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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02074-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02074-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las solicitudes de vinculación de la Corte Constitucional y de 28 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006. 29 Consejo de Estado, Sección Quinta, Decisión del 4 de mayo de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024- 02256- 00. 30 Ibidem. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Canteras de Florencia Ltda. Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00 corrección del reparto presentadas por la parte actora por las razones expuestas. SEGUNDO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las pretensiones elevadas en el marco del proceso con radicado 25000-23-36-000- 2023-00229-01 a cargo de la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado. TERCERO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda. respecto de las pretensiones incoadas en el marco del proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00 a cargo de la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado. CUARTO: Denegar el amparo de tutela solicitado por la sociedad accionante respecto de la solicitud de revocatoria de poder conferido a su apoderado judicial en el marco del proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00 a cargo de la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado. QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02074-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

30 de abril de 2026

Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02074-00
Demandante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIONES B Y C

Temas: Derecho de petición y temeridad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio del
mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Sociedad Canteras Ltda., representada legalmente por Ángelo Andrés Ucrós
Ospino, promovió acción de tutela1 contra las Subsecciones B y C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, debido
proceso, a la “tutela judicial efectiva” y a la seguridad jurídica.

Lo anterior, por cuanto las autoridades judiciales accionadas no respondieron la
solicitud elevada el 15 de enero de 2026 y no han resuelto las peticiones realizadas
después de haberse proferido fallo de única instancia, dentro de los procesos con
radicados 25000-23-36-000-2023-00229-01 y 11001-03-26-000-2016-00096-00,
respectivamente.

1.2. Pretensiones

1 Radicación de la tutela el 13 de marzo de 2026.

1
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

En consecuencia, el actor solicitó (transcripción literal del escrito con posibles
errores):

1. Amparo constitucional
1.1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.),
derecho de petición (art. 23 C.P.), acceso efectivo a la administración de justicia (art.
229 C.P.), tutela judicial efectiva, plazo razonable y seguridad jurídica.
2. Declaración de vulneración por mora judicial
2.1. Que se declare que la falta de decisión expresa, motivada e individualizada sobre
las solicitudes formuladas con posterioridad a la sentencia del 11 de agosto de 2025,
dentro del proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376), constituye vulneración
del debido proceso por mora judicial injustificada.
2.2. Que se declare que la ausencia de pronunciamiento sobre el recurso de
reposición pendiente y sobre las solicitudes de corrección y adición impide la
consolidación de la ejecutoriedad material del fallo.
3. Declaración de vulneración autónoma del derecho de petición.
3.1. Que se declare que la falta de respuesta al derecho de petición radicado el 15 de
enero de 2026 dentro del proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 (72990) vulnera
de manera autónoma el artículo 23 de la Constitución Política.
3.2. Que se declare que la ausencia de formalización de la renuncia del apoderado,
presentada el 20 de agosto de 2025 y comunicada el 19 de agosto de 2025, configura
omisión funcional con incidencia en el debido proceso y en la seguridad jurídica.
4. Orden de decisión dentro de término perentorio
4.1. Que se ordene a la autoridad judicial accionada resolver, dentro de un término
perentorio razonable y sin alterar el orden de decisión de fondo del proceso, las
actuaciones pendientes, las siguientes actuaciones pendientes:
a) Las solicitudes de adición y corrección formuladas dentro del proceso 11001-03-
26-000-2016-00096-00 (57376). b) El recurso de reposición interpuesto contra el auto
posterior a la sentencia. c) La corrección de agencias en derecho y demás aspectos
relacionados con la liquidación de costas. d) La formalización y aceptación de la
renuncia del apoderado dentro del proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 (72990)
Y la revocatoria de poder presentada dentro del proceso 11001-03-26-000-2016-
00096-00 (57376). e) El derecho de petición radicado el 15 de enero de 2026,
incluyendo la entrega de la estadística solicitada y la información administrativa
requerida.
f) Existe escrito de puesta en conocimiento para efectos de control de legalidad y
eventual corrección oficiosa.
4.2. Que se ordene responder el derecho de petición radicado el 15 de enero de 2026
dentro del proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 (72990) dentro de un término
máximo de cinco (5) días hábiles.
5. Inclusión del hecho sobreviniente conexo
5.1. Que al momento de decidir esta acción se incluya dentro del análisis
constitucional la omisión actual verificada en el proceso 25000-23-36-000-2023-
00229-01 (72990), en tanto constituye hecho sobreviniente conexo que evidencia
patrón de indefinición procesal.
6. Precisión sobre autonomía judicial
6.1. Que se precise expresamente que la orden que eventualmente se imparta:
• No implica interferencia alguna en el contenido del fallo del 11 de agosto de 2025. •
No comporta modificación del sentido decisorio. • No sustituye el criterio jurídico del
juez natural. • No constituye pronunciamiento sobre el fondo de los procesos.
Su único alcance es garantizar que las autoridades judiciales ejerzan su competencia
decisoria pendiente dentro de un plazo razonable.
7. Advertencia sobre persistencia de la vulneración
7.1. Que se reconozca que la afectación es actual, continuada y renovada cada día
mientras no exista decisión expresa, y que por tanto la orden de amparo debe tener
carácter inmediato y eficaz.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se mencionaron los siguientes supuestos fácticos:

Proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 – Subsección B, Sección Tercera del
Consejo de Estado2

El tutelante manifestó que en el proceso de la referencia el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C dictó sentencia de primera
instancia el 2 de abril de 2025 frente a la cual presentó recurso de apelación, que le
correspondió a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado.

Señaló que el 15 de enero de 2026 radicó petición en la que solicitó: i) la estadística
de procesos para sentencia; ii) los criterios de priorización del despacho para
dictarse fallo; y, iii) el orden verificable del turno de su proceso, asuntos frente a los
cuales no ha recibido respuesta.

Adujo que la información solicitada corresponde a datos existentes en el sistema de
gestión judicial, lo que no implica “elaboración nueva”. Además, indicó que el 20 de
agosto de 2025 su apoderado presentó renuncia al poder, la cual aún no le ha sido
aceptada.

Proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 – Subsección C, Sección Tercera del
Consejo de Estado3

El accionante indicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de la referencia se dictó sentencia el 11 de agosto de 2025 y posterior a ese
momento procesal ha presentado varias solicitudes4 las cuales aún no se han
decidido y que por esa razón la sentencia no se ha podido ejecutoriar.

Hizo mención a las siguientes solicitudes y recursos: de adición y corrección de la
sentencia; de liquidación de costas, recurso de reposición en contra del auto del 1°
de octubre de 20255, de revocatoria de poder del apoderado de la parte accionante,
solicitudes de decisión sobre pretensiones presuntamente omitidas en la sentencia,
para control de “legalidad y corrección oficiosa” del fallo y sobre “coherencia y
ejecución de la sentencia”.

2 M.P. Diego Franco Victoria.
3 M.P. Adriana Polidura Castillo.
4 Solicitudes que realizó el 8, 14, 20 y 22 de octubre de 2025; 5, 7, 8, 18, 19 y 27 de noviembre de

2025; 16 y 18 de enero de 2026 y 12 de febrero del mismo año.
5 Esta providencia resolvió no tramitar la solicitud de adición de sentencia presentada directamente

por el representante legal de Canteras de Florencia Ltda. el 1º de septiembre de 2026, por cuanto
reiteró que la parte demandante debía actuar en el proceso exclusivamente por intermedio de
abogado inscrito, conforme al artículo 160 del CPACA. El despacho recordó que en diversas
oportunidades se había advertido al actor sobre el deber de postulación y que ya se habían proferido
dos decisiones previas —19 de junio y 21 de julio de 2025— en las que se dispuso que solo se
atenderían intervenciones realizadas por el apoderado debidamente designado. En consecuencia,
se estuvo a lo ya resuelto en dichas providencias y se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo de la
solicitud de adición, al haber sido presentada sin el cumplimiento del requisito legal de actuar por
conducto de representante judicial.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

Señaló que, mediante auto del 3 de diciembre de 2025 la autoridad judicial
accionada: i) reconoció personería al apoderado de la parte demandante; ii) exhortó
a la parte demandante y a su apoderado por presentar multiplicidad de
memoriales6; y, iii) indicó que la adopción de las decisiones pendientes de resolver7
debía efectuarse de manera ordenada, sistemática y conforme a la capacidad
operativa del despacho, especialmente por la elevada carga laboral existente y al
volumen significativo de escritos radicados.

Finalmente, mencionó que la no inclusión del expediente en la agenda de las salas
de 16 de febrero de 2026 y 24 de marzo del mismo año confirma la persistencia de
la omisión en la adopción de decisiones frente a dichas solicitudes, prolongando la
situación de indefinición procesal mencionada.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante argumentó que la omisión de las accionadas en responder las
peticiones referenciadas configura una violación al derecho de petición y al debido
proceso por mora judicial pues: i) se supera un plazo razonable; ii) no existe
justificación suficiente para no resolver sus peticiones; iii) se genera indefinición
procesal; y, iv) se afecta la tutela judicial efectiva.

Asimismo, señaló que la congestión no constituye justificación absoluta cuando
compromete derechos fundamentales pues la afectación es actual y persistente, lo
que implica que la sociedad accionante se encuentre en estado de incertidumbre
procesal prolongada.

Adujo que en los casos expuestos: i) no existe complejidad probatoria; ii) las
solicitudes no requieren nuevo debate; iii) ha actuado dentro de los términos
legales; y, iv) la indefinición incide directamente en efectos patrimoniales.

Además, el tiempo transcurrido supera el margen de razonabilidad constitucional
para resolver solicitudes pos-sentencia, tales como derechos de petición y renuncia
y revocatoria de poder.

Proceso 25000-23-36-000-2023-00229-01 – Subsección B, Sección Tercera del
Consejo de Estado

6 Al respecto la providencia indicó a la parte demandante y a su apoderado que la presentación

masiva y reiterativa de memoriales, generan congestión en el despacho y no imponen el deber de
resolverlas de manera inmediata, pues ello iría en desmedro de los demás usuarios de la
administración de justicia, razón por la cual se les exhorta para que colaboren con el curso normal
de la actuación, máxime si se tiene en cuenta que la controversia finalizó con la expedición de la
sentencia de única instancia, sin perjuicio de la resolución de las peticiones que se encuentran
pendientes por decisión, en tanto sean procedentes y se hayan formulado de manera oportuna.
7 Recurso de reposición interpuesto contra el auto del 1 de octubre de 2025 —mediante el cual se

resolvió no tramitar la solicitud de adición presentada el 1 de septiembre de ese año por el
representante legal de Canteras de Florencia Ltda.; y solicitudes de adición y corrección de la
sentencia.

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Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

Respecto de este proceso manifestó que han transcurrido más de 6 meses sin que
el despacho: i) declare formalmente perfeccionada la renuncia del abogado; ii)
actualice la representación en el sistema Samai; y iii) emita pronunciamiento alguno.

En ese sentido, dicha omisión genera indefinición en la representación procesal,
inseguridad jurídica, riesgo de rechazo futuro de actuaciones incidentales y en
general la vulneración autónoma del artículo 23 de la Constitución.

Aclaró que no solicita que se ordene proferir sentencia de segunda instancia dentro
de término específico, sino que se resuelvan las actuaciones administrativas
pendientes (renuncia de apoderado y petición del 15 de enero de 2026 relativa a
entrega de estadísticas del despacho, entre otras), las cuales no dependen del turno
de fallo.

Proceso 11001-03-26-000-2016-00096-00 – Subsección C, Sección Tercera del
Consejo de Estado

Señaló que desde que se profirió el fallo de única instancia hasta la presentación
de esta acción constitucional no se ha proferido decisión material que resuelva las
solicitudes identificadas por el propio despacho, a saber: recurso de reposición
interpuesto contra el auto del 1 de octubre de 2025 y solicitudes de adición y
corrección de la sentencia. Por tanto, al no decidirse estas cuestiones impiden el
cierre real del proceso.

Adujo que el trámite actualmente se encuentra indefinido pues ya han trascurrido
siete meses sin definición ni programación de sala para su estudio. En esa medida,
mientras no se decidan las solicitudes de adición y corrección de la sentencia no
puede consolidar plenamente su ejecutoriedad material, lo que vulnera sus
derechos.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 18 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados de las
Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al director de la
Agencia Nacional de Minería como tercero interesado.

Por otra parte, no se vinculó al presente trámite a la Corte Constitucional por cuanto
contra esta autoridad judicial no se indicaron hechos u omisiones constitutivos de
violación a los derechos fundamentales del actor, así como tampoco se relacionaron
pretensiones dirigidas a dicha corporación.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B - Proceso 25000-23-
36-000-2023-00229-01

El magistrado sustanciador del expediente con radicado 25000-23-36-000-2023-
00229-01 se opuso al amparo deprecado por el actor, por cuanto la tutela se
fundamenta en una supuesta violación a los derechos fundamentales de petición,
debido proceso y seguridad jurídica, con ocasión de la no respuesta por parte de
ese despacho al memorial radicado el 15 de enero de 2026 por el accionante y por
la ausencia de pronunciamiento acerca de la renuncia al poder especial conferido
al abogado Leysmer Sadid Gutiérrez Hernández, la cual fue presentada el 20 de
agosto de 2025.

Al respecto manifestó que no es cierto que se haya vulnerado el derecho
fundamental de petición por la falta de respuesta a la solicitud presentada, toda vez
que la misma era abiertamente improcedente por cuanto quien actúa en el litigio es
un sujeto involucrado e interesado en este. En esa medida, adujo que es claro que
el memorial analizado no constituía una petición en los términos del derecho
fundamental contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, sino una
actuación orientada al impulso del proceso judicial a cargo de ese despacho. Por
consiguiente, la inconformidad planteada no puede analizarse bajo los parámetros
del derecho de petición, sino que debe estudiarse a la luz de las normas procesales
aplicables.

Por otro lado, indicó que no es cierto que se vulneren los derechos a la seguridad
jurídica y al debido proceso de la sociedad actora por la ausencia de un
pronunciamiento respecto de la renuncia al poder mencionado. Esto, en razón a que
el artículo 762 del CGP es claro al prescribir que la referida renuncia surte efectos
cinco días después de haberse presentado el memorial correspondiente, junto con
la comunicación enviada al poderdante. Por ello, es evidente que para que la citada
renuncia surta efectos no es necesario que el despacho realice pronunciamiento
alguno. En ese sentido, como los requisitos exigidos para la efectividad de la
renuncia se encuentran acreditados en el expediente, no se requería aceptación
expresa para que se entienda terminado el mandato correspondiente8.

Pese a lo anterior, el 26 de marzo de 2026, el despacho dictó providencia en la cual
se pronunció en relación con el memorial radicado el 15 de enero de 20269 por el
representante legal de la sociedad Canteras de Florencia Ltda., y respecto de la
renuncia al poder allegada por el abogado Leysmer Sadid Gutiérrez Hernández.

Sobre tales solicitudes indicó que la petición del 15 de enero de 2026 se relaciona
directamente con el litigio, pues pretende obtener la estadística del despacho para
lograr impulso procesal. Es decir, la petición tiene estrecha relación con actuaciones
procesales, lo cual implica que, en los términos de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el ejercicio de dicho derecho fundamental es improcedente en este

8 Esta circunstancia fue puesta de presente en el auto de 26 de marzo de 2026.
9 i) La estadística de procesos para sentencia a cargo del despacho; ii) los criterios de priorización

del despacho para dictar fallo; y, iii) el orden verificable del turno de su proceso.

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tipo de eventos y por esa razón, el despacho lo tramitó como memoriales.

Posteriormente señaló que el escrito de la referencia fue radicado por el
representante legal de la sociedad demandante y que, de conformidad con el
artículo 160 del C.P.A.C.A. las actuaciones en el marco de procesos contencioso
administrativos deben surtirse por conducto de abogado inscrito y para el caso de
la referencia, el representante legal de Canteras de Florencia no es abogado ni
cuenta con tarjeta profesional que lo habilite para el ejercicio de dicha profesión,
razón por la cual carece de derecho de postulación y, por ende, no puede intervenir
de manera directa en el proceso, razón por la cual no fueron resueltas de fondo las
peticiones.

1.5.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C – Proceso 1001-03-
26-000-2016-00096-00

La magistrada sustanciadora del proceso de la referencia solicitó que se niegue la
tutela por las razones que se pasan a exponer.

En primera medida indicó que la parte accionante ha interpuesto un total de 13
acciones de tutela con el propósito de anticipar decisiones de fondo al margen del
turno procesal, todas ellas resueltas de manera desfavorable por no acreditarse
vulneración de derechos fundamentales10.

Indicó que, en esta oportunidad y luego de proferirse sentencia de única instancia
el 11 de agosto de 2025, el tutelante pretende nuevamente obtener
pronunciamientos sobre solicitudes de aclaración, corrección y adición, así como
sobre peticiones formuladas directamente o por conducto de su apoderado, algunas
ya resueltas y otras en trámite conforme a las reglas procesales; sin embargo,
persiste en la presentación reiterada de requerimientos y acciones, lo que configura
un uso impropio de los mecanismos procesales y del amparo constitucional.

Después de resumir las actuaciones surtidas dentro del proceso de la referencia,
hizo referencia a las múltiples solicitudes de impulso procesal realizadas por el
accionante11, las cuales fueron atendidas todas por ese despacho.

En este contexto, argumentó que ha atendido el trámite con diligencia, continuidad

10 Se refirió a las acciones de tutela identificadas con los radicados números: 11001-03-15-000-2021-

02233-00; 11001-03-15-000- 2022-03698-00; 11001-03-15-000-2022-06167-00; 11001-03-15-000-
2023-01312-00; 11001-03-15-000-2023-02025-00; 11001-03-15-000-2023-02986-00; 11001-03-15-
000-2023-04537-00; 11001-03-15-000-2023-06529-00; 11001-03-15-000-2024-01287-00; 11001-
03-15-000-2024-02623-00; 11001-03-15-000-2025-02418-00;11001-03-15-000-2025-03632-00 y
11001-03-15-000-2025-07398-00.
11 Hizo referencia a solicitudes de alteración de turno y prelación de fallo (en 3 ocasiones), peticiones

de información (en 2 ocasiones), interposiciones de recursos, solicitudes de diferente índole como
adición, aclaración y corrección de la sentencia, de impulso procesal (aproximadamente 4), memorial
en el que precisaba “de manera ilustrativa el monto de la indemnización reclamada”, derechos de
petición, solicitud de “decisión integral de presuntas pretensiones omitidas y de prohibición de fallo
en abstracto”, memorial en el que dejó constancia “de hechos nuevos y sobrevinientes, relacionados
con la presunta omisión en la corrección de un error material en el expediente”, entre otros.

7
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y sujeción a las reglas procesales. No obstante, manifestó que la resolución de las
actuaciones pendientes debe realizarse de manera ordenada y conforme a la
capacidad operativa teniendo en cuenta que no es el único asunto a su cargo,
particularmente frente al volumen significativo de solicitudes radicadas en un corto
lapso, muchas de ellas reiterativas o encaminadas a replantear aspectos ya
decididos, lo cual incide en la secuencia lógica del trámite y exige un estudio integral.

En consecuencia, indicó que dichas solicitudes serán decididas en la providencia
correspondiente, con estricto apego a los principios de legalidad, debido proceso,
economía, eficacia y adecuada ordenación del procedimiento.

Por otra parte, señaló que en el presente caso no se configura una mora judicial
injustificada atribuible al despacho, ni puede sostenerse que hayan existido
dilaciones imputables a la actuación del juez natural del proceso. Por el contrario, la
presunta tardanza en resolver las solicitudes pendientes obedece a causas
objetivas, verificables y ajenas a la voluntad del despacho, asociadas a la situación
estructural de congestión judicial que afecta de manera persistente a la Sección
Tercera de la corporación, fenómeno ampliamente reconocido en diversos informes
institucionales y en pronunciamientos reiterados de órganos de control y supervisión
de la administración de justicia.

En ese sentido, aun cuando el accionante advierte una supuesta dilación en el
trámite, dicha percepción se explica, en buena medida, por la acumulación y
reiteración de solicitudes formuladas por la propia parte actora, circunstancia que
no puede ser atribuida al despacho. A ello se suman la carga laboral existente y la
obligación de respetar el orden de turno, factores que evidencian que la gestión
judicial se ha desarrollado conforme a criterios de legalidad, racionalidad y equidad,
sin que resulte posible predicar la existencia de una mora judicial.

Concluyó que la no inclusión de un expediente en sesiones específicas no implica
inactividad del despacho ni desconocimiento de las solicitudes presentadas, sino
que responde a la dinámica ordinaria de gestión judicial y al respeto del orden de
decisión previamente establecido, el cual garantiza condiciones de igualdad y
seguridad jurídica para todos los sujetos procesales.

1.5.3. Nuevas intervenciones del accionante

Mediante memoriales de 13 y 26 de marzo de 2026 el tutelante solicitó que se
corrigiera el reparto de la tutela, en razón a que, a su juicio, esta fue repartida al
despacho de la magistrada Adriana Polidura por lo que se advierte un impedimento
de la misma para decidir la presente acción y que afectan los principios de
imparcialidad, independencia judicial y “transparencia en el reparto”.

Asimismo, solicitó que se vinculara a la Corte Constitucional por: i) “interés
institucional” al ser el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional; ii) ser la
entidad competente ante una eventual revisión; iii) tener interés en las resultas del
proceso; y, iv) la decisión en este caso puede incidir en los estándares sobre la mora

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judicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestiones previas

La sala negará la solicitud del accionante relativa a la vinculación al presente trámite
de la Corte Constitucional. Esto por cuanto, tal como se expuso en el auto admisorio
de la tutela: i) el tutelante no indicó hechos u omisiones que constituyan violación a
sus garantías fundamentales respecto de esa autoridad; ii) no relacionó
pretensiones dirigidas a esa corporación; iii) no se evidencia que esa alta corte
tenga interés en las resultas del proceso; y, iv) el trámite de revisión surtido por esa
corporación es una actuación eventual e independiente a los procesos de tutela
seguidos por los jueces de esa naturaleza, el cual se surte en una etapa posterior.

La misma suerte debe correr la petición relativa a que se corrija el reparto de la
presente tutela, pues a juicio del demandante, la misma fue repartida a la
magistrada Adriana Polidura, quien es la ponente del proceso con radicado 1001-
03-26-000-2016-00096-00.

Como se advierte del aplicativo Samai12, no le asiste razón al tutelante en sus
manifestaciones, pues la acción de tutela de la referencia fue repartida al despacho
del magistrado Omar Barreto Suárez el 13 de marzo de la presente anualidad quien
es el ponente de esta sentencia.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la sala verificar:

i) Si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró
el derecho de petición del accionante al no haber contestado solicitud
elevada el 15 de enero de 2026 y al no haber aceptado la renuncia del
poder del abogado de la sociedad accionante; y,
ii) Si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió
en mora judicial injustificada al no pronunciarse respecto del recurso de
reposición interpuesto en contra del auto del 1° de octubre de 2025 y
frente a las solicitudes de adición y corrección de la sentencia del 11 de
agosto de 2025.

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Índice 001.

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Para resolver este cuestionamiento, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
i) generalidades de la acción de tutela; ii) el derecho de petición en actuaciones
judiciales; y, iii) los casos concretos.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional, según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

La jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica al señalar que existen dos
clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia, a
saber, i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2 de la Ley
1437 de 2011.

En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 201813, señaló:

“La Corte Constitucional14 y esta Corporación15 de manera reiterada han
señalado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales
tienen un alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado
que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las
cuales pueden ser de dos clases:

(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas

13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25

de enero de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro.
14 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13

de julio de 2017. M.P: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. M.P. Alberto Yepes
Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00

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generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho
de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar
a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.

2.6. Casos concretos

En el asunto objeto de estudio, lo argumentado por el accionante se dirige a
cuestionar que las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrieron en violación del derecho de petición y en mora judicial injustificada por
no responder a la petición elevada el 15 de enero de 2026 y por cuanto no han dado
trámite a las solicitudes que la entidad actora ha presentado dentro de los procesos
con radicados 25000-23-36-000-2023-00229-01 y 11001-03-26-000-2016-00096-
00, respectivamente.

2.6.1. Proceso con radicado 25000-23-36-000-2023-00229-01 a cargo de la
Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado

De acuerdo con lo relatado en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al
presente trámite, se tiene que la sociedad demandante radicó una petición el 15 de
enero de 2026 en la que solicitó impulso y pretendía que se le informara el número
de los expedientes a cargo del despacho para dictar sentencia, el turno que le
correspondía a su proceso para emitir fallo y un pronunciamiento expreso en
relación con la renuncia al poder radicada por el apoderado de la sociedad actora.

Así las cosas, a pesar de que la sociedad accionante alegó como vulnerado su
derecho fundamental de petición, de acuerdo con lo señalado en el acápite de las
peticiones elevadas ante las autoridades judiciales, la sala considera que dicha
garantía constitucional no procede para poner en marcha el aparato judicial puesto
que las actuaciones judiciales están sometidas a las reglas procesales. Por lo tanto,
sería procedente estudiar el caso desde la óptica de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, la sala advierte que en el presente caso se configura la carencia actual
de objeto por hecho superado. Al respecto, la sala ha explicado en varias
ocasiones16 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento
preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean
violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental

16 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.

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desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción17.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (Negrillas propias)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente18.

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los

17 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
18 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual

se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».

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derechos fundamentales19. La Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso
en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda
instancia, durante el trámite de revisión ante ese tribunal20.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados21.

Así, como se advierte de la contestación de la tutela sobre este proceso y el auto
de 26 de marzo de 202622, el magistrado ponente del asunto precisó:

i) La petición se relaciona directamente con el litigio pues pretende obtener
la estadística del despacho para lograr impulso procesal y que se acepte
una renuncia a un poder. Es decir, la petición tiene estrecha relación con
actuaciones procesales, por lo que la tramitó como memoriales.
ii) Que no se pronunciaría de fondo pues el memorial fue radicado por el
señor Ángelo Andrés Ucrós Ospino, representante legal de la sociedad
accionante, y de conformidad con el artículo 160 del CPACA, que
preceptúa que las actuaciones en el marco de procesos contencioso
administrativos deben surtirse por conducto de abogado inscrito y para el
caso, este no es abogado ni cuenta con tarjeta profesional que lo habilite
para el ejercicio de dicha profesión, razón por la cual carece de derecho
de postulación y, por ende, no puede intervenir de manera directa en el
proceso.
iii) En relación con la renuncia al poder especial radicada por el abogado
Leysmer Sadid Gutiérrez Hernández, de acuerdo con el artículo 761 del
CGP, esta operó ipso iure el 27 de agosto de 2025, por cuanto fue
presentada con el lleno de requisitos legales el 20 de agosto de 2025. Por
tal motivo, no hay lugar a aceptar expresamente tal renuncia

En consecuencia, la sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de las pretensiones referentes al proceso con radicado 25000-23-36-000-
2023-00229-01 a cargo de la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

2.6.2. Proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00 a cargo de la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado

La actuación temeraria en la acción de tutela

19 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
20 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
22 Aplicativo Samai, índice 24 del proceso contencioso.

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El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al interior
de la acción de tutela cuando «[…] sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes […]”»

De lo anterior, esta sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad en el
trámite constitucional, el juez debe, por medio de auto, proceder al rechazo de la
acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite constitucional, sin
embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo correspondiente será que la sala
lo resuelva en el fallo respectivo, decidiendo desfavorablemente «todas las
solicitudes».

De conformidad con lo anterior, esta Sección ha considerado que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos23: (i) identidad fáctica en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda
petición de amparo se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción24.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado25:

[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares
ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser
valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras
palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede
ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias
meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión
de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el
proceso […].

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente26:

Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente y
afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación que

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
24
Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
25
Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
26
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas Ríos.
Énfasis propio.

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la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso
y de mala fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela
no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada
como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia
del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva
o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen
elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no.
En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares
no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada
asunto sometido a su competencia”27

En el asunto que ocupa a la sala, se advierte que la sociedad accionante realizó
solicitudes de adición y de corrección del fallo de 11 de agosto de 2025 proferido
por la accionada, de revocatoria del poder otorgado a su apoderado, de decisión
sobre pretensiones presuntamente omitidas en la sentencia; y, que se resolviera el
recurso de reposición presentado en contra del auto del 1° de octubre de 2025.

Por otra parte, se tiene que el 21 de noviembre de 2025 la sociedad Canteras de
Florencia Ltda. interpuso acción de tutela en la que solicitó, entre otras, la corrección
y adición del fallo de 11 de agosto de 2025 proferido por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que se resolviera el recurso de reposición
presentado en contra del auto del 1° de octubre de 2025 y que se resolviera de
manera integral algunas pretensiones omitidas en la sentencia.

En consecuencia, lo primero que resulta necesario verificar es si la sociedad
tutelante actuó de forma temeraria, para lo cual se compararán las dos acciones:

Tutela: Tutela:
11001-03-15-000-2025-07398-00 11001-03-15-000-2026-02074-00

Sección Tercera, Subsección A del Trámite objeto de pronunciamiento en esta
Consejo de Estado providencia

Fecha de la sentencia de primera Fecha de interposición de la tutela: 13 de
instancia: 15 de diciembre de 2025 marzo de 2026.
Fecha de la impugnación: 14 de enero de
2026
Fecha de la sentencia de segunda
instancia: 22 de abril de 2026
Identidad de partes Identidad de partes

27
Ob. Cit. «Sentencia T-548 de 2017». Énfasis propio.

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Accionante: Canteras de Florencia Ltda. Accionante: Canteras de Florencia Ltda.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Demandado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C Tercera, Subsección C
Identidad de objeto Identidad de objeto
La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretendió el amparo
de los derechos fundamentales de petición, de los derechos fundamentales de petición,
de acceso a la administración de justicia, al de acceso a la administración de justicia,
debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y debido proceso, a la “tutela judicial efectiva”
a la vida digna de esa sociedad, así como y a la seguridad jurídica.
la garantía de la especial protección
constitucional de la cual son titulares las Los consideró transgredidos con ocasión
víctimas del conflicto armado y los niños, de la demora de la autoridad judicial
niñas y adolescentes. accionada en resolver varias solicitudes
que presentó la parte actora ante ese
Los consideró transgredidos con ocasión despacho judicial.
de la mora judicial en la que incurrió la
accionada en resolver varias solicitudes Las pretensiones solicitadas fueron:
presentadas por la sociedad accionante.
[…]
Las pretensiones solicitadas fueron:
2. Declaración de vulneración por mora
[…] judicial
2.1. Que se declare que la falta de decisión
expresa, motivada e individualizada sobre
2. Ordenar al Consejo de Estado –
las solicitudes formuladas con
Sección Tercera – Subsección C que posterioridad a la sentencia del 11 de
resuelva de manera integral y motivada, agosto de 2025, dentro del proceso 11001-
dentro de un término perentorio no superior 03-26-000-2016-00096-00 (57376),
a diez (10) días, todas las solicitudes constituye vulneración del debido proceso
presentadas y pendientes, a saber: por mora judicial injustificada.
(…) 2.2. Que se declare que la ausencia de
pronunciamiento sobre el recurso de
• Corrección de sentencia por error material
reposición pendiente y sobre las solicitudes
en la tasación de costas de corrección y adición impide la
• Adición de sentencia presentada por consolidación de la ejecutoriedad material
nuestro apoderado del fallo.
• Decisión integral de pretensiones omitidas (…)
• Memorial de activación de impulso 4. Orden de decisión dentro de término
procesal perentorio
4.1. Que se ordene a la autoridad judicial
• Memoriales radicados el 5, 7 y 8 de
accionada resolver, dentro de un término
noviembre perentorio razonable y sin alterar el orden
• Derecho de petición sobre fijación del de decisión de fondo del proceso, las
litigio actuaciones pendientes, las siguientes
• Derecho de petición sobre corrección de actuaciones pendientes:
carga documental a) Las solicitudes de adición y corrección
formuladas dentro del proceso 11001-03-
• Trato prioritario
26-000-2016-00096-00 (57376). b) El
• Adición de sentencia presentada por el recurso de reposición interpuesto contra el
representante legal auto posterior a la sentencia. c) La
• Recurso de reposición del 14 de octubre corrección de agencias en derecho y
de 2025 demás aspectos relacionados con la
liquidación de costas.

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Y la revocatoria de poder presentada
dentro del proceso 11001-03-26-000-2016-
00096-00 (57376).
Identidad de causa petendi Identidad de causa petendi
La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio de la parte actora, sus que, a juicio de la actora, sus garantías se
garantías se vulneraron por la demora vulneraron por la demora injustificada de la
injustificada de la autoridad judicial autoridad judicial accionada en resolver las
accionada en resolver las peticiones antes peticiones antes mencionadas.
mencionadas.

Como es evidente del análisis realizado, la parte actora ya había presentado una
acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos frente a la mora judicial
injustificada de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
pronunciarse respecto de las solicitudes de adición y corrección del fallo de 11 de
agosto de 2025 (frente a liquidación de costas y agencias en derecho) y en resolver
el recurso de reposición interpuesto en contra del auto de 1° de octubre de 2025, la
cual fue decidida en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de estado el 15 de diciembre de 2025 y en segunda instancia por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta misma corporación el 22 de abril de
2026.

Según lo expuesto, también se advierte que entre las acciones de tutela
referenciadas existe identidad de partes, puesto que en las dos coinciden la
accionante y accionada. Además, en ambas demandas se evidencia que la
inconformidad de la parte actora gira alrededor de que se le resuelvan las mismas
solicitudes.

Igualmente, existe identidad de objeto, en tanto que en ambas acciones de tutela
se alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición, de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y, además, las
pretensiones son las mismas.

En esa medida, la sala advierte que se encuentra demostrada la triple identidad
entre la solicitud de amparo de la referencia y la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2025-07398-00.

Así, se observa que la parte accionante ejerció de manera inapropiada y desmedida
este mecanismo constitucional al intentar conseguir que esta corporación también
estudie la controversia que ya fue resuelta en sentencia del 15 de diciembre de 2025
en primera instancia, la cual fue impugnado por la accionante y no obstante no
haberse decidido la impugnación, decidió presentar el 13 de marzo de 2026 otra
acción de tutela con la triple identidad mencionada.

En ese sentido, la sala evidencia la mala fe de la sociedad actora, pues a pesar de
haber presentado una primera tutela ante Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado también presentó otra acción de tutela ante esta sección, con
las características anotadas en precedencia de la temeridad. Entonces, pese a que

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

las mencionadas tutelas fueron admitidas por dos despachos judiciales diferentes,
la accionante no informó sobre esta situación a ninguna de las autoridades judiciales
referidas.

De lo anterior, se colige que la intención de la tutelante era precisamente que la
discusión planteada fuera abordada por dos autoridades judiciales distintas, lo que
desvirtúa su buena fe y, por el contrario, denota que su propósito era «obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable»28.

En ese sentido, la sala reitera lo expuesto por la Corte Constitucional29 referente a
la temeridad: «es un reproche de carácter subjetivo, que sanciona a aquellas
personas que radican la segunda tutela con la intención deliberada de provocar una
nueva decisión sobre lo ya resuelto» y con esta declaratoria se busca «sancionar el
uso irracional y desmedido del recurso de amparo que (…) desconoce el deber de
las personas de actuar de buena fe y con moralidad en el desarrollo de las
actuaciones judiciales».

Cabe anotar que en el asunto bajo estudio no se evidencia y tampoco se manifestó
por la accionante la presencia de alguna circunstancia que justifique el ejercicio
simultáneo de la misma petición de amparo como, por ejemplo, i) la ignorancia de
la parte actora, ii) el asesoramiento desacertado por un profesional del derecho o
iii) el estado de indefensión del actor30.

Por lo anterior, en criterio de la sala la actuación de la parte actora resulta temeraria
y se hace necesario advertirle que, en lo sucesivo, debe abstenerse de presentar
otras acciones de tutela por los mismos hechos, pues tal conducta implica un
ejercicio desproporcionado de este mecanismo constitucional y un movimiento
innecesario de la administración de justicia.

Finalmente, la sala denegará la protección solicitada relativa a la omisión de la
accionada en resolver solicitud de revocatoria de poder conferido a su apoderado
judicial dentro del proceso presentada el 27 de noviembre de 2025, por cuanto
mediante auto del 3 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador reconoció
personería al apoderado de la parte actora, con lo que se evidencia que no existió
vulneración a los derechos fundamentales invocados por esta causa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Negar las solicitudes de vinculación de la Corte Constitucional y de

28 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, Decisión del 4 de mayo de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024-

02256- 00.
30 Ibidem.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones B y C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02074-00

corrección del reparto presentadas por la parte actora por las razones expuestas.

SEGUNDO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de
las pretensiones elevadas en el marco del proceso con radicado 25000-23-36-000-
2023-00229-01 a cargo de la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

TERCERO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la sociedad
Canteras de Florencia Ltda. respecto de las pretensiones incoadas en el marco del
proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00 a cargo de la Subsección
C, Sección Tercera del Consejo de Estado.

CUARTO: Denegar el amparo de tutela solicitado por la sociedad accionante
respecto de la solicitud de revocatoria de poder conferido a su apoderado judicial
en el marco del proceso con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00 a cargo de
la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado.

QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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