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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2016-00097-01

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-33-000-2016-00097-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Casanare. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a favor de la sociedad demandante. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigentes a la fecha de la presente providencia, a favor del Municipio de Pore. TERCERO: ACEPTAR el impedimento presentado por el Consejero Nicolás Yepes Corrales. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-33-000-2016-00097-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

13 de marzo de 2024

Radicación número: 85001-12-33-3000-2016-00097-01 (59638)
Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 85001-12-33-3000-2016-00097-01 (59638)
Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013
Demandado: MUNICIPIO DE PORE

Temas: Causas y requisitos del desequilibrio económico del contrato.
Salvedades en las modificaciones del contrato. Reiteración
jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de
la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Las partes en pugna celebraron un contrato de consultoría que tenía por objeto la
interventoría1 de un contrato de obra para pavimentar las vías del municipio
demandado. La consultoría se prorrogó en seis ocasiones, pero no hubo cambio en
el precio contractual. Antes de terminar el contrato, el contratista reclamó ser
resarcido por el desequilibrio económico del contrato ocasionado por efectuar sus
labores durante el tiempo adicional al previsto inicialmente.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015), el Consorcio Intervial 2013
(en adelante, el Consorcio), a través de su representante legal demandó2 al
municipio de Pore (en adelante, el Municipio) a través del medio de control de
controversias contractuales, para que le fueran pagados los perjuicios materiales e
inmateriales generados por lo que, a su juicio, había significado el desequilibrio
económico del contrato de consultoría que suscribió con la entidad territorial.

2.1.2. Según cuenta, el 25 de junio de 2013 las partes suscribieron un contrato de
consultoría, con el fin de realizar la interventoría del proyecto de pavimentación de
las vías urbanas del Municipio. Durante su ejecución fueron suscritas varias
prórrogas contractuales, porque era necesario vigilar al contratista de obra que

1 LEY 80 DE 1993. Artículo 32, numeral 2, incisos primero y segundo: “2o. Contrato de Consultoría. // Son

contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. // Son también
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos,
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”.
2 F. 2-25, c. 1.

Radicación número: 85001-12-33-3000-2016-00097-01 (59638)
Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013

incumplió el contrato. Estas ocasionaron un desequilibrio financiero del contrato en
desmedro del contratista, que no fue reconocido por la parte demandada.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. Mediante decisión interlocutoria del diez (10) de junio de dos mil dieciséis
(2016), el Tribunal admitió3 la demanda y ordenó la notificación al Municipio, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y al agente del Ministerio Público.

2.2.2. El Departamento contestó la demanda4, oponiéndose a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda.

2.2.3. En la audiencia inicial5 del veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete
(2017), el Tribunal consideró que el asunto litigioso consistía en determinar si hay
lugar a condenar al Municipio a pagar al Consorcio la suma de los perjuicios
ocasionados al Consorcio por mayor permanencia en desarrollo del contrato de
consultoría, variando de forma relevante el precio del contrato y el equilibrio
contractual.

2.2.4. Las partes presentaron alegatos de conclusión en primera instancia6. El
agente del Ministerio Público no presentó concepto7.

2.3. La sentencia recurrida

En sentencia del dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal
negó las pretensiones de la demanda8. Los argumentos para tomar esta decisión
fueron los siguientes:

2.3.1. El contratista no formuló “solicitud, reclamación o salvedad al momento de
suscribir las prórrogas del plazo contractual […] tampoco en las suspensiones”, por
lo que, en virtud de lo sostenido por la jurisprudencia de esta Corporación, “las
reclamaciones que no se hicieron en esas etapas preclusivas, son extemporáneas
e improcedentes”, por lo que en este asunto no se cumplió el requisito de
oportunidad.

2.3.2. En todo caso, si se obviara lo anterior, no se acreditó el desbalance financiero
contractual alegado, porque el demandante “se limitó a discriminar los gastos en
que incurrió por concepto de transporte, equipos, papelería, entre otros ítems, sin
prueba fehaciente, idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la
magnitud del desajuste económico del contrato y la mayor permanencia”.

2.3.3. La “reclamación hecha en el mes de enero de 2016” también se juzgó
extemporánea, porque para ese momento ya se habían suscrito las prórrogas al
contrato de consultoría sin observación o salvedad alguna. Agregó que, pese a que
en una de las declaraciones se afirmó lo contrario, en los documentos no quedó
plasmada ninguna protesta del contratista.

3 F. 101-102, c. 1
4 F. 121-142, c. 1.
5 F. 2684-2698, c. 2.
6 Municipio: f. 239-248, c. 1. Consorcio: f. 249-254, c. 1.
7 Presentado por el Procurador 53 Judicial II Administrativo ante el Tribunal Administrativo de Casanare, Alirio

Calderón Perdomo: f. 2857-2879, c. 1.
8 F. 277-284, c. ppal.

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Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013

2.4. El recurso de apelación

Mediante escrito presentado el ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017), el
Consorcio interpuso recurso de apelación9 contra el fallo de primera instancia, en el
que planteó estas censuras:

2.4.1. Se falló con “criterios rigoristas”, ya que el Consorcio sí planteó
oportunamente la solicitud de reajuste económico del contrato, discriminando de
forma pormenorizada los gastos en que incurrió el consultor durante los trece (13)
meses adicionales en que permaneció ejecutando la interventoría de obra.

2.4.2. De otra parte, la demandante sí probó los sobrecostos y afectaciones
causados por las prórrogas contractuales, que no fueron resarcidos por el Municipio.
En particular, fue demostrada la existencia del contrato, de las prórrogas, del
cumplimiento de las obligaciones del contratista, y de la solicitud de reconocimiento
económico por el desequilibrio contractual, los cuales conllevan perjuicios por el
trabajo y los equipos empleados, que comprenden el daño emergente y el lucro
cesante.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

2.5.1. El 13 de septiembre de 2017, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación10.

2.5.2. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión en segunda
instancia11, el Municipio12 y el Consorcio13 expusieron sus argumentos de cierre. El
agente del Ministerio Público ante esta Corporación presentó concepto14.

2.5.3. El consejero Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para participar
de esta decisión, toda vez que rindió concepto como Procurador Primero Delegado
ante esta Corporación. Por configurarse la causal contenida en el artículo 130,
numeral 2, de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, “CPACA”)15, esta Colegiatura lo considerará fundado.

III. PROBLEMA JURÍDICO

9 F. 288-310, c. ppal.
10 F. 317, c. ppal.
11 F. 321, c. ppal.
12 F. 323-330, c. ppal.
13 F. 333-339, c. ppal.
14 F. 340-351, c. ppal.
15 “Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los

casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]
2. 2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren intervenido en condición de
árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del Ministerio Público,
en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013

De acuerdo la motivación expuesta en la providencia apelada y los cargos del
recurso de apelación, que delimitan la competencia de la Sala16, esta resolverá los
siguientes problemas jurídicos:

¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de
consultoría celebrado entre los extremos del proceso, por mayor
permanencia, pese a que las prórrogas fueron suscritas por la contratista
demandante sin objeción alguna?

En la respuesta a este problema se tendrá en cuenta que el Municipio está sometido
por el ordenamiento17 a los preceptos contenidos en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública (EGCAP), es decir, básicamente, a las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás preceptos que las modifiquen y
reglamenten.

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS ENUNCIADOS18

4.1. El Municipio y el Consorcio suscribieron el contrato de consultoría19 núm. 096,
el 25 de junio de 2013. El objeto contractual consistía en:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN VÌAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE, en los
términos de la propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente
contrato”.

4.1.1. El precio inicialmente pactado en el contrato fue de novecientos ochenta y
seis millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte.
($986’048.441,oo) que debía pagarse así: (i) la entrega de un anticipo equivalente
al 40% del precio del contrato, pagadero previa suscripción del acta de inicio; (ii) un
50% que sería pagado mediante actas parciales de avance, menos la amortización
del anticipo; y (iii) un pago final del 10%, que sería cancelado tras la entrega final
de los productos del contrato a satisfacción de la contratante, “previa liquidación
final del contrato de consultoría de obra y el de obra al cual se le ejerce la
interventoría”.

4.1.2. Según la cláusula cuarta del contrato, el plazo de ejecución sería “de ONCE
(11) meses a partir del Acta de Inicio”.

16 CGP. “Artículo 328. El Juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. || Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
17 LEY 80 DE 1993: “Artículo 2o. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos

efectos de esta ley: // 1o. Se denominan entidades estatales: // a) La Nación, las regiones, los departamentos,
las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas
en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en
todos los órdenes y niveles.” (Subrayas añadidas).
18 Los documentos aportados en copia simple serán valorados por esta Subsección conforme lo establecido en

el artículo 244 inc. 2º de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”). Así mismo, serán apreciados
los archivos en formato electrónico (PDF) aportados en compact disc (CD) como copias simples de mensajes
de datos, conforme al inciso segundo del artículo 247 del CGP.
19 F. 26-32, c. 1.

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Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013

4.1.3. Según la cláusula décima octava del contrato: “Cualquier modificación o
prórroga de este contrato deberá hacerse por escrito”.

4.1.4. Conforme a la cláusula vigésima segunda, el contrato debía liquidarse
conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4.2. La interventoría debía efectuarse sobre el contrato núm. 085 del 31 de mayo de
2013, suscrito entre el Municipio y el Consorcio Vial P&R20 que tenía por objeto
adelantar la pavimentación de las vías urbanas del Municipio, por un precio de
dieciséis mil setecientos cincuenta y cuatro millones quinientos treinta mil quinientos
ochenta pesos ($16.754.530.580,oo), y un plazo de ejecución inicialmente pactado
por 10 meses, contados desde la firma del acta de inicio de dicho contrato.

4.3. El acta de iniciación21 del contrato de consultoría núm. 796 de 2013 fue suscrita
el 27 de junio de 2013.

4.4. El contrato 096 de 2013 fue modificado en varias oportunidades así:

Otrosí o Prórroga - Término Fecha Motivo / Contenido
Otrosí modificatorio al contrato 21 de abril Las partes modificaron la cláusula décima del
(CD. F. 161, c. 1, archivo en de 2014 contrato, atinente a las garantías, para
formato PDF “CARPETA INTERV. ampliarlas por el mismo término del contrato
6”, p. 130-131) de obra.
Prórroga no. 1 al contrato (f. 41 – 22 de abril El contrato de obra núm. 085 de 2013 fue
42, c. 1.) en cinco meses añadidos de 2014 prorrogado por un término igual
al plazo de ejecución, suscrita por
la alcaldesa del Municipio y el
representante legal del Consorcio.

Esta prórroga fue previamente
solicitada por el representante
legal del Consorcio, en virtud de la
prórroga del plazo del contrato de
obra núm. 085 de 2013. (CD. F.
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 6”, p. 132-
134).
Prórroga no. 2 al contrato (f. 43-44, 21 de El contrato de obra núm. 085 de 2013 fue
c. 1.) en tres meses añadidos al octubre de prorrogado por un término igual
plazo de ejecución, suscrita por la 2014
alcaldesa del Municipio y el
representante legal del Consorcio.

Esta modificación fue solicitada
previamente por el representante
legal del Consorcio, en virtud de la
prórroga del plazo del contrato de
obra núm. 085 de 2013. (CD. F.
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 7”, p. 184-
187).
Acta de suspensión núm. 1 del 22 de Producto de la suspensión de labores en el
contrato de consultoría (CD. F. diciembre contrato de obra por un lapso igual.
161, c. 1, archivo en formato PDF de 2014
“CARPETA INTERV. 10”, p. 2-3) Previeron la reanudación el 5 de enero de
por un tiempo de 15 días. 2015.

20 F. 34-40, c. 1.
21 F. 33, c. 1.

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Demandante: CONSORCIO INTERVIAL 2013

Suscrita por el secretario municipal
de obras públicas, en condición de
supervisor del contrato; y el
representante legal del Consorcio.

Solicitada por el contratista, en
virtud de la suspensión del contrato
de obra (CD. F. 161, c. 1, archivo
en formato PDF “CARPETA
INTERV. 10”, p. 1)
Acta de reiniciación núm. 1 del 6 de enero La fecha prevista para la reiniciación era el 6
contrato de consultoría (CD. F. de 2015 de febrero de 2015.
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 10”, p. 4-5)

Suscrita por el secretario municipal
de obras públicas, en condición de
supervisor del contrato; y el
representante legal del Consorcio.
Prórroga no. 3 al contrato (f. 45-46, 5 de febrero El contrato de obra núm. 085 de 2013 fue
c. 1.) en dos meses añadidos al de 2015 prorrogado por un término igual.
plazo de ejecución, suscrita por la
alcaldesa del Municipio y el
representante legal del Consorcio.

Esta prórroga fue previamente
solicitada por el representante
legal del Consorcio, en virtud de la
prórroga del plazo del contrato de
obra núm. 085 de 2013. (CD. F.
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 10”, p. 9-11).
Prórroga no. 4 al contrato (f. 47-48, 9 de abril El contrato de obra núm. 085 fue prorrogado
c. 1) en 17 días adicionales al plazo de 2015 en 45 días.
de ejecución, suscrita por la
alcaldesa del Municipio y el
representante legal del Consorcio,
en 45 días.

Esta prórroga fue previamente
solicitada por el representante
legal del Consorcio, quien afirmó
que, “por causas ajenas a la
interventoría, el plazo del contrato
de obra núm. 085 de 2013 fue
nuevamente prorrogado. (CD. F.
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 10”, p. 191-
193).
Prórroga no. 5 al contrato (f. 49-50, 24 de abril El contrato de obra núm. 085 de 2013 fue
c. 1) en 35 días adicionales al plazo de 2015 prorrogado por un término igual
de ejecución, suscrita por la
alcaldesa del Municipio y el
representante legal del Consorcio.

Previamente solicitada por el
representante legal del Consorcio
quien afirmó que, “por causas
ajenas a la interventoría, el plazo
del contrato de obra núm. 085 de
2013 fue nuevamente prorrogado.
(CD. F. 161, c. 1, archivo en
formato PDF “CARPETA INTERV.
10”, p. 244)
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Acta de suspensión núm. 2 del 20 de mayo Se previó el reinicio para el 9 de junio de 2015.
contrato de consultoría (CD. F. de 2015
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 10”, p. 253-
254) por un tiempo de 20 días.

Suscrita por el secretario municipal
de obras públicas, en condición de
supervisor del contrato; y el
representante legal del Consorcio.

Esta suspensión fue solicitada por
el Consorcio, que “avaló la
suspensión del contrato de obra”.
(CD. F. 161, c. 1, archivo en
formato PDF “CARPETA INTERV.
10”, p. 252).
Acta de ampliación de suspensión 9 de junio El 10 de agosto de 2015 quedó plasmado
núm. 2 del contrato de consultoría de 2015 como día previsto para la reiniciación
(CD. F. 161, c. 1, archivo en
formato PDF “CARPETA INTERV.
10”, p. 256-258) por un tiempo de
62 días.

Suscrita por el secretario municipal
de obras públicas, en condición de
supervisor del contrato; y el
representante legal del Consorcio.
Acta de ampliación núm. 2 de 10 de Se previó reiniciar el contrato el 10 de
suspensión núm. 2 del contrato de agosto de septiembre de 2015.
consultoría (CD. F. 161, c. 1, 2015
archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 10”, p. 256-
258) por un lapso de 30 días
Acta de reiniciación núm. 1 del 10 de Se previó reiniciar el contrato el 21 de
contrato de consultoría (CD. F. septiembre septiembre de 2015.
161, c. 1, archivo en formato PDF de 2015
“CARPETA INTERV. 10”, p. 262-
264).

Suscrita por el secretario municipal
de obras públicas, en condición de
supervisor del contrato; y el
representante legal del Consorcio.
Prórroga no. 6 al contrato (f. 51-52, 18 de Por la necesidad de “garantizar el cabal
c. 1) en 40 días calendario septiembre cumplimiento del objeto contractual y en pro
añadidos al plazo, suscrita por la de 2015 del beneficio de la población Poreña”.
alcaldesa del Municipio y el
representante legal del Consorcio. En la solicitud de prórroga se mencionó que el
contrato de obra fue prorrogado por un
Esta prórroga fue previamente período igual.
solicitada por el representante
legal del Consorcio, quien afirmó
que, “por causas ajenas a la
interventoría, el plazo del contrato
de obra núm. 085 de 2013 fue
nuevamente prorrogado (CD. F.
161, c. 1, archivo en formato PDF
“CARPETA INTERV. 10”, p. 265-
267). Agregó que:

“[…] esta solicitud continúa
generando gastos adicionales
al Consorcio Intervial 2013
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aumentando el desequilibrio
económico en el que
actualmente se encuentra el
contrato de consultoría al no
haber compensación
económica por parte de la
Entidad contratante ante las
sucesivas ampliaciones de
plazo”.

4.5. En documento sin fecha, el Consorcio, mediante apoderado, solicitó al
Municipio el “reajuste económico del contrato de consultoría”, y que le fueran
reconocidos y pagados “los perjuicios de orden material que se le han causado” al
contratista, los cuales ascendían a seiscientos trece millones cuatrocientos noventa
y ocho mil ciento veinticuatro pesos con cuarenta y seis pesos ($613’498.124,46).
Afirmó que dicha suma estaba basada en “soportes técnico contables”22, y que su
reconocimiento se justificaba ya que, a pesar de que el contrato estaba pactado a
ser ejecutado en 11 meses:

«[…] ya han transcurrido doce (12) meses adicionales donde mi representado ha
tenido que mantener todo lo exigido por ustedes para el cumplimiento de la
Interventoría por cuenta y riesgo de él y por obvias razones generando un grave
desequilibrio económico porque le ha tocado mantener el personal técnico,
administrativo, [p]rofesional y equipos para dar cumplimiento a sus obligaciones
como contratista Señaladas en la cláusula 6 denominada, "Obligaciones y
Actividades del Contratista", superando ostensiblementeel [sic] tiempo oplazo [sic]
pactado para la ejecución del contrato y por ello obvio se ha generado inversiones
adicionales por Parte de mi representado como interventor del contrato objeto de
esta reclamación, desequilibrio económico que genera única y exclusivamente
perjuicios a mi representado […]».

Por otro lado, en el documento se adujo que el Consorcio había cumplido con las
obligaciones contractuales, y que nunca había dejado de lado el control técnico,
financiero, administrativo y ambiental de la obra, incluso durante los períodos de
prórroga, atendiendo a la continuidad de la interventoría conforme lo previsto el
artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

4.6. El 31 de octubre de 2015, el secretario municipal de obras públicas y el
Consorcio suscribieron el acta de terminación23 del contrato de consultoría núm. 096
de 2013. Según este documento, el plazo de ejecución culminó en la fecha del acta,
y el precio del contrato a la fecha fue el mismo que el originalmente pactado.
Además, consta la suscripción y pago de las siguientes actas parciales:

22 No anexados al expediente.
23 CD. F. 161, c. 1, archivo en formato PDF “CARPETA INTERV. 11”.

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4.7. En el proceso se practicó el testimonio24 del ingeniero Luis Alejandro Aponte
Ortiz, quien para la fecha de ejecución contractual era el secretario de obras del
Municipio, y el supervisor del contrato núm. 096 de 2013. En lo pertinente, el
declarante describió los elementos de los que debía disponer el Consorcio para
ejecutar el contrato (camioneta, equipo de topografía, personal en obra, etc.), que
fue cumplido por el contratista sin que incidiera en el desarrollo normal del contrato
de obra, y que hubo suspensiones en este último. Sobre las reclamaciones
efectuadas por el contratista, aseguró que el Municipio las revisó y consideró que
no eran procedentes, porque se expresaron al final del contrato, de forma tardía e
inoportuna, y su monto ascendía a más del 100% del valor original de la consultoría.

4.8. El Consorcio, a través de su representante legal, presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el día 16 de julio de 2015. El Procurador 182 Judicial I para
asuntos administrativos declaró agotada la etapa conciliatoria por la inasistencia de
la entidad convocada a la diligencia25.

V. CONSIDERACIONES

5.1.1. Conforme a las reglas del CPACA, vigente para la fecha de presentación de
la demanda (aptado. 2.1.1)26, la Sala es competente para conocer del presente
asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del
Tribunal Administrativo de Casanare27 proferido en el marco del medio de control
contencioso administrativo de controversias contractuales28, en el que una de las
partes es una entidad territorial, dentro de un proceso cuya cuantía impone su
juzgamiento en segunda instancia por esta Corporación29.

24 CD. F. 208, c. 1. Resumen en acta de audiencia: f. 205-207, c. 1.
25 F. 88-89, c. 1.
26 CPACA: “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de

julio del año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. // Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
27 CPACA: “Artículo 150. Competencia del consejo de estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.
28 De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, por regla general, “el juez competente para conocer de

las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de
la jurisdicción contencioso administrativa.”
29 Conforme al artículo 152 numeral 4 del CPACA, los Tribunales conocen en primera instancia de los asuntos

“[…] relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por
cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes,
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5.1.2. En relación con la presentación oportuna de la demanda, considerando
que el contrato de consultoría núm. 096 del 25 de junio de 2013 debía liquidarse por
ser de tracto sucesivo (aptado. 4.1.2)30, pero dicha labor no fue efectuada por las
partes ni por la administración contratante, el término a tener en cuenta para
establecer si la demanda fue presentada en tiempo es el contemplado en el artículo
164, numeral 2, literal j), apartado v) del CPACA31, en vista de que esta codificación
ya estaba vigente al momento en que, a partir de la fecha de terminación del contrato
(aptdo. 4.6.), expiraron los períodos de liquidación bilateral (4 meses) y unilateral (2
meses) del contrato, y dio inicio el lapso de caducidad.

Así, al culminar los plazos de liquidación el treinta (30) de abril de dos mil catorce
(2014), el plazo bienal comenzó el dos (2) de mayo de ese año, y habría culminado
sin interrupción el tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Como la demanda
fue radicada el siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015) (aptdo. 2.1.1) la
acción fue ejercida oportunamente, incluso sin tomar en consideración la
suspensión que operó con el trámite de conciliación extrajudicial (aptdo. 4.7).

5.1.3. Por último, las partes están legitimadas en la causa dentro de este litigio, al
ser quienes suscribieron el contrato de consultoría núm. 096 de 2013 (aptado. 4.1),
objeto de la controversia.

5.2. Análisis de la Sala

5.2.1. Esta Subsección ha venido observando un criterio que la lleva a diferenciar
entre el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento, y el que antecede
a la condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la
ruptura de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes32. Ha seguido

cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Para la fecha de
presentación de la demanda, el tope mencionado equivalía a la suma de $322.175.000. En la demanda, las
pretensiones fueron estimadas en $1.127.933.124,46, cifra que supera el límite fijado por la norma procesal.
30 Ver: Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
31 CPACA: “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2.

En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término
para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. // Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del
contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al
de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se
encuentre vigente. // En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que
requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”.
32 La Sección Tercera [sentencia de 31 de agosto de 2011 exp. 18080], esta Subsección [sentencias 15 de

febrero de 2012 exp. 19730, 28 de enero de 2015 exp. 26409, 29 de abril de 2015 exp. 33447, 28 de mayo de
2015 exp. 36644; 1º de julio de 2015 exp. 37613, 3 de diciembre de 2015 exp. 48947, 29 de junio de 2015 exp.
36948, 31 de agosto de 2015 exp. 27881, y del 5 de octubre de 2016, exp. 51018] y la Subsección B [sentencias
de 16 de diciembre de 2015 exp. 29908, 31 de mayo de 2016 exp. 30727, 10 de mayo de 2018 exp. 41186] han
considerado que el incumplimiento y otros actos imputables al ente contratante dan lugar al restablecimiento
del equilibrio económico del contrato. Sin embargo, a partir de antecedentes previos de la Sección Tercera
[sentencias de 26 de febrero de 2004 exp. 14043 y de 14 de abril de 2005 exp. 28616], desarrollados por la
Subsección A [sentencias del 13 de febrero de 2013 exp. 24996 y 14 de marzo de 2013 exp. 20524, 22 de
agosto de 2013 exp. 22947, 16 de septiembre de 2013 exp. 30571, 7 de noviembre de 2013 exp. 31431, 26 de
febrero de 2014 exps. 24169, 24997 y 26219, y de 12 de marzo de 2014 exp. 29214]. Esta Subsección diferenció
nuevamente el rompimiento del equilibrio financiero del contrato de la responsabilidad por su incumplimiento
[sentencia 28 de mayo de 2015 exp. 27270], restableciendo la distinción que, además siguió siendo reiterada
por la Subsección A [sentencias de 16 de julio de 2015 exp. 53154, 2 de diciembre de 2015 exp. 36285, 27 de
enero de 2016 exp. 38449, 13 de abril de 2016 exp. 46297, 14 de septiembre de 2016 exp. 50907, 21 de
septiembre de 2016 exp. 51341; 23 de noviembre de 2016 exp. 52161, 7 de diciembre de 2016 exp. 36430, 23
de noviembre de 2017 exp. 36865, 24 de mayo de 2018 exp. 55851, 13 de noviembre de 2018 exp. 55230, 29
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esa línea de entendimiento de uno y otro instituto por cuanto, pese a que el artículo
5.2 inciso 2º de la Ley 80 de 1993 establece una regla en la que plantea la disyuntiva
hipotética de quiebra del equilibrio económico por uno u otro motivo, dicho
planteamiento lo ha hecho el legislador para definir, con base en esas dos
suposiciones, respuestas diferentes.

En esta ocasión la Sala de Subsección mantendrá ese criterio, adicionando, a la
consideración ya expuesta, la conveniencia que encuentra en denotar la ratio que
subyace en ese trato diferenciado, en cuanto la responsabilidad por causa de
incumplimiento abre el escenario de la reparación hasta los confines de la
integralidad, y supone, no sólo la verificación de la acreditación del daño antijurídico,
sino la subsiguiente imputación jurídica a la demandada bajo título de
incumplimiento; mientras que el restablecimiento del equilibrio ha sido limitado por
el legislador a un punto de no pérdida, y para prosperidad de tal pretensión basta
con demostrar la quiebra de ese equilibrio, sin juicio de imputación jurídica a la
demandada, pues para ello señala como suficiente el juicio de causalidad.

No huelga señalar que algún sector de la doctrina33 encuentra cauce suficiente para
derivar responsabilidad del incumplimiento del deber de la administración de
restablecer ese equilibrio cuando así lo haya requerido en sede administrativa el
contratista, bajo la consideración del derecho que a este le reconoce la ley al
contratista. Esta interesante alternativa de responsabilidad, como puede apreciarse,
no surge de la quiebra del equilibrio, sino del incumplimiento de un deber de la
administración, y demanda, como corresponde a la deshonra de las obligaciones de
medio, un debate relacionado con la debida diligencia del deudor 34, y no la prueba
del incumplimiento de un determinado resultado. Cuando así se plantee la
controversia, la Sala, por supuesto, deberá dar respuesta a esa pretensión que en
concreto le sea presentada. No es ese el caso que reclama la atención de la sala
en este litigio.

5.2.2. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa35, cuando se pretenda el
restablecimiento del desequilibrio económico del contrato, quien lo invoca—en

de noviembre de 2018 exp. 38935, 31 de enero de 2019 exp. 37910, 20 de noviembre de 2019 exp. 41934, 8
de mayo de 2019 exp. 58895, 25 de julio de 2019 exp. 51772, 16 de mayo de 2019 exp. 43306, 25 de julio de
2019 exp. 41927, 3 de abril de 2020 exp. 41442, 13 de agosto de 2020 exp. 46057, 3 de abril de 2020 exp.
61500, 5 de febrero de 2021 exps. 49729 y 38238, 7 de mayo de 2021 exp. 43055, 10 de septiembre de 2021
exp. 51219, 4 de febrero de 2022 exp. 45762, 20 de mayo de 2022 exp. 50499, 8 de junio de 2022 exp. 53299,
21 de octubre de 2022 exp. 59773, y de 4 de noviembre de 2022 exp. 57185]. Este es el criterio que han
observado en los últimos años las Subsecciones B y C de esta Sección [sentencias de 12 de septiembre de
2019 exp. 44779, 3 de abril de 2020 exps. 48676 y 48446, 6 de julio de 2020 exp. 48438, 15 de julio de 2020
exp. 28794, 13 de agosto de 2020 exp. 51833, 21 de septiembre de 2020 exp. 47106, 12 de julio de 2021 exp.
50879, 11 de octubre de 2021 exp. 63219, 18 de noviembre de 2021 exp. 48815, 22 de noviembre de 2021 exp.
52430, 22 de noviembre de 2021 exp. 35826, 28 de febrero de 2022 exp. 65436, 22 de abril de 2022 exp. 67239,
16 de diciembre de 2022 exps. 37724 y 41653, 31 de mayo de 2022, radicado 52386, 13 de julio de 2022 exp.
56021 y 16 de agosto de 2022 exp. 59439].
33 HERNÁNDEZ SILVA, A.P. “La responsabilidad contractual del Estado: ¿Una responsabilidad sin

imputación?”. En: Revista de Derecho Privado, núm. 14 (2008), Universidad Externado de Colombia, consultado
en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/554.
34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de agosto de 2021, exp. 45004.
35 Entre muchos otros pronunciamientos, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 1999, exp. 14855; sentencia del 13 de julio de 2000, exp. 12513;
sentencia del 28 de agosto de 2003, exp. 17554; Subsección B, sentencia del 28 de junio de 2012, rad. 13001-
23-31-000-1996-01233-01(21990),
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cumplimiento de la carga probatoria que le asiste36— debe demostrar la grave
afectación económica aducida, así como los elementos que estructuren la causa en
que este se fundamenta, bien sea exógena a las partes del negocio (teoría de la
imprevisión), por el ejercicio de las potestades administrativas de la administración
contratante (hecho del príncipe), o por la imposición de medidas unilaterales dentro
del contrato (ius variandi). Es decir que, con independencia de la causa del
desequilibrio esgrimida por la actora, esta debe demostrar la existencia de una
pérdida de tal magnitud que suponga una alteración extraordinaria o anormal de la
ecuación financiera surgida al momento de celebrar el contrato37.

Además, cuando el desbalance en la economía del contrato sea atribuido a la mayor
permanencia en el sitio donde se construye la obra38 o se presta el servicio, es deber
de quien procura la restauración patrimonial acreditar (i) que las prórrogas en el
plazo de ejecución fueron producto de causas ajenas; y (ii) que el daño invocado
devino de esa extensión en el tiempo, demostrando concretamente cuáles fueron
los sobrecostos ocasionados.

5.2.3. En este caso, nota la Sala que en ningún momento las partes negociaron o
convinieron una adición al valor del contrato en la que se incluyeran los precios
correspondientes al servicio prestado por el consultor durante cada período
añadido. La modificación en tal sentido tampoco fue insinuada o pedida por el
Consorcio en procura de sus propios intereses económicos, para que le fuera
reconocida una suma adicional por cada lapso agregado a la interventoría ejercida
al contrato de obra.

En ese sentido, en la única reclamación por la configuración de un desequilibrio
económico del contrato, la cual tuvo lugar con ocasión de la suscripción de la
prórroga núm. 6 al contrato, la contratista invocó el artículo 85 de la Ley 1474 de
2011 (aptdo. 4.5.); norma que permite prorrogar el contrato de interventoría por un
período igual al del contrato vigilado, previendo que, en esa hipótesis, “el valor podrá
ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte
aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”.

Es decir que, según el anterior artículo, la entidad y el interventor pueden extender
el plazo del negocio y pactar la respectiva contraprestación sin considerar el límite
de las adiciones al valor del negocio, contemplado para la generalidad de los
contratos estatales regidos por el EGCAP39. Pero, de forma alguna, la norma prevé
que la regulación de las prórrogas a la interventoría no pertenezca al escenario
natural de la contratación estatal, a saber, la autonomía de la voluntad de la que

36 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO: “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”.
37 Ibíd.
38 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Rad. 25000-23-36-000-2012-00724-01 (52430). Aptdo. 7.2.1.
39 Ley 80 de 1993 – Artículo 40: PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá

pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento
(50%) del valor del respectivo contrato. // Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” (Se subraya)
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proviene el acuerdo de voluntades, encaminado a la producción de efectos jurídicos
y la autorregulación de los intereses de las partes.

5.2.4. De acuerdo con la posición actual de la jurisprudencia unificada de la Sección
dicta que, sin importar que la parte demandante haya formulado una reclamación o
salvedad en cada acto o modificación contractual, es deber del juez estudiar las
pretensiones, y “desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su
alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas
aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y,
por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato”40.

En consecuencia, pese a que las partes jamás variaron el precio pactado como
contraprestación de las obligaciones asumidas por el Consorcio durante los tiempos
agregados pactados en las prórrogas, que estuvieron siempre precedidos de una
solicitud del consultor en tal sentido (aptdo. 4.4), mal podría esta Judicatura concluir
que el desequilibrio cuyo restablecimiento reclama la demandante en este
contenciosos fue zanjado por las partes contratantes.

5.3. No hay, en todo caso, prueba alguna de los sobrecostos que justifiquen el
restablecimiento del equilibrio contractual deprecado, de acuerdo con lo expuesto
previamente (aptado. 5.2.1). A lo sumo, se encuentran afirmaciones sobre los
mismos, provenientes del mismo Consorcio (aptdo. 4.5), similares a las que fueron
expuestas en la demanda. Por otra parte, el ingeniero que supervisó el contrato no
aportó ninguna información al respecto, más allá de corroborar el cumplimiento de
las obligaciones del Consorcio —aspecto que no es objeto de discusión— y de
reiterar las razones de la negativa de la administración. Desde luego que, en estas
condiciones, la carga de la prueba que le cabía al demandante para que sus
reclamos fueran procedentes, fue insatisfecha.

5.4. Por lo expuesto, la Sala responde negativamente al problema jurídico
planteado, y así confirmará la decisión apelada.

VI. COSTAS

6.1. Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de
unificación del 25 de junio de 201441, la Ley 1563 de 2012 (Código General del
Proceso, “CGP”) rige para la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el
1º de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del recurso (aptdo. 2.4), por
lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas.

Según el CGP, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo
365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y

40 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera - Sala Plena. Sentencia del

27 de julio de 2023. Rad. 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121).
41 Rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).

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demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras
que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento, tomando en
consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte
o su apoderado, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto
de 2016, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas de
las agencias en derecho (núm. 4). Para la segunda instancia de los procesos
declarativos, dicha tarifa tiene como límites entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales
legales vigencias (SMMLV).

En vista de este marco normativo, la Sala reconocerá la suma de 1 SMLMV para el
Municipio, por agencias en derecho en segunda instancia, tomando en
consideración que en las alegaciones del municipio demandado, que fue su única
actuación en esta instancia, se limitó a hacer un recuento del proceso, manifestar
su conformidad con el fallo de primer grado y reiterar lo aducido en las
oportunidades procesales anteriores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de mayo de dos
mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Casanare.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante en costas de segunda instancia a
favor de la sociedad demandante. Por Secretaría, liquídese según lo dispuesto en el
artículo 366 del CGP e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigentes a la fecha de la presente
providencia, a favor del Municipio de Pore.

TERCERO: ACEPTAR el impedimento presentado por el Consejero Nicolás Yepes
Corrales.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente

VF

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