Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02074-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02074-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02074-011
Demandantes : Canteras de Florencia Ltda.
Demandado : Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsecciones B y C
Acción : Tutela
Derechos : Petición, debido proceso
Decisión : Confirma
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por la sociedad Canteras de Florencia Ltda., en contra del Consejo de Estado-Sección
Tercera- Subsecciones B y C, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, petición, acceso efectivo a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de
la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de
este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La parte actora interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, solicitó:
«[…] 2. Declaración de vulneración por mora judicial
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
2.1. Que se declare que la falta de decisión expresa, motivada e individualizada sobre las
solicitudes formuladas con posterioridad a la sentencia del 11 de agosto de 2025, dentro del
proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), constituye vulneración del debido proceso
por mora judicial injustificada.
2.2. Que se declare que la ausencia de pronunciamiento sobre el recurso de reposición
pendiente y sobre las solicitudes de corrección y adición impide la consolidación de la
ejecutoriedad material del fallo.
3. Declaración de vulneración autónoma del derecho de petición
3.1. Que se declare que la falta de respuesta al derecho de petición radicado el 15 de enero
de 2026 dentro del proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 (72990) vulnera de manera
autónoma el artículo 23 de la Constitución Política.
3.2. Que se declare que la ausencia de formalización de la renuncia del apoderado,
presentada el 20 de agosto de 2025 y comunicada el 19 de agosto de 2025, configura omisión
funcional con incidencia en el debido proceso y en la seguridad jurídica.
4. Orden de decisión dentro de término perentorio
4.1. Que se ordene a la autoridad judicial accionada resolver, dentro de un término perentorio
razonable y sin alterar el orden de decisión de fondo del proceso, las actuaciones pendientes,
las siguientes actuaciones pendientes:
a) Las solicitudes de adición y corrección formuladas dentro del proceso 11001-03-26-000-
2016-00096-00 (57376).
b) El recurso de reposición interpuesto contra el auto posterior a la sentencia.
c) La corrección de agencias en derecho y demás aspectos relacionados con la liquidación de
costas.
d) La formalización y aceptación de la renuncia del apoderado dentro del proceso 25000-23-
36-000-2023-00229-01 (72990) Y la revocatoria de poder presentada dentro del proceso
11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376).
e) El derecho de petición radicado el 15 de enero de 2026, incluyendo la entrega de la
estadística solicitada y la información administrativa requerida.
f) Existe escrito de puesta en conocimiento para efectos de control de legalidad y eventual
corrección oficiosa.
4.2. Que se ordene responder el derecho de petición radicado el 15 de enero de 2026 dentro
del proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 (72990) dentro de un término máximo de cinco
(5) días hábiles.».
1.3 Hechos2.
3. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el actor promueve el presente mecanismo por la
presunta vulneración de sus garantías con ocasión de dos procesos distintos.
2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
2
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
1.3.1. Respecto del asunto 11001-03-26-000-2016-00096-00
4. Informó que el citado expediente, corresponde a un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que conoció la Sección Tercera – Subsección C del
Consejo de Estado, que profirió sentencia el Once (11) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025).
5. Con posterioridad a dicha providencia, la parte demandante realizó varios actos
procesales que, a la fecha de presentación de la acción de tutela se encuentran
pendientes por resolver, a saber: (i) solicitud de adición; (ii) solicitud de corrección; (iii)
recurso de reposición; (iv) petición de corrección de las agencias en derecho; (v) petición
de adición, respecto a unas pretensiones presuntamente omitidas; y (vi) petición de
control de legalidad, y corrección oficiosa.
6. Refirió que, mediante auto del Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Despacho reconoció personería al apoderado, exhortó a la parte por la multiplicidad de
memoriales presentados, e indicó que, las solicitudes pendientes serían resueltas en
providencia posterior. No obstante, desde esa fecha y hasta la presentación de la acción
de tutela, no se ha tomado la decisión que en derecho corresponde respecto a tales
pedimentos.
7. Manifestó que, su proceso no ha sido anunciado en los Avisos de Sala del presente
año3 para la discusión en las respectivas sesiones ordinarias, de las peticiones
contenidas en los memoriales pendientes, lo que, a su juicio, confirma la persistencia de
la situación de «indefensión procesal».
1.3.2. Respecto del asunto 25000-23-36-000-2023-00229-01
8. El accionante manifestó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el citado radicado, se presenta una situación análoga a la expuesta
anteriormente y que considera como un patrón de «indefinición procesal en la etapa
decisoria».
3
Hace alusión a los avisos No. 1-2026 que convocó a la sesión ordinaria para el Dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Veintiséis;
y No. 2-2026 correspondiente a la sesión programada para el Veinticuatro (24) de Marzo de los cursantes.
3
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9. Adujo que, la sentencia que finiquitó la primera instancia fue proferida el dos (2) de Abril
de Dos Mil Veinticinco (2025)4, decisión que fue objeto de recurso de apelación, el cual,
fue concedido y admitido. Señaló que el proceso ingresó a despacho para fallo el dos (2)
de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).
10. Manifestó que, el Quince (15) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025), radicó un
memorial de impulso procesal, así como una solicitud en ejercicio del derecho de petición,
en el que, pidió se suministrara la estadística oficial de los procesos al Despacho para
sentencia, información en formato digital, criterios de priorización y datos verificables del
orden de decisión.
11. Además, narró que el apoderado judicial, abogado Leysmer Sadid Gutiérrez
Hernández, presentó renuncia al poder el Veinte (20) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025), debidamente comunicada al poderdante el día anterior. Pese a haber transcurrido
más de seis (6) meses, el despacho no ha declarado formalmente perfeccionada la
renuncia, no ha actualizado la representación en el sistema SAMAI ni ha emitido
pronunciamiento alguno al respecto.
II. TRÁMITE PROCESAL
12. Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Quinta, a través
de auto del Dieciocho (18) de Marzo del Dos Mil Veintiséis (2026)5, admitió la presente
acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar a las Subsecciones B y C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado como accionado.
2.1 Contestaciones de la acción.
13. 2.1.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,6 indicó que no se ha
vulnerado derecho de petición, dado que, el mismo es abiertamente improcedente, pues,
no contiene una manifestación del derecho fundamental en los términos del artículo 23
superior, sino, una actuación de impulso al proceso de su conocimiento.
14. De otra parte, indicó que, no se vulnera el derecho al debido proceso y el principio de
seguridad jurídica, por la ausencia de un pronunciamiento respecto de la renuncia
4
Proferido por Subsección C, de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 0004.
6
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 0016.
4
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allegada por su abogado, ya que, en los términos del artículo 76 del Código General del
Proceso, no se requiere de auto para que surta efectos.
15. Finalmente, señaló que el Veintiséis (26) de Marzo pasado, se profirió una providencia
en la que se pronunció con relación al memorial radicado el Quince (15) de Enero de esta
anualidad.
16. 2.1.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,7 hizo un recuento
procesal del asunto con radicado núm. 11001-03-26-000-2016-00096-00, con miras a
indicar que, no se ha presentado mora judicial que lesione los derechos fundamentales
del accionante.
17. Manifestó que, dicho asunto culminó con sentencia de única instancia el Once (11) de
Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), en la que, declaró la nulidad de los actos
administrativos atacados; pero, negó lo relativo al restablecimiento del derecho y la
indemnización pretendida.
18. Que, con posterioridad, el actor ha presentado sendos memoriales con peticiones de
aclaración, corrección y adición; algunos de manera directa, otros a través de apoderado
judicial. Expuso que algunas solicitudes ya han sido resueltas, y otras están en trámite.
19. Además, aseveró que, ha impulsado en debida forma el procedimiento. En auto de
Primero (1°) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025) se abstuvo de dar trámite a la
solicitud de adición presentada directamente por el accionante; y, en providencia de Dos
(2) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) reconoció personería al nuevo apoderado,
y se informó que las solicitudes pendientes serían resueltas en decisión posterior, toda
vez que, deben ser adoptadas por la Subsección y en el turno que corresponde.
20. Adujo que, el impulso del proceso posterior a la sentencia ha sido correcto, sin que
incurra en inactividad u omisión injustificada. Por el contrario, la eventual percepción de
dilación encuentra explicación en la acumulación y reiteración de solicitudes por parte del
accionante.
7
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 0016.
5
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21. De otra parte, señaló que el actor ha interpuesto un total de Trece (13) tutelas8 con el
propósito de anticipar decisiones de fondo al margen del turno, las cuales, han sido
resueltas desfavorablemente al haberse acreditado vulneración de los derechos
fundamentales.
2.2 Sentencia de primera instancia9
22. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del Treinta (30) de Abril del Dos
Mil Veintiséis (2026): (i) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en lo
relacionado al derecho de petición presentado ante la Sección Tercera, Subsección B;
(ii) declaró la temeridad de la acción respecto a las pretensiones invocadas en el marco
del proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00; y (iii) denegó el amparo en
lo relacionado a la revocatoria del poder, solicitada en el referido expediente.
23. Para soportar estas decisiones, consideró que, en primer lugar, en auto de Veintiséis
(26) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), la Subsección B concluyó que la petición se
relacionaba directamente con el litigio, por lo que: (i) debe darse trámite de memorial, y
(ii) no puede ser decidida de fondo, puesto que, fue presentada directamente por el señor
Ucrós Ospino sin ostentar la calidad de abogado (Artículo 160 de la Ley 1437 de 2011).
24. En segundo lugar, estimó que, la queja constitucional relacionada con la presunta mora
judicial en el expediente 11001-03-26-000-2016-00096-00 se configura los presupuestos
de una acción temeraria, respecto del ruego con radicado 11001-03-15-000-2025-07398-
00, por lo que negó el amparo.
25. En tercer lugar, respecto a la presunta mora judicial en resolver la solicitud de
revocatoria, encontró que, en providencia de Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco
(2025) la Subsección C reconoció personería al apoderado de la sociedad demandante
por lo que, no existió vulneración a los derechos fundamentales invocados.
8
Identificó los siguientes radicados: 11001-03-15-000-2021-02233-00; 11001-03-15-000-2022-03698-00; 11001-03-15-000-2022-
06167-00; 11001-03-15-000-2023 01312-00; 11001-03-15-000-2023-02025-00; 11001-03-15-000-2023-02986-00; 11001-03-15-000-
2023-04537-00; 11001-03-15-000-2023-06529-00; 11001-03-15-000-2024-01287-00; 11001-03-15-000-2024-02623-00; 11001-03-
15-000-2025-02418-00;11001-03-15-000-2025-03632-00 y 11001-03-15-000-2025-07398-00.
9
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 00021.
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2.3 Impugnación10
26. Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó, para cuyo cometido adujo que, no
se configuró el fenómeno de temeridad, pues, a su juicio, no existe identidad en la pasiva
puesto que, en la presente acción involucra «actuaciones autónomas y diferenciadas
atribuibles tanto a la Subsección B como a la Subsección C del Consejo de Estado»
27. Adicionalmente, expresó que, existen hechos sobrevinientes y nuevas omisiones que
difieren de la situación fáctica presentada en la anterior solicitud de amparo. Así como,
las pretensiones son distintas, ya que, en la presente se pretendió la declaración de mora
judicial, la protección del derecho de petición, la resolución de nuevas actuaciones y la
inclusión de hechos sobrevinientes.
28. De otra parte, censuró que, el primer grado omitió el análisis de los planteamientos en
torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los profesionales del
derecho vinculados al proceso.
29. En lo que concierne a la declaración de hecho superado, afirmó que la primera
instancia erró en tal conclusión, toda vez que, insiste que la Subsección B no ha
entregado la información estadística solicitada por el accionante.
30. Finalmente, mostró su inconformidad con lo decidido en el numeral cuarto de la
sentencia, ya que, la Sala de primera instancia ignoró que la representación judicial no
se agota con la existencia de un poder vigente, sino que, exige una relación real, efectiva
y funcional entre poderdante y apoderado; de lo contrario se afecta su derecho a la
defensa técnica.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
31. En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo 80 de
10
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 00027.
11
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
12
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
13
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
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12 de marzo del 201914 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 Problema jurídico.
32. Le corresponde a esta Subsección determinar si (i) la acción de tutela de la referencia
es temeraria, respecto de la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07398-01; (ii) si la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación vulneró el derecho al debido
proceso; y (iii) si es procedente en esta instancia auscultar la presunta vulneración del
derecho a la defensa técnica por cuenta de la omisión en reconocer la revocatoria del
poder a su abogado (exp. 11001-03-26-000-2016-00096-00).
3.3 La acción.
33. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida
como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en
principio, frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos
concretos respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo
evento procede como mecanismo transitorio.
34. El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a
saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una
mera posibilidad que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho15.
14
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
15
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
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3.4. Primer problema jurídico.
35. En los eventos que, se presenta una solicitud de amparo idéntica a otra que ya fue
decidida o fue radicada de manera simultánea, la jurisprudencia constitucional ha sido
pacífica en la improcedencia del segundo ruego. Al respecto, se evoca lo decantado por
la Corte Constitucional en sentencia T-504 de 202416:
En suma, […], debe indicarse que el fenómeno de cosa juzgada constitucional se configura
cuando concurren en dos o más acciones de tutela: (a) identidad de partes, (b) pretensiones
y (c) objeto y fundamentos. En los eventos en que se verifique esta triple identidad y, además,
se encuentre acreditada la existencia de mala fe, existirá temeridad. En todo caso, “incluso si
no hay temeridad, las acciones de tutela sucesivas conllevan la improcedencia del segundo
amparo” en aras de respetar la cosa juzgada.
36. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que se pretende
prevenir las múltiples presentaciones de acciones que versen sobre un mismo asunto y
bajo iguales presupuestos fácticos y jurídicos17. De esta forma, señaló como requisitos
para declarar su ocurrencia: la identidad i) fáctica y de derechos invocados en relación
con otra acción de tutela; ii) de demandante, en cuanto la otra acción que se presenta
por parte de la misma persona o su representante; y iii) del sujeto accionado18.
37. Así, precisó que tal figura opera a efectos de proteger la coherencia de las decisiones,
evitar el desgaste innecesario del aparato judicial y garantizar la seguridad jurídica que
brinda este principio de cierre del sistema jurídico19.
38. En el asunto de marras, el impugnante insiste en la inexistencia una identidad en la
pasiva puesto que, en la presente acción de tutela se incluyó a la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, sujeto que no había sido convocado en el asunto
11001-03-15-000-2025-07398-00.
39. De entrada, esta Sala de Decisión advierte que, tal como fue expresado por el mismo
tutelante, las quejas dirigidas contra la Subsección B son autónomas y diferenciadas
respecto de la Subsección C. Mientras que, frente a la primera autoridad judicial, censura
la vulneración del derecho de petición20; respecto de la segunda acusa la presunta mora
judicial en que incurrió para resolver los memoriales posteriores a la sentencia21.
16
M. P. Vladimir Fernández Andrade.
17
Sentencia T-001 de 2016.
18
Sentencia T-089 de 2019 M. P. Alberto Rojas Ríos.
19
Sentencia T-001 de 2016 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Exp. 25000-23-36-000-2023-00229-01
21
Exp. 11001-03-26-000-2016-00096-00
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
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40. En tal medida, nótese que, son dos grupos de peticiones distintas, en los que se
pretende la protección de garantías constitucionales diferentes en procesos distintos. Por
lo que, la situación planteada se acerca más a un fenómeno procesal de una acumulación
de demandas, y no a una variación de la situación fáctica que habilite el estudio
nuevamente de un asunto ya conocido por el juez constitucional. En otras palabras, al
ser dos acciones de tutela distintas, debe estudiarse cada uno de los pedimentos de
manera aislada.
41. Por lo tanto, la censura respecto de la presunta mora judicial de la Subsección C
accionada en dar trámite a los memoriales allegados con posterioridad a la sentencia
(exp. 11001-03-26-000-2016-00096-00), debe analizarse de manera independiente a
aquella dirigida contra la Subsección B por la presunta vulneración del derecho de
petición.
42. Así las cosas, al contrastar la situación fáctica que motivó la tutela 11001-03-15-000-
2025-07398-00 con la presente, se advierte sin mayor esfuerzo que, comparten una
identidad de objeto por cuanto en ambos se duelen de la ausencia en resolver solicitudes
pendientes presentadas con posterioridad a la sentencia; es decir, en lo basilar se procura
el amparo del derecho al debido proceso por una presunta mora judicial.
43. Desde esa perspectiva, tal como lo esquematizó al a quo, ambas acciones comparten
identidad de partes, hechos y pretensiones: en primer lugar, ambos extremos procesales
son los mismos; en segundo lugar, los hechos se concretan a los memoriales posteriores
al fallo; en tercer lugar, las pretensiones se limitan a que sean resueltas. Es decir, no
existe variación sustancial de la triada, que habilite, en esta oportunidad, al juez
constitucional para decidir nuevamente la queja propuesta.
44. Si bien, el accionante manifiesta la existencia de hechos nuevos por la presentación
de memoriales y la omisión de inclusión de su asunto en los temas a decidir en las salas
ordinarias celebradas el presente año, lo cierto es que, ello también se subsume en la
misma situación estudiada por esta Corporación en la citada acción de tutela. Lo anterior
cobra mayor relevancia, cuando se advierte que, este ruego fue presentado sin que se
hubiera definido la acción de tutela anterior.
45. La solicitud de amparo con radicado 2025-07398 fue resuelta, en primera instancia,
mediante fallo de Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferido por
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
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la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación. En esta providencia, se
declaró improcedente el amparo, al no advertir que, el proceso objeto de escrutinio
estuviera paralizado o existiera una dilación injustificada.
46. El citado fallo fue objeto de impugnación por parte del accionante, alzada que fue
desatada en providencia del Trece (13) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) por esta
Subsección; es decir, en fecha posterior a la radicación del presente ruego22.
47. En ese orden de ideas, al momento de presentar la acción de tutela de la referencia,
esto es, el Trece (13) de Marzo pasado, aún estaba pendiente por resolverse la segunda
instancia de la acción 11001-03-15-000-2025-07398-00, litis en la cual se debatía si la
Subsección C de la Sección Tercera había vulnerado las prerrogativas constitucionales
con ocasión de la presunta omisión en atender los memoriales pendientes por resolver
en el medio de control con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.
48. Por lo tanto, la tutela no solo resulta improcedente por compartir identidad de objeto,
causa y partes con la acción 11001-03-15-000-2025-07398-00, sino que, también
resultaba paralela a esta, pues se propuso sin que hubiese sido desatada su alzada.
Recuérdese que, este mecanismo constitucional es de carácter subsidiario y residual, de
modo que, es improcedente su promoción de manera paralela a otro asunto de similares
contornos en procura de obtener un resultado diferente.
49. Por lo expuesto, los argumentos del impugnante no están llamados a prosperar.
3.6. Segundo problema jurídico.
50. En lo que respecta a la presunta vulneración del derecho de petición por parte de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta omisión en
dar respuesta a la solicitud del Quince (15) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), en el
marco del proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01, se observa que, durante el curso
de la acción de tutela se profirió auto en el cual se hizo pronunciamiento al respecto.
51. En efecto, en auto de Veintiséis (26) de Marzo pasado, la Subsección B consideró que
la petición relacionada con la estadística del Despacho estaba ligada íntimamente con el
desarrollo de los actos procesales, motivos por los cuales, coligió que el memorial debía
22
La presente acción de tutela fue presentada el Trece (13) de Marzo del año en curso, según se desprende los registros de SAMAI
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
tenerse como de impulso23, y, en consecuencia, debía exigirse la calidad de abogado
para presentar peticiones, situación que no aconteció, por lo que se abstuvo de imprimirle
trámite.
52. Para entender este punto, es importante precisar que las peticiones que se formulan
ante los jueces pueden ser de naturaleza judicial o administrativa (las cuales se rigen por
la Ley 1755 de 2015). La Corte Constitucional24 ha acudido a los siguientes tres criterios
para determinar si una petición se rige por las normas procesales o por las normas que
regulan el derecho de petición: (i) si el asunto está regulado por las normas procesales
del respectivo código; (ii) si la solicitud es formulada por las partes o intervinientes o por
terceros ajenos al litigio y (iii) si las peticiones están conectadas con la litis o el ejercicio
del derecho de defensa.
53. Así, la Sala advierte que, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
no vulneró el derecho de petición del accionante, pues tramitó su solicitud de naturaleza
judicial como un memorial, por lo que, era improcedente aplicar los postulados del artículo
23 de la Constitución Política de Colombia y en los términos de los preceptos 13 y
siguientes de la Ley 1437 de 201125. Además, se avizora que, durante la primera
instancia, el accionado realizó pronunciamiento en el que le explicó al quejoso tal
situación, por lo que, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, como
acertadamente consideró el a quo.
3.7. Tercer problema jurídico.
54. Como último punto de disenso del accionante respecto del fallo de primera instancia,
expresó su desacuerdo con el numeral Cuarto, pues, a su juicio, se desconoció la realidad
material respecto de la revocatoria del poder conferido en el expediente con radicado
11001-03-26-000-2016-00096-00. Para dicho cometido, acusó la vulneración de su
derecho de defensa técnica, ya que, la autoridad judicial encartada mantiene la vigencia
material de su representación judicial respecto de un profesional del derecho con el cual
no tiene contacto para instrucciones ni coordinación.
55. Se advierte que, el planteamiento realizado en el escrito de impugnación excede el
motivo de la acción de tutela propuesta en el escrito inaugural. Nótese que, el objeto de
23
Con fundamento en la sentencia SU-133 de 2020 de la Corte Constitucional
24
Corte Constitucional, sentencias T-377 de 2000, T-272 de 2006, T-197 de 2007, T-920 de 2008, T-215A de 2011.
25 Modificado por la Ley 1755 de 2015.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
la solicitud de amparo se limitó a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
por la omisión en resolver el memorial de la solicitud de revocatoria pendiente, sin que,
se haya expuesto una situación fáctica relacionada con la incomunicación con su
apoderado.
56. Por lo tanto, resulta improcedente debatir en esta instancia una presunta vulneración
al derecho de defensa técnica, ya que, ello desconocería el debido proceso de la
convocada al presente juicio constitucional en la medida en que no habría tenido la
oportunidad de pronunciarse al respecto.
57. Aun así, en gracia de discusión, es menester indicar que, al revisar el citado proceso,
no se encontró memorial pendiente por resolver con posterioridad al auto de Tres (3) de
Diciembre de Dos Mil Veinticinco, por el cual, se reconoció personería al abogado que
representa a la sociedad accionante. Por lo que, en la actualidad cuenta con
representación judicial.
58. Ahora, es pertinente anotar que, si el accionante insiste que su representación judicial
es indebida, puede proponer la solicitud de nulidad conforme la causal prevista en el
artículo 133 del Código General del Proceso26; por lo que, no se observa que los derechos
del accionante se encuentren amenazados.
59. En resumen, dado que, los argumentos contenidos en el escrito de impugnación no
están llamados a prosperar por lo motivos expuestos en el presente, esta Sala deberá
confirmar la improcedencia determinada por el A Quo.
III. DECISIÓN
60. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
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Aplicable por remisión normativa del Artículo 208 de la Ley 1437 de 2011.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02074-01
Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Treinta (30) de Abril del Dos Mil Veintiséis
(2026) emitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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