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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04541-00

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04541-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación elevada por la Agencia Nacional de Minería. SEGUNDO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la sociedad Canteras de Florencia Ltda. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 10 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006. 11 Consejo de Estado, Sección Quinta, Decisión del 4 de mayo de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024- 02256- 00. 12 Ibidem. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Canteras de Florencia Ltda. Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2026-04541-00 CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04541-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04541-00
Demandante: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C

Temas: Temeridad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio del
mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Canteras de Florencia Ltda., representada legalmente por Ángelo
Andrés Ucrós Ospino, promovió acción de tutela1 contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada no ha resuelto las solicitudes
de adición y corrección de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por la
autoridad judicial accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

Primera. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y al acceso efectivo a la administración de justicia.

1 Radicación de la tutela el 12 de junio de 2026.

1
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04541-00

Segunda. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que adopte las medidas necesarias para resolver las solicitudes pos-sentencia
pendientes dentro del proceso identificado con el Radicado No. 11001-03-26-000-
2016-00096-00.

Tercera. ORDENAR a la Honorable Magistrada Ponente, doctora ADRIANA
POLIDURA CASTILLO, que dentro del término que su Despacho estime razonable y
perentorio convoque a Sala, someta a consideración el respectivo proyecto de
decisión y se adopte la determinación correspondiente respecto de las solicitudes
pendientes.

Cuarta. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que informe al juez constitucional las fechas de las sesiones de Sala celebradas con
posterioridad al auto del 3 de diciembre de 2025 y las razones específicas por las
cuales las solicitudes de adición y corrección de la sentencia del 11 de agosto de 2025
no fueron sometidas a discusión y votación dentro de dichas sesiones.

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se mencionaron los siguientes supuestos fácticos:

El 11 de agosto de 2025 la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de
Estado2 dictó sentencia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

El 1° de septiembre de 20253 el representante legal de la sociedad accionante
solicitó la adición del anterior fallo. El 1º de octubre de 2025 la magistrada ponente
profirió auto en el que se abstuvo de dar trámite a dicha petición, en razón a que
fue presentada directamente por el representante legal de la sociedad y se le reiteró
a la parte actora la exigencia de actuar por conducto de apoderado judicial.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2025, el apoderado judicial de Canteras de
Florencia Ltda. solicitó nuevamente la adición y corrección del fallo de 11 de agosto
de 2025, peticiones que aún no se han decidido.

El accionante mencionó que, mediante auto de 3 de diciembre de 2025, la
magistrada sustanciadora del proceso referenciado reconoció expresamente que
se encontraban pendientes de decisión las solicitudes de adición y corrección de la
sentencia presentadas por la parte demandante y su apoderado. Además, en dicha
providencia manifestó que tales solicitudes debían ser resueltas por la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por haber sido la autoridad que
profirió la sentencia y señaló que se adoptaría lo correspondiente respetando el
turno de ingreso y las fechas en las cuales se integra la sala para dicho propósito,
razón por la cual dispuso que el expediente ingresara nuevamente al despacho
para continuar con el trámite procesal pertinente.

Alegó que, a pesar de lo anterior, desde la expedición de la mencionada providencia

2 M.P. Adriana Polidura Castillo.
3 Índice 500 de Samai.

2
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hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela han transcurrido más de 6
meses sin que la Subsección C haya resuelto las solicitudes de adición y corrección
de la sentencia, pese a que la propia magistrada informó que dichas peticiones
serían sometidas a consideración de la sala competente.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante argumentó que el artículo 40 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento
Interno del Consejo de Estado), establece expresamente que las salas de esta
corporación deben reunirse ordinariamente de manera semanal para estudiar,
deliberar y decidir los asuntos sometidos a su consideración. En ese sentido, adujo
que la inobservancia prolongada de dicho mandato reglamentario genera una
ruptura injustificada del funcionamiento institucional de la entidad y configura una
actuación omisiva contraria a los principios constitucionales de eficacia, celeridad y
acceso a la justicia, dado que la sala este año solo ha sesionado cuatro veces.

Indicó que la falta de realización de las sesiones obligatorias previstas en la anterior
normativa ha generado una paralización total de la etapa final del proceso,
impidiendo que la sentencia del 11 de agosto de 2025 adquiera firmeza y ejecutoria,
situación que impide materializar los efectos del fallo, iniciar actuaciones de
cumplimiento o ejercer plenamente los derechos reconocidos judicialmente.

Mencionó que a la fecha de presentación de esta acción constitucional ha
transcurrido un término excesivo e injustificado que supera ampliamente el plazo
previsto en los artículos 285 y siguientes del Código General del Proceso para
resolver las solicitudes de aclaración, corrección o adición de providencias
judiciales.

Argumentó que la demora resulta especialmente grave porque las solicitudes
pendientes no corresponden a actuaciones ordinarias del proceso sino a
mecanismos legales destinados a corregir errores materiales y omisiones de la
sentencia de 11 de agosto de 2025, los cuales impiden la consolidación definitiva
de la decisión judicial.

Por otra parte, señaló que en la Sentencia T-230 de 2020, la Corte Constitucional
destacó que la demora en resolver solicitudes de aclaración, corrección o adición
de providencias judiciales adquiere especial relevancia constitucional debido a que
el ciudadano ya ha soportado la totalidad del trámite procesal principal y espera
únicamente la culminación efectiva del proceso. Por ello, la prolongación
injustificada de esta etapa final constituye una afectación desproporcionada del
derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia.

Consideró que la referencia efectuada por la autoridad accionada a la existencia de
517 procesos pendientes por decidir no constituye una justificación constitucional
suficiente para mantener sin resolver solicitudes de adición y corrección de una
sentencia durante más de seis meses.

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En ese sentido, infirió que la jurisprudencia constitucional ha precisado que las
dificultades administrativas o de gestión interna no pueden trasladarse al ciudadano
cuando ello implica la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

A través de oficio del 18 de junio de 2026, el magistrado ponente manifestó su
impedimento para conocer del presente asunto; sin embargo, la magistrada Gloria
María Gómez Montoya lo declaró infundado por medio de providencia del 26 de
junio de 2026.

Posteriormente mediante escrito de 1° de julio de 2026, la sociedad accionante
presentó recusación en contra del magistrado sustanciador, alegando la
configuración de la causal contemplada en el numeral 10 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal.

Mediante auto de 17 de julio de 2026 se admitió la tutela, ordenando notificar a la
parte demandada y a la Agencia Nacional de Minería como tercero con interés en
las resultas del proceso. Además, se rechazó por improcedente la recusación
presentada por la parte actora.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

La magistrada sustanciadora del proceso de la referencia destacó que la accionante
ha interpuesto más de 13 acciones de tutela relacionadas con el mismo proceso
ordinario para presionar decisiones al margen del turno legal. Indicó que, en efecto,
un fallo de tutela del 30 de abril de 2026 ya declaró la temeridad de Canteras de
Florencia Ltda. por este comportamiento reiterativo.

Por otra parte, rindió informe en el que detalló el curso del trámite del proceso para
demostrar que no existe inactividad judicial, así:

i) Mediante sentencia de 11 de agosto de 2025 se declaró la nulidad de
actos emitidos por la Agencia Nacional de Minería, pero negó la
indemnización de perjuicios al no encontrarse probados.
ii) El representante legal de la empresa intentó radicar solicitudes de adición
y corrección de forma directa, sin abogado. El despacho rechazó estos
trámites el 1° de octubre de 2025, recordando que, por ley, debe actuar
mediante apoderado judicial.
iii) La dilación se ha debido, en gran parte, a que el apoderado de la empresa
interpuso un recurso de reposición contra el auto que exigía actuar por

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medio de abogado, además de radicar múltiples memoriales que
alteraron la secuencia lógica del proceso; y,
iv) El 24 de julio de 2026, el despacho resolvió el recurso de reposición. Una
vez quede ejecutoriada esta decisión, se procederá a resolver la solicitud
de adición del fallo.

Asimismo, la magistrada argumentó que no se configura una mora judicial
injustificada en tanto: i) el proceso ha tenido un impulso constante y las decisiones
se han adoptado siguiendo las reglas procesales, ii) la demora es atribuible a la
propia empresa, que ha saturado el despacho con peticiones directas (sin abogado)
y numerosos procesos de tutela que obligan a priorizar análisis de procedencia
previos y, iii) la complejidad del asunto y el volumen de trabajo del órgano judicial
justifican los tiempos transcurridos, los cuales no deben evaluarse de forma
meramente aritmética sino integral.

Finalmente, indicó que la parte actora alegó el incumplimiento de sesiones
ordinarias semanales (Acuerdo 080 de 2019), pero aclaró que dicha norma aplica a
la Sala Plena y no a la Subsección C, la cual sesiona mensualmente de forma
regular.

1.5.2. Agencia Nacional de Minería

Esta autoridad argumentó que no debe ser parte en este proceso de tutela porque
la conducta reprochada (la mora judicial) es responsabilidad exclusiva y excluyente
del despacho judicial accionado. Sostuvo que, como parte en el proceso ordinario,
no tiene competencia ni injerencia en los trámites internos de sustanciación o
decisión del Consejo de Estado.

La entidad afirmó que no existe un vínculo entre su actuación y la presunta
vulneración de derechos, ya que cumplió con sus deberes procesales al aportar
pruebas en el proceso original. La valoración de dichas pruebas y la resolución de
solicitudes pendientes son funciones propias del juez natural.

Bajo los anteriores supuestos, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela
respecto a la Agencia y se ordene su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto que se nieguen las pretensiones
de la accionante al no existir una violación de derechos fundamentales que le sea
atribuible.

El informe concluye reiterando que no ha causado ningún perjuicio irremediable ni
ha incurrido en omisiones que afecten las garantías constitucionales de la sociedad
demandante.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción constitucional, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. La solicitud de desvinculación elevada por la Agencia Nacional de Minería se
despachará negativamente por cuanto su vinculación a este trámite constitucional
se realizó en calidad de tercero por presentar interés en la decisión que se adopte,
comoquiera que fue la entidad demandada en el proceso ordinario.

2.2.2. Revisado el escrito de tutela, la parte actora había solicitado el decreto de la
siguiente medida cautelar:

ORDENAR a la Magistrada Ponente ADRIANA POLIDURA CASTILLO que, en el
término improrrogable de tres (3) días contados a partir de la notificación del auto
admisorio, registre y presente ante la Sala de la Subsección C el respectivo proyecto
de auto que resuelva las solicitudes pos-sentencia, disponiendo su inclusión
prioritaria en el orden del día de la sesión ordinaria o extraordinaria más próxima.

A pesar de que en el auto admisorio de esta acción no se resolvió dicha medida, la
sala considera que su decreto no era procedente en ese momento, pues no contaba
con todos los elementos probatorios para determinar si se podía acceder a esta,
porque, en todo caso, era indispensable la intervención de la autoridad judicial
demanda para establecer si existía una vulneración que ameritara la protección
solicitada.

Adicionalmente, por su naturaleza, al ser la acción de tutela un procedimiento
preferente y sumario, no es necesario acceder en este caso, a la medida solicitada,
comoquiera que se está decidiendo la controversia propuesta por el demandante.
Así, se considera que no es procedente realizar un pronunciamiento adicional al
respecto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado incurrió en mora judicial injustificada al no pronunciarse respecto de las
solicitudes de adición y corrección de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025
por esa autoridad judicial.

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Para resolver este cuestionamiento, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
i) generalidades de la acción de tutela, ii) la actuación temeraria en la acción de
tutela y, iii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional, según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem, entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. La actuación temeraria en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al interior
de la acción de tutela cuando «[…] sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes […]”».

De lo anterior, esta sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad en el
trámite constitucional, el juez debe, por medio de auto, proceder al rechazo de la
acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite constitucional, sin
embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo correspondiente será que la sala
lo resuelva en el fallo respectivo, decidiendo desfavorablemente «todas las
solicitudes».

De conformidad con lo anterior, esta sección ha considerado que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos4: (i) identidad fáctica en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda
petición de amparo se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción5.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado6:

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de

junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
5 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
6 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares
ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser
valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras
palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede
ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias
meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión
de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el
proceso […].

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente7:

Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente y
afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación que
la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso
y de mala fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela
no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada
como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia
del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva
o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen
elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no.
En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares
no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada
asunto sometido a su competencia.”8

2.6. Caso concreto

En el asunto objeto de estudio, lo argumentado por la accionante se dirige a
cuestionar que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en mora judicial injustificada por no resolver la solicitud de 8 de octubre de
2025 en la que pidió la adición y corrección de la sentencia proferida por esa
autoridad judicial el 11 de agosto del mismo año, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas

Ríos. Énfasis propio.
8 Sentencia T-548 de 2017.

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Por otra parte, se tiene que el 13 de marzo de 2026 la sociedad Canteras de
Florencia Ltda., también había interpuesto otra acción de tutela en la que alegó la
mora judicial de la demandada9 dentro del proceso en mención, al no resolver la
solicitud de adición y corrección del fallo de 11 de agosto de 2025, de revocatoria
del poder otorgado a su apoderado, de decisión sobre pretensiones presuntamente
omitidas en la sentencia y, que se resolviera el recurso de reposición presentado en
contra del auto del 1° de octubre de 2025.

En consecuencia, lo primero que resulta necesario verificar es si la sociedad
tutelante actuó de forma temeraria, para lo cual se compararán las dos acciones:

Tutela: Tutela:
11001-03-15-000-2026-02074-00 11001-03-15-000-2026-04541-00

Fecha sentencia de primera instancia: Trámite objeto de pronunciamiento en esta
30 de abril de 2026 dictada por la Sección providencia
Quinta del Consejo de Estado.

Fecha sentencia de segunda instancia: Fecha de interposición de la tutela: 12 de
30 de junio de 2026 proferida por la Sección junio de 2026
Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado.
Identidad de partes Identidad de partes
Accionante: Canteras de Florencia Ltda. Accionante: Canteras de Florencia Ltda.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Demandado: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsecciones B y C Tercera, Subsección C
Identidad de objeto Identidad de objeto
La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretendió el amparo
de los derechos fundamentales de petición, de los derechos fundamentales de acceso
de acceso a la administración de justicia, a la administración de justicia y al debido
debido proceso, a la “tutela judicial efectiva” proceso.
y a la seguridad jurídica.

Los consideró transgredidos con ocasión Los consideró transgredidos con ocasión
de la demora de la autoridad judicial
de la demora de la autoridad judicial
demandada en resolver las solicitudes de
accionada en resolver varias solicitudes adición y corrección del fallo de 11 de
que presentó la parte actora ante ese agosto de 2025.
despacho judicial (entre ellas las de adición
y corrección del fallo de 11 de agosto de
2025).

Las pretensiones solicitadas fueron: Las pretensiones solicitadas fueron:

[…] (…) Tercera. ORDENAR a la Honorable
Magistrada Ponente, doctora ADRIANA
POLIDURA CASTILLO, que dentro del

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

9
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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04541-00

2. Declaración de vulneración por mora término que su Despacho estime razonable
judicial y perentorio convoque a Sala, someta a
2.1. Que se declare que la falta de decisión consideración el respectivo proyecto de
expresa, motivada e individualizada sobre decisión y se adopte la determinación
las solicitudes formuladas con correspondiente respecto de las solicitudes
posterioridad a la sentencia del 11 de pendientes.
agosto de 2025, dentro del proceso 11001-
03-26-000-2016-00096-00 (57376), Cuarta. ORDENAR a la Subsección C de
constituye vulneración del debido proceso la Sección Tercera del Consejo de Estado
por mora judicial injustificada. que informe al juez constitucional las
2.2. Que se declare que la ausencia de fechas de las sesiones de Sala celebradas
pronunciamiento sobre el recurso de con posterioridad al auto del 3 de diciembre
reposición pendiente y sobre las solicitudes de 2025 y las razones específicas por las
de corrección y adición impide la cuales las solicitudes de adición y
consolidación de la ejecutoriedad material corrección de la sentencia del 11 de agosto
del fallo. de 2025 no fueron sometidas a discusión y
(…) votación dentro de dichas sesiones.
4. Orden de decisión dentro de término
perentorio
4.1. Que se ordene a la autoridad judicial
accionada resolver, dentro de un término
perentorio razonable y sin alterar el orden
de decisión de fondo del proceso, las
actuaciones pendientes, las siguientes
actuaciones pendientes:
a) Las solicitudes de adición y corrección
formuladas dentro del proceso 11001-03-
26-000-2016-00096-00 (57376) (…)

Identidad de causa petendi Identidad de causa petendi
La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio de la parte actora, sus que, a juicio de la actora, sus garantías se
garantías se vulneraron por la demora vulneraron por la demora injustificada de la
injustificada de la autoridad judicial autoridad judicial accionada en resolver las
accionada en resolver las peticiones antes peticiones antes mencionadas.
mencionadas.

Como es evidente del análisis realizado, la parte actora ya había presentado una
acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos fundamentales frente a la
presunta mora judicial injustificada de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en pronunciarse, entre otras, respecto de las solicitudes de
adición y corrección del fallo de 11 de agosto de 2025, la cual fue decidida en
primera instancia por esta sección el 30 de abril de 2026 y en segunda instancia por
la Subsección B de la Sección Segunda de esta misma corporación el 30 de junio
de este año.

Según lo expuesto, también se advierte que entre las acciones de tutela
referenciadas existe identidad de partes, puesto que en las dos coinciden la
accionante y accionada. Además, en ambas demandas se evidencia que la
inconformidad de la parte actora gira alrededor de que se le resuelvan las mismas
solicitudes.

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Demandante: Canteras de Florencia Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04541-00

Igualmente, existe identidad de objeto, en tanto que en ambas acciones de tutela
se alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso y, además, las pretensiones persiguen
el mismo objeto: que se resuelva la solicitud de adición y corrección.

En esa medida, la sala advierte que se encuentra demostrada la triple identidad
entre la solicitud de amparo de la referencia y la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2026-02074-00.

Ahora bien, la sala no puede pasar por alto que la presente tutela fue presentada
sin que se hubiera definido en segunda instancia la acción de amparo anterior, pues
como se indicó en precedencia, la demanda con radicado 2026-02074 fue resuelta
en primera instancia, mediante fallo de 30 de abril de 2026 por esta sección. En esta
providencia, se declaró la temeridad del actor al haberse comprobado la triple
identidad respecto de la tutela con radicación 2025-07398.

El citado fallo fue objeto de impugnación por parte de la accionante, alzada que fue
desatada en providencia del 30 de junio de 2026 por la Sección Segunda,
Subsección B de esta corporación; es decir, en fecha posterior a la radicación del
presente trámite. En ese orden de ideas, al momento de presentar la acción de
tutela de la referencia, esto es, el 12 de junio pasado, aún estaba pendiente por
resolverse la segunda instancia de la acción 11001-03-15-000-2026-02074-00, litis
en la cual se debatía si la Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación
había vulnerado las prerrogativas constitucionales con ocasión de la presunta
omisión en atender los memoriales pendientes por resolver en el medio de control
con radicado 11001-03-26-000-2016-00096-00.

Por lo tanto, la tutela no solo resulta improcedente por compartir identidad de objeto,
causa y partes con la acción 2026-02074-00, sino que, también resultaba paralela
a esta, pues se propuso sin que hubiese sido desatada su alzada. Recuérdese que,
este mecanismo constitucional es de carácter subsidiario y residual, de modo que
es improcedente su promoción de manera paralela a otro asunto de similares
contornos en procura de obtener un resultado diferente.

Así, se observa que la parte accionante ejerció de manera inapropiada y desmedida
este mecanismo constitucional al intentar conseguir que esta corporación también
estudie la controversia que ya fue resuelta en sentencia del 30 de abril de 2026 en
primera instancia, la cual fue impugnada por la accionante y no obstante no haberse
decidido la impugnación, decidió presentar el 12 de junio de 2026 otra acción de
tutela con la triple identidad mencionada.

En ese sentido, la sala evidencia la mala fe de la sociedad actora, pues a pesar de
haber presentado una primera tutela, también presentó otra acción de amparo con
las características de la temeridad anotadas en precedencia. Además, pese a que
las mencionadas tutelas fueron admitidas por el mismo despacho judicial, la
accionante no informó sobre esta situación ni justificó la interposición de una nueva

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
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solicitud de amparo con el mismo objeto.

De lo anterior, se colige que la intención de la tutelante era precisamente que la
discusión planteada fuera abordada por dos autoridades judiciales distintas, lo que
desvirtúa su buena fe y, por el contrario, denota que su propósito era «obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable»10.

En ese sentido, la sala reitera lo expuesto por la Corte Constitucional11 referente a
la temeridad: «es un reproche de carácter subjetivo, que sanciona a aquellas
personas que radican la segunda tutela con la intención deliberada de provocar una
nueva decisión sobre lo ya resuelto» y con esta declaratoria se busca «sancionar el
uso irracional y desmedido del recurso de amparo que (…) desconoce el deber de
las personas de actuar de buena fe y con moralidad en el desarrollo de las
actuaciones judiciales».

Cabe anotar que en el asunto bajo estudio no se evidencia y tampoco se manifestó
por la accionante la presencia de alguna circunstancia que justifique el ejercicio
simultáneo de la misma petición de amparo como, por ejemplo, i) la ignorancia de
la parte actora, ii) el asesoramiento desacertado por un profesional del derecho o
iii) el estado de indefensión de la sociedad actora12.

Por lo anterior, en criterio de la sala la actuación de la parte accionante resulta
temeraria y se hace necesario advertirle que, en lo sucesivo, debe abstenerse de
presentar otras acciones de tutela por los mismos hechos, pues tal conducta implica
un ejercicio desproporcionado de este mecanismo constitucional y un movimiento
innecesario de la administración de justicia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación elevada por la Agencia Nacional
de Minería.

SEGUNDO: Declarar la temeridad en la acción de tutela presentada por la sociedad
Canteras de Florencia Ltda.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

10 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 2006.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, Decisión del 4 de mayo de 2024, rad., 11001-03-15-000-2024-

02256- 00.
12 Ibidem.

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CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva Voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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