mts2 y el lote 3 con una cabida aproximada de
(83.138 mts2). con todos los comprobantes fiscales, de paz y salvo de catastro, de
valorización, de tasa de aseo y demás164.
225.4. Las partes manifestaron que luego de realizado el desenglobe, transfieren a
título de venta a la sociedad PENCA S.A. el bien inmueble Lote núm. 2, con una
cabida aproximada de 34.500 mts2, situado en el sector del Poblado, por un precio
que asciende a la suma de novecientos treinta y cinco millones seiscientos veintiséis
mil doscientos veinte pesos ($935.626.220).
225.5. Se indica que Juan Carlos Zuloaga Latorre, en calidad de gerente de la
sociedad PENCA S.A. acepta la escritura de venta a favor de la sociedad que
representa y declaró cumplidas las obligaciones contraídas en la promesa de
compraventa suscrita el 21 de febrero de 2002.
164 Folios 368 a 389 Cuaderno núm. 1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
226. Copia del Certificado de Tradición y Libertad de matrícula inmobiliaria núm.
001-825009, de 22 agosto de 2008165, que corresponde al Lote #2, del sector del
Poblado. Tipo de predio: urbano.
226.1. En la anotación núm. 3 de 26-09-2002, consta inscripción de la escritura
pública 1239 de 10-09-2002, con modo de adquisición compraventa, de: Piedrahita
Vélez Fernando, León Piedrahita y CIA S en C -en liquidación-, J.E. Piedrahita V.
Asociados y CIA Ltda. a PENCA S.A., por valor de $935.626.220.
226.2. En la anotación núm. 4 de 10-01-2003, se registra la escritura 1900 de 23-
12-2002, por medio de la cual se constituye el reglamento de propiedad horizontal.
Acto en el que interviene: PENCA S.A. Dio lugar a la apertura de veinte folios de
matrícula inmobiliaria.
227. Copia de la Escritura Pública núm. 2465 del otorgada el 27 de diciembre de
2004 ante la Notaría Segunda del Circulo de Envigado, de la siguiente dación en
pago aprobada por la Asamblea General de accionistas de la Sociedad Piedrahita
Ocampo & Cía. S.C.A de unos inmuebles de propiedad de los señores Fernando
Piedrahita Vélez y Ana María Ocampo Uribe166:
“[…] SEGUNDO: Que actualmente los señores FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ y
ANA MARIA OCAMPO URIBE adeudan a la sociedad PIEDRAHITA OCAMPO & CIA
S.C.A., la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.304.586.640.o)
moneda legal colombiana, obligación que se origina en la suscripción y adquisición
de unas acciones de la sociedad PIEDRAHITA OCAMPO & CIA S.C.A.,
[…]
2. FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ
A) Transfiere el derecho de dominio y posesión que tiene ejerce sobre siguiente
inmueble: Un lote de terreno con casa de habitación, mejoras y anexidades situado
en Medellín, en la fracción de el Poblado, conocido como finca La Colina, con un área
superficiaria aproximada de cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro (46.664
M2) y cuyos linderos actualizados según el plano que se presente acto escriturario,
son: por el oriente entre los puntos 3 y 4, en línea quebrada en una longitud
aproximada de 264 mts con finca la Villa o El Enville por el sur entre los puntos 4 y 5
en línea recta en una longitud aproximada de 31 metros con el predio conocido como
La Palmera; por el suroriente; entre los puntos 5 y 6, en línea recta en una longitud
aproximada de 70 metros con e predio conocido como La Palmera; por el
suroccidente entre los puntos 6 y 7, en línea recta en una longitud aproximada de 87
metros con el predio conocido como La palmera; nuevamente por el sur, entre los
puntos 7 y 8 en línea recta en una longitud aproximada de 12 metros en con el predio
conocido como La palmera, entre los puntos 8 y 9 en línea curva en una longitud
aproximada metros con el predio conocido como La palmera y entre los puntos 9 y 10
en línea quebrada en una longitud aproximada de 34 metros nuevamente con el
predio conocido como La palmera y por el occidente, entre los puntos 10 y 1 punto de
partida en línea recta en una longitud aproximada de 225 metros con propiedad que
165 Folios 2351 y 2352.
166 Folios 579 a 584 Cuaderno núm. 2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
es o fue de Eduardo Santamaría. […] MATRICULA INMOBILIARIA No. 001-821491.
[…]
2. FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ
A) Transfiere el derecho de dominio y posesión que ejerce sobre el siguiente
inmueble:
Un lote de terreno con casa de habitación, mejoras y anexidades, situado en Medellín
en la fracción de El Poblado, lote que hizo parte la finca de mayor de mayor extensión
conocida con el nombre de La Mesa, y que linda: principiando en un mojón que se
colocó más debajo de la portada de la carretera de entrada a la casa se sigue hacia
arriba, por un cerco de alambre y piedra que es el lindero sur del lote que se trasmite
lindando con la finca La Palmera que fue de Antonio Maria Quiroga, después de Emilio
Mejía y otros, pertenece hoy a Municipio de Medellín, en extensión aproximada de
248 metros hasta llegar a un mojón de cemento colocado al pie del cerco, de este
mojón se tuerce hacia la izquierda en línea recta en extensión aproximada de 197
metros hasta encontrar otro mojón, esta línea constituye el lindero oriental con
propiedad de la vendedora anterior, por el norte linda con el lote que se transmite con
propiedad de la vendedora anterior por una línea recta que va desde el ultimo mojón
hasta otro que se colocó al borde de una chamba en extensión aproximada de 133
metros y de este mojón por otra recta hasta el que se colocó al pie de un cerco de
alambre y árboles de pino en extensión aproximada de 56 metros, de este último
mojón siguiendo el cerco de alambre y árboles de pino linda con propiedad de la
vendedora en extensión aproximada de 224 metros hasta encontrar el primer mojón
punto de partida […] MATRICULA INMOBILIARIA No. 001-821491 […]”
228. Copia de la Escritura Pública núm. 1062 otorgada el 9 de marzo de 2007 en
la Notaría 4 del Círculo de Medellín, que da cuenta de la transferencia a título de
compraventa de las sociedades León Piedrahita y Cía. y J.E Piedrahita y Asociados
& Cía. Ltda., al señor Fernando Piedrahita Vélez del 97% del lote de terreno con
matrícula inmobiliaria Núm. 001-825008167.
229. Copia de la Escritura Pública núm. 1062 otorgada el 9 de marzo de 2007 ante
la Notaría Cuarta del Circulo de Medellín, de la siguiente compraventa realizada
entre i) León Piedrahita y Cía. Ltda. y ii) J.E. Piedrahita y Asociados & Cía. Ltda., en
calidad de vendedores y el señor Fernando Piedrahita Vélez, en calidad de
comprador por el valor de $500.000.000 millones de pesos sobre el terreno ubicado
en168:
“[…] PRIMERO: Que obrando en las calidades Indicadas, transfieren a título de
compraventa a favor de FERNANDO PIEDRAHITA VELEZ; un derecho de 97%,
discriminados así: "J.E. Pledrahita V. Asociados & Cia. Limitada", su derecho de 3%
y la Sociedad "León Piedrahita y Cia. S. en C. (Civil) Absorbida por Fusión", vende
un derecho del 94%, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula
de cludadania Nros. 70.030.702, de estado civil casado, con sociedad conyugal
vigente, el derecho de dominio y posesión material que las Sociedades vendedoras
tienen, en comunidad y proindiviso, en los porcentajes enunciados, sobre el
siguiente bien inmueble de su propie- LOTE NRO 1. - Lote de terreno, con un -
área aproximada de 9.033.00 metros cuadrados, situado en el sector de El
Poblado de la Ciudad de Medellín, comprendido dentro de lo siguientes
167 Folios 571 a 573 Cuaderno núm. 2
168 Folios 571 a 573 Cuaderno núm. 2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Linderos: -" Por el Norte, en línea quebrada entre los puntos 1 y 2 en una
longitud aproximada de 27 metros, en línea curva en una longitud aproximada
a 187 metros con el lote denominado Lote Nro. 2, futura etapa de la
Urbanización La Palmera; por el Sur, en línea quebrada entre los puntos 3 y 4
en una longitud aproximada a 72 metros con la finca Aguas Vivas; por el
Occidente, en línea recta entre log puntos 4 y 5, en una longitud aproximada a
50 metros y en línea recta entre los puntos 5 y 6 en una longitud aproximada a
15 metros, con predio que es o fue de Sergio Rodríguez, en línea quebrada,
entre 108 puntos 6 y 7, en una longitud aproximada a 55 metros, con predio
que es o fue de Ignacio Arango y finalmente, en línea quebrada, entre los
puntos 7 y 1 punto de partida, en una longitud aproximada a 115 metros que
es o fue de Victoria Eugenia Piedrahita".
MATRICULA INMOBILIARIA NO. 001.825008. Se transfiere como cuerpo cierto, con
todas sus mejoras, anexidades, dependencias e Instalaciones. […]”.
Pruebas sobre Existencia y Representación Legal de las Personas Jurídicas
230. Copia del Certificado de Existencia y Representación de la sociedad PENCA
S.A. -en liquidación-169, de 8 de febrero de 2012, según el cual, la Sociedad tiene por
objeto social:
“[…] [L]a construcción de inmuebles destinados a vivienda multifamiliar sometidos al
régimen de propiedad horizontal en lotes propios o de terceros.
Todas las actividades relativas al diseño, la construcción, parcelación, urbanización,
planeación física y urbana, remodelación, decoración, paisajismo, la asesoría e
interventoría en proyectos inmobiliarios y de construcción sobre predios, lotes y/o
edificaciones urbanos o rurales […]”.
230.1. Figura como liquidador principal Juan Carlos Zuloaga La Torre y como
miembros de la Junta Directiva: Alba Luz Hoyos Naranjo, Pedro Gerardo Toro
Molina, Tomas Felipe López Tamayo, Manuel Francisco Mercado y Elkin
Valderrama.
231. Copia del Certificado de Existencia y Representación de la sociedad
Obranegra S.A.170, de 9 de febrero de 2012, que indica tiene por objeto social: el
“[…] estudio, diseño, planeación, ejecución de toda clase de obras y proyectos que
estén relacionados con los ramos de la ingeniería y arquitectura; incluyendo dentro
de ello la elaboración de diseños de todo tipo, asesorías, interventorías,
urbanizaciones, construcciones y reparaciones de todo tipo o clase […]”. Se certifica
como gerente a Mauricio Zuluaga Latorre.
232. Copia del Certificado de Existencia y Representación de la sociedad
Construcciones A.P. S.A.171, de 9 de febrero de 2012, que tiene por objeto social:
169 Folio 333.
170 Folios 336 a 339.
171 Folios 340 a 345.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
“[…] la explotación de la industria de la construcción en cualesquiera de sus formas
ya sea en la promoción, construcción, ejecución de programas y proyectos de obras
públicas o privadas […]”. Se certifica como gerente a Carlos Alfredo Acero López.
233. Copia del Certificado de Existencia y Representación de la sociedad V.P.
Velez & CIA S.C.A., de 9 de febrero de 2012, cuyo objeto social es: “[…] la
prestación de servicios profesionales y la precautelación de su propio patrimonio,
pudiendo ejecutar todo tipo de actividades civiles […]”.
234. Copia del Certificado de Existencia y Representación de la sociedad
Inversiones Huasipungo Ltda. -en liquidación- constituida desde el año 1975 que
tiene por objeto social las inversiones de toda clase, especialmente, la adquisición
de bienes muebles o inmuebles y su venta. El representante legal es el señor
Gustavo Arbeláez Ramírez, con domicilio en la ciudad de Medellín172.
235. Copia del Certificado de existencia y representación de la Sociedad Civil El
Nuevo Colegio S.A que da cuenta que fue constituida en el año 1994, con el objeto
social de desarrollar labores de educación formal en todas las etapas bajo las
normas legales; siendo su representante legal el señor Juan Manuel Vásquez
González173.
Informes de cumplimiento en el marco del Plan de Acción
236. Informe de cumplimiento de 28 de noviembre de 2011, elaborado por el
Subdirector de Ordenamiento Territorial del Departamento de Planeación del
Municipio de Medellín, presentado ante la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental
de Antioquia, donde le informa las actividades realizadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Plan de Acción de la Parcelación La Palmera y los predios aledaños
para mitigar la problemática de inestabilidad del terreno. Al respecto se destaca lo
siguiente:
✓ “[…] Por la Secretaría de Medio Ambiente, respecto al SIMPAD se tiene
planeado realizar el monitoreo geotécnico en puntos críticos de la Ciudad de
Medellín, con la instalación de 2 inclinómetros y 6 lecturas de los mismos en
la zona; respecto a METRORÍO está realizó en la Finca La Colina el
levantamiento de la red hídrica del sector, los alineamientos de las mismas y
la revisión de la capacidad hidráulica de la obra de paso sobre la Quebrada La
Escopetería 1, por lo que cuenta con los estudios, actualización y levantamiento de
la red, advirtiendo que la obra de paso vial para acceder a la finca es insuficiente,
172 Folios 183 y 184 Cuaderno núm. 1
173 Folios 300 a 302 Cuaderno núm. 1, 1393 a 1395 Cuaderno Núm. 3
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
así mismo para la cárcava remontante de la Quebrada La Escopetería se está
estudiando la posibilidad de adicionar obras de bioingeniería al contrato de
mitigación de riesgos para lo cual se compromete a entregar el cronograma
de ejecución de las obras.
✓ Por la Secretaría de Obras Públicas, al ser el competente para realizar los estudios
técnicos del movimiento en masa que se presenta en el Mirador Panorámico
del New School, dichos estudios los realiza la firma Solingral mediante el
Contrato Nº 4600033759 del 2011 ‘Estudios técnicos y diseños para atender la
declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de emergencia invernal de la
ciudad de Medellín, especialmente en la zona suroriental y en el corregimiento
de Santa Elena’ que serían entregados en diciembre de 2011, dentro del estudio se
ha realizado una exploración de campo, serie de ensayos de laboratorio y la
instalación de un inclinómetro.
✓ El Departamento de Planeación Municipal le envió comunicación a la Gerencia
de Concesiones de la Gobernación de Antioquia oficio del 07 de abril de 2011
para atender de manera integrada y coordinada las obras de paso de algunas
corrientes y descoles de la vía Las Palmas; aún no ha obtenido respuesta.
✓ Se les envió a los propietarios de predios particulares y al administrador de la
Urbanización La Palmera en el mes de junio de 2011 comunicaciones
informándoles la necesidad de la ejecución de las obras de mitigación
planteadas en el plan de acción, recibiendo sólo respuesta por parte del
propietario de la Finca Huasipungo expresando el interés de adelantar las
obras, desconociendo si las mismas ya fueron realizadas […]”174.
237. Copia del Informe de cumplimiento de 28 de agosto de 2012 allegado por
el Municipio de Medellín que relaciona las actividades adelantadas de conformidad
con el Plan de acción de la parcelación La Palmera y predios aledaños -finca
Huasipungo-. Refiere la construcción de subdrenes o drenes horizontales de una
longitud variable entre 15 y 20 mts en el talud oriental de la zona verde contigua a
la casa principal, los cuales vierten sus aguas a la cuneta localizada en el pie del
talud, lo que permite abatir el nivel freático dentro de la masa del suelo e incrementa
su resistencia mejorando la estabilidad; así mismo, aclara que si bien se tenía
planteada la construcción de un filtro francés en la parte superior, de conformidad
con una nueva evaluación efectuada por el ingeniero de la empresa A.I.M. Ltda., se
recomendó reemplazar dicha obra por la impermeabilización del tanque para evitar
filtraciones y el adecuado manejo del rebose –obras que ya fueron construidas–.
Adicionalmente, señala que, se construyeron varias cajas de inspección y una
estructura de disipación para la conducción adecuada del rebose del tanque sobre
el drenaje natural. Asimismo, indica que la finca cambió la totalidad de la manguera
del acueducto; en virtud de lo anterior, el Municipio de Medellín considera que la
finca Huasipungo realizó todas las actividades establecidas en el plan de acción, de
acuerdo con los lineamientos del estudio de la empresa AIM Ltda. y de la
Subdirección de Planeación Territorial del municipio175.
174 Folios 166 a 168 Cuaderno núm. 1, 1885 y 1886 Cuaderno núm. 4
175 Folio 1541 Cuaderno Núm. 4, 381 Cuaderno de Medidas Cautelares
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
238. Copia del Informe de las actividades administrativas adelantadas por
CORANTIOQUIA con fecha 13 de febrero de 2012, sobre las actividades
desarrolladas de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Acción para La
Palmera y los predios aledaños para mitigar la problemática de inestabilidad del
terreno, entre las que se encuentran:
✓ “[…] Finca La Colina: sociedad Ocampo & Piedrahita y Cía. S.C.A en liquidación
señor FERNANDO PIEDRAHITA VÉLEZ, se requirió mediante el Acto
Administrativo Nº 130AN 1107-19872 del 14 de julio de 2011 notificado el 25 de
julio de 2011, se le realizaron 2 visitas de control y seguimiento los días 15 de
septiembre y 30 de noviembre de 2011 las cuales generaron los Informes
Técnicos Nº 130AN- 1110-19839 y 1112-20838 del 07 de octubre y 14 de
diciembre de 2011 respectivamente, también reposa trámite administrativo
tendiente a obtener permiso de ocupación del cauce y de obtención de
concesión de aguas.
Así mismo, la sociedad propietaria del inmueble indicó mediante escritos del 17
de agosto de 2011 que dicho inmueble no requería permisos de vertimientos
dado que las aguas residuales son descargadas a la red de alcantarillado de
EPM, estando de acuerdo con las demás exigencias; y del 20 de diciembre de
2011 las medidas de mitigación adelantadas, los estudios contratados y las
actividades que se pretende adelantar de manera conjunta con el predio La
Palmera.
Concluye la entidad que los propietarios del inmueble han cumplido en
cierta medida con las exigencias, afirmando que se tiene programada una
visita para el 14 de febrero de 2012 en compañía de los propietarios del inmueble
y asesores técnicos para determinar las obras a ejecutar en el predio La Colina
y la Finca La Palmera, proyectando un informe técnico para la primera semana
del mes de marzo de 2012.
✓ Finca Las Brisas: familia TORO GIRALDO, las actuaciones adelantadas a
dicha fecha eran el requerimiento de Corantioquia por medio del Acto
Administrativo Nº 130AN-1107-19874 del 14 de julio de 2011 notificado el 21 del
mismo mes y año, realizando una visita de control y seguimiento el día 15 de
septiembre de 2011 que generó el Informe Técnico Nº 130AN-1110-19841 del
07 de octubre de 2011; así mismo el predio cuenta con concesión de aguas
otorgadas por 10 años mediante la Resolución Nº 130An-1611 del 26 de junio
de 2003. Mediante escrito del 30 de septiembre de 2011 los propietarios de la
finca informan las obras ejecutadas y que se están adelantando.
Concluye la entidad que se procedería a realizar una evaluación técnica de la
información y diseños aportados por los propietarios del inmueble, además de
practicarse visitas de control y seguimiento, informe que se estaría proyectando
a finales del mes de marzo del año 2012.
✓ Urbanización La Palmera: señor DARIO MORA LONDOÑO administrador, las
actuaciones adelantadas a dicha fecha han sido la visita técnica del 07 de junio
de 2011 que generó el Informe Técnico Nº 1106-18539 del 22 de junio de 2011,
posteriormente se requirió al conjunto residencial mediante el Acto
Administrativo Nº 130AN- 110719870 del 14 de julio de 2011, se hicieron 2 visitas
de control y seguimientos los días 15 de septiembre y 30 de noviembre de 2011
para corroborar que se estuvieran realizando las actividades dispuestas para el
predio generando los informes Técnicos Nº 130AN-1110-19842 del 07 de
octubre de 2011 y 1112-20837 y 1112-20820 del 14 de diciembre de 2011,
posteriormente se requirió nuevamente a la urbanización mediante el Acto
Administrativo Nº AN-1201-21349 del 19 de enero de 2012, para que
construyera las obras de captación, instalara flotadores, implementara micro
medidores, atendiera las obligaciones inherentes a la concesión de aguas y
presentara el certificado de operador del sistema de alcantarillado; así mismo el
predio cuenta con una concesión de aguas en la cota 2030 msnm otorgado
mediante la Resolución Nº 130AN-8954 del 26 de marzo de 2009 para derivar
de la Quebrada Aguas Vivas para uso agrícola y doméstico.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Concluye la entidad como actuaciones a seguir que se dará inicio al trámite
sancionatorio en contra de la propiedad horizontal por la existencia de una obra
que ocupa el cauce de la Quebrada La Vicenza con canal escalonado en
concreto sin el respectivo permiso de ocupación del cauce que estableciera que
los diseños de obra no generan impacto negativo sobre la dinámica natural de
la corriente de agua, acto que se expedirá en el mes de febrero de 2012 y
respecto del requerimiento del 19 de enero de 2012 que no se ha podido notificar
se ordenará la notificación por edicto y posterior a ello se practicará una visita
de control y seguimiento en el mes de abril del año 2012.
✓ Predio Assisi: señor EDUARDO SANTAMARÍA VILLA, se han adelantado las
actuaciones relativas a un requerimiento mediante el Acto Administrativo Nº
130AN-1107-19873 del 14 de julio de 2011 y se realizaron 2 visitas de control y
seguimiento los días 15 de septiembre y 30 de noviembre de 2011, las cuales
generaron los Informes Técnicos Nº 130AN-1110-19840 del 07 de octubre de
2011 y 1112-20840 del 14 de diciembre de 2011, así mismo mediante el Acto
Administrativo Nº 130AN-16819 del 11 de noviembre de 2010 se habría
ordenado una indagación preliminar por las afectaciones ambientales producto
de la disposición de escombros y material vegetal.
Concluye la entidad que las acciones a seguir sería el inicio del trámite
sancionatorio contra el propietario del predio por omitir la obtención de
permisos ambientales para uso y aprovechamiento de recursos naturales
renovables, para lo cual se impondrá una medida preventiva de suspensión
de la disposición de ese material al interior del inmueble, acto que se
expediría en el mes de febrero de 2012.
✓ New School: como actuaciones se adelantó el requerimiento al representante
legal de la institución educativa mediante el Acto Administrativo Nº 130AN-1107-
19875 del 14 de julio de 2011 para la restitución del cauce y se realizó una visita
de control y seguimiento el día 30 de noviembre de 2011 que generó el Informe
Técnico Nº 1201- 21216 del 24 de enero de 2012 el cual indica que se hicieron
algunas obras de intervención en la zona para restituir las aguas. Considera la
entidad que la actividad a seguir es el inicio del proceso sancionatorio
aproximadamente en el mes de febrero de 2012 por trasvase y desviación de
fuente de agua, ejecución de obras que ocupan el cauce de fuentes de agua sin
permiso de ocupación de cauce.
✓ Predio Aguas Vivas: señor Jorge Elías Márquez, las actividades que ha
desarrollado la entidad obedecen al requerimiento efectuado mediante el Acto
Administrativo Nº 130AN-1107-19871 del 14 de julio de 2011 para los tramites
de legalización, para lo cual se efectuó una visita de control y seguimiento el día
15 de septiembre de 2011, que generó el Informe Técnico Nº 130AN-1110-
19843 del 07 de octubre de 2011 donde se establecieron las condiciones de uso
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables al interior del inmueble.
Afirma la entidad que la actuación a seguir sería el inicio del proceso
sancionatorio en el mes de febrero de 2012 y volver a notificar el acto
administrativo de requerimiento del pasado 14 de julio de 2011.
✓ Lote “El Marrano”: indica la autoridad ambiental que se practicaría la visita de
inspección ocular el día 14 de febrero de 2012 y posteriormente se realizaría el
informe técnico en el mes de marzo del mismo año para determinar las
actividades a realizar. […]”176
239. Copia del Oficio de 13 de enero de 2014, de la Procuraduría Primera Agraria
y Ambiental de Antioquia, según el cual, informa que remitió seis (6) requerimientos
a algunos propietarios de las Fincas del sector para que informaran el cumplimiento
del plan de acción. De un lado, resaltó que, Inversiones Huasipungo dio cabal
cumplimiento de los requerimientos, ejecutó las obras encomendadas, para lo cual,
contrató a la firma Estructuras Ambientales para la construcción de un filtro francés
176 Folios 1166 a 1170 Cuaderno núm. 3
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
y drenajes horizontales. Y, del otro, indicó que el señor Fernando Piedrahita Vélez
ha venido realizando algunas actividades como el control y manejo de aguas
superficiales y subsuperficiales –canales o zanjas para encauzar las aguas de
escorrentía con la construcción de jarillón en gavión y relleno del estanque–, limpieza de
la cuneta para el mantenimiento de las obras de drenaje, colocación de una tubería
de 36” como estructura hidráulica de mitigación para la quebrada La Escopetería;
contrató a la Empresa Cóncavas para la realización de los estudios para la
restitución de dicha quebrada, pero afirma que aún queda pendiente la
implementación de tales estudios, que determinaron la necesidad de remover los
rieles del antiguo ingreso a La Colina, que –a su turno– conllevó a solicitar permiso
para el acceso a dicho predio por La Calera –dado que, allí pasa un hilo de agua del
caño Los Ángeles y se necesita permiso de Corantioquia para la ocupación temporal del
cauce. Pese a la solicitud aún no ha sido otorgado el permiso –.
240. Informe de cumplimiento de 20 de enero de 2014, presentando por la
Sociedad Penca S.A, en el cual indica que construyó un filtro francés en espina de
pescado en la zona de empozamiento localizada en la finca La Palmera, de
propiedad del señor Fernando Piedrahita con su autorización; además, construyó
una caja de recolección de aguas que son captadas por el filtro y una tubería de
descarga de la caja anteriormente mencionada al caño de aguas lluvias que
atraviesa la urbanización “La Palmera”; advierte que la mayoría del agua que capta
el filtro procede de un tanque de fibra de almacenamiento ubicado en la finca La
Palmera, que no está instalado técnicamente.
240.1. Señala que los hechos generadores del movimiento en masa del sector
obedecen a problemas de aguas por tuberías con insuficiente capacidad, carencia
de obras para las aguas lluvias, inadecuado manejo de las aguas del rebose de
tanques de las fincas del sector y modificación del cauce natural; un mal tratamiento
de movimientos de tierras al construir el proyecto inmobiliario Arezzo con el corte
de grandes taludes, lo cual se evidencia en la vía aledaña al lote denominado “El
Marrano”, el vertimiento de las aguas de escorrentía y de aguas lluvias de la doble
calzada Las Palmas, y el depósito de escombros y materiales sobrantes de la finca
de propiedad de la Familia Santamaría, actividad que desarrollan desde el año
2000177.
Inspección Judicial
177 Folios 405 a 411 Cuaderno de Medidas Cautelares
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
241. Copia del acta de la audiencia pública de Inspección Judicial178 se
realizó el 17 de junio de 2013, por el perito Ingeniero Civil Gustavo Adolfo Zuleta
Salas.
242. En primer lugar, inspeccionó la urbanización “La Palmera” ubicada en la
Carrera 17 Núm. 2 sur-10 de Medellín. Puntualmente, indicó que la casa Núm. 117,
que limita con el lote del señor Fernando Piedrahita, presenta: un movimiento
continuo dirigido a la zona de drenaje; un resumidero de agua en la sala; el piso de
dicha área de la casa tiene tubificaciones (cavernas) llamadas aguas perdidas, que
generan el asentamiento. A su vez, indica que el parqueadero exterior de la casa
11 y la vía interna presentan fisuras y desniveles. Asimismo, refiere que en la casa
108 de propiedad de la señora Alba Luz Hoyos, coadyuvante de la presenta acción
popular, se evidencian grietas.
242.1. Advierte que una corriente de agua viva atraviesa la Urbanización, que es
catalogada como zona de drenaje del sector. Refiere que esta corriente pasa por el
costado de la casa 117.
242.2. En relación con la inspección a la finca Assisi, señala que se encuentra gran
cantidad de material vegetal “en arrumes”, dos vehículos chatarrizados, relleno de
escombros, ubicados en la pata del talud de la unidad residencial; además, que la
vivienda principal de la finca se derrumbó y es utilizada para el depósito de maderas.
Indica que resulta necesario un estudio de variación geomorfológica para verificar
la afectación del material en el drenaje de la zona.
242.3. Respecto de la finca La Colina contigua a la Finca Assisi, señala que la vía
se encuentra fisurada, de modo que no tiene acceso.
242.4. En cuanto a la inspección del Colegio New School, ubicado en la carrera 12
núm. 1 – sur 338 Medellín Kilómetro 10 vía Las Palmas, destaca que el predio no
es colindante a la urbanización “La Palmera” e indica que por este transitan dos
vertientes de agua, las quebradas La Volcana y La Marucha, que pasan por debajo
de la doble calzada de la vía Las Palmas, y continúan hasta el mirador. Afirma la
apoderada de la institución educativa que estas vertientes de aguas fueron
intervenidas en su cauce por la concesión de la doble calzada por disposición de la
178 Folios 1864 a 1867 Cuaderno Núm. 4
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
autoridad ambiental. El perito no allegó el informe correspondiente, en el término
otorgado.
Dictamen Pericial
243. Copia del Informe de Dictamen Pericial179 elaborado por el Ingeniero
Gustavo Adolfo Zuleta Salas, perito designado por el a quo, presentado el 9 de abril
de 2013, en el cual, se determinan las reparaciones necesarias en relación con los
daños causados en los inmuebles y la mitigación de los riesgos generados a los
recursos naturales renovables, la urbanización y sus vías de acceso. En el
documento solicita un plazo adicional para presentar el informe completo y
detallado.
243.1. Refiere que las viviendas de la urbanización “La Palmera” presentan daños
como fisuras y agrietamiento en paredes y pisos, y movimientos de tierras,
especialmente, las casas 102, 103, 114 y 117. Afirma que es evidente que se
presenta un movimiento del talud superior del costado oriental de la urbanización,
siendo mayor en las partes bajas, con agrietamientos altos en el terreno y en las
partes altas con fisuración de muros y pisos. Señala que dichos movimientos tienen
dirección hacia la vía de acceso principal, donde ocurre un desplazamiento y
escalonamiento de la calzada en forma transversal. Además, indica que en las vías
internas de la urbanización se presenta un “fisuramiento” de la carpeta asfáltica, que
pudo haber ocasionado el movimiento de la red de alcantarillado de aguas lluvias,
además del socavamiento subterráneo que se hace evidente en algunos sitios de
los jardines; todos estos movimientos a causa que la urbanización está construida
en una de las zonas históricamente más inestables del Valle de Aburrá, como es su
costado oriental, al ser un sitio de alta pendiente, además de la existencia de
grandes cantidades de aguas subterráneas, la construcción de edificaciones en el
sector que generan desplazamientos y asentamientos.
243.2. Advierte que la solución implica un trabajo conjunto interdisciplinario desde
la caracterización geológica y geomorfológica, así como el régimen hidrológico e
hidráulico y una seria de controles para conocer la magnitud del desplazamiento. Y,
realizar las reparaciones en cada una de las viviendas. Plantea que se requiere la
visita del SIMPAD para la evaluación del riesgo de la zona, realizar un sellamiento
179 Folios 57 a 74 del Cuaderno de Medidas Cautelares
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
de las grietas con material inerte y solicitar el seguimiento a los inclinómetros
instalados.
244. Después de varios requerimientos por parte del Despacho Ponente en el
trámite de la primera instancia dirigidos al perito para que allegara el informe
completo, el Ingeniero Gustavo Adolfo Zuleta Salas fue revelado mediante auto del
14 de enero de 2014180. No obstante, pese a la designación de otros auxiliares de
la justicia, no fue posible que se allegara el informe.
Pruebas sobre la vía “Las Palmas”
Informes de la Gobernación de Antioquia
245. Copia del Informe sobre el estudio geotécnico para el terraplén de la Calle
2.° sur, elaborado en marzo 2002, por el Ingeniero Frank de Greiff, a solicitud de la
sociedad Obranegra Ltda., según el cual, el alineamiento horizontal y vertical de la
Calle 2.° sur requiere de la construcción de un terraplén, en tanto deberán ser
removidos los suelos de la capa vegetal y mejorar el flujo de lodos en el tramo entre
abscisas 0+220 a 0+270181.
246. Copia del Oficio de 5 de abril de 2013 de la Unidad de Circulación del
Municipio de Medellín, mediante el cual, afirma que la Calle 2 Sur entre la loma del
Tesoro y la urbanización “La Palmera”, en la Carrera 17 núm. 2 Sur - 10, es una vía
de carácter público de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 769 de
2002 –Código Nacional de Tránsito– al ser catalogada por el Departamento
Administrativo de Planeación como una vía de jerarquía de servicio 182.
247. Copia del Informe de 5 de julio de 2013, relacionado con el sector de “La
Palmera”. Indica que, en el año 2009, la Gobernación recibió una carta del señor
Fernando Piedrahita Vélez, en calidad de propietario de la Finca La Colina y
copropietario de la Finca La Palmera, que advertía inminentes riesgos de desastre
en la parte alta del Poblado. En virtud de ello, la gerencia de concesiones del
Departamento de Antioquia –hoy gerencia de proyectos estratégicos– solicitó a la firma
INTEINSA la evaluación de la condiciones geológicas y geotécnicas de la
urbanización “La Palmera” y sectores vecinos, con el objeto de analizar la
180 Folios 353 a 356 Cuaderno Medidas Cautelares
181 Folios 2014 a 2022 Cuaderno Núm. 4
182 Folio 2762 Cuaderno núm. 6
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problemática y la posible influencia de la doble calzada de Las Palmas. Luego de
realizar el estudio (2009), el consultor concluyó lo siguiente:
“[…]
✓ Problemas complejos de estabilidad de la Urbanización La Palmera y hacia
La Hacienda desde antes de iniciarse la construcción de la doble calzada,
los materiales comprometidos corresponden a flujos de lodo y escombros
generando cauces deformados e inclinación de los árboles, las casas más
afectadas de la urbanización se encuentran localizadas hacia la frontera
sur, que lindan con un flujo de lodos en movimiento que arrastra los
materiales de la colina sobre la cual se localizan las casas, se está
presentando el fenómeno de reptación que genera el hundimiento de la vía
de acceso a la urbanización y la rotura de las conexiones de los servicios
públicos, con el lleno de material sobrante. Advierte que en la zona se está
presentando un agresivo cambio de uso de suelo de forma que los sectores de
bosque y pasto están siendo urbanizados, con cortes y movimientos de tierras
importantes que contribuye a la inestabilidad del sector.
✓ Indica que la construcción de la doble calzada Las Palmas no generó
nuevos descoles a los ya existentes, la vía misma no produce aguas, en
tanto el mal manejo de aguas de escorrentía debió ser analizado por los
constructores para implementar medidas globales y no puntuales como
ocurrió, dado que cada urbanización realizó obras parciales trasladándose
el problema a los demás predios vecinos […]”.183
248. Además, indica que la Gobernación, en la mesa de trabajo con la
Procuraduría Primera Agraria y Ambiental, se comprometió a la construcción de una
obra de descole de la obra de drenaje de la vía Las Palmas y a la reparación del
canal de descole en la Quebrada La Volcana 2.
Resoluciones
249. Expediente de la licencia ambiental para la construcción de la obra vial doble
calzada – vía Las Palmas.
249.1. La Resolución núm. 6849 de 8 de marzo de 2004, expedida por
CORANTIOQUIA, dio inicio al trámite solicitado por la Concesión Túnel Aburrá–
Oriente S.A.
249.2. La Resolución núm. 6918 de 21 de abril de 2004 le otorga la licencia
ambiental a la Concesión Túnel Aburrá – Oriente S.A. para construir la doble
calzada – Los Balsos – Alto de las Palmas en el tramo comprendido entre el
kilómetro 10.8 y 17.3 de la denominada vía Las Palmas en jurisdicción de los
municipios de Medellín y Envigado, por el término de 2 años. Además, le autoriza la
concesión de aguas, el permiso de aprovechamiento forestal por el mismo tiempo.
183 Folios 2056 a 2077 Cuaderno Núm. 5
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Además, le autoriza la construcción de las obras hidráulicas necesarias sobre los
drenajes existentes en los cruces de la vía de acuerdo a los diseños presentados y
le impone algunas obligaciones.
249.3. La Resolución núm. 3315 de 7 de abril 2006, expedida por CORANTIOQUIA,
modifica la licencia ambiental otorgada en lo referente a las medidas del Plan de
Manejo Ambiental en aspectos correspondientes a la construcción de cuencas
perimetrales, manejo de bolsas de cemento y el empleo de baterías sanitarias
portátiles, técnica y ambientalmente viables; y prorroga la licencia para el proyecto
vial hasta septiembre de 2006.
249.4. La Resolución núm. 3324 de 24 de abril de 2006, expedida por
CORANTIOQUIA, por medio de la cual se modifica, nuevamente, la licencia
ambiental otorgada en el sentido de excluir la concesión de aguas de unas fuentes
hídricas.
249.5. La Resolución núm. 3780 de 20 de noviembre de 2006, por medio de la cual,
se modifica la licencia ambiental del proyecto vial doble calzada Las Palmas, que
da cuenta del avance del proyecto y amplía el plazo de la licencia hasta septiembre
de 2007 para realizar labores de mantenimiento, repoblamiento vegetal y
revegetalización de taludes.
249.6. La Resolución núm. 3781 de 20 de noviembre de 2006, por la cual, se otorga
el permiso de ocupación del cauce de la Quebrada La Cuenca, autoriza la tala de
95 árboles y define otras obligaciones.
249.7. La Resolución núm. 4004 de 15 de mayo de 2007, por la cual se modifica de
nuevo la licencia ambiental, se evalúa el cumplimiento de las medidas ambientales
en la construcción del proyecto doble calzada Los Balsos – alto de las Palmas, se
aclaran algunas situaciones y se requiere a la concesión para la presentación de
estudios y acciones de mantenimiento de taludes y manejo de aguas.
249.8. Las Resoluciones núm. 3873 de 22 de febrero de 2007 y 4629 de 12 de junio
de 2008, por las cuales se modifica la licencia ambiental. Se autoriza la tala de un
árbol y se otorga el permiso de ocupación del cauce sobre la quebrada La Poblada,
aguas abajo de la cobertura existente en el sector, donde se construyó el viaducto
3 de la ampliación de la vía las Palmas.
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249.9. La Resolución núm. 1208- 6995 de 27 de agosto de 2012, mediante la cual
se da por terminado el trámite de la licencia ambiental del proyecto de construcción
de la doble calzada184.
250. De conformidad con lo anterior, la Sala pasará a analizar cada uno de los
planteamientos expuestos en los recursos de apelación.
Sobre la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
251. La Sala analizará si en este caso existe una amenaza o vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; a la defensa del patrimonio público y a la seguridad y salubridad
públicas, establecidos en los literales “a”, “c”, “e” y “g” del artículo 4.° de la Ley 472
de 1998.
252. Al respecto, es importante reiterar185 que la declaratoria de amenaza o
vulneración exige la demostración de su carácter real, inminente y concreto.
253. En el “Estudio Geotécnico e Hidrológico de la parte alta de ‘El Poblado’,
localizada entre los barrios Los Naranjos y la vereda Las Palmas de Medellín”,
elaborado en el año 2010, se analizó un área aproximada de 0,65 km2, localizada
sobre la ladera sur-oriental del Valle de Aburrá, en la parte media de la vertiente por
debajo del borde exterior de la Doble Calzada Las Palmas, […] sobre el límite rural
de la comuna 14, El Poblado […]”. El informe señala que el “[…] principal rasgo
tectónico que afecta la zona del valle es el sistema de fallas Cauca – Romeral […]”.
Refiere que en la zona objeto de estudio se identificaron procesos morfodinámicos
diferenciados en dos categorías: procesos de remoción en masa y proceso erosivos.
Al respecto, indicó que los procesos de remoción en masa se clasifican como:
deslizamientos y reptación o creep. Puntualmente, describe que los deslizamientos
ocurren por tres razones: i) modificación de la geometría de la ladera debido a
procesos de erosión; ii) aumento de la saturación de los materiales debido al
184 Folios 2274 a 2348 Cuaderno Núm. 5
185 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P.
William Hernández Gómez, radicación número: 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). Jurisprudencia reiterada
por la Sección Primera, en sentencia de 25 de noviembre de 2019, radicación número: 66001-23-33-000-2014-
00322-01(AP), C.P. Oswaldo Giraldo López y en la sentencia de 22 de febrero de 2024, radicación número:
050012333000201301310-03(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
patrones de drenaje anómalos, por vertimiento de aguas en zonas de baja
pendiente, o por desviación de cauces; y iii) por la deficiente calidad geotécnica de
los materiales que conforman la ladera. A su vez, indica que “[…] [e]n la zona de
estudio se identificaron proceso de erosión lateral de orillas y procesos de tipo
cárcava […]”. La erosión en cárcava se asoció “[…] a los vertimientos concentrados
sobre la ladera inferior de una obra de drenaje de la Doble Calzada y al alto aporte
de aguas sub-superficiales que surgen del terreno sobre el borde externo de la vía
[…]”.
Sobre la urbanización “La Palmera”
254. La Curaduría Urbana Segunda del Municipio de Medellín autorizó la
construcción del proyecto urbanización “La Palmera” conformado por 17 viviendas
de tipo unifamiliar, ubicado en la Calle 2.° Sur núm. 17 - 10, en El Poblado de
Medellín, mediante la Resolución núm. C2 1130/2001, a Fernando Piedrahita Vélez.
255. El proyecto urbanístico se desarrolló en el lote denominado núm. 2,
correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria núm. 001-825009, que tiene un
área superficiaria aproximada de (34.500 mt2), cuyos linderos son: “Por el norte,
desde el punto 1 hasta el punto 2, en línea curva, en una longitud aproximada de
ochenta y tres (83) metros, con predio conocido como La Colina; Por el
nororiente, desde el punto 2 hasta el punto 3, en línea recta, en una longitud
aproximada de ciento cinco (105) metros, con predio conocido como La Colina;
desde el punto 3 hasta el punto 4, en línea curva, girando hacia el oriente, en una
longitud aproximada de ochenta y dos (82) metros con el predio conocido como
La Palmera; Por el oriente, desde el punto 4 hasta el punto 5, en línea recta, en
una longitud aproximada de cincuenta (50) metros, con el predio conocido como
La Palmera; Por el sur, desde el punto 5 hasta el punto 6, en línea recta, y del punto
6 al punto 7, girando hacia el occidente, en una longitud aproximada de doscientos
sesenta (260) metros, con el predio conocido como Finca Aguas Vivas; y por el
occidente, desde el punto 7 hasta el punto 1, punto de partida, en línea curva,
girando hacia el norte, en una longitud aproximada de ciento ochenta y siete (187)
metros con predio conocido como lote etapa # 4.
256. El lote núm. 2 fue transferido –a título de venta– por la sociedad León
Piedrahita y CIA S. en C. -en liquidación-, Fernando Piedrahita Vélez y la sociedad
J.E. Piedrahita V. y Asociados a la sociedad PENCA S.A.
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257. Desde el año 2001 se conoció que los procesos morfogenéticos y áreas de
inestabilidad manifiesta o potencial podían “comprometer las obras del proyecto
urbanístico La Palmera”. Lo anterior, toda vez que, según el “Informe de Geología
de los predios de las fincas La Palmera y La Colina sector El Tesoro – Medellín”186,
en la zona donde se construiría la primera etapa de la urbanización “La Palmera”,
aunque no presentaba procesos críticos, ni extensas zonas con problemas de
estabilidad, sí tenía “[…] suelos mal drenados, arcillosos y gran cantidad de aguas
de escorrentía indebidamente encauzadas […]”, que resultaba necesario tener en
cuenta al momento de realizar la obra.
258. Este informe recomendó para futuros proyectos, realizar: un control de las
aguas superficiales, un monitoreo topográfico y exploraciones del subsuelo, dada
las características de los predios de la finca “La Palmera” y “La Colina”, inmuebles
en los que se habían identificado procesos de: i) terracetas, ii) erosivos, iii) de
empozamiento y iv) movimientos en masa.
259. De igual modo, el “Estudio Geotécnico preliminar en los terrenos de la finca
La Palmera sector El Tesoro – Poblado”, elaborado en julio de 2001, determinó que
el terreno de la finca “La Palmera”, presentaba procesos de deformación e
inestabilidad, existencia de zonas de aguas freáticas y de escorrentía, por lo
general, en sitios de quiebre de pendiente. Por lo que recomendó que, en las áreas
empozadas, que presentan un deficiente drenaje debía construirse un sistema de
filtros e indicó que los escarpes de los antiguos deslizamientos afectaban los lotes
1, 2, 13 y 14, razón por la que “[…] el terraceo para la construcción de las viviendas
respectivas [debía] ejecutarse en tal forma que se [lograra] la estabilización de los
lotes […]”, así “[…] los terraceos [debían] contemplar alineamientos, orientaciones
y pendientes tales que no [generaran] grandes cortes […]”, además que “[…] no
[debían] ejecutarse llenos compactados que [quedarán] desconfinados ni con
espesores mayores de 1.5 m, [tampoco] […] taponando el libre drenaje sin que se
construyan mantos de filtro sobre el terreno previamente descapotado […]”. En
tanto, tales sitios requerían un diseño especial de filtros antes de la ejecución de los
terraplenes compactados.
260. Asimismo, el “Informe sobre el estudio geotécnico en el lote en el que se
desarrollará el proyecto urbanización “La Palmera”, elaborado en mayo de 2002,
186 Elaborado en junio de 2001.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
definió recomendaciones respecto de los materiales que debían utilizarse y sobre
las cimentaciones para la construcción de las casas y de la vía correspondiente a la
Calle 2.° sur.
261. Aunque los informes tercero, cuarto y quinto de la interventoría ambiental de
la obra “La Palmera” presentados por la sociedad León Piedrahita y Cia S., los días
11 de diciembre de 2002, 3 de abril y 13 de agosto de 2003, concluyen que la obra
se desarrolló en cumplimiento de “[…] las medidas de mitigación, prevención y
control establecidas en la resolución ambiental […]”, la Sala evidencia que, contrario
a ello, el “Estudio Geotécnico e Hidrológico de la parte alta de ‘El Poblado’,
localizada entre los barrios Los Naranjos y la vereda Las Palmas de Medellín”
elaborado por la Sociedad A.I.M. Ltda. Ingenieros Civiles, en el año 2010, señala en
relación con la urbanización “La Palmera” que, desde su construcción, la
Urbanización ha presentado problemas de inestabilidad, principalmente, en los lotes
1, 2, 3, 13, 15 y 17, que se relacionan con “[…] fenómenos de inestabilidad tipo
reptación en los sectores de las vías de acceso a la finca La Colina y Aguas Vivas
evidenciados por asentamientos y desplazamientos, de las estructuras y lotes
mencionados, de variable magnitud acelerados durante periodos invernales
intensos […]”. Además, subraya que “[…] de acuerdo a los resultados de estudios
ejecutados por las firmas Tecnisuelos Ltda. 2008 y Gica Ltda. 2008, los fenómenos
de inestabilidad se vieron acrecentados debido a la evidente saturación de los
estratos superficiales y falencias en la elección y/o construcción del sistema de
cimentación […]”. Pese a ello, concluyó que al momento de la elaboración del
estudio “[…] se observa un comportamiento aceptable de las viviendas afectadas y
la urbanización en general, sin embargo, ante los antecedentes de inestabilidad se
recomienda ejercer un monitoreo detallado permanente […]”.
262. Asimismo, destacó que el artículo 399 del Plan de Ordenamiento Territorial
de Medellín, vigente al momento de la elaboración del estudio, clasificaba esta zona
en los usos del suelo como de uso forestal protector productor.
263. Adicionalmente, concluyó que “[…] en la zona de estudio se encuentran
algunas unidades residenciales de entre 1 y 2 niveles de altura. Estas casas han
presentado diversas complicaciones, muchas de ellas debido al manejo de las
aguas a nivel global en la zona, al no prever sistemas de contención antes de
la construcción de las viviendas, no cumplir con los requisitos del código de
construcción y diseño sismo-resistente y/o no cimentar correctamente las
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edificaciones bajo los requisitos de la normatividad vigente y las recomendaciones
dadas en los estudios de suelos […].
264. Igualmente, destacó que en la zona objeto de estudio, las microcuencas
tienen una baja densidad de drenaje, que es indicativo en el predominio del flujo en
la ladera y confirma la tendencia del suelo a la impermeabilidad; lo cual, implica que
ante un aguacero intenso la velocidad de flujo tiene gran capacidad de erosión de
la ladera y produce arrastre de material vegetal formando deslizamientos.
265. De la misma forma, al analizar el manejo de las fuentes hídricas en el sector,
precisó que “[…] [e]n la Quebrada La Escopetería se observan procesos de
desestabilización del cauce aparentemente por efecto de deslizamientos anteriores,
que taponaron el cauce principal, actualmente la corriente divaga sin cauce
definidos en los predios de la Finca La Colina, saturando desordenadamente
la vertiente, además el descole de una de las obras de cruce de un afluente de
la quebrada sobre la vía las Palmas está generando una cárcava remontante por
efecto de la alta velocidad a la salida de la obra, indicativa de la deficiencia de la
sección hidráulica, de su alta pendiente y de la necesidad de una obra de disipación
aguas abajo […] la Quebrada La Volcana es una de las corrientes más intervenidas
de la zona observándose particiones del cauce producto de intervenciones
antrópicas, hay obras hidráulicas que han sufrido deterioro y en principio no se
consideran seguras para conducir el caudal en creciente porque se encuentran
fisuradas, existiendo tramos en los que los cauces intervenidos discurren sobre la
ladera, lo que ha generado flujos sin control, zona de recarga de humedad y puede
potenciar erosión y deslizamientos […] [e]l caño Aguas Vivas ha sido fuertemente
intervenido para captaciones y tanques de almacenamiento, sin especificaciones
técnicas, observándose infiltraciones y deslizamientos del terreno en la parte baja
[…] la Acequia Las Brisas se ha utilizado para abastecer acueductos, fuentes de
agua, piscinas, en general la mayoría de estas estructuras se encuentran en mal
estado sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas y generando procesos
erosivos, deslizamientos y asentamientos en las vías por efecto de infiltración […].
Los problemas de desestabilización no están asociados a las obras de drenaje
de la vía Las Palmas salvo algunos casos específicos que deben ser corregidos,
pero a los que no puede atribuirse la desestabilización de la ladera, esta debido a
los efectos de la intervención antrópica sobre la ladera en zonas de recarga,
corrientes sin cauce, zonas húmedas en la ladera sin control, erosión y arrastre de
sedimentos hacia agua abajo […]. La disposición inadecuada de aguas de
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escorrentía superficial directamente a la ladera, en la zona del colegio ‘The New
School’, sin ningún cauce definido genera saturación excesiva de los materiales y
por ende un incremento en la velocidad de deformación de los procesos de
inestabilidad tipo […]”.
266. En relación con las fuentes hídricas, este informe da cuenta de una
importante conclusión, que “[…] las corrientes en la zona de estudio se encuentran
altamente intervenidas con procesos antrópicos que han alterado los cauces, con
obras hidráulicas en materiales poco adecuados o que ya han cumplido su vida útil.
En general existen captaciones para acueductos y tanques de almacenamiento que
no cumplen con las especificaciones técnicas. Se han dado desviaciones sin ningún
tipo de control en las entregas ni en las estructuras de conducción […]”, cuyos
efectos se manifiestan en “[…] corrientes que divagan sin cauce, zonas húmedas
en la ladera sin ningún tipo de control que finalmente generan deslizamientos,
erosión y arrastre de sedimentos hacia aguas abajo […]”.
267. De conformidad con los informes técnicos elaborados por CORANTIOQUIA
y en consideración a los actos administrativos expedidos por dicha autoridad
ambiental, se evidencia que el predio Assisi, las fincas “La Colina”, “Aguas Vivas”,
“Las Brisas”, “La Palmera”, el colegio New School y la urbanización “La Palmera”
han sido requeridos por el uso indebido de las fuentes de agua que transitan y/o
que son aprovechadas para su consumo, las cuales se denominan: La Escopetería,
La Escopetería 1, La Marucha, La Volcana y La Vicenza.
268. De acuerdo con lo probado en el proceso, mediante la inspección judicial, el
dictamen pericial, los informes y estudios técnicos, así como otros medios de
prueba, referenciados supra, se evidencia que, una corriente de agua atraviesa la
urbanización “La Palmera”. También, que algunas casas de la urbanización
presentan daños como fisuras y agrietamiento en paredes y pisos. Además, se
conoce que los movimientos de tierra afectan la vía de acceso principal y que las
vías internas de la urbanización presentan fisuras.
268.1. Igualmente, se encuentra probado que la vía de acceso a la finca La Colina
se encuentra fisurada. Y, que las quebradas La Cuenca y La Poblada fueron
intervenidas por la concesión de la doble calzada Los Balsos – Alto de las Palmas,
sin que las obras realizadas generaran “nuevos descoles a los ya existentes”.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
Sobre la connotación colectiva -en el caso concreto-
269. En este caso, la Sala encuentra probada la afectación ambiental por cuenta
de propietarios de predios ubicados en el sector “El Tesoro” de El Poblado de
Medellín.
270. La Sala, en oportunidades anteriores, le ha impuesto órdenes a particulares
como partícipes del riesgo; así, en sentencia de 14 de marzo de 2024187, la Sala
consideró que188, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado, el juez popular tiene la obligación de verificar si el derecho
en debate es indivisible o transindividual, para determinar si es procedente el medio
de control ejercido.
271. A su vez, reiteró que esta Sección, desde la sentencia de 18 de marzo de
2010, ha venido señalando que “no deben confundirse los derechos colectivos con
los individuales comunes a un grupo de personas determinadas o determinables.
La distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la
posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o
inmateriales involucrados en la relación jurídica”189.
272. A partir de esto, la sentencia de 14 de marzo de 2024, indicó que “[…] el juez
de la acción popular conoce los litigios que sobrepasan los intereses personales de
los ciudadanos en concreto, circunstancia que se evidencia de forma inmediata
cuando se trata de la defensa de los derechos relacionados con la conservación y
desarrollo sostenible del entorno natural […]”.
187 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, exp. 19001-23-33-000-2018-
00336-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, actor: Campanario Centro Comercial.
188 Resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor Norbey Martín Muñoz Orozco contra la sentencia
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual, amparó el derecho
colectivo al goce de un ambiente sano, transgredido por la intervención, la alteración y la contaminación del flujo
natural de la quebrada Machángara que discurre por la ciudad de Popayán.
El Tribunal observó que el señor Norbey Martín Muñoz Orozco, propietario y administrador del lote que colinda
con la quebrada Machángara, a finales del año 2017 y comienzos del año 2018, canalizó, desvió y taponó el
flujo de las aguas de dicho cuerpo de agua, con una tubería que enterró en el punto en donde el Centro
Comercial Campanario vierte sus aguas lluvias. Esa tubería se extiende por aproximadamente 110 metros,
invade el predio vecino de la Caja de Compensación Familiar del Cauca (Comfacauca) y desemboca
posteriormente en el cauce natural de la misma quebrada.
Agregó que el señor Norbey Martín Muñoz Orozco, además de taponar el cauce natural de la quebrada con
esterillas y otros elementos, realizó trabajos de movimiento de tierras y aplanamiento.
Para resolver este asunto, la Sala abordó como un primer eje temático, si la problemática que se planteaba en
este caso tenía o no connotación colectiva, en tanto, según el apelante, el Campanario Centro Comercial ha
generado su propio riesgo y lo que persigue es “[…] la protección de unos derechos netamente privados y no
ambientales […]”.
189 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María
Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010), radicación núm. 44001-23-
31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
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Núm. único de radicación: 050012331000201200500-01
273. Para abordar el estudio particular, resulta importante señalar que el artículo
1.° del Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente
-CRN190- dispuso que “[…] [e]l ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad
pública e interés social […]”.
274. La Constitución Política categorizó el goce de un ambiente sano como un
derecho de naturaleza colectiva y, en esa medida, insistió en que el Estado y los
particulares deben protegerlo y conservarlo mediante acciones de educación,
prevención de su deterioro y planificación para su aprovechamiento sostenible191.
275. Posteriormente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 192 destacó que la
biodiversidad del país es “patrimonio nacional” e “interés de la humanidad”, motivo
por el cual debe ser “protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible”.
276. De conformidad con esa concepción pública del medio ambiente, el artículo
42 ibidem definió su dominio en los siguientes términos:
“[…] Artículo 42.- Pertenecen a la nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código
que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales
sobre baldíos […]”. (Negrilla fuera del texto).
277. De esta forma, las aguas, la tierra, el suelo y el subsuelo y la flora193, entre
otros recursos naturales, pertenecen a la Nación y son objeto de regulación
conforme a los objetivos del régimen ambiental194.
190 Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974.
191 Título II, capítulo 3, artículos 79 y 80.
192 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1, numeral 2.°.
193 Artículo 3.
194 “Artículo 2.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario
para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:
1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre
y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de
la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional;
2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los
demás recursos;
3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del
ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y del ambiente”.
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278. La normativa enunciada estableció, en primer lugar, que las aguas
superficiales, incluso las provenientes de lluvias naturales o artificiales195, que
“escurren por cauces naturales o artificiales”196 de manera continua o intermitente,
son de dominio público, inalienables e imprescriptibles197.
279. En segundo término, el Código Nacional de Recursos Naturales y de
Protección al Medio Ambiente prevé que toda persona tiene derecho a utilizar las
aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, siempre
que con ello no cause perjuicios a terceros ni se deteriore el cauce o las márgenes
de la corriente, ni se altere o se contaminen sus aguas198.
280. De esta forma, esta controversia, al tener una connotación ambiental, es
susceptible de análisis a través de la acción popular.199. Sobre el particular, la
sentencia de 26 de mayo de 2023200, consideró que los efectos de una amenaza de
origen personal pueden tornarse en colectivos cuando el riesgo deja de afectar a
determinado individuo, y se traslada por diversos factores a la comunidad en
general. Por ello, la autoridad judicial debe evaluar en cada caso el material
probatorio a efectos de identificar cuáles riesgos individuales incrementaron el nivel
de vulnerabilidad de la comunidad201.
281. Aunado a ello, la Ley 99 de 1993 estableció que uno de los principios que
rigen la política ambiental colombiana es el relativo a “la prevención de desastres”,
el cual, en el marco del Sistema Nacional Ambiental (SINA), es “materia de interés
colectivo” y, en consecuencia, “las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos
de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”202.
282. Además, es oportuno recordar que el Estado es responsable de velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
195 Artículo 77.
196 Artículo 78.
197 Artículo 80.
198 Artículo 86.
199 Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, 13 de diciembre de 2023, radicación
núm. 660012333000202300026-01, actor: Central Mayorista de Alimentos – MERCASA PH.
200 Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación: 17001-23-
33-000-2021-00195-01, demandantes: Efraín Cardona Castaño, Jhon Efraín Cardona Peláez, Diego
Armando Cardona Peláez y Margarita Peláez Marín
201 Radicación: 17001-23-33-000-2017-00321-01, demandantes: Aurelio Restrepo Velásquez y Julián
Restrepo Velásquez, demandados: Municipio de Manizales – Caldas, Departamento de Caldas y Corporación
Autónoma Regional de Caldas.
202 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. Artículo 1, numeral 9.
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conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Política, en el artículo 5
de la Ley 9ª de 1989 y en el artículo 1° del Decreto 1504 de agosto 4 de 1998 .
283. El artículo 5 de la Ley 9ª definió el espacio público como el “[…] conjunto de
(…) elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados
por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los
habitantes […]”. E incluyó en ese concepto “[…] las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las (…) fuentes de agua, (…) y similares, las necesarias (…)
para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del
entorno de la ciudad […]”.
284. La Sala en sentencia de 14 de marzo de 2024, referida anteriormente,
consideró que “[…] excepcionalmente la propiedad privada, por motivos de interés
general, puede tener una afectación al dominio público. En estos casos, el dueño
del bien no puede impedir su uso a otras personas. Eso significa que existen unos
bienes privados que están destinados a la satisfacción de necesidades colectivas,
bien sea por su naturaleza o uso […]”.
285. Respecto de la forma de acreditar la destinación al uso público, la Sala de
Consulta y Servicio Civil en el concepto de 18 de junio de 2014 indicó que dicha
prueba puede provenir de: (i) disposición legal; (ii) instrumentos de planeación como
el POT; (iii) acto administrativo de afectación del bien inmueble; (iv) inscripción en
el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente de la afectación y su vigencia,
cuando haya lugar a ello; (v) certificación debidamente motivada expedida por la
entidad en la que conste el uso específico que se le da al bien; o de (vi) otros
documentos o medios probatorios idóneos en los que se evidencie el uso público o
la destinación del bien a un uso o un servicio público.
“[…] [L]a Sala encuentra que el recurso hídrico es un ecosistema protegido, bien sea
que provenga de las lluvias, o constituya una corriente intermitente, acompañado de
un cauce natural o artificial. Ese tipo de cauces, sus márgenes y los recursos
naturales asociados son elementos o estructuras verdes urbanas que, al pertenecer
a la Nación y estar afectos al uso público, no deben ser intervenidos y mucho menos
ser alterados, deteriorados o contaminados. Deben ser aprovechados de manera
sostenible y sin ocasionar perjuicios a terceros.
Por ello, los predios privados que hacen parte de este ecosistema, por motivos de
interés general, en principio tienen una afectación al dominio público. Así, las
autoridades ambientales velarán por la preservación, mejoramiento, restauración,
conservación y uso racional, con el fin de garantizar la disponibilidad permanente de
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los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos203. El principio de función
ecológica y social de la propiedad, sin duda alguna, garantiza que sean exigibles
dichas obligaciones a los particulares […]”.
286. De acuerdo con lo señalado y de conformidad con lo probado en el proceso,
la Sala considera que, en efecto, existe una vulneración de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, entendido como “las interacciones y
relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno”; a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; a la
defensa del patrimonio público y a la seguridad y salubridad públicas, en tanto,
quedó demostrado que los propietarios aledaños a la urbanización “La Palmera” y
las sociedades encargadas de la construcción de este proyecto han incurrido en un
actuar irresponsable y negligente respecto del manejo de las fuentes hídricas de las
cuales se aprovechan.
Sobre las acciones ejercidas por parte de las entidades en el marco del Plan
de Acción y de conformidad con los actos administrativos expedidos por la
autoridad ambiental para mitigar la problemática de inestabilidad del terreno
en “La Palmera” y los predios aledaños
Acciones del Distrito
287. Según informe de 28 de noviembre de 2011 del Subdirector de Ordenamiento
Territorial del Departamento de Planeación de Medellín dirigido a la Procuraduría
Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, se conoce que: i) la Secretaría de Medio
Ambiente y la Secretaría de Obras Públicas han puesto su atención en la
problemática de movimientos en masa en sectores críticos, como: en la quebrada
La Escopetería y en el Mirador Panorámico del New School; ii) el Departamento de
Planeación informó a la Gerencia de Concesiones de la Gobernación de Antioquia,
la necesidad de atender de manera integrada y coordinada las obras de paso de
algunas corrientes y descoles de la vía Las Palmas; iii) en el mes de junio de 2011,
envió comunicaciones a los propietarios de los predios particulares y al
administrador de la urbanización “La Palmera” sobre la necesidad de ejecutar las
obras de mitigación planteadas en el plan de acción.
288. Además, de acuerdo con el informe de 28 de agosto de 2012, el Distrito
informó que la finca Huasipungo realizó todas las actividades establecidas en el plan
203 Código de Recursos Naturales, artículos 86, 132, 155, literal a), entre otros.
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de acción, atendiendo los lineamientos del estudio de la empresa AIM Ltda. y de la
Subdirección de Planeación Territorial.
Acciones de CORANTIOQUIA
289. En virtud del Informe de 13 de febrero de 2012, presentado por
CORANTIOQUIA se evidencia que la finca “La Colina” de propiedad de la sociedad
Ocampo & Piedrahita y Cía. S.C.A en liquidación, ha cumplido “en cierta medida”
con las exigencias del plan de acción. Respecto, de la finca “Las Brisas” de la familia
Toro Giraldo, la Corporación refirió la necesidad de realizar una evaluación técnica
de la información y de los diseños aportados por los propietarios del inmueble, así
como, ejercer el control y seguimiento. En relación con la urbanización “La Palmera”
indicó que daría inicio al “trámite sancionatorio en contra de la propiedad horizontal
por la existencia de una obra que ocupa el cauce de la Quebrada La Vicenza con
canal escalonado en concreto sin el respectivo permiso de ocupación del cauce”.
En lo referente al predio Assisi204, señaló que, de igual modo, daría inicio al trámite
sancionatorio en contra del propietario del predio por “omitir la obtención de
permisos ambientales para uso y aprovechamiento de recursos naturales
renovables” e impondría la suspensión respecto de la disposición de escombros en
el inmueble. En cuanto al predio “Aguas Vivas” afirmó que, también, le iniciaría el
proceso sancionatorio.
290. De conformidad con el Oficio de 13 de enero de 2014 allegado por la
Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia y de acuerdo con el informe
presentado por la Sociedad Penca S.A. el 20 de enero del mismo año, se encuentra
probado que: i) Inversiones Huasipungo cumplió sus compromisos acordados; ii) la
sociedad Penca S.A. construyó un filtro francés en espina de pescado en la zona
de empozamiento localizada en la finca “La Palmera”, así como una caja de
recolección de aguas y una tubería de descarga al caño de aguas lluvias que
atraviesa la urbanización; y iii) el señor Fernando Piedrahita Vélez ha venido
realizando algunas actividades como el control y manejo de aguas superficiales y
subsuperficiales –canales o zanjas para encauzar las aguas de escorrentía con la
construcción de jarillón en gavión y relleno del estanque–, limpieza de la cuneta para el
204 Contrario a lo señalado en este informe, se evidencia que la respuesta de 26 de abril de 2011, elaborada por
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá da cuenta que en virtud de una visita realizada al predio de la Calle
2.° Sur con carrera 17 – 121, de conformidad con una solicitud del 13 de abril de 2011, encontró que en el
inmueble se realiza la actividad de almacenamiento y transformación de residuos orgánicos, de material vegetal
proveniente de las talas y podas de las urbanizaciones. No existe depósito de escombros, ni mal manejo de
aguas.
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mantenimiento de las obras de drenaje, colocación de una tubería de 36” como
estructura hidráulica de mitigación para la quebrada La Escopetería; y contrató a la
Empresa Cóncavas para la realización de los estudios para la restitución de dicha
quebrada, pero al momento de la presentación del informe no había ejecutado las
recomendaciones de estos estudios.
291. Con posterioridad, la Corporación expidió la Resolución núm. 130AN-1405-
15092 de 28 de mayo de 2014, en virtud de la cual declaró que el señor Eduardo
Santamaría Villa no es responsable de la comisión de las infracciones ambientales,
y le levantó la medida preventiva impuesta el 17 de febrero de 2012, modificada el
2 de diciembre de 2013, en tanto argumentó que: i) la entidad no logró probar la
ocupación del cauce de la quebrada “La Escopetería”; ii) encontró que el predio
cuenta con dos sistemas de tratamiento para las aguas residuales domésticas; y iii)
consideró que la actividad desarrollada en el predio no era la de una escombrera.
292. La Sala considera oportuno señalar que, aunque se han venido adelantando
acciones importantes por parte de las entidades demandadas y vinculadas no se
puede entender superada la vulneración de los derechos e intereses
colectivos, en la medida que, a la fecha, no se conoce si las acciones ejercidas
constituyen una solución definitiva al problema de inestabilidad de suelos y
manejo de las fuentes hídricas en el sector objeto de estudio.
Sobre la responsabilidad por la vulneración de los derechos e intereses
colectivos
293. La responsabilidad del Distrito de Medellín encuentra sustento en las
competencias principalísimas que le asisten al Alcalde en materia de gestión del
riesgo, así como en aquellas competencias concurrentes en materia ambiental con
otras autoridades, como por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales; y es
que, como se indicó en el marco normativo y jurisprudencial sobre el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y siguientes, el principal responsable
de la gestión del riesgo en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde, porque estos, como jefes de la administración local, representan al
Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y conducen no solamente
el desarrollo local, sino que son responsables directos de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en su territorio, incluyendo el conocimiento y la
reducción del riesgo y el manejo de desastres.
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294. Asimismo, a los alcaldes y, en general, a la administración municipal, les
corresponde el deber de integrar en la planificación del desarrollo local aquellas
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres.
Se trata de una orden que se enmarca, como se explicó supra, en las competencias
previstas en las leyes 388 y 1523 y que se relacionan, entre otras, con la obligación
de mantener un inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones
de insalubridad, incorporando al ordenamiento territorial la norma relativa a la
prevención de amenazas y riesgos naturales; la localización de “[…] las áreas
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]” y adoptar medidas
para gestionar, controlar, mitigar y prevenir los riesgos.
295. Se resalta que, en los términos de los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523, sobre planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo
y estrategias de respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus
respectivos consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual
deberá estar armonizado con el plan y estrategia nacional, al tiempo que deberá
incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública, en la planificación del
desarrollo y en el ordenamiento territorial.
296. En ese orden y conforme con los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley
715 y de la Resolución 448, los alcaldes deben: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.
297. En el caso concreto, está probado que el Distrito de Medellín, mediante oficio
de 6 de febrero de 2012, definió dos puntos a intervenir debido a su ubicación: 1) la
finca “La Colina”, en relación con el levantamiento y alineamiento de la red hídrica
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de este sector, así como la revisión de la capacidad hidráulica de la obra de paso
sobre la quebrada La Escopetería 1. Y, 2) en la cárcava quebrada “La Escopetería”:
relacionadas con la recuperación e intervención de la cárcava y la definición de un
control de erosión con obras de bioingeniería, en el marco de contrato núm.
4600034648 de 2011 suscrito con el Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”.
298. Asimismo, que el Distrito realizó recorridos de evaluación y diagnóstico en la
zona afectada. Indicó, que en virtud de una visita realizada el 10 de mayo de 2013
a la urbanización “La Palmera”, las viviendas que presentan mayores problemas
son la 102, la 108 y la 117. En dicho oficio, recomendó continuar con el monitoreo
geotécnico que venía realizando con inclinómetros por el período de 4 meses más
–según el Oficio del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres –
DAGRD de Medellín, de 25 de junio de 2013-.
299. De las pruebas relacionadas, es dable considerar que el Distrito ha venido
emprendiendo acciones en materia de gestión del riesgo, pero no se conoce si ha
cumplido con su deber de identificar las zonas de riesgo no mitigable y las obras
tendientes para contrarrestar dicha situación.
300. Ahora, se desconoce que, aun cuando los municipios son los principales
responsables de la gestión del riesgo en su respectivo territorio, en los eventos en
que no estén en capacidad de asumir la respectiva competencia, en virtud de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, podrán solicitar
la concurrencia del respectivo departamento y de la Nación, con el objeto de
garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres. Se trata del mandato de
“Participación de Propósito General”205 que establece la existencia de
responsabilidades entre la Nación, los departamentos y los municipios, entre otros
sectores, en materia de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de
planificación multisectorial, que permita la materialización del principio de
coordinación.
301. De acuerdo, con lo anterior, está probado que el Departamento de Antioquia,
informó que, en la mesa de trabajo con la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental,
se comprometió a la construcción de una obra de descole de la obra de drenaje de
la vía Las Palmas y a la reparación del canal de descole en la quebrada La Volcana
2, las cuales ya ejecutó.
205 Artículos 73, 74 y 76 de la Ley 715.
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302. Además, la Sala encuentra que los problemas de inestabilidad en el sector o
de desestabilización de la ladera no están asociados a las obras de drenaje de la
vía, de conformidad, con lo concluido en el Estudio Geotécnico e Hidrológico de la
parte alta de “El Poblado”, localizada entre los barrios Los Naranjos y la vereda Las
Palmas de Medellín, elaborado por la sociedad A.I.M. Ltda. Ingenieros Civiles.
303. De otro lado, en lo que atañe a la responsabilidad de las corporaciones
autónomas, están facultadas para: i) ejercer funciones de vigilancia y control; ii)
imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental; iii) asesorar a las entidades
territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental; y iv) ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación
o recuperación del medio ambiente.
304. Las Áreas Metropolitanas, en virtud de lo establecido en los numerales j) y k)
del artículo 7.° de la Ley 1625, tienen la función de ejercer las funciones y
competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 99. A su vez, deben apoyar a los municipios que las conforman
en la ejecución de sus obras para la atención de situaciones de emergencia o
calamidad.
305. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejerce sus funciones en la zona
urbana de Medellín. Según, información indicada en el memorando allegado por
esta entidad el 24 de noviembre de 2012, el predio de la urbanización “La Palmera”
se encuentra sobre suelo rural del Distrito de Medellín.
306. El artículo 112 del Acuerdo 46 de 2006 -anterior, Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Medellín- establecía como suelo rural:
“[…] ARTÍCULO 112. Del suelo rural. Son los terrenos no aptos para el uso urbano,
por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos
naturales y actividades análogas, así como usos recreativos. En concordancia con lo
anterior, el área rural excluye de esta denominación las áreas urbanas y las de
expansión. Se clasifica como suelo rural el territorio delimitado como tal en los planos
de Clasificación del Suelo. Al interior del suelo rural se delimitan las clases de suelo
de protección y suelo suburbano. Existen igualmente zonas de riesgo mitigable al
interior de estas clases, para las cuales deberán llevarse a cabo las correspondientes
obras de mitigación para que puedan ser desarrollados […]”.
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307. Según lo señalado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el sector se
ubica fuera del perímetro urbano dado que la urbanización “La Palmera” se
encuentra por encima de la cota de 1850 m.s.n.m.
308. En la actualidad, el Acuerdo 48 de 2014206 -norma vigente del Plan de
Ordenamiento Territorial de Medellín- en el anexo 1°. sobre la delimitación del
perímetro urbano de Medellín establece que la cota está definida conforme lo señaló
el Área Metropolitana, al disponer en los siguientes términos: “[…] siguiendo por el
cauce de esta quebrada aguas arriba hasta encontrar el lindero oriente de la
Urbanización Quintas de San Luis, continuando por este lindero hacia el norte
bordeando la Urbanización hasta encontrar nuevamente la cota 1850 continuando
por esta cota en sentido norte hasta el cruce con la vía las Palmas […]”.
309. De acuerdo con ello, está demostrado que el sector donde se encuentra la
urbanización “La Palmera” se encuentra en jurisdicción del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
310. En cuanto a la responsabilidad de los particulares, la sociedad PENCA S.A.
en su recurso de apelación expresó su inconformidad respecto de la sentencia
proferida en primera instancia al no declarar responsable a la familia Santamaría,
pese a ser propietarios del predio colindante a la urbanización “La Palmera”. Para
ello, argumentó que en la inspección judicial se probó que en dicho inmueble existen
materiales como desechos, madera y escombros de construcciones que genera un
movimiento de los taludes.
311. Sobre este argumento, la Sala considera que no le asiste razón a la
recurrente, comoquiera que, mediante la Resolución núm. 130AN-1405-15092 de
28 de mayo de 2014, expedida por CORANTIOQUIA se declaró que el señor
Eduardo Santamaría Villa no es responsable de la comisión de las infracciones
ambientales, y le levantó la medida preventiva impuesta el 17 de febrero de 2012 -
modificada el 2 de diciembre de 2013, dado que: i) no se logró probar la ocupación
del cauce de la quebrada “La Escopetería”; ii) el predio cuenta con dos sistemas de
tratamiento para las aguas residuales domésticas; y, iii) no se evidenció la
contaminación y/o afectación a los recursos naturales como consecuencia de los
206 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias”.
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vertimientos. Además, advirtió que, no se logró determinar que el señor Santamaría
estuviera realizando una actividad propia de una escombrera.
312. Esta prueba analizada concomitantemente con la respuesta de 26 de abril de
2011, emitida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá según la cual en el lote
del señor Eduardo Santamaría no hay llenos estructurales ni recepción de
escombros u operación de una escombrera, permiten concluir que no existe una
responsabilidad por parte del propietario de este inmueble.
Sobre la responsabilidad de la sociedad PENCA S.A.
313. Los coadyuvantes sustentaron en sus recursos de apelación que la sociedad
PENCA S.A. no debía ser responsable de la amenaza y vulneración de los derechos
e intereses colectivos, por cuanto, solo fue un “vehículo jurídico para canalizar los
recursos económicos” para el desarrollo del proyecto y no fue quien materialmente
lo ejecutó.
314. No obstante, la Sala observa que, de conformidad con el Certificado de
Existencia y Representación de la sociedad PENCA S.A. -en liquidación-207, de 8 de
febrero de 2012, esta empresa tenía por objeto: “[…] [L]a construcción de inmuebles
destinados a vivienda multifamiliar sometidos al régimen de propiedad horizontal en
lotes propios o de terceros. Todas las actividades relativas al diseño, la
construcción, parcelación, urbanización, planeación física y urbana, remodelación,
decoración, paisajismo, la asesoría e interventoría en proyectos inmobiliarios y de
construcción sobre predios, lotes y/o edificaciones urbanos o rurales […]”.
314.1. Y, según la información del certificado referido, la señora Alba Luz Hoyos
Naranjo y Pedro Gerardo Toro Molina –coadyuvantes de la presente acción popular–
son miembros de la junta directiva de la Sociedad.
315. Si bien, se valoró el Contrato de Obra celebrado entre la sociedad Penca S.A
y el contratista sociedad Construcciones A.P. y Cía. Ltda., con el objeto de realizar
el movimiento de tierra y urbanismo de acuerdo con los planos para la construcción
de la urbanización “La Palmera”208, no fue posible determinar que la sociedad
207 Folio 333.
208
El 28 de enero de 2002, por un valor de ($496.469.329).
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PENCA S.A. desconociera el actuar negligente en la construcción de las viviendas,
por ende, tiene responsabilidad.
316. En cuanto a la urbanización “La Palmera”, aunque se sabe que se registró
como propiedad horizontal el 10 de junio de 2003, la Sala considera que no es dable
emitir órdenes a la copropiedad, comoquiera que no hizo parte de este proceso, tal
como lo señalaron los coadyuvantes en sus recursos de apelación.
Sobre la propiedad del señor Fernando Piedrahita Vélez
317. Según lo probado en el expediente, de conformidad con la escritura pública
núm. 1062 de 9 de marzo de 2007, se le transfirió a título de compraventa al señor
Fernando Piedrahita Vélez el derecho del 97% de la propiedad del lote núm. 1 por
parte de Piedrahita V. Asociados & Cia. Ltda. y del 3% correspondiente a la
sociedad León Piedrahita y Cia. S. en C. (Civil) Absorbida por Fusión, con un área
aproximada de 9.033 mts2, ubicado en el sector El Poblado de la Ciudad de
Medellín, comprendido dentro de lo siguientes linderos: -"Por el Norte, en línea
quebrada entre los puntos 1 y 2 en una longitud aproximada de 27 metros, en línea
curva en una longitud aproximada a 187 metros con el lote denominado Lote
Nro. 2, futura etapa de la Urbanización La Palmera; por el Sur, en línea quebrada
entre los puntos 3 y 4 en una longitud aproximada a 72 metros con la finca Aguas
Vivas; por el Occidente, en línea recta entre los puntos 4 y 5, en una longitud
aproximada a 50 metros y en línea recta entre los puntos 5 y 6 en una longitud
aproximada a 15 metros, con predio que es o fue de Sergio Rodríguez, en línea
quebrada, entre 108 puntos 6 y 7, en una longitud aproximada a 55 metros, con
predio que es o fue de Ignacio Arango y finalmente, en línea quebrada, entre los
puntos 7 y 1 punto de partida, en una longitud aproximada a 115 metros que es o
fue de Victoria Eugenia Piedrahita”. En consecuencia, el señor Fernando Piedrahita
Vélez es el propietario de un predio diferente a los referidos en la sentencia de
primera instancia.
Las redes de acueducto y alcantarillado en el sector objeto de demanda
318. La señora Alba Luz Hoyos, pidió en su recurso de apelación que se ordene
gestionar ante el Distrito de Medellín y Empresas Públicas de Medellín el “[…] recibo
de la vía de acceso y [la] red de aguas residuales […]”.
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319. El Distrito solicitó revocar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia
proferida el 31 de julio de 2015 y el ordinal primero del auto interlocutorio de 21 de
agosto del mismo año –relacionados con la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado–. Lo anterior, con fundamento en que la responsabilidad
sobre el mantenimiento, modificaciones, reparaciones, estudios técnicos,
proyección y realización de obras para subsanar deficiencias en la infraestructura
en cuento al acueducto y alcantarillado, les corresponde a las operadoras del
servicio público domiciliario y a los propietarios de los bienes inmuebles.
320. E.P.M. E.S.P. expresó que no es la encargada de operar las redes de
acueducto y alcantarillado en la zona objeto de controversia, comoquiera que, estas
no han sido construidas ni entregadas con el lleno de los requisitos legales.
321. Al respecto, la Sala considera que la responsabilidad recae sobre el Distrito,
en relación a desarrollar las gestiones correspondientes entre la copropiedad “La
Palmera” y E.P.M en aras de que se satisfagan los requisitos correspondientes para
el recibo de la vía de acceso y las redes de alcantarillado, en caso de que a la fecha
no se haya realizado.
322. En consecuencia, la Sala considera que son responsables de la vulneración
de los derechos colectivos: el Distrito, el Departamento, CORANTIOQUIA, PENCA
S.A. y los propietarios de los predios aledaños a la urbanización “La Palmera”, que
con su actuar han conllevado a agravar los problemas de erosión, movimientos en
masa, filtraciones, entre otros.
Otros planteamientos
Sobre la inconformidad en la valoración del Dictamen Pericial
323. La sociedad PENCA S.A. cuestionó la valoración del dictamen pericial. De un
lado, argumentó que este fue parcial y no se les dio traslado a las partes. Y, por el
otro, puso de presente que el perito manifestó su incapacidad para determinar el
problema.
324. En relación con la práctica del dictamen pericial, la Sala establece lo
siguiente: i) mediante auto de 5 de noviembre de 2012209, se designó al Doctor
209 Folios 1 a 6 Cuaderno Medidas Cautelares
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Gustavo Adolfo Zuleta Salas como perito ingeniero civil y a Ricardo Alberto Álvarez
Saldarriaga como perito geólogo en el presente proceso; ii) el 22 de enero de
2013210, se posesionó el Ingeniero Zuleta, mientras que el perito geólogo designado
no compareció a la posesión, razón por la cual, mediante auto de 29 de enero de
2013211, se ordenó su reemplazo; iii) en vista de que el segundo perito designado
tampoco se posesionó, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
providencia de 20 de febrero de 2013212, ofició a la Universidad Nacional de
Colombia para que designara un perito geólogo; iv) el 13 de abril de 2013 213, la
Universidad Nacional respondió que no contaba con el personal disponible para
cumplir dicha designación; v) el Ingeniero Zuleta, mediante informe inicial de fecha
9 de abril de 2013214, manifestó que, ante la falta de documentación necesaria y la
necesidad de un perito geólogo, requería un plazo indefinido para rendir su dictamen
pericial definitivo; vi) mediante autos de 13 de junio215, 2 de septiembre216, 16 de
septiembre217 y 1 de noviembre de 2013218, este despacho requirió al Ingeniero
Zuleta para que informara si era indispensable el acompañamiento de un perito
geólogo o si era viable presentar el dictamen pericial sin dicho apoyo; vii) asimismo,
mediante auto de 21 de agosto de 2013219 se exhortó a la Universidad de Antioquia
para que designara un perito geólogo; viii) mediante auto de 11 de septiembre de
2013220, la Universidad de Antioquia respondió que tampoco contaba con personal
idóneo para el encargo; ix) y en las providencias de 2 de septiembre 221, 16 de
septiembre222 y 1 de noviembre de 2013223, se otorgó al Doctor Zuleta plazos de
cinco días, luego un mes adicional y nuevamente cinco días, para que presentara
el dictamen pericial; x) el 3 de diciembre de 2013224, se le requirió nuevamente para
la entrega del informe en cinco días, advirtiéndose la posibilidad de su relevo y la
apertura de incidente en caso de incumplimiento; xi) en consecuencia, mediante
auto de 14 de enero de 2014225, se relevó al Doctor Zuleta y se designó al señor
Iván Alberto Bedoya Gallego como nuevo perito ingeniero civil, quien mediante oficio
210 Folio 10 Cuaderno Medidas Cautelares
211 Folio 11 Cuaderno Medidas Cautelares
212 Folio 17 Cuaderno Medidas Cautelares
213 Folio 53 Cuaderno Medidas Cautelares
214 Folios 57 a 74 Cuaderno Medidas Cautelares
215 Folio 130 Cuaderno Medidas Cautelares
216 Folios 159 a 160 Cuaderno Medidas Cautelares
217 Folios 186 a 188 Cuaderno Medidas Cautelares
218 Folio 219 Cuaderno Medidas Cautelares
219 Folio 157 Cuaderno Medidas Cautelares
220
Folio 184 Cuaderno Medidas Cautelares
221 Folios 159 a 160 Cuaderno Medidas Cautelares
222 Folios 186 a 188 Cuaderno Medidas Cautelares
223 Folio 219 Cuaderno Medidas Cautelares
224 Folio 349 A 351 Cuaderno Medidas Cautelares
225 Folio 353 a 356 Cuaderno Medidas Cautelares
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de 6 de febrero de 2014226 declinó el nombramiento, por lo que en auto de esa
misma fecha227 se designó al ingeniero civil Julio César Higuita David como perito
sustituto; xii) finalmente, mediante auto de 16 de junio de 2014 228, se ofició al
Servicio Geológico Colombiano, entidad que manifestó no tener competencia para
llevar a cabo la experticia solicitada229. xiii) Se observa que en la audiencia de pacto
de cumplimiento las partes propusieron desistir de la prueba pericial de un perito
geólogo. Y, xiv) tampoco se cuestionó el auto que cerró el periodo probatorio.
325. Adicionalmente, la Sala advierte que, mediante providencia del 30 de abril de
2013230, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Departamento
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres
(DAPARD) entregar en un término de cinco días la prueba de oficio decretada el 4
de abril del mismo año. En cumplimiento de dicha orden, el 8 de mayo de 2013, el
director del DAPARD remitió un oficio bajo el asunto “PRUEBA DE OFICIO. Oficio
1016-1717”, en el cual se indicó lo siguiente:
“[…] En atención al asunto de la referencia le remitimos informe de asesoría y
asistencia técnica, de la visita realizada a la Urbanización la Palmera por nuestro
Geólogo Hernán Vélez Pineda […]”231
326. Lo que permite concluir que la prueba fue debidamente considerada por el a
quo dentro del material probatorio enunciado en la sentencia de primera instancia,
por lo cual se considera que sí hubo pronunciamiento de un geólogo en esta etapa
procesal, a través del informe emitido por el experto Hernán Vélez Pineda tras su
visita técnica a la Urbanización La Palmera.
327. Adicionalmente, se valoraron todos los informes y estudios técnicos
elaborados por geólogos que fueron aportados en debida forma.
Sobre la valoración de los testimonios
328. La sociedad PENCA S.A. se opuso a que la sentencia se fundara en
testimonios de ingenieros no especializados en geología, pese a que, en su criterio,
en el proceso quedó reiterado que para determinar las causas se requería la
intervención de un profesional de esta área.
226
Folio 763 Cuaderno Medidas Cautelares
227 Folio 752 a753 Cuaderno Medidas Cautelares
228 Folio 787 Cuaderno Medidas Cautelares
229 Folio 806 a 810 Cuaderno Medidas Cautelares
230 Folio 84 Cuaderno Medidas Cautelares
231 Folio 94 Cuaderno Medidas Cautelares
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329. Además, expresó su inconformidad en relación con la sentencia proferida en
primera instancia, con fundamento en que no le dio valor a algunas 232 pruebas
determinadas que aportó al proceso.
330. Al respecto, la Sala encuentra que todas las pruebas fueron valoradas de
conformidad con la sana crítica. Se reitera, se tuvieron en cuenta informes y
estudios elaborados por geólogos y expertos en el asunto objeto de debate.
Además, tanto el a quo como esta Sala le dieron valor probatorio a las pruebas
enlistadas en el recurso de la sociedad.
Sobre la contestación de la demanda del Departamento de Antioquia
331. El Departamento sustentó en su recurso de apelación que se le trasgredió el
derecho de contradicción al no haberse tenido en cuenta por el a quo la contestación
oportunamente allegada. Al respecto, la Sala considera que no se incurrió en dicha
transgresión, comoquiera que en esta decisión se valoró dicha contestación.
332. La señora Alba Luz Hoyos, en calidad de coadyuvante, sustentó en su
recurso de apelación que el actuar de las empresas Obranegra –el ejecutor material
del proyecto de urbanización “La Palmera”– y Construcciones AP –el responsable de
realizar las obras en la vía– conlleva la vulneración del derecho e interés colectivo de
los consumidores y usuarios. No obstante, la Sala considera que no es posible hacer
un pronunciamiento de fondo sobre este derecho, comoquiera que se trata de un
argumento que no fue objeto de controversia en las demás etapas del proceso.
Sobre las órdenes para proteger los derechos e intereses colectivos
333. La Sala modificará las órdenes proferidas en la sentencia de primera
instancia, teniendo en cuenta que: el Distrito deberá realizar un estudio técnico
232 Tales pruebas son: i) el testimonio de Frank de Greiff, en el que indica que a los taludes de la urbanización
La Palmera se les dio el tratamiento dispuesto en los estudios geotécnicos; ii) las actas de vecindad elaboradas
en enero de 2002, que demuestran que los problemas de inestabilidad del terreno existían antes de iniciarse la
construcción de la urbanización “La Palmera”; iii) los cuatro (4) informes de la interventoría ambiental del
proyecto “La Palmera” de los años 2002 y 2003, dirigidos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en los
cuales se prueba el buen manejo de aguas servidas, vertidas y de continuidad del cauce de las vertientes
naturales; iv) los estudios geotécnicos de los años 2001 y 2002 elaborados por el ingeniero Frank de Greiff –
que sirvieron de fundamento para desarrollar el proyecto–; v) la licencia de urbanismo y de construcción con los
planos aprobados por la Curaduría Segunda Urbana de Medellín en el año 2002; vi) los planos de las redes de
alcantarillado, acueducto, gas, telecomunicaciones y de energía del proyecto, aprobados por E.P.M. en mayo
de 2002; vii) el registro fotográfico que evidencia la manipulación inadecuada de cauces, vertientes, rellenos y
contenciones de tierras de predios vecinos a la urbanización; viii) los estudios geotécnicos contratados por el
señor Fernando Piedrahita que advierten que la problemática no obedece a la construcción de la urbanización
“La Palmera” y el estudio de movimientos de tierra elaborado por el ingeniero Juan Ricardo Posada.
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sobre la zona afectada en el que determine las zonas de riesgo mitigable y no
mitigable, así como las obras o acciones pertinentes para solucionar dicha situación;
para ello, dispondrá de un término de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia.
334. De conformidad con el resultado del estudio, el Distrito, el Departamento,
CORANTIOQUIA, la sociedad PENCA S.A. y los propietarios deberán ejecutar las
obras correspondientes en el término de un (1) año con miras a solucionar de forma
definitiva la situación.
335. Además, se instará a la comunidad para que se abstenga de realizar
acciones contrarias al medio ambiente en la zona del Tesoro, El Poblado de
Medellín.
Respecto el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
336. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida
en primera instancia, no resolvió sobre la conformación del Comité para la
verificación del cumplimiento, la Sala lo ordenará, para lo cual deberá estar
integrado de la siguiente forma: por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia –quien lo presidirá–, el actor popular, un delegado del
Distrito de Medellín, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de
Antioquia – CORANTIOQUIA, un delegado de la Gobernación de Antioquia, el
representante de la sociedad PENCA S.A., los coadyuvantes y los particulares.
337. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco del Comité, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.
Conclusión
338. La Sala modificará la sentencia proferida el 31 de julio de 2015.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales primero a séptimo de la sentencia proferida
el 31 de julio de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR vulnerados los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; a la defensa del patrimonio público y a la
seguridad y salubridad públicas, establecidos en los literales ‘a’, ‘c’, ‘e’ y ‘g’ del artículo
4.° de la Ley 472 de 1998, de conformidad con lo establecido en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR al Distrito de Medellín que realice un estudio técnico sobre la
zona afectada en el sector El Tesoro -objeto de esta acción constitucional- en el que
determine las zonas de riesgo mitigable y no mitigable, así como las obras o acciones
pertinentes para solucionar dicha situación; para ello, dispondrá de un término de seis
(6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR al Distrito de Medellín, al Departamento de Antioquia, a
CORANTIOQUIA, a la sociedad PENCA S.A. y a los propietarios aledaños a la
urbanización ‘La Palmera’ que hicieron parte de esta acción popular y según lo
determine el estudio referido, que una vez, finalizado éste, ejecuten las obras
correspondientes en el término de un (1) año con miras a solucionar de forma
definitiva la situación de inestabilidad y manejo inadecuado de fuentes hídricas en el
sector del Tesoro.
CUARTO: INSTAR a la comunidad aledaña a la urbanización ‘La Palmera’ y de la
misma copropiedad, para que ajusten su conducta de tal forma que se abstengan de
realizar acciones que los pongan en riesgo, modifiquen el ecosistema de las
microcuencas y aumenten el problema de erosión, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia […]”.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 31 de julio de 2015 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación, que deberá estar
presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Además, estará integrado por el actor popular, un delegado del Distrito de Medellín,
un delegado de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia –
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CORANTIOQUIA, un delegado de la Gobernación de Antioquia, el representante de
la sociedad PENCA S.A., los coadyuvantes y los particulares vinculados a esta
acción constitucional.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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