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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07398-00

Fecha
15 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07398-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional presentada por Ángelo Andrés Ucrós Ospino, en calidad de representante legal de la sociedad Canteras de Florencia Ltda., en relación con la falta de resolución de las peticiones presentadas tras la expedición de sentencia en el proceso de única instancia 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376). SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional presentada por Ángelo Andrés Ucrós Ospino, en calidad de representante legal de la sociedad Canteras de Florencia Ltda., respecto del cuestionamiento de la 16 Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00 Accionante: Canteras de Florencia Ltda. Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Referencia: Acción de tutela (primera instancia) sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como de los autos del 1° de octubre y del 3 de diciembre del presente año, dictados por la magistrada Adriana Polidura Castillo. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07398-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

15 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Improcedencia de solicitud de amparo por mora judicial, debido a la ausencia de
parálisis procesal / Improcedencia de acción de tutela contra providencias judiciales por
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala1 procede a resolver la demanda de tutela instaurada por Ángelo Andrés
Ucrós Ospino, en calidad de representante legal2 de la sociedad Canteras de
Florencia Ltda., contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 21 de noviembre de 20253, Ángelo Andrés Ucrós Ospino instauró demanda de
tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
calidad de representante legal de Canteras de Florencia Ltda. (en adelante,
Canteras de Florencia), a fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales
de petición, de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, al trabajo,
al mínimo vital y a la vida digna de esa sociedad, así como la garantía de la especial
protección constitucional de la cual son titulares las víctimas del conflicto armado y
los niños, niñas y adolescentes.

Hechos relevantes

2. El 9 de junio de 2016, Canteras de Florencia presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de Minería, formulando las
siguientes pretensiones4:

1 El expediente del proceso es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Se advierte que, mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2025 (índice 20 del expediente),

el señor Ucrós Ospino precisó que la demanda de tutela fue presentada «por la persona jurídica
Canteras de Florencia Ltda., actuando a través de su representante legal (énfasis añadido)».
Igualmente, aclaró que cualquier referencia a su nombre debía «entenderse realizada únicamente
en su calidad representativa (énfasis añadido)».
3 Archivos identificados con los certificados «5170202CF2614351 (…)» y «8DB3FCBF73EB6417

(…)», ubicados en el índice 2 del expediente.
4 Transcripción contenida en la sentencia expedida en única instancia dentro del proceso con

radicado núm. 11001-03 26-000-2016-00096-00 (57376), citada, a su vez, en la demanda de tutela.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

1. Que se decrete la nulidad (…) de la Resolución N° 000977 [del] 27 de mayo
de 2015[,] por la cual se rechaza y se archiva la solicitud de minería tradicional
NJN – 15181 y se toman otras determinaciones, expedida por la Agencia
Nacional de Minería.

2. Que se decrete la nulidad [de] la Resolución N° 002276 [del] 25 de septiembre
de 2015[,] por medio de la cual se resuelve [el] recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución N° 000977 de[l] 27 de mayo de 2015, dentro del expediente
N° NJN-15181, expedida por la Agencia Nacional de Minería.

3. Que se declare que Canteras de Florencia Limitada cumple con todos los
requisitos establecidos en la norma para que se le otorgue la formalización de
minería tradicional.

4. Que[,] como restablecimiento del derecho[,] se ordene a la Agencia Nacional
de Minería que otorgue (…) la formalización de minería tradicional, en el sentido
de otorgar (…) el contrato especial de concesión o título minero que (…) autorice
para continuar con las actividades de exploración y explotación, y que el mismo
sea inscrito en el Registro Nacional Minero en un término prudente. (…)

3. La anterior demanda dio origen al proceso de única instancia 11001-03-26-000-
2016-00096-00 (57376), cuyo trámite correspondió a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

4. Mediante sentencia del 11 de agosto de 20255, esa subsección declaró la nulidad
de las resoluciones 000977 del 27 de mayo de 2015 y 002276 del 25 de septiembre
de ese año, proferidas por la Agencia Nacional de Minería, y negó las demás
pretensiones de la sociedad demandante.

5. El 1° de septiembre de 2025, el representante legal de Canteras de Florencia
solicitó la adición de la mencionada sentencia. Al respecto, mediante auto del 1° de
octubre siguiente, la magistrada sustanciadora del proceso, Adriana Polidura
Castillo, dispuso estarse a lo resuelto en el auto del 19 de junio de 2025, a través del
cual se requirió a dicha sociedad para que designara un apoderado, con sustento en
que «las partes solamente pueden actuar (…) a través de sus apoderados debidamente
constituidos».

6. El 8 de octubre de 2025, tras otorgar poder a un abogado, Canteras de Florencia
solicitó la adición de la sentencia y, el 14 de octubre siguiente, interpuso recurso de
reposición contra el auto del 1° de octubre del presente año —mediante el cual,
como se indicó, se dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 19 de junio de
2025—.

7. Posteriormente, dicha sociedad presentó las solicitudes relacionadas en la
siguiente tabla:

Fecha de presentación Objeto
Precisar el valor de la indemnización reclamada en la
20 de octubre de 2025
demanda

5 Índice 49 del expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en

Samai.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Obtener información sobre un supuesto cambio en la
22 de octubre de 2025
fijación del litigio
Reclamar la corrección de la sentencia por un supuesto
22 de octubre de 2025
«error material en la tasación de costas»
22 de octubre de 2025 Reclamar la corrección de una «carga documental»
5 de noviembre de 2025 Impulsar la resolución de las anteriores solicitudes
Ampliar la solicitud de impulso procesal y lograr una
7 de noviembre de 2025
«corrección integral» de la sentencia
Obtener una decisión integral frente a «pretensiones
8 de noviembre de 2025 omitidas» y reclamar la aplicación de la «prohibición»
de expedir un «fallo en abstracto»

8. A la fecha de presentación de la demanda de tutela, ninguna de las solicitudes
descritas había sido resuelta.

Pretensiones

9. En virtud de lo expuesto en precedencia, el señor Ucrós Ospino formuló las
siguientes pretensiones (transcripción con posibles errores incluidos):

1. Amparar los derechos fundamentales invocados[,] por vulneración actual,
continuada e injustificada.

2. Ordenar al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C que
resuelva de manera integral y motivada, dentro de un término perentorio no
superior a diez (10) días, todas las solicitudes presentadas y pendientes, a
saber:

(…)

• Corrección de sentencia por error material en la tasación de costas
• Adición de sentencia presentada por nuestro apoderado
• Decisión integral de pretensiones omitidas
• Memorial de activación de impulso procesal
• Memoriales radicados el 5, 7 y 8 de noviembre
• Derecho de petición sobre fijación del litigio
• Derecho de petición sobre corrección de carga documental
• Trato prioritario
• Adición de sentencia presentada por el representante legal
• Recurso de reposición del 14 de octubre de 2025

3. Ordenar que la respuesta sea notificada inmediatamente al correo
institucional del accionante (…).

4. Prevenir al despacho accionado para que, en el futuro, cumpla los términos
razonables y los principios de celeridad, enfoque diferencial y servicio efectivo
de justicia en casos que involucren víctimas del conflicto armado y menores de
edad como ocurre en este caso (…).

10. Adicionalmente, el señor Ucrós Ospino advirtió que su demanda de tutela no se
dirige contra la sentencia del 11 de agosto de 2025, sino que se relaciona

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

«exclusivamente» con la falta de resolución de las solicitudes presentadas con
posterioridad a la expedición de aquella.

Fundamentos de la demanda

11. Según el señor Ucrós Ospino, la falta de resolución de las mencionadas
solicitudes «dentro de un plazo razonable» ha impedido la efectividad de la
sentencia del 11 de agosto de 2025. Esto, en su criterio, ha imposibilitado el
desarrollo de la actividad comercial de Canteras de Florencia, que constituye la
única fuente de ingresos de su grupo familiar, que fue incluido en el Registro Único
de Víctimas por haber sufrido desplazamiento forzado, y dentro del cual se
encuentra una niña de tres años.

Trámite en primera instancia

12. Mediante auto del 25 de noviembre de 20256, el despacho sustanciador admitió
la demanda y ordenó notificar esa decisión a la magistrada Adriana Polidura Castillo,
integrante de la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación, en calidad
de demandada. Igualmente, dispuso notificar a la directora de la Agencia Nacional
de Minería (ANM), como tercera con interés, puesto que esa entidad actuó como
demandada en el proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376).

13. El 27 de noviembre de 20257, fecha en la cual se notificó dicho auto8, el señor
Ucrós Ospino solicitó el impulso del proceso. El 3 de diciembre siguiente9, antes de
que el expediente fuera ingresado al despacho para la expedición de la sentencia10,
insistió en esa solicitud.

Intervenciones

14. La magistrada Adriana Polidura Castillo11, integrante de la Subsección C de
la Sección Tercera de esta corporación, advirtió que esa sala de decisión negó el
restablecimiento del derecho y la indemnización pretendidos por Canteras de
Florencia, con sustento en que el juez no puede sustituir a la ANM en el
otorgamiento de títulos mineros y en que no se demostró el perjuicio alegado.

15. Además, señaló que el señor Ucrós Ospino presentó dos solicitudes adicionales
a las descritas en la demanda de tutela: una del 18 de noviembre de 2025, dirigida
a obtener un pronunciamiento sobre la actuación simultánea de aquel y el
apoderado de Canteras de Florencia; y otra del 19 de noviembre siguiente,
encaminada a lograr el impulso del proceso, así como la resolución de las peticiones
relativas a la corrección de la sentencia.

6 Dicho auto (índice 5 del expediente) se profirió al día siguiente del ingreso de la demanda al

despacho.
7 Archivo identificado con el certificado «12005C583C46B76C (…)», ubicado en el índice 8 del
expediente.
8 Índice 9 del expediente.
9 Índice 11 del expediente.
10 Ese ingreso se produjo el 4 de diciembre de 2025 (índice 14 del expediente).
11 Índice 12 del expediente.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

16. También expuso que, mediante auto del pasado 3 de diciembre, reconoció
personería al abogado Albeiro Rafael Campo Redondo, a fin de que representara a
Canteras de Florencia. Agregó que, en el mismo auto, advirtió que las solicitudes
de adición y de corrección de la sentencia serían resueltas por la Subsección C de
la Sección Tercera de esta corporación y, las demás, por ella misma en un auto
posterior.

17. Por otro lado, adujo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues ha
resuelto las solicitudes presentadas en nombre de Canteras de Florencia de forma
diligente, oportuna y continua, pese a que han sido excesivas e impropiamente
utilizadas, en tanto se han dirigido a reabrir debates ya resueltos o a «introducir
controversias ajenas a la fase procesal en curso», lo cual, en su criterio, ha
generado una presión indebida sobre la actividad judicial.

18. Adicionalmente, advirtió que tales solicitudes deben ser resueltas de
conformidad con la capacidad operativa del despacho, que tiene 517 procesos a su
cargo. Igualmente, señaló que una eventual dilación en la adopción de una decisión
sobre aquellas respondería a su multiplicidad y a su carácter reiterativo, mas no a
la inactividad del despacho, al cual, en consecuencia, no le es atribuible demora
injustificada alguna.

19. Por lo anterior, además, sostuvo que la solicitud de amparo incumple el requisito
de subsidiariedad y, consecuentemente, es improcedente.

20. Aparte, advirtió que el ejercicio del derecho de petición no es el mecanismo
idóneo para impulsar procesos judiciales, ni para exigir decisiones del juez «por
fuera de las oportunidades procesales legalmente previstas».

21. Finalmente, señaló que el señor Ucrós Ospino presentó doce solicitudes de
amparo constitucional para lograr la expedición de la sentencia al margen del turno
que le correspondía, lo cual, a su juicio, evidenció la utilización de la acción de tutela
como un mecanismo de coacción.

22. La ANM12 afirmó carecer de legitimación en la causa por pasiva, con sustento
en que la vulneración de derechos fundamentales alegada no le es imputable.
Debido a ello y a que, en su criterio, el señor Ucrós Ospino no demostró la posible
configuración de un perjuicio irremediable, solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo constitucional, y, en subsidio, denegarla.

23. Por otro lado, señaló que la demora en el trámite de los procesos contencioso-
administrativos es un problema estructural y que, en el caso concreto, no se han
producido dilaciones atribuibles a la autoridad judicial demandada. Además, advirtió
que la sociedad accionante ha abusado de la acción de tutela, pues la ha ejercido
cada vez que ha presentado un memorial.

12 Índice 16 del expediente.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Actuación posterior

24. El señor Ucrós Ospino se opuso13 a la contestación de la magistrada Polidura
Castillo, alegando que no ha utilizado sus solicitudes impropiamente porque: (i)
según la sentencia T-377 de 2000, proferida por la Corte Constitucional, el ejercicio
del derecho de petición resulta procedente cuando las autoridades judiciales omiten
pronunciarse sobre asuntos de su competencia; y (ii) no puede hablarse de la
reapertura de debates, pues ninguno de ellos ha concluido, toda vez que la
sentencia no ha adquirido firmeza por la falta de resolución de las solicitudes de
adición y de corrección.

25. Además, advirtió que la multiplicidad de solicitudes se ha debido al silencio de
la autoridad judicial demandada, y que aquellas relativas al supuesto cambio en la
fijación del litigio y a la corrección de una «carga documental» debían ser resueltas
dentro del término de quince días consagrado en el artículo 14 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que son
independientes de las de adición y corrección. Por ello, insistió en que se vulneró
su derecho fundamental de petición.

26. También indicó que, en virtud de la sentencia T-298 de 1997 de la Corte
Constitucional, la congestión del despacho a cargo de la magistrada Polidura
Castillo no justifica la falta de resolución de sus solicitudes dentro de un plazo
razonable.

27. Por otro lado, señaló que la acción de tutela es procedente, en tanto es el único
mecanismo de defensa judicial idóneo para remediar la falta de resolución
injustificada de sus solicitudes.

28. También sostuvo que, según la sentencia T-377 de 2000, la insistencia de los
ciudadanos no constituye coacción, sino una manifestación de su derecho a obtener
respuestas y a acceder a la administración de justicia. Además, indicó que el
ejercicio de la acción de tutela por su parte no puede ser considerado coacción, por
cuanto se debió a una «conducta persistente de omisión» de la autoridad judicial
demandada.

29. Por otro lado, afirmó que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado «omitió por completo el restablecimiento del derecho» derivado de la
anulación de las resoluciones 000977 del 27 de mayo de 2015 y 002276 del 25 de
septiembre de ese año.

30. También aseveró que dicha subsección desconoció el precedente de la Sección
Tercera de esta corporación, en tanto negó la indemnización reclamada por falta de
acreditación del perjuicio correspondiente, pese a que se probó un daño emergente
y un lucro cesante.

13 Archivo identificado con el certificado «1CA784E362BA80F2 (…)», ubicado en el índice 15 del

expediente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

31. Añadió que, debido a lo anterior y a que se modificó el litigio fijado en la
audiencia inicial, se configuraron los defectos sustantivo y procedimental absoluto.

32. Además, adujo que la mencionada subsección confundió el restablecimiento
del derecho reclamado, consistente en la reanudación del procedimiento de
legalización de minería tradicional promovido por Canteras de Florencia, con la
función de otorgar títulos mineros. Agregó que, de esa manera, no solo se
desconoció el precedente aplicable y el contenido del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que se privó a la sociedad demandante de la
posibilidad de obtener una reparación integral y se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de una
víctima del conflicto armado.

33. Por otro lado, sostuvo que, al exigir el ejercicio del derecho de postulación para
solicitar la adición de la sentencia, la magistrada Polidura Castillo aplicó automática
y restrictivamente el artículo 160 del CPACA y desconoció que, de conformidad con
las sentencias T-298 de 1997 y T-598 de 2003, proferidas por la Corte
Constitucional, las solicitudes de ese tipo «no son actos de postulación profesional,
sino “mecanismos de defensa material que buscan corregir omisiones del fallo”».
Añadió que, por consiguiente, podía reclamar la adición de la sentencia
directamente y el silencio al respecto desconoció la garantía de la defensa material.

34. También expuso que, de acuerdo con el precedente de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la solicitud de adición no implica un nuevo litigio, sino que se
dirige a obtener una decisión integral, por lo que no requiere de la intermediación
de un abogado. Igualmente, afirmó que negar dicha solicitud por la simple identidad
de su promotor implica «sustituir el estudio material obligatorio por una barrera
artificial» y, por ende, conlleva la configuración de un defecto procedimental
absoluto.

35. En línea con lo anterior, afirmó que la aplicación del artículo 160 del CPACA
fue una simple excusa, pues, aun cuando la adición se volvió a solicitar por
intermedio de apoderado, la magistrada Polidura Castillo permaneció en silencio.
Agregó que, en consecuencia, la ausencia de pronunciamiento por la falta de
intervención de un abogado implicó una vulneración de los derechos fundamentales
de petición y al debido proceso.

36. De otra parte, señaló que, en el auto del pasado 3 de diciembre, se advirtió que
la resolución de sus solicitudes se supeditaría a la ejecutoria de la providencia por
la cual se reconociera personería adjetiva al abogado. Tal advertencia, en su
criterio, carece de fundamento jurídico y constituye una excusa para justificar la falta
de pronunciamiento frente a sus peticiones, pues, aun cuando dicho abogado
intervino desde octubre del presente año, la magistrada Polidura Castillo
permaneció en silencio. Agregó que, por ello, se configuró un defecto procedimental
absoluto y se vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

37. Finalmente, adujo que con dicho auto se desconoció la realidad procesal, pues,
el 2 de diciembre de 2025, revocó el poder conferido al mencionado abogado.

II. CONSIDERACIONES
Competencia

38. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia dentro del presente proceso, en virtud de lo establecido en los artículos 86
de la Constitución y 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con el artículo
13 del reglamento interno de esta corporación, contenido en el Acuerdo 80 de 2019.

Cuestiones previas

Carácter jurisdiccional de las solicitudes cuya resolución se pretende

39. Tanto esta corporación14 como la Corte Constitucional15 han explicado que las
solicitudes dirigidas a autoridades judiciales pueden ser de naturaleza jurisdiccional
o administrativa. Las primeras deben tramitarse de conformidad con el estatuto
procesal aplicable y se relacionan con el derecho fundamental al debido proceso.
Las segundas, en cambio, han de atenderse de acuerdo con el Título II de la Parte
Primera del CPACA e implican el ejercicio del derecho fundamental de petición.

40. Adicionalmente, la Corte Constitucional16 ha señalado que, para determinar la
naturaleza de una solicitud dirigida a una autoridad judicial, es necesario revisar tres
aspectos: primero, si su objeto está regulado en el estatuto procesal aplicable;
segundo, si fue formulada por los sujetos del proceso o por terceros ajenos a él y,
tercero, si guarda relación con el litigio o con el ejercicio del derecho de defensa.

41. Ahora, para determinar la naturaleza de las solicitudes cuya resolución pretende
el señor Ucrós Ospino, la Sala debe tener en cuenta cuál fue su objeto y quién las
formuló. Ambos aspectos se describen en la siguiente tabla, de conformidad con la
información registrada en Samai:

Fecha de la solicitud Objeto de la solicitud Solicitante

Ángelo Andrés Ucrós
Obtener la adición de la sentencia,
1° de septiembre de Ospino, representante
en relación con la indemnización
202517 legal de Canteras de
pretendida
Florencia Ltda.

14 Al respecto, se puede consultar la sentencia del 7 de febrero de 2025, proferida por esta
Subsección en el proceso 11-001-03-15-000-2024-06620-00.
15 Ver, por ejemplo, las sentencias T-394 de 2018 y T-482 de 2024.
16 Sentencia T-482 de 2024.
17 Archivo identificado con el certificado «4D7993332C81006A (…)», ubicado en el índice 498 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Albeiro Rafael Campo
Obtener la adición de la sentencia,
8 de octubre de Redondo, apoderado
en relación con la indemnización
202518 judicial de Canteras de
pretendida
Florencia

Albeiro Rafael Campo
Interponer el recurso de reposición
14 de octubre de Redondo, apoderado
contra el auto del 1° de octubre de
202519 judicial de Canteras de
2025
Florencia

Albeiro Rafael Campo
20 de octubre de Aclarar la tasación del valor de la Redondo, apoderado
202520 indemnización pretendida judicial de Canteras de
Florencia

Lograr la corrección de uno de los Ángelo Andrés Ucrós
22 de octubre de archivos almacenados en el índice Ospino, representante
202521 520 del expediente, que es ajeno legal de Canteras de
al proceso Florencia

Ángelo Andrés Ucrós
Obtener una explicación frente al
22 de octubre de Ospino, representante
supuesto cambio en el litigio fijado
202522 legal de Canteras de
en la audiencia inicial
Florencia

Albeiro Rafael Campo
Lograr la corrección de un
22 de octubre de Redondo, apoderado
supuesto error en la liquidación de
202523 judicial de Canteras de
costas procesales
Florencia

Ángelo Andrés Ucrós
5 de noviembre de Obtener un pronunciamiento frente Ospino, representante
202524 a las solicitudes anteriores legal de Canteras de
Florencia

Insistir en la reclamación de un
pronunciamiento frente a las Ángelo Andrés Ucrós
7 de noviembre de solicitudes anteriores, y reiterar Ospino, representante
202525 aquella relativa a la tasación del legal de Canteras de
valor de la indemnización Florencia
pretendida

18 Archivo identificado con el certificado «B47F79C7F145D081 (…)», ubicado en el índice 515 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
19 Archivo identificado con el certificado «C85E890791927520 (…)», ubicado en el índice 517 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
20 Archivo identificado con el certificado «9597AA894CBACB59 (…)», ubicado en el índice 521 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
21 Archivo identificado con el certificado «7A8E34B7FC3A4207 (…)», ubicado en el índice 524 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
22 Archivo identificado con el certificado «21BE6B3A47DA376C (…)», ubicado en el índice 525 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
23 Archivo identificado con el certificado «EF3A9AEE838AA572 (…)», ubicado en el índice 526 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
24 Índice 531 del expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en

Samai.
25 Índice 535 del expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en

Samai.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Ángelo Andrés Ucrós
Reiterar las solicitudes de adición
8 de noviembre de Ospino, representante
de la sentencia y ampliar su
202526 legal de Canteras de
fundamento
Florencia

42. La mayoría de las solicitudes descritas se relaciona con la adición de una
sentencia, lo cual se encuentra expresamente regulado en el artículo 287 del CGP,
aplicable a los procesos contencioso-administrativos en virtud del artículo 306 del
CPACA. Además, todas ellas se presentaron en nombre de la parte demandante en
el proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), y su objeto se encuentra
ligado a uno de los debates surtidos en ese proceso —el relativo a la indemnización
pretendida—, al trámite posterior a la expedición del fallo correspondiente o, incluso,
a la construcción del expediente respectivo. Así, es claro que su naturaleza es
jurisdiccional.

43. Por lo anterior, se concluye que el presente asunto guarda relación con una
posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, mas no con una
eventual lesión del de petición. En consecuencia, el análisis de la Sala versará sobre
la afectación del primero, específicamente, a causa de la supuesta demora en la
resolución de las solicitudes mencionadas.

Invocación de causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales

44. Aunque el señor Ucrós Ospino afirmó que su demanda no se dirige contra la
sentencia del 11 de agosto de 2025, lo cierto es que, al oponerse a la contestación
de la magistrada Adriana Polidura Castillo, atribuyó defectos específicos a esa
providencia y a los autos del 1° de octubre y del 3 de diciembre del presente año.

45. De lo anterior se desprende que, además de la resolución de sus solicitudes, el
señor Ucrós Ospino pretende controvertir la sentencia y los autos aludidos. En
consecuencia, la Sala examinará si se cumplen los requisitos generales de
procedencia del ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en
caso afirmativo, determinará si se configuró algún defecto o causal específica de
procedencia de ese tipo de acciones de tutela.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

46. En primer lugar, la Sala establecerá si la pretensión de resolución de las
solicitudes presentadas tras la expedición de la sentencia del 11 de agosto de 2025
es procedente, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en
casos de mora judicial.

47. Si lo anterior encuentra una respuesta afirmativa, también se definirá si se
configuró una mora judicial injustificada por la falta de resolución de dichas

26 Archivo identificado con el certificado «3E17900E3A34DB85 (…)», ubicado en el índice 537 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

solicitudes y si, en consecuencia, se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia Canteras de Florencia y
del señor Ucrós Ospino, y se lesionó el derecho fundamental al mínimo vital de este.

48. En segundo lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple el
requisito de subsidiariedad, en relación con el cuestionamiento de la sentencia del
11 de agosto de 2025. También examinará si se satisface la exigencia de relevancia
constitucional, en lo atinente al reproche de los autos del 1° de octubre y del 3 de
diciembre del presente año.

49. Solo en caso de que lo anterior sea resuelto afirmativamente27, se definirá si se
cumplen los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y si se configuraron los defectos o causales
específicas de procedencia invocados por el señor Ucrós Ospino.

Improcedencia de la pretensión de resolución de las solicitudes
jurisdiccionales presentadas en nombre de Canteras de Florencia

50. La Corte Constitucional ha entendido la mora judicial como un «fenómeno
multicausal», generalmente asociado a las deficiencias estructurales del sistema
judicial, que limitan el goce efectivo del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Ese fenómeno, según la Corte, se materializa cuando la
acumulación de procesos excede la capacidad de los servidores judiciales
responsables de su resolución28.

51. Ahora, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, toda persona que
ejerce una acción o interpone un recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho
a obtener un pronunciamiento dentro de los plazos previstos en la ley. Empero, no
todo retraso en la expedición de una decisión judicial constituye automáticamente
una vulneración de derechos fundamentales, pues, según la Corte Constitucional29,
es necesario verificar que la demora sea injustificada e imputable a la falta de
diligencia del servidor judicial, o que la duración del proceso sea irrazonable.

52. En ese sentido, el juez de tutela debe analizar, en cada caso concreto, si la
conducta de los servidores o de las corporaciones judiciales responde a una actitud
caprichosa o arbitraria, o si, por el contrario, obedece a problemáticas estructurales
que dificultan el cumplimiento de los plazos procesales, tales como la congestión
judicial o la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura en los despachos.
Este tipo de circunstancias, por su naturaleza, no pueden ser atribuidas a los
servidores judiciales.

27 De conformidad con el artículo 86 de la Constitución 27 y con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto

Ley 2591 de 1991, la solicitud de amparo deviene improcedente si no se cumple el requisito de
subsidiariedad. Además, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte
Constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales resulta improcedente si no se
satisface la exigencia de relevancia constitucional. Por consiguiente, ante el incumplimiento de
cualquiera de dichos presupuestos de procedencia, es inocuo analizar el cumplimiento de los demás.
28 Sentencia de unificación 179 de 2021.
29 Sentencia de unificación 333 de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

53. En línea con lo anterior, la Corte ha establecido que la mora judicial puede
resultar justificada cuando el incumplimiento de los términos procesales se debe a
situaciones estructurales, como la congestión judicial, o a una fuerza mayor. En
estos eventos, ajenos a los servidores encargados de administrar justicia, no se
configura una vulneración de los derechos fundamentales. En consecuencia, es
procedente negar el amparo constitucional solicitado y disponer que el proceso
continúe su curso, de conformidad con el turno correspondiente, siempre que no se
advierta la posible configuración de un perjuicio irremediable30.

54. Ahora, la misma corte31 ha explicado que, para establecer si existe mora judicial,
es necesario adelantar un análisis en dos etapas. La primera corresponde al
examen de procedibilidad formal, el cual se satisface cuando se cumplen, entre
otros, los siguientes requisitos:

(i) [N]o se cuenta con un mecanismo judicial ordinario para impulsar el proceso
(como consecuencia de un estado de indefensión, entre otras razones); (ii) el
ciudadano se ha comportado activamente y ha impulsado el avance del
proceso, y (iii) la omisión judicial no se debe a conductas dilatorias, o no es
atribuible al incumplimiento de cargas procesales.

55. Una vez superado el análisis de procedibilidad formal, se pasa a la segunda
etapa del examen, correspondiente al estudio de fondo, en el que se debe
establecer si, en el caso concreto, se configura la mora judicial injustificada.
Conforme el precedente constitucional, ésta se presenta cuando se verifican los
siguientes elementos:

(i) [L]a demora obedece al incumplimiento de los términos previstos en la ley
para adelantar una actuación judicial; (ii) no existe una causa razonable que
justifique dicha dilación, como lo sería la congestión judicial o la carga excesiva
de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la autoridad judicial
en el cumplimiento de sus deberes funcionales.

56. En suma, la mora judicial constituye un problema estructural del sistema de
justicia, cuyo análisis exige valorar las circunstancias específicas de cada caso. Así,
no todo retraso en la emisión de una providencia equivale a una vulneración de
derechos fundamentales, pues ello solo sucede cuando la demora carece de
justificación y es atribuible a la inactividad o negligencia del funcionario judicial. Por
el contrario, si la tardanza obedece a causas estructurales como la congestión
judicial, la falta de personal o la deficiencia de condiciones materiales, no puede
imputarse ninguna responsabilidad al despacho. En consecuencia, solo cuando se
demuestra que el retardo es injustificado y afecta de directamente el derecho
fundamental al debido proceso o el de acceso a la administración de justicia,
procede la intervención del juez constitucional para ordenar las medidas correctivas
necesarias.

57. Antes de efectuar cualquier análisis sobre el caso concreto, la Sala resalta que
las diez solicitudes cuya resolución se pretende fueron presentadas entre el 1° de

30 Sentencia de unificación 179 de 2021.
31 Sentencia de unificación 333 de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

septiembre y el 8 de noviembre de 202532, es decir, en poco más de dos meses.
Igualmente, resalta que la magistrada Polidura Castillo se pronunció frente a la
primera de dichas solicitudes mediante auto del 1° de octubre del presente año33,
en el cual dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 19 de junio anterior, a
través de la cual requirió a Canteras de Florencia para que designara un apoderado.

58. Además, es importante indicar que, en el auto del pasado 3 de diciembre34,
dicha magistrada realizó las siguientes advertencias:

2.1. Las solicitudes de adición y corrección (…) deben ser resueltas por la
Subsección C de esta corporación, en tanto fue la autoridad judicial que profirió
dicho fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 del CGP, motivo
por el cual se adoptará la decisión correspondiente, respetando el turno de
ingreso y teniendo en cuenta las fechas en las cuales se integra la Sala
para dicho propósito.

2.2. En cuanto a las demás peticiones y escritos que obran en la actuación, con
posterioridad a la notificación del auto del 1° de octubre de la presente anualidad
y que no corresponda decidir a la Sala de Subsección, este Despacho decidirá
lo que en derecho corresponda una vez quede ejecutoriada la presente
providencia, que define lo concerniente al derecho de postulación y la
representación para intervenir en lo que resta del proceso.

2.3. Es imperioso señalar a la parte demandante y a su apoderado que la
presentación masiva y reiterativa de memoriales, generan congestión en
el despacho y no imponen el deber de resolverlas de manera inmediata,
pues ello iría en desmedro de los demás usuarios de la administración de
justicia, razón por la cual se les exhorta para que colaboren con el curso normal
de la actuación (…). Debe tenerse en cuenta que la resolución de las
actuaciones está sujeta a las cargas laborales propias del Despacho, que
actualmente registra 517 procesos pendientes de decisión —entre ordinarios y
especiales— según la información reportada en el sistema SAMAI, así como al
respeto estricto del orden de turno para resolver las solicitudes elevadas
por las partes procesales35.

59. Lo expuesto, de entrada, demuestra que la magistrada Polidura Castillo no ha
obviado las solicitudes presentadas en nombre de Canteras de Florencia, como
pretende hacerlo ver el señor Ucrós Ospino, y que el proceso no se encuentra
paralizado.

60. Esa ausencia de parálisis, de hecho, puede predicarse desde antes de la
presentación de la demanda de tutela —lo cual tuvo lugar el 21 de noviembre de
2025—, pues, se insiste, la magistrada Polidura Castillo se pronunció sobre la
primera de las solicitudes en cuestión desde el 1° de octubre de 2025.

32 Ello se detalló en la tabla contenida en el acápite de cuestiones previas.
33 Índice 506 del expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en

Samai.
34 Índice 548 del expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en

Samai.
35 Énfasis añadido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

61. Por lo expuesto, no es posible considerar que la acción de tutela fuera necesaria
para impulsar el proceso o, en otras palabras, para conjurar una dilación. Así, la
pretensión de resolución de las peticiones presentadas tras la expedición de la
sentencia del 11 de agosto de 2025 ni siquiera supera el examen formal de
procedencia correspondiente.

62. Debido a lo anterior, la solicitud de amparo presentada por el señor Ucrós
Ospino será declarada improcedente, en relación con la pretensión aludida.

Improcedencia de la solicitud de amparo frente al cuestionamiento de la
sentencia del 11 de agosto de 2025 y de los autos del 1° de octubre y del 3 de
diciembre siguientes

63. En síntesis, el señor Ucrós Ospino sostuvo que la sentencia del 11 de agosto
de 2025 implicó la configuración de los defectos sustantivo y procedimental
absoluto, puesto que en ella se negó la indemnización pretendida, pese a la
acreditación de los perjuicios correspondientes, y se modificó el litigio fijado en la
audiencia inicial.

64. Los anteriores argumentos fueron formulados en las solicitudes del 836 y del 2237
de octubre de 2025, relativas, precisamente, a la adición de la sentencia en relación
con la indemnización pretendida, así como al supuesto cambio en el litigio fijado en
la audiencia inicial.

65. Dicho lo anterior, la Sala debe recordar que, de acuerdo con el tercer inciso del
artículo 86 de la Constitución38 y con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 199139, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual
resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial,
salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la
concreción de un perjuicio irremediable40.

66. Ahora, como se expuso en precedencia, los argumentos expuestos en la
demanda de tutela ya habían sido formulados en las solicitudes del 8 y del 22 de
octubre del presente año, lo cual evidencia que el señor Ucrós Ospina utilizó la

36 Archivo identificado con el certificado «B47F79C7F145D081 (…)», ubicado en el índice 515 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
37 Archivo identificado con el certificado «21BE6B3A47DA376C (…)», ubicado en el índice 525 del

expediente del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), almacenado en Samai.
38 De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable».
39 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios

de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
40 En la sentencia T-1190 de 2004, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio

es irremediable, es necesario verificar lo siguiente: «(i) [Q]ue sea inminente, es decir, que se trate
de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad» (énfasis añadido).

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Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

acción de tutela y la solicitud de adición para controvertir dicha sentencia, sin
justificación alguna.

67. En otras palabras, el señor Ucrós Ospino desconoció el carácter subsidiario de
la acción de tutela, pues acudió a ella antes de que se resolviera su solicitud de
adición, sin explicar por qué esta resultaba inidónea o ineficaz y sin alegar ni probar
la posible configuración de un perjuicio irremediable.

68. Así las cosas, la solicitud de amparo presentada por el señor Ucrós Ospino
incumple el requisito de subsidiariedad, en relación con el cuestionamiento de la
sentencia del 11 de agosto de 2025.

69. Por otro lado, el señor Ucrós Ospino sostuvo que el auto del 1° de octubre de
2025 implicó la configuración de un defecto procedimental absoluto, en síntesis,
porque con él se desconoció que la solicitud de adición no requiere de la
intervención de un abogado.

70. También adujo que dicho defecto se materializó en relación con el auto del
pasado 3 de diciembre, puesto que con él se supeditó la resolución de sus
solicitudes al reconocimiento de personería adjetiva al abogado Albeiro Rafael
Campo Redondo, y se desconoció que el poder conferido a este fue revocado.

71. Antes de pronunciarse sobre los anteriores cuestionamientos, esta Subsección
debe recordar que, mediante sentencia del 5 de agosto de 201441, la Sala Plena del
Consejo de Estado estableció que el objeto del requisito de relevancia constitucional
es (i) proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela
se inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí
que, para determinar si una solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea
necesario examinar dos elementos:

72. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias
y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela
adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido
invocadas y debidamente sustentadas.

73. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso
mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para
proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

74. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar
los derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia.

41 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio

Ramírez Ramírez).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Por el contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga
argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador.

75. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional,
la cual, de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela
no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la
interpretación propia de los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea
si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de
rectificación o de interpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.

76. Ahora, los reproches formulados contra los autos del 1° de octubre y del 3 de
diciembre del presente año, lejos de dar cuenta de una decisión arbitraria o
caprichosa que demande la intervención del juez de tutela, únicamente evidencian
una inconformidad del señor Ucrós Ospino con la exigencia relativa a la intervención
en el proceso por intermedio de apoderados. En consecuencia, dichos reproches
no satisfacen la carga argumentativa necesaria para considerar demostrada la
relevancia constitucional del asunto.

77. Por otro lado, se advierte que el hecho de que en el auto del 3 de diciembre de
2025 se haya reconocido personería adjetiva al abogado Albeiro Rafael Campo
Redondo, pese a la revocación del poder correspondiente, no justifica la
intervención del juez de tutela, pues esa situación puede subsanarse mediante la
constitución de un nuevo apoderado.

78. Así las cosas, la solicitud de amparo presentada por el señor Ucrós Ospino, en
calidad de representante legal de la sociedad Canteras de Florencia Ltda., incumple
los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional, respectivamente, en
relación con el cuestionamiento de la sentencia del 11 de agosto de 2025 y de los
autos del 1° de octubre y del 3 de diciembre del presente año.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional
presentada por Ángelo Andrés Ucrós Ospino, en calidad de representante legal de
la sociedad Canteras de Florencia Ltda., en relación con la falta de resolución de
las peticiones presentadas tras la expedición de sentencia en el proceso de única
instancia 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376).

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional
presentada por Ángelo Andrés Ucrós Ospino, en calidad de representante legal de
la sociedad Canteras de Florencia Ltda., respecto del cuestionamiento de la

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-07398-00
Accionante: Canteras de Florencia Ltda.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

sentencia del 11 de agosto de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, así como de los autos del 1° de octubre y del 3 de
diciembre del presente año, dictados por la magistrada Adriana Polidura Castillo.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

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