RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2015-00717-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2015-00717-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2015-00717-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. 63 Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-3388, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. La Corte precisó que “[…] El legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades tanto judiciales como administrativas competentes. En este punto, el margen de configuración del legislador es muy amplio, ya que no existe un parámetro estricto para poder determinar la razonabilidad de los términos procesales. La limitación de éstos está dada por su fin, cual es permitir la realización del derecho sustancial. Al respecto la Corte ha señalado: “En virtud de la cláusula general de competencia, el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial” […]”. 64 Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-9566, M.P.: María Victoria Calle Correa. La Corte precisó que “[…] La competencia general de hacer las leyes es amplia, como se desprende de la literalidad de las normas constitucionales citadas, como ocurre en toda república democrática. Tanto las cláusulas relativamente abiertas e indeterminadas de la Constitución, como los espacios ausentes de una regulación superior, otorgan al Legislador un amplio margen de elecciones políticas, susceptibles de ser definidas en discusión democrática. Por esa razón, la Corte Constitucional sostiene, en jurisprudencia uniforme y constante, que el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración del derecho, y correlativamente, que el control que se ejerce sobre la constitucionalidad de las leyes parte de un respeto o deferencia hacia las decisiones del Congreso de la República […] 12. En la misma dirección, la Corporación ha explicado que corresponde al Legislador el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-33-000-2015-00717-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: AUGUSTO ENRIQUE MAINERO ROMÁN
Demandada: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
Vinculado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Decisión
núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. El señor Augusto Enrique Mainero Román en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20112, presentó demanda en la que formuló las siguientes
pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la nulidad de los Fallos del 17 de febrero de 2014 y el del 21
de abril de 2015 -que resuelve la apelación interpuesta en contra de la primera de las
citadas providencias-, proferidos por los Despachos del Señor Director Técnico de
Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, doctor EDGARDO ROMÁN ELLES, y
del señor Contralor Distrital de Cartagena de Indias, doctor MARIO ANDRÉS FELIZ
MONSALVE, respectivamente. Por medio de tales decisiones, se declaró fiscalmente
responsable al señor AUGUSTO MAINERO ROMÁN, y se le condenó,
solidariamente, a pagar la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($986′066.784 m/cte.). Lo anterior, al encontrarse dichos actos viciados de nulidad,
por las razones que se expondrán en el acápite de fundamentos de derecho.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la dependencia
encargada de iniciar los procedimientos administrativos de cobro coactivo, a
abstenerse de hacerlo efectivo por el monto de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($986′066.784 m/cte.).

1
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, páginas 3 a 51.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, que se condene a la NACIÓN-
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS a reembolsar la cifra de
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($986′066.784 m/cte.), o cualquiera
que haya sido cancelada por mi poderdante por concepto de pago de la sanción por
responsabilidad fiscal solidaria impuesta por el ente de control fiscal.

4. Que la NACIÓN-CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS haga
efectivas tales sumas con la debida indexación monetaria, según el Índice de Precios
al Consumidor ("IPC") del día en que sean devueltas.

5. Asimismo, también a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la
NACIÓN-CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS a eliminar del
Boletín de Responsabilidad Fiscal al señor AUGUSTO MAINERO ROMÁN […]”.

2. En el escrito de subsanación de la demanda de 9 de septiembre de 20163 se
precisó que “[…] en lo que respecta al auto del 24 de abril de 2014, dicha decisión,
por aclarar algunos puntos del fallo de primera instancia, se entiende que hace parte
integral de esa providencia, y por tanto, también se está demandando con el
presente medio de control […]”.

I.1.2. Los hechos

3.Señaló que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias contrató la
ampliación y adecuación del C.A.P. de San Fernando para cumplir con las políticas
públicas de salud de la ciudad.

4. Agregó que el distrito, a través del Departamento Distrital de Salud - DADIS,
elaboró los estudios previos conforme a lo establecido en los numerales 7 y 12 del
artículo 25 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19934 y el Decreto 2474 de 7 de julio
de 20085. Asimismo, explicó que la Secretaría de Infraestructura Distrital de
Cartagena se encargó de realizar el estudio de precios del mercado, la consulta en
el Sistema de Información de Contratación Estatal - SICE y de efectuar el estudio
de conveniencia.

5.Indicó que en dicho estudio se estableció un pago anticipado equivalente al 50%
del valor total del contrato, previa aceptación de la garantía única, y el saldo restante
correspondiente al otro 50% al finalizar la totalidad de la obra, con el debido recibo
satisfactorio de la interventoría y veeduría social.

6.Afirmó que la Secretaría de Infraestructura del distrito a través de la Resolución
núm. 1228 de 11 de febrero de 2011, autorizó realizar un contrato administrativo
con EDURBE S.A. para ejecutar la fase final de ampliación y adecuación del C.A.P.
de San Fernando.

7.Manifestó que el distrito y EDURBE S.A., a través de su representante legal
Augusto Enrique Mainero Román, suscribieron el convenio interadministrativo núm.

3
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, páginas 137 y siguientes.
4
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.
5
“[…] por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,
publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones […]”.

3

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

6-028-51 por un valor de $6.522.257.159 con un plazo de ejecución de 10 meses.
El acta de inicio se firmó el 14 de febrero de 2011.

8. Informó que el 13 de diciembre de 2011 se suscribió la adición núm. 1 por petición
del contratista, en la que se extendió el plazo de ejecución en 60 días en atención
a que la ola invernal retrasó el transporte de insumos y materiales.

9.Advirtió que el plazo se volvió a adicionar el 10 de febrero de 2012, fecha en la
que se suscribió la adición núm. 2, por petición del contratista. El 27 de marzo de
2012 la empresa contratista decidió suscribir una nueva prórroga por 45 días, y el
27 de abril del mismo año se firmó la suspensión núm. 1.

10. Señaló que el 28 de mayo de 2013, el alcalde encargado del distrito y el señor
Ramón David Expósito Vélez, en calidad de gerente y representante legal del
EDURBE S.A. liquidaron el convenio interadministrativo núm. 6-028-51. En acta de
liquidación quedó establecido que EDURBE S.A. devolvería al ente territorial la
suma de $981.741.171 por el valor no ejecutado del proyecto y que la suma sería
cancelada al distrito en un plazo de 5 años.

11. Agregó que la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales
de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias conoció en el oficio núm. 010 de
16 de marzo de 2011, el hallazgo núm. 01 sobre presuntas irregularidades en el
convenio interadministrativo núm. 6-028-51.

12. Puso de presente que esa dirección dio apertura al proceso de responsabilidad
fiscal núm. 005-2013 en contra del señor Augusto Enrique Mainero Román.
Posteriormente, por medio de auto de 19 de junio de 2013 le imputó responsabilidad
fiscal por la suma de $981.741.171.

13. Anotó que la Dirección Técnica de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
falló con responsabilidad el 17 de febrero de 2014, en contra del señor Augusto
Enrique Mainero Román y lo condenó a pagar la suma de $986.066.784. La anterior
decisión fue corregida y aclarada mediante auto de 24 de abril de 2014.

14. Mencionó que presentó recursos de reposición y de apelación contra la anterior
decisión. Por medio de auto de 13 de agosto de 2014 se resolvió el recurso de
reposición en el sentido de confirmar la decisión; y no se concedió la alzada.

15. Aseguró que contra esa decisión interpuso recurso de queja, el cual no había
sido resuelto a la fecha de presentación de la demanda.

16. Informó que la Contraloría Distrital de Cartagena profirió fallo de segunda
instancia mediante auto núm. 001 de 21 de abril de 2015, en el que confirmó la
decisión en relación con el señor Augusto Enrique Mainero Román, a quien condenó
a pagar solidariamente la suma de $986.066.784.

4

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

17. El demandante afirmó que los actos administrativos acusados se encuentran
falsamente motivados e infringieron los artículos 6, 29 y 90 (inciso 2) de la
Constitución Política; 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 53, 54, 58 y 66 de la Ley 610 de 15 de
agosto de 20006; 101 (literal c) de la Ley 1474 de 12 de julio de 20117; 23 y 26 de
la Ley 80 de 1993; 1571, 1582 y 2344 del Código Civil; 3, 48, 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011; 373, 626 y 627 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20128; y 16 de la Ley
446 de 7 de julio de 19989.

i) Falsa motivación porque no se acreditaron los elementos de la
responsabilidad fiscal

18. Indicó
que el artículo 5.º de la Ley 610 establece los elementos de la
responsabilidad fiscal y que el artículo 6º consagra la noción de daño patrimonial al
Estado.

19. Afirmó que el detrimento patrimonial no se acreditó en el presente caso. La
contraloría desconoció el acuerdo de pago suscrito en el acta de liquidación del 28
de mayo de 2013, en el que EDURBE S.A. reconoció una deuda a favor del Distrito
por $981’741.171 m/cte., pagadera en un plazo de cinco años. Por esa razón, el
daño era inexistente o incierto, pues solo vencido dicho plazo y agotados los
requerimientos de cobro podría hablarse de un desmedro objetivamente
demostrado.

20. Planteó que el acuerdo de pago se celebró el 28 de mayo de 2013 cuando el
señor Augusto Enrique Mainero Román no era el gerente del EDURBE S.A. Por lo
tanto, si se llegara a demostrar que el detrimento patrimonial existió, en los términos
de la Ley 610, no sería producto de la gestión fiscal desplegada por el señor Augusto
Enrique Mainero Román durante el tiempo que fue gerente de la entidad.

21. Aseguró que, conforme al artículo 3.º de la Ley 610 de 2000 y a la Sentencia C-
840 de 2001 de la Corte Constitucional, la gestión fiscal exige disponibilidad jurídica
sobre los fondos públicos y una relación de conexidad próxima y necesaria con el
daño. Sin embargo, el señor Augusto Enrique Mainero Román únicamente ostentó
la calidad de gestor fiscal durante el tiempo que fungió como gerente de EDURBE
S.A., es decir, entre el 25 de agosto de 2010 y el 20 de enero de 2012.

22. Manifestó que los fallos acusados “[…] le reprochan a mi cliente, a título de culpa
grave, que al momento de terminación del contrato, no hubiera devuelto los dineros
que fueron consignados por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
para el cumplimiento del objeto contractual plasmado en el Convenio

6
“[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías […]”.
7
"[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]".
8
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
9
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.

5

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

Interadministrativo No. 6-028-51, porque, en sentir de ambos Despachos, bajo la
figura de la unidad de caja, varios de los recursos destinados para cumplir con el
convenio aludido, fueron destinados a otros proyectos […]”.

23. Agregó que la contraloría aplicó el principio de unidad de caja de forma errónea
(artículo 85 de la Ley 489 de 1998). La Constitución, la Ley 489 de 1998 y la
jurisprudencia no exigen discriminar los recursos según su procedencia, de modo
que, en virtud de dicho principio, la empresa podía reunir en un fondo común los
distintos capitales y destinarlos a diversos proyectos, sin que ello configurara un
detrimento patrimonial.

24. Complementó que las empresas industriales y comerciales del Estado no deben
tener subcuentas en las que se discrimine contablemente los dineros de cada
proyecto. Por ende, era válido dar un destino diferente a los recursos aportados por
el ente territorial.

25. Indicó que el incumplimiento del 100 % de la obra obedeció a causas ajenas a su
conducta. La suscripción de las prórrogas se hizo para preservar la ejecución del
convenio, con fundamento en los artículos 23 y 26 de la Ley 80 de 1993, y no para
perjudicarlo.

26. Afirmó que el plazo del contrato se adicionó durante 60 días con el fin de atender
las obras especiales debido a la ola invernal que retrasó el transporte de insumos.
Esto demuestra que el demandante actuó respetando el principio de
responsabilidad de la contratación estatal.

27. Sostuvo que no existía nexo causal entre su conducta y el supuesto daño
patrimonial que se le atribuía, conforme lo establecido por el artículo 5º de la Ley
610 y el literal c) del artículo 101 de la Ley 1474, pues la contraloría atribuyó el
mismo nexo a todos los implicados sin identificar la causa determinante, principal y
eficiente del daño.

28. Aseguró que destinar los recursos públicos para la ejecución de la obra no es
la causa del daño. Esos recursos se aprobaron para evitar la paralización de la
actividad contractual y garantizar la culminación del proyecto. Por ello, realizó los
compromisos presupuestales aun cuando, al momento de la liquidación del
contrato, se hayan realizado las salvedades y ajustes pertinentes.

ii) Vulneración del debido proceso por omitir el traslado para alegar de
conclusión

29. Explicó que el proceso de responsabilidad fiscal núm. 005 de 2013 estaba
viciado de nulidad por vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa, debido
a que no se otorgó a los investigados la oportunidad de presentar alegatos de
conclusión una vez culminada la etapa probatoria.

30. Sostuvo que la Ley 610 de 2000 no contempla expresamente esa etapa. No
obstante, de la interpretación sistemática de las normas procedimentales y de los

6

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

principios constitucionales, se desprendía su aplicabilidad. El artículo 66 de la Ley
610 remite a la Ley 1437 (inciso 2 del artículo 48) y a la Ley 1564 (artículo 373, 626
y 627). Además, su pretermisión quebranta el derecho a la igualdad, pues el literal
b) del artículo 101 de la Ley 1474 de 2011 contempla esa etapa en el procedimiento
verbal de responsabilidad fiscal.

31. Sustentó que el artículo 66 de la Ley 610 y el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011
advierten la importancia de los alegatos de conclusión como mecanismo para
valorar el material probatorio y exponer las razones jurídicas de defensa de las
partes.

iii) Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa por la declaratoria
de solidaridad fiscal

32. Indicó que el hecho de declarar la responsabilidad solidaria sin precisar la
participación de cada responsable en la causación del daño, desconoce el artículo
90 de la Constitución Política y el criterio de imputación de la acción de repetición.

33. Explicó que la solidaridad prevista en los artículos 1571, 1582 y 2344 del Código
Civil busca garantizar la reparación de la víctima de derecho privado cuando resulta
afectada contractual o extracontractualmente por quienes causaron el daño (artículo
16 de la Ley 446 de 1998). Sin embargo, el Estado cuenta con potestades
exorbitantes para obtener el resarcimiento por las que debe establecer la
participación de cada implicado. De lo contrario, el órgano de control no demostraría
el nexo causal, presupuesto esencial del juicio de responsabilidad.

34. Estimó que se aplicó la solidaridad fiscal de la Ley 1474 de 2011 a hechos
anteriores a su vigencia, lo que desconoce el artículo 29 superior, el artículo 2 de la
Ley 610 de 2000 y el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437.

35. Arguyó que el fallo con responsabilidad fiscal debió establecer de manera
concreta el monto atribuible a cada una de las personas investigadas conforme a
su intervención en la producción del daño, al no hacerlo se vulneraron los derechos
de audiencia y defensa conforme los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

I.2. La contestación de la demanda

I.2.1. Contraloría Distrital de Cartagena10

36. La contraloría se opuso a las pretensiones de la demanda por carecer de
fundamento fáctico y jurídico. Argumentó que los actos acusados se expidieron
conforme a derecho, al haberse acreditado dentro del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 005-2013 los tres elementos de la responsabilidad fiscal previstos en el
artículo 5 de la Ley 610 de 2000.

10
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“02Cuaderno2”, páginas 160 a 170.

7

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

37. Expuso que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el EDURBE
S.A. suscribieron el convenio interadministrativo núm. 6-028-51 el 14 de febrero de
2011. Dicho convenio tenía por objeto la continuación de la fase final en la
ampliación y adecuación del CAP de San Fernando, el cual debía ser ejecutado en
un plazo de 10 meses por un valor de $6.522.257.159.

38. Indicó que se efectuaron cuatro entregas parciales y dos adiciones en tiempo al
contrato, de manera que su fecha de terminación estaba prevista para el 30 de
marzo de 2012. Posteriormente, se suspendió la ejecución del convenio y el 27 de
abril de 2012 las partes acordaron dar por terminada la relación contractual.

39. Afirmó que el contratista en el acta de liquidación se comprometió a “[…]
devolver al Distrito de Cartagena la suma de dinero que no fue ejecutada y que le
había sido pagada, esto es, novecientos ochenta y un millones setecientos cuarenta
y un mil ciento setenta y un pesos ($981.741.171) […]”.

40. Argumentó que las pruebas practicadas en el proceso de responsabilidad fiscal
núm. 005-2013 acreditan que existió detrimento patrimonial en contra del distrito
con ocasión de las conductas del señor Augusto Enrique Mainero Román porque
se canceló el 100% del valor del contrato, pese a que el contratista solamente
ejecutó el 83.17% de la obra. Ello generó una pérdida de $986.066.784.

41. Complementó que los recursos no ejecutados no reposaban en las cuentas de
EDURBE S.A. conforme a la certificación de la tesorería, por haber sido desviados
bajo la figura de la unidad de caja a otras obras.

42. Manifestó que independientemente de las causas de la suspensión contractual,
no existían dineros para la financiación del contrato dado que los recursos del
EDURBE S.A., por instrucción del gerente y subdirector administrativo, fueron
desviados a diferentes obras. Además, la entidad recibió y canceló el 100% de los
recursos destinados para la terminación total de la obra durante el tiempo en que el
demandante estuvo en el cargo de gerente, pese a que solo se ejecutó el 70%.

43. Afirmó que a la fecha de la contestación de la demanda el EDURBE S.A. no
contaba con los recursos necesarios para cumplir con la ejecución del 100% de la
obra, los cuales fueron transferidos por el distrito, por lo que existía un detrimento
en contra de los recursos del ente territorial.

44. Refirió el concepto de daño patrimonial y explicó que si bien se llegó a un
acuerdo entre las partes en el acta de liquidación del convenio interadministrativo
núm. 6-028-51, lo cierto era que “[…] el hecho que se desplace la fuente de la
obligación de un contrato o convenio por un acta de liquidación, no mantiene
Indemne al contratante per se, es decir, no por cambiarse la fuente quiere decir que
el contratista quedó ipso facto a paz y salvo con las prestaciones aun insolutas,
pues la realidad no es esa […]”.

8

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

I.2.2. Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias11

45. El distrito se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción
de “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito de Cartagena […]”
por cuanto no expidió los actos demandados.

46. Puso de presente que la actuación adelantada por el ente territorial se enmarcó
en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, lo cual no se discutía en el proceso. Asimismo,
indicó que el objeto del debate eran actos administrativos de carácter sancionatorio
fiscal, los cuales sancionan a servidores y particulares que causaron un detrimento
público en el ejercicio de la gestión fiscal.

47. Aclaró que las contralorías territoriales tenían capacidad para ser parte y obrar
en los procesos contenciosos administrativos por disposición del artículo 149 del
Decreto 01 de 2 de enero de 198412 y del artículo 49 de la Ley 446 de 1998.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

48. Mediante auto de 16 de junio de 201713 se admitió la demanda, se ordenó
vincular en calidad de accionado al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y
notificar al contralor distrital de Cartagena y al alcalde del distrito.

49. En audiencia inicial de 8 de mayo de 201914, se saneó el proceso, se declaró
no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el distrito, se fijó el litigio15, se puso de presente a las partes la posibilidad de
conciliar, se negó la medida cautelar solicitada con la demanda16, se decretaron las
pruebas solicitadas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto si lo consideraba necesario.

11
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, páginas 157 a 162
12
“[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
13
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, páginas 141 a 146.
14
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“04Cuaderno4”, páginas 56 a 63.
15
“[…] el Despacho procede a fijar el litigio formulando los siguientes problemas jurídicos:
¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados, con fundamento en los cargos de nulidad expuestos en la demanda?
Para resolver este interrogante, habrá de resolverse los siguientes problemas jurídicos asociados:
¿Se encuentra acreditada en este caso la existencia de un detrimento patrimonial contra el Distrito de Cartagena, y en caso
positivo, el mismo fue producto de la gestión fiscal desplegada por el demandante durante el tiempo que fungió como Gerente
de EDURBE S.A.?
¿Se vulneraron las reglas del derecho de defensa y audiencia del demandante conforme a los cargos endilgados en la
demanda?
¿Hubo vulneración del derecho debido proceso y derecho defensa del actor, por haber declarado la entidad demandada que
era solidariamente responsable del pago del supuesto daño fiscal; y al omitirse el traslado a las partes para alegar de
conclusión respecto del material probatorio recaudado en la etapa de pruebas? […]”.
16
“[…] 8. AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 6. Medidas cautelares.
[…] Como fundamento de la solicitud de medida cautelar, remite a las normas que se señalan como violadas en la demanda
y al concepto de la violación de las disposiciones invocadas, aduciendo que los actos enjuiciados infringen abiertamente las
normas superiores en que debieron fundarse.
Para resolver la solicitud de medida cautelar, la Sala Unitaria es competente con fundamento en los artículos 125 y 243 de la
Ley 1.437 de 2011. Así mismo, aplicará el artículo 231 del CPACA, según el cual, la suspensión provisional de los efectos de
un acto administrativo procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda, cuando la misma surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las
pruebas allegadas con la solicitud.
La Sala Unitaria DISPONE DENEGAR la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora, por las razones
expuestas […]”.

9

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

50. La parte demandante y la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
presentaron alegatos de conclusión17. El Ministerio Público guardó silencio.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

51. La Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar mediante
la sentencia de 28 de octubre de 202218, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas y agencias en derecho al demandante.

52. Precisó que el problema jurídico consistía en determinar si estaba acreditado el
detrimento patrimonial y su relación con la gestión fiscal del demandante, si se
vulneraron las reglas del derecho de defensa y audiencia, y si la condena solidaria
y la omisión del traslado para alegar de conclusión desconocían el debido proceso.

53. Explicó el marco normativo y jurisprudencial del proceso sancionatorio fiscal y
concluyó que estaba probado el daño patrimonial pues el distrito canceló al
EDURBE S.A. la suma de $6.522.256.690 por concepto de pago anticipado de la
obra contratada, pese a que ese valor correspondía a la ejecución del 100% del
contrato.

54. Indicó que en el acta de liquidación del mencionado convenio se señaló que: i)
faltó por ejecutar el 15% de la obra equivalente a $981.741.171; y ii) el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias pagó la totalidad de la obra sin que
EDURBE S.A. ejecutara el 100%.

55. Adujo que el daño se configura cuando la obra pagada no se ejecuta en su
totalidad, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, la sentencia C-
340 de 2007 de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por ende, el convenio de pago suscrito no impide su concreción.

56. Planteó que el demandante alegaba que el principio de unidad de caja
autorizaba la destinación de los recursos a otros proyectos y que las prórrogas
obedecieron a las olas invernales. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de
Estado advierte que dicho principio no constituye un eximente de responsabilidad
fiscal, pues toda entidad pública debe velar por el cumplimiento efectivo y puntual
de sus obligaciones. Además, no obraba prueba de que las lluvias de 2011 tuvieran
una intensidad extraordinaria que configurara fuerza mayor.

57. Frente a la prueba del nexo causal estimó que: i) el demandante como gerente
de EDURBE S.A. solo verificó la ejecución del 70% de la obra durante su gestión; y
ii) aceptó haber destinado los recursos del pago anticipado a otros rubros.

58.En cuanto a los reparos relacionados con la responsabilidad solidaria, consideró
que el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 estaba vigente para el momento en que

17
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“04Cuaderno4”, páginas 67 a 126.
18
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“05SentenciaPrimeraInstancia”.

10

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

inició la investigación fiscal en contra del señor Augusto Enrique Mainero Román.
Esa norma contemplaba la figura en los juicios fiscales.

59. Frente a la vulneración del derecho al debido proceso por omitir la etapa de
alegatos, desestimó el cargo porque la Ley 610 de 2000 no contempló esa etapa y
la remisión del artículo 66 de dicha ley al CPACA no habilita para modificar el
procedimiento especial.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN19

60. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia
por las siguientes razones:

i) No se configuraron los elementos de la responsabilidad fiscal

61. Afirmó que los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal relacionados
con el daño patrimonial y el nexo causal no se acreditaron.

62. Sostuvo que el patrimonio público no sufrió disminución ni deterioro, pues el
valor correspondiente a las obras no ejecutadas se transformó en un crédito exigible
y, además, EDURBE S.A. asumió la obligación de reintegrar el porcentaje restante
en 5 años. Por lo tanto, consideró que el juez de primera instancia se equivocó
cuando afirmó que el daño patrimonial surgió por ejecutar parcialmente la obra
contratada.

63. Agregó que el crédito surgido a favor del distrito como consecuencia del acuerdo
de pago contenido en el acta de liquidación del convenio constituía un bien
incorporal integrante de su patrimonio y que, además, el plazo de cinco años
otorgado a EDURBE S.A. para satisfacer la obligación aún no había vencido cuando
se declaró la responsabilidad fiscal. Dichos acuerdos prestan mérito ejecutivo y la
entidad territorial conserva la posibilidad de exigir administrativa o judicialmente su
cumplimiento.

64. Manifestó que el detrimento patrimonial constituye el elemento central de la
responsabilidad fiscal y exige la existencia de un menoscabo, disminución, perjuicio,
pérdida o deterioro efectivo de bienes o recursos públicos; presupuestos que no se
acreditaron.

65. Añadió que tampoco se valoró que el acta de liquidación suscrita el 28 de mayo
de 2013 contempló la posibilidad de extinguir la obligación mediante una dación en
pago. En desarrollo de lo anterior, EDURBE S.A. y el distrito celebraron el 17 de
septiembre de 2018 un contrato de dación en pago por valor de $11.104.298.884,
mediante el cual se atendieron obligaciones derivadas de distintos convenios
interadministrativos, por lo que la entidad quedó a paz y salvo respecto de las sumas
ordenadas en el fallo fiscal.

19
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“10RecursoApelacionDemandante”.

11

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

66. Refirió que el daño debía ser “[…] perfectamente determinable […]” en el
proceso.

67. Declaró que el señor Augusto Enrique Mainero Román actuó diligentemente
durante el tiempo que fue el gerente del EDURBE S.A. y que las obras avanzaron
“[…] en la medida de lo posible […]” pese a las dificultades ocasionadas por la ola
invernal. Por lo tanto, los recursos fueron invertidos conforme los principios de
planeación, eficiencia y prelación de las deudas.

68. Argumentó que tampoco se acreditó el nexo causal exigido para la declaratoria
de responsabilidad fiscal. El tribunal de primera instancia sostuvo que el principio
de unidad de caja no constituía un eximente de responsabilidad. Sin embargo, la
conducta reprochada consistió en destinar los recursos del convenio a otros
asuntos, actuación que no estaba prohibida por el régimen jurídico aplicable a las
empresas industriales y comerciales del Estado.

69. Aseguró que la Corte Constitucional en la sentencia C-340 de 2007 declaró
inexequible la expresión relativa al uso indebido como modalidad autónoma de daño
patrimonial prevista en el artículo 6.º de la Ley 610 de 2000. Por ello, la Contraloría
Distrital de Cartagena fundamentó la responsabilidad fiscal en una figura expulsada
del ordenamiento jurídico, postura que posteriormente fue avalada por el tribunal.

70. Afirmó que el principio de unidad de caja previsto en el artículo 6 del Decreto
115 de 15 de enero de 199620 permitía a EDURBE S.A. disponer de los recursos
conforme a las necesidades de la entidad y no exclusivamente para la ejecución de
las obras objeto del convenio.

71.Sostuvo que los artículos 5.º de la Ley 610 de 2000 y 101 de la Ley 1474 de
2011 exigen acreditar una relación causal entre la conducta del gestor fiscal y el
daño patrimonial, presupuestos que no se demostraron.

72. Mencionó que la suscripción de una modificación y una adición al convenio no
son indicios de falta de diligencia, pues tales figuras constituyen mecanismos
ordinarios de la contratación estatal expresamente autorizados por la Ley 80 de
1993 para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

73. Finalmente, indicó que el tribunal descartó la existencia de fuerza mayor
derivada de la ola invernal que motivó la ampliación del convenio, pese a que el
distrito aceptó las razones expuestas por EDURBE S.A. para justificar la prórroga.
Dicho fenómeno climático constituía un hecho notorio que no requería prueba. Por
lo tanto, las dificultades surgidas durante la ejecución del convenio obedecieron a
circunstancias ajenas a su voluntad.

20
“[…] Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a
actividades no financieras […]”.

12

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

ii) Vulneración del debido proceso por omitir el traslado para alegar de
conclusión

74. Arguyó que se vulneró el debido proceso del señor Augusto Enrique Mainero
Román debido a que en el proceso de responsabilidad fiscal no se corrió traslado
para alegar de conclusión.

75. Insistió en que el artículo 66 de la Ley 610 remite al Decreto 01 de 1984, hoy
Ley 1437 de 2011, en los aspectos no previstos, razón por la que aplica la etapa de
alegatos de conclusión incluida en la Ley 1437 de 2011 en los procedimientos
adelantados bajo la Ley 610 de 2000.

76. En cuanto al argumento del tribunal de que la omisión de la etapa de alegatos
de conclusión no fue concebida para los procesos de responsabilidad fiscal, explicó
que carecía de sustento jurídico “[…] pues la naturaleza de la fase de alegatos es
suficiente para argumentar que esta es necesaria en los procesos de
responsabilidad fiscal. La extrañeza del asunto se resalta también, teniendo en
cuenta que diversos procesos inquisitivos y de procedimientos administrativos
cuentan con ese término para esgrimir argumentos finales sobre el devenir del
respectivo proceso […]”.

77. Sustentó su postura en la sentencia C-107 de 2002 de la Corte Constitucional
en la que se resaltó la importancia de la etapa de alegatos de conclusión.

78. Concluyó que como la contraloría no permitió que el señor Augusto Enrique
Mainero Román presentara alegatos de conclusión, le vulneró sus garantías
procesales, tanto por el ente de control como por el juez de primera instancia al
efectuar la interpretación planteada en la sentencia apelada.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

79. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, por auto de 6 de
septiembre de 202321, concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al
Consejo de Estado.

80. Esta autoridad judicial, a través de auto 13 de octubre de 202322, admitió el
recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegaciones.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

81.A efectos de decidir la presente controversia, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; y iii) el
análisis del caso concreto.

21
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“13AutoConcedeApelacion”.
22
Cfr. Índice 5 expediente digital.

13

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

V.1. Competencia

82. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 150 de
la Ley 1437 y el artículo 1323 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201924, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia,
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

V.2. Los actos administrativos demandados

83. El demandante cuestionó la legalidad del fallo con responsabilidad fiscal de 17
de febrero de 201425, cuya parte resolutiva señala:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal, de conformidad con
el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de novecientos ochenta y seis
millones sesenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro ($986.066.784) moneda legal
colombiana a cargo de los señores ANTONIO FLOREZ (sic) GARIZABAL
identificado con la cedula de ciudadanía número 9.111.625 expedida en Cartagena y
AUGUSTO MAINERO ROMAN (sic) identificado con la cedula de ciudadanía
número73.080.545 de. Cartagena AMIRA SALVADOR BETANCOURT, identificada
con la cedula de ciudadanía número 45.432.532 de Cartagena, ALONSO FRANCO
ALVAREZ (sic), identificado con la cedula de ciudadanía número 73.159.179 de
Cartagena, en forma solidaria de conformidad con el artículo 53 de la ley 610 de 2000.

ARTÍCULO SEGUNDO: fallar con responsabilidad fiscal en contra de la persona
jurídica compañía aseguradora Confianza identificada con NIT. 890481123,1 como
tercero civilmente responsable quien garantizo con la póliza de seguro de
cumplimiento en favor de entidades estatales No. 02 GU01007 de fecha 2 de marzo
de 2011 con vigencia hasta el día 15 de diciembre de 2014, con un valor asegurado
de $ 978.338.574.00, donde figura como tomador Empresa de Desarrollo Urbano de
Bolívar S.A. EDURBE S.A, como asegurado y beneficiario el distrito turístico y cultural
de Cartagena de indias.

ARTÍCULO TERCERO: Fallar sin responsabilidad fiscal en favor de las siguientes
personas: ANTONIO SOTELO GUZMAN (sic) identificado con la cedula de
ciudadanía número 9.111.625 de Cartagena, DIANA D. SPATH ESQUIVEL,
identificada con la cedula de ciudadanía número 50.849.265, CLARENA GARCIA
(sic) MONTES, identificada con la cedula de ciudadanía número 23.049.560 de
Cartagena.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente fallo en la
forma y términos establecidos en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que se falló sin responsabilidad fiscal en
favor de uno de los implicados, consúltese ante el superior jerárquico en el caso de
no ser apelada la presente providencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la ley 610 de 2000 […]” (negrilla del texto).

84.Ese acto se aclaró por medio de auto de 24 de abril de 2014, en el sentido de
modificar la cédula de ciudadanía de uno de los sancionados26.

23
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
24
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, páginas 66 a 94.
26
Ibidem, páginas 96 a 98.

14

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

85. Mediante Auto de 4 de marzo de 2015, la Dirección Técnica de Responsabilidad
Fiscal y Acciones judiciales resolvió los recursos de reposición presentados contra
el fallo con responsabilidad fiscal en el sentido de confirmar esa decisión27.

86. Finalmente, se demandó el auto 001 de 21 de abril de 201528, en el que se
resolvieron los recursos de apelación, así:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Fallo de Responsabilidad Fiscal al señor
ANTONIO FLOREZ (sic) GARIZABAL identificado con la cedula de ciudadanía
número 9.111.625 expedida en Cartagena, y a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE
FIANZAS CONFIANZAS identificada con NIT. 890481123,1, de acuerdo a la parte
motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Confirmar el Fallo de Responsabilidad Fiscal de conformidad
con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($986.066.784) moneda legal colombiana a cargo de los señores AUGUSTO
MAINERO ROMAN (sic) identificado con la cedula de ciudadanía número 73.080.545
de Cartagena, AMIRA SALVADOR BETANCOURT identificada con la cedula de
ciudadanía número 45.432.532 de Cartagena y ALONSO FRANCO ÁLVAREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía número 73.159.179 de Cartagena, en forma
solidaria de conformidad con el artículo 53 de la ley 610 de 2000 […]” (negrilla del
texto).

V.3. Análisis del caso concreto

87. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012, aplicables
por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala
determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia núm. 103 de 28 de octubre
de 2022, proferida por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por
el señor Augusto Enrique Mainero Román.

88. El demandante afirmó en la alzada que los actos demandados eran nulos
porque: i) no se configuraron los elementos de la responsabilidad fiscal; y ii) se
vulneró su derecho al debido proceso porque la contraloría no adelantó la etapa de
alegatos en el proceso de responsabilidad.

89. Con el fin de resolver los argumentos de la apelación de forma ordenada, la
Sala estudiará los referidos planteamientos en acápites independientes.

V.3.1. Los elementos de la responsabilidad fiscal en el caso concreto

90. El artículo 3.º de la Ley 610 previó que la gestión fiscal es el conjunto de
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores
públicos y las personas de derecho privado “[…] Que manejen o administren
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así

27
Artículo 163 de la Ley 1437 de 2011.
28
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, páginas 99 a 130.

15

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los
fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia,
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales […]”.

91. El artículo 5.º de la Ley 610 señaló que la responsabilidad fiscal se acredita
cuando concurre: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que
realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial causado al Estado; y iii) el nexo causal
entre los dos elementos anteriores.

92. En cuanto al daño patrimonial, el artículo 6.º precisó que debe tratarse de una
lesión al patrimonio público que se representa en el menoscabo, disminución,
pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales
del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e
inoportuna. “[…] Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al
patrimonio público […]”.

93. En lo que respecta a la conducta, el artículo 4.º de la Ley 610 dispuso que la
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al
patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes
realizan gestión fiscal.

94. En cuanto al nexo causal, este elemento supone la existencia de una relación
de causa a efecto entre la conducta dolosa o gravemente culposa desplegada por
el gestor fiscal y el daño patrimonial ocasionado al Estado.

95. Bajo estas consideraciones, para que proceda un fallo con responsabilidad
fiscal, la contraloría debe demostrar que el investigado tenía un deber funcional
concreto de manejo, control, custodia, verificación o decisión respecto de los
recursos afectados, y que su conducta dolosa o gravemente culposa fue causa
eficiente e idónea del detrimento patrimonial.

96. En la sentencia de 9 de febrero de 202329, esta Sección consideró que la
omisión de control y vigilancia del gerente contribuye de manera eficiente al
detrimento patrimonial cuando se generó un gasto de recursos públicos sin
contraprestación, al no terminarse una obra contratada.

97. Se estimó que el incumplimiento parcial del objeto de un contrato de obra
configura un daño patrimonial fiscal cuando la inversión ejecutada parcialmente no
presta servicio alguno a la comunidad. Allí se precisó que el gerente que suscribió
ese contrato ostentaba la posición de gestor fiscal directo en el marco de sus
funciones pues es quien tiene la disposición de los recursos y, por lo tanto, el deber
de administrarlos e invertirlos debidamente.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de 2023, radicación
núm. 85001233300020180012801, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, demandante Rubén Darío Higuera Márquez.

16

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

98. En el presente caso el demandante afirmó que el daño patrimonial que le fue
endilgado no era cierto en atención a que en el acta de liquidación del convenio
interadministrativo núm. 51 de 2011 se realizó un acuerdo de pago entre EDURBE
S.A. y el distrito sobre el monto no ejecutado, motivo por el que al momento de
adoptar las decisiones cuestionadas no había certeza del detrimento.

99. Adujo que dicho acuerdo prestaba mérito ejecutivo, se suscribió cuando ya no
era gerente y, posteriormente, la obligación fue atendida mediante un contrato de
dación en pago.

100. En cuanto al nexo causal explicó que en virtud del principio de unidad de caja
que aplica a las empresas industriales y comerciales del Estado, el EDURBE S.A.
tenía la facultad de utilizar los recursos de la entidad en diferentes proyectos por
tratarse de una bolsa común, de tal manera que el concepto de uso indebido como
causal de configuración del daño no era aplicable.

101. Para resolver los planteamientos, la Sala pone de presente que por medio de
auto de apertura de 7 de febrero de 201330 se dio inicio al proceso de
responsabilidad fiscal núm. 005 - 2013, en contra de los señores Augusto Enrique
Mainero Román, en calidad de gerente de EDURBE S.A., Clarena García Montes
en calidad de subdirectora técnica de EDURBE S.A., Alonso Franco Álvarez como
subdirector administrativo y financiero de EDURBE S.A., Amira Salvador Betancourt
en calidad de secretaria general encargada de EDURBE S.A., Diana D. Spath
Esquivel como supervisora de EDURBE S.A., Antonio Flórez Garizabal en calidad
de contratante y Antonio Sotelo Guzmán como interventor.

102. Posteriormente, se profirió auto de imputación de responsabilidad de 19 de junio
de 201331 en el que se imputó responsabilidad al señor Augusto Enrique Mainero
Román y otros, por la suma de $981.741.171.

103. La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la
Contraloría Distrital de Cartagena profirió fallo con responsabilidad fiscal el 17 de
febrero de 2014, el cual fundamentó en las siguientes consideraciones:

“[…] FUNDAMENTOS DE HECHO

Se apertura proceso de responsabilidad fiscal con fundamento en informe de hallazgo
que fue trasladado de la dirección de auditoría fiscal, distinguido con el No. 001, donde
da cuenta de la existencia de irregularidades en el Convenio Interadministrativo No.
6-028-51 de fecha 14 de febrero de 2011, celebrado entre el distrito de Cartagena y
la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, el cual tenía como objeto la continuación
de la fase final en la ampliación y adecuación del CAP de San Fernando identificado
con el código No. 2006-013001-0081 radicado en el banco de programas y proyectos
de la secretaría de planeación distrital, por el sistema de precios unitarios de
conformidad con los requerimientos hechos por la secretaria de infraestructura, en un
término de diez (10) meses y por un valor de seis mil quinientos veintidós millones
doscientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos ($ 6.522.257.159).
Las obras fueron paralizadas por falta de recursos y que muchos de los ítems
contratados no fueron terminados muy a pesar que se canceló el 100% de los

30
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“02Cuaderno2, páginas 174 a 179.
31
Ibidem, páginas 181 a 200. Continua en el documento “03Cuaderno3” páginas 1 a 3.

17

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

recursos del convenio, que de los cinco niveles que cuenta la estructura física
ninguno ha sido terminado en su totalidad; existiendo diferencias entre las obras
contratadas y ejecutadas hasta la fecha de la inspección que hiciera la auditoría Fiscal
por un valor de mil ochenta y un millones setecientos ochenta y tres mil novecientos
catorce ($1.081.783.914) pesos moneda legal colombiana, suma que fue establecida
en ese momento como daño patrimonial en las arcas del distrito de Cartagena.

[…] Corresponde luego del análisis de este asunto determinar en principio si se causó
con las conductas desplegadas por los implicados en este asunto un detrimento
patrimonial en contra del Distrito de Cartagena de Indias, encontrándose con
suficiente claridad extraída del conjunto de pruebas allegadas a este proceso que el
convenio no se ejecutó en su integridad, ya que el contratista a pesar de recibir
el ciento por ciento de los recursos solo ejecuto un 83.17% dejándose de
ejecutar 16.83% lo que en dinero significa la suma de novecientos ochenta y un
millones setecientos cuarenta y un mil ciento setenta y un pesos
($981.741.171.00) moneda legal colombiana, suma esta que se tendrá como
daño patrimonial al estado y que deberá actualizarse a valor presente.

Como ya se tiene definido de manera objetiva el daño patrimonial al estado Distrito
de Cartagena, secretaria de infraestructura, corresponde en consecuencia analizar
cuál fue el comportamiento de los implicados, es decir, a ver cuál de ellos o en su
totalidad con su actuar de manera activa u omisiva de forma dolosa o gravemente
culposa tuvieron relación directa o coadyuvaron con el daño patrimonial definido.

[…] AUGUSTO MAINERO ROMAN (sic), suscribe el convenio mencionado en
calidad de gerente y representante legal de EDURBE S.A, tal como se encuentra
registrado en autos, porque dentro de sus funciones se encontraba la de celebrar y
ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social de la
empresa o que tengan relación directa con la existencia y funcionamiento de la
misma, para la eficaz (sic) y oportuno cumplimiento de las metas establecidas y
ejecución presupuestal. De conformidad con la anterior, es evidente que el señor
Augusto Mainero Román, tenía a su alcance elementos suficientes cumplir de
manera efectiva para la ejecución del convenio administrativo. Afirma este
implicado en su versión libre que Edurbe actúa como contratista constructor de la
obra, recibe los presupuestos y planos de diseño del contratante, con base en los
cuales procede al desarrollo de la misma. Al iniciar una obra, en Edurbe se abre un
centro de costos, detallando los materiales, equipos y mano de obra a consumir,
soportados en los presupuestos iniciales recibidos de la administración Distrital, de
modo que a medida que la obra va consumiendo recursos, estos se van reflejando en
el centro de costos correspondiente y así se lleva el control de costos y avance de la
misma. Desde el momento en que firmamos el acta de inicio para esta obra, con fecha
marzo 14 de 2.011, la obra se mantuvo en ejecución hasta después de mi retiro de la
empresa, la misma venia avanzando según lo planeado y hasta la fecha de mi salida
de la empresa (enero 20 de 2.012), mostraba un avance del 70% respecto al convenio
firmado. Después de mi salida, la obra continúa ejecutándose y como prueba de ello
existe un informe del interventor fechado abril 27 de 2012, ya entregado por él en su
declaración, donde se deja total claridad del avance a esa fecha, de los
inconvenientes presentados que no habían permitido lograr desarrollo en la misma y
la necesidad de hacer un rediseño del sistema eléctrico para poder continuar con los
acabados en los diferentes pisos del edificio.

Lamenta este operador disentir de los atestado por el versionista, puesto que no es
cierto que a su retiro la obra se encontrara en el porcentaje de ejecución por el
señalado, por el contrario a pesar de existir inconvenientes por resolver como el
rediseño eléctrico que se había vislumbrado y a sabiendas de su imposibilidad de
ejecución dentro del término contractual establecido y que los recursos que se le
habían girado superaban el porcentaje de obra ejecutada recibió con beneplácito ya
que se desconoce el argumento esgrimido por este a efecto que se le girara el
total del dinero para completar el 100% del valor, recursos que fueron
destinados para cancelar en gran parte otras obras y emolumentos distintos a

18

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

la ejecución del CAP San Fernando luego no se ciñó el manejo de esos recursos
a lo que estaba obligado porque pudo haberse presentado en el inconveniente de
rediseño eléctrico pero eso no es óbice de no haberse presentado como se podía
terminar con la ejecución cuando los no estaban disponibles.

[…] NEXO CAUSAL

[…] AUGUSTO MAINERO ROMAN (sic), tenía a su disposición elementos suficientes
para el cumplimiento efectivo de los compromisos que se hizo el contratista EDURBE
S.A, porque como se observa los dineros fueron para a otros proyectos bajo la figura
de la unidad de caja, que en el momento de la terminación del contrato los recursos
no existían lo que motivó que el contratista al momento de la liquidación no los
devolviera en su integridad sino que se comprometiera a devolverlos en cinco (5)
años. Luego este actuar guarda estrecha relación con la lesión que sufrieron los
recursos del distrito actuación con la que se incurrió en culpa grave, ya que no se
podían haber gastado en su totalidad.

Lo anterior nos obliga a apartarnos de sus argumentos en especial cuando
afirma que al momento de su retiro de la entidad, existían suficientes recursos
y que con posterioridad se siguieron ejecutando las obras, olvidando que
desvió parte de estos recursos desestimando el objeto de los diferentes
convenios como son: "coordinar, cooperar, colaborar o distribuir competencias en la
realizaciones de las funciones administrativas de interés común de los sujetos
negóciales, en este caso culminar la ampliación del CAP de San Fernando; los
dineros no ejecutados los utilizó para cubrir obligaciones que no guarda relación con
el objeto del convenio sino para cubrir gastos de funcionamiento de carácter
accesorio" así lo afirma el perito contador en informe rendido a este despacho […]”
(negrilla fuera del texto).

104. Contra el fallo con responsabilidad se interpusieron recursos de reposición y en
subsidio de apelación. Los recursos de reposición se resolvieron a través de auto
de 4 de marzo de 201532, proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad
Fiscal de la Contraloría Distrital de Cartagena, en el que se decidió confirmar en
todas sus partes la providencia de 17 de febrero de 2014 y se concedió el recurso
de apelación.

105. Mediante auto núm. 001 de 21 de abril de 2015 la Contraloría Distrital de
Cartagena decidió la apelación interpuesta por quienes fueron declarados
responsables en el fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso fiscal núm.
005 de 2013, en el sentido de confirmar la declaratoria de responsabilidad en contra
del señor Augusto Enrique Mainero Román y otros. La decisión se fundamentó en
las siguientes consideraciones:

“[…] Continuando con la actuación, entramos ahora analizar el recurso de Apelación
presentado en nombre propio por el señor AUGUSTO MAINERO ROMAN, en fecha
12 de marzo y por intermedio de su representante judicial alegando igualmente que
no existe daño patrimonial por cuanto Edurbe y el Distrito de Cartagena convinieron
en un acta de liquidación que ésta tiene un crédito a su favor a cargo de aquella, y
que además Edurbe tendría un plazo de 5 años para pagar la suma adeudada, ya sea
como pago en efectivo, dación en pago o compensación.

Al respecto el a-quen (sic) se pronunciara de este aspecto y algunos otros que no se
tocaron en su escrito de apelación pero que siguen siendo relevantes en el fondo de
la investigación.

32
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“03Cuaderno3, páginas 119 a 134.

19

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

El señor AUGUSTO MAINERO ROMAN, ingresa a la empresa de desarrollo urbano
de bolívar EDURBE S.A., en calidad de Gerente y Representante Legal de la
empresa, el día 25 de agosto de 2010, hasta el día 20 de enero de 2012,
desempeñando principalmente las siguientes funciones, establecidas dentro del
manual especifico de funciones y competencias de la sociedad:

Cargo: Gerente.

Numeral 2. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del
objeto social de la empresa, o que tengan relación directa con la existencia y
funcionamiento de la misma, para el eficaz y oportuno cumplimiento de las metas
establecidas y ejecución presupuestal.

[…] Frente a lo expuesto anteriormente, y ahondando un poco en las fechas en las
que continuo el señor MAINERO ROMÁN como máxima autoridad y ordenador del
gasto de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar EDURBE S.A., (hasta el día 20
de enero de 2012), observemos que recursos dinerarios por concepto del
convenio No. 6-028-51 recibió la empresa contratista del Distrito de Cartagena
y cuáles fueron las fechas de recibo, según documento obrante a folio 370 del
cuaderno 2 del expediente:

FECHA # DE VALOR BRUTO RETENCIONES VALOR NETO
INGRESO
25/05/2011 2011000330 3.261.128.579,00 0,00 3.261.128.579,00
11/10/2011 201100384 952.486.694,00 0,00 952.486.694,00
02/11/2011 2011000388 303.345.687,00 0,00 303.345.687,00
09/12/2011 2011000408 2.005.296.199,00 0,00 2.005.296.199,00
TOTAL 6.522.257.159,00 6.522.257.159,00

Pues bien, es claro para el a-quen (sic), que de la anterior ilustración, durante la
fecha en la que aún se encontraba el señor MAINERO ROMÁN ocupando el
cargo de gerente, la entidad contratista Empresa De Desarrollo Urbano De
Bolívar EDURBE S.A., Si recibió el 100% de los recursos predestinados para la
terminación TOTAL de la obra y de los ítems contractuales establecidos, y nos
encontramos, según las mismas afirmaciones del responsable, que a su salida de la
empresa (20 de enero de 2012) solo se encontraba un 70% de avance, lo que
corrobora aún más que si se ve configurado el daño patrimonial acaecido y que las
conductas desplegadas gozan de tal gravedad como falta de diligencia y compromiso
contractual, que configuran los elementos para confirmar por este despacho la
responsabilidad fiscal decretada en fallo de primera instancia en contra del señor
MAINERO ROMÁN.

Resulta imperioso determinar, que independientemente a la suspensión y a las
razones que aducen las partes al momento de concretarla, no se encuentran en la
actualidad en ninguna cuenta bancaria el resto de los recursos con los que EDURBE
S.A., debe o debería cumplir para la ejecución del 100% del contrato, dineros que le
fueron efectivamente suministrados por el distrito en su totalidad, por lo que
efectivamente y de manera fáctica y concreta existe un detrimento en contra de las
arcas del distrito de Cartagena equivalente a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($986.066.784), (equivalente en dinero a lo faltante de avance de obra y lo recibido
en recursos) porque independientemente que la suspensión en su oportunidad se
hubiese dado por falta de diseños definitivos para culminar la obra, no existen desde
la época de los hechos y menos en la actualidad recursos para continuar la
finalización del contrato, debido a que en las arcas de EDURBE S.A.,
especialmente por las directrices del gerente y el subdirector administrativo,
fueron desviados a otros rumbos y a diferentes obras que no debieron
destinarse, porque cada obra por independiente tiene su certificado y su
registro presupuestal, debiendo respetar las disposiciones contractuales y
financieras de cada obra y construcción.

20

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

Ahora bien, alega el apelante que existe por parte de EDURBE S.A, y el Distrito de
Cartagena de Indias, un acta de liquidación firmada mediante la cual la sociedad se
compromete a devolver el dinero faltante y que por ende se debe revocar la
responsabilidad fiscal estudiada en el presente proceso, frente a lo anterior se le
recuerda al investigado, que si bien es cierto dicha acta de liquidación fue firmada,
hay que tener en cuenta lo siguiente: i) el dinero que fue girado en su momento a
todas luces constituye dinero o recurso público. ii) los dineros fueron girados
en virtud de un Convenio Interadministrativo, es decir, mediante dos entidades
públicas. lii) no se han cancelado aun los recursos que constituyen el
detrimento patrimonial, pero en caso de que Edurbe asuma bajo sus propios
recursos dicha cancelación, de igual forma se ve comprometido el erario
público, pues la sociedad tendrá que tomar de sus recursos (públicos y distritales)
un dinero para resarcir un daño que provino única y exclusivamente de malos manejos
por parte de ex funcionarios que ostentaron cargos gerenciales y directivos de la
misma sociedad, lo que significa que sigue y va a seguir existiendo el daño patrimonial
estudiado y comprobado mediante el presente expediente.

[…] Así las cosas, y luego de todo el acervo probatorio y las consideraciones
esgrimidas frente al presente caso, queda claro que, tanto los señores AMIRA
SALVADOR BETANCOURT, ALONSO FRANCO ALVAREZ (sic) como AUGUSTO
MAINERO ROMAN, eran los responsables del avance de las obras, en virtud de que
los mismos tenían pleno conocimiento que la programación estaba contemplada para
el 15 de diciembre de 2011, pero los trabajos se desarrollaron a ritmo lento y en
condiciones no acordes al contrato, por no haber adquirido en tiempo diligente y
prudente la sociedad, los materiales, implementos e insumos requeridos para la
terminación de la obra, muy a pesar de poseer en las arcas de la entidad contratista
el 100% de los recursos con destinación específica, lo que obligó incluso a la firma de
tres adicionales con solicitud presentada por los funcionarios de EDURBE S.A., y
firmada por los señores AUGUSTO MAINERO ROMÁN en fecha 13 de diciembre de
2011 y AMIRA SALVADOR BETANCOURT el 10 de febrero de 2012.

Ahora bien, de lo alegado por los funcionarios de EDURBE S.A., en lo referente a la
imposibilidad de terminación de la obra, así como de los adicionales suscritos, de la
falta de materiales y de espera de rediseños, solo se puede concluir que los
funcionarios de la entidad anteriormente mencionados, encargados dentro de
sus obligaciones y funciones observadas en el manual de competencias, no
actuaron acorde a lo que la ley, el convenio y el manual les facultaba, pues no
es de recibo para este despacho que se alegara excusa de materiales faltantes
para la continuación y terminación de la fase final de la obra, debido a que
precisamente el expediente da cuenta que el 100% de los recursos
presupuestados para la ejecución de cada una de esas actividades
contractuales fue oportunamente girado por la entidad contratante y recibido
por EDURBE S.A., y con todo lo anterior ninguno de los 5 niveles con que contaba
la estructura fue terminado en su totalidad, por ello esto no puede aceptarse como un
argumento válido para el incumplimiento del programa de obras y el retraso
prominente en la terminación de la unidad periférica del convenio suscrito, quedando
como resultado final que de las obras contratadas, ejecutadas y del giro global
recibido se desvió y malgasto un total de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($986.066.784,00) moneda legal colombiana, en donde la responsabilidad solo se le
puede endilgar a los funcionarios que tenían la facultad de disponer de ella, tal como
el señor Gerente AUGUSTO MAINERO ROMÁN (como ordenador del gasto), el señor
Sub-Director Administrativo y Financiero ALONSO FRANCO ÁLVAREZ (como
dirigente y planificador del gasto) y la Secretaria General AMIRA SALVADOR
BETANCOURT (como supervisora jurídica de contratos y Gerente Suplente).

Frente a todo lo anterior se observa que hubo deficiencia gerencial, administrativa y
financiera en la planeación y en la gestión, y mucho peor aún, en la correcta
distribución de los recursos públicos entregados que conllevo (sic) a la parálisis

21

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

definitiva de la obra y a su correspondiente liquidación, sufriendo las mayores
consecuencias la población Cartagenera, específicamente los habitantes del barrio
San Fernando y sus barrios colindantes, lo que acarrea no solo una violación y
agresión al fisco de la administración, sino también violación al derecho fundamental
a la salud, a una vida digna y a la atención prioritaria de personas indefensas en
materia de salud del sector, sufriendo como es costumbre las mayores secuelas la
población cartagenera […]” (negrilla fuera del texto).

106. En el plenario se acreditó que el señor Augusto Enrique Mainero Román se
posesionó como gerente de EDURBE S.A. el 25 de agosto de 2010; y ejerció el
cargo hasta el día 20 de enero de 2012.

107. De conformidad con el Manual de Funciones, el gerente es responsable de: i)
celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social
de la empresa, o que tuvieran relación directa con su existencia y funcionamiento,
con el fin de garantizar el eficaz y oportuno cumplimiento de las metas establecidas
y de la ejecución presupuestal; ii) girar, endosar, avalar, otorgar, aceptar y suscribir
toda clase de títulos valores para financiar proyectos relacionados con las
competencias específicas de la empresa; iii) manejar los fondos sociales de la
entidad en su calidad de ordenador del gasto; y iv) ejecutar los actos y decisiones
que para el desarrollo del objeto social le encomendaran los órganos superiores de
la empresa, así como los gobiernos nacional, departamental y distrital.

108. Durante el periodo que fungió como gerente y representante legal de EDURBE
S.A., el aquí accionante suscribió el 14 de febrero de 2011 el convenio
interadministrativo núm. 51 de 201133 con el distrito para culminar las obras del CAP
San Fernando.

109. El objeto del convenio era “[…] LA CONTINUACIÓN DE LA FASE FINAL EN LA
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CAP DE SAN FERNANDO identificado con el
código No. 2006-013001-0081 radicado en el Banco de Programas y Proyectos de
la Secretaria de Planeación Distrital, por el sistema de precios unitarios, de
conformidad con los requerimientos hechos por la Secretaría de Infraestructura
Distrital […]”.

110. El plazo inicial se previó hasta el 15 de diciembre de 2011, el valor por la
ejecución de la obra fue de “[…] SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($6.522.257.159) […]” y la forma de pago se pactó así:

“[…] PARÁGRAFO PRIMERO: La forma de pago que aquí se establece se sujeta
al Plan Anual de Caja del Distrito. Se pagará un 50% por concepto de Anticipo
y un 50% en Actas Parciales de Obra, previa presentación de factura o cuenta
de cobro por parte de EDURBE y acta de recibo a satisfacción por parte de
Interventor. Para tramitar el pago del Acta final, se hace necesario que EDURBE
entregue al Interventor una copia física y en medio magnético de los Planos Record
de la Obra ejecutada y copia del pago de los aportes Parafiscales donde conste que
se encuentra a paz y salvo por este concepto […]” (negrilla fuera del texto).

33
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1, páginas 119 a 134.

22

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

111. Conforme el acta de inicio la obra comenzó el 14 de marzo de 201134.

112. El 7 de septiembre de 2011 se suscribió contrato modificatorio núm. 001 al
convenio interadministrativo núm. 51 de 201135, en el que se acordó lo siguiente:

“[…] 2) Que se hace necesario, la modificación del parágrafo primero de la cláusula
cuarta del convenio ya que en virtud del principio de coordinación se requiere contar
con los recursos presupuestales para cumplir a cabalidad con el objeto convenido.
Vistas las anteriores consideraciones se estima procedente la celebración del
presente contrato modificatorio el cual se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: el parágrafo primero de la cláusula cuarta quedara así: CLAUSULA
CUARTA: PARAGRAFO PRIMERO: El Distrito de Cartagena Pagara
anticipadamente a EDURBE S.A el saldo del valor del convenio, y el valor de los
convenios adicionales que se generen a partir de la fecha, con el propósito de
cumplir con la misión asignada, para ello EDURBE S.A pasara una cuenta del valor
a entregar anticipadamente, la cual debe reunir los requisitos por ley establecidos
para el efecto. La entidad convenida se compromete a entregar mensualmente un
informe de avance de ejecución de las obras, es de aclarar que este informe no es
requisito para tramitar dicho pago. SEGUNDA: Las demás cláusulas del contrato
principal permanecen vigentes y quedarán iguales […]” (negrilla fuera del texto).

113. Se celebró la adición núm. 001 al convenio interadministrativo núm. 51 de 2011,
el 13 de diciembre de 201136 con el propósito de ampliar el plazo contractual en los
siguientes términos:

“[…] 2) Que mediante oficio de 12 de diciembre el contratista con el aval del interventor
solicita ampliación en tiempo la ejecución de la obra y en esta forma suplir la
necesidad que se acaece […] SEGUNDA. Ampliar la Cláusula tercera del convenio,
la cual quedará así: CLAUSULA TERCERA: TERMINO DE DURACION: El presente
contrato tendrá una vigencia de dos (02) meses contados a partir del vencimiento del
plazo inicialmente estipulado en el convenio principal. TERCERA: Las demás
cláusulas del convenio principal permanecen vigentes y quedarán iguales […]”
(negrilla del texto).

114. Se realizó una nueva ampliación del plazo por 45 días a través de la adición
núm. 002 de 10 de febrero de 201237 al convenio interadministrativo núm. 51 de
2011. Este documento fue suscrito por la gerente suplente de EDURBE S.A., señora
Amira Salvador Betancourt.

115. Se efectuó una última adición el 26 de marzo de 201238, en la que se amplió el
plazo contractual 45 días. Este documento fue suscrito por la gerente suplente de
EDURBE S.A., señora Amira Salvador Betancourt.

116. Finalmente se elaboró el acta de suspensión núm. 1 al convenio
interadministrativo núm. 51 de 2011 de fecha 27 de abril de 2012 39, en el que se
acordó suspender las obras que hacían parte del convenio dado que era “[…]
necesario resolver el rediseño eléctrico definitivo y los recursos que se requieren
para la subestación eléctrica recomendado por el Asesor eléctrico lo cual impiden

34
Ibidem, página 208.
35
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“02Cuaderno2, página 91.
36
Ibidem, página 104.
37
Ibidem, página 108.
38
Ibidem, página 117.
39
Ibidem, páginas 122 y 123.

23

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

actividades de acabados como cielo raso, estuco pintura entre otros […]”. El
documento fue suscrito por el coordinador de interventoría, el interventor y la
supervisora de la obra de EDURBE S.A.

117. El convenio se reinició por medio del acta de reinicio de la obra núm. 1 de 24 de
mayo de 201340.

118. No obstante, se decidió dar por terminado el convenio el 28 de mayo de 2013
como consta en la respectiva acta de liquidación41, suscrita por el alcalde del distrito,
el gerente del EDURBE S.A., señor Ramón David Expósito Vélez y el interventor.

119. En el acta se pactaron las siguientes constancias y acuerdos:

“[…] V. CONSTANCIAS

1. Que a la fecha a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A., se le ha
cancelado la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
MONEDA LEGAL ($6.522'256.960,00 ML), por concepto de Pago Anticipado de la
obra contratada.

2. Que en la presente acta de liquidación están incluidos todos los valores por
concepto de obra ejecutada según contrato suscrito, modificaciones, reajuste,
revisiones y demás inherentes al contrato y a las obras, estando pendientes por
devolver al contratante, suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MONEDA
LEGAL ($981'741.171,00 ML), correspondiente al valor no ejecutado.

3. Que las partes consideran dar por recibidas las obras en el estado en que se
encuentran, según informe final de interventoría anexo, y para efectos de las
obligaciones pendientes por parte de EDURBE S.A., suscribir un ACUERDO DE
PAGO, en el cual se ha de establecer lo siguiente:

EDURBE S.A. podrá cancelar al Distrito de Cartagena la suma que queda
pendiente con alguna de cualquiera de las siguientes formas, dentro de un plazo
de cinco (5) años y para lo cual deberá constituir una garantía que respalde la
obligación:

a. Por pago en efectivo.
b. Por dación en pago de inmuebles de propiedad de EDURBE S.A., previo
avalúo realizado conforme a la Ley, al Distrito o a un tercero que señale
previamente el Distrito.
c. Por la compensación a través de ejecución de obras, diseños o estudios que
le encargue el Distrito a la entidad.
d. Por compensación con obligaciones pendientes por pagar a cargo del Distrito
y que tenga a favor de EDURBE S.A.

[…] 5. Que la obra fue entregada por el Contratista al DISTRITO atendiendo a los
informes presentados por el interventor del contrato, el cual aceptó la ejecución de las
obras descritas en el Cuadro de Cantidades Definitivas anexo a la presente Acta de
Liquidación, lo que demuestra el valor de obra ejecutada por la suma de Cinco Mil
Quinientos Cuarenta Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Ochenta y Ocho
Pesos Moneda Legal ($5.540'515.988,00 ML) y porcentaje del 85% acumulado. Se
anexa acta.

40
Ibidem, página 124.
41
Ibidem, páginas 151 a 155.

24

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

6. Cumplido (sic) todos los requisitos sobre la liquidación del convenio, las partes se
declaran a paz y salvo respecto a las obligaciones, relativas a la ejecución de obra, a
la posesión y entrega de las mismas, por lo que se entiende que en esta etapa quedan
resueltas las diferencias en torno a lo anterior, así como en el balance económico y
financiero del convenio.

[…] Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Convenio Interadministrativo cuyo objeto es
la CONTINUACIÓN DE LA FASE FINAL EN LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL
CAP DE SAN FERNANDO, suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y EDURBE S.A.

SEGUNDO: El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, previa verificación
de los documentos que acreditan y soportan el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del contratista de lo cual da fe el interventor con su firma, tiene saldo
pendiente por cobrar a EDURBE S.A., declarándose las partes a paz y salvo con
ocasión de cualquier suma diferente de las reconocidas dentro de la presente acta de
liquidación.

TERCERO: EDURBE S.A. deberá devolver al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MONEDA
LEGAL ($981'741.171.00 ML), correspondiente al valor no ejecutado del proyecto
[…]” (negrilla fuera del texto).

120. La Sala destaca que, de acuerdo con lo acordado inicialmente por las partes el
valor del contrato sería pagado así: i) un pago inicial del 50% por concepto de
anticipo; y ii) el restante 50% se pagaría con base en las actas parciales que fueran
suscritas previa presentación de una factura o cuenta de cobro por parte de
EDURBE S.A. y recibo a satisfacción por parte del interventor.

121. En cumplimiento de lo pactado, EDURBE S.A. elaboró la factura de venta núm.
ED_1193 de fecha 24 de marzo de 201142 por valor de $3.261.128.579.50, por
concepto de anticipo del 50% la cual fue firmada por el señor Augusto Enrique
Mainero Román.

122. Posteriormente, en el marco de la ejecución contractual se expidió el acta
parcial de obra núm. 1 de fecha 14 de junio de 201143 por parte del Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias, en la que se consignó que se recibieron
parcialmente las obras y que la cuenta parcial a favor del anticipo era de
$952.486.694.

123. Producto de lo entregado, EDURBE S.A. realizó la factura de venta núm.
ED_1247 de fecha 26 de agosto de 201144 por valor de $952.486.694 la cual fue
suscrita por el señor Augusto Enrique Mainero Román.

42
Ibidem, página 209.
43
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“02Cuaderno2”, páginas 12 y 13.
44
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, página 209.

25

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

124. Luego se suscribió el acta parcial de obra núm. 2 el 29 de julio de 201145 en la
que consta que se recibieron parcialmente las obras y que el valor a pagar por el
acta era de $303.345.687, por cuanto quedaba un saldo del anticipo por el mismo
valor por la misma suma.

125. Mediante oficio de 16 de agosto de 201146, el demandante ordenó a la sociedad
Fiduprevisora S.A. que depositara los recursos girados por el Distrito de Cartagena
en una cartera colectiva de alta liquidez de la cual EDURBE S.A. también era titular.
Veamos:

“[…] Nos permitimos autorizar de manera irrevocable los pagos ordenados por el
Distrito de Cartagena en virtud de los convenios interadministrativos y/o giros a favor
de Edurbe S.A. sean adicionados a la CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE ALTA
LIQUIDEZ FIDUPREVISORA S.A. Nit 900,251,8648 donde también es titular
EDURBE S.A. […]”.

126. Como consecuencia de esta segunda entrega se produjo la factura de venta
núm. ED_1258 de fecha 30 de septiembre de 201147 expedida por EDURBE S.A.
por valor de $303.345.687, por concepto del acta de entrega núm. 2, la cual fue
firmada por el señor Alonso Franco Álvarez.

127. Una vez hechos estos tres pagos conforme lo inicialmente pactado, el gerente
de EDURBE S.A., señor Augusto Enrique Mainero Román, y el representante del
distrito suscribieron el 7 de septiembre de 2011 el modificatorio núm. 1 del contrato,
en el que se varió la forma de pago y se pactó que se desembolsaría
anticipadamente el saldo del valor del convenio.

128. EDURBE S.A. expidió la factura de venta núm. ED_1280 de fecha 25 de
noviembre de 201148 por valor de $2.005.296.198,50 por concepto de “[…] DTC-
SALDO ADEC.FASE FINAL CAP SAN FERNANDO […]”. El señor Augusto Enrique
Mainero Román suscribió esa factura.

129. Además, los actos demandados explican en su parte motiva que en el
expediente fiscal reposa el informe financiero del convenio interadministrativo núm.
51 de 2011, en el que se consolidó el estado económico del convenio y se verificó
que, pese a haberse desembolsado la totalidad de los recursos, estos no reposaban
en las cuentas de EDURBE S.A. al momento de la terminación de la obra. Este
documento acredita que el saldo girado de manera anticipada no se encontraba
disponible para culminar el objeto contractual, sino que fue aplicado a rubros
distintos de la ampliación y adecuación del CAP de San Fernando.

130. En la versión libre y espontánea del señor Augusto Mainero Román se precisó
lo siguiente:

“[…] Con relación a la presunta Responsabilidad Fiscal que me ha sido endilgada por
el ente de Control, dentro de la ejecución del convenio interadministrativo Nro. 6-028-
51 de 2011, suscrito entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la

45
Ibidem, páginas 21 y 22.
46
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“02Cuaderno2, página 90.
47
Ibidem, página 92.
48
Ibidem, página 97.

26

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. - EDURBE S.A., para la continuación
de la fase final en la ampliación y adecuación del CAP de San Fernando, de fecha el
14 de Febrero de 2011, por valor de seis mil quinientos veintidós millones doscientos
cincuenta y siete mil ciento cincuenta y nueve pesos ($ 6.522.257.159) me permito
indicar lo siguiente”: “Quiero aclarar que efectivamente EDURBE en los años
anteriores a mi administración, había venido reflejando pérdidas en su gestión y como
consecuencia de ello, la empresa había sido afectada en su caja de manera
importante. Este hecho, en cabal cumplimiento de las funciones asignadas a mi cargo,
lo informé de manera oportuna a mi Junta Directiva tanto como a la hora de entregar
el cargo. La empresa arrastraba pérdidas acumuladas hasta 2010 del orden de trece
mil millones de pesos ($ 13.000.000.000). Durante el año 2011, época en que fungí”.
[…] como gerente logramos ajustar los gastos, rebajándolos en un 39% contra el año
anterior y con un buen control de ingresos vs costos logramos arrojar utilidades del
orden de ciento cincuenta millones ($150.000.000) y dejamos un patrimonio
fortalecido de más de dieciocho mil millones de pesos ($18.000.000.000). Como
constancia del hecho descrito, me permito dar traslado a este ente de control del Acta
de Entrega de mi cargo de fecha 9 de Febrero de 2012, en 27 folios útiles y escritos.
[…] En lo que estrictamente se refiere al Hospital de San Fernando, vemos con gran
preocupación la posición de la Contraloría Distrital, ya que la situación actual de la
obra es totalmente diferente a lo planteado como soporte para iniciar este proceso
fiscal. EDURBE S.A. actuó como contratista constructor de la obra, recibe los
presupuestos y planos de diseño del contratante, con base en los cuales procede al
desarrollo de la misma. Al iniciar una obra, en EDURBE se abre un centro de costos,
detallando los materiales, equipos y mano de obra a consumir, soportados en los
presupuestos iniciales recibidos de la administración Distrital, de modo que a medida
que la obra va consumiendo recursos, estos se van reflejando en el centro de costos
correspondiente y así se lleva el control de costos y avance de la misma. La empresa
con la firma del convenio, procede a solicitar la expedición de todas las pólizas que
cubren las exigencias del contratante. “Desde el momento en que firmamos el acta
de inicio para esta obra, con fecha marzo 14 de 2011, la obra se mantuvo en ejecución
hasta después de mi retiro de la empresa, la misma venía avanzando según lo
planeado y hasta la fecha de mi salida de la empresa (enero 20 de 2.012), mostraba
un avance del 70% respecto al convenio firmado. Después de mi salida, la obra
continúa ejecutándose y como prueba de ello existe un informe del interventor
fechado abril 27 de 2.012, ya entregado por él en su declaración, donde se deja total
claridad del avance a esa fecha, de los inconvenientes presentados que no habían
permitido lograr desarrollo en la misma y la necesidad de hacer un rediseño del
sistema eléctrico para poder continuar con los acabados en los diferentes pisos […]”.

131. De la versión libre y espontánea rendida por el Señor Alonso Franco Álvarez 49,
se destaca:

“[…] Igualmente a mi llegada encontré que se estaba aplicando la unidad de caja en
la entidad y nunca recibí instrucciones por parte del representante legal, gerente o
algún político por parte de la junta directiva de lo contrario, hasta la llegada del señor
Oscar Brieva como Gerente en el mes de julio del año 2012, quien me dio las
instrucciones de modificar el sistema del manejo de caja colocando una fiducia en
cuentas separadas los dineros de cada proyecto, por lo que así procedí.

[…] Es de anotar que a mi llegada en el año 2008 tampoco se encontró alguna
observación o hallazgo por parte de las entidades de control en lo referente a la
aplicación de la unidad de caja. Ni siquiera en las cuatro años que estuve como
funcionario donde se atendieron varias visitas y auditorías tanto de la Contraloría
Distrital como de la Contraloría General, quienes jamás se pronunciaron en contra de
la unidad de caja”. “Quiero mencionar que el 27 de abril del 2012, fecha del acta de
suspensión del Hospital de San Fernando, EDURBE contaba con unas cuentas por

49
Vinculado a la investigación en calidad de subdirector administrativo y financiero de la EDURBE S.A.

27

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

cobrar por $18.900 millones, de los cuales ha recibido desde el 27 de abril del 2012
a la fecha más de $10.400 millones, recursos que seguramente el gerente quien es
el ordenador del gasto hubiese junto con la subdirección técnica priorizado los dineros
para este proyecto de no haberse encontrado suspendida […]”.

132. Como puede apreciarse, en el plenario se demostró que: i) el distrito y EDURBE
S.A. acordaron el desembolso de todos los recursos antes de la finalización de la
obra; ii) el señor Augusto Enrique Mainero Román dispuso que esos dineros se
incorporaran a una cartera colectiva de alta liquidez de la empresa, pese a que
tenían una destinación específica; y iii) EDURBE S.A. asumió en el acta de
liquidación del convenio el compromiso de reintegrar al distrito la suma de
$981.741.171, correspondiente al porcentaje de obra no ejecutado, por cuanto al
momento de la liquidación no contaba con esos recursos.

133. Con ello el demandante quebrantó los principios que rigen la contratación
estatal en especial el de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de
1993, según el cual los servidores públicos están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad.

134. En otras palabras, el daño patrimonial se acreditó por la conjunción de tres
factores. En primer lugar, el 25 de noviembre de 2011 se desembolsó la totalidad
del saldo del convenio con solo dos entregas parciales de obra, de modo que su
valor se pagó de manera anticipada. En segundo lugar, al momento de la liquidación
quedaban sumas pendientes por ejecutar o reintegrar pues solo se recibió el 85%
de la obra. En tercer lugar, el demandante desconoció la destinación específica de
los recursos.

135. Llama la atención de la Sala que el 7 de septiembre de 2011 se modificó la
forma de pago, sin justificación suficiente. A partir de ese momento cesaron las
entregas de obra que se venían realizando y comenzó a extenderse el plazo
contractual. Aunque estas figuras resultan comunes y están previstas en la ley,
ocurrieron una vez que, bajo la gerencia del actor, se solicitó el desembolso de
$2.005.296.198,50 mediante la factura de venta núm. ED_1280 de 25 de noviembre
de 201150.

136. Por lo tanto, la suscripción del acuerdo de pago en el acta de liquidación no
desvirtúa el daño ni releva de responsabilidad al gestor fiscal, sino que confirma la
falta de diligencia en la administración de unos recursos destinados a una obra que
no se culminó.

137. El argumento relacionado con que el acta de liquidación se firmó después de su
retiro del cargo, no cuenta con vocación de prosperidad dado que la conducta que
generó el daño se desplegó durante su gestión. Incluso en su administración se
suscribió la modificación núm. 1 de 7 de septiembre de 2011 y se solicitó el giro
anticipado de $2.005.296.198,50, sin la correlativa ejecución de la obra.

50
Ibidem, página 97.

28

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

138. Tampoco desvirtúa el daño el argumento según el cual el acuerdo de pago
prestaba mérito ejecutivo y otorgaba a EDURBE S.A. un plazo de 5 años para el
reintegro. La certeza del daño no depende de la exigibilidad inmediata de la
obligación, sino de la lesión causada al erario con el desembolso total de los
recursos sin la correlativa ejecución de la obra.

139. No prospera el argumento relacionado con la celebración del contrato de dación
en pago el 17 de septiembre de 2018 entre EDURBE S.A. y el distrito, por valor de
$11.104.298.884, pues el juicio de legalidad de los actos se examina según las
circunstancias existentes al momento de su expedición51.

140. En todo caso, dicha prueba no se incorporó al plenario en las oportunidades
legales y de su contenido no se advierte que el saldo específico del convenio
interadministrativo núm. 51 de 2011 quedara satisfecho de manera individualizada.

141. Frente al argumento del apelante, según el cual podía disponer de los recursos
destinados a la ejecución de las obras del Convenio Interadministrativo núm. 51 de
2011 en virtud del principio de unidad de caja previsto en el artículo 6.º del Decreto
115 de 199652, la Sala considera que no le asiste razón.

142. La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-057 de 202153 que el principio
de unidad de caja supone que las rentas y recursos de capital ingresan a una caja
común desde la cual se atienden las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.
Sin embargo, también expuso que no se trata de un principio absoluto pues existen
recursos que, debido a su destinación específica, no quedan sometidos a la libre
disponibilidad presupuestal.

143. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó en el
concepto del 15 de noviembre de 200754 que el principio de unidad de caja no puede
invocarse para justificar el incumplimiento de compromisos adquiridos por las
entidades públicas y que los servidores públicos pueden llegar a responder
patrimonialmente por los perjuicios ocasionados por la demora injustificada en su
satisfacción.

144. Explicó que dicho principio no es un eximente de responsabilidad fiscal frente a
la gestión de los recursos públicos, los pagos derivados de intereses moratorios,
sanciones o multas originados en una conducta dolosa o gravemente culposa del
gestor fiscal no corresponden a simples movimientos internos de recursos públicos,
sino a gastos injustificados derivados del incumplimiento de sus deberes
funcionales.

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2024, radicación
núm. 11001-03-24-000-2014-00682-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
52
“[…] Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a
actividades no financieras […]”.
53
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-13725, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
54
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Gustavo Aponte Santos, radicación núm. 11001-03-06-000-
2007-00077-00(1852).

29

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

145. En el plenario reposa el certificado de disponibilidad presupuestal núm. 51 de 7
de febrero de 201155 expedido por el distrito, en el que consta que en el presupuesto
de gastos e inversiones de la vigencia 2011 existía aprobación disponible para
atender el fortalecimiento de la red hospitalaria, específicamente para la
continuación de la ampliación y adecuación CAP de San Fernando, por valor de
$6.602.257.159.

146. Asimismo, en la solicitud de disponibilidad presupuestal núm. 70 de 2 de marzo
de 201156 expedida por la alcaldía mayor de Cartagena, se precisó lo siguiente:

“[…]
DEPENDENCIA DADIS
RUBRO FORTALECIMIENTO RED HOSPITALARIA
CÓDIGO 02-01-06-20-03-01-02-02
FUENTE Ingresos Corrientes Libre Destinación
DESCRIPCIÓN CONTINUACIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL
CAP DE SAN FERNANDO
VALOR $6.602.257.159,oo
[…]” (negrilla del texto)

147. Finalmente, en el certificado de registro presupuestal núm. 75 de 16 de febrero
de 201157 se identificó el compromiso con código presupuestal 02-01-06-20-03-01-
02-02 para el fortalecimiento de la red hospitalaria, en el marco del convenio
interadministrativo núm. 51 por valor de $6.602.257.159.

148. Por lo tanto, el señor Augusto Enrique Mainero Román conocía la destinación
específica de esos recursos y no podía invocar el principio de unidad de caja para
justificar su utilización en finalidades distintas. Además, como representante legal
de EDURBE S.A., tenía deberes de manejo, control, custodia y verificación sobre
dichos recursos.

149. En consecuencia, el principio de unidad de caja no constituye una causal
eximente de responsabilidad frente al incumplimiento de las obligaciones que le
correspondían como representante legal de la entidad y responsable de los
recursos.

150. Tampoco prospera el argumento según el cual las modificaciones y adiciones
del convenio eran actuaciones legítimas por estar autorizadas por la Ley 80 de 1993,
pues la contraloría no cuestionó el uso de esas figuras, sino que el demandante
hubiera anticipado el pago de la totalidad del saldo cuando la obra aún no había
finalizado.

151. De igual manera, no prospera el argumento relacionado con la inexequibilidad
del concepto de “uso indebido” analizado en la sentencia C-340 de 2007, pues la
responsabilidad no se fundamentó en esa conducta, sino en el incumplimiento del
objeto contractual y en la destinación de los recursos a finalidades distintas de
aquellas para las cuales fueron entregados.

55
Cfr. Índice 2. Archivo “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2”, carpeta “13001233300020150071700”, documento
“01Cuaderno1”, página 170.
56
Ibidem, página 169.
57
Ibidem, página 202.

30

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

152. Finalmente, la ola invernal de 2010 y 2011 no rompe el nexo causal entre la
conducta del demandante y el detrimento patrimonial, porque la suspensión de la
obra obedeció a la necesidad de resolver el rediseño eléctrico definitivo y no
exclusivamente a las condiciones climáticas. En todo caso, la ocurrencia de dicho
fenómeno climático no desvirtúa la incidencia de la conducta del demandante en la
producción del daño por las razones expuestas.

153. Por ende, los cargos no prosperan.

V.3.2. La etapa de alegatos en vigencia de la Ley 610 de 2000

154. El apelante sostuvo que la Contraloría Distrital de Cartagena vulneró su derecho
al debido proceso y a la defensa porque, una vez culminada la etapa probatoria, no
le concedió la oportunidad para presentar alegatos de conclusión antes de proferir
el fallo con responsabilidad fiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 48
de la Ley 1437 de 2011 que señala:

“[…] ARTÍCULO 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se
señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más
investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta
de sesenta (60) días.

Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días
para que presente los alegatos respectivos […]” (negrilla fuera del texto).

155. Agregó que esta norma resultaba aplicable al procedimiento de responsabilidad
fiscal por la remisión contenida en el artículo 6658 de la Ley 610 de 2000.

156. Al respecto, la Sala pone de presente que la Ley 610 de 2000 reguló
integralmente el procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal y estableció las
distintas etapas aplicables para la valoración de la responsabilidad fiscal.

157. Dentro de esa estructura procesal el legislador incluyó la apertura del proceso
de responsabilidad fiscal (artículo 40 de la Ley 610 de 2000), la investigación y
recaudo de pruebas (artículos 41 a 47), la imputación de responsabilidad fiscal
(artículo 48), la presentación de argumentos de defensa y solicitud de pruebas por
parte de los implicados (artículo 50), la práctica probatoria (artículo 51) y la
expedición del fallo correspondiente (artículos 52 y 53) y los recursos procedentes
contra las decisiones adoptadas dentro de la actuación (artículos 55 y 56)59.

158. Posteriormente, se expidió la Ley 1474 de 2011 con el propósito de reforzar las
herramientas institucionales de control fiscal y fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

58
“[…] Artículo 66. Remisión a otras fuentes normativas. En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, en su
orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código de
Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. En materia de
policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Penal […]”.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta - Descongestión, sentencia de 21 de junio de
2018, radicación núm. 05001-23-31-004-2003-01887-01, M.P.: Rocío Araujo Oñate, demandante Jaime Hidalgo Ballesteros.

31

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

159. Dicha normativa no sustituyó el procedimiento previsto en la Ley 610 de 2000,
sino que introdujo algunas modificaciones puntuales a ese régimen60; y
simultáneamente, creó el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal previsto
para determinados eventos en los que, desde las actuaciones preliminares, existen
elementos probatorios que permiten avanzar a través de un trámite célere
desarrollado a través de audiencias.

160. Así las cosas, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011,
coexisten dos procedimientos de responsabilidad fiscal. El primero corresponde al
procedimiento ordinario regulado por la Ley 610 de 2000, con las modificaciones
expresamente incorporadas por la Ley 1474, en el que el legislador no contempló
una etapa de alegaciones con posterioridad al cierre del período probatorio.

161. El segundo es el procedimiento verbal, regulado en los artículos 97 y siguientes
de la Ley 1474 de 2011, en el cual el legislador incluyó en la audiencia de decisión
prevista en el artículo 100 de la Ley 1474 de 2011 la oportunidad para que los
sujetos procesales expusieran sus consideraciones finales antes de adoptarse la
decisión de fondo.

162. En el presente caso la actuación administrativa adelantada contra el señor
Augusto Enrique Mainero Román se tramitó mediante el procedimiento ordinario de
responsabilidad fiscal previsto en la Ley 610 de 2000. Allí se le garantizó al
demandante su derecho de defensa pues se le vinculó al proceso, conoció los
hechos objeto de investigación, se le notificó del auto de imputación, presentó sus
explicaciones, solicitó pruebas, intervino en la etapa probatoria e interpuso los
recursos procedentes.

163. Dicho procedimiento respondió a lo reglado en los artículos 50, 51 y 52 de la
Ley 610 de 2000. El artículo 50 reconoce a los presuntos responsables un término
de 10 días para presentar sus argumentos de defensa y solicitar o aportar pruebas.
El artículo 51 regula el decreto y práctica de las pruebas y prevé que el funcionario
deberá ordenar aquellas que resulten conducentes y pertinentes, para lo cual
contará con un término de 30 días prorrogables. Y el artículo 52 establece que,
vencido el traslado y practicadas las pruebas pertinentes, se deberá proferir el fallo
correspondiente dentro de los 30 días siguientes.

164. La actuación inició con el auto de apertura 005-2013 de 7 de febrero de 2013.
Posteriormente, se profirió el auto de imputación de responsabilidad fiscal de 19 de
junio de 2013, en el que se atribuyó al demandante y a los demás vinculados la
presunta causación de un detrimento patrimonial por valor de $981.741.171 y se les
concedió la oportunidad prevista en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000 para
presentar sus argumentos de defensa, solicitar y aportar pruebas.

165. Cumplido lo anterior, la autoridad fiscal decretó y practicó las pruebas que
consideró pertinentes y, finalmente, expidió el fallo con responsabilidad fiscal de
primera instancia el 17 de febrero de 2014; decisión que posteriormente fue objeto

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación
núm. 08001233100620020251401, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

32

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

de los recursos de reposición y apelación previstos en los artículos 55 y 56 de la
Ley 610 de 2000.

166. Por lo tanto, no existe un vacío normativo susceptible de complementar
mediante el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011. La remisión prevista en el artículo
66 de la Ley 610 opera únicamente frente a aspectos no regulados por la norma
especial y siempre que la disposición complementaria sea compatible con la
naturaleza de la actuación fiscal.

167. Los artículos 2.º y 34 de la Ley 1437 de 2011 establecen que las autoridades
deben aplicar los procedimientos previstos en dicho código sin perjuicio de los
regulados en leyes especiales, como ocurre en el presente caso.

168. Lo anterior encuentra respaldo en la jurisprudencia de esta Corporación. En la
sentencia de 21 de junio de 201861 la Sección Quinta - Descongestión precisó las
etapas del proceso de responsabilidad fiscal previstas en la Ley 610 y se destacó
que antes de proferir el fallo, debe agotarse la etapa probatoria.

169. Esta Sección en sentencia del 11 de febrero de 202162, consideró que el
derecho al debido proceso está compuesto por tres ejes fundamentales: “[…] (i) el
derecho de defensa y contradicción, (ii) el impulso y trámite de los procesos
conforme con las formas establecidas para cada juicio o procedimiento y (iii) que el
asunto sea resuelto por el juez o funcionario competente para ello. La transgresión
de cualquiera de esos ejes comporta la grave vulneración de esa garantía
fundamental […]” (negrilla fuera del texto).

170. Lamencionada providencia precisó que el debido proceso se garantiza
cuando se regulan “[…] (i) los medios de prueba que se pueden utilizar para
demostrar determinados hechos, y, (ii) las oportunidades que se deben ofrecer
para controvertir los hechos que permiten inferir cierta responsabilidad de
determinados sujetos, bien mediante la oportunidad para expresar los
motivos o razones de la defensa, o para presentar las pruebas que respalden
esos motivos y razones […]” (negrilla fuera del texto).

171. En ese sentido, la Sala insiste en que el procedimiento ordinario no incorpora
una etapa adicional destinada a la presentación de alegatos de conclusión, el cual
se mantuvo con la expedición de la Ley 1474 de 2011. Dicha normativa no modificó
los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 610 para incorporar esa etapa. Por el contrario,
solo previó expresamente esa oportunidad dentro del procedimiento verbal de
responsabilidad fiscal, al regular la audiencia de decisión prevista en el artículo 100
de la Ley 1474 de 2011.

172. En otras palabras, el legislador decidió mantener la estructura original del
procedimiento ordinario y reservar las alegaciones finales para el trámite verbal, lo
cual se encuentra dentro de su margen funcional conforme lo ha considerado la

61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta - Descongestión, sentencia de 21 de junio de
2018, radicación núm. 05001-23-31-004-2003-01887-01, M.P.: Rocío Araujo Oñate.
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación
núm.: 08001233100620020251401, M.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.

33

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

Corte Constitucional en las sentencias C-832 de 200163, C-034 de 201464 y C-980
de 201065.

173. En la sentencia C-980 de 2010, la Corte precisó que “[…] es al legislador a quien
corresponde regular los diversos procesos judiciales y administrativos, y establecer
las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como
los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades
judiciales y administrativas […]”.

174. Por ende, el cargo no prospera en atención a que el legislador en ejercicio de
su potestad configurativa decidió que el proceso de responsabilidad previsto en la
Ley 610 de 2000 no debía agotar la etapa de alegatos de conclusión, una vez se
culminara la etapa probatoria.

175. Además, no resulta procedente aplicar al presente asunto las consideraciones
contenidas en la sentencia C-107 de 200266, por cuanto dicha providencia no
examinó el procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal regulado por la Ley
610 de 2000 ni estableció que los alegatos finales constituyan una actuación
constitucionalmente obligatoria en toda actuación administrativa.

176. Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de
2012, sobre condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por la
Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

63
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-3388, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. La Corte precisó que “[…] El
legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las
personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades tanto judiciales como administrativas competentes. En este punto,
el margen de configuración del legislador es muy amplio, ya que no existe un parámetro estricto para poder determinar la
razonabilidad de los términos procesales. La limitación de éstos está dada por su fin, cual es permitir la realización del derecho
sustancial. Al respecto la Corte ha señalado: “En virtud de la cláusula general de competencia, el legislador está ampliamente
facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando
los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial” […]”.
64
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-9566, M.P.: María Victoria Calle Correa. La Corte precisó que “[…] La
competencia general de hacer las leyes es amplia, como se desprende de la literalidad de las normas constitucionales citadas,
como ocurre en toda república democrática. Tanto las cláusulas relativamente abiertas e indeterminadas de la Constitución,
como los espacios ausentes de una regulación superior, otorgan al Legislador un amplio margen de elecciones políticas,
susceptibles de ser definidas en discusión democrática. Por esa razón, la Corte Constitucional sostiene, en jurisprudencia
uniforme y constante, que el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración del derecho, y correlativamente,
que el control que se ejerce sobre la constitucionalidad de las leyes parte de un respeto o deferencia hacia las decisiones del
Congreso de la República […] 12. En la misma dirección, la Corporación ha explicado que corresponde al Legislador el
desarrollo del debido proceso, mediante la definición legal de las normas que estructuran los procedimientos judiciales y
administrativos, ámbito en el que le corresponde establecer su objeto, etapas, términos, recursos, y demás elementos propios
de cada actuación. En la sentencia C-598 de 2011 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV. María Victoria Calle Correa] […]”.
65
Sala Plena de la Corte Constitucional, expediente D-8104, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
66
Sala Plena de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, expediente D-3643.

34

Radicación núm.: 13001-23-33-000-2015-00717-01
Demandante: Augusto Enrique Mainero Román

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.