RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-31-004-2003-01887-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-004-2003-01887-01

Responsabilidad fiscal: elementos

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-31-004-2003-01887-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por Jaime Hidalgo Ballesteros, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-31-004-2003-01887-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

21 de junio de 2018

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Etapas / AUTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS – Requisitos / AUTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS – Traslado / DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE DEFENSA EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Vulneración por no permitir presentar descargos y pedir pruebas

[E]l artículo 50 referido [Ley 610 de 2000] en la resolutiva del auto objeto de análisis constituye la principal oportunidad procesal para que los investigados ejerzan el derecho de defensa que les asiste en el juicio fiscal, en consideración a que consagra el término para “presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer”. Para garantizar la efectividad del derecho de defensa del investigado, la norma previó que durante el término de los diez (10) días siguientes a la notificación el expediente debía permanecer disponible en la Secretaría a disposición de los sujetos procesales. Sin embargo, la Contraloría concedió la posibilidad a los investigados de interponer el recurso de reposición, evento en el cual el término para ejercer el derecho de defensa sólo empezaría a correr cuando se resolviera éste, desconociendo posteriormente su propia disposición al “negar por improcedente” el recurso que efectiva y oportunamente interpuso el señor Jaime Hidalgo Ballesteros. Lo anterior, por cuanto en la misma providencia que resolvió sobre la procedencia del medio de impugnación referido, decidió decretar las pruebas, pretermitiendo íntegramente la oportunidad que tenía el investigado para ejercer el derecho de defensa, con el agravante de que la providencia no se notificó en forma personal. […] La Sala destaca que la siguiente actuación de la Contraloría fue el proferimiento de un fallo sin responsabilidad fiscal que, en consecuencia no afectaba los intereses del investigado, motivo por el cual el que el mismo hubiera guardado silencio frente a esta decisión no puede tenerse como convalidación de la irregularidad, habiéndola alegado en su siguiente intervención en el proceso con posterioridad al fallo con responsabilidad que se profirió en grado de consulta. Adicional a lo expuesto, la Sala considera que no es de recibo el argumento de la entidad pública recurrente en el sentido de que no se vulneró el derecho al debido proceso del investigado toda vez que los argumentos de descargos y las pruebas las podía presentar incoando el recurso de reposición contra el auto 151 del 12 de julio de 2002 y recursos de reposición y apelación contra el fallo No. 062 del 2 de agosto de 2002, proferido por la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia. En efecto, en el primer auto mencionado –151 del 12 de julio de 2002– expresamente se señaló que no procedía recurso alguno, lo cual se reiteró en la diligencia de notificación en la que se dejó constancia de sólo podía ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior significa que la oportunidad que señala la apelante, no se dio en sede administrativa como tampoco se concedió a través de los recursos que señaló la ilegítima actuación de la Contraloría desplegada a través del proferimiento de un segundo fallo con responsabilidad fiscal, con el valor indexado de lo que consideró era el detrimento patrimonial causado, pues el mismo Contralor Departamental consideró que la apelación era improcedente y que la actuación no correspondía a la que ha debido realizar el Director de Control Fiscal.

RESPONSABILIDAD FISCAL – Elementos / FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Determinación del grado de culpabilidad de la conducta / FALTA DE MOTIVACIÓN DE FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Al omitir el análisis del grado de culpabilidad del investigado

[L]e asiste igualmente razón al Tribunal cuando consideró que el acto administrativo estaba viciado de nulidad por no haberse motivado en debida forma el grado de culpabilidad de la conducta que, como se analizó al revisar el marco teórico, constituía un elemento esencial de la responsabilidad fiscal que debió haberse estructurado desde el auto de imputación de cargos. No obstante, en tal oportunidad solamente se dijo que actuaron con culpa, citándose el parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 610 de 2010, en la redacción vigente para la época de los hechos que consideraba que podía ser leve, aparte posteriormente declarado inexequible en la Sentencia C-619 de 2002, proferida por la Corte Constitucional que a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional, consideró que sólo podía deducirse responsabilidad fiscal por encontrar demostrado en grado de plenitud probatoria el dolo o la culpa grave. Posteriormente, cuando se dictó fallo con responsabilidad fiscal, se omitió igualmente el análisis del grado de culpabilidad del investigado, limitándose el ente fiscalizador a expresar que “aquí se configura un manejo ligero y superficial de los intereses del departamento, constitutivo de la culpa por lo menos de la leve y quizá hasta de la grave”, sin que se concrete cuál de ellas se configuró en el caso concreto, agravando la situación que se había dispuesto en el auto de imputación, violándose igualmente la congruencia que debía acompañar el debido proceso. Cabe destacar que para la época de los hechos, la Ley 678 de 2001, cuyos criterios resultan aplicables al juicio de responsabilidad fiscal, establece los eventos en los cuales se presume la configuración de la culpa grave, sin que ninguno de ellos se hubiera traído como sustento de la decisión. Resulta suficiente la ausencia de uno solo de los elementos de la responsabilidad fiscal para que esta no pueda considerarse válidamente establecida y, en caso concreto, el Tribunal encontró que no se motivó la culpa grave, elemento esencial, como tampoco el daño consolidado, en la medida en que las resoluciones que fijaron los intereses moratorios se incluyeron en el acta de liquidación del contrato y ello estaba siendo objeto de debate en sede judicial, por lo que no podemos hablar de un detrimento patrimonial consolidado.

FUENTE FORMAL: LEY 610 DE 2000 / LEY 678 DE 2001

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA – DESCONGESTIÓN

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 05001-23-31-004-2003-01887-01

Actor: JAIME HIDALGO BALLESTEROS

Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia – Confirma sentencia que declaró la nulidad de los actos administrativos censurados – Se analiza el derecho al debido proceso en el juicio de responsabilidad fiscal y el grado de culpabilidad.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia dictada el 22 de enero de 2012, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Jaime Hidalgo Ballesteros contra la Contraloría General de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

Mediante escrito radicado el 21 de mayo de 2003 en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, el señor Jaime Hidalgo Ballesteros, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Contraloría General de Antioquia, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1.1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

El fallo de responsabilidad fiscal contenido en el Auto nro. 151 del 12 de julio de 2002, dictado por el Contralor General de Antioquia, en el proceso radicado 27-045-2000, por la suma de setecientos treinta y un millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos moneda legal ($731.755.291).

El fallo con responsabilidad fiscal nro. 062 del 28 de agosto de 2002, dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por la suma de novecientos cuarenta y tres millones quinientos noventa y cuatro mil doce pesos moneda legal ($943.594.012).

El Auto nro. 51 del 21 de noviembre de 2002, dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por el cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal nro. 62, proferido por el mismo funcionario el 28 de agosto de 2002, en el sentido de confirmarlo en todas sus partes.

El Auto nro. 353 del 23 de diciembre de 2002, dictado por el Contralor General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal nro. 62 del 28 de agosto de 2002, proferido por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, en el sentido de declararlo improcedente.

En forma subsidiaria a las anteriores pretensiones, solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

“3.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal conformado, como una unidad, por las siguientes providencias: (i) El fallo con responsabilidad fiscal contenido en el Auto No. 151, dictado por el Contralor General de Antioquia el día 12 de julio de 2002, proferida en contra del señor Jaime Hidalgo Ballesteros en cuantía de setecientos treinta y un millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos ($731.755.291) moneda legal colombiana dentro del proceso de responsabilidad fiscal Nro. 27-045-2000, y (ii) el Auto No. 353, dictado por el Contralor General de Antioquia el 23 de diciembre de 2002 en el mismo proceso de responsabilidad fiscal”.

3.2.2. El fallo con responsabilidad fiscal conformado, como una unidad, por las siguientes providencias: (i) El fallo con responsabilidad fiscal No. 062 dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia el 28 de agosto de 2002, proferido en el proceso de responsabilidad fiscal radicado bajo el No. 27-045-2000 en contra del señor Jaime Hidalgo Ballesteros en la suma de novecientos cuarenta y tres millones quinientos noventa y cuatro mil doce pesos ($943.594.012) moneda legal colombiana; (ii) El auto No. 051, dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia el día 21 de noviembre de 2002, proferido en el mismo proceso de responsabilidad fiscal por el cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra el precitado fallo con responsabilidad fiscal Nro. 062, confirmándolo (ratificándolo) en todas sus partes; y (iii) El Auto No. 353, dictado por el Contralor General de Antioquia el día 23 de diciembre de 2003, por el cual se decide no acceder a desatar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal Nro. 062 mencionado arriba.

3.3. Como consecuencia de la declaración de nulidad impetrada de acuerdo con las pretensiones anteriores, a título de restablecimiento del derecho se pide lo siguiente:

3.3.1. Que no existe para el demandante la obligación de pagar al tesoro departamental las cantidades de ($731.755.291 y $943.594.012) que se le deducen como alcance mediante los actos administrativos cuya nulidad se pide.

3.3.2. Que se condene a la Contraloría General de Antioquia a pagar al Sr. Jaime Hidalgo Ballesteros, por concepto de indemnización por perjuicios morales, la cantidad equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la fecha del fallo respectivo o la mayor suma que de acuerdo con la jurisprudencia y el ordenamiento positivo vigentes en el momento del fallo sea procedente.

3.3.3. Que de condene a la Contraloría General de Antioquia a reintegrar al Sr. Jaime Hidalgo Ballesteros todas las sumas de dinero que éste llegare a pagar como consecuencia de la ejecución de los fallos con responsabilidad fiscal a que se refiere el presente proceso.

3.3.4. Que se ordene que las sumas correspondientes al numeral inmediatamente anterior se indexen o actualicen hasta la fecha del reembolso y sobre ellas, además se reconocerán intereses desde la fecha de pago por parte del demandante hasta la fecha del reembolso que se solicita y, a partir del fallo, que se reconozcan intereses moratorios sobre los valores así causados.

3.4. En caso de ser procedente en su momento, que se condene en costas a la entidad pública demandada.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2.1. El Departamento de Antioquia, ordenó la apertura de la Licitación Pública Nro. 012 de 1996, para contratar la distribución de los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia – FLA, en ocho (8) zonas o regiones, con fundamento en la cual se celebraron un número igual de contratos por el término de cuatro (4) años, contados a partir del mes de diciembre de 1996, los que fueron cedidos a la sociedad Licoantioquia S.A.

2.2. En el año 1998, fecha para la cual el demandante se desempeñaba como Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, cargo que ejerció desde el mes de enero de 1998 hasta el mes de diciembre de 2000, se suscribió un acta de acuerdo con la sociedad cesionaria de los contratos, en el que se incluyeron las compras mínimas que debía realizar.

2.3. En cumplimiento del acuerdo referido, el 14 de diciembre de 1998 la sociedad Licoantioquia S.A. hizo los pedidos números 126, 127, 128 y 129, por la cantidad de 3.562.752 unidades de 750 cc, por un valor total de $21.791.270.502.00, cuyo pago se realizó con cheques girados en favor del ente territorial.

2.4. Los referidos títulos valores fueron consignados por el tenedor, unos el 29 de enero de 1999 y los otros el 15 de febrero de la misma anualidad, habiendo sido pagados los primeros y devueltos los segundos, por la causal de “fondos insuficientes”, por un valor total de $9.184.228.760.oo.

2.5. Los cheques que resultaron impagados se le devolvieron a la sociedad, quien los cambió por títulos a la vista que se hicieron efectivos el entre los días 24 de febrero y 8 de marzo de 1999, iniciándose gestiones posteriores. encaminadas a obtener el pago de los intereses moratorios sobre la suma pagada en forma tardía, así como el importe de la sanción comercial prevista en el artículo 731 del Código de Comercio.

Para hacer efectivos los intereses comerciales, el Gobernador del Departamento expidió las Resoluciones 8197 del 9 de septiembre de 1999 y 9507 del 28 de octubre de 1999.

2.6. El 18 de agosto de 1999, la Delegada Sectorial de la Contraloría General de Antioquia ante la Secretaría de Hacienda Departamental puso en conocimiento de la Dirección de Responsabilidad Fiscal las presuntas irregularidades y el posible detrimento patrimonial originado en la omisión en el cobro de una multa por valor de $1.836.645.752, por la devolución de 19 cheques por fondos insuficientes, lo cual originó la apertura de indagación preliminar, mediante Auto 056 del 13 de septiembre de 1999, por la Unidad Especial de Investigaciones de la Contraloría General de Antioquia.

2.7. Según Auto 124 del 17 de noviembre de 2000, se cerró la indagación preliminar y se dispuso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

2.8. Mediante auto 115 del 29 de agosto de 2000, se imputó responsabilidad fiscal a i) Jaime Hidalgo Ballesteros, en su calidad de Secretario de Hacienda Departamental, para la época de los hechos; y a ii) Asdrubal Gómez Restrepo, extesorero departamental de Antioquia, providencia que igualmente se le notificó a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.

En esta oportunidad procesal, la culpa se calificó como leve, de conformidad con lo dispuesto por el entonces vigente parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 610 de 2000.

En el artículo quinto de la resolución en referencia, se decidió que “De conformidad con el artículo 50 de la Ley 610 del 2000, se dará traslado de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto o de la desfijación del edicto, si no presentan recurso de reposición, para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el mismo y solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer.”

2.9. En consideración a que en la misma decisión se dio la oportunidad de presentar el recurso de reposición, el apoderado del investigado y la compañía aseguradora lo interpusieron, siendo “negado por improcedente”, según Auto 22 del 21 de diciembre de 2001, en el cual igualmente se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio consideró pertinentes practicar el ente de control.

2.10. El Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General Antioquia, profirió el Auto 020 del 10 de mayo de 2002, por medio del cual dictó fallo sin responsabilidad fiscal.

Lo anterior, por considerar que la suma de dinero que hipotéticamente representa la sanción consagrada en el artículo 731 del C. de Co., respecto de los cheques no pagados por insuficiencia de fondos, no ingresó en las arcas departamentales, por cuanto la entidad territorial no ejerció la acción cambiaria ante la jurisdicción ordinaria, por consiguiente nunca formó parte del patrimonio público del Departamento, ni es un bien del Estado, en consecuencia sobre tales recursos jamás pudo ejercitarse gestión fiscal.

Consideró que el proceso carece de objeto, toda vez que no se puede predicar gestión fiscal respecto de bienes que no hacían parte del patrimonio público departamental, sino que constituían una mera expectativa de declaratoria, vía administrativa o judicial.

2.11. El fallo anterior fue remitido al superior jerárquico del funcionario que lo profirió para que ejerciera el grado de consulta, en virtud del cual el Contralor General de Antioquia dictó el Auto 151 del 12 de julio de 2002, por el cual revocó el fallo sin responsabilidad fiscal número 020 del 10 de mayo de 2002 en favor de Jaime Hidalgo Ballesteros y lo confirmó en favor del tesorero departamental Asdrubal Gómez Restrepo.

En su lugar, dictó fallo con responsabilidad fiscal en contra del referido funcionario y consideró civilmente responsable a la compañía garante de la póliza de manejo global de empleados departamentales La Previsora S.A., por valor de $731.755.291.

En el artículo 6º de la parte resolutiva de la providencia se precisó que “Contra el presente Auto no procede recurso alguno, solo, una vez en firme, es impugnable ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, artículo 59 de la Ley 610 de 2000.”

En esta oportunidad, en primer lugar, consideró que la sanción que consagra el artículo 731 del Código de Comercio es un derecho patrimonial y la omisión de su cobro es un daño para la administración por dejar perder un activo, por lo que precisó que el a quo confundió la noción de dinero en caja o bien físico con la noción de activos. Sin embargo, estimó que como los cheques no fueron presentados en tiempo no había lugar a reclamar la sanción del veinte por ciento (20%), razón por la cual consideró que por este concepto no había lugar al fallo con responsabilidad.

Sin embargo, advirtió que, en lo que corresponde al cobro de los intereses moratorios que se ocasionaron por la devolución de los cheques, debía dictarse fallo con responsabilidad fiscal, por cuanto los mismos se liquidaron por parte del Gobernador del Departamento, mediante Resoluciones números 8197 y 9507 expedidas en el año 2009, sin que se haya obtenido el pago por parte de Licoantioquia S.A., lo cual configura un manejo ligero y superficial de los intereses patrimoniales del ente territorial.

En esta oportunidad, en relación con la fase subjetiva de la responsabilidad fiscal se consideró que “se configura un manejo ligero y superficial de los intereses del Departamento, constitutivo de la culpa por lo menos de la leve y quizá hasta grave”.

2.12. El acto administrativo fue notificado en forma personal al apoderado especial del funcionario el 27 de julio de 2002, con constancia expresa de que contra el mismo no procedía recurso alguno.

2.13. El 1º de agosto de 2002, tanto el investigado como su apoderado interpusieron recurso de reposición contra el Auto 151 del 24 de julio de 2002 y, en subsidio, solicitaron la revocatoria directa, los cuales fueron negados mediante auto del 13 de agosto de 2002.

2.14. El 28 de agosto de 2002, la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, acatando la decisión del superior jerárquico, profirió nuevamente fallo con responsabilidad fiscal en el expediente 27-045-00, indexando el valor por el cual fue hallado responsable el implicado por la suma de $731.755.291, con el índice de precios al consumidor, lo cual arrojó un total de $943.594.012.

En el artículo cuarto de la parte resolutiva del fallo precisó que “contra la presente providencia proceden los recurso de reposición y en subsidio de apelación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo”.

2.15. El apoderado del investigado solicitó la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso y la pretermisión del término del traslado para presentar descargos y aportar o solicitar pruebas, al tiempo que interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, contra la decisión anterior, el primero de los cuales fue resuelto según Auto 051 del 21 de noviembre de 2012, que negó la nulidad y ratificó el fallo con responsabilidad fiscal.

2.16. El recurso de apelación fue resuelto por el Contralor General de Antioquia, mediante auto 353 del 23 de diciembre de 2002, en el que decidió “No acceder a desatar el recurso de apelación impetrado por los apoderados de las partes implicadas, por su improcedencia jurídica de acuerdo a lo motivado, ordenándose continuar con lo decidido por el Superior en Auto 151 de julio 12 de 2002.”

Lo anterior, por considerar que la Dirección de Responsabilidad Fiscal ha debido continuar el trámite señalado en el artículo 58 de la Ley 610 de 2000 y, contrario a ello, dictó un nuevo fallo con responsabilidad fiscal –el número 62 del 28 de agosto de 2002–,en el que otorgó unos recursos “reviviendo imposibles jurídicos”.

En la parte motiva de la decisión consideró que los actos posteriores eran inexistentes, sin embargo ello no se dejó establecido en la parte resolutiva de esta decisión.

3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

3.1. La parte demandante señaló como disposiciones quebrantadas las siguientes:

Artículos 6, 13, 29, 90, 124 y 268 numeral 5º de la Constitución Política.

Artículos 4, 5, 6, 36, 38, 39, 45, 46, 49, 50, 51 y 52 de la Ley 610 de 2000.

Artículos 2, 3, 44, 47, 48, 50, 61, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo.

3.2. Violación del derecho al debido proceso

Al respecto, previo desarrollo in extenso del marco constitucional y legal que regula el derecho al debido proceso, consideró que el mismo se vulneró en el caso concreto, por los argumentos que expuso así:

3.2.1. En el auto por medio del cual se realizó la imputación y en el acta de notificación personal expresamente se le informó que contra dicha decisión procedía el recurso de reposición y que únicamente cuando el mismo se resolviera empezaba a correr el término de diez (10) días para presentar descargos y solicitar pruebas.

En consecuencia, obrando de acuerdo con lo expresado por el órgano de control, interpuso el recurso de reposición, sin presentar argumentos de defensa ni solicitar la práctica de pruebas, pues tenía la plena confianza generada por la entidad, de que para ello correría el término cuando se resolviera el recurso de reposición, como expresamente se había consignado en el auto recurrido y en el acta de notificación personal.

3.2.2. Calificó como arbitraria e ilegal la actuación posterior de la Contraloría General de Antioquia, por cuanto decidió que el recurso de reposición no era procedente y, en la misma providencia, “sin dejar transcurrir ningún término o plazo, decide sobre el decreto de pruebas en el proceso fiscal”.

Lo anterior implicó que no contó con la oportunidad procesal para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas para su defensa.

3.2.3. Agregó que, en forma igualmente ilegal, esa providencia que contenía dos decisiones, una relativa al recurso de reposición y otra al decreto de pruebas, se notificó por anotación en estado y no en forma personal como correspondía, lo que implicó que “jamás conoció esa actuación del órgano de control. Sólo cuando se dicta el primer fallo sin responsabilidad fiscal se entera de la actuación así surtida.”

3.2.4. Posteriormente, se surtió el grado de consulta del fallo sin responsabilidad fiscal, sin que se le haya permitido interponer recurso alguno, es decir, sin posibilidad de oponerse a la decisión, por lo que resultó vencido en juicio sin poder ejercer el derecho de defensa.

Se refirió al nuevo fallo con responsabilidad fiscal que, con posterioridad al dictado por el Contralor General de Antioquia, al resolver el grado de consulta, profirió la Dirección de Responsabilidad Fiscal, en el que se le concedieron los recursos de reposición y, subsidiario, de apelación, último que no se tramitó por considerarse improcedente.

Agregó que, no obstante que consideró improcedente el recurso “… no anula la actuación surtida con posterioridad a la decisión adoptada en la consulta. Es decir, la deja o conserva vigente en el mundo jurídico. No revoca ningún acto de los surtidos en la actuación posterior mencionada. Es decir deja vigentes dos fallos con responsabilidad fiscal, uno en cuantía de $731.755.291 y otro, en cuantía de $943.594.012.” l

3.3. Violación de las normas superiores que establecen la responsabilidad fiscal

3.3.1. La parte demandante precisó que la responsabilidad se fundamentó en el supuesto de hecho consistente en no haber gestionado lo necesario para el cobro de los intereses generados por causa del pago retardado efectuado por la sociedad Licoantioquia S.A., por concepto de adquisición de productos de la Fábrica de Licores de Antioquia.

3.3.2. Aclaró que se le imputó una supuesta falta de gestión y el monto del detrimento patrimonial se determinó por el equivalente al valor de los intereses, lo cual se realizó con total desconocimiento de los elementos que configuran la responsabilidad fiscal.
En efecto, en relación con la culpabilidad se le imputó la “culpa leve”, lo cual resulta contrario a las normas jurídicas contenidas en la Ley 610 de 2000, que exigen que la conducta objeto de reproche sea dolosa o culposa y si tiene esta última connotación la culpa debe ser grave, según la consideración de la Corte Constitucional, contenida en la sentencia C-619 de 2002.

3.3.3. Con respecto al daño patrimonial advirtió que el monto de los intereses liquidados se encuentra incluido en actos administrativos ejecutoriados en relación con los cuales la Administración tiene un crédito a su favor.

Indicó que, luego de haberse terminado la relación contractual con la sociedad Licoantioquia S.A. se dispuso la liquidación unilateral del contrato y se incluyó en la misma el valor de los intereses. Con posterioridad, “ante la demanda instaurada en ejercicio de la acción contractual por parte del contratista en contra del Departamento de Antioquia, en demanda de reconvención la entidad territorial pretende el pago de ese mismo valor. Todo ello significa que el valor de esos intereses de mora, aún en la actualidad, son un crédito a favor de la administración que se está haciendo exigible por la vía jurisdiccional.”

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Auto admisorio de la demanda

Mediante auto del 20 de junio de 2003, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y dispuso la notificación del Contralor General de Antioquia.

4.2. Contestación de la demanda – Contraloría General de Antioquia

La entidad, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda, precisando la situación fáctica que originó el proceso de responsabilidad fiscal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

4.2.1. Afirmó que es cierto que en el auto de imputación de cargos se afirmó que contra el mismo procedía el recurso de reposición y que el investigado lo interpuso en forma oportuna. Sin embargo, este recurso fue negado por improcedente en virtud de las normas establecidas en la Ley 610 de 2000.

Aseveró que, no obstante lo anterior el investigado tuvo la oportunidad de presentar descargos y allegar o solicitar la práctica de pruebas “aplicando la esencia y finalidad del derecho, del auto de imputación de responsabilidad fiscal”.

4.2.2. Consideró que, en efecto, el auto 22 del 21 de diciembre de 2001, por medio del cual se negó por improcedente el recurso de reposición contra el auto de imputación de cargos, no se notificó en debida forma, pero –a su juicio– esta irregularidad se saneó.

4.2.3. Aclaró que no existen dos fallos con responsabilidad fiscal, por cuanto en el segundo –062 del 28 de agosto de 2002– la entidad se limitó a indexar la suma de $731.755.291.oo, a que se refería el auto 151 del 12 de julio de 2002, estimada como daño patrimonial irrogado al Estado.

4.2.4. Consideró que los recursos que se reconocieron en esa oportunidad – reposición y apelación– no se encontraban consagrados legalmente, por lo que la actuación surtida por la Dirección de Responsabilidad Fiscal, con posterioridad a la ordenada por la segunda instancia, deviene inexistente por lo que el ad quem no estaba obligado a resolver el recurso de apelación, toda vez que ello no resultaba jurídicamente posible.

4.2.5. Concluyó afirmando que “… a pesar de estos intríngulis jurídicos, se conservó en favor del responsable fiscal, la garantía constitucional y legal del debido proceso…”.

4.3. Alegatos de conclusión

Precluida la etapa probatoria, por medio de proveído del 24 de abril de 2006, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, lo cual realizaron en los siguientes términos:

4.3.1. Contraloría Departamental de Antioquia

El apoderado judicial de la entidad, presentó escrito del 16 de julio de 2006, en el cual realizó in extenso un recuento de los hechos que dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal y al trámite dado al mismo, al tiempo que precisó la naturaleza jurídica y los elementos esenciales de éste.

En esta oportunidad se calificó como grave la culpa en que incurrió el funcionario en el manejo de los bienes del Departamento de Antioquia y se reiteraron en todo lo demás los argumentos expuestos con ocasión de la contestación de la demanda.

4.3.2. Alegatos de la parte actora

El demandante guardó silencio en esta oportunidad.

4.4. Concepto del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto.

4.5. Sentencia de primera instancia

4.5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 22 de enero de 2013, declaró:

1) La nulidad de la actuación administrativa contenida en el fallo número 020 del 10 de mayo de 2002 y en el Auto 151 del 12 de julio de 2002; y

2) A título de restablecimiento del derecho dispuso que el señor Jaime Hidalgo Ballesteros no tiene la obligación de pagar las sumas cobradas con ocasión de los actos administrativos que fueron declarados nulos y la Contraloría General de Antioquia, en caso de haber recibido dineros con ocasión de la responsabilidad fiscal atribuida al demandante, deberá devolver tales sumas indexadas.

3) Negó las demás pretensiones de la demanda.

4.5.2. El a quo consideró que las pretensiones de la demanda tenían vocación de prosperidad, toda vez que la Contraloría General de Antioquia vulneró el debido proceso del demandante en dos ocasiones, a saber: i) pretermitió la oportunidad para presentar descargos; y ii) notificó en forma irregular el auto que decidió el recurso de reposición interpuesto contra el auto por medio del cual imputó cargos.

4.5.2.1. Con respecto a la primera irregularidad, analizó detalladamente el trámite dado al proceso y el contenido del Auto No. 115 del 29 de agosto de 2001, por medio del cual la Contraloría General de Antioquia realizó la imputación de cargos.

Señaló que en el citado proveído se concedió a los investigados la posibilidad de interponer recurso de reposición y se dejó claro que el término de diez (10) días del traslado se contaría a partir de la notificación del auto que lo resolviera.

Lo anterior resultaba procedente, si se tiene en cuenta que la Ley 610 de 2000, en su artículo 66, tiene reenvío, en primer lugar al Código Contencioso Administrativo y luego al Código de Procedimiento Civil, de manera que, en aplicación del inciso 2º del artículo 120 de ésta codificación “Cuando se pida la reposición de un auto que conceda un término, o del auto a partir de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la ley, éste comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que resuelva el recurso”. (Negrillas incluidas en el texto)

Al respecto, advirtió que el ente investigador, en la misma providencia que negó por improcedente el recurso de reposición, abrió a pruebas el juicio fiscal, sin esperar a que corriera el término de diez (10) días que se le había concedido al investigado para presentar descargos, pedir y aportar pruebas, con lo cual, sin lugar a dudas, no le permitió al demandante defenderse.

4.5.2.2. Adicionalmente, la entidad no notificó en debida forma el mismo auto por medio del cual negó por improcedente el recurso de reposición, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, la notificación del auto que resuelve un recurso debe realizarse de manera personal, no obstante lo cual se realizó por estado.

Consideró que no es procedente el argumento expuesto por la Contraloría General de Antioquia, en el sentido de haberse convalidado la actuación, pues no sólo se pretermitió una etapa procesal, sino que con ocasión de la indebida notificación no conoció la decisión y no pudo presentar argumentos defensivos ni presentar o solicitar pruebas.

4.5.3. Por otra parte, al estudiar el cargo que se presentó contra la decisión de fondo en relación con la calificación de la culpa con fundamento en la cual se dictó el fallo con responsabilidad fiscal, consideró, previo recuento de la actuación procesal, que “No hay claridad en la decisión con respecto al tipo de culpa que se le imputa al accionante, no es expreso el acto administrativo en decir si hay culpa leve o culpa grave. Así consignó el Contralor en su decisión ‘aquí se configura un manejo ligero y superficial de los intereses del Departamento, constitutivos de la culpa por lo menos de la leve y quizá hasta de la grave’.”

Advirtió que el ente de control no estaba exonerado de motivar en debida forma el grado de culpabilidad que dedujo y no se puede afirmar que se trató de una culpa grave, como lo hace la Contraloría en sede judicial, “pues no es en esos términos en que se expresa el Contralor.”

4.5.4. En relación con el elemento referido a la certeza del daño patrimonial exigido por el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, consideró que el mismo no se había configurado para la fecha en que se dedujo la responsabilidad fiscal, por cuanto no se trata de una suma irrecuperable, sino de un crédito incluido en la liquidación de un contrato, el cual está siendo materia de cobro en sede judicial.

Recalcó que no había certeza del daño por cuanto el Departamento de Antioquia incluyó en las Resoluciones 8197 y 9507 la liquidación de los intereses moratorios causados y éstos a su vez se relacionaron en la liquidación unilateral del contrato que se encuentra en debate judicial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pendiente del fallo de segunda instancia que al respecto profiera el Consejo de Estado.

4.5.5. Concluyó su argumentación precisando que, por los vicios en el procedimiento que impactaron el debido proceso, por no haberse motivado la culpa y por no tratarse de un daño causado, se debía declarar la nulidad de los actos administrativos ante la confusión que generó la misma entidad con los recursos que fueron concedidos sin ser procedentes.

4.5.6. En relación con la providencia de cúmplase –Fallo No. 62– del 17 de agosto de 2002– “no habrá pronunciamiento comoquiera que se trata de una acto de ejecución, el cual correrá la suerte del acto que ejecuta”.

4.5.7. No accedió a los perjuicios morales, por considerar que no se probaron en el proceso ni se condenó en costas por no aparecer causadas.

4.6. Recurso de apelación interpuesto por la Contraloría General de Antioquia

4.6.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, con el fin de que revoque dicha providencia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
4.6.2. Reiteró el argumento expuesto en la contestación de la demanda en virtud del cual si bien concedió el recurso de reposición contra el auto de imputación de cargos y precisó que el término únicamente empezaría a correr cuando el mismo se resolviera, lo cierto es que tal medio de impugnación era improcedente, a la luz de la Ley 610 de 2000.

Consideró que no se vulneró el derecho al debido proceso del investigado toda vez que los argumentos de descargos y las pruebas las podía presentar “incoando el recurso de reposición contra el auto 151 del 12 de julio de 2002 (folios 1385, tomo 4); recursos de reposición y apelación contra el fallo No. 062 del 2 de agosto de 2002, proferido por la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia (folios 1455, tomo 4).” (Subrayas incluidas en el texto original)

4.6.3. Aceptó que igualmente se produjo una indebida notificación del auto 022 del 21 de diciembre de 2001, pero que esta irregularidad se convalidó.

4.6.4. Con respecto a la motivación de la culpa, argumentó que se evidenció que el actor omitió su debida actuación, la cual se encontraba contenida en el manual específico de funciones “y se integró en el universo normativo a él exigible, con lo cual la determinación del grado de culpabilidad, de acuerdo a lo expuesto en precedencia, logra la connotación de CULPA GRAVE, requerida para poder predicar su final responsabilidad fiscal”.

4.6.5. En relación con la certeza del daño, afirmó que para la Contraloría Departamental de Antioquia no existe duda sobre la certeza del daño, relacionando los hechos que dieron lugar a la responsabilidad fiscal.

4.7. Trámite en segunda instancia

Por auto del 17 de junio de 2014, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada y, mediante proveído del 31 de marzo de la misma anualidad, se corrió traslado a las partes para presentar alegaciones en segunda instancia y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

4.7.1. Alegatos presentados por la parte demandada

La entidad demandada guardó silencio en esta oportunidad.

4.7.2. Alegatos de la parte demandante

Guardó silencio.

4.7.3. Concepto del Ministerio Público en el trámite del recurso de apelación

El Ministerio Público no rindió concepto en el trámite de la segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con el artículo 129 del C.C.A y con el numeral 1º del Acuerdo número 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los Despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del citado acuerdo, el Despacho del Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla.”

2. Actos administrativos acusados

Los actos administrativos demandados son:

2.1. El fallo de responsabilidad fiscal contenido en el Auto nro. 151 del 12 de julio de 2002, dictado por el Contralor General de Antioquia, en el proceso radicado 27-045-2000, por la suma de setecientos treinta y un millones setecientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos moneda legal ($731.755.291).

2.2. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 062 del 28 de agosto de 2002, dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por la suma de novecientos cuarenta y tres millones quinientos noventa y cuatro mil doce pesos moneda legal ($943.594.012).

2.3. El Auto nro. 51 del 21 de noviembre de 2002, dictado por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por el cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal nro. 62 dictado por el mismo funcionario el 28 de agosto de 2002, en el sentido de confirmarlo en todas sus partes.

2.4. El Auto nro. 353 del 23 de diciembre de 2002, dictado por el Contralor General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación, interpuesto contra el fallo con responsabilidad fiscal nro. 62 del 28 de agosto de 2002, proferido por el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia, en el proceso nro. 27-045-2000, por medio del cual no accedió a desatar el recurso de apelación.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia apelada, para lo cual la Sala resolverá si los actos administrativos censurados se encuentran incursos en causal de nulidad por violación del debido proceso e infracción de normas de superior jerarquía en que debían fundarse.

Se resolverán los subproblemas jurídicos, referidos a i) establecer si se pretermitió el término para que el investigado presentara sus descargos y solicitara pruebas con ocasión del trámite que se le impartió al recurso de reposición interpuesto contra el auto que imputó cargos y si con ello se violó el derecho al debido proceso del investigado; y ii) si se motivó en debida forma la fase subjetiva de la responsabilidad fiscal, así como el elemento relacionado con la existencia de un daño patrimonial consolidado.

Lo anterior, por cuanto estos fueron los únicos motivos de inconformidad de la parte recurrente y aquellos frente a los cuales agotó una mínima carga argumentativa, si se tiene en cuenta que en el escrito de apelación no señaló los errores argumentativos en los que –a su juicio incurrió el Tribunal– ni desvirtuó las conclusiones a las que arribó en las demás consideraciones sobre las cuales se edificó la sentencia recurrida que decretó la nulidad de los actos que se profirieron en el juicio de responsabilidad fiscal.

4. Razones jurídicas de la decisión

4.1. Naturaleza jurídica del proceso de responsabilidad fiscal

El proceso de responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 268 numeral 5º y 272 de la Carta, en virtud de los cuales se desprende que el Contralor General de la República y los contralores de las entidades territoriales, tienen competencia para “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”.

La Sala destaca que para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la investigación fiscal –entre el mes de diciembre de 1998 y el 18 de agosto de 1999– y la fecha en que dictó el auto de apertura de la indagación preliminar se encontraba vigente la Ley 42 de 1993 "sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen", la que fue publicada en el Diario Oficial Nº 40.732 del 27 de enero de 1993.

Sin embargo, para el momento en que se dictó el auto de formal apertura de investigación fiscal –17 de noviembre de 2000– había entrado a regir la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, publicada en el diario oficial 44133 del 18 de agosto de 2000, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 resultaba aplicable al trámite procesal subsiguiente, por no haberse proferido el auto de apertura con anterioridad, por lo que el análisis del caso se realizará con sustento en esta normatividad.

En la referida ley se reguló el proceso de responsabilidad fiscal, el cual se divide en dos etapas que corresponden a la investigación y el juicio y a través del mismo se busca definir y establecer la responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal haya sido objeto de observación.

Sobre este proceso, a Corte Constitucional, en la Sentencia SU-620 de 1996, precisó sus principales características, en los siguientes términos:

“a) Es un proceso de naturaleza administrativa, en razón de su propia materia, como es el establecimiento de la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos o a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos…

b) La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un servidor público, o de una persona que ejerce funciones públicas, por el incumplimiento de los deberes que les incumben, o por estar incursos en conductas prohibidas o irregulares que afectan el manejo de los bienes o recursos públicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.
Dicha responsabilidad es, además, patrimonial, porque como consecuencia de su declaración, el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.
…
c) Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal ni administrativo (parágrafo art. 81, ley 42 de 1993). En efecto, la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, por lo tanto, una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la  disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos…

d) A lo anterior se agregó en dicho fallo que la responsabilidad fiscal “es de carácter subjetivo, porque para deducirla es necesario determinar si el imputado obró con dolo o con culpa”.

4.2. Etapas del procedimiento de responsabilidad fiscal

4.2.1. De la regulación contenida en la Ley 610 de 2000, las etapas del procedimiento que se encuentran relacionadas en normas de orden público y, por ende, de obligatorio cumplimiento, so pena de impactar en el núcleo esencial del debido proceso, son las siguientes:

1. Forma de iniciación: el proceso puede iniciarse de oficio por las contralorías, a solicitud de las entidades vigiladas, o por denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, especialmente por las veedurías ciudadanas.

2. Indagación preliminar: antes de abrirse formalmente el proceso, si no existiese certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, la entidad afectada y los presuntos responsables, podrá ordenarse indagación preliminar por el término de seis (6) meses, al cabo de los cuales procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.
3. Auto de formal apertura: cuando se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado, e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, se ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

El término para adelantar las diligencias que se dispongan en esta oportunidad es de tres (3) meses, prorrogables por dos (2) meses más, mediante auto debidamente motivado, vencido el cual se archivará el proceso o se dictará auto de imputación de responsabilidad fiscal.

4) Auto de imputación: se proferirá auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.

El auto de imputación deberá contener:

i. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado.

ii. La indicación y valoración de las pruebas practicadas.

iii. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado.

Cabe destacar que los elementos constitutivos de la responsabilidad a los que se refiere esta norma, son los consagrados en el artículo 5º del mismo ordenamiento, esto es: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado y iii) un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

5) Notificación a los presuntos responsables del auto de imputación: el auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará en la forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

6) Traslado ejercer el derecho de defensa: el traslado se debe correr por el término de diez (10) días a fin de que los investigados presenten los argumentos de su defensa, y soliciten y aporten las pruebas que pretendan hacer valer, término durante el cual el expediente debe quedar a su disposición en la Secretaría de la Contraloría.

7) Período probatorio: vencido el término del traslado anterior, se debe dictar el auto que decrete las pruebas solicitadas, o las que de oficio se encuentren conducentes y pertinentes. El término probatorio no podrá ser superior a treinta (30) días; contra el auto que rechace pruebas proceden los recursos de reposición y apelación.

8. Etapa de fallo: vencido el término del traslado, y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario competente proferirá decisión de fondo, llamada fallo, con o sin responsabilidad fiscal, según el caso, dentro del término de treinta (30) días, providencia que se notificación en la forma y términos que establece el Código Contencioso Administrativo y contra ella proceden los recursos allí señalados.

El procedimiento descrito en precedencia implica que quien se encuentre sometido a una investigación fiscal tiene derecho al ejercicio de todas las garantías inherentes al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta y desarrollado en los apartes citados de la Ley 610 de 2000.

4.2.2. Análisis del caso concreto de cara al marco conceptual expuesto

4.2.2.1. En lo que interesa destacar para el sub examine, se destaca que se encuentra demostrado en grado de certeza que al proferirse el auto de imputación de cargos 115 del 19 de agosto de 2001, la Contraloría General de Antioquia, en su artículo 15 resolvió:

“De conformidad con el artículo 50 de la Ley 610 del 2000, se dará traslado de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación personal del presente auto o de la desfijación del edicto, si no presentan recurso de reposición, para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el mismo y solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer.” (Negrillas de la Sala)

Cabe destacar que, el artículo 50 referido en la resolutiva del auto objeto de análisis constituye la principal oportunidad procesal para que los investigados ejerzan el derecho de defensa que les asiste en el juicio fiscal, en consideración a que consagra el término para “presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer”.

Para garantizar la efectividad del derecho de defensa del investigado, la norma previó que durante el término de los diez (10) días siguientes a la notificación el expediente debía permanecer disponible en la Secretaría a disposición de los sujetos procesales.

Sin embargo, la Contraloría concedió la posibilidad a los investigados de interponer el recurso de reposición, evento en el cual el término para ejercer el derecho de defensa sólo empezaría a correr cuando se resolviera éste, desconociendo posteriormente su propia disposición al “negar por improcedente” el recurso que efectiva y oportunamente interpuso el señor Jaime Hidalgo Ballesteros.

Lo anterior, por cuanto en la misma providencia que resolvió sobre la procedencia del medio de impugnación referido, decidió decretar las pruebas, pretermitiendo íntegramente la oportunidad que tenía el investigado para ejercer el derecho de defensa, con el agravante de que la providencia no se notificó en forma personal.

La entidad recurrente alega que el recurso de reposición no estaba consagrado en el ordenamiento que regula la materia, lo cual es cierto, pero lo cierto es que contrariando la norma lo consideró procedente en una primera oportunidad y después desconoció su propia decisión, sin retrotraer la actuación para garantizar el debido proceso y sin hacer efectivo el término del traslado, con lo cual tornó absolutamente irregular la actuación en detrimento del derecho al debido proceso del investigado.

La Sala destaca que la siguiente actuación de la Contraloría fue el proferimiento de un fallo sin responsabilidad fiscal que, en consecuencia no afectaba los intereses del investigado, motivo por el cual el que el mismo hubiera guardado silencio frente a esta decisión no puede tenerse como convalidación de la irregularidad, habiéndola alegado en su siguiente intervención en el proceso con posterioridad al fallo con responsabilidad que se profirió en grado de consulta.

Adicional a lo expuesto, la Sala considera que no es de recibo el argumento de la entidad pública recurrente en el sentido de que no se vulneró el derecho al debido proceso del investigado toda vez que los argumentos de descargos y las pruebas las podía presentar incoando el recurso de reposición contra el auto 151 del 12 de julio de 2002 y recursos de reposición y apelación contra el fallo No. 062 del 2 de agosto de 2002, proferido por la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia.

En efecto, en el primer auto mencionado –151 del 12 de julio de 2002– expresamente se señaló que no procedía recurso alguno, lo cual se reiteró en la diligencia de notificación en la que se dejó constancia de sólo podía ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Lo anterior significa que la oportunidad que señala la apelante, no se dio en sede administrativa como tampoco se concedió a través de los recursos que señaló la ilegítima actuación de la Contraloría desplegada a través del proferimiento de un segundo fallo con responsabilidad fiscal, con el valor indexado de lo que consideró era el detrimento patrimonial causado, pues el mismo Contralor Departamental consideró que la apelación era improcedente y que la actuación no correspondía a la que ha debido realizar el Director de Control Fiscal.

4.2.2.2. Se advierte que le asiste igualmente razón al Tribunal cuando consideró que el acto administrativo estaba viciado de nulidad por no haberse motivado en debida forma el grado de culpabilidad de la conducta que, como se analizó al revisar el marco teórico, constituía un elemento esencial de la responsabilidad fiscal que debió haberse estructurado desde el auto de imputación de cargos.

No obstante, en tal oportunidad solamente se dijo que actuaron con culpa, citándose el parágrafo segundo del artículo 4º de la Ley 610 de 2010, en la redacción vigente para la época de los hechos que consideraba que podía ser leve, aparte posteriormente declarado inexequible en la Sentencia C-619 de 2002, proferida por la Corte Constitucional que a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional, consideró que sólo podía deducirse responsabilidad fiscal por encontrar demostrado en grado de plenitud probatoria el dolo o la culpa grave.

Posteriormente, cuando se dictó fallo con responsabilidad fiscal, se omitió igualmente el análisis del grado de culpabilidad del investigado, limitándose el ente fiscalizador a expresar que “aquí se configura un manejo ligero y superficial de los intereses del departamento, constitutivo de la culpa por lo menos de la leve y quizá hasta de la grave”, sin que se concrete cuál de ellas se configuró en el caso concreto, agravando la situación que se había dispuesto en el auto de imputación, violándose igualmente la congruencia que debía acompañar el debido proceso.

Cabe destacar que para la época de los hechos, la Ley 678 de 2001, cuyos criterios resultan aplicables al juicio de responsabilidad fiscal, establece los eventos en los cuales se presume la configuración de la culpa grave, sin que ninguno de ellos se hubiera traído como sustento de la decisión.
4.2.2.3. Resulta suficiente la ausencia de uno solo de los elementos de la responsabilidad fiscal para que esta no pueda considerarse válidamente establecida y, en caso concreto, el Tribunal encontró que no se motivó la culpa grave, elemento esencial, como tampoco el daño consolidado, en la medida en que las resoluciones que fijaron los intereses moratorios se incluyeron en el acta de liquidación del contrato y ello estaba siendo objeto de debate en sede judicial, por lo que no podemos hablar de un detrimento patrimonial consolidado.

4.2.2.4. La Sala destaca que los argumentos expuestos por la recurrente en torno a esta causal de nulidad no tienen la entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que llegó el Tribunal y que la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados se desvirtuó en sede judicial con suficiente respaldo argumentativo y probatorio, por lo que se confirmará en todas sus partes la sentencia recurrida.

Lo anterior por las irregularidades en que se incurrió en el trámite del proceso, con entidad suficiente para vulnerar el derecho fundamental al debido proceso del investigado y el desconocimiento de los elementos de la responsabilidad fiscal que se analizaron ampliamente.

5. Costas

No se condenará en costas en esta instancia, por cuanto no se advierte que la parte vencida haya desplegado una conducta temeraria en las actuaciones procesales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de enero de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por Jaime Hidalgo Ballesteros, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas por no aparecer causadas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

El Tribunal i) Declaró la nulidad de la actuación administrativa contenida en el Fallo No. 020 del 10 de mayo de 2002 y el Auto No. 151 del 12 de julio de 2002; ii) A título de restablecimiento del derecho dispuso que el señor Jaime Hidalgo Ballesteros no tiene obligación de pagar las sumas cobradas con ocasión de los actos administrativos que fueron declarados nulos. La Contraloría General de Antioquia, en caso de haber recibido dineros con ocasión de la responsabilidad fiscal atribuida al demandante deberá devolverle tales sumas indexadas; iii) Negar las demás pretensiones de la demanda; iv) No condenar en costas. Folios 1 a 31 del cuaderno número 1
El valor corresponde a la suma anterior debidamente indexada. Folios 95 a 97 del cuaderno número 1
La norma citada establece: “ARTÍCULO 731. SANCIÓN AL LIBRADOR DE UN CHEQUE NO PAGADO POR SU CULPA. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonará al tenedor, como sanción, el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione”. La multa correspondía realmente a los intereses moratorios liquidados a un tasa del cuatro por ciento (4%) mensual y proporcionalmente por fracciones inferiores. La investigación fiscal se inició en vigencia de la Ley 42 de 1999. El auto obra a folios 51 a 67 del cuaderno número 1
Este parágrafo que permitía la imputación de la falta a título de culpa leve fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-619 de 2000. Folios 76 a 89 del cuaderno número 1
Folio 20 del cuaderno número 1
El acto administrativo que resolvió el grado jurisdiccional de consulta obra a folios 2 a 20 del cuaderno número 1
Folio 12 del cuaderno número 1
Folio 21 del cuaderno número 1
Folio 25 del cuaderno número 1
Folios 29 a 43 del cuaderno número 1
La norma citada establece: “Artículo 58. Mérito ejecutivo. Una vez en firme el fallo con responsabilidad fiscal, prestará mérito ejecutivo contra los responsables fiscales y sus garantes, el cual se hará efectivo a través de la jurisdicción coactiva de las Contralorías”. Folio 47 del cuaderno número 1
Folio 125 del cuaderno número 1
Corte Constitucional, Sentencia C-619 del 8 de agosto de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil. En esta oportunidad la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión leve contenida en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, por considerar que en el marco de la responsabilidad fiscal, el criterio normativo de imputación no puede ser mayor al establecido por la Constitución Política en el inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad patrimonial de los agentes frente al Estado. Folio 128 del cuaderno número 1
Folios 135 a 136 del cuaderno número 1
Folios 140 a 152 del cuaderno número 1
Folio 144 del cuaderno número 1
Folios 253 a 260 del cuaderno número 1
Folio 12 del cuaderno número 1
El recurso de apelación aparece a folios 262 a 270 del cuaderno número 1
Folio 266 del cuaderno número 1
Folio 267 del cuaderno número 1
En esta alegación la actora se limitó a afirmarlo sin traer argumentos para sustentar la alegación. Folio 4 del cuaderno número 2
Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió a partir del 9 de junio de 2006, según constancia visible a folio 246 vuelto del cuaderno número, el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1 de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, expediente nro. 49.299, Consejero Ponente Enrique Gil Botero.
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.
“Artículo 67. Actuaciones en trámite. En los procesos de responsabilidad fiscal, que al entrar en vigencia la presente ley, se hubiere proferido auto de apertura a juicio fiscal o se encuentren en la etapa de juicio fiscal, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento regulado en la Ley 42 de 1993. En los demás procesos, el trámite se adecuará a lo previsto en la presente ley. En todo caso, los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren en curso, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. Artículo 9º de la Ley 610 de 2000
Ver el artículo 39 ejusdem
Artículo 40 del mismo ordenamiento
Artículos 46 y 47
Artículo 45
Artículo 50
Artículo 51.
“Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
“ARTÍCULO 6º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable. 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.

Radicación Número: 05001-23-31-004-2003-01887-01
Actor: Jaime Hidalgo Ballesteros
Accionado: Contraloría General de Antioquia
Asunto: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia

PAGE \* MERGEFORMAT2

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.