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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2015-00004-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-31-000-2015-00004-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, el diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), para en su lugar, disponer: DECLÁRASE administrativa, patrimonialmente y solidariamente responsable a la Nación – Rama Judicial y a la Nación–Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de los daños causados a Juan Fernando Flórez Rivera, Paola Andrea Amaya García, Mateo Flórez Amaya, Luz Marina Rivera de Flórez y Sandra Patricia Flórez Rivera, con ocasión de la omisión en la cancelación de la orden de captura y la inclusión, publicación y divulgación de afiches y mosaicos con el nombre del primero de los mencionados como uno de los homicidas más buscados de Antioquia. CONDÉNASE solidariamente a la Nación – Rama Judicial y a la Nación– Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar en favor de Juan Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García, la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de la afectación a sus derechos al buen nombre y la honra, constitucionalmente relevantes. CONDÉNASE solidariamente a la Nación – Rama Judicial y a la Nación– Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar en favor de Mateo Flórez Amaya, Luz Marina Rivera de Flórez y Sandra Patricia Flórez Rivera, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPÍDANSE COPIAS con destino a las partes, para que sean entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-31-000-2015-00004-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

24 de abril de 2024

_______________________________________________
Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y Otros
Demandado: La Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Otros
Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1: Daños causados por la administración de justicia. Subtema 1.1. Defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia. Subtema 1.2. Daños causados por las autoridades encargadas de la
sistematización y registro de antecedentes penales. Subtema 1.3. Divulgación en lista de personas
buscadas, Subtema 1.4. Daño antijurídico acreditado. Subtema 1.5. Afectación a derechos constitucional
y convencionalmente amparados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_________________________________

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema
Escrito, el diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), que negó las pretensiones
de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juan Fernando Flórez Rivera fue condenado el 24 de febrero de 2000, por homicidio y
lesiones personales culposas, a 32 meses de prisión por el Juzgado 2° Penal del
Circuito de Rionegro (Ant.). El 18 de julio de 2005 se declaró la extinción de la condena
por pena cumplida y se ordenó la cancelación de la orden de captura del redimido. A
partir del 20 de febrero de 2007, la Policía Nacional del departamento de Antioquía
divulgó y publicó por diversos medios un listado de personas, bajo el título
“DELINCUENTES MAS BUSCADOS POR HOMICIDIO REGIÓN ORIENTE”; mosaico
que encabezaba el señor Juan Fernando Flórez Rivera. Por considerar que las
publicaciones y divulgaciones causaron daños al ofendido y a su núcleo familiar
próximo, aquel y estos presentaron demanda de reparación directa.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

El 18 de diciembre de 2009, Juan Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya
García, obrando en nombre propio como en el de sus menores hijos Isabela Flórez
Amaya y Mateo Flórez Amaya, además de Luz Marina Rivera de Flórez y Sandra
Patricia Flórez Rivera en su condición de madre y hermana, presentaron demanda de
reparación directa con la pretensión principal de que se declare que la Nación -
Ministerio de Defensa-Policía Nacional - Ministerio del Interior y de Justicia - Consejo
Superior de la judicatura - Departamento Administrativo de Seguridad DAS, es
responsable administrativa y solidariamente de los daños y perjuicios (patrimoniales y
extrapatrimoniales) causados con ocasión de publicaciones de mosaicos fotográficos
en los que se enseñaba un listado de personas sindicadas del delito de homicidio, como
los delincuentes más buscados en la región oriente, por quienes se ofrecían
recompensas hasta de $5.000.0001. Se aduce en la demanda que las publicaciones

1 Folios 34 a 55 del Cuaderno 1 -Demanda introductoria-. A folio 55 se aprecia el sello de radicación de la demanda,

con fecha 18 de diciembre de 2009.
Las pretensiones de condena que se formularon fueron las siguientes:

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

iniciaron en el 2007 y, aún, a la fecha de la presentación de la demanda persistían los
mosaicos fijados en los comandos de policía de algunos municipios del Departamento,
como ocurre en el municipio de San Luis, y que tal hecho mantiene sumido al señor
Juan Fernando en el temor de ser capturado, así como les ha traído a los demandantes
estigmatización y afrenta social, por cuanto muchos de los vecinos llegan a decirles que
vieron a Juan Fernando en los afiches de los más buscados de la Policía y, hasta les
preguntan si ya lo capturaron, todo por lo cual consideran que se les han vulnerado sus
derechos fundamentales al buen nombre, la dignidad, la honra y el derecho a la
igualdad.
Respecto de la Rama Judicial reprocharon que el Juzgado 2º Penal del Circuito de
Rionegro omitió el deber de oficiar oportunamente a las diferentes autoridades sobre la
extinción de la condena.
En relación con el DAS, reviraron que, en caso de ser cierto lo aducido por el Juzgado
Segundo respecto de que él sí envió oportunamente las comunicaciones
correspondientes, entonces el DAS incurrió en omisión por no registrar el oficio de
cancelación y extinción de la condena.
En cuanto a la Policía Nacional, fustigaron que aquella haya omitido el registro de la
decisión judicial de extinción de la condena, así como la debida verificación de la
vigencia de las órdenes de captura de los homicidas más buscados en el
Departamento, antes de poner en marcha la masiva campaña publicitaria. Más aún,
que hayan persistido en esa omisión luego de habérsele enviado un escrito en ejercicio
del derecho de petición por parte del señor Juan Fernando Flórez, pues sin
consideración por ese escrito, se abstuvo de verificar el sistema de información, y
permitió que se siguiera publicando el mencionado mosaico.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

Inadmitida la demanda por vicios de forma2, fue subsanada por la parte actora3 y, luego
admitida el 15 de febrero de 20104 por auto debidamente notificado a todos los
demandados5.
Dentro del término de fijación en lista, el Departamento Administrativo de Seguridad
D.A.S. dio respuesta a la demanda6, para oponerse expresamente a las declaraciones
y condenas deprecadas. Propuso como excepciones las que denominó: i) “Ausencia de
elementos necesarios para reclamar la responsabilidad del Departamento
Administrativo de Seguridad en los hechos materia de la demanda”, ii) “Falta de
legitimidad en la causa por pasiva, respecto al Departamento Administrativo de
Seguridad”, por cuanto no fue dicha entidad la que diseñó, elaboró y publicó el mosaico,
iii) “El hecho de un tercero” y, iv) la “Genérica” que resulte probada en el proceso.
En su oportunidad la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia dio respuesta a la
demanda7, haciendo manifiesta su oposición a todas y cada una de las pretensiones,
al paso que propuso como medios de defensa para enervar las pretensiones las que
rotuló: i) “Imposibilidad de imputar el hecho dañoso al Ministerio del Interior y de justicia
(inexistencia de nexo causal) y, ii) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”.
En su momento la Nación - Consejo Superior de la Judicatura contestó la demanda8,
rechazó las pretensiones de la parte actora y formuló como excepciones las que intituló:
i) “Falta de legitimación en la causa por pasiva” y, ii) “Inexistencia de responsabilidad”.

Por perjuicios morales el equivalente a la suma de 200 S.M.L.M.V. para Juan Fernando Flórez Rivera como
ofendido directo; y, 100 S.M.L.M.V. para Paola Andrea Amaya García (esposa), Isabela Flórez Amaya (hija), Mateo
Flórez Amaya (hijo), Luz Marina Rivera de Flórez (madre) y 50 S.M.L.M.V. para Sandra Patricia Flórez Rivera
(hermana).
2 Folio 59 Ibidem -Auto inadmisorio de demanda-
3 Folios 60 a 85 Ibídem -Saneamiento y reforma de la demanda-
4 Folios 86 a 86 Vto. Ibídem -Auto admisorio de demanda-
5 Folios 89 a 92 Ibidem -Notificaciones por aviso del auto admisorio de demanda-
6 Folios 94 a 102 Ibídem -Contestación demanda del D.A.S.-
7 Folios 138 a 141 Ibídem -Respuesta de demanda de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia-
8 Folios 148 a 152 vto. Ibidem -contestación de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-

2

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional también respondió oportunamente
la demanda9 y para enervar las pretensiones propuso las excepciones que nominó: i)
“Ausencia de responsabilidad” y, ii) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”.
El 11 de mayo de 2010 la parte actora presentó corrección y modificación de
demanda10, modificación que fue admitida el 26 de mayo siguiente11, providencia ésta
que fue debidamente notificada. Sobre la adición se pronunciaron la Nación - Consejo
Superior de la Judicatura y la Nación - Ministerio de Defensa-Policía Nacional, quienes
se ratificaron en lo expresado en sus respuestas de demanda, sin objeciones frente a
las nuevas pruebas solicitadas por la actora.
El 23 de agosto de 2010 el a quo abrió el proceso a pruebas12, agotado el periodo
dispuesto para su evacuación, el 12 de septiembre de 2012 el a quo declaró clausurada
la etapa suasoria y dio traslado para alegaciones conclusivas a las partes 13, como al
Ministerio Público para concepto; prerrogativa de la que hicieron ejercicio la Nación-
Ministerio de Justicia y del Derecho (antes Ministerio del Interior y de Justicia) 14, la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional15, el Departamento Administrativo de
Seguridad “D.A.S.”16 y la parte demandante17; quienes reiteraron los argumentos
expuestos desde el escrito introductorio y sus respuestas de demanda, pidiendo las
primeras el despacho desfavorable de las pretensiones deprecadas, y, la última su
cabal acogimiento.
El 18 de diciembre de 2013 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín,
profirió sentencia de primera instancia18, en la que declaró probadas las excepciones
de “Inexistencia de nexo causal” e “Inexistencia de responsabilidad” propuestas por los
apoderados del Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura y
Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”; declaró administrativamente
responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de los perjuicios
ocasionados a los demandantes por la divulgación de los mosaicos con la imagen del
señor Juan Fernando Flórez Rivera; y, en consecuencia, condenó a pagar por perjuicios
morales, 20 S.M.L.M.V. para el afectado directo, 10 S.M.L.M.V., para su esposa Paula
Andrea Amaya García y 10 S.M.L.M.V. para su progenitora Luz Marina Rivera de
Flórez.
Contra dicha providencia presentaron recursos de apelación la demandante y la Nación
• Ministerio de Defensa - Policía Nacional19. El 10 de marzo de 2014 se intentó la
conciliación sin resultado alguno, por lo que el a quo declaró clausurada esta etapa20.
En auto adiado el 12 de marzo de 2014, se concedió la apelación 21 bilateralmente
propuesta y se dispuso el envío del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo
de Antioquia; a una Sala de Descongestión22; el 17 de julio de 2014, se dio admisión al
recurso de apelación23 propuesto por la actora y la demandada Nación - Policía
Nacional; el 24 de julio de 2014 se dio traslado para alegaciones conclusivas a las
partes y al Ministerio Público para concepto24; prerrogativa de la que hicieron uso la
9 Folios 167 a 170 Ibídem -Contestación de demanda de la Nación. Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
10 Folios 180 a 181. del C. Principal -Adición y reforma de la demanda. En el escrito de reforma se enmendó el

hecho segundo de la demanda introductoria, en lo tocante a la fecha en que contrajeron matrimonio los
demandantes JUAN Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García -20 de marzo de 2009-, y adicionó el
acápite de las pruebas con documentos relativos a registros civiles de matrimonio de los actores citados, del de los
progenitores del ofendido directo, como el de nacimiento de sus menores hijos, el suyo propio y el de defunción de
su progenitor; además solicitó fuera oído el testimonio de María Yolanda Pavas Marulanda y allegó un CD con la
emisión de los noticieros Tele Medellín y Tele Antioquia del 19 de febrero de 2007, este último, obrante a folio 188
ibídem.
11 Folios 189 y 189 Vto. Ibídem -Admisión adición y reforma de la demanda-
12 Folios 193 y 193 Vto. Ibídem -Decreto de pruebas-
13 Folios 297 Ibídem -Traslado para alegaciones conclusivas-
14 Folios 298 Ibidem -Alegaciones conclusivas de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho-
15 Folios 299 a 305 Ibídem -Alegaciones Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
16 Folios 316 a 318 Ibidem -Alegaciones Departamento Administrativo de Seguridad DAS-
17 Folios 319 a 324 Ibídem -Alegaciones Parte Demandante-
18 Folios 325 a 335 vto. Ibídem -Sentencia de primera instancia-
19 Folios 346 a 349 vto. Ibídem -Recurso de alzada de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
20 Folios 356 a 356 vto. Ibidem -Audiencia de conciliación fallida y concesión de recurso de apelación-
21 Folio 360 Ibídem -Concesión recurso de apelación-
22 Folio 364 Ibidem -Reenvío del expediente a Sala de Descongestión-
23 Folio 366 Ibídem -Admisión recurso de apelación-
24 Folio 367 Ibidem -Traslado para alegaciones conclusivas y vista pública-

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

Nación - Consejo Superior de la Judicatura25 - la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho26, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional27 y la parte
demandante28.
Antes de resolver sobre el fondo del asunto, el Tribunal administrativo de Antioquia, por
Auto del 21 de enero de 2015 halló configurada causal de nulidad insanable, derivada
de falta de competencia funcional del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito, y, en
consecuencia, declaró la nulidad desde el auto admisorio de la demanda, dejando a
salvo las pruebas aportadas y disponiendo su remisión a la Secretaría General de la
Corporación para lo de su cargo29.
Mediante auto del 24 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio
admisión a la demanda30, dispuso su notificación por anotación en estados a las partes
y personalmente al Ministerio Público.
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional ratificó en su integridad los
argumentos de defensa presentados en la contestación de demanda presentada el 10
de marzo de 201631 y en escrito aparte allegó una contestación similar a la ratificada32,
en la que añadió que los perjuicios reclamados no se encontraban demostrados y adujo
que no obraba prueba de que el Juzgado de la causa hubiera dirigido a esa entidad un
oficio comunicando la extinción de la condena.
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, dio contestación a la demanda 33; para
enervar las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que rotuló
“Inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad de la administración” y “Falta
de legitimación en la causa por pasiva”, dado que desde la misma demanda se advierte
que fue la Policía y el DAS las que omitieron registrar la información atinente a la
extinción de la condena.
El 12 de julio de 2016 el Tribunal a quo abrió a pruebas el proceso34, y no habiendo
pruebas por practicar, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegaciones
conclusivas35, como al Ministerio Público para concepto; prerrogativa de la que hicieron
ejercicio la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional36, la parte actora37, la
Nación - Consejo Superior de la Judicatura38, con el fin de reiterar los argumentos
expuestos en sus anteriores salidas procesales.
2.3. La sentencia recurrida

El 17 de julio de 2016 el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de
primera instancia39 en la que declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa material por pasiva respecto de la Nación -Ministerio del Interior y de Justicia,
el Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento Administrativo de Seguridad,
habida cuenta que no tuvieron participación en los hechos por los que se acudió a este
contencioso, esto es, no intervinieron ni material ni sustancialmente en ellos, como que
no tienen asignadas entre sus competencias legales ninguna atribución relacionada con
las actuaciones que se reprochan en la demanda; lo mismo se dijo del Consejo
Superior de la Judicatura, pues si bien se demostró que el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Rionegro (Ant.), por Auto del 18 de julio de 2005, decretó la extinción de la
condena impuesta al actor y comunicó su decisión oportunamente a la Registraduría

25 Folios 368 a 372 Ibidem -Alegaciones Consejo Superior de la Judicatura-
26 Folios 375 a 379 Ibídem -Alegaciones Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho--
27 Folios 375 a 379 -Alegaciones Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
28 Folios 380 a 382 Ibidem -Alegaciones parte demandante-
29 Folios 389-391 -Declaración de nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de demanda--
30 Folios 413 a 414 Ibidem -Auto admisorio de demanda-
31 Folio 426 Ibídem -Ratificación contestación demanda de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
32 Folios 437 a 437 vto. Ibidem -Decreto de Pruebas-
33 Folios 427 a 430 Ibídem -Contestación demanda Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Jra.
34 Folio 437 ibídem– Auto de pruebas.
35 Folio 474 Ibídem -Traslado para alegaciones conclusivas por Auto del 24 de mayo de 2017.
36 Folios 475 a 477 vto. ibidem -Alegaciones de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-
37 Folios 478 a 484 Ibídem -Alegaciones parte Actora-
38 Folios 486 a 492 Ibídem -Alegaciones de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura-
39 Folios 495 a 511 Ibídem -Sentencia de primera instancia-

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento
Administrativo de Seguridad “D.A.S.” y al Centro de Información sobre Actividades
Delictivas, como en efecto hizo, cumplió así con su deber legal. Se indicó que tampoco
se encontraba materialmente legitimado el D.A.S., pues aun cuando entre sus
funciones legales tenía el deber de actualizar oportunamente la información sobre
antecedentes penales del actor, no hay prueba en el plenario que acredite que no
cumplió con dicho deber, como tampoco que hubiere sido quien elaboró y difundió los
plegables o carteles para la búsqueda de personas que tengan asuntos pendientes con
la ley.
Contrario sensu, refirió que si estaba legitimada en la causa por pasiva, materialmente,
la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, probado como quedó que esta
entidad dispuso la divulgación y publicación del mosaico denominado “Los más
buscados” en diferentes medios de comunicación. Con todo, no obstante haberse
acreditado por los actores un actuar indebido de la administración los demandantes no
acreditaron el daño alegado, dado que las divulgaciones noticiosas, la publicación del
mosaico y los testimonios practicados son insuficientes y no dan certeza del supuesto
que se pretende probar; en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda.
2.4. El recurso de apelación

La sentencia fue apelada por la parte demandante40, con fundamento en los siguientes
motivos:
2.4.1. El 29 de mayo de 2007, Juan Fernando Flórez Rivera, elevó petición al
Comandante de Policía de Antioquia, alusiva a la problemática que venía padeciendo,
sin que el peticionado hubiera dado solución alguna al asunto en respuesta dada el 16
de junio del mismo año; petición que se radicó también ante el D.A.S., organismo que
sin resultado alguno dio respuesta el 21 de marzo de 2007, después de lo cual, el 30
de octubre siguiente, el periódico El Mundo hizo nueva publicación del listado de los
delincuentes más buscados por homicidio en la región oriente, mosaico que
encabezaba el citado señor Flórez Rivera; probanza esta que no fue valorada por el
Tribunal a quo y que demuestra la absoluta negligencia del Comandante de Policía de
Antioquia.
2.4.2. No tuvo en cuenta, tampoco, el operador de primera instancia que la Policía
Nacional admitió el hecho de la publicación y difusión de los mencionados mosaicos,
tanto en la demanda, como en la respuesta dada a la petición referida; por manera que
no cabe duda de la vulneración al bien jurídico constitucional del buen nombre, honra y
honor del demandante y su familia, derechos protegidos además por el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como por la Convención Interamericana
de Derechos Humanos.
2.4.3. En lo que toca al nexo causal cuya prueba se echa de menos por el a quo, si
como dijo la Policía Nacional en su respuesta a la petición aludida, se hizo la publicación
y divulgación en cuanto no estaba informada de la cancelación de la orden de captura
del señor Flórez Rivera, cabe preguntar entonces, si no hubo omisión en materia grave
por parte de la Administración; si era deber de la Policía Nacional antes de publicar y
divulgar la información, constatar y verificar la vigencia de la orden de captura, era deber
del Juez 2° Penal del Circuito de Rionegro, informar a las autoridades correspondientes,
acerca de la cancelación de la boleta de captura y la terminación del proceso penal de
Juan Fernando Flórez Rivera.
2.4.4. Quedó acreditado que, mediante providencia proferida por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Rionegro el día 18 de julio de 2005, se declaró extinguida la
condena que le fuera impuesta al actor Flórez Rivera, bajo consideraciones entre las
que contó el operador judicial que no obraba constancia en el plenario de que el
sentenciado hubiera vuelto a delinquir o cometido nuevo hecho punible, que no le
figuraba requerimiento de autoridad alguna, y que por tanto, quedaba en libertad
definitiva y se le debía devolver la caución que había prestado para disfrutar de la
40 Folios 512 a 531 del Cuaderno Principal -Recurso de apelación de la parte actora-

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

suspensión condicional de su condena. Quedó probado que él no debía nada, que
estaba a paz y salvo con la Administración de Justicia y, aun así, su vida y la de su
familia se vieron alteradas, invadidas por el temor, la perplejidad, el desasosiego y el
miedo sin razón o justificación alguna, sometiéndose a cargas que no estaban en el
deber de soportar, debidamente probadas en el plenario, sin que sea dable al a quo
minimizar el impacto moral y sicológico padecido por causa del escarnio público y la
campaña difamatoria adelantada en su contra por la Policía Nacional, por sobre todo,
en el entorno del municipio de la Ceja donde todos lo conocían por su actividad como
carnicero, a tal punto que para conjurar sus miedos tuvo que esconderse y dejar de
laborar.
2.4.5. En lo que tiene que ver con la absolución de la Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura, si bien en el expediente penal obran los oficios por los que habría de
comunicarse a las autoridades acerca de la cancelación de la orden de captura, como
de la terminación del proceso penal, no está probado su envío a los destinatarios, pues
no se arrimó soporte o planilla que lo respalde.
2.5. Mediante proveído adiado el 31 de agosto de 2017, el a quo concedió el recurso
de apelación y dispuso el envío del proceso al Consejo de Estado41.
3. Tramite en segunda instancia.
Llegado el proceso a esta Colegiatura de cierre, mediante auto del 17 de julio de 2018,
fue rechazado de plano42 por motivo de extemporaneidad del recurso de alzada;
proveído que fue recurrido en súplica por la parte actora43, en virtud de la cual se
dispuso la revocación del auto de rechazo del recurso y la remisión del proceso al
ponente44; quien mediante proveído del 28 de enero de 2018, finalmente admitió el
recurso de apelación45.
El 14 de enero de 2022 se corrió traslado para alegaciones a las partes y al Ministerio
Público para concepto46. De dicha prerrogativa hizo uso la parte demandante47, quien
reiteró que los elementos fácticos y jurídicos de la responsabilidad están acreditados
plenamente.
III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. Con el fin de delimitar la controversia a los contornos de la apelación, la Sala
rememora que en la demanda se perseguía la responsabilidad de la Nación - Ministerio
de Defensa-Policía Nacional, La Nación - Ministerio del Interior y de Justicia, La Nación
• Consejo Superior de la judicatura y, la Nación - Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, mientras que el Tribunal de primera instancia estableció la falta de
legitimación material en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio del Interior y de
Justicia, La Nación - Departamento Administrativo de Seguridad DAS y de la Nación -
Consejo Superior de la judicatura. Correspondía al demandante, si disentía de tal
decisión, exponer sus reproches al momento de la alzada; sin embargo, el apelante
nada dijo respecto de la falta de legitimación del Ministerio del Interior y de Justicia,
como tampoco se refirió sobre este tópico en relación con el D.A.S., por lo que entiende
la Sala que esos aspectos quedaron al margen del debate en segunda instancia y, en
tal sentido queda relevada de emitir cualquier pronunciamiento frente a estos dos
órganos representativos de la Nación ( Ministerio del Interior y D.A.S.). Entonces,
comoquiera que los argumentos del recurso se dirigen contra la Policía Nacional y el

41 Folio 532 del Cuaderno Principal -Concesión del recurso de apelación-
42 Folios 539 a 540 Ibídem -Rechazo del recurso de apelación por extemporaneidad-
43 bajo argumento según el cual, mediante Acuerdo N° CSJANTA17-2755 del Consejo Superior de la Judicatura,

se autorizó el cierre extraordinario de los Despachos Judiciales que conforman el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para el caso de la Magistrada Ponente, durante los días 22, 23, y 24 de agosto de 2018, por lo que
presentado el recurso el día 25 -cuando se reanudaron los términos-, fue oportuno y no ha lugar a su rechazo.
Folios 542 a 543 Ibídem -Recurso de Súplica frente al rechazo de la apelación-
44 Folios 549 y 549 vto. Ibídem -Revocación del auto que rechazó la apelación-
45 Folios 551 y 551 vto. Ibídem -Admisión recurso de apelación-
46 Índice SAMAI 31 Documento EFB93EB4B2C5958 (PDF) -Traslado para alegaciones conclusivas- 1 imagen
47 Índice SAMAI 31 Documento 3E2F90C2B4F08D96 (PDF) -Alegaciones parte demandante- 12 imágenes

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

Consejo Superior de la Judicatura, entiéndase Rama Judicial, la Sala deberá ocuparse
del siguiente problema jurídico:

¿Demostró la parte actora que se le ocasionó un daño antijurídico al señor Juan
Fernando Flórez Rivera en la esfera de sus derechos fundamentales al buen nombre
y la honra con la omisión en el registro de la extinción de la condena y, con la inclusión
y publicación de su nombre y fotografía en la lista de los delincuentes más buscados
por homicidio en la región oriente del departamento de Antioquia?

Si la respuesta al anterior planteamiento se revela afirmativa, la Sala tendrá que
resolver este otro interrogante:

¿Es responsable la Policía Nacional o la Rama Judicial, o ambas, de los perjuicios
ocasionados a la parte actora por la afectación a los derechos fundamentales al buen
nombre y a la honra del señor Juan Fernando Flórez Rivera con motivo de la falta de
cancelación y registro de la extinción de la pena y la consecuente publicación y difusión
de su nombre y fotografía en el mosaico de los delincuentes más buscados por
homicidio en el oriente Antioqueño?

En caso de que el anterior cuestionamiento se resuelva de manera positiva, la Sala
estudiará lo atinente al reconocimiento de perjuicios, de conformidad con la causa
petendi y con los lineamientos jurisprudenciales aplicables al asunto.

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA JURÍDICO

La Sala, con el fin de dar respuesta a los interrogantes formulados, procederá a valorar
las pruebas documentales que, en original o copia simple, fueron allegadas al
expediente, en la medida que estos documentos han obrado a lo largo del proceso y
fueron susceptibles de contradicción por las partes sin que las tacharan de falsas48.

Así mismo, en relación con el valor probatorio de las fotografías y las notas
periodísticas, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia de la Corporación ha
sostenido que su valía probatoria dependerá, desde el punto de vista formal, de si se
advierten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas, de
manera que ofrezcan certeza de los hechos que con dichas imágenes se pretende
acreditar49 y, desde el punto de vista material, su mérito estriba en el cotejo con los
demás elementos de prueba. En lo tocante a las segundas ─ recortes de periódico y de
las divulgaciones noticiosas─, la jurisprudencia de la Corporación ha manifestado que
aquellos son documentos privados que solo prueban la publicación de la información, pero
no la veracidad de los hechos50, de ahí que su valor probatorio precise de otros medios
de prueba que den respaldo a la información divulgada.

En consideración a lo anterior, la Sala le reconoce valor probatorio a las fotografías del
mosaico publicado por la Policía Nacional la inclusión de la fotografía y el nombre de
Juan Fernando Flórez Rivera en el cartel de los delincuentes buscados por homicidas
en el departamento de Antioquia, dado que al estar precedido de los logo-símbolos de
la Policía Nacional y de los datos institucionales de ese organismo, no queda duda que
fue esa entidad demandada la artífice de la elaboración, diseño, publicación y
divulgación del mismo en diferentes medios de comunicación y, por lo mismo, también
se considera el mérito probatorio de las publicaciones periodísticas que con el fin de
divulgar tal mosaico se hicieron en diferentes rotativos. Esto, aunado a que la Policía

48 Conforme a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp. 25022), en aras a garantizar el principio

constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, la Sala valorará las
copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el proceso,
sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida.
49
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 21 de junio de 2007,

expediente. 25.627 y 7 de junio de 2012, rad. 20.700, entre otras.

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

Nacional ni al momento de responder la petición elevada por el señor Flórez Rivera, ni
dentro del presente contencioso controvirtió o desmintió la autoría de la campaña de
divulgación a través del mosaico.

Por tanto, con fundamento en las pruebas oportunamente aportadas al proceso,
encuentran acreditadas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

4.1. El señor Juan Fernando Flórez Rivera se vio involucrado en un accidente de
tránsito el 19 de diciembre de 1998, en el que la camioneta que conducía colisionó por
detrás con otro vehículo; producto de la colisión falleció una persona y otras resultaron
heridas. Por esos hechos se adelantó proceso penal por homicidio y lesiones
personales culposas en contra de Juan Fernando Flórez Rivera que culminó con
sentencia de condena proferida el 25 de mayo de 1999 por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Rio Negro51, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal
de Antioquia en sentencia del 24 de febrero de 200052, aunque redujo el quantum de la
pena de cuarenta a treinta y dos meses de prisión.

4.2. Mediante proveído del 18 de julio de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Rionegro, declaró extinguida la condena de 32 meses de prisión que le fuera
impuesta a Juan Fernando Flórez Rivera por el delito de homicidio y lesiones
personales culposas por cumplimiento de la pena, en atención, además, a que no
obraba prueba que indicara que el sentenciado hubiese vuelto a delinquir, ni que
hubiera cometido un nuevo punible y tampoco tenía requerimiento alguno de autoridad
judicial53. En consecuencia, el Juzgado dispuso que tal decisión fuera comunicada “a
las autoridades judiciales que conocieron de su condena”.

4.3. El 3 de agosto de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro libró
los Oficios 672, 673, 674 y 675 para comunicar a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, a la Procuraduría General de la Nación, al Departamento Administrativo de
Seguridad – D.A.S. y al Centro de Información sobre Actividades Delictivas de Medellín,
la decisión de extinción de la pena54.

4.4. El 20 de febrero de 200755, en el diario El Mundo de Medellín (-Sección A, página
7-), se publicó bajo el rótulo de “Acciones contundentes contra 57 presuntos homicidas
en el departamento -SE BUSCAN- Región Oriente”, aviso de prensa contentivo de un
mosaico con rostros y nombres en el que, en la primera fila, encabeza la foto y el
nombre de Juan Fernando Flórez.
4.5. El 21 de marzo de 2007 mediante oficio 57945 DAS.SANT.SBDS, el extinto
DAS dio respuesta a petición radicada el 13 de marzo de la misma calenda por el señor
Flórez Rivera, en la que se dijo “Por lo antes expuesto, es conveniente que se dirija a
los medios de comunicación que publicaron la noticia y la fotografía del señor JUAN
FERNANDO FLOREZ RIVERA, quienes le pueden suministrar toda la información
requerida en su petitorio y aclarar de una vez por todas que autoridad ordenó su
publicación, para que pueda ejercer sus derechos constitucionales y legales”56.
4.6. El 29 de mayo del mismo año, el señor Flórez Rivera, formuló petición ante la
Policía Nacional, con el fin de obtener información en torno de la publicación del
mosaico de fotografías de los delincuentes más buscados, su fundamento legal, la
autoridad que la dispuso, como la circunstancia de verificación sobre la vigencia de su

51 Folios 202-233 del cuaderno 3.
52 Folios 248-262 del cuaderno 3.
53 Folios 406-407 del cuaderno 3.
54 Folios 411-413 del cuaderno 3. En el cuaderno 3 se encuentra tosa la actuación penal, no obstante, allí no obra

el oficio No. 674.
El oficio 674 reposa en el folio 161 del cuaderno 1 y fue allegado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Rionegro, en respuesta del 4 de mayo de 2010.
55 -Véase sobre de manila en que reposan varios ejemplares del diario El Mundo de Medellín, junto con memorial

remisorio al a quo por parte del asesor jurídico del dicho periódico, responsivo de exhorto 641, incorporado al
Cuaderno Principal-
56 Folios 13 a 14 del Cuaderno Principal -Oficio No 57945 del DAS responsorio de petición del actor-

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Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

orden de captura y la consiguiente rectificación que enmendara el error inserto en la
publicación de dicho mosaico57. 4.7. El 29 de mayo de 2007 el señor Juan Fernando Flórez Rivera dirigió solicitud a
Telemedellín, con el fin de que le informaran qué autoridad había solicitado la
publicación del mosaico de las personas más buscadas en el departamento de
Antioquia, información divulgada en la emisión noticiosa del 19 de febrero de 200758. 4.8. El 16 de junio de 2007, la Policía Nacional le dio respuesta explicando al
peticionario que se trataba de una campaña de orden departamental. Que en el
momento de elaboración del volante y su publicación no habían recibido orden de
cancelación del mandamiento de captura del señor Juan Fernando Flórez Rivera; que
la campaña no pretendía poner en duda la integridad personal de los ciudadanos
requeridos, pero si contribuir a que tuvieran un juicio justo y respetuoso de sus derechos
y garantías individuales. Que era labor exclusiva de las autoridades judiciales actualizar
los datos, y que en asocio de la Secretaría de Gobierno Departamental, la Policía había
venido divulgando los avances de la campaña indicando puntualmente los
requerimientos que continuaban vigentes y los que se excluían”59. 4.9. El 30 de octubre de 2007, se publicó, en la página 7 de la Sección A del diario El
Mundo de Medellín, bajo el rótulo “Policía Nacional de Colombia, Departamento de
Policía de Antioquia, Delincuentes más buscados POR HOMICIDIO REGION
ORIENTE”, listado y foto de 8 personas entre las que se encontraba Juan Fernando
Flórez Rivera60. 4.10. El 10 de marzo de 2008, el señor Juan Fernando Flórez Rivera radicó memorial
ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro, dentro del radicado No. 1999-
0035-00, informando que, desde 2007 se venían haciendo publicaciones de mosaicos
donde aparecía su nombre en la lista de las personas sindicadas por homicidio y
buscadas por las autoridades judiciales y que, en atención a las afectaciones que venía
padeciendo por dicha campaña publicitaria había elevado peticiones ante diferentes
organismos como la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, el
Comando de Policía de Antioquia, el DAS para que se le informara cuál autoridad
judicial había ordenado la captura dado que él no tenía antecedentes judiciales
diferentes al ocasionado con el accidente de tránsito; y que, como tales autoridades
habían eludido darle una respuesta, lo único que podía explicar las publicaciones era
que el dicho Juzgado hubiese omitido librar las comunicaciones de extinción de la pena
a todas las autoridades pertinentes. Por ello, solicitó que se oficiara a la Policía, a la
Gobernación y al DAS, para que cesaran la “infame campaña en su contra”61. 4.11. El 12 de junio de 2008, mediante Oficio 680, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Rionegro solicitó al Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. –
Oficina de antecedentes, realizar la respectiva anotación de la extinción de la condena
a favor de Juan Fernando Flórez Rivera. Esto, dijo, “a fin de que en futuras
oportunidades NO SE VUELVA a solicitar por ese ENTE JUDICIAL lo aquí informado,
toda vez que dicha situación ha ocurrido en múltiples oportunidades y ha correspondido
a este despacho nuevamente realizar y expedir la presente información a esa entidad.
(…) Es por esto que nuevamente se informa, que el señor JUAN FERNANDO FLÓREZ
RIVERA, NO TIENE NINGUNA CAUSA PENDIENTE (…)”62. 4.12. El 4 de mayo de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro,
informó dentro de este contencioso que mediante oficios 672, 673, 674 y 675 del 4 de
57 Folios 9 a 10 Ibídem -Petición de información del actor a la Policía Nacional-
58 Folio 15 ibídem – petición con sello radicador de Telemedellín de fecha 31 de mayo de 2007.

59 Folios 11 a 12 Ibídem -Oficio No 00010145 de la Policía Nacional responsivo de petición del actor-
60 Véase sobre de manila en que reposan varios ejemplares del diario El Mundo de Medellín, junto con memorial

remisorio al a quo por parte del asesor jurídico del dicho periódico, responsivo de exhorto 641, incorporado al
Cuaderno Principal-
61 Folio 417 del cuaderno 3.
62 Folios 424-425 del cuaderno 3.

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agosto de 2005, ese Despacho ofició a la Registraduría Nacional, a la Procuraduría
General, al Departamento Administrativo de Seguridad – DAS y al Centro de
Información sobre actividades Delictivas CISAD sobre la extinción de la pena impuesta
al señor Juan Fernando Flórez Rivera y señaló que esta misma información la había
vuelto a enviar el 12 de junio de 200863.
4.13. El 19 de octubre de 2010, con destino a este proceso, el periódico El Mundo,
remitió los ejemplares de prensa que circularon el 20 de febrero de 2007 y el 30 de
octubre de ese mismo año64. En el primero de los ejemplares se aprecia que aparece
ocupando una página del matutino, un listado de nombres y fotografías de cincuenta y
siete (57) personas, bajo el título de “SE BUSCAN” – “Acciones contundentes contra 57
presuntos homicidas en el departamento”, por los cuales se ofrecen recompensas de
“hasta $5 millones”. Ese listado lo encabeza el señor Juan Fernando Flórez y, en la
publicación, entre otras se reseña: “Por su parte el comandante del Departamento de
Policía Antioquia, manifestó que la campaña para dar captura a estos sujetos se basa
en el cumplimiento de tres estrategias; desde lo preventivo, lo investigativo y lo
operativo”. En el segundo ejemplar, se aprecia un listado de ocho personas, donde
figura en el primer lugar una fotografía con el nombre de Juan Fernando Flórez Rivera.
La publicación está rotulada con logo-símbolos de la Policía Nacional y, en su parte
posterior se anuncia: “Delincuentes más buscados por homicidio – Región Oriente” y,
como glosa al margen del mosaico se lee: “Con la captura de alias “Dairon” las
autoridades creían haber disminuido las listas de los ocho más buscados por
homicidio”.
4.14. El 29 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro,
mediante oficio 2022 indicó, en relación con las constancias de envío de los oficios con
los cuales reportó a las autoridades, entre ellas al DAS, sobre la extinción de la condena
contra el señor Juan Fernando Flórez Rivera, que dicha información “debió ser remitida
a sus destinatarios por medio del correo ordinario (472) que presta tal servicio a los
despachos judiciales; sin embargo no aparece constancia ni la fecha exacta de este
envío y si se le remitió copia a la Policía en esos momentos. Textualmente se dice en
ese oficio: ”(…). Desconoce este funcionario en este momento, si esa información fue
remitida vía correo a las diferentes autoridades, toda vez que como ya se dijo (…), no
existe plantilla alguna que respalde tal envío, sin embargo en el cuaderno existente en
este Juzgado se aprecian copias de tales oficios (…)”65.
V. CONSIDERACIONES

5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

5.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración del oportuno ejercicio que, de la acción de reparación directa hizo la parte
demandante, puesto que, el término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136
del Código Contencioso Administrativo (CCA)66 se cuenta a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho u omisión y, para el caso concreto, tal como revelan las pruebas,
solamente hasta el 12 de junio de 2008 puede decirse que existió certeza de que el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro envió el oficio informativo de la extinción
de la condena del señor Juan Fernando Flórez Rivera al Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, pues antes de eso, si bien existe constancia de que libró los oficios, no
se demostró que efectivamente aquellos hubieran sido remitidos a sus destinatarios ─Cfr.
hecho 4.14─, lo que viene a indicar que la omisión que el demandante reprocha cesó en
tal calenda ─12 de junio de 2008. De esta manera, comoquiera que la demanda se incoó

63 Folios 153-154 del cuaderno 1.
64 Folio obrante dentro de un set de publicaciones periodísticas, anexas al expediente en sobre de manila.g
65 Folios 470-471, del cuaderno 1.
66 El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo prescribe que la acción de reparación directa caducará al

vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

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el 18 de diciembre de 200967, es decir, antes de que transcurrieran los dos años de que
trata la norma referida, la parte actora formuló sus pretensiones de forma oportuna,
inclusive, sin tomar en consideración el tiempo en que se suspendió el término en razón
del trámite de la conciliación prejudicial68.
A igual conclusión se llega en caso de ser contado ese término de forma independiente
en relación con las actuaciones que se le endilgan a la Policía Nacional, pues, tal como
lo refieren las pruebas, cuando menos, hasta el 30 de octubre de 2007 seguía
circulando la campaña publicitaria puesta en marcha por dicho organismo en procura
de capturar a los homicidas más buscados del departamento de Antioquia, entre los
que figuraba Juan Fernando Flórez Rivera. En consecuencia, respecto de esta entidad
el plazo para demandar fenecía el 31 de octubre de 2007; sin embargo, como la solicitud
de conciliación se presentó el 11 de septiembre de 2009, ─esto es cuando faltaban 49
días para la expiración del plazo─ y el trámite conciliatorio se extendió hasta el 10 de
diciembre de ese año69, mientras que la demanda se impetró el 18 de diciembre de
2009, se impone concluir que las pretensiones contra esta demandada vinieron
oportunas.
5.1.2. La decisión que adopte la Subsección tendrá alcance respecto de los siguientes
demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Juan Fernando
Flórez Rivera por ser la persona que se vio directamente involucrada en las
publicaciones y difusiones del mosaico de los delincuentes más buscados, Paola
Andrea Amaya García quien acreditó ser la cónyuge del señor Flórez Rivera70, Isabela
y Mateo Flórez Amaya en su condición de hijos de la víctima directa 71, Luz Marina
Rivera de Flórez en calidad de madre de Juan Fernando72 y, Sandra Patricia Flórez
Rivera, quien acudió en calidad de hermana73. Cabe aclarar que, aun cuando al
expediente se allegó el registro civil de defunción del señor Hernando Antonio Flórez
Ruíz, padre de Juan Fernando, tal persona no hace parte del presente contradictorio74.

5.1.3. En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que está legitimada
en la causa la Nación, representada en este caso tanto por el Ministerio de Defensa -
Policía Nacional a través de su director o su delegado y, por el Director Ejecutivo de
Administración Judicial o su delegado, puesto que fueron órganos pertenecientes a la
estructura de las entidades que ellos regentan quienes intervinieron en las omisiones o
actuaciones que se reprochan en la demanda. De igual modo, porque de acuerdo con
el artículo 485 de la Ley 600 de 2000, aplicable al caso, “Cuando se declare la extinción
de la condena conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a
las mismas entidades a quienes se les comunicó la sentencia o la suspensión
condicional de la ejecución de la pena”, lo que viene a indicar que las demandadas
legamente están encargadas de la producción y del manejo de los datos relativos a
condenas y antecedentes judiciales.

67 Sello de radicación obrante a folio 55 del cuaderno 1.
68 A folios 32-33 del cuaderno 1 reposa la constancia expedida por la Procuraduría 31 Judicial II Administrativa ante

el Tribunal Administrativo de Antioquia en la que consta que la parte actora elevó solicitud de conciliación el 11 de
septiembre de 2009, trámite que se concluyó sin fórmula de arreglo el 10 de diciembre de 2009.
69 Ibídem.
70 A folio 8 del cuaderno 1 obra registro civil de matrimonio con indicativo serial 03392930, en el que consta que Juan

Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García contrajeron matrimonio el 20 de marzo de 1999.
71 Según da cuenta los registros civiles de nacimiento, así: (i) Registro civil de Isabela Flórez Amaya, con indicativo

serial No. 3377041 y, (ii) Registro civil de Mateo Flórez Amaya, con indicativo serial No. 27347510, en los que consta
que los dos son hijos de Juan Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García, obrantes a folios 184-185 del
cuaderno 1.
72 Tal como se desprende del registro civil de nacimiento ─sin serial─ de Juan Fernando Flórez Rivera, obrante a

folio 4 del cuaderno 1, en el que consta que aquél es hijo de Luz Marina Rivera Ramírez y Hernando Antonio Flórez
Ruíz.
73 A folio 5 del cuaderno 1, aparece el registro civil de nacimiento de Sandra Patricia Flórez Rivera, con serial

6138878, en el que consta que aquella es hija de Luz Marina Rivera Ramírez y Hernando Antonio Flórez Ruíz.
74 El registro civil de defunción se allegó junto con el documento de adición de la demanda; sin embargo, allí no se

hizo ninguna alusión a que se modificaba el acápite de demandantes, simplemente se enlistó el mencionado registro
como una prueba documental. Cfr. folio 180 del cuaderno 1. Adicionalmente, tampoco se observa que, respecto de
esta persona, se haya agotado el trámite de conciliación prejudicial.

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Huelga decir, por lo ya expuesto, que la Sala no se pronunciará en relación con la
legitimación del Ministerio del Interior y de Justicia, y el Departamento Administrativo
de Seguridad DAS, por ser asunto ya decidido y no controvertido.

5.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada

5.2.1. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia75, en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC)76, quien pretenda la
indemnización de los perjuicios causados por el Estado deberá demostrar: (i) la existencia
de un daño antijurídico, y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las
autoridades públicas.

El Tribunal de primera instancia determinó que el daño sufrido por los demandantes no
se encontraba demostrado, pues, pese a que consideró que la parte actora acreditó un
actuar indebido de la administración, refiriéndose por tal a la Policía Nacional, concluyó
que las pruebas traídas al proceso no eran suficientes para demostrar la certeza del
daño alegado ni el nexo causal. Por su parte, la demandante en la apelación invocó
que el Tribunal no valoró la publicación del 30 de octubre de 2007, con la cual quedaba
demostrado que la Policía obró con negligencia, pues desde mayo de 2007 había
elevado petición para poner en conocimiento la situación que se le venía presentando
y, por tanto, tenía el deber de verificar la información que publicaba, asunto que no
hizo. Así mismo, reprochó que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Río Negro
omitiera informar a las autoridades pertinentes sobre la extinción de la condena que
pesaba en su contra. En suma, reconvino que habiéndose demostrado que desde el
18 de enero de 2005 se había declarado extinguida la acción penal de la única condena
que le habían impuesto, ni él, ni su familia estaban obligados a soportar el daño que
les devino a partir de las publicaciones, consistente, tal como lo anunció desde la
demanda, en la afectación a sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra,
a la dignidad y a la igualdad ─se advierte que respecto de este último derecho no
argumentó en qué forma se patentó la lesión─.

En el caso concreto, conforme al acervo documental, se encuentra demostrado: (i) que
el señor Juan Fernando Flórez Rivera fue objeto de una condena por los delitos de
homicidio y lesiones personales culposas ocurridas en el contexto de un accidente de
tránsito; (ii) que el 18 de enero de 2005 se declaró la extinción de la condena; (iii) que,
por fuera de esa condena no le figuraban otros pendientes con la justicia; (iv) que, al
menos para el 30 de octubre de 2007, al señor Juan Fernando Flórez Rivera le seguía
apareciendo vigente la condena; (v) que desde febrero de 2007 se incluyó el nombre
de Juan Fernando Flórez Rivera dentro del mosaico de las personas más buscadas
por las autoridades de Antioquia por el delito de homicidio; (vii) que el mosaico hizo
parte de una campaña divulgativa de las autoridades, entre ellas la Policía Nacional,
para combatir la delincuencia, por lo que se ofrecía recompensa por las personas que
figuraran en dicho cartel; (viii) que la campaña de divulgación del mosaico se hizo por
medios de comunicación regional y permaneció, cuando menos, hasta el 30 de octubre
de 2007. Por contera, se encuentra demostrado que el nombre y la imagen de Juan
Fernando Flórez Rivera circuló y fue expuesta por medios de difusión masiva bajo la
etiqueta de ser uno de los delincuentes más buscados de Antioquia.

Así, desde un punto de vista puramente fáctico, es posible afirmar, en principio, que al
haber incluido el nombre y la imagen del señor Juan Fernando Flórez Rivera en el cartel
publicado en 2007 de los delincuentes más buscados en el departamento de Antioquia,
se puso a circular en la comunidad el mensaje objetivado de que dicha persona tenía
pendientes por la justicia y, hasta cierto punto, que se le relacionaba con algún grado
de peligrosidad, pues encabezaba el listado. Sin embargo, esa sola constatación
fáctica no es suficiente para dar por acreditada la existencia de un daño antijurídico,
pues, para que se configure tal presupuesto, es preciso que no exista un título legal

75 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados

por la acción o la omisión de las autoridades públicas. […]”.
76 “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.

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Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o legitime la lesión al interés
jurídicamente tutelado, esto es, que la víctima no esté jurídicamente obligada, en las
condiciones particulares y concretas en que sufrió la lesión, a soportar sus
consecuencias.

Bajo estos términos, procede la Subsección a verificar si la inclusión del nombre y la
fotografía de Juan Fernando Flórez Rivera en el cartel de los más buscados de
Antioquia por homicidio encuadró en circunstancias que permitan predicar de ella su
antijuricidad.

5.2.2. Primer problema jurídico: el daño antijurídico y su demostración.

El buen nombre y la honra son categorías iusfundamentales que gozan de protección
conforme lo disponen los artículos 15 y 21 de la Constitución. Respecto del primero, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que aquél “gira alrededor de la
conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona
es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus
actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el medio
social y al calificar aquellos reconoce su proceder honesto y correcto 77. En cuanto al
segundo, el Alto Tribunal lo ha definido como “la estimación o deferencia con la que
cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le
conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana, es un derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la
sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de
las personas dentro de la colectividad”78.

Ahora, como no hay derechos absolutos, la Corte Constitucional ha establecido los
eventos en los cuales se lesionan tales prerrogativas fundamentales. Así para el caso
del buen nombre, ha determinado que “son contrarias al buen nombre de las personas,
las informaciones que ajenas a la verdad y emitidas sin justificación alguna, de manera
directa o personal o a través de los medios de comunicación, distorsionen el prestigio
social que un individuo ha adquirido y socaven, en consecuencia, la confianza y la
imagen que tiene la persona en su entorno social”79.

Y, en cuanto al derecho a la honra, ha establecido que “no todo concepto o expresión
mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación deshonrosa.
Esta debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende
en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna
expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco
de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad
que lesione el núcleo esencial del derecho. Por esta razón, la labor del Juez en cada
caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio existentes y el grado
de proporcionalidad de la ofensa, es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza
o vulneración del derecho en comento”80.

Ahora, en el ejercicio de las atribuciones de la función de policía para asegurar la
convivencia y proteger a la ciudadanía81, la Policía puede adelantar campañas
tendientes a la prevención o disuasión del delito, máxime cuando ese deber se apareja

77 Corte Constitucional, sentencia SU-056 de1 16 de febrero de 1995.
78 Corte Constitucional, sentencia C-392 del 22 de mayo de 2002.
79 Corte Constitucional, sentencia T-977 del 2 de diciembre de 1999.
80 Corte Constitucional, sentencia C-392 del 22 de mayo de 2002.
81 Ver, al respecto:Código de Policía vigente para la época ─Decreto 1355 de 1970─ en su artículo 1°, que dispone:
“La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos
que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las
convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.
Este artículo es concordante con el artículo 10° del Código de Convivencia Ciudadana para el Departamento de
Antioquia ─Ordenanza No. 18 del 27 de diciembre de 2002, aplicable al caso─, artículo 10 que en su tenor dispone:
“ARTICULO 10: Los funcionarios de Policía están instituidos para servir a la comunidad, asegurar la convivencia
pacífica, proteger a los habitantes del territorio colombiano en su vida, libertad, honra y bienes, y en los derechos
que de estos se deriven, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Política, en la Ley, en las
Convenciones y Tratados Internacionales, en el Reglamento de Policía y en los principios universales del Derecho”.

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Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

con la obligación que le asiste de colaborar en la ejecución de los mandamientos de
captura vigentes que haya emitido una autoridad judicial competente 82. En ese
contexto, tal como lo prescribía el Código de Policía vigente para la época de los
hechos, en su artículo 30: “[p]ara preservar el orden público la policía empleará sólo
medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces,
aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales
medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento
del orden o su restablecimiento”.

En ese orden de ideas, no es antijurídico el daño que se causa cuando se incluye el
nombre de personas buscadas por la comisión de delitos en mosaicos o carteles de
difusión por parte de las autoridades, en aquellos eventos en que esa exposición
obedece a una orden judicial vigente y a una información veraz de la situación judicial
del sujeto, pues, por un lado, como lo ha sostenido la Corte Constitucional “no es
posible reclamar la protección al buen nombre cuando el comportamiento de la persona
no le permite a los asociados considerarla como digna o acreedora de un buen
concepto o estimación”83. Y, por otro, la libertad de comunicar información, esto es,
datos que describen una situación con sustento empírico ─no una mera opinión─ se
considera como un derecho fundamental de doble vía en tanto garantiza el derecho a
informar, así como el derecho a recibir información”84. Por consiguiente, “la protección
de la libertad de información se dirige a aquellas modalidades de comunicación en las
cuales el fin primordial es describir o dar noticia de un acaecimiento, en esa medida,
es imperioso que se trate de datos veraces e imparciales, lo cual implica que “las
versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables (…)”85.

Por el contrario, constituye un daño antijurídico la inserción de datos en medios de
comunicación que brinden una información que no es veraz, porque en tal caso, la
puesta en circulación de esos datos tiene la potencialidad para afectar la esfera
protegible de los derechos al buen nombre y a la honra, esta última, además, como
una manifestación de la dignidad de las personas.

De acuerdo con lo anterior, como en el presente caso ha quedado demostrado que no
era cierto que Juan Fernando Flórez Rivera, para el momento en que se incluyó su
nombre en el mosaico de las personas más buscadas por el delito de homicidio tuviese
pendientes con la justicia, luce antijurídico el daño que dichas publicaciones le
causaron en el ámbito de sus derechos al buen nombre, a la honra y la dignidad,
constitucionalmente protegidos.

Tal daño queda, además, corroborado con los testimonios de algunas de las personas
que vinieron a este contencioso. Tal es el caso de lo expuesto en su declaración por
María Cecilia Marulanda Valencia, en tanto con su dicho deja entrever las dudas que
surgieron sobre la reputación de su vecino Juan Fernando luego de las publicaciones.
Sobre el particular depuso: “A él lo tuvieron buscando, sería la Policía, porque él salió
por Tele Antioquia y salió en varios afiches en el Comando de la Policía por acá de la
Ceja, y decía que se buscaba el delincuente más peligroso. Ya después de eso él se
encerró por temor, estuvo encerrado (…), de huida, por miedo, por ver esos afiches
por ahí regados. (…) Estaban fijados en las paredes acá en la Ceja, decía se busca
(…) él como que era inocente en eso. Como que no tenía causa en eso. Se tuvo que
encerrar de miedo y la familia muy preocupada porque cuando eso existían los paracos
por ahí (…)” ─se destaca─86.

En el mismo sentido la testigo María Fernanda Montoya¸ amiga y vecina de Juan
Fernando, indicó: “En este momento trabaja en la carnicería que tiene, antes le
ayudaba al papá (…) Una vez lo sacaron por Tele Antioquia que lo estaban buscando
como uno de los delincuentes más peligrosos que había en el Departamento. Yo lo ví

82 Ver, entre otros, artículo 56 del Decreto 133 de 1970, vigente para la época de los hechos.
83 Corte Constitucional, sentencia SU-056 de1 16 de febrero de 1995.
84 Ver. Corte Constitucional, sentencia 420 del 12 de septiembre de 2019. Fundamento 75 citado de forma indirecta.
85 Ibíd. Cita textual.
86 Folio 271, cuaderno 1.

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Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

por la Televisión (…) le tocó estar ausente de la carnicería un tiempo, por miedo (…)
Afectó mucho a la esposa porque todo el mundo la estaba marcando, la gente decía
ve donde va la señora de ese señor. Como señalándola que este señor hubiera hecho
algo (…). Ya ella no podía salir a la calle (…)” ─se destaca─87

Si bien, a instancias de lo prescrito en el artículo 217 del C.P.C.88 ─aplicable a este
asunto─ podría decirse que en la medida que las declarantes manifestaron ser vecinas
y amigas de los demandantes, pudiera decirse que tal situación afecta su credibilidad
y las pone en un plano de sospecha, lo cierto es que su dicho se refleja espontáneo y
circunstanciado, sin que se advierta de su parte la intención de alterar o tergiversar los
hechos, aunado a que resultan contestes con los demás medios de prueba.

Quiere decir ello que está acreditado que a partir de las publicaciones se generó un
manto de duda alrededor de la reputación y honorabilidad que tenía en su entorno el
señor Flórez Rivera, de ahí que no le quepa duda a la Sala sobre la demostración del
daño antijurídico reclamado por los demandantes que, conforme a la pretensión
declarativa de la demanda, la afectación por la que se reclama en este contencioso se
concretó en la exposición del nombre y la imagen del señor Flórez en medios de
comunicación dentro del mosaico de los homicidas más buscados y peligrosos de
Antioquia. En consecuencia, la Sala avanzará al siguiente punto en discusión, esto es,
la imputabilidad del daño.

5.2.3. Segundo problema jurídico: la imputación del daño.

Esta segunda cuestión se concreta en el juicio conducente a la atribución de un daño
antijurídico a un patrimonio determinado y diferente al de la propia víctima, ejercicio
este que se adelanta en dos fases: una fáctica, que de ordinario se resuelve en el plano
causal, y otra jurídica, que remite a las razones por las que el derecho obliga al traslado
de las consecuencias gravosas de la lesión del patrimonio de la víctima al de un tercero.
En el plano fáctico, el recurso ordinario a la causalidad tiene excepciones, entre ellas,
en relación con los daños antijurídicos ocasionados por la omisión en el cumplimiento
de los deberes, pues sabido es que la inacción no puede, por elemental consideración
de lógica formal, oficiar como causa. Por tanto, en tales casos, el juicio de atribución
implica una composición de circunstancias hipotéticas para averiguar, en qué medida
el cumplimiento del deber podía evitar la consecuencia dañosa. En la perspectiva
jurídica, y en un plano puramente normativo, el artículo 90 de la Constitución Política,
fuente formal en nuestro ordenamiento del derecho administrativo de daños, no define
un único título de atribución del daño y, por el contrario, defiere al juez de la
responsabilidad su selección en función del caso, y a explorar, en consecuencia, en las
canteras tanto de la responsabilidad subjetiva, como de la objetiva89.

De conformidad con lo anterior, la Sala abordará el estudio de esta controversia a partir
del título de atribución del daño de la falla en el servicio, en la medida en que el reclamo
de la parte demandante se centra en advertir que la Policía Nacional, y la Rama judicial
fueron omisivas en el cumplimiento de sus deberes, la primera por difundir una
información sin verificarla y, la segunda por omitir enviar de manera oportuna la
información sobre la extinción de la condena.

87 Folios 274-275, cuaderno 1.
88 ARTÍCULO 217. TESTIGOS SOSPECHOSOS. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del

juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas.
89 Corte Constitucional. Sentencia SU-078 de 2018: “80. En ese orden, la Corte ha considerado que el artículo 90

Superior permite acudir tanto a la falla del servicio como a un título de imputación objetivo, de esa manera, para
decidir diferentes casos ha matizado posturas rígidas afirmando que el daño antijurídico no excluye la posibilidad de
exigir la demostración de una actuación irregular del Estado. || 81. De la misma forma, se anota que la Corte y el
Consejo de Estado comparten dos premisas: la primera, que la responsabilidad del Estado se deduce a partir de la
constatación de tres elementos: (i) el daño, (ii) la antijuridicidad de este y (iii) su producción a partir de una actuación
u omisión estatal (nexo de causalidad). La segunda, que el artículo 90 de la Constitución no define un único
título de imputación, lo cual sugiere que tanto el régimen subjetivo de la falla del servicio coexiste con títulos de
imputación de carácter objetivo como el daño especial y el riesgo excepcional”. (Negrilla fuera del texto).

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Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

A tal efecto, esta colegiatura encuentra demostrado que, aun cuando es cierto que la
Policía Nacional no era la encargada de llevar y mantener actualizados los registros
delictivos, función que por la época correspondía al DAS90, organismo sobre el que la
Sala no hará pronunciamiento alguno en virtud de lo ya expuesto; también lo es que la
Policía Nacional tuvo la oportunidad de advertir ─con fundamento en derecho de
petición que formuló el señor Juan Fernando Flórez─, desde el 29 de mayo de 2007,
que la información concerniente al mencionado señor probablemente podía estar
desactualizada; sin embargo, no emprendió ninguna actuación para verificar la
actualidad y vigencia del dato, pues se limitó a responder que no había recibido orden
de cancelación del mandamiento de captura y, aun así, permitió que se siguiera
divulgando el nombre de Juan Fernando Flórez Rivera en el mosaico de los homicidas
más buscados ─Cfr. hechos 4.6 y 4.9─, mostrando absoluta indiferencia y negligencia
por el manejo de una información tan sensible para el ámbito reputacional del
demandante, entre otras cosas, porque en esos carteles suelen aparecer los
delincuentes con más alto grado de peligrosidad. En este punto, valga decir que, tal
como se demuestra en la publicación del 30 de octubre de 2007 en el periódico El
Mundo, para ese momento el mosaico que se puso a circular por parte de la policía era
uno en el que Juan Fernando ya no estaba dentro de un listado de 57 personas, sino,
dentro de los 8 delincuentes más buscados ─encabezando listado─, lo que mueve a
la Sala a considerar que lejos de hacerse algo para verificar la situación del señor
Flórez, lo que se hizo fue agravarla.

Ahora, contrario a lo expuesto por la primera instancia, la Sala encuentra acreditado el
nexo causal entre el daño causado a la parte actora y la actividad o inactividad de la
Policía Nacional, en tanto fue esta la que diseñó y dispuso la integración del mosaico
con las personas más buscadas por homicidio y, además, fue la entidad a la que se
dirigió el señor Juan Fernando Flórez Rivera en procura de una solución, sin que se
hubiera desplegado la más mínima actuación para comprobar la veracidad de la
información difundida a través de la campaña contra la delincuencia en el
Departamento. Así las cosas, resulta palmario que la Policía Nacional está llamada a
responder frente a las pretensiones de la demanda.

En lo que concierne al Consejo Superior de la Judicatura, entiéndase Rama Judicial,
la Sala remarca, conforme a las pruebas, que aun cuando quedó visto que desde el 3
de agosto de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro libró los Oficios
672, 673, 674 y 675 para comunicar, entre otros, al Departamento Administrativo de
Seguridad – D.A.S. y al Centro de Información sobre Actividades Delictivas de
Medellín, la decisión de extinción de la pena91, no hay certeza de que aquellos
hubiesen sido radicados en las dependencias destinatarias, no al menos hasta antes
del 12 de junio de 2008 y, por el contrario, en respuesta dada el 29 de mayo de 2016
al Tribunal de primer grado, la referida célula judicial informó que no se hallaron
planillas o soportes de envío de los oficios.

De lo anterior se desprende que el Juzgado no comunicó oportunamente la orden de
cancelación del mandamiento de captura por extinción de la condena, en los términos
en que se lo imponía en artículo 485 del C.P.P.92 de la época. No desconoce la Sala
que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro para atender la petición del

90 Conforme lo establecía el No. 12 del artículo 2° del Decreto 643 del 2000 – vigente para la época de los hechos.

Artículo 2°.Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que
determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:
(…)
12. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el
canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República.

91 Folios 411-413 del cuaderno 3. En el cuaderno 3 se encuentra tosa la actuación penal, no obstante, allí no obra
el oficio No. 674.
El oficio 674 reposa en el folio 161 del cuaderno 1 y fue allegado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Rionegro, en respuesta del 4 de mayo de 2010.
92 Artículo 485. Extinción de la condena y devolución de la caución. Cuando se declare la extinción de la condena

conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se les
comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

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Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

señor Flórez del 10 de marzo 2008, procedió a librar nuevamente los oficios; en todo
caso, esa circunstancia postrera no desdice el descuido previo de no haberse
cerciorado de su envío, ya que de allí partió la omisión que dio lugar al daño que
reclama la parte actora.

Por las anteriores razones la Sala revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar,
declarará que la Nación – Policía Nacional – Rama Judicial son responsables de los
daños a bienes constitucionalmente relevantes, causados a la parte actora.

5.2.4. Tercer problema jurídico: la concreción y estimación de perjuicios.

En la demanda se formularon dos pretensiones, una declaratoria y otra de condena.
En la primera se solicitó declarar a las demandadas responsables de los daños
y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes por
la exposición del nombre y la imagen del señor Flórez en medios de
comunicación dentro del mosaico de los homicidas más buscados y peligrosos
de Antioquia y, en la segunda, solicita se condene al resarcimiento de los perjuicios
morales causados. Así se elevó la pretensión:

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, la parte demandada,
deberá cancelar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales
subjetivos (pretium doloris), los salarios mínimos legales mensuales, que a
continuación se indican (por valor en pesos a la fecha de ejecutoria de la providencia
que ponga fin al proceso) junto con los intereses moratorios que se causen a partir de
tal ejecutoria.

Luego, relacionó a cada uno de los demandantes, junto con el pedimento de perjuicios
morales, así: para Juan Fernando Flórez Rivera 200 smlmv; para Paola Andrea Amaya
García, Isabela Flórez Amaya, Mateo Flórez Amaya y Luz Marina Rivera de Flórez, el
equivalente a 100 smlmv para cada uno de ellos y 50 smlmv para Sandra Patricia
Flórez Rivera. Por fuera de esta pretensión no elevó ninguna otra, lo que quiere decir,
a la postre, que no se hizo ninguna reclamación puntual por daños materiales o
patrimoniales, de ahí que la Sala se concite en torno a las reclamaciones de índole
inmaterial.

Como en el presente caso el daño que se reclamó y que la Sala encontró acreditado
se constituye en la afectación al buen nombre y la imagen, en principio, habría razón
para entender que ese daño puede generar perjuicios morales en el ámbito de quien
lo padece y eventualmente de sus familiares si es que ello logra probarse; sin embargo,
la Sala estima que en los asuntos en que el daño consista en la afectación al derecho
fundamental al buen nombre, el perjuicio moral no resarce plenamente desde la esfera
del perjuicio moral, porque dicho daño no se traduce solamente en una aflicción, sino
que se manifiesta de manera objetiva en la conducta social y, más concretamente en
el ámbito exógeno del que depende que se tenga por reputado un “buen nombre”, por
ser así, la Sala toma en consideración que la Sección Tercera de esta Corporación, en
la sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 32988 , reconoció una categoría autónoma
de daños inmateriales denominada “afectaciones a bienes o derechos constitucional o
convencionalmente amparados”. Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes,
las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos
constitucionales y convencionales. Tal vulneración o afectación relevante puede ser
temporal o definitiva y su procedencia se incardina en el principio de reparación
integral. Desde el punto de vista de su reconocimiento, se establecieron de forma
unificada las siguientes subreglas: (i) se propende por reparar plenamente a la víctima,
esto es, restaurar sus derechos o bienes constitucionales o convencionales afectados,
enervar las causas de la lesión, poner a la víctima en condiciones de disfrute del
derecho lesionado, evitar afectaciones futuras y garantizar el derecho a la igualdad
sustancial.

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En punto de su indemnización, la Sala determinó las siguientes reglas: (i) la reparación
procede inclusive de oficio, siempre que esté demostrada su existencia; (ii) se reconoce
en favor de la víctima directa y su núcleo familiar hasta el primer grado de
consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción
y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y
afecto que se presumen entre ellos; (iii) se repara principalmente con medidas no
pecuniarias, no indemnizatorias; (iv) excepcionalmente, si las medidas no pecuniarias
son insuficientes, podrá reconocerse únicamente en favor de la víctima directa una
indemnización pecuniaria de hasta 100 SMLMV, siempre y cuando la indemnización
no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud, dicho quantum
deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño o a la
naturaleza del bien o derecho afectado.

Al aplicar estas reglas al caso concreto se logra establecer que la existencia del
perjuicio se encuentra demostrada respecto del señor Juan Fernando Flórez, pues
comprobado está que fue la persona que soportó la afrenta de su nombre mientras
circularon los volantes o publicaciones en los que se lo anunciaba como uno de los
delincuentes más peligrosos de su región. Así lo establecen las pruebas documentales,
pero también las testimoniales, entre ellas las dos declaraciones ya aludidas y lo
expuesto por el testigo Wilson Pavas Marulanda, vecino de Juan Fernando, que, al
respecto depuso: “él salió publicado porque era el más buscado del pueblo, que era
como un delincuente, como un cabecilla o algo así, salió en la televisión y en afiches
en el comando. Yo vi el afiche y me tocó verlo en Tele Antioquia y que era el más
buscado del pueblo (…) se tuvo que esconder, le dañaron la imagen, porque de todas
maneras la policía lo estaba buscando (…) porque pensaba que lo iban a meter a la
cárcel”93. A esto se suman los testimonios de Ana Rita Vásquez quien depuso: “hasta
ese momento la vida se le acabó se le derrumbó porque le dañaron la reputación” 94 y,
María Yolanda Pavas Marulanda, que afirmó: “Los afiches contenían los malos del
pueblo, y ahí aparecía él”95, declaraciones estas que, al margen de la sospecha que
pueda afectarlas por el hecho de las relaciones de parentesco o amistad que existan
con el demandante, lo cierto es que desde un punto de vista de valoración integral con
el resto de las pruebas, son merecedoras de credibilidad.

Respecto de Paola Andrea Amaya García, quien concurrió al proceso en calidad de
cónyuge, está demostrado que esta también padeció una afectación directa en su
ámbito reputacional, en cuanto en el contexto de su trabajo recibió señalamientos por
ser la esposa de la persona a quien las autoridades anunciaban como un homicida
peligroso. De esta situación da cuenta el testimonio ya aludido de María Fernanda
Montoya, declaración que resulta conteste con lo expuesto de manera juramentada por
la señora Alba Mery García en cuanto depuso que Paola Andrea “trabajaba en un
almacén de prestigio, almacenes Moda, toda la vida ha trabajado allá y tuvo que pedir
una licencia, porque la gente es muy maleducada y le preguntaban, sobre el afiche y
ese cartel y ella no sabía qué contestar”96. Cabe indicar que lo expuesto por esta testigo
puede tildarse de sospechoso, en la medida que se trata de la madre de la
demandante; sin embargo, la condición de sospecha ─art. 217 C.P.C.─ no implica que
el testimonio deba defenestrarse, sino que impone una valoración más rigurosa ─art.
285 C.P.C.─, que en este caso se suple, pues los dichos de esta deponente guardan
relación con lo manifestado por otros declarantes97.

En relación con los hijos, la mamá y la hermana de Juan Fernando, aun cuando todos
los testigos, que por demás manifestaron conocer de cerca la situación de la familia,
ya por ser vecinos o allegados, refirieron que estos demandantes se vieron muy
afectados y atemorizados por el hecho de que Juan Fernando estuviera siendo
señalado de ser uno de los homicidas más buscados, tales pruebas no son suficientes

93 Folios 272-273, cuaderno 1.
94 Folios 255-256, del cuaderno 1.
95 Folios 269-270, del cuaderno 1.
96 Folios 275-276, cuaderno 1.

97 Respecto a las afectaciones que padeció Paola Andrea, en calidad de esposa, tal como se desprende

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para acreditar una afectación directa a los bienes constitucionales al buen nombre y la
honra, pues frente a estos no aparece demostrado que se hubiese hecho una
referencia puntual al descrédito o al quiebre reputacional que se constituye en el eje
de la afectación por la que se reclama. Se demuestra sí, que su integridad moral se vio
menoscabada por el desasosiego de ver a su familiar expuesto en medios de
comunicación y en afiches ubicados en ámbitos próximos, dado que los testigos
refieren que la campaña emprendida por la Policía Nacional se extendió a distintos
lugares del vecindario, como, por ejemplo, a la salida de una clínica98, en el parque de
un municipio circunvecino99, afiches en el comando de policía de la Ceja Antioquia,
municipio donde residía la familia100, lo que denota que estos, con excepción de Isabela
Flórez Amaya, padecieron un perjuicio de índole moral, distinto de la afectación directa
que sufrió Juan Fernando y Paola Andrea, pero no por ello ajeno al merecimiento de
ser reparado. Se excluye del reconocimiento de tal perjuicio a Isabela, dado que el
registro civil de nacimiento da cuenta de que ella nació el 12 de septiembre de 2006,
es decir, apenas cinco meses antes de que apareciera la primera publicación ─febrero
de 2007─ y, de suyo, en tales circunstancias resulta improbable que comprendiera la
situación por la que atravesaba su padre y, por ende, también improbable que
padeciera algún tipo de temor o aflicción por ese hecho .

Corolario de los expuesto, la Sala encuentra demostrado que, respecto de Juan
Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García se causó una afectación
autónoma en sus derechos constitucionales al buen nombre y a la honra, mientras que,
en lo concerniente a los demandantes Mateo Flórez Amaya, Luz Marina Rivera de
Flórez y Sandra Patricia Flórez Rivera se causó una afectación de tipo moral, cuyo
reconocimiento no contraviene lo expuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014 (exp. 32.988), por cuanto se trata de perjuicios distintos y cada uno
debidamente acreditado.

Por lo tanto, comoquiera que el menoscabo está debidamente probado en el
expediente y es de aquellos cuya cuantificación corresponde al juez determinar en
ejercicio de su arbitrio iuris, la Sala reconocerá, de manera solidaria y con cargo al
presupuesto de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y La Nación -
Rama Judicial, la suma equivalente a quince (15) SMLMV para cada uno de los señores
Fernando Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García y, la suma equivalente a diez
(10) SMLMV para cada uno de los siguientes demandantes: Mateo Flórez Amaya, Luz
Marina Rivera de Flórez y Sandra Patricia Flórez

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será objeto de revocación
conforme a lo expuesto en precedencia.

VI. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a
la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente
y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se efectuará condena
en costas.

98 Como lo refirió la testigo Alba Mery García, al decir: “ También en Pontezuela cuando uno sale de la clínica,

también estaba el afiche” Folio 275 del cuaderno 1.
99 Al respecto Alba Mery García depuso sobre una situación particular que vivió el hijo mayor de Juan Fernando, en

cuanto manifestó: “ “Cuando salieron los carteles que lo buscaban (…) Todo el mundo lo vio fue por Tele Antioquia,
pero a mí me contaron, me decían cómo así que el yerno suyo lo están buscando como el peor delincuente y yo
asustada, porque no podía creer eso (…) Entonces fuimos a pasiar (sic) a San Jerónimo, pero Juan Fernando no,
porque él no volvió a salir de la casa. Cuando llegamos a San Jerónimo estábamos buscando dónde parquearnos,
cuando lo primero que vio el hijo, mateo (sic) fue la foto del papá en un muro ahí en la plaza y le dijo al abuelo, mire
donde está la foto de mi papá, el abuelo, mi esposo, se bajó y le tomó la foto al cartel, porque ya habían dicho que
lo habían quitado”. Folios 275-276 del cuaderno 1.
100 De este hecho dan cuenta las declaraciones de María Yolanda Pavas Marulanda (“Me enteré por medio de Tele

Antioquia y por avisos que pegaban en las paredes y en el Comando de la Policía” - fl. 270, cuaderno 1); María
Cecilia Marulanda Valencia (“él salió por Tele Antioquia y salió en varios afiches en el Comando de la Policía por
acá de la Ceja, y decía que se buscaba el delincuente más peligroso. Ya después de eso él se encerró por temor,
estuvo encerrado largo tiempo, como un año, de huida, por miedo, por ver esos afiches por ahí regados” – fl. 271
cuaderno 1).

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Radicado: 05001-23-31-000-2015-00004-01 (60234)
Demandante: Juan Fernando Flórez Rivera y otros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sistema Escrito, el diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017),
para en su lugar, disponer:

DECLÁRASE administrativa, patrimonialmente y solidariamente responsable a la
Nación – Rama Judicial y a la Nación–Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
de los daños causados a Juan Fernando Flórez Rivera, Paola Andrea Amaya
García, Mateo Flórez Amaya, Luz Marina Rivera de Flórez y Sandra Patricia
Flórez Rivera, con ocasión de la omisión en la cancelación de la orden de captura
y la inclusión, publicación y divulgación de afiches y mosaicos con el nombre del
primero de los mencionados como uno de los homicidas más buscados de
Antioquia.

CONDÉNASE solidariamente a la Nación – Rama Judicial y a la Nación–
Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar en favor de Juan Fernando
Flórez Rivera y Paola Andrea Amaya García, la suma equivalente a quince (15)
salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, por
concepto de la afectación a sus derechos al buen nombre y la honra,
constitucionalmente relevantes.

CONDÉNASE solidariamente a la Nación – Rama Judicial y a la Nación–
Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar en favor de Mateo Flórez Amaya,
Luz Marina Rivera de Flórez y Sandra Patricia Flórez Rivera, la suma equivalente
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos,
por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPÍDANSE COPIAS con destino
a las partes, para que sean entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
BRC*.

20

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