Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04406-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04406-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04406-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Demandados: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal y otros1
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de
tutela
Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Secretaría de la Sección Tercera de dicho Tribunal.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Secretaría de la Sección Tercera de dicho Tribunal2, porque, a su juicio: i) la
Subsección C, al proferir el auto de 6 de agosto de 2024 y con ocasión a que “[…] El
pasado mes de JUNIO, día 21 de la presente anualidad presento (sic) nuestra
apoderada judicial SOLICITUD DE PRELACION DE TURNO PARA DICTAR
SENTENCIA dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con
RADICACION No. 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376) […] la cual hasta el
día de hoy no ha recibido respuesta alguna ni se ha elaborado o proyectado auto
para su estudio […]”; ii) la Sección Cuarta, al no “[…] estudiar, resolver y otorgar la
impugnación […]”, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número
único de radicación 110010315000202402623-00; y iii) el Tribunal y la Secretaría de
la Sección Tercera, con ocasión a que “[…] han trascurrido (sic) casi 60 días desde
entonces y la secretaria (sic) no rinde su informe del expediente al despacho para
su ingreso y para que el despacho pueda darle trámite para dictar sentencia […]”,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación
250002336000202300229-00: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
2 La Sala precisa que, frente a la solicitud de tutela de la referencia, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 21 de agosto de 2024, resolvió: i) admitir la acción de tutela
que presentó Canteras de Florencia Ltda., contra la Sala Especial de Instrucción de esta Corte Suprema de
Justicia; y ii) remitir, por competencia, la solicitud de tutela al Consejo de Estado “[…] para que conozca, según
corresponda, de los reclamos y peticiones elevados por la empresa promotora contra las Secciones Tercera
(con relación a lo surtido en la nulidad y restablecimiento del derecho n.° 11001-03-26 000-2016-00096-00) y
Cuarta (con respecto a la acción de tutela n.° 11001-03-15-000-2024-02623-00) de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de dicha Colegiatura, así como contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (quien dirime
el medio de controversias contractuales n.° 25000-23-36-000-2023 00229-00) […]” y a los Juzgados Civiles
del Circuito de Bogotá (reparto), “[…] para que asuman el conocimiento de los reproches y solicitud hacia la
Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de representantes, en torno a lo sucedido con
la «denuncia formulada (…) el pasado 23 de noviembre de 2023» […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
Proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010326000201600096-00
3. Señaló que, “[…] El pasado mes de JUNIO, día 21 de la presente anualidad
presento nuestra apoderada judicial SOLICITUD DE PRELACION DE TURNO PARA
DICTAR SENTENCIA dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derechos
con RADICACION No. 11001- 03-26-000-2016-00096-00 (57376) ante el consejo de
estado, honorable Magistrado […] como ponente, la cual hasta el día de hoy no ha
recibido respuesta alguna ni se ha elaborado o proyectado auto para su estudio y
para presentarlo a la sala de sección tercera de la subsección C del consejo de estado
[…]”.
4. Sostuvo que, “[…] El pasado 24 de julio de 2024 el representante legal de
canteras de Florencia Ltda. Presento (sic) solicitud de perdida (sic) de
competencia ante el -magistrado […] sobre todas las demandas que se
encuentran al despacho para dictar sentencia y que según estadísticas del
despacho tengan mas (sic) de un año esperando que se dicte sentencia dentro de
las mismas dentro de las cuales se encuentra la demanda de nulidad y
restablecimiento de derechos presentada por canteras de Florencia Ltda. Con
radicado en el consejo de estado No 11001032-6000-2016-00096-00 […]”.
5. Manifestó que, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 6 de agosto de 2024, resolvió:
“[…] En este caso, la solicitud que radicó el señor Ucrós Ospino va dirigida a: i) que
el magistrado ponente de aplicación al artículo 121 del C. G. del P. y declare que ha
perdido competencia para continuar con los procesos que tiene a su cargo para
decisión de fondo; y, ii) obtener una información estadística relativa a los asuntos
que se tramitan en este Despacho, de ahí que sea necesario observar las reglas
generales y especiales que regulan el derecho de petición.
Por lo anterior, esta Judicatura ordena que, por Secretaría de la Sección, se dé
respuesta al escrito que remitió el peticionario el 24 de julio de 2024 y que pasó al
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Despacho el 25 siguiente, como consta en el índice 00413 del aplicativo judicial
Samai, en los siguientes términos:
Frente al primero de los pedimentos, el suscrito magistrado le informa al peticionario
que, el artículo 121 del CGP6 , que mencionó en su escrito, y que establece que en
los procesos que se adelanten ante la jurisdicción ordinaria, las autoridades
judiciales tendrán el término de un (1) año para dictar sentencia de primera o única
instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o
mandamiento ejecutivo, no puede aplicarse a los procesos de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues, el artículo 121 del CGP es incompatible e
inaplicable en esta jurisdicción habida cuenta de que no existe vacío normativo en la
Ley 1437 de 2011 (CPACA.) en lo que respecta a la duración del proceso y los
términos en que se debe proferir la sentencia, que sugiera acudir a otro cuerpo
normativo para resolver tal aspecto […]”.
[…]
“[…] Tratándose de los términos de instrucción del proceso, la etapa de juzgamiento
y el término para proferir la sentencia, éstos se encuentran descritos expresamente
en los artículos 179 al 182 del CPACA., por consiguiente, resulta inapropiado acudir
al CGP en estos aspectos puntuales. Sobre este preciso punto, la Corte
Constitucional, ha dicho que […]”.
[…]
“[…] En este sentido es claro que el artículo 121 del C. G. del P., no aplica en esta
jurisdicción y en ese orden, lo pedido resulta improcedente […]”.
Proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110010315000202402623-00
6. Indicó que, “[…] El pasado 23 de mayo de 2024 presente acción de tutela con
RADICACION No. 11001-03-15-000-2024-02623-00 ante el consejo de estado en
contra del honorable Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, la cual fue
admitida el día 28 de mayo de 2024 mediante auto que fue notificado a las partes,
se recibieron las respuestas de las partes convocadas a participar de la acción de
tutela, el primero de agosto de 2024 a las 04:44 p.m. me fue notificada la sentencia
de la acción de tutela con RADICACION No. 11001-03-15-000-2024-02623-00
expedida el 25 de julio de 2024 dentro de la cual se toma la decisión de Negar las
pretensiones formuladas por la sociedad Canteras de Florencia Limitada, dadas
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
7. Señaló que, “[…] Conocida la decisión de la sección cuarta del consejo de
estado de negar la presente acción de tutela con radicado No 11001-03-15-000-
2024-02623-00 por la vulneración en el turno para dictar sentencia en los procesos
que cursan en el despacho del honorable magistrado Jaime Enrique Rodríguez
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Navas, el 02 de agosto de 2024 se presentó la impugnación de la misma y hasta
el día de hoy no conocemos la decisión tomada sobre la impugnación […]”.
Proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación
250002336000202300229-00
8. Expuso que, dentro del proceso de la referencia “[…] la demandada Agencia
Nacional de Minería presento (sic) sus alegatos de conclusión el día 12 de junio de
2024, la parte demandante presento (sic) sus alegatos de conclusión el día 17 de
junio de 2024, los términos para la etapa de alegatos ya se vencieron, han
trascurrido (sic) casi 60 días desde entonces y la secretaria no rinde su informe del
expediente al despacho para su ingreso y para que el despacho pueda darle tramite
(sic) para dictar sentencia, con esto la secretaria del despacho está retrasando el
normal desarrollo del trámite del expedienté (sic) y violando el debido proceso.
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] PRIMERA: Solicito a ustedes Honorables Magistrados se protejan mis derechos
al debido proceso, al acceso real a la administración de justicia y de petición.
SEGUNDA: Se ordene al Consejo de Estado Sección Cuarta estudiar, resolver y
otorgar la impugnación presentada dentro de la acción de tutela de la referencia
radicado No 2024-02623-00 […]”.
[…]
“[…] CUARTO: Se ordene al Honorable Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas
revocar el auto mediante el cual negó la solicitud de perdida de competencia
presentada.
QUINTO: Se ordene al Honorable Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas o a
quien corresponda resolver la solicitud de prelación de turno […]”.
[…]
3 Transcripción literal del texto.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
“[…] SEPTIMO: Se le ordene a la secretaria de la Sección Tercera - Sub Sección C
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rendir informe dentro del proceso de
controversias contractuales con Radicado No 25000233600020230022900 y pasar el
expediente al despacho para sentencia […]”.4
9.1. Como fundamento de su solicitud manifestó que5:
“[…] Conocida la decisión de la sección cuarta del consejo de estado de negar la
presente acción de tutela con radicado No 11001-03-15-000-2024-02623-00 por la
vulneración en el turno para dictar sentencia en los procesos que cursan en el
despacho del honorable magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, el 02 de
agosto de 2024 se presentó la impugnación de la misma y hasta el día de hoy no
conocemos la decisión tomada sobre la impugnación […]”.
[…]
“[…] El pasado mes de JUNIO, día 21 de 2024 presento nuestra apoderada judicial
SOLICITUD DE PRELACION DE TURNO PARA DICTAR SENTENCIA dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con RADICACION No. 11001-
03-26-000-2016-00096-00 (57376) ante el consejo de estado, honorable Magistrado
[…] como ponente, la cual hasta el día de hoy no ha recibido respuesta alguna ni se
ha elaborado o proyectado auto para su estudio y para presentarlo a la sala de
sección tercera de la subsección C del consejo de estado después de más de un
mes y medio de haberse radicado la presente solicitud desde el día 21 de junio de
2024 paso al despacho del honorable Magistrado […] para su estudio y elaboración
de proyecto lo que hasta el día de hoy no ha sucedido muy a pesar que han
trascurrido casi sesenta días calendario situación que vulnera el debido proceso en
el trámite de las solicitudes el cual debe resolverse en un máximo de 15 días como
lo ha establecido la corte constitucional en su jurisprudencia, esta situación nos
retrasa, limita y obstruye el acceso a la administración de justicia que tanto hemos
reclamado […].
El pasado 24 de julio de 2024 el representante legal de canteras de Florencia Ltda.
Presento solicitud de perdida de competencia ante el -magistrado […] sobre todas las
demandas que se encuentran al despacho para dictar sentencia por haber superado
el termino de duración de los procesos judiciales articulo 121 CGP y que según
estadísticas del despacho tengan mas de un año esperando que se dicte sentencia
dentro de las mismas dentro de las cuales se encuentra la demanda de nulidad y
restablecimiento de derechos presentada por canteras de Florencia Ltda. Con
radicado en el consejo de estado No 11001032-6000-2016-00096-00, lo anterior
basado en el artículo 121 -2 del código general del proceso y de las sentencias de la
corte Constitucional C-443/19 y de la corte suprema de justicia SC845-2022 dentro
del radicado No 05001-31-03-013-2008-00200-01 aprobado en sesión de veinticinco
de febrero de dos mil veintidós.
Esta solicitud fue resuelta por el Magistrado […] mediante AUTO TRÁMITE ÚNICA
INSTANCIA de fecha seis de agosto de 2024 contra el cual no procede recurso de
reposición u otro recurso, por tal razón lo incluyo en esta acción de tutela para su
revisión por no estar de acuerdo con lo resuelto dentro del mismo y considerando
que no se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentencia C-443/19 y
de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sentencia SC845-2022 […]”.
4 Al respecto, la Sala precisa que las pretensiones que serán objeto de estudio corresponden con lo expuesto
en el pie de página núm. 2 de esta providencia.
5 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
[…]
“[…] SEXTO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA - SUB SECCIÓN C, proceso de controversias contractuales con radicado
No 25000233600020230022900 a la secretaria del despacho […] la demandada
Agencia Nacional de Minería presento sus alegatos de conclusión el día 12 de junio
de 2024, la parte demandante presento sus alegatos de conclusión el día 17 de junio
de 2024, los términos para la etapa de alegatos ya se vencieron, han trascurrido casi
60 días desde entonces y la secretaria no rinde su informe del expediente al
despacho para su ingreso y para que el despacho pueda darle tramite para dictar
sentencia, con esto la secretaria del despacho está retrasando el normal desarrollo
del trámite del expedienté y violando el debido proceso
El despacho no puede dictar sentencia hasta tanto el expediente no ingrese al
despacho, situación que afecta el debido proceso y que nos retrasa en el turno para
dictar sentencia por la inacción de la secretaria, teniendo en cuenta que esta se dicta
según el orden de entrada del expediente al despacho según el artículo 18 de la ley
446 de 1998, ya han trascurridos casi 60 dias donde debieron haber ingresados otros
expedientes para dictar sentencia y nos retrasó la inacción de la secretaria del
despacho del honorable magistrado Fernando Iregui Camelo por esto tutelamos a la
secretaria del despacho […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de agosto de 2024: i)
inadmitió la acción de tutela; y ii) requirió a Angelo Andrés Ucrós Ospino para que
allegue el certificado de existencia y representación legal de Canteras de Florencia
Ltda.
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de septiembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Secretario de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y iii) vinculó a la Agencia Nacional de Minería, en calidad de tercero
con interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera
informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
12. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó negar
la solicitud de tutela, al considerar que:
“[…] Ahora bien, en punto a los reparos del accionante, el Despacho ha realizado las
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
actuaciones que corresponden conforme a las particularidades del caso, así:
después de admitida la demanda, surtido el trámite de notificación y resueltos los
memoriales y solicitudes que se presentaron, se llevó a cabo la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), y en esa diligencia esta Judicatura decretó la práctica de dos dictámenes
periciales, uno a cargo de perito contable, y otro, por perito especialista en derecho
minero energético, este último de manera oficiosa […]”.
[…]
“[…] Seguidamente, Canteras de Florencia Ltda. manifestó que desistía del dictamen
pericial contable, requerido en la demanda y decretado en audiencia inicial.
Luego, el accionante requirió a este Despacho para que diera impulso procesal y
fijara fecha de audiencia de alegatos finales, en memorial electrónico del quince (15)
de julio de dos mil veintidós (2022), afirmó que existen otros procesos que ya tienen
fecha de audiencia y otros que están para fallo siendo más recientes que el sub lite.
Todas esas solicitudes y memoriales fueron presentados directamente por el
representante legal de Canteras de Florencia Ltda., por lo que el Despacho,
mediante auto del veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022), le informó que
debía actuar por medio de su apoderado conforme lo dispone el artículo 160 del
CPACA.
Por auto del treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022), el Despacho aceptó
la revocación del poder y reconoció personería a su nuevo apoderado.
Posteriormente, en auto del seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2022), esta
Judicatura no accedió a la incorporación de nuevas pruebas allegadas por la parte
demandante, aceptó el desistimiento de la prueba pericial solicitada por el apoderado
judicial de la actora, puso a disposición de la Secretaría de la Sección el presente
expediente, y requirió al nuevo apoderado para que aportara original o copia de la
comunicación enviada a la sociedad demandante con la que informó acerca de la
renuncia presentada […]”.
[…]
“[…] En auto del nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023), se informó que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, los procesos
deben fallarse en el estricto orden en que ingresaron al Despacho para dictar
sentencia.
El señor Ángelo Andrés Ucros Ospino, representante legal de Canteras de Florencia
Ltda., en escritos del veintiséis (26) y del veintiocho (28) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023) y en ejercicio del derecho de petición, solicitó: (i) copia digital del
expediente de la referencia, (ii) impulso procesal, y (iii) alteración del turno de fallo.
Frente a la solicitud de copias, este Despacho, el veintiséis (26) de septiembre de
dos mil veintitrés (2023), envió el expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a digitalizar.
Posteriormente, la Secretaría de la Sección Tercera, en oficio del seis (6) de octubre
de la misma anualidad, esto es, ocho (8) días después del requerimiento radicado
por el actor, informó a todos los sujetos procesales que en el Sistema de Gestión
Judicial – SAMAI – obra el expediente digital, y que, en ese sentido, una vez los
usuarios se encontraran registrados y activos, podrían consultar las actuaciones
correspondientes.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
En cuanto al impulso procesal, el suscrito magistrado ponente, en autos del nueve
(9) de junio y del dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), le informó al
señor Ucros Ospino en que turno para fallo se encuentra el expediente […]”.
[…]
“[…] La Subsección C, en auto del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés
(2023), resolvió solicitud de prelación de fallo y de expedición de copias.
Nuevamente, el aquí tutelante radicó impulso procesal, el dieciocho (18) de
diciembre de dos mil veintitrés (2023) y, el 15 de enero de 2024, interpuso reposición
en contra del auto que negó la prelación de fallo, recurso que, en auto del veinticuatro
(24) de abril de dos mil veinticuatro (2024), fue rechazado por improcedente.
Finalmente, el apoderado de la parte demandante presentó nueva solicitud de
prelación de fallo, el 21 de junio de 2024. Además, el 24 de julio siguiente, el señor
Ucros Ospino formuló escrito en ejercicio del derecho de petición, en el que requirió
que se declarara la pérdida de competencia para dictar fallo, al considerar vencidos
los términos contenidos en el artículo 121 del CGP.
Al respecto, es preciso denotar que este Despacho, por un lado, registró proyecto
de auto, el 11 de septiembre de 2024, para ser discutido por la Sala en la sesión
programada para el 18 de septiembre siguiente, en el que se resolverá, una vez más,
la solicitud de prelación de fallo y otros asuntos; y, por otro lado, dio respuesta a la
petición del 24 de julio de 2024, por auto del 6 de agosto del mismo año, en el que
le informó que el artículo 121 del CGP no rige en la jurisdicción contencioso
administrativa, decisión comunicada al interesado el 6 de agosto del mismo año.
En los anteriores términos, dado que este despacho ha dado trámite y resuelto las
peticiones interpuestas por el demandante, no existe vulneración de derechos
fundamentales y hay lugar a negar las pretensiones de tutela […]”.
13. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó negar la acción de tutela,
por las siguientes razones:
“[…] 3.14. El 27 de agosto de 2024, se dictó el auto que concedió la impugnación
interpuesta por Canteras de Florencia Ltda. Y este expediente se envió nuevamente
a la Secretaría General el 28 de agosto de 2024. De acuerdo con la consulta
realizada al radicado Nro. 11001-03-15-000-2024-02623-01, se advirtió que la
segunda instancia en esta acción fue repartida el 6 de septiembre de 2024.
Visto lo anterior, se considera que no se presentó vulneración al derecho de acceso
a la administración de justicia de la sociedad dado que el trámite que se le impartió
al proceso Nro. 11001-03-15-000-2024-02623-00 se dio dentro de unos términos
prudenciales, tendiendo en cuenta ciertas dificultades técnicas en las notificaciones,
atención de múltiples memoriales y otras actuaciones que se debieron. De ahí que
este despacho no se encuentre de acuerdo con lo afirmado por el accionante cuando
indicó que para la fecha de radicación de esta acción de tutela (1 de agosto de 2024)
no se había dictado fallo de instancia, cuando lo cierto fue que el proyecto de fallo
se registró el 19 de julio de 2024, se dictó sentencia el 25 de julio de esta misma
anualidad, y se notificó el mismo 1° de agosto de 2024. Tan es así, que el mismo
accionante podía revisar ese trámite constitucional a través del aplicativo Samai al
cual ya tenía acceso.
A su vez, se disiente del argumento según el cual este despacho incurrió en mora al
dictar el auto que concede la impugnación, pues como se evidencio en la narración
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
del trámite, la Secretaría General presentó un inconveniente con la notificación de la
Agencia Nacional de Minería al no haber recibido acuse de la misma, situación que
llevó a realizar varias solicitudes al Equipo de Soporte del Correo de la Rama
Judicial, para que existiera certeza de la notificación en debida forma, circunstancia
que como se mencionó anteriormente es de conocimiento de la accionante al tener
acceso al expediente digital. Esto quiere decir que no existió inactividad o negligencia
por parte de la Secretaría General o de este despacho al tramitar el expediente de
tutela Nro. 11001-03-15-000-2024-02623-00, como se evidenció […]”.
14. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela o, en su
defecto, negarla. Para tal efecto, consideró lo siguiente:
“[…] Al proceso de controversias contractuales de conocimiento del Despacho
Judicial que dirijo, se celebró audiencia inicial el 30 de mayo de 2024, en la cual se
resolvió, avanzar a la etapa de alegatos de conclusión, concediéndoles el término
de 10 días a las partes y el Ministerio Público, para que presentaran por escrito sus
alegatos.
En ese sentido, el 6 de junio de 2024, se remitió el expediente a la Secretaría de la
Sección Tercera, para que permaneciera allí, en aras de recibir los referidos alegatos
y se agotara dicha etapa procesal.
Es del caso precisar que el expediente se encuentra en la Secretaría, y no ha
ingresado al Despacho para fallo, en tanto, si bien ya se cumplió la etapa de alegatos
de conclusión, la secretaría también maneja un sistema de turnos para el trámite de
los respectivos asuntos, y en atención a éste, se procede a efectuar el ingreso de
los casos al Despacho, según corresponda, turno que está sujeto al trámite de los
462 procesos que se hallan a cargo de esta sede.
Teniendo en cuenta que ya se ha completado el trámite y cumplido el término
correspondiente, se ha dispuesto en la fecha requerir a la Secretaría el ingreso del
expediente al Despacho, para la ubicación en turno de fallo.
Debo informar al H. Magistrado que, una vez ingresado el proceso al Despacho, el
caso quedará en turno para fallo, en estricto orden, teniendo en cuenta que se
encuentran ya ingresados para fallo 120 procesos, por lo que el asunto objeto de
tutela, estaría sujeto al turno que le corresponda al interior del Despacho, mismo que
atiende las disposiciones del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que indica: “Es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden
pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”
[…]”.
[…]
“[…] No sobra manifestar que lo que se admite como mora judicial con incidencia en
los derechos fundamentales, es lo que corresponde a demoras irrazonables e
injustificadas en la sustanciación y resolución de los asuntos a cargo de la respectiva
sede judicial, lo cual no es el caso; en efecto, el trámite del proceso de controversias
contractuales 2023-00229 se ha surtido dentro de plazos y términos razonables,
acordes con el inventario de procesos y la carga de asuntos que debe evacuar el
Despacho, de manera que, pese a lo manifestado por el accionante, se ha impreso
11
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Actora: Canteras de Florencia Ltda.
toda la diligencia y la atención al proceso, dentro de plazos que resultan compatibles
en el contexto en el que debe operar este estrado.
Es entendible que, en cada caso, la parte que interviene tenga todo el interés en que
se sustancie y resuelva de fondo la causa que promueve con toda la celeridad
posible; sin embargo, ello debe atender a condiciones objetivas y estructurales de la
administración de justicia asociadas a la congestión sistemática e insuficiencia de
personal, que impiden que los procesos se resuelvan en términos en general mucho
más breves. En eso está empeñado el Despacho a cargo del suscrito Magistrado, y
es justo eso lo que ha permitido que se reduzcan los términos de trámite y resolución
a tiempos cada vez menos dilatados, así que la sentencia que se deba emitir en el
asunto que interesa al accionante, se proferirá siguiendo el sistema de turnos, en el
orden que corresponda una vez ingresado al despacho, de conformidad con la Ley
[…]”.
15. La Agencia Nacional de Minería solicitó su desvinculación y declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Así las cosas, y del mismo relato realizado por parte del accionante, se concluye
forzosamente y sin asomo de duda, que las presuntas vulneraciones a los derechos
presuntamente conculcados al actor, obedecen a temas estrechamente relacionados
con la administración de justicia, específicamente la Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con el número único de radicación 11001-
03-26-000-2016-00096-00.
Expuesto el anterior concepto de orden jurisprudencial, y habiéndose demostrado
con plena certeza que no es la ENTIDAD QUE APODERO, la responsable de las
presuntas vulneraciones a los derechos del actor, no puede ser otra la determinación
de su Señoría que la declaratoria de IMPROCEDENCIA de la Acción de tutela que
nos ocupa, y consecuencialmente la DESVINCULACIÓN de la Agencia Nacional de
Minería del trámite de la misma […]”.
16. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110010326000201600096-00.
17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado allegó copia digital del expediente
del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110010315000202402623-00.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 6, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
20. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
21. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Canteras de Florencia Ltda.
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
22. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[10].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
9 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
14
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Actora: Canteras de Florencia Ltda.
23. La Sala advierte que la Agencia Nacional de Minería solicitó su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
24. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que integra la parte
demandada en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010326000201600096-00 y en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales identificado con el número único de
radicación 250002336000202300229-00, es decir que a dicha entidad le asiste
interés en el resultado del proceso de la referencia.
25. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Agencia Nacional de
Minería le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
26. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Agencia Nacional de
Minería.
Problemas Jurídicos
27. En el caso sub examine, corresponde a la Sala: i) determinar si, en efecto,
es procedente la acción de tutela para cuestionar lo resuelto en el auto de 6 de
agosto de 2024 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional; frente a los
demás reparos, ii) establecer si es procedente o no declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa iii)
corresponde establecer si se deben proteger los derechos fundamentales de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso invocados por la actora, los cuales
considera vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la Subsección C de la Sección
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de la Sección
Tercera de dicho Tribunal, con ocasión a que a) la Subsección C, “[…] El pasado
mes de JUNIO, día 21 de la presente anualidad presento (sic) nuestra apoderada
judicial SOLICITUD DE PRELACION DE TURNO PARA DICTAR SENTENCIA
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con RADICACION
No. 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376) […] la cual hasta el día de hoy no ha
recibido respuesta alguna ni se ha elaborado o proyectado auto para su estudio
[…]”; b) la Sección Cuarta, al no “[…] estudiar, resolver y otorgar la impugnación […]”,
en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110010315000202402623-00; y c) el Tribunal y la Secretaría de la Sección Tercera,
con ocasión a que “[…] han trascurrido (sic) casi 60 días desde entonces y la
secretaria (sic) no rinde su informe del expediente al despacho para su ingreso y
para que el despacho pueda darle trámite para dictar sentencia […]”, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales
identificado con el número único de radicación 250002336000202300229-00.
28. Para resolver los anteriores interrogantes esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro
del marco de la acción de tutela, iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
vi) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso frente a la mora
judicial; vii) análisis del caso concreto; y finalmente viii) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
29. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
30. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
31. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.
33. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
35. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela para cuestionar lo
resuelto en el auto de 6 de agosto de 2024 proferido por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado bajo la premisa del cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
36. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201416, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 Ut supra página 6.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [18].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [19].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
37. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró24:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
24 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
38. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
39. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202227 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
26 Ibidem.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
22
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
40. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
41. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200528, consideró lo
siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
42. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que29:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
28 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
43. Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los
cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se
produce la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección30.
44. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
45. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
46. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
30 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
47. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial
49. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
32 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”33.
50. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201634, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201735, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
51. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta36, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201337, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
33 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de
2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
36 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
37 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
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Actora: Canteras de Florencia Ltda.
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).
52. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”38.
53. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
54. La actora presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Secretaría de la Sección Tercera de dicho Tribunal39, porque, a su juicio: i) la
38 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
39 La Sala precisa que, frente a la solicitud de tutela de la referencia, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 21 de agosto de 2024, resolvió: i) admitir la acción de tutela
que presentó Canteras de Florencia Ltda., contra la Sala Especial de Instrucción de esta Corte Suprema de
Justicia; y ii) remitir, por competencia, la solicitud de tutela al Consejo de Estado “[…] para que conozca, según
corresponda, de los reclamos y peticiones elevados por la empresa promotora contra las Secciones Tercera
(con relación a lo surtido en la nulidad y restablecimiento del derecho n.° 11001-03-26 000-2016-00096-00) y
Cuarta (con respecto a la acción de tutela n.° 11001-03-15-000-2024-02623-00) de la Sala de lo Contencioso
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Subsección C, al proferir el auto de 6 de agosto de 2024 y con ocasión a que “[…] El
pasado mes de JUNIO, día 21 de la presente anualidad presento (sic) nuestra
apoderada judicial SOLICITUD DE PRELACION DE TURNO PARA DICTAR
SENTENCIA dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derechos con
RADICACION No. 11001-03-26-000-2016-00096-00 (57376) […] la cual hasta el
día de hoy no ha recibido respuesta alguna ni se ha elaborado o proyectado auto
para su estudio […]”; ii) la Sección Cuarta, al no “[…] estudiar, resolver y otorgar la
impugnación […]”, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número
único de radicación 110010315000202402623-00; y iii) el Tribunal y la Secretaría de
la Sección Tercera, con ocasión a que “[…] han trascurrido (sic) casi 60 días desde
entonces y la secretaria (sic) no rinde su informe del expediente al despacho para
su ingreso y para que el despacho pueda darle trámite para dictar sentencia […]”,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación
250002336000202300229-00: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
55. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
56. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
57. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
Administrativo de dicha Colegiatura, así como contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (quien dirime
el medio de controversias contractuales n.° 25000-23-36-000-2023 00229-00) […]” y a los Juzgados Civiles
del Circuito de Bogotá (reparto), “[…] para que asuman el conocimiento de los reproches y solicitud hacia la
Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de representantes, en torno a lo sucedido con
la «denuncia formulada (…) el pasado 23 de noviembre de 2023» […]”.
28
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
57.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110010326000201600096-00.
57.2. Copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado con
el número único de radicación 110010315000202402623-00.
Solución del caso concreto
Del cumplimiento del requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional
58. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.
59. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló, frente
al auto de 6 de agosto de 2024 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que40:
“[…] El pasado 24 de julio de 2024 el representante legal de canteras de Florencia
Ltda. Presento solicitud de perdida de competencia ante el -magistrado […] sobre
todas las demandas que se encuentran al despacho para dictar sentencia por haber
superado el termino de duración de los procesos judiciales articulo 121 CGP y que
según estadísticas del despacho tengan mas de un año esperando que se dicte
sentencia dentro de las mismas dentro de las cuales se encuentra la demanda de
nulidad y restablecimiento de derechos presentada por canteras de Florencia Ltda.
Con radicado en el consejo de estado No 11001032-6000-2016-00096-00, lo anterior
basado en el artículo 121 -2 del código general del proceso y de las sentencias de la
corte Constitucional C-443/19 y de la corte suprema de justicia SC845-2022 dentro
del radicado No 05001-31-03-013-2008-00200-01 aprobado en sesión de veinticinco
de febrero de dos mil veintidós.
Esta solicitud fue resuelta por el Magistrado […] mediante AUTO TRÁMITE ÚNICA
INSTANCIA de fecha seis de agosto de 2024 contra el cual no procede recurso de
reposición u otro recurso, por tal razón lo incluyo en esta acción de tutela para su
revisión por no estar de acuerdo con lo resuelto dentro del mismo y considerando
que no se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sentencia C-443/19 y
de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sentencia SC845-2022 […]”.
40 Transcripción literal del texto.
29
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
60. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia
que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto
verificar si la autoridad accionada incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.
61. Además de lo anterior, para la Sala, la actora planteó una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal, el cual ya fue expuesto dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 110010326000201600096-00 y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
62. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente41:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”42, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”43. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
41 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
42 Sentencia SU-050 de 2018.
43 Sentencia SU-354 de 2017.
30
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
63. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de
lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
64. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
65. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca
de las razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de la actora con ocasión del auto de 6 de
agosto de 2024 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
66. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
31
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
67. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de la actora y, con ello, acceda a dar aplicación al artículo 121 del Código
General del Proceso sobre la pérdida de competencia para conocer del proceso, sin
que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
68. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
la actora enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen
en un debate estrictamente legal.
Análisis de la presunta mora judicial en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 110010315000202402623-00
69. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por la actora a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
70. En efecto, la actora pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela
se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, al no “[…] estudiar, resolver y otorgar la impugnación […]”, en el proceso
de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110010315000202402623-00.
71. Al respecto, la Sala advierte que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
rindió informe en los siguientes términos:
“[…] 3.14. El 27 de agosto de 2024, se dictó el auto que concedió la impugnación
interpuesta por Canteras de Florencia Ltda. Y este expediente se envió
32
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
nuevamente a la Secretaría General el 28 de agosto de 2024. De acuerdo con la
consulta realizada al radicado Nro. 11001-03-15-000-2024-02623-01, se advirtió que
la segunda instancia en esta acción fue repartida el 6 de septiembre de 2024.
Visto lo anterior, se considera que no se presentó vulneración al derecho de acceso
a la administración de justicia de la sociedad dado que el trámite que se le impartió
al proceso Nro. 11001-03-15-000-2024-02623-00 se dio dentro de unos términos
prudenciales, tendiendo en cuenta ciertas dificultades técnicas en las
notificaciones, atención de múltiples memoriales y otras actuaciones que se
debieron. De ahí que este despacho no se encuentre de acuerdo con lo afirmado por
el accionante cuando indicó que para la fecha de radicación de esta acción de tutela
(1 de agosto de 2024) no se había dictado fallo de instancia, cuando lo cierto fue que
el proyecto de fallo se registró el 19 de julio de 2024, se dictó sentencia el 25 de julio
de esta misma anualidad, y se notificó el mismo 1° de agosto de 2024. Tan es así,
que el mismo accionante podía revisar ese trámite constitucional a través del
aplicativo Samai al cual ya tenía acceso.
A su vez, se disiente del argumento según el cual este despacho incurrió en
mora al dictar el auto que concede la impugnación, pues como se evidencio
(sic) en la narración del trámite, la Secretaría General presentó un inconveniente
con la notificación de la Agencia Nacional de Minería al no haber recibido acuse de
la misma, situación que llevó a realizar varias solicitudes al Equipo de Soporte del
Correo de la Rama Judicial, para que existiera certeza de la notificación en debida
forma, circunstancia que como se mencionó anteriormente es de conocimiento de la
accionante al tener acceso al expediente digital. Esto quiere decir que no existió
inactividad o negligencia por parte de la Secretaría General o de este despacho al
tramitar el expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-2024-02623-00, como se
evidenció […]”. (Resaltado por la Sala)
72. Asimismo, la Sala observa que lo que allegó la autoridad judicial accionada
corresponde con las actuaciones que obran dentro de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial – SAMAI, tal cual como se evidencia a continuación44:
44 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002024026230011
00103.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
73. En ese orden de ideas, de conformidad con lo expuesto, se observa que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió auto el 27 de agosto de 2024,
mediante el cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Conceder la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de tutela de primera instancia, dictada en el asunto de la referencia.
2. Remitir el expediente a la Secretaría General de la Corporación para que someta
a reparto la impugnación, conforme con el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019,
dictado por el Consejo de Estado.
3. Efectuado el reparto, remítase al despacho que corresponda, previa comunicación
a las partes […]”.
74. Igualmente, la Sala advierte que la anterior providencia se notificó el 29 de
agosto de 2024.
75. De la lectura del escrito de tutela se advierte que la pretensión de la actora
se dirigía a que “[…] Se ordene al Consejo de Estado Sección Cuarta estudiar,
resolver y otorgar la impugnación presentada dentro de la acción de tutela de la
referencia radicado No 2024-02623-00 […]”, pretensión que se cumplió con el auto
de 27 de agosto de 2024, el cual fue debidamente notificado.
76. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se presentó la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de
la presente acción de tutela45, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió y
notificó el auto de 27 de agosto de 2024, en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 110010315000202402623-00.
77. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente46:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante47. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
45 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 1.° de agosto de 2024.
46 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
47 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
34
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado48 […]”. (Resaltado por la Sala).
78. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que, durante el trámite de la acción de tutela,
la autoridad judicial demandada profirió el auto que resolvió sobre la impugnación
que presentó la actora, y, con ello, se dio solución a lo pretendido por la actora en
su solicitud, por lo tanto, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del
amparo.
Análisis de la presunta mora judicial en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales identificado con el
número único de radicación 250002336000202300229-00
79. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por la actora a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Secretaría de la Sección Tercera de dicho Tribunal.
80. En efecto, la actora pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela
se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de la Sección
Tercera de dicho Tribunal, con ocasión a que “[…] han trascurrido (sic) casi 60 días
desde entonces y la secretaria (sic) no rinde su informe del expediente al despacho
para su ingreso y para que el despacho pueda darle trámite para dictar sentencia
[…]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación
250002336000202300229-00.
81. Al respecto, la Sala advierte que la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
48 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
35
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
“[…] Al proceso de controversias contractuales de conocimiento del Despacho
Judicial que dirijo, se celebró audiencia inicial el 30 de mayo de 2024, en la cual se
resolvió, avanzar a la etapa de alegatos de conclusión, concediéndoles el término
de 10 días a las partes y el Ministerio Público, para que presentaran por escrito sus
alegatos.
En ese sentido, el 6 de junio de 2024, se remitió el expediente a la Secretaría de la
Sección Tercera, para que permaneciera allí, en aras de recibir los referidos alegatos
y se agotara dicha etapa procesal.
Es del caso precisar que el expediente se encuentra en la Secretaría, y no ha
ingresado al Despacho para fallo, en tanto, si bien ya se cumplió la etapa de
alegatos de conclusión, la secretaría también maneja un sistema de turnos
para el trámite de los respectivos asuntos, y en atención a éste, se procede a
efectuar el ingreso de los casos al Despacho, según corresponda, turno que
está sujeto al trámite de los 462 procesos que se hallan a cargo de esta sede.
Teniendo en cuenta que ya se ha completado el trámite y cumplido el término
correspondiente, se ha dispuesto en la fecha requerir a la Secretaría el ingreso
del expediente al Despacho, para la ubicación en turno de fallo.
Debo informar al H. Magistrado que, una vez ingresado el proceso al Despacho, el
caso quedará en turno para fallo, en estricto orden, teniendo en cuenta que se
encuentran ya ingresados para fallo 120 procesos, por lo que el asunto objeto de
tutela, estaría sujeto al turno que le corresponda al interior del Despacho, mismo que
atiende las disposiciones del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que indica: “Es
obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden
pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”
[…]”.
[…]
“[…] No sobra manifestar que lo que se admite como mora judicial con incidencia en
los derechos fundamentales, es lo que corresponde a demoras irrazonables e
injustificadas en la sustanciación y resolución de los asuntos a cargo de la respectiva
sede judicial, lo cual no es el caso; en efecto, el trámite del proceso de
controversias contractuales 2023-00229 se ha surtido dentro de plazos y
términos razonables, acordes con el inventario de procesos y la carga de
asuntos que debe evacuar el Despacho, de manera que, pese a lo manifestado
por el accionante, se ha impreso toda la diligencia y la atención al proceso,
dentro de plazos que resultan compatibles en el contexto en el que debe operar
este estrado.
Es entendible que, en cada caso, la parte que interviene tenga todo el interés en que
se sustancie y resuelva de fondo la causa que promueve con toda la celeridad
posible; sin embargo, ello debe atender a condiciones objetivas y estructurales
de la administración de justicia asociadas a la congestión sistemática e
insuficiencia de personal, que impiden que los procesos se resuelvan en
términos en general mucho más breves. En eso está empeñado el Despacho a
cargo del suscrito Magistrado, y es justo eso lo que ha permitido que se reduzcan
los términos de trámite y resolución a tiempos cada vez menos dilatados, así que la
sentencia que se deba emitir en el asunto que interesa al accionante, se proferirá
siguiendo el sistema de turnos, en el orden que corresponda una vez ingresado al
despacho, de conformidad con la Ley […]”. (Resaltado por la Sala)
36
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
82. Asimismo, la Sala observa que las actuaciones del proceso de la referencia
que obran dentro de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI,
corresponden con las siguientes49:
83. En ese orden de ideas, de conformidad con lo expuesto, se observa que, el
16 de septiembre de 2024, el proceso ingresó al Despacho para sentencia.
84. De la lectura del escrito de tutela se advierte que la pretensión de la actora
se dirigía a que “[…] Se le ordene a la secretaria (sic) de la Sección Tercera - Sub
Sección (sic) C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rendir informe dentro
del proceso de controversias contractuales con Radicado No
25000233600020230022900 y pasar el expediente al despacho para sentencia
[…]”, pretensión que se cumplió de conformidad con lo expuesto supra.
85. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se presentó la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de
la presente acción de tutela50, la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente al Despacho de la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para proferir sentencia.
86. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente51:
49 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023360002023002290025
00023.
50 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 1.° de agosto de 2024.
51 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante52. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado53 […]”. (Resaltado por la Sala).
87. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que, durante el trámite de la acción de tutela,
la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió el expediente al Despacho de la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para proferir sentencia, y, con ello, se dio
solución a lo pretendido por la actora en su solicitud, por lo tanto, se garantizó por
completo lo pretendido en el escrito del amparo.
Análisis de la presunta mora judicial en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 110010326000201600096-00
88. La Sala abordará el reparo que propuso la actora relacionado con que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión a que “[…] El pasado mes de JUNIO, día 21 de la
presente anualidad presento (sic) nuestra apoderada judicial SOLICITUD DE
PRELACION DE TURNO PARA DICTAR SENTENCIA dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento de derechos con RADICACION No. 11001-03-26-000-
2016-00096-00 (57376) […] la cual hasta el día de hoy no ha recibido respuesta
alguna ni se ha elaborado o proyectado auto para su estudio […]”
89. Al respecto, la Sala advierte que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Ahora bien, en punto a los reparos del accionante, el Despacho ha realizado las
actuaciones que corresponden conforme a las particularidades del caso, así:
después de admitida la demanda, surtido el trámite de notificación y resueltos los
52 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
53 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
38
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
memoriales y solicitudes que se presentaron, se llevó a cabo la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), y en esa diligencia esta Judicatura decretó la práctica de dos dictámenes
periciales, uno a cargo de perito contable, y otro, por perito especialista en derecho
minero energético, este último de manera oficiosa […]”.
[…]
“[…] Seguidamente, Canteras de Florencia Ltda. manifestó que desistía del dictamen
pericial contable, requerido en la demanda y decretado en audiencia inicial.
Luego, el accionante requirió a este Despacho para que diera impulso procesal y
fijara fecha de audiencia de alegatos finales, en memorial electrónico del quince (15)
de julio de dos mil veintidós (2022), afirmó que existen otros procesos que ya tienen
fecha de audiencia y otros que están para fallo siendo más recientes que el sub lite.
Todas esas solicitudes y memoriales fueron presentados directamente por el
representante legal de Canteras de Florencia Ltda., por lo que el Despacho,
mediante auto del veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022), le informó que
debía actuar por medio de su apoderado conforme lo dispone el artículo 160 del
CPACA.
Por auto del treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022), el Despacho aceptó
la revocación del poder y reconoció personería a su nuevo apoderado.
Posteriormente, en auto del seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2022), esta
Judicatura no accedió a la incorporación de nuevas pruebas allegadas por la parte
demandante, aceptó el desistimiento de la prueba pericial solicitada por el apoderado
judicial de la actora, puso a disposición de la Secretaría de la Sección el presente
expediente, y requirió al nuevo apoderado para que aportara original o copia de la
comunicación enviada a la sociedad demandante con la que informó acerca de la
renuncia presentada […]”.
[…]
“[…] En auto del nueve (9) de junio de dos mil veintitrés (2023), se informó que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, los procesos
deben fallarse en el estricto orden en que ingresaron al Despacho para dictar
sentencia.
El señor Ángelo Andrés Ucros Ospino, representante legal de Canteras de Florencia
Ltda., en escritos del veintiséis (26) y del veintiocho (28) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023) y en ejercicio del derecho de petición, solicitó: (i) copia digital del
expediente de la referencia, (ii) impulso procesal, y (iii) alteración del turno de fallo.
Frente a la solicitud de copias, este Despacho, el veintiséis (26) de septiembre de
dos mil veintitrés (2023), envió el expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho a digitalizar.
Posteriormente, la Secretaría de la Sección Tercera, en oficio del seis (6) de octubre
de la misma anualidad, esto es, ocho (8) días después del requerimiento radicado
por el actor, informó a todos los sujetos procesales que en el Sistema de Gestión
Judicial – SAMAI – obra el expediente digital, y que, en ese sentido, una vez los
usuarios se encontraran registrados y activos, podrían consultar las actuaciones
correspondientes.
39
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
En cuanto al impulso procesal, el suscrito magistrado ponente, en autos del nueve
(9) de junio y del dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), le informó al
señor Ucros Ospino en que turno para fallo se encuentra el expediente […]”.
[…]
“[…] La Subsección C, en auto del cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés
(2023), resolvió solicitud de prelación de fallo y de expedición de copias.
Nuevamente, el aquí tutelante radicó impulso procesal, el dieciocho (18) de
diciembre de dos mil veintitrés (2023) y, el 15 de enero de 2024, interpuso reposición
en contra del auto que negó la prelación de fallo, recurso que, en auto del veinticuatro
(24) de abril de dos mil veinticuatro (2024), fue rechazado por improcedente.
Finalmente, el apoderado de la parte demandante presentó nueva solicitud de
prelación de fallo, el 21 de junio de 2024. Además, el 24 de julio siguiente, el señor
Ucros Ospino formuló escrito en ejercicio del derecho de petición, en el que requirió
que se declarara la pérdida de competencia para dictar fallo, al considerar vencidos
los términos contenidos en el artículo 121 del CGP.
Al respecto, es preciso denotar que este Despacho, por un lado, registró
proyecto de auto, el 11 de septiembre de 2024, para ser discutido por la Sala
en la sesión programada para el 18 de septiembre siguiente, en el que se
resolverá, una vez más, la solicitud de prelación de fallo y otros asuntos; y, por
otro lado, dio respuesta a la petición del 24 de julio de 2024, por auto del 6 de agosto
del mismo año, en el que le informó que el artículo 121 del CGP no rige en la
jurisdicción contencioso administrativa, decisión comunicada al interesado el 6 de
agosto del mismo año.
En los anteriores términos, dado que este despacho ha dado trámite y resuelto
las peticiones interpuestas por el demandante, no existe vulneración de
derechos fundamentales y hay lugar a negar las pretensiones de tutela […]”.
(Resaltado por la Sala)
90. Asimismo, la Sala observa que lo que allegó la autoridad judicial accionada
corresponde con las actuaciones que obran dentro de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial – SAMAI, tal cual como se evidencia a continuación54:
54 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103260002016000960011
00103.
40
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
91. Del recuento procesal expuesto supra y de conformidad con el acervo
probatorio, la Sala advierte que en efecto a la fecha no se ha resuelto la solicitud de
prelación de sentencia presentada por la actora; sin embargo, se advierte que, para
tal efecto, el 11 de septiembre de 2024, se registró el respectivo proyecto de auto
para ser discutido en Sala.
92. Además, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los términos
por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración de los
derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad acatar los
tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que existen
circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.
93. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que hubo una
actuación reciente para resolver la solicitud que presentó la actora y que la autoridad
judicial accionada ha sido diligente con el trámite de dicho proceso tal como se
observa del informe rendido por dicha autoridad y el registro que obra en SAMAI, a
lo cual se suma que han sido múltiples las solicitudes que la actora ha presentado
y que en efecto han sido resueltas.
94. En ese orden de ideas, la Sala negará la solicitud de tutela, toda vez que se
advierte que la autoridad judicial accionada no ha sido negligente en el trámite del
proceso objeto de estudio y que recientemente hubo una actuación encaminada a
resolver la solicitud de la actora.
Conclusiones de la Sala
95. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) declarará la improcedencia de la acción de
tutela frente al auto de 6 de agosto de 2024 proferido por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado; ii) declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de la Sección Tercera de
dicho Tribunal; y iii) negará la solicitud de tutela presentada por la actora frente a la
presunta mora judicial en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
41
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 110010326000201600096-00.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Agencia Nacional de Minería, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente al auto de
6 de agosto de 2024 proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Secretaría de la Sección Tercera de dicho Tribunal, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR la solicitud de tutela presentada por la actora frente a la presunta
mora judicial en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010326000201600096-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
42
Núm. único de radicación: 110010315000202404406-00
Actora: Canteras de Florencia Ltda.
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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