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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02623-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02623-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones formuladas por la sociedad Canteras de Florencia Limitada, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02623-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de julio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02623-00
Demandante: Canteras de Florencia Limitada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-02623-00
Demandante CANTERAS DE FLORENCIA LIMITADA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia. La mora judicial. Alteración de turno para
fallo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la sociedad Canteras de Florencia Limitada de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de mayo de 20241, la sociedad Canteras de Florencia Limitada interpuso
acción de tutela, a través del representante legal Ángelo Andrés Ucros Ospino2,
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión a la presunta mora judicial al no haber
dictado sentencia de única instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00, por la presunta alteración de turnos
de los procesos que se encuentran para fallo.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Solicito a usted señor(a) Juez se protejan mis derechos al debido proceso y al
acceso real a la administración de justicia.
SEGUNDA: Se declare que El accionado vulneró mi derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso por no respetar los turnos para dictar sentencia
conservando el orden de entrada de los expedientes al despacho para ser dictada sentencia.

TERCERA: Se ordene Consejo de Estado Sección tercera Subsección C Dictar Sentencia en
el proceso de nulidad y restablecimiento de derechos en el consejo de estado con radicado
No 2016-00096-00, demandante Canteras de Florencia Ltda., Demandado Agencia Nacional
de Minería.”

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Índice 2 y 11 de Samai.
2 Quien de acuerdo con el certificado de existencia y representación es actualmente el Gerente – Liquidador.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02623-00
Demandante: Canteras de Florencia Limitada

2.1. La sociedad Canteras de Florencia Limitada presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Agencia Nacional de Minería.

2.2. La mencionada demanda le correspondió por reparto al despacho del
magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y fue radicada bajo el Nro. 11001-03-26-000-
2016-00096-00 (57376).

2.3. La parte actora afirmó que al momento de la radicación de esta acción
constitucional no se ha dictado sentencia de instancia, a pesar de que lleva
más de ocho años en trámite, y señaló que esto se debe a que el despacho
judicial no aplica el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que establece el orden
en el que se deben proferir las sentencias.

3. Fundamentos de la acción

La sociedad Canteras de Florencia Limitada considera que la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, despacho del magistrado Jaime Enrique
Rodríguez Navas, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, toda vez que no está dando estricta aplicación
al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que establece que el orden para proferir
sentencia es el mismo en el que hayan pasado los expedientes al despacho para
tal fin, orden que no puede alterarse.

Afirmó que, en algunos procesos judiciales que se tramitan en el mencionado
despacho no se está respetando el turno que tienen para sentencia, y se han fallado
con prioridad procesos que entraron con posterioridad. Para demostrar su
afirmación, el accionante allegó los datos de los siguientes dos procesos judiciales,
para mencionar que ambos ya cuentan con sentencia, pero entre el uno y el otro,
hay varios procesos que se debieron decidir, pero aún no se han fallado:

Fecha de Fecha de
Medio de Magistrado Fecha
No. Radicado Demandante reparto segunda paso a
control ponente sentencia
instancia despacho

Jaime Enrique
05001-23-31-000- Juan Fernando Reparación
1 17/10/2017 Rodríguez 20/10/2021 24/04/2024
2015-00004-01 Flórez Rivera directa
Navas

Jaime Enrique
68001-23-33-000- Elizabeth Aguirre Reparación
2 1/06/2018 Rodríguez 17/10/2018 24/04/2024
2015-00971-01 Ballesteros directa
Navas

Como otro ejemplo, el actor puso de presente el expediente Nro. 85001-23-33-000-
2016-00097-01 en el cual, si bien ya se dictó sentencia el 13 de marzo de 2024, lo
cierto es que por la alteración de turnos se dictaron sentencias primero en procesos
que entraron con posterioridad a este, así3:

3 Los cuadros que se grafican en este numeral son creados con la información aportada en el escrito de tutela,
con la finalidad de facilitar su comprensión e interpretación.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02623-00
Demandante: Canteras de Florencia Limitada

Fecha de
Medio de Fecha de Magistrado Fecha
No. Radicado Demandante paso a
control reparto ponente sentencia
despacho

Jaime Enrique
85001-23-33-000- Consorcio Controversia
1 --- Rodríguez --- 13/03/2024
2016-00097-01 Intervial 2013 Contractual
Navas

Jaime Enrique
23001-23-33-000- Rosa Hernández Reparación
2 8/10/2019 Rodríguez 31/07/2018 24/01/2024
2014-00100-01 Guevara directa
Navas

Jaime Enrique
70001-23-33-000- Sociedad Inmaq Reparación
3 8/10/2019 Rodríguez 29-06-2018 24/04/2024
2014-00059-02 Ltda. directa
Navas

Andrea del Pilar Jaime Enrique
11001-03-26-000-
4 Lindarte Repetición 6/12/2016 Rodríguez 19/04/2023 24/01/2024
2014-00070-00
Escalante Navas

Señaló que la alteración de turnos incide en el trámite de su proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00, el cual es de
conocimiento de ese despacho desde hace más de ocho años, pues si se compara
con el trámite dado al proceso Nro. 11001-03-26-000-2014-00070-00 se evidencia
la alteración de turnos, por lo que solicitó que también se dicte sentencia en su caso.

Adjuntó un documento de Excel, que señala fue entregado por la Secretaría, en
donde se precisa el orden en el que se encuentran los procesos para dictar
sentencia en el despacho del doctor Rodríguez Navas, y añadió que para mayor
comprensión identificaría los expedientes según la Sala en la que se discutieron,
por colores, para demostrar la alteración de turno.

A su vez, dijo que las dilaciones indebidas en el curso de los procesos judiciales
desvirtúan la eficacia de la justicia, presupuesto establecido en el artículo 228 de la
Constitución Política, pues no se trata solamente de velar por el cumplimiento de
los términos, sino de alcanzar los fines de la justicia. En este mismo sentido, uno de
los principios que integran el debido proceso es que los trámites se desenvuelvan
con sujeción a la legislación establecida, evitando las dilaciones injustificadas, pues
esta es la garantía del efectivo acceso a la administración de justicia.

Por otro lado, planteó algunos argumentos dirigidos a cuestionar la litis del proceso
Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00. Señaló que al momento de presentar la
solicitud NJN-15181, se encontraba vigente la Ley 1382 de 2010 y sus decretos
reglamentarios 2715 de 2010 y 1970 de 2012, por lo que para ese momento “[…] se
podía presentar una solicitud de formalización de minería tradicional, sin la necesidad de
esperar los treinta días a los que hace referencia la norma decreto 0935 de 2013 sin que con
ello se generara una superposición de solicitudes de legalización, pues se insiste, se trata de
una norma inexistente para el momento de presentar el trámite de legalización […]”. Señaló
que al haber aplicado en su caso el Decreto 935 de 2013 se desconoció la seguridad
jurídica, pues este fue expedido con posterioridad a la presentación de su solicitud
de formalización de minería tradicional, luego no hay forma humana de regresar el
tiempo para acreditar el cumplimiento de ese requisito.

Manifestó que al interior del proceso ordinario se nombró un perito minero, el cual
en su informe le dio la razón a la sociedad Canteras de Florencia Limitada, “[…] en
lo relacionado que no existía superposición de solicitudes de minería tradicional en vigencia de
la ley 1382 de 2010 y sus decretos reglamentarios y dejo en claro que esto se estableció con la
expedición del decreto 935 de 2013, siendo clara la falsa motivación de los actos
administrativos. […]”. Afirmó que, en igual sentido rindió concepto la Procuraduría

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02623-00
Demandante: Canteras de Florencia Limitada

dentro del medio de control. Por su parte la Agencia Nacional de Minería presentó
sus alegatos de conclusión de forma extemporánea, por lo que perdió la oportunidad
de ejercer su derecho de defensa.

Concluyó, que dados los anteriores argumentos se debe dictar sentencia dentro de
su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se están vulnerando sus
derechos fundamentales al no respetar los turnos para dictar fallo.

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 28 de mayo de 20244, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la sociedad Canteras de Florencia Limitada contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, despacho del
magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas; se ordenó vincular en calidad de
terceros a la Agencia Nacional de Minería y a las demás partes e intervinientes
que actúan en el proceso Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00; se le solicitó
al despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas un informe con
el listado de los procesos que se encuentran en trámite y el turno en el que se
encuentra el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; y se dispuso
efectuar las notificaciones correspondientes de acuerdo a la información que
obraba en el proceso ordinario.
4.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado5, a través
del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, puso de presente que esta
es la décima acción de tutela que el accionante presenta respecto del medio
de control Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00.
De otro lado, realizó un recuento del trámite que se le ha impartido al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en su despacho, así:
• Luego de admitida la demanda, y resueltas las solicitudes presentadas, el 26 de mayo de
2021 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se decretó la práctica de dos
dictámenes periciales (uno contable y otro minero energético).
• El 8 de noviembre de 2021, se designó a la Universidad Externado de Colombia para
que, a través de sus facultades, designaran al profesional idóneo que realizara los
dictámenes.
• En oficio del 9 de diciembre de 2021, la Facultad de Contaduría de la mencionada
institución educativa informó que no presta los servicios de elaboración y práctica de
experticias técnicas o dictámenes periciales, ni cuenta con personal para este propósito.
Por esto, mediante auto del 2 de marzo de 2022, se designó a la Universidad Nacional
de Colombia para que el decano de la Facultad de Contaduría designara un profesional.
El 6 de abril de 2022, la Universidad Nacional indicó que no contaban con esa facultad
en Medellín, por lo que solicitó ser relevado del cargo. Con providencia del 17 de junio de
2022, se designó a la Universidad Javeriana para que eligiera un profesional para
elaborar el dictamen.
• El 23 de junio de 2022, la parte demandante solicitó impulso procesal para fijar la
audiencia de alegatos de conclusión y anexó documentos para que obraran en el
expediente. El 6 de julio de 2024, el representante legal de la sociedad aportó el paz y
salvo de un apoderado, y manifestó que desistía del dictamen pericial contable (requerido
en la demanda y decretado en la audiencia inicial).
• El 15 de julio de 2022, el demandante presentó impulso procesal, afirmando que existen
otros procesos que ya tienen fecha de audiencia y otros que están para fallo siendo más
recientes que su proceso.

4 Samai, índice 7.
5 Samai, índice 14.
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02623-00
Demandante: Canteras de Florencia Limitada

• El 27 de julio de 2022, el despacho ponente le informó al representante legal de la
sociedad demandante que debía actuar por medio de su apoderado conforme lo dispone
el artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
• El 30 de agosto de 2022, el despacho aceptó la revocación del poder y reconoció
personería al nuevo apoderado.
• Con providencia del 6 de septiembre de 2022, ese despacho no accedió a la
incorporación de nuevas pruebas allegadas por la parte demandante, aceptó el
desistimiento de la prueba pericial solicitada y se requirió al nuevo apoderado para que
aportara original o copia de la comunicación enviada a la sociedad demandante con la
que informó acerca de la renuncia presentada.
• Con auto del 23 de septiembre de 2022, se fijó fecha para la posesión del perito.
• El 3 de octubre de 2022, se aceptó la renuncia presentada por el apoderado de la
demandante, se reconoció personería al nuevo apoderado y se posesionó el perito.
• El 19 de octubre de 2022, el perito designado presentó el informe, el cual permaneció por
10 días en la Secretaría, de conformidad con el artículo 231 del Código General del
Proceso, y subió al despacho el 3 de noviembre de 2022.
• El 28 de noviembre de 2022, el despacho fijó fecha para realizar la audiencia de pruebas
del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. La cual se llevó a cabo el 27 de enero de 2023.
• El 15 de marzo de 2023, el despacho corrió traslado a las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión por escrito y al Ministerio Público para que rindiera concepto,
si a bien lo tenía. El 30 de marzo de 2023, la sociedad allegó sus alegatos y confirió poder
a una nueva abogada. Por su parte, el 14 de abril de 2023, el Ministerio Público rindió
concepto. Y el 18 de abril de 2023, la Agencia Nacional de Minería allegó sus alegatos.
• El 26 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho para fallo, en la misma fecha
se admitió la renuncia del poder y se confirió personería a la nueva apoderada.
• El 5 y 23 de mayo de 2023, la apoderada de la parte demandante solicitó impulso
procesal. El expediente ingresó al despacho el 24 de mayo de 2023.
• El 9 de junio de 2023, el despacho informó a la parte demandante que el fallo de su
proceso ordinario se dictaría en el turno respectivo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
• Con escritos del 26 y 28 de septiembre de 2023, y en ejercicio del derecho de petición la
sociedad solicitó copia digital del expediente de la referencia, impulso procesal y
alteración del turno de fallo. Para efectos de remitir la copia solicitada, el despacho envió
el 26 de septiembre de 2023, el expediente a digitalización.

Y el 6 de octubre de 2023, la
Secretaría de la Sección informó que el expediente ya se encontraba digitalizado,
cargado y disponible en el Sistema de Gestión Samai.
• En autos del 9 de junio y 2 de noviembre de 2023, se le informó al representante legal de
la sociedad el turno en el que se encontraba el expediente para fallo, y se le indicó que
se están registrando, para discusión en Sala de Subsección, los proyectos de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que ingresaron para fallo en el
segundo trimestre del año dos mil veintidós (2022), excepto los asuntos en los que la
Subsección haya decretado pruebas de oficio.
• El 17 de noviembre de 2023, el despacho se pronuncia nuevamente frente a la solicitud
del actor presentada el 26 y 28 de septiembre de esa misma anualidad.
• El 4 de diciembre de 2023, el despacho resolvió la solicitud de prelación de fallo y
expedición de copias.
• El 18 de diciembre de 2023, el demandante presentó una nueva solicitud de impulso
procesal, y el 15 de enero de 2024, interpuso recurso de reposición en contra del auto
que negó la prelación del fallo.
• Con auto del 24 de abril de 2024, se rechazó por improcedente el recurso de reposición
interpuesto contra el auto del 4 de diciembre de 2023.

5

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Respecto al turno para dictar sentencia, manifestó que si bien el artículo 18 de
la Ley 446 de 1998 establece que es obligatorio para los jueces dictar
sentencia en el orden en el que hayan pasado los expedientes al despacho
para fallo, sin que pueda alterarse, también es cierto que el artículo 16 de la
Ley 1285 de 2009, trae unas excepciones que permiten alterar el orden
cronológico de turno. Como también lo ha mencionado la Corte Constitucional
en sentencias T-708 de 2006, C-713 de 2008, T-495 de 2010 y T-693 de 2011.

Dijo que es la Subsección quien podría acceder a estudiar la solicitud de
alteración del fallo, de acuerdo con lo establecido en la ley y la jurisprudencia.
Sin embargo, en el caso en cuestión, no se cumplen esos requisitos, pues no
existen razones de seguridad nacional, ni se vislumbra la necesidad de
prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, no trata sobre violación
de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad, no es de
trascendencia social, el medio de control no es de interés público con
repercusión colectiva, no es jurisprudencia reiterada, y tampoco es una
temática que la Sección Tercera haya considerado preferente, “[…]
adicionalmente, porque dentro del expediente no está corroborado que la discusión
involucre sujetos de especial protección constitucional que se encuentren en
condiciones particularmente críticas.”.

Adicionalmente, señaló que el turno para fallo no lo define únicamente la fecha
en la cual entró el expediente para sentencia, pues por decisión de la Sección
Tercera (Actas del 13 de diciembre de 2001, 40 del 9 de diciembre de 2004, 005 del
22 de marzo de 2005, 15 del 6 de mayo de 2005, 27 del 31 de agosto de 2005, 21 del
15 de octubre de 2008, 10 del 25 de abril de 2013 y 32 del 5 de diciembre de 2019)
tienen prelación los procesos relacionados con privación injusta de la libertad,
conscriptos, muerte de personas privadas de la libertad, controversias
contractuales, procesos con entidad en liquidación, nulidad simple, repetición,
grado jurisdiccional de consulta en medio de control de reparación directa por
masacres, recursos extraordinarios de revisión, conciliación judicial improbada
y restitución de inmueble. Aspectos que deben ser tenidos en cuenta para
concluir que se pudiera vulnerar el orden cronológico del fallo.

Frente al expediente Nro. 11001-03-26-000-2014-00070-00, señaló que sí
entró con posterioridad al proceso ordinario del accionante, pero fue fallado
primero al tratarse de una demanda de repetición, asunto que como se
mencionó tiene prelación.

Finalmente, indicó que el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
del actor se encuentra en el turno Nro. 6 de los asuntos mineros y se allegó el
listado de procesos que se encuentran en el despacho para elaborar sentencia
(con la fecha en la que ingresaron para fallo)6.

4.3. La parte accionante7, tras consultar el escrito de contestación de la Sección
Tercera en el Sistema de Gestión Samai, remitió un memorial para poner de
presente que la sociedad Canteras de Florencia Limitada es una entidad en
liquidación como se puede verificar en el certificado de existencia y
representación que se anexó, lo que permitiría que su proceso tuviera también
prelación para el fallo.

6 Samai, índice 19.
7 Samai, índice 17.
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4.4. La Agencia Nacional de Minería8, rindió informe en el que solicitó su
desvinculación del proceso al considerar que existe falta de legitimación en la
causa por pasiva. Esto al señalar que la presunta vulneración de derechos
obedece a temas relacionados con la administración de justicia por parte de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
proceso Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00.
De otro lado manifestó que es reiterada la presentación de escritos de tutela
por parte de este accionante, en donde pretenden que se dicte sentencia y se
dé prelación al fallo del proceso ordinario, sin embargo, estas solicitudes han
sido desestimadas y negadas por el Consejo de Estado. Así pues, consideró
que la acción de tutela no es un mecanismo de impulso procesal y que en este
caso existe temeridad y abuso del derecho por parte del actor.
4.5. La parte accionante9, remitió una comunicación en la que pone en
conocimiento que en el despacho accionado se dictó sentencia en el proceso
Nro. 11001-03-26-000-2023-00115-00 (70163), “que inicia tramite (sic)
posteriormente al ingreso al despacho”. Luego envió otra comunicación en la que
adjuntó unos documentos dentro de los que se encontraba una solicitud de
prelación de fallo10.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas, salvo cuando se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Cuestión previa

Del informe rendido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, se puso de presente la existencia de nueve acciones de tutela interpuestas
por quien es hoy accionante, relacionadas con el proceso Nro. 11001-03-26-000-
2016-00096-00. De la revisión de cada una de ellas, fue posible concluir que, en
relación con esta acción no se configura la existencia de temeridad como lo
manifestó la Agencia Nacional de Minería, toda vez que, si bien estos amparos se
relacionan con la demora del trámite del medio de control, en cada una de ellas se
pretendía el impulso de diferentes etapas procesales, la resolución de diversas
solicitudes y recursos, entre otros.

8 Samai, índice 20 y 21.
9 Samai, índice 26.
10 Samai, índice 28.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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Demandante: Canteras de Florencia Limitada

En el caso en cuestión si bien tiene cierta similitud con la acción Nro. 11001-03-15-
000-2023-02986-00, en donde actuó como demandante la señora Elda Patricia
Rodríguez Beleño en calidad de representante legal suplente y socia de Canteras
de Florencia Limitada, lo cierto es que el argumento del actor, en esta acción, para
solicitar el amparo de sus derechos fundamentales es la presunta alteración de turnos
para fallo que afirma se está presentando en el despacho ponente, hecho que resulta
nuevo y que no se planteó en la acción de tutela referenciada.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala analizar los
argumentos planteados por la Sociedad Canteras de Florencia Limitada en su
escrito de tutela, en el siguiente orden a saber: (i) establecer si la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en mora injustificada, debido a
que aún no ha proferido sentencia de única instancia, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00, en
razón a la presunta inaplicación del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo
con los casos planteados por el accionante, y (ii) se evaluaran los argumentos
relacionados con el contenido del acto demandado en el proceso Nro. 2016-00096-
00, para determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

4. La mora judicial injustificada

4.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora” 12.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.

4.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia13. Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.

Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde debe valorar en cada caso, si
la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
12 Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006.
13 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
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Demandante: Canteras de Florencia Limitada

pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o
para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de
una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.
De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia14.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega”.

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza. En la Sentencia SU-394 de
2016, la Corte Constitucional precisó que la mora judicial injustificada, se
presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación y (iii) la tardanza sea
imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del
funcionario judicial.
Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta Corte señaló
que se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso
concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes;
(iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten
en el trámite.
4.3. Por otro lado, se ha reiterado que, aunque exista demora en la resolución de
los casos, el turno en el que los expedientes pasaron al despacho para fallo
debe ser respetado. Esta posición es reflejo del artículo 18 de la Ley 446 de
199815 que prevé:
“Artículo 18. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo
orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda
alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”.

14 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
15 En concordancia con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de
2009.
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Esta regla, entonces, busca impedir que el juez adelante procesos según su
arbitrio sobre otros que estaban antes en el Despacho. De no ser así, se
vulneraría el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la administración
de justicia en condiciones de igualdad16.
A pesar de lo anterior, la propia Corte Constitucional ha admitido que
excepcionalmente se varíe dicho orden de decisión, y se dé prelación a ciertos
procesos, en situaciones particulares17, básicamente cuando la mora judicial
justificada pueda poner en grave riesgo los derechos fundamentales de los
usuarios de la administración de justicia, y siempre que exista una relación
directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que
espera de la administración de justicia18.
Así pues, en los casos de mora judicial justificada excepcionalmente hay lugar
a alterar el sistema de turnos establecido al interior de cada despacho judicial.
Posibilidad que, además de resultar extraordinaria, se restringe al
cumplimiento de las condiciones dispuestas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
5. Caso concreto
5.1. Se tiene que, la sociedad Canteras de Florencia Limitada, en su escrito de
tutela, señaló que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, vulneró
sus derechos fundamentales, toda vez que no ha dictado fallo de instancia en
su proceso en razón a que no se está dando estricta aplicación al artículo 18
de la Ley 446 de 1998, que establece que el orden para proferir sentencia es
el mismo en el que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin. Lo
que incide en el trámite de su proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00, que es de conocimiento de
ese despacho desde hace más de ocho años.
5.2. Como sustentó de su argumentación la sociedad puso varios ejemplos, de lo
que considera alteración del turno para fallo, para analizar cada uno de estos
la Sala tendrá en cuenta el escrito de tutela junto con sus anexos, los informes
rendidos en las contestaciones y la consulta del Sistema de Gestión Samai.
Se precisa que, si bien la parte actora con posterioridad a la notificación del
auto admisorio allegó varios memoriales con nuevos argumentos y pruebas19,
estas no serán tenidas en cuenta en razón a la garantía del derecho de
contradicción y defensa de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, pues respecto de estos nuevos argumentos no se corrió traslado a
la parte demandada, luego no le era posible oponerse. De ahí que, el análisis
que se realizará gira en torno a los planteamientos realizados en el escrito de
tutela.
El derecho a que los asuntos pendientes para fallo ante la jurisdicción sean
atendidos en el orden establecido, se encuentra consagrado en el artículo 18
de la Ley 446 de 1998, el cual establece que el orden para proferir las
sentencia corresponde al mismo en el que hayan pasado los expedientes al

16 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-708 de 2006, T-1069 de 2012, T-315 de 2017 y T-320 de 2017.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-945A de 2008.
19 Samai, índice 17 y 26.
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despacho para tal fin, sin que pudiera alterarse, salvo las sentencias
anticipadas o la prelación legal. A renglón seguido indica que en los procesos
de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el orden
podría variar según la naturaleza de los asuntos en cada caso particular, o por
solicitud del Procurador Delegado en razón a la importancia jurídica o la
trascendencia social.

Ahora bien, del primer ejemplo que se planteó es posible señalar que
corresponde a los expedientes Nro. 05001-23-31-000-2015-00004-01 (Daño
causado por la administración de justicia) y Nro. 68001-23-33-000-2015-00971-01
(Daño causado con arma de dotación), estos tratan de dos procesos de
reparación directa en donde se estaba resolviendo el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, que en efecto, obtuvieron su
sentencia el mismo día a pesar de que el primero pasó al despacho para fallo
el 2 de marzo de 202220 y segundo, el 17 de octubre de 2018.

Frente a estos se debe indicar, que no resulta equiparable el trámite de un
proceso de única instancia como es el caso del expediente Nro. 11001-03-26-
000-2016-00096-00, del cual debe surtirse todas las etapas procesales
(audiencias, traslados y demás), a los otros dos procesos en los cuales solo se
está resolviendo el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, y en donde eventualmente podría darse una etapa de pruebas, lo
que implica un trámite mucho más corto. Adicionalmente revisadas las fechas
de entrada de estos procesos al despacho para fallo se tiene que si bien entre
el proceso Nro. 2015-0004-01 y Nro. 2015-00971-01 existe un gran lapso y
ambos fueron fallados el mismo día, ninguno de estos dos alteró el turno del
proceso Nro. 2016-00096-00, en razón a que entraron a despacho para fallo
mucho antes que el proceso ordinario de la Sociedad Canteras de Florencia
Limitada.
Frente al segundo ejemplo que se planteó, se debe indicar que el accionante
afirmó que el expediente Nro. 85001-23-33-000-2016-00097-01 “[…] sufrió la
violación al debido proceso por no respetársele el turno para sentencia cuando dictaron
sentencia en otros procesos que entraron al despacho con fecha posterior”. Al respecto
esta Sala observa, que el actor no precisó la fecha en la cual ese proceso pasó
al despacho para fallo para poder realizar la comparación mencionada,
respecto de los procesos Nro. 2014-00100-01, 2014-00059-02 y 2014-00070-
00. Por lo que, no se analizará tal comparación al no haber aportado los datos
respecto de los cuales considera se debe analizar la alteración de turno.
Como tercer ejemplo señaló que la alteración de turnos sí incide en el trámite
de su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 11001-03-26-
000-2016-00096-00, pues al compararlo con el trámite dado al proceso Nro.
11001-03-26-000-2014-00070-00 es evidente. Al respecto se observa que,
ambos son procesos de única instancia, el primero de estos corresponde a
una nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que el segundo
corresponde a una repetición; el primero fue radicado el 17 de junio de 2016,
el segundo fue radicado el 10 de junio de 2014; el primero pasó al despacho
para fallo el 26 de abril de 2023, y el segundo 18 de octubre de 2023. Y de
estos dos el segundo ya cuenta con sentencia del 24 de enero de 2024.

20 La fecha aportada por la parte accionante en el escrito de tutela no corresponde a la fecha en la cual ese
expediente pasó al despacho para fallo, sino al paso al despacho luego de admitido el recurso de apelación.
11

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En este punto sería del caso afirmar que se presentó una alteración de turno
respecto del proceso Nro. 2014-00070-00, que afecta la posición en la que se
encontraba el proceso Nro. 2016-00096-00, si no fuera porque la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la contestación de la tutela
explicó que en esa Sección el turno para fallo no lo define únicamente la fecha
en la cual entró el expediente para sentencia, sino que conforme a las Actas
de la Sala Plena de la Sección Tercera tienen prelación los procesos
relacionados con: (i) privación injusta de la libertad, (ii) conscriptos, (iii)
muerte de personas privadas de la libertad, (iv) controversias contractuales,
(v) procesos con entidad en liquidación, (vi) nulidad simple, (vii) repetición,
(viii) grado jurisdiccional de consulta en medio de control de reparación directa
por masacres, (ix) recursos extraordinarios de revisión, (x) conciliación judicial
improbada y (xi) restitución de inmueble. Razón por la cual, se entiende la
prelación de fallo que se le dio al proceso de repetición Nro. 2014-00070-00.

En consecuencia, no se advierte vulneración al derecho al acceso a la
administración de justicia, en razón a que no se demostró que efectivamente
la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación hubiese alterado
los turnos de fallo, de los expedientes que se mencionaron en los cargos
planteados en el escrito de tutela.

Se precisa, que en ese análisis no se tuvo en cuenta el cuadro de procesos
que se incluyó adjunto al escrito de tutela (pág. 13 a 181), dado que respecto
de estos no se argumentó o planteó algún cuestionamiento.

5.3. En este sentido, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no
incurrió en mora judicial injustificada por alteración de los turnos para fallo,
puesto que existen motivos objetivos y razonables que explican la dilación que
ha existido en el asunto, como la situación de congestión judicial reconocida
que aqueja a la Sección Tercera de esta Corporación. Por regla general, esta
no es imputable a los funcionarios judiciales, sino a las dificultades prácticas
que deben afrontar los jueces de la República y a condiciones exógenas a
estos últimos, como el alto número de demandas que diariamente se
presentan, la complejidad de los asuntos que allí se deciden y el número
servidores judiciales, entre otros factores.

Por lo tanto, aun cuando la demanda fue radicada el 17 de junio de 2016 y el
asunto ingresó al despacho para fallo el 26 de abril de 2023 (Samai, índice 290),
la Sala considera que en el caso no se cumplen los supuestos que configuran
la mora judicial injustificada. En primer lugar, porque como lo explicó el
magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, ese medio de control ha estado
en constante trámite, pues se han resuelto múltiples solicitudes que ha
presentado el representante legal de la sociedad y los apoderados judiciales,
se adelantaron las audiencias establecidas en este procedimiento, se hicieron
las gestiones necesarias para la obtención de la prueba pericial solicitada por
la parte demandante, pese a la cantidad de autos que se dictaron pretendiendo
que las instituciones educativas asignaran un profesional la cual fue desistida
por el mismo demandante, se corrió traslado para alegar de conclusión, y con
posterioridad a encontrarse ya en turno para que se dictara fallo de única
instancia, se ha continuado resolviendo cada uno de los recursos que la parte
demandante ha presentado en búsqueda de que se le dé prelación a su fallo.
Lo cual se evidenció en las actuaciones que puso de presente el demandado
en la contestación.
12

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A su vez, el despacho accionado, en cumplimiento de lo ordenado en el auto
admisorio, allegó el listado de procesos que se encuentran al despacho para
elaborar proyecto de sentencia a diciembre de 2023, del cual se advierte que
tienen un total de 360 (sin contar lo que ha ingresado en lo corrido de 2024, ni las
acciones de tutela que les ha sido asignadas), este listado viene en orden
cronológico según el paso a despacho para fallo. De acuerdo con esta
información el proceso ordinario de la Sociedad Canteras de Florencia
Limitada tendría el turno Nro. 295, en razón a que entre el proceso que está
de primero para fallo (Exp. 58486 con ingreso el 2 de junio de 2017) y el expediente
Nro. 2016-00096-00 (Expediente que ingresó para fallo el 26 de abril de 2023) hay
un total de 293 procesos. No obstante, esta subsección informó que el turnó
que se tendría era el Nro. 6 dentro de los asuntos mineros.

En consecuencia, no podría asegurarse que el magistrado a cargo del caso ha
actuado con negligencia, retraso deliberado, o que haya alterado el orden de
los turnos para fallo de acuerdo con los planteamientos que se propusieron en
el escrito de tutela y, en ese sentido, la dilación no obedece a la falta de
diligencia u omisión sistemática de los deberes del juez de la causa. Por lo
anterior, no se cumplen los supuestos que configuran la mora judicial
injustificada, como ya se indicó.

5.4. Finalmente, la sociedad planteó algunos argumentos dirigidos a cuestionar la
litis del proceso Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00, como por ejemplo que
al interior del proceso ordinario se nombró un perito minero, el cual en su
informe le dio la razón a la sociedad Canteras de Florencia Limitada, “[…] en lo
relacionado que no existía superposición de solicitudes de minería tradicional en vigencia
de la Ley 1382 de 2010 y sus decretos reglamentarios y dejo en claro que esto se
estableció con la expedición del decreto 935 de 2013, siendo clara la falsa motivación de
los actos administrativos. […]”, como otros argumentos relacionados.

La Sala advierte de entrada que esos argumentos se dirigen a cuestionar la
legalidad de un acto administrativo, y que, por regla general, es improcedente
en estos eventos la acción constitucional, más aún cuando ese mismo acto es
objeto de debate dentro de un medio de control que se encuentra en trámite.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla
general, la acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la
legalidad de los actos administrativos, en consideración a que la naturaleza
residual y subsidiaria de este mecanismo impone al ciudadano la carga
razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar
los conflictos con la administración y proteger los derechos de las personas21.
Por lo que no resulta procedente tal reparo.

6. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada
no ha transgredido los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la sociedad Canteras de Florencia Limitada, ya que se
encuentra justificada la mora en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nro. 11001-03-26-000-2016-00096-00,
sumado a que esta no correspondió a la existencia de alguna alteración en los

21 Corte Constitucional. Sentencia T-260 de 6 de julio de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Demandante: Canteras de Florencia Limitada

turnos para fallo. En consecuencia, se negarán las pretensiones formuladas en la
acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones formuladas por la sociedad Canteras de Florencia
Limitada, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

14

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