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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2012-00614-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2012-00614-02

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2012-00614-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales sexto, octavo y décimo de la sentencia de 18 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán así: SEXTO: EXHORTAR los señores HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA LUCIA MAYA MONSALVE para que cooperen a las autoridades aquí accionadas en los trámites y gestiones que se requieran con miras a dar cumplimiento al presente fallo, sin perjuicio de las acciones administrativas y policivas a que haya lugar. OCTAVO: El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD, el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y CORANTIOQUIA, cofinanciarán al MUNICIPIO DE COPACABANA en un 15% cada uno, para la adopción de todas Las medidas que deba implementar a fin de mitigar el riego. En especial el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAPARD apoyará la reubicación de las familias en viviendas dignas, en el marco de sus competencias. […] DÉCIMO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el Tribunal de primera instancia a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá, el Procurador Ambiental y Agrario e integrado además por: el actor popular, señor IGNACIO BERRIO ACEVEDO o un representante de los actores populares, por los demandados: señores HECTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA LUCIA MAYA MONSALVE o quien los representante y por un representante de cada una de las siguientes entidades: MUNICIPIO DE Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 216 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2012-00614-02 Actores: IGNACIO BERRIO ACEVEDO Y OTROS. COPACABANA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD-, CORANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA y DEVIMED S.A. Dicho comité presentará informes, cada seis (6) meses a la Magistrada Ponente, durante los dos años siguientes a que adquiera firmeza esta decisión […]”. SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2012-00614-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2012-00614-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: IGNACIO BERRIO ACEVEDO Y OTROS

TESIS: LA FINALIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR ES LA PROTECCIÓN
REAL Y EFECTIVA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS QUE RESULTEN
VULNERADOS O AMENAZADOS, RAZÓN POR LA QUE DEBEN
IMPARTIRSE LAS MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN Y, POR TANTO,
NO HAY LUGAR A DECLARAR LA FUERZA MAYOR COMO EXIMENTE
DE RESPONSABILIDAD. EL DEPARTAMENTO Y LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES TIENEN
COMPETENCIAS DEFINIDAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO. LAS
ÓRDENES IMPARTIDAS POR EL A QUO A DEVIMED RESULTAN
PROCEDENTES EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA PREVENTIVA DE
LA ACCIÓN POPULAR. LOS PARTICULARES ACCIONADOS
CONTRIBUYERON SIGNIFICATIVAMENTE A LA INESTABILIDAD DEL
TALUD QUE DESENCADENÓ EN EL DESLIZAMIENTO DEL 27 DE
ABRIL DE 2011 Y LA COEXISTENCIA DE OTRAS CAUSAS NO LOS
EXIME DE RESPONSABILIDAD.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: A LA
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS
DISPOSICIONES JURÍDICAS DE MANERA ORDENADA Y DANDO
PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES.

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Actores: IGNACIO BERRIO ACEVEDO Y OTROS.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA1, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA -CORANTIOQUIA2, la

SOCIEDAD DEVIMED S.A.3 y los ciudadanos MARTHA LUCÍA MAYA

MONSALVE y HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ, contra la sentencia de 18 de

septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de

Antioquia4, que declaró la amenaza de los derechos colectivos

invocados.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

Los señores IGNACIO BERRIO ACEVEDO, NUBIA ESTELA

CARDONA GARCÍA y FLOR ANGELA GARCÍA, por intermedio de

apoderado, presentaron acción popular contra el DEPARTAMENTO,

el MUNICIPIO DE COPACABANA5, el MINISTERIO DE

TRANSPORTE, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE, DEVIMED S.A., CORANTIOQUIA, el

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE DESASTRES –

1 En adelante el Departamento.
2 En adelante CORANTIOQUIA.
3 En adelante DEVIMED.
4 En adelante el Tribunal.
5 En adelante el Municipio.

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DAPARD6, la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES - UNGRD7, el CONSORCIO CONCOL – B

Y C S.A. y los señores MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y

HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ, por estimar vulnerados los derechos

colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y

desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera

ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de

los habitantes.

I.2. Hechos

Afirmaron que el 27 de abril de 2011 se presentó un movimiento en

masa en el sector de la Loma de Los Duque, Los García y la

Parcelación La Aldea del MUNICIPIO, el cual, según lo indicado por

el DAPARD en su informe técnico de 19 de mayo de ese año, tuvo

un volumen mayor a los 100.000 metros cúbicos con flujo de lodo,

suelo, rocas y material vegetal.

Señalaron que, como consecuencia del desastre, resultaron

destruidas siete viviendas: seis en la parcelación La Aldea y una en

6 En adelante DAPARD.
7 En adelante UNGRD.

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la Loma de Los García, en la que también se afectaron dos inmuebles

y se taponó la vía Machado y las vías de acceso a las casas ubicadas

en el sector.

Indicaron que, además de lo anterior, se taponó el cañón de una

quebrada que nace en la parte superior de la ladera y discurre por el

lado norte de la parcelación La Aldea y continúa su tránsito por la

Loma de Los García hasta desembocar en el río Medellín.

Afirmaron que, como consecuencia de este evento, fueron evacuadas

30 viviendas, aproximadamente, de las cuales 4 estaban en la

parcelación La Aldea y el resto en la Loma de Los García y de Los

Duque, pues las condiciones de estabilidad cambiaron y era posible

que se extendiera el movimiento en masa, conforme lo indicado por

el DAPARD en el informe técnico elaborado.

Manifestaron que luego de la atención brindada por el MUNICIPIO

con ocasión la emergencia, los habitantes de la Loma Los García y

Los Duque volvieron a sus viviendas por cuanto el Gobierno Municipal

no garantizó la seguridad de sus bienes.

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Aseveraron que en atención a que con el paso del tiempo el

MUNICIPIO no brindaba solución alguna a la problemática

expuesta, algunos de los habitantes de la Loma Los García

constituyeron una veeduría ciudadana, reconocida a través de la

Resolución núm.11-045 de 21 de octubre de 2011 de la Personería

Municipal de Copacabana, con el objeto de “ejercer vigilancia a los

procesos de gestión y correcta aplicación de los recursos públicos,

programas, planes y proyectos a ejecutarse en la loma los García”.

Pusieron de presente que, en el ejercicio de la veeduría, el señor

BERRIO ACEVEDO obtuvo un informe geológico y geotécnico para

determinar la mitigación prioritaria del deslizamiento en la Loma de

Los Duques, Los García y la parcelación La Aldea, el cual fue

contratado por el MUNICIPIO y elaborado por la firma Suelo &

Ambiente.

Afirmaron que debido a la información obtenida en el referido estudio

solicitaron reiteradamente al MUNICIPIO constituir una mesa de

trabajo para determinar las obras prioritarias de mitigación del riesgo

y remoción de escombros y grandes rocas que quedaron en la vía de

acceso al sector del desastre, sin obtener respuesta al respecto,

razón por la que interpusieron una acción de tutela, que fue

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concedida en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito de

Girardota.

Aseguraron que dentro del material probatorio que fue aportado por

las partes en la referida acción de tutela se encontraba un informe

hidrológico, hidráulico y geotécnico del sector, complementario del

realizado por el MUNICIPIO a través de la firma Suelo & Ambiente,

en el que se indicaron las obras de mitigación que debían ser

ejecutadas por los propietarios de la zona o por el ente territorial y,

además, se señaló que la zona era de alto riesgo y que se debían

prohibir los asentamientos humanos.

Indicaron que otro de los problemas del sector era la omisión del

MUNICIPIO frente al cercado o apropiación del área de retiro de la

quebrada ubicada en la zona de acceso de la loma Los García por

parte de sus habitantes, quienes han construido muros de contención

y sembradíos en el cauce, sin que el ente municipal hubiese ejercido

el debido control urbanístico, lo que, a su juicio, impedía el correcto

encausamiento de la quebrada y la estabilidad del sector.

Estimaron que la inactividad del MUNICIPIO se debía, según lo

informado por el mismo ente territorial, a un problema de linderos

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entre particulares, argumento con el cual ha evadido su obligación

de gestionar y controlar las obras necesarias para mitigar el riesgo y

recuperar la zona afectada.

Informaron que por medio del Decreto 070 de 25 de mayo de 2012,

el MUNICIPIO declaró la urgencia manifiesta para algunos sectores

de la ciudad afectados por la ola invernal, con fundamento en el cual

suscribió con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el convenio

interadministrativo núm.324 de 2012, por valor de $1.800.000.000,

para la ejecución de obras relacionadas con la emergencia; no

obstante, allí no se incluyó las lomas Los García y Los Duque, ni a la

parcelación la Aldea, pese al desastre ocurrido, pues, según el ente

territorial, la zona es de propiedad privada y las obras le

correspondían a los propietarios.

Precisaron que la inestabilidad del suelo, el movimiento en masa

ocurrido el 27 de abril de 2011 y el hundimiento y agrietamiento de

la banca en el kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, en la

que se evidenció una falla estructural de contención desde el año

2010, no eran hechos aislados sino concatenados, motivo por el que

no podía afirmarse que lo ocurrido fue por una circunstancia de

fuerza mayor o caso fortuito como lo fue la ola invernal que sufrió el

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país ese año, pues ésta fue sólo el detonante que aceleró la

“catástrofe”.

Advirtieron que desde el año 2010 existían estudios contratados por

la empresa DEVIMED S.A., que evidenciaban la inestabilidad del

kilómetro 6 de la autopista Medellín - Bogotá y las recomendaciones

que debían adoptarse, entre las que se encontraba la de ejecutar

medidas estructurales y obras de drenaje a lo largo del talud inferior

de la vía.

Sostuvieron que, como consecuencia de lo anterior, el MINISTERIO

DE TRANSPORTE expidió la Resolución núm.020 de 13 de enero de

2011, por medio de la cual declaró la emergencia manifiesta en el

kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá por el riesgo inminente

de colapso del muro de contención de 140 metros construido en el

MUNICIPIO.

Advirtieron que el referido acto administrativo autorizó a DEVIMED

S.A. para que diera inicio inmediato a las obras de mitigación del

riesgo generado en ese sector; no obstante, en la actualidad dicho

muro se encuentra totalmente colapsado.

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Afirmaron que los señores MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y

HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ realizaron intervenciones técnicas

inadecuadas a los drenajes naturales que descorrían por la

parcelación La Aldea de su propiedad y en los límites de ésta, así

como adecuaciones de lotes de forma improcedente, construcción de

vías internas sin contar con la respectiva licencia ambiental y

ocupación de cauces sin el permiso correspondiente, conforme lo

expuso CORANTIOQUIA en el informe técnico núm.130AN-1209-

22595, en el que aseguró que el proyecto condominio La Aldea no

contaba con los permisos ambientales requeridos.

I.3. Pretensiones

Solicitaron lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Que se declare en solidaridad que el MUNICIPIO DE
COPACABANA, representada legalmente por el señor Alcalde HECTOR
AUGUSTO MONSALVE o por quien haga sus veces y la empresa
DEVIMED S.A. representada legalmente por el Señor MANUEL
VICENTE ZULUAGA, vulneraron y han venido vulnerando los derechos
colectivos a la SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACION DE LAS
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURIDICAS DE MANERA
ORDENADA Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS HABITANTES, el primero por cuanto ha omitido su
obligación constitucional y legal para aplicar las directrices del
Gobierno Nacional y Departamental para la recuperación de zonas
afectadas por el movimiento de masa, ocurrido en el sector de la Loma
de los García, la loma los Duque y la parcelación la Aldea de Municipio

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de Copacabana el pasado 27 de abril de 2011 y el segundo porque
conociendo de la grave situación en la cual se encuentra la autopista
Medellín - Bogotá a la altura del k.6, desde el funcionamiento de la
doble calzada, ha omitido corregir la falla que se encuentra allí y que
ha colaborado a que esta situación se mantenga y se aumente más,
continuando así con un riesgo inminente de grandes proporciones.

SEGUNDA: Además de la declaración anterior, que también se declare
que por parte del interventor CONSORCIO CONCOL — B y C S.A., el
MINISTERIO DE TRANSPORTE, el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y los particulares MARTHA LUCIA MAYA
MONSALVE y HECTOR VÉLEZ VÉLEZ, los primeros han omitido ejercer
un efectivo control y una vigilancia pertinente al Municipio de
Copacabana y a la Empresa DEVIMED por el movimiento de masa
ocurrido el pasado 27 de abril de 2011 y los particulares contribuyeron
con su aptitud sin tener en cuenta las medidas pertinentes a la
situación acaecida.

TERCERA: Como consecuencia de las pretensiones anteriores, se le
ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la Empresa DEVIMED S.A.
cesar el peligro de inminente que amenaza a la totalidad de la
comunidad de la loma de los García, los Duque y la Parcelación La
Aldea, por la vulneración de los derechos e intereses colectivos a la
SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES
TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACION DE LAS CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS
DISPOSICIONES JURIDICAS DE MANERA ORDENADA Y DANDO
PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES, consagrados en los literales L) y M) del artículo 4 de la
ley 472 de 2008. Para que así restituyan las cosas a su estado anterior
si fuere técnicamente posible.

CUARTO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las Otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere, para que adopten todas las medidas necesarias para que
se realice la recuperación total y definitivas de las cosas a su estado
anterior si fuere posible y por ende la estabilidad en el sector del
Bosque y de toda la zona afectada por el movimiento de masa ocurrido
el pasado 27 de abril de 2011, con las obras de ingeniería necesarias
para ello en la Loma los García, los Duque, la Parcelación la Aldea.

QUINTO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las Otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere que tiene alguna responsabilidad, para que restablezcan la

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quebrada a su cauce y profundidad original, para lo cual debe remover
toda la tierra producto del movimiento de masa ocurrido el pasado 27
de abril de 2011, que taponó a ésta y la corrió de su cauce natural.

SEXTO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las Otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere que tiene alguna responsabilidad, para que retiren todos los
escombros que todavía aún se encuentran en la zona de acceso a la
loma los García y los Duque, como también el retiro de las grandes
piedras producidos por la avalancha del 27 de abril de 2011.

SÉPTIMO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere que tiene alguna responsabilidad, para que construyan y
habiliten, teniendo en cuenta su estado anterior, la vía de acceso a la
Loma Los García, en los estándares dignos de acceso de cualquier
persona o vehículo automotor a dicho sector.

OCTAVO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las Otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere que tiene alguna responsabilidad, adopten todas las
medidas necesarias, según las obras de ingeniería de reparación que
vayan realizando, para recuperar los ecosistemas y recursos naturales
hasta ahora afectados por el movimiento de masa ocurrido el pasado
27 de abril de 2011.

NOVENO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las Otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere que tiene alguna responsabilidad, implementar a futuro
todas las medidas Administrativas y Técnicas necesarias para que no
se vuelva a presentar las acciones u omisiones que dan lugar a la
presentar acción popular.

DECIMO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA y a la
Empresa DEVIMED S.A y a las Otras Entidades del orden nacional,
departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría a bien
considere que tiene alguna responsabilidad, para que publique en un
periódico de amplia circulación nacional y regional una carta dirigía a
la comunidad de sector de la Loma los García, Los Duques y la
Parcelación la Aldea del Municipio de Copacabana dando unas
disculpas públicas por no haber obrado de forma oportuna a la
recuperación definitiva de este sector afectado por el movimiento de

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masa ocurrido el pasado 27 de abril de 2011 y por ende no haberlo
prevenido técnicamente.

DECIMO PRIMERO: Que se ordene la creación de una mesa de
seguimiento al cumplimiento de la sentencia que a futuro establezca
usted su señoría si es del caso frente al desarrollo de estas
pretensiones o al acuerdo llegado a celebrar en el pacto de
cumplimiento.

DECIMO SEGUNDO: Que se le ordene al MUNICIPIO DE COPACABANA
y a la Empresa DEVIMED S.A y a las otras Entidades del orden
nacional, departamental y/o Personas Naturales que usted su señoría
a bien considere que tiene alguna responsabilidad, a pagar las costas
del proceso según el artículo 38 de la ley 472 de 1998 […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El DEPARTAMENTO argumentó que ha actuado en el marco

de sus competencias y que si bien, en virtud del principio de

subsidiariedad, se le impone el deber de brindar ayuda a las

autoridades de rango inferior cuando éstas no están en capacidad de,

por ejemplo, mitigar el riesgo, lo cierto es que el responsable directo

de los hechos objeto de la presente acción es el MUNICIPIO, a

través del Alcalde, como conductor del desarrollo local en su

territorio.

Anotó que por medio de oficio de 19 de diciembre de 2011 el

MUNICIPIO le remitió al DAPARD el “estudio geológico y

geotécnico para determinar la mitigación prioritaria del deslizamiento

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en el sector de La Loma, Los Duque, la loma Los García y condominio

La Aldea”.

Precisó que en respuesta de lo anterior, el DAPARD en Oficio de 23

de diciembre de 2011 indicó que con el estudio allegado por parte

del ente territorial, se corroboraron varias recomendaciones que ya

habían sido efectuadas por la entidad; que en el mismo se hizo

énfasis en las condiciones de inestabilidad de la ladera afectada por

el deslizamiento y la zona boscosa que llegaba hasta la autopista

Medellín – Bogotá; y que, además, efectuó una serie de

recomendaciones adicionales teniendo en cuenta lo informado en el

estudio aportado.

Arguyó que no ha sido “displicente” con la situación objeto de la

demanda, pues, por el contrario, ha sido insistente con el

MUNICIPIO para que presente un proyecto debidamente

sustentado, detallado en los estudios, diseños y presupuesto para

lograr la cofinanciación de diferentes entidades.

Estimó que la responsabilidad en el presente caso no era suya, a

través del DAPARD, pues siempre ha estado dispuesto a cumplir con

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el deber que legalmente le ha sido asignado, el cual es correlativo

con el MUNICIPIO.

Señaló, en cuanto a la pretensión de recuperación total o

reconstrucción de la zona afectada, que era necesaria una segunda

parte del estudio geológico y geotécnico, el cual no le fue presentado

por el MUNICIPIO.

Precisó, en cuanto a la solicitud de reubicación, que para iniciar ese

proceso era requisito que a través de la EMPRESA DE VIVIENDA

DE ANTIOQUIA8, entidad descentralizada del orden Departamental,

el MUNICIPIO dispusiera de un terreno para el efecto, lo cual no

había ocurrido.

En relación con el encauzamiento y profundidad original de la

quebrada, remoción de tierras producto del movimiento en masa,

recuperación del ecosistema y recursos naturales afectados, afirmó

no ser el encargado de la materia, motivo por el que carecía de

competencia para ejercer manejo alguno sobre el recurso hídrico.

8 En adelante VIVA.

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Propuso las siguientes excepciones:

-. «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAPARD». La sustentó en el

hecho de que no era el ente encargado de la realización de

construcciones, edificaciones, obras de ingeniería, desarrollos

urbanos en la zona afectada, restablecimiento del cauce y

profundidad original de la quebrada, remoción de la tierra que la

taponó y desvió, retiro de escombros, entre otros.

-. «NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS POR

PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAPARD». Se

limitó a afirmar que no ha vulnerado ninguno de los derechos

colectivos previstos en la Ley 472 de 5 de agosto de 19989.

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE

PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAPARD».

Afirmó que atendiendo a los principios de complementariedad y

subsidiariedad en cabeza del DAPARD frente a la prevención,

atención y recuperación de los diferentes eventos naturales que se

9 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

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presentan en el MUNICIPIO, era precisamente esta entidad la que

ostentaba la competencia para atender las emergencias que se

presentaran en su jurisdicción, a través del Consejo Municipal de

Gestión del Riesgo.

Argumentó que teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el

plenario, era evidente que había actuado en el marco de sus

competencias.

I.4.2.- La UNGRD se opuso a las pretensiones de la demanda y

propuso las siguientes excepciones:

-. «INNOMINADA O GENÉRICA». Solicitó que se declarara

probada cualquier excepción que resultara demostrada en el proceso.

• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La

fundamentó en que no adelantó ninguna acción u omisión respecto

de la situación calamitosa expuesta en la presente acción.

Afirmó que de acuerdo con el estudio geológico y geotécnico

realizado por la empresa Suelo y Ambiente, DEVIMED S.A. era la

que estaba llamada a responder en el presente caso, pues el cambio

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de pendiente generado por el lleno de la autopista Medellín – Bogotá

creó una gran probabilidad de acumular agua, por lo que era

necesario determinar el efecto que esta circunstancia ocasionó en el

proceso de remoción en masa que se presentó el 27 de abril de 2011;

y que en caso de que se establezca un nexo de causalidad, no podía

entrar a responder por los hechos aquí debatidos.

Aseveró que en el supuesto de que se tratara de un evento de origen

natural, la responsabilidad era del MUNICIPIO, conforme lo

establecido en la Constitución Política, la Ley 388 de 18 de julio de

199810 y la Ley 1523 de 24 de abril de 201211, en las que se dispuso

que es el ente territorial el que debe ejecutar en primera instancia

las acciones necesarias para la mitigación del riesgo en su territorio,

de modo que si bien cuenta con competencias en la materia no

implica que pueda suplir o sustituir las otorgadas a los órganos del

nivel territorial.

Señaló que tanto el MUNICIPIO como el DEPARTAMENTO estaban

en la obligación de contar con Fondos Territoriales de Gestión del

10 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
11 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones

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Riesgo provistos de recursos para atender este tipo de situaciones

calamitosas, razón por la que su participación, en calidad de

ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres, era subsidiaria y estaba sujeta a la falta de recursos de

las mencionadas entidades.

• «LA UNGRD NO TUVO CONOCIMIENTO DEL DESLIZAMIENTO

PREVIO A LA OCURRENCIA DEL HECHO, POR LO QUE NO

PUEDE ENDILGARSELE NINGUNA OMISIÓN». Advirtió que no

fue notificada por parte del CONSEJO MUNICIPAL PARA LA

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE COPACABANA12,

respecto del riesgo de deslizamiento en la zona de la Loma de Los

Duque, Los García y de la Parcelación La Aldea, motivo por el que no

podía endilgársele responsabilidad alguna, pues no tenía

conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Para el efecto, se refirió

al artículo 5º de la Ley 1523.

I.4.3. El MINISTERIO DE TRANSPORTE argumentó que,

atendiendo a la descentralización administrativa, existían personas

jurídicas con funciones propias, capacidad para adquirir derechos y

12 En adelante CLOPAD.

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contraer obligaciones, así como la posibilidad de indemnizar si en el

marco de sus funciones, por acción u omisión, casaban daños a

particulares o a sus bienes.

Arguyó que no realizaba obras tendientes a proteger, construir o

conservar carreteras nacionales ni Departamentales y que tampoco

adelantaba obras de adecuación, reparación, mantenimiento y

sostenimiento desde el año 1967, pues su finalidad era de organismo

regulador, planificador y normativo del sector transporte, por lo que

carecía de facultades operativas según lo establecido en el Decreto

101 de 2 de febrero de 200013.

Sostuvo que los demandantes no habían demostrado su

responsabilidad, pues la demanda se dirigió contra varios órganos

Estatales sin establecer de manera directa al responsable.

Propuso las siguientes excepciones:

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Fundamentó esta excepción en que el daño reclamado no le era

imputable, pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de

13 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras
disposiciones.

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Estado, aquél era el que determinaba a la persona a quien debía

dirigirse la pretensión, presupuesto que no se cumplió en el presente

caso.

-. «INEXISTENCIA DE DERECHO PRETENDIDO Y AUSENCIA DE

RESPONSABILIDAD». Argumentó que era un órgano

eminentemente regulador, planificador y normativo del sector

transporte, razón por la que estaba desligado de cualquier obligación

en el presente caso, pues sus competencias y funciones nada tenían

que ver con los hechos narrados, tal y como se evidenciaba de las

leyes 64 de 27 de diciembre de 196714 y 105 de 30 de diciembre

199315 y del Decreto 2171 de 30 de diciembre de 199116.

-. «EXCEPCIÓN GENERAL». Solicitó declarar cualquier excepción

que se encontrara probada, de acuerdo con lo establecido en “el

inciso 2° del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo”.

14 Por la cual se crea el Fondo Vial Nacional y se destinan sus recursos para los planes viales

nacionales.
15 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la
planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
16 Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio

de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del
orden nacional.

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I.4.4. CORANTIOQUIA se refirió a las acciones de seguimiento y

control que ha realizado como consecuencia de los hechos acaecidos

en abril de 2011 en el MUNICIPIO, de los cuales destacó la visita

practicada al lugar del deslizamiento que dio lugar al informe técnico

130AN-1105-18208 de 27 de mayo de 2011 que, a su vez, sirvió de

fundamento para la expedición del acto administrativo núm.130AN-

1106-19477 de 7 de junio de ese año, en el que decidió iniciar un

proceso sancionatorio contra el señor HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ, como

presunto responsable de obras al interior de la parcelación La Aldea

y que, al parecer, ocasionaron interceptación de drenajes naturales,

ocupación de cauce, manejo inadecuado de suelos sobre zona de

ladera, entre otros.

Informó que, en aras de dar solución a la problemática aquí

expuesta, a través de la Dirección Territorial Aburrá Norte, conformó

un grupo interdisciplinario para adelantar una evaluación técnica de

la situación y establecer con exactitud las afectaciones al medio

ambiente y a los recursos naturales renovables, en virtud de lo cual

expidió el acto administrativo núm.130AN-1109-20247 de 6 de

septiembre de 2011, en el que ordenó la práctica de una visita

técnica a la zona.

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Puso de presente que emitió el informe técnico núm.130AN-1209-

22595 de 19 de septiembre de 2012, en el que señaló los factores y

responsables de la problemática ambiental de la zona del

deslizamiento; además, estableció las medidas de control,

prevención, mitigación y compensación que debían adelantarse, con

base en lo cual y por medio de diferentes actos administrativos

expedidos en el año 2012, inició el proceso sancionatorio ambiental

en contra de la señora MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y

DEVIMED S.A. y realizó algunos requerimientos al MUNICIPIO.

Manifestó haber cumplido a cabalidad con las obligaciones a su cargo,

en el marco de la emergencia ocurrida en la zona objeto de la

presente acción; y, además, aseveró que en su condición de

autoridad ambiental y en el marco de sus competencias seguirá

ejerciendo estricto control y seguimiento.

Propuso las siguientes excepciones:

-. «INEXITENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS

COLECTIVOS POR PARTE DE CORANTIOQUIA». Adujo que no

existía conducta ni por acción ni por omisión que hubiese amenazado

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los derechos colectivos invocados por la parte actora, ya que, como

lo expuso en precedencia, ha cumplido a cabalidad con sus funciones.

-. «COMPETENCIA DE LOS ENTES TERRITORIALES EN

MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES».

Manifestó que, de acuerdo con la Constitución Política, las leyes 919

de 1o. de mayo de 198917, 715 de 21 de diciembre de 200118 y 388,

el MUNICIPIO debe emprender las acciones necesarias para mitigar

los daños causados por el deslizamiento presentado en la loma de

Los Duque, Los García y la parcelación La Aldea.

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Fundamentó esta excepción en que no ha vulnerado los derechos

colectivos invocados por el actor popular, pues su actuar se ha

sujetado a las normas que rigen sus funciones.

17 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y

se dictan otras disposiciones.
18 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.

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-. «LA GENÉRICA». Solicitó que se declararan probadas todas las

excepciones que resultaran probadas, con fundamento en el artículo

306 del Código de Procedimiento Civil.

I.4.5. El MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE afirmó que no existían presupuestos fácticos ni

jurídicos que soportaran lo pedido por la parte accionante, pues no

obraban pruebas que comprometieran su actuar.

Precisó que no causó ningún perjuicio, debido a que en el marco de

sus competencias ha desarrollado las acciones necesarias para la

fijación de normas a nivel nacional, las que deben ejecutarse por las

demás entidades del orden Nacional y Territorial, así como por los

particulares intervinientes en materia ambiental.

Señaló que dentro de sus funciones no están las relacionadas con la

ejecución de obras de infraestructura y reparación de las mismas,

sino que le correspondía la formulación de políticas y regulaciones

sobre temas ambientales, por lo que no tenía competencia alguna

respecto de las pretensiones de la demanda.

Propuso las siguientes excepciones:

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-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Fundamentó esta excepción en que no le asistía competencia en los

hechos objeto de la acción, pues otras son las entidades llamadas a

responder, como el MUNICIPIO, el MINISTERIO DE

TRANSPORTE, el DAPARD y CORANTIOQUIA.

Se refirió a la noción de legitimación en la causa y a la jurisprudencia

de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia al

respecto.

-. «ACTUACIÓN CONFORME A LA LEY». Aseveró que, de acuerdo

con las normas que regían su funcionamiento, no existía fundamento

para endilgarle acción u omisión alguna, amén de que la parte actora

no acreditó ninguna vulneración de los derechos colectivos invocados

como violados, pues se limitó a señalar unas supuestas

irregularidades de forma abstracta, sin contar con el debido sustento,

por lo que, a su juicio, no se probaron los elementos para la

prosperidad de la acción popular.

I.4.6. Los señores MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y HÉCTOR

VÉLEZ VÉLEZ arguyeron que por causa del derrumbe ocurrido en el

sector de la loma Los García, Los Duque y la parcelación La Aldea, su

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vivienda y los 18 lotes que poseían y estaban en plan de venta

resultaron destruidos y, en consecuencia, perdió todo su patrimonio

y quedaron en la ruina.

Aseguraron que las alertas sobre el movimiento en masa se habían

dado desde el año 2006, conforme se evidenciaba del informe de

visita técnica a la parcelación la Aldea, de 14 de noviembre de 2006

y los eventos realizados el 3 de julio de 2007 en el Concejo Municipal,

no obstante, la intervención de CORANTIOQUIA y el DAPARD fue

posterior a la avalancha ocurrida.

Precisaron que la Personería de Copacabana emitió varias alertas

antes de la avalancha y que el Comandante del Cuerpo de Bomberos

avisó de las filtraciones de agua, los agrietamientos y el

desplazamiento de masa que se presentaba en el bosque de la

cabecera de la parcelación, la cual colindaba con la autopista Medellín

– Bogotá, por lo que se preguntaron:

“[…] ¿qué sentido tienen las recomendaciones de parte de
CORANTIOQUIA, en junio de 2011, a mis poderdantes cuando todo
quedó destruido y a lo sumo, ese terreno sólo podrá utilizarse para
crear allí un bosque o algo equivalente, que los técnicos
determinarán? […]”.

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Aseguraron que el terreno era relativamente estable hasta cuando

inició la construcción de la autopista Medellín – Bogotá, la cual

aceleró la desestabilización con su ampliación, circunstancia que, a

su juicio, ocurrió por la falta de estudios geotécnicos que permitieran

establecer que la roca estaba muy fracturada y era porosa.

Afirmaron que el sector era una vaguada o laguna; y que la parte

alta de la zona se convirtió en un botadero de escombros y roca por

parte de DEVIMED S.A.

Manifestaron, frente a la necesidad de obtención de una licencia

ambiental para la construcción de una vía interna en la parcelación

La Aldea, que CORANTIOQUIA por medio del Decreto 1220 de 2005

afirmó que no se requería dicho permiso, ya que la construcción de

vías internas no se encontraba incluida entre los proyectos, obras o

actividades objeto de la misma, de modo que al momento de efectuar

la construcción acataron todas las recomendaciones efectuadas por

la autoridad ambiental.

Estimaron que aun cuando se habían cometido errores u omisiones

en la implementación del proyecto de la parcelación La Aldea, lo

cierto era que éstos fueron solucionados a medida que avanzaban las

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obras con un mínimo de impacto ambiental, por lo que la avalancha

no fue causada por esos errores, sino por el agua que discurría de la

montaña (autopista Medellín – Bogotá) por el mal manejo de los

desagües o descoles, pues no había plan de manejo ambiental y

tampoco control por parte de CORANTIOQUIA.

I.4.7. El ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ19,

indicó que es una entidad de derecho público, con autonomía

administrativa y patrimonio propio que ejerce las funciones

establecidas en los artículos 55 y 56 de la Ley 99 y que es del orden

administrativo y, por lo tanto, participa en actividades que son

propias del orden territorial que la conforman.

Indicó que como autoridad ambiental urbana y planificadora, ha

apoyado a los diferentes Municipios de su área, en especial a

Copacabana, en proyectos dirigidos a la gestión del riesgo de

desastres como tema prioritario.

Informó que en los años 2011 y 2012 ocurrieron eventos invernales

que afectaron la región, como movimientos en masa, inundaciones

19 Vinculada por el Tribunal, medio de auto de 11 de diciembre de 2012. En adelante AMVA.

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súbitas, incendios estructurales e incendios forestales, en los que el

MUNICIPIO fue uno de los más afectados con más de 51 reportes

por parte del CLOPAD, por lo que el Alcalde ha solicitado su

cooperación.

Aseguró que impulsó la ejecución de estudios que permitieran

identificar y cuantificar las obras necesarias para solucionar el

problema de inestabilidad en que se encontraba la zona del

derrumbe, por lo que suscribió un convenio interadministrativo con

el fin de intervenir el sector de la loma Los Duque, Los García y La

Aldea, la quebrada el Aguacate, el sector Los Yepes y el río Medellín,

para reducir el grado de vulnerabilidad de los habitantes expuestos

a amenazas generadas por riesgos naturales como deslizamientos e

inundaciones, lo que contribuyó a la gestión integral del riesgo.

Precisó que el convenio interadministrativo núm.591 de 2019 tenía

por objeto el “apoyo en la realización de estudios hidrogeológicos,

hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y diseños de estructura en 3

puntos críticos e inestables del Municipio de Copacabana en el marco

de la gestión del riesgo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

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Aseveró que no le correspondía la protección de los derechos

colectivos presuntamente violentados, pues el MUNICIPIO es el

encargado de la ejecución de las obras necesarias para mitigar los

impactos generados por los deslizamientos en los puntos señalados,

conforme a lo constitucional y legalmente establecido.

Propuso las siguientes excepciones:

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA». La

fundamentó en que de acuerdo con la Constitución y la Ley, existían

diferentes competencias para las entidades públicas; y que en su

caso estaban previstas en el artículo 4º de la Ley 128 de 23 de

febrero de 199420 y en el artículo 31 de la Ley 99.

-. «FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL ACTUAR

DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LA

VULNERACION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS». Argumentó

que en caso de probarse la vulneración o amenaza de los derechos

colectivos no existía nexo de causalidad entre ésta y sus acciones u

omisiones.

20 Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas.

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-. «INADECUADA INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO». La

sustentó en que entre los hechos y pretensiones de la demanda había

ausencia de conexidad con sus actuaciones.

-. «GENÉRICA». Con fundamento en los artículos 305 y 306 del

Código de Procedimiento Civil, pidió reconocer y declarar cualquier

excepción que resultara probada.

I.4.8. DEVIMED S.A. puso de manifiesto que, respecto del informe

del DAPARD, los accionantes solamente se refirieron al movimiento

en masa ocurrido el 27 de abril de 2011, sin aludir que allí también

se advirtió que el evento se aceleró y desencadenó después de varias

horas de fuertes lluvias, por lo que, a su juicio, los demandantes

dejaron de lado antecedentes importantes de lo ocurrido en el sector.

Manifestó que previo al deslizamiento, fue necesario evacuar

alrededor de 30 viviendas en el sector, lo que demostraba que desde

antes de su ocurrencia, el MUNICIPIO tenía serios indicios de lo que

ocurriría.

Informó que contrató la realización de un estudio geotécnico con la

firma Energía Ecológica S.A.S. para determinar si era necesario

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realizar nuevas obras de mitigación, de modo que, en caso de ser

así, las ejecutaría en conjunto con el MUNICIPIO, en el marco de

sus competencias.

Advirtió que el referido informe indicó que: i) se presentaron lluvias

excepcionales e imprevistas en los meses de marzo y abril de 2011;

ii) la zona objeto de la presente demanda tenía características

geológicas “desfavorables” que la hacían de alto riesgo; iii) durante

la construcción de la parcelación La Aldea se intervinieron cauces de

aguas que provenían de cotas superiores a la autopista Medellín –

Bogotá; iv) el caudal de aguas lluvias que aportaba la autopista antes

de 1996 a los descoles central y occidental únicamente incrementó

un 1.36%, con la construcción de la segunda calzada; v) las

viviendas no contaban con sistema de alcantarillado, motivo por el

que los vertimientos de aguas residuales domésticas y aguas lluvia

eran realizados sin control, saturando los suelos y generando

inestabilidad y; vi) se recomendó que los propietarios restituyeran

los antiguos cauces que fueron intervenidos, pues generaban

inestabilidad en toda la zona aledaña.

Puso de presente, en relación con la zona de retiro de la quebrada

de la parte inferior del acceso a la loma Los García, que por medio

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del acto administrativo núm. 130 AN-1211-22635 de 19 de

noviembre de 2012 CORANTIOQUIA le informó al MUNICIPIO que

observaba la pérdida del alineamiento original de la quebrada Los

Cedros y la ocupación con viviendas de la franja de retiro, lo que

ponía en peligro su estructura ante una nueva remoción de material.

Afirmó que según lo dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento

Territorial – PBOT del MUNICIPIO, el retiro mínimo de las corrientes

de agua del ente territorial era de 10 metros, el cual no se estaba

cumpliendo en la zona objeto de la presente acción.

Precisó que, como constaba en el informe final del estudio geotécnico

del sector inestable del kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá,

la ola invernal hizo que se reactivara un antiguo deslizamiento, ya

que el terreno se saturó, lo que, unido a la topografía del sector,

originó que continuara el deslizamiento de toda la zona y ese

fenómeno generalizado de inestabilidad fue el causante de los

agrietamientos que se observaban en la vía.

Arguyó que, por lo anterior, adelantó un plan de contingencia que no

controlaba el fenómeno pero que en la vía desaceleró o mitigó sus

efectos, mientras simultáneamente se acometían explanaciones

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sobre el manto rocoso ubicado sobre la margen derecha para

habilitar una calzada, de tal manera que se mantuviera el flujo

vehicular en caso de que se desplomara e inhabilitara una de las dos

calzadas.

Estimó que no podía pretenderse que todas las aguas procedentes

de drenajes de una vía pública tuvieran que ser captadas por el

concesionario para evitar que discurrieran por propiedades

particulares colindantes ubicadas por debajo de su cota, ya que, si

esto fuera así, ninguna vía pública Nacional, Departamental,

Municipal o veredal sería posible económicamente, pues no bastaría

con la construcción de las tradicionales alcantarillas sino de

verdaderos sistemas de alcantarillado como los ubicados en zonas

urbanas para captar todas las aguas de escorrentía.

Puso de presente que el concesionario de una obra pública, como

administrador de la vía, cuando actúa lo hace como el Estado mismo,

porque es titular del derecho conferido por la Ley – Decreto 21 de 7

de enero 190921-, en el sentido de utilizar en beneficio la vía y la

comunidad en general, las servidumbres legales conocidas como

21 Sobre reglamento de policía de los caminos.

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descoles carreteros, en consecuencia, el propietario de un predio

debe ejecutar obras hacía el interior de su propiedad para mitigar el

riesgo de sus propias aguas, respetando los descoles carreteros sin

intervenir en su conducción.

Afirmó que no era cierto que estimara que el sector no era habitable,

sino que debido a las características propias del terreno se debían

cumplir unas recomendaciones para realizar construcciones de

óptima calidad, contrario a lo ocurrido en el presente caso.

Reiteró, frente a la construcción de la parcelación La Aldea, que

CORANTIOQUIA a través de la Resolución núm. 130AN-1211-

22634 señaló que se habían realizado una serie de intervenciones en

la zona en donde se presentó el deslizamiento que no estaban

permitidas; y que tampoco se tramitaron los permisos ambientales

requeridos, por lo que mediante acto administrativo núm. 130AN

1106-19477 de 7 de junio de 2011 la autoridad ambiental inició un

proceso sancionatorio ambiental contra del señor HÉCTOR VÉLEZ

VÉLEZ por interceptación de drenajes naturales, ocupación de cauce,

manejo inadecuado del suelo sobre zonas de ladera o alta pendiente,

tala de vegetación nativa, destrucción del nacimiento de agua y uso

de recursos naturales sin concesión ni permiso, e incluso afirmó que

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sobre la margen derecha de la zona donde se presentó el movimiento

en masa se realizó corte del talud, se depositó el material extraído y

se estaban realizando nuevas construcciones.

Concluyó que el MUNICIPIO omitió ejercer control sobre la

ejecución de las obras de la parcelación La Aldea y de los requisitos

para otorgarles la licencia de construcción, motivo por el que los

señores VÉLEZ VÉLEZ y MAYA MONSALVE eran presuntamente

responsables de la situación al construir sobre terrenos inadecuados,

así como por el no cumplimiento de las exigencias de orden técnico

y legal en el desarrollo de las obras.

Aseveró que, de acuerdo con uno de los informes técnicos

especializados efectuados, la zona objeto de la acción estaba

afectada por una falla geológica por debajo de la vía; y que siempre

ha habido depósitos de vertiente o flujo de escombros en la zona,

sobre cuales se ubicaron y construyeron viviendas y parcelaciones,

en las que se realizaron intervenciones de drenajes naturales,

corrientes de aguas, entre otros, todo lo cual hizo más inestable la

zona y, en consecuencia, sus acciones nada tenían que ver con lo

ocurrido.

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Manifestó que, según CORANTIOQUIA, las viviendas del sector se

encontraban ubicadas en la zona de retiro de la quebrada los Cedros,

circunstancia que, a su juicio, demostró que las construcciones

estaban ocupando un bien de uso público, como lo es la zona de

ronda de la fuente hídrica.

Precisó que el PBOT del MUNICIPIO estableció que el ente territorial

estaba en mora de formular planes, programas y proyectos, para

recuperar y restituir la franja de terreno que conforma la mencionada

ronda hídrica, para evitar los asentamientos humanos en ese lugar,

todo lo cual, a su juicio, demostró la aquiescencia del ente municipal

en lo ocurrido.

Señaló que teniendo en cuenta lo expuesto y los elementos para la

prosperidad de la acción popular se debían negar las súplicas de la

demanda, pues no se encontraron probados los hechos alegados por

los accionantes, en especial los que le fueron atribuidos en relación

con las causas del deslizamiento y sus efectos.

Adujo que la responsabilidad del MUNICIPIO estaba comprometida,

debido a que tenía el deber de ejercer el control en materia de

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construcción de viviendas al exigir los estudios del caso y aprobarlos,

lo que no se cumplió en el presente caso.

Finalmente, propuso como excepciones las siguientes:

-. «INEXISTENCIA DE RAZONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS».

Afirmó que no existían razones que permitieran establecer que

vulneró derechos colectivos, pues la parte demandante, teniendo el

deber de hacerlo, no aportó los elementos materiales probatorios

necesarios para acreditar la afectación.

Adujo que de los estudios técnicos allegados y demás pruebas se

podía concluir que la persistencia de los actores populares en la zona

es la que puede poner en riesgo sus derechos.

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Argumentó que se trataba de un presupuesto indispensable para la

sentencia de fondo y que ésta no se configuraba en su caso.

-. «TEMERIDAD EN LA ACCIÓN EN LO QUE SE RELACIONA CON

DEVIMED». Sustentó esta excepción en que las afirmaciones

contenidas en la acción popular, además de no corresponder a la

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realidad, estaban orientadas a endilgarle una responsabilidad

inexistente.

-. «LAS DEMÁS QUE APAREZCAN PROBADAS». Pidió que se

declararan de oficio, las que se encontraran acreditadas por parte del

Juez.

I.4.9. La sociedad CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. presentó

como argumentos de defensa las siguientes excepciones:

-. «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

Sostuvo que no manejaba ningún patrimonio público y no podía ser

objeto de imputación por haberlo hecho con falta de diligencia y

cuidado, pues como interventor solamente vigiló la ejecución

adecuada de los recursos públicos por parte del contratista, motivo

por el que no podía reprochársele que no hubiese ejecutado las obras

de mitigación solicitadas por los actores.

-. «INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A

CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.». Aseguró que le comunicó a

DEVIMED S.A. y al INCO, ahora ANI, la situación presentada en el

kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá por medio de oficio de

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19 de marzo de 2009, en el que precisó que las obras que allí se

relacionaron y que ocasionaron la problemática fueron ejecutadas

por el concesionario cuando todavía no ejercía la interventoría, pues

sus labores solo iniciaron en la fase de operación y mantenimiento

de la concesión, de modo que sus obligaciones únicamente se derivan

de esta etapa.

-. «EXISTENCIA DE UN HECHO DE FUERZA MAYOR QUE ROMPE

EL NEXO DE CAUSALIDAD». Señaló que de los estudios detallados

y técnicos realizados y aportados por DEVIMED S.A. a

CORANTIOQUIA se infería que la causa de la falla del muro de

contención ubicado en el kilómetro 6 de la autopista Medellín –

Bogotá fue la temporada invernal sin precedentes en el país, lo que

configuró un evento de fuerza mayor.

I.4.10. El MUNICIPIO manifestó que antes de que ocurriera la

avalancha venía realizando seguimiento a la zona, pues se

presentaron señales y hallazgos que permitían predecir lo que

ocurriría, de manera que, gracias a su oportuna intervención, se evitó

la pérdida de vidas humanas, pues el día inmediatamente anterior al

deslizamiento ordenó la evacuación de los habitantes del sector.

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Informó que brindó ayudas humanitarias consistentes en: i)

albergues temporales; ii) pago de hoteles a los damnificados; iii)

suministro de alimentos; iv) atención en salud; v) la Policía Nacional

proporcionó la seguridad en el sector de la avalancha y; vi) el cuerpo

de bomberos brindó ayuda que permitió socorrer las viviendas que

fueron afectadas; vii) el inicio de trabajos para remover la tierra que

taponó la vía de acceso a la zona, todo lo cual da cuenta que efectuó

todas las tareas tendientes a hacer frente al desastre natural.

Advirtió que después de lo ocurrido, contrató y ejecutó la realización

de un estudio geológico y geotécnico para determinar la mitigación

prioritaria del deslizamiento en el sector de la loma Los Duque, Los

García y el condominio La Aldea, el cual fue realizado por la firma

Suelo & Ambiente.

Puso de presente que conforme con las recomendaciones efectuadas

en el citado informe, inició la ejecución de las obras de mitigación,

las cuales debían hacerse escalonadamente, por lo que realizó las

contrataciones requeridas para llevar a cabo los seguimientos y

monitoreos a la zona.

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Precisó que ha actuado en el marco de su competencia, pues ejecutó

las obras que se podían realizar y esperó para desarrollar aquellas

que por recomendaciones técnicas y profesionales aún no se podían

implementar.

Afirmó que debía tenerse en cuenta que los trabajos de mitigación

comprendían actividades, tareas y costos que debían ser asumidos

por los propietarios de las viviendas de la zona, por tratarse de

propiedades privadas.

Propuso como excepción:

-. “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN O AMENAZA DE LOS

DERECHOS E INTERÉSES COLECTIVOS INVOCADOS POR EL

ACTOR”. Argumentó que en ningún momento ha tenido la intención

de vulnerar los derechos colectivos de la comunidad y que tampoco

ha ejecutado actos de esa índole o ha sido omisivo en el

cumplimiento de sus funciones.

I.5.- De la medida cautelar

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El Tribunal, por medio de auto de 26 de noviembre de 2012, decretó

la medida cautelar solicitada por los demandantes, pues encontró

que era necesario adoptar medidas para evitar un perjuicio

irremediable y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA y la
empresa DEVIMED S.A. continúen realizando las labores necesarias
para mitigar la problemática que se presenta en el Sector la loma
La García, Loma Los Duque y la Aldea del Municipio de Copacabana.

Lo anterior, con el acompañamiento de CORANTIOQUIA, como
autoridad ambiental encargada de proteger los derechos colectivos
presuntamente vulnerados, quien deberá presentar un informe
mensual que dé cuenta de las gestiones realizadas y el estado del
sector […]”.

La anterior decisión fue apelada por DEVIMED S.A., cuyo recurso

fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado en proveído

de 26 de abril de 2013, en el que modificó la orden impartida por el

a quo, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] Al respecto se advierte que las Resoluciones núms. 130AN-
1211-13616 y 130AN-1211-2635, a través de las cuales se dio
apertura al procedimiento sancionatorio ambiental contra
DEVIMED S.A. y se le hicieron unos requerimiento al Municipio de
Copacabana, respectivamente, se ordenaron unas medidas
preventivas las cuales estima la Sala que deben ser adoptadas en
idéntico sentido en la presente acción popular, pues según los
diferentes estudios técnicos realizados por CORANTIQUIA en los
que se identificó la causa del deslizamiento de tierra y las medidas
a implementar para mitigar el daño, se determinó que eran
necesarias para evitar la ocurrencia de eventos que pueden
involucrar la seguridad y bienes de la comunidad del precitado
sector.

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Lo anterior, por cuanto la Sala considera que es evidente la
existencia de un riesgo inminente, en consecuencia, es necesario
que se tomen las medidas pertinentes de manera inmediata con el
fin de evitar que se presente un nuevo deslizamiento de tierra en
grandes proporciones o un desbordamiento de la quebrada El
Dorado, que afecte a las personas residentes en la zona y sus
viviendas.

[…] la Sala considera que no le asiste razón a la sociedad
impugnante, toda vez que al revisar el material probatorio allegado
al expediente se advirtió que la Resolución núm.020 de 13 de enero
de 2011 “Por la cual se declara la emergencia en el kilómetro 6 de
la autopista Medellín – Bogotá, por el riesgo inminente de colapso
del muro de contención de 140 metros construido en el municipio
de Copacabana”, expedido por el INCO, en la que se autorizó al
concesionario DEVIMED S.A. el inicio inmediato de las obras
necesarias para mitigar el riesgo generado en el kilómetro 6 de la
Autopista Medellín – Bogotá, se fundamentó en la cláusula
vigésima séptima del contrato de concesión núm.0275 de 1996 […]

En virtud de lo anterior, es claro para la Sala que las medidas de
mitigación ordenadas a la sociedad DEVIMED si son de su
competencia, pues los informes técnicos realizados por
CORANTIOQUIA, allegados al expediente, dan cuenta de que los
procesos de agrietamiento de la vía son favorecidos por la
infiltración de aguas lluvias y escorrentía que, a su vez, aumenta
la activación de procesos de erosión que contribuyen a la
inestabilidad del terreno […]

Así pues, comoquiera que en virtud del contrato de concesión
núm.0275 de 1996, DEVIMED está en la obligación de mantener
las zonas donde se presenten derrumbes o deslizamientos, las
medidas ordenadas no escapan a sus competencias, pues dichos
acontecimientos fueron previstos en el contrato y, en
consecuencia, en el evento de que se inviertan sumas de dinero
para contrarrestar los daños causados no implica una destinación
indebida de las mismas.

[…]

RESUELVE

PRIMERO: MODIFÍCASE el inciso primero del artículo primero del
auto de 26 de noviembre de 2012, proferido por la Sala Segunda

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de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar
se dispone lo siguiente:

ORDÉNASE a la Sociedad DEVIMED S.A., al MUNICIPIO DE
COPACABANA y al señor HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ que ejecuten las
medidas ordenadas por CORANTIQUIA en las Resoluciones núm.
130AN-1211-3616 (artículos 4º y 6º) y 130AN-1211-22635
(artículo 1º), en las condiciones y términos allí previstos, las cuales
deberán iniciarse a día siguiente de la notificación de esta
providencia […]”.

I.6.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 26 de

noviembre de 2013, la cual se declaró fallida por no existir ánimo

conciliatorio de las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 18 de septiembre de 2020, accedió a

las súplicas de la demanda. Para el efecto adujo lo siguiente:

Se refirió a la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva propuesta por algunos de los demandados, la cual prosperó

respecto de las siguientes entidades:

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• MINISTERIO DE TRANSPORTE, en atención a que tiene la

obligación de orientar, regular y definir las políticas en materia de

transporte, tránsito e infraestructura, por lo que no le compete

ejecutar obras encaminadas a la estabilización de las laderas

aledañas a las obras públicas.

• MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

debido a que tiene la obligación de orientar, regular y definir políticas

tendientes a la recuperación y conservación del medio ambiente a

nivel nacional, con el fin de garantizar a todas las personas el goce

de un ambiente sano, razón por la que no debe ejecutar obras de

infraestructura, mantenimiento o estabilización de laderas.

• UNGRD, ya que de acuerdo con las funciones enunciadas en el

artículo 4º de la Ley 4147 de 3 de noviembre de 201122 y otras

normas, resulta claro que le corresponde coordinar, orientar,

gestionar y administrar el sistema integral de riesgos para lograr su

coordinación y respuesta en políticas de prevención y atención de

desastres y, por tanto, debe actuar en forma subsidiaria respecto de

los entes territoriales.

22 Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece

su objeto y estructura.

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Respecto de la legitimación en la causa por pasiva de

CORANTIOQUIA, el DEPARTAMENTO y el AMVA, sostuvo que sí

debían comparecer al proceso, habida cuenta que cumplían funciones

en materia ambiental y de prevención del riesgo de desastres.

Para abordar el caso concreto se pronunció respecto de las

generalidades de la acción popular, los derechos colectivos invocados

en la demanda, la competencia de los Municipios en el control y

vigilancia de construcciones y en la prevención y atención de

desastres y el material probatorio recaudado.

Precisó que estaba demostrado que el 27 de abril de 2011 se

presentó un movimiento en masa de tierra y escombros en el sector

de la loma Los Duque, Los García y el condominio La Aldea del

MUNICIPIO que dejó como resultado: i) 4 viviendas destruidas y 7

parcialmente afectadas; ii) la falta de acceso a varios inmuebles del

condominio La Aldea y vías de la loma Los Duque y; iii) el

taponamiento de la vía Machado – Copacabana, por lo que se hizo

necesario el desalojo posterior de 30 casas que estaban en riesgo.

Para efectos de determinar la responsabilidad de las accionadas en

el suceso descrito, se refirió a la ubicación geográfica de la zona y la

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estabilidad de la misma, destacando que los estudios geológicos

obrantes en el plenario daban cuenta de lo siguiente:

-. Que el sector objeto de la acción estaba sobre una falla geológica

conocida como “falla rodas”, que presentaba cicatrices antiguas de

deslizamientos y desestabilización de terreno.

-. Que el sector es atravesado por las escorrentías oriental, central y

occidental; estas dos últimas, interferidas por la construcción de la

parcelación La Aldea.

-. Que el sector fue clasificado como de alto riesgo, pues podían

presentarse nuevos deslizamientos.

Manifestó que de acuerdo con el dictamen pericial ordenado, para el

movimiento en masa acaecido en abril de 2011 contribuyeron

elementos antrópicos tales como: i) las obras en la autopista Medellín

– Bogotá; ii) la construcción de la parcelación La Aldea; iii) el

ineficiente encausamiento de aguas de escorrentía y; iv) el fenómeno

invernal de los años 2010-2011.

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Puso de manifiesto que el perito estimó que el sector presentaba gran

inestabilidad a pesar de que el movimiento ya estaba activo, debido

a la poca compactación del suelo y el inadecuado manejo de las

aguas, lo que favorecía la aparición de grietas y escalones que

mostraban la dinámica del suelo, razón por la que el auxiliar de la

justicia concluyó lo siguiente:

“[…] – Que en el sector que nos ocupa se presenta una falla
geológica, conocida como falla de rodas.

• El Sector donde se localiza la parcelación La Aldea no es apto para
el asentamiento humano.

• La construcción en la Loma Los Duque y Los García reposan sobre
roca, no obstante se encuentran en alto riesgo debido a que pueden
verse afectados por los deslizamientos que se llegaran a presentar
en la parte alta de la montaña y que cuentan con altísimas
probabilidades de que se reactiven en épocas de lluvia.

• Para la estabilización del terreno se requieren macro obras muy
costosas, comparables con las de Hidroituango.

• Propone se elabore estudio de zonificación para determinar las
zonas de influencia de posibles derrumbes y determinar así el costo
de reubicación de las familias que allí habiten, a fin de que la
Administración pueda hacer comparativos de costos entre la
realización de las obras de ingeniería requeridas y la reubicación
de las familias y sus viviendas.

• Establece porcentaje de participación en las causas del
deslizamiento ocurrido en abril de 2011, así: 90% atribuible a las
aguas provenientes del fenómeno de la niña; 5% las provenientes
de la autopista y 5% el manejo de aguas y cauces de la parcelación
La Aldea […]”.

Consideró que estaba acreditada la afectación al derecho colectivo a

la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, ya

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que el estado actual de la zona constituía un peligro latente de que

se presentara un nuevo desastre natural que podía afectar a los

habitantes de la loma Los García, Los Duque, la parcelación La Aldea

y a los transeúntes de la autopista Medellín – Bogotá a la altura del

kilómetro 6.

En cuanto a la influencia que tenía el manejo de aguas de escorrentía

en la vulneración del mencionado derecho, afirmó que DEVIMED

S.A. había adelantado acciones tendientes a mitigar el riesgo que se

presentaba en el kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, no

obstante, esta circunstancia no eliminaba el hecho que, a la fecha, la

zona continuaba en riesgo y la autopista aun requería de permanente

observación y control, con el fin de mantenerse apta para la

movilidad y para contener el riesgo de deslizamiento de masas desde

la parte alta de la montaña.

Concluyó que el factor de seguridad de la ladera bajo condiciones

normales y de saturación, en presencia del lleno de la autopista en

el kilómetro 6 o de éste, más la construcción de la parcelación la

Aldea, no era óptimo, debido la falla geológica que existía en la zona,

la cual desmejoraba cuando el suelo se encontraba saturado, por lo

que consideró que en el deslizamiento acaecido en abril de 2011

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también influyó la fuerte temporada de lluvias que se presentó en los

años 2010 – 2011.

Indicó que si bien el aporte de la autopista no fue la causa

determinante de la desestabilización de la zona objeto de la presente

acción, lo cierto era que tampoco podía decirse que su injerencia en

el entorno fue nula.

En cuanto a la influencia de las tasas de precipitación durante los

años 2010-2011 en el hecho objeto de estudio, adujo que, de

acuerdo con las pruebas aportadas, este fue el principal elemento

que conllevó a la desestabilización de la zona en abril de 2011, pues,

en criterio de los expertos, aportó un 90% a las causas que

contribuyeron a la concreción del desastre, lo cual, sumado al 5%

por la presencia de la autopista y a un 5% correspondiente a las

modificaciones del terreno que realizaron los señores VÉLEZ VÉLEZ

y MAYA MONSALVE con la construcción de la parcelación, podría

afirmarse que se estaba en presencia de una circunstancia de fuerza

mayor, no obstante, también obedeció (aunque en menor medida) al

actuar de las personas naturales y jurídicas accionadas.

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Respecto de la responsabilidad de DEVIMED S.A., sostuvo que, de

acuerdo con el proceso sancionatorio iniciado por CORANTIOQUIA

en su contra, se demostró que previo al deslizamiento y con

posterioridad al mismo estaba realizando una adecuada disposición

de aguas de escorrentía de la autopista Medellín – Bogotá, y que

adelantó las adecuaciones técnicas requeridas por la autoridad

ambiental y en el auto que decretó la medida cautelar en este

proceso.

Aseveró que, no obstante lo anterior, en atención a la naturaleza

preventiva de la acción popular y a la del derecho colectivo a la

seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la

posibilidad de vulneración del mismo era razón suficiente para que

se le declarara responsable a dicha empresa.

En cuanto a la responsabilidad de los señores HÉCTOR VÉLEZ

VÉLEZ y MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE, sostuvo que debido

a las modificaciones que hicieron sobre el terreno de la parcelación

La Aldea para su adecuación y construcción, contribuyeron en la

desestabilización de la zona, así como en la afectación del medio

ambiente, tal y como lo señaló CORANTIOQUIA en el proceso

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sancionatorio iniciado en su contra, motivo por el que los declaró

responsables de la vulneración de los derechos colectivos.

Aseguró que el MUNICIPIO actuó de la forma esperada en el

momento en que se hizo inminente el deslizamiento el 27 de abril de

2011, pues: i) evacuó las familias en forma previa, lo que evitó la

pérdida de vidas humanas; ii) declaró la urgencia manifiesta; y iii)

contribuyó a la atención de la emergencia y a la recuperación de la

zona en la medida de las posibilidades y dada la magnitud de la falla

que se presentó.

Para determinar la responsabilidad del ente territorial se refirió a las

órdenes que le fueron impartidas en la medida cautelar y a su

cumplimiento, de lo cual destacó que contrató con la empresa

CÓNCAVAS la realización de un estudio geológico, geotécnico,

hidrológico, hidráulico y de diseño estructural en la zona del

deslizamiento en el que se afirmó que existían las siguientes zonas:

i) las urbanizables que eran para proyectos aislados pero que

requerían medidas preventivas que mitigaran los riesgos inherentes

al sector; ii) las que por sus especiales condiciones no eran aptas

para el desarrollo urbanístico; y iii) las zonas de protección de

quebradas y zonas públicas.

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Estimó que era necesaria la reubicación de las familias en viviendas

dignas, en zonas debidamente evaluadas y que ofrecieran

condiciones de seguridad, para lo cual se debía tener en cuenta el

listado elaborado por el MUNICIPIO al momento de ocurrir el

deslizamiento.

Manifestó que, el POBT vigente del MUNICIPIO no incluía la zona

objeto de la presente acción en la zona rural con restricción por riesgo

recuperable o mitigable, ni tampoco en la zona no recuperable, razón

por la que consideró necesario que debía ajustar el uso del suelo.

Dispuso que el ente territorial y CORANTIOQUIA debían, de manera

conjunta, adelantar las tareas de reforestación del sector objeto de

la presente acción que así lo requiriera.

Frente a la pérdida de lineamiento del cauce de la quebrada los

Cedros y su restablecimiento, adujo que la firma CÓNCAVAS en su

estudio indicó que el cauce de la fuente hídrica desapareció al

llenarse con material de suelos o flujo de detritos y que si bien con

los trabajos de emergencia que fueron realizados se retiró parte del

material para darle continuidad al cauce, la sección hidráulica de

algunos tramos no era suficiente, ni permite el tránsito seguro de la

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corriente de agua, por lo anterior, decidió incluir en la parte

resolutiva de la providencia las recomendaciones efectuadas.

En relación con CORANTIOQUIA, precisó que dicha entidad en el

año 2005 realizó un requerimiento al señor VÉLEZ VÉLEZ para que

solicitara permisos ambientales, implementara las medidas

necesarias para prevenir y controlar el arrastre de materiales,

instalara trinchos en drenajes naturales, entre otros, en la

construcción de la parcelación La Aldea, sin que realizara el

respectivo control a dicha solicitud, por lo que el concluyó que la

autoridad ambiental permitió esta circunstancia en perjuicio del

medio ambiente hasta cuando se presentó el deslizamiento de masa

en el mes de abril de 2011, cuando decidió iniciar un proceso

sancionatorio ambiental en contra del mencionado señor y la señora

MAYA MONSALVE en aras de retomar el ejercicio de sus funciones

de vigilancia y control, lo que, a su juicio, configuró una omisión en

la prevención del riesgo que la hacía responsable en la violación de

los derechos colectivos.

En cuanto al AMVA, indicó que había colaborado con el MUNICIPIO

en la cofinanciación de la mitigación del riesgo por la ola invernal y

apoyó la realización de los estudios hidrológicos, hidráulicos,

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geotécnicos y de diseños estructurales en el sector del deslizamiento,

lo cual evidenció que adelantó gestiones acorde con sus funciones,

no obstante, la inestabilidad de la loma aún permanece, por lo que

consideró necesario ordenarle brindar ayuda financiera y de asesoría,

para efectos de mitigar el riesgo.

Consideró que la responsabilidad de la interventoría ejercida por

CONCOL B Y C S.A. no se había visto comprometida, pues el

deslizamiento ocurrido en abril de 2011 y el riesgo permanente de la

loma no obedecían a la negligencia de DEVIMED S.A. ni de su

interventoría, sino, en un alto porcentaje, a la ola invernal que se

presentó en los años 2010-2011 que saturó el suelo, motivo por el

que eximió de responsabilidad por fuerza mayor a esta demandada.

En virtud de lo anterior, el a quo profirió las siguientes órdenes:

“[…] PRIMERO. - DECLARAR la falta de legitimación por pasiva
propuesta por la NACIÓN - MINISTERIO DEL TRANSPORTE,
NACIÓN - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE y la UNIDAD PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO -UNGRD
-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO. - Declarar probada la excepción de fuerza mayor
propuesta por CONSULTORÍA COLOMBIANA CONCOL B Y C S.A.,
tal como se indicó.

TERCERO.- CONCEDER el amparo a los derechos colectivos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la

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realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes, en favor de los señores IGNACIO BERRIO ACEVEDO
y otros, afectados con la inestabilidad de la montaña ubicada entre
el k. 6 de la Autopista Medellín Bogotá y la vía a Machado en
Copacabana Antioquia.

CUARTO. - ORDENAR a DEVIMED S.A:

4.1. Mantener en forma permanente inspección y vigilancia sobre
el sector de su influencia y adelantar todas las medidas necesarias
para conservar la estabilidad de la Autopista Medellín —Bogotá en
el K. 6 y su terreno circundante.

4.2. Mantener un sistema de alerta temprana de la Autopista
Medellín Bogotá K. 6 a fin de que dé aviso efectivo a la comunidad
ladera abajo en caso de presentarse movimientos en masa en la
parte alta o media de la montaña que nos ocupa.

QUINTO. - ORDENAR al MUNICIPIO DE COPACABANA:
5.1. En un término de seis (6) meses, actualizar el estudio de
zonificación proyectado por CONCAVAS 2013, pues la zona de falla,
por su propia constitución, es cambiante.
5.2. En un término de dos (2) años, evacuar de manera definitiva
las viviendas ubicadas en zona de riesgo y reubicar las familias,
dando prelación a las familias que fueron incluidas en el listado
elaborado en el año 2011 y que requieran con mayor urgencia
dicha reubicación.
Así mismo vigilará que la zona deshabitada no vuelva a ocuparse
con nuevos asentamientos.
5.3. En el término de dos (2) años, ajustar en el POT el uso del
suelo en la zona afectada por riesgo, agotando para ello los
trámites legales pertinentes.
5.4. En el término de dos (2) años, adelantar las adecuaciones al
cauce de la quebrada Los Cedros de conformidad con las
recomendaciones dadas por CONCAVAS 2013, y previo estudio de
actualización, realizar los ajustes y actualizaciones técnicas a que
haya lugar.
En esta tarea el MUNICIPIO contará con la supervisión permanente
de CORANTIOQUIA.
5.5. De manera periódica, inspeccionará y monitoreará toda la
zona, de manera tal que se realicen los ajustes necesarios por
deterioro u obstrucción de este cauce o cualquier otro afluente
natural del sector que lo requiera.

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En esta tarea también participará permanentemente
CORANTIOQUIA.
5.6. El MUNICIPIO DE COPACABANA y CORANTIOQUIA adelantarán
todas las tareas de reforestación del sector objeto de esta decisión.
CORANTIOQUIA prestará asesoría y cofinanciación de manera
permanente y por todo el tiempo que sea necesario.

SEXTO. ORDENAR a los señores HECTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA
LUCÍA MAYA MONSALVE contribuir en la solución de la problemática
ambiental en las diferentes tareas que se impondrán al MUNICIPIO
DE COPACABANA para lo cual participará en los costos que se
generen, en un 5%, es decir, 2.5% cada uno.

Dado que al actor popular se le concedió amparo de pobreza, el
MUNICIPIO asumirá su costo y podrá repetir contra estos en caso
de demostrarse su capacidad económica.

SÉPTIMO. ORDENAR a CORANTIOQUIA, preste asesoría
permanente al MUNICIPIO DE COPACABANA en todos los asuntos
que tienen que ver con sus competencias legales. Así mismo le
asesorará respecto al plan de reforestación que deberá adelantar
en la zona del bosque y otras áreas que así le aconseje la
Corporación, implementando entre otros, plantas nativas y de
amarre, así mismo, le prestará su colaboración en todo lo
relacionado con el encauzamiento de la quebrada Los Cedros y
otras fuentes naturales de agua del sector que lo requieran.

OCTAVO: El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD, el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, Y CORANTIOQUIA,
cofinanciarán al MUNICIPIO DE COPACABANA en un 15% cada uno,
para la adopción de todas Las medidas que deba implementar a fin
de mitigar el riego.

En especial el DAPARD apoyará la reubicación de las familias en
viviendas dignas, a través de la Empresa de Vivienda e
Infraestructura de Antioquia —VIVA- o quien cumpla sus fines.

NOVENO. ORDENAR al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA, de acuerdo con sus competencias legales, prestar la
asesoría técnica que requiera el MUNICIPIO DE COPACABANA a
efectos de mitigar el riesgo en el sector.

DÉCIMO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la
presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472
de 1998, el cual estará presidido por el Procurador Ambiental y

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Agrario e integrado además por: el actor popular, señor IGNACIO
BERRIO ACEVEDO o un representante de los actores populares, por
los demandados: señores HECTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA LUCIA
MAYA MONSALVE o quien los representante y por un representante
de cada una de las siguientes entidades: MUNICIPIO DE
COPACABANA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD-,
CORANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA y
DEVIMED S.A.

Dicho comité presentará informes, cada seis (6) meses a la
Magistrada Ponente, durante los dos años siguientes a que
adquiera firmeza esta decisión.

ONCE. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda […]”.

III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1 EL DEPARTAMENTO adujo que el artículo 13 de la Ley 1523,

del cual se sirvió el Tribunal para declarar no probada su excepción

de falta de legitimación en la causa por pasiva, no le ordena

cofinanciar a los Municipios, pues la subsidiariedad no está referida

a un contexto económico.

Afirmó que no se cumplía el primer requisito para la prosperidad de

la acción popular, pues no incurrió en ninguna omisión frente a sus

deberes legales en lo atinente a la atención y prevención de desastres

técnicamente previsibles.

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Se refirió al artículo 56 de la Ley 9ª de 11 de enero de 198923,

modificado por el artículo 5º de la Ley 2ª de 15 de enero de 199124,

para indicar que los Municipios son directamente responsables de

adelantar un censo de las personas que habitan en lugares de alto

riesgo y de reubicarlos con la participación del Instituto de Crédito

Territorial, sin que en ello tuviese atribución alguna, pese a ello, la

providencia apelada lo vinculó con la responsabilidad económica.

Estimó que la sentencia de primera instancia desbordó las

competencias que le fueron atribuidas por Ley, pues el DAPARD

tiene una competencia complementaria y subsidiaria en la

prevención, atención y recuperación de los diferentes eventos

naturales, antrópicos o tecnológicos que superen la capacidad

técnica, operativa o financiera de los Municipios, quienes son los

encargados, en primera medida, de atender las emergencias que se

presenten en su territorio.

Se refirió al material probatorio que, a su juicio, desvirtuaba la

configuración de una acción u omisión de su parte en la gestión del

23 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
24 Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989.

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riesgo de desastres, como lo son las siguientes pruebas: i) “Informe

final estudio geológico de sector inestable en el kilómetro 65 de la

autopista Medellín – Santa Fe de Bogotá”; ii) “Estudio geológico y

geotécnico para determinar la mitigación prioritaria del deslizamiento

en el sector de la loma de Los Duque, Los García y el condominio La

Aldea del Municipio”; iii) “Estudio hidrológico – hidráulico y

geotécnico en el sector parcelación La Aldea y Lomas de Los Duque

y Los García del Municipio”; iv) Estudio elaborado por CONCAVAS

2013 y; v) El dictamen rendido por el geólogo Oswaldo Ordoñez

Carmona.

Puso de presente que las pruebas referidas acreditaron que: i) el

sector donde se presentó la avalancha está en una falla geológica

denominada “Falla Rodas”; y que ii) la acción humana, la

construcción de la parcelación La Aldea sin las debidas previsiones

técnicas, las obras de la autopista Medellín – Bogotá, el ineficiente

encausamiento de las aguas de escorrentía y el fenómeno de la niña

de los años 2010-2011 contribuyeron al movimiento en masa

acaecido en abril de 2011, sin que se advierta ninguna actuación u

omisión que le resulte atribuible.

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Manifestó que el Tribunal no concluyó que fuese el encargado de

controlar que quienes se dedicaban al urbanismo en el MUNICIPIO

cumplieran a cabalidad con las normas en la materia; no obstante,

se le ordenó cofinanciar al ente territorial en todas las medidas que

éste deba implementar para mitigar el riesgo, pese a ser el

responsable, como ordenador de los usos del suelo en su territorio.

Arguyó que el a quo incluyó a VIVA en la parte resolutiva de la

sentencia, pese a que no hizo parte del proceso, a la que se le ordenó

la reubicación de las familias del sector objeto de la acción, sin tener

en cuenta que es una entidad independiente, con autonomía

administrativa y financiera, lo que impide que le pueda darle órdenes.

Solicitó que fuera revocado el fallo de primera instancia, en lo que

respecta a las órdenes que le fueron dadas.

III.2. CORANTIOQUIA señaló que, de acuerdo con los artículos 13

y 14 de la Ley 1523, las entidades territoriales son las que deben

atender los desastres, así como la reubicación de aquellas viviendas

que se encuentra en un peligro inminente.

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Precisó que las funciones de ordenamiento territorial se encuentran

claramente delimitadas en las Leyes 136 de 2 de junio de 199425, 388

y 1551 de 6 de julio de 201226.

Indicó que sus competencias son básicamente políticas y de cuidado

y protección de los recursos naturales renovables, y que no ostenta

ninguna función relacionada con la expedición de licencias de

urbanismo o en materia de construcción de viviendas, por lo que mal

podría endilgársele la vulneración de derecho colectivo alguno en el

presente caso.

Estimó que actuó en el marco de sus funciones al adelantar los

respectivos procesos sancionatorios en contra de los involucrados,

los cuales terminaron con decisión de fondo.

Aseguró que de las conclusiones expuestas por el Tribunal en cuanto

a las causas y consecuencias del deslizamiento de tierra que ocurrió

en abril de 2011 se podía inferir que éstas se debieron a las

intervenciones que se presentaron por parte de los propietarios de

25 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios.
26 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios.

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las construcciones de la zona, a las condiciones particulares naturales

del sector y al fenómeno de la niña que se presentó en el país en los

años 2010-2011, por lo que se configura la causal eximente de

responsabilidad de fuerza mayor.

Indicó que las competencias que debió acometer ya habían sido

surtidas como bien lo indicó el Tribunal en su providencia y que, de

acuerdo con el material probatorio, la única forma realmente eficaz

de que cesara el peligro era con la reubicación de los habitantes del

sector en riesgo, especialmente los localizados en el condominio La

Aldea.

Solicitó que se modificara o revocara el fallo de primera instancia y

se denegaran las pretensiones de la demanda en lo que le respecta,

especialmente en lo atinente a la orden de gestionar y cofinanciar al

MUNICIPIO, ya que existen otras instancias gubernamentales que

se encargan de la ejecución y financiación de viviendas que podrían

dar cumplimiento a la orden.

III.3. Los señores MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y HÉCTOR

VÉLEZ VÉLEZ, pusieron de presente que paralelo al presente

proceso estaba en curso la acción de reparación directa que incoaron

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contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, CORANTIOQUIA, el

MUNICIPIO y DEVIMED S.A.

Afirmaron que no se debió declarar la falta de legitimación en la

causa por pasiva del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ya que es la

entidad responsable del cálculo y diseño de la vía, máxime si no se

tuvo en cuenta lo señalado en el estudio de impacto ambiental sobre

la obra en el kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, el cual

indicó que debió ser un viaducto o túnel como luego se hizo.

Manifestaron que tampoco debió excluirse al MINISTERIO DE

AMBIENTE, pues era el responsable de otorgar la licencia ambiental

y no tener en cuenta el aspecto antes señalado.

Se refirieron al estudio elaborado por la empresa Suelo & Ambiente

para indicar que no era cierto, como lo afirmó CORANTIOQUIA, que

se hubiese removido un bosque, pues en el área de la parcelación La

Aldea no existía ninguno, dado que la actividad de los anteriores

propietarios era la ganadería, por lo que solamente había pastos,

como se observa en la escritura pública de adquisición del terreno.

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Destacaron que el estudio en mención advirtió que el movimiento en

masa se originó desde el subsuelo que soportaba la doble calzada de

la autopista y que se condujo ladera abajo por las formas allí

señaladas, pasando por la parcelación.

Argumentaron que las recomendaciones efectuadas por la empresa

Perforando LTDA en su informe geotécnico, relacionadas con medidas

estructurales, obras de drenaje y de impermeabilización del talud, no

fueron efectuadas como se sugirió, pese a la urgencia manifiesta y el

peligro evidente en que se encontraba la zona, pues solo fueron

ejecutadas después de la avalancha del mes de abril de 2011, lo que

evidencia una la falta de acción de DEVIMED S.A. y

CORANTIOQUIA.

Estimaron que se estaba probado que la doble calzada de la autopista

Medellín – Bogotá se realizó sin tener en cuenta que era una zona

crítica y que solo era cuestión de tiempo para que se presentara una

avalancha, y que para su construcción era obligatorio presentar el

estudio de impacto ambiental con los diseños de las obras a realizar

y la ubicación de los botaderos de escombros, requerimiento que,

por el contrario, no debía cumplir la obra de la parcelación La Aldea,

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pues solo se exigía la autorización y aprobación de las obras por parte

de Planeación Municipal, las cuales se obtuvieron.

Frente al manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales, se

refirieron al estudio de la empresa Suelo & Ambiente para advertir

que fue su mal manejo y su no conducción a los cauces naturales en

una ladera inestable con procesos de reptación lo que llevó a la

formación de grietas y cárcavas erosivas, las cuales generaron la

avalancha del 27 de abril de 2011.

Aseguraron que si bien compartían la posición expuesta por

DEVIMED S.A. en cuanto a que la fuerte temporada invernal que se

presentó para ese momento fue la causante de la avalancha, lo cierto

era que ésta no fue su la causa principal y eficiente, puesto que los

descoles no fueron conducidos a un cauce natural y, como se dijo,

esta circunstancia generó cárcavas erosivas de donde salió el

material del deslizamiento.

Pusieron de presente que CORANTIOQUIA efectuó en el año 2005

una serie de recomendaciones a la construcción de la parcelación La

Aldea, las cuales fueron acatadas, sin que aquella autoridad

manifestara ningún reparo al respecto, hasta que ocurrieron los

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hechos objeto de la presente acción, cuando decidió iniciar un

proceso sancionatorio en contra del señor VÉLEZ VÉLEZ con

fundamento en el incumplimiento del acto administrativo núm.4188

de 2005, cuyo proceso culminó con la imposición de una sanción

ambiental en el año 2014, decisión que, en su criterio, se adoptó para

“[…] hacerse su propia prueba, para exonerarse de su culpa por

omisión de sus funciones […]”.

Aseguraron que existieron errores en el diseño de la vía de la

autopista, pues no se tuvo en cuenta la falla Rodas, circunstancia que

le es imputable INVIAS y al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,

quienes pasaron por alto esa situación; asimismo, DEVIMED S.A.

tenía responsabilidad en los hechos al ser negligente y “sordo” frente

a los llamados de diferentes sectores para atender la situación que

se venía presentando, y CORANTIOQUIA por desatender las

violaciones ambientales que se venían efectuando.

Solicitaron ser exonerados de responsabilidad en el presente caso,

pues aun cuando cometieron algunas fallas en la solicitud de algunos

permisos, lo cierto era que no les resultaba atribuible la avalancha

ocurrida.

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III.4. DEVIMED S.A hizo referencia a los argumentos expuestos por

el Tribunal para endilgarle responsabilidad, respecto de los cuales

adujo que la crisis generada en el kilómetro 6 de la autopista Medellín

– Bogotá estaba directamente relacionada con el estado de excepción

declarado por el Gobierno Nacional en el Decreto 4580 de 7 de

diciembre de 2010 y por el INSTITUTO NACIONAL DE

CONCESIONES – INCO en la Resolución núm.020 de 13 de enero

de 2011.

Cuestionó que el Tribunal únicamente declaró probada la excepción

de fuerza mayor respecto de CONCOL B Y C S.A., pese a que

existían las mismas razones para hacerlo en su favor.

Arguyó que la orden dada por el a quo de “[…] mantener en forma

permanente la inspección y vigilancia sobre el sector de su influencia

[…]” desconoció que sus competencias estaban dadas por el objeto

del contrato de concesión de la vía, el cual se circunscribe a ejecutar

obras y/o velar por la conservación y mantenimiento del corredor vial

carretero conformado por el área de circulación de los vehículos, la

berma y una zona de seguridad de 20 metros que es espacio público.

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Expuso que era necesario tener en cuenta que sus recursos eran

públicos, pues provienen del cobro de peajes y de partidas

presupuestales de la ANI, las cuales tenían destinación específica

para ejecutar las obras objeto del contrato de concesión, por lo que

no pueden invertirse en ningún tipo de obra que esté por fuera del

corredor vial carretero.

Argumentó que, por lo anterior, si modifica el objeto del contrato

como lo ordena la sentencia de primera instancia para mantener la

inspección y vigilancia sobre predios ubicados por fuera del corredor

vial, estaría yendo contra la Constitución y la Ley, sumado al hecho

de que no tiene competencias de vigilancia y control.

En relación con la orden del Tribunal de “[…] adelantar todas las

medidas necesarias para conservar la estabilidad de la autopista

Medellín – Bogotá K6 y su terreno circundante […]”, señaló que de

las pruebas allegadas al plenario no era dable inferir que la

estabilidad de la autopista estuviera comprometida y que por la

misma se afectarían derechos colectivos, ya que los actores no

aportaron ningún dictamen pericial que así lo señalara, pues el 5%

que le es asignado por el perito Oswaldo Ordoñez no tenía sustento.

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Precisó que la estabilidad de la autopista Medellín – Bogotá a la altura

del kilómetro 6 estaba garantizada, conforme lo evidencian las

diferentes medidas técnicas que se adoptaron y que permitieron que

el tránsito siguiera siendo normal, y que, gracias al FONDO DE

ADAPTACIÓN creado con ocasión de la ola invernal 2010-2011, se

construyó un túnel por dentro del manto rocoso para que sirviera de

calzada de ascenso y la calzada de descenso es la carretera

construida en el 2011.

Solicitó que en caso de considerarse que no es procedente la petición

de revocar la orden de mantener en forma permanente inspección y

vigilancia sobre el sector de su influencia, se tuviera en cuenta que

el contrato de concesión núm.0275 de 1996 será revisado de forma

final el 31 de julio de 2026, motivo por el que dicha supervisión sólo

podría ejercerse hasta esa fecha; además que, de mantenerse la

decisión que se apela, se debían impartir órdenes a la ANI para que

gestionara, en un plazo razonable, los recursos que requiere para

acatar el fallo.

IV.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

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V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

V.1.- CORANTIOQUIA reiteró los argumentos expuestos en el

recurso de apelación en el sentido de indicar que ha cumplido a

cabalidad con las obligaciones constitucionales y legales que le han

sido impuestas, a través de la expedición de actos administrativos

sancionatorios e informes que el mismo Tribunal destacó en su

providencia, motivo por el que solicitó que, en aplicación del principio

de congruencia, la sentencia fuera revocada y, en su lugar, se le

absolviera y se condenara a los particulares accionados.

V.2.- La PARTE ACCIONANTE solicitó que se confirmara la

sentencia recurrida, con fundamento en los argumentos expuestos

en instancias procesales anteriores y en la providencia misma;

asimismo, solicitó que se tuvieran en cuenta los siguientes elementos

materiales probatorios: i) el informe geotécnico de PERFORANDO

LTDA, ii) el informe de Suelos & Ambientes, iii) el informe de Energía

Ecológica, iv) el estudio de CONCAVAS 2013 y, v) el peritazgo

rendido por el geólogo Oswaldo Ordoñez Carmona ante el Tribunal.

V.3.- La sociedad CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. insistió en

que se encuentra configurada la excepción de falta de legitimación

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en la causa por pasiva y la inexistencia de responsabilidad en la

presunta vulneración de los derechos colectivos invocados por los

actores, para lo cual expuso que está plenamente demostrado que

vigiló, informó y planteó las soluciones de orden técnico para atender

la emergencia que se presentó.

Argumentó que, de conformidad con el contrato núm.050 de 2008,

sus obligaciones consistían en la interventoría de las etapas de

operación y mantenimiento de la atención de la emergencia en la

autopista Medellín – Bogotá, por lo que debía inspeccionar las

obligaciones contraídas por DEVIMED S.A., lo cual cumplió a

cabalidad.

Puso de presente que la ola invernal que ocurrió en los años 2010-

2011 debía ser considerada dentro del estudio de la responsabilidad,

pues la magnitud de las lluvias fueron tan fuertes que eran

imposibles de prever, hecho que resultaba constitutivo de fuerza

mayor, la cual rompe el vínculo de causalidad exigido para imputar

responsabilidad, por lo que aseguró que, teniendo en cuenta lo dicho

por el Tribunal, era posible concluir que la causa de la falla del muro

de contención ubicado en el kilómetro 6 de la autopista Medellín –

Bogotá fue por la temporada invernal.

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V.4.- DEVIMED S.A. insistió en los argumentos expuestos en

instancias procesales anteriores, para lo cual efectuó un recuento de

lo pedido por la parte accionante y del material probatorio que

consideró relevante, para señalar que no le eran imputables las

causas del deslizamiento ocurrido en abril de 2011 en el

MUNICIPIO, pues todos los informes técnicos y los procesos

sancionatorios indicaron que se presentó el hecho de un tercero y

una circunstancia de fuerza mayor.

Aseguró que puede haber un peligro en la zona y que desde la acción

de tutela instaurada por estos hechos se reconoció que la

inestabilidad del terreno correspondía a una falla geológica, razón

por la que ha ejecutado, en el marco de sus competencias, todas las

acciones prescritas en los estudios obrantes en el expediente, las

cuales no han logrado ni lograrán solucionar íntegramente la

problemática del sector.

Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de

primera instancia en lo relacionado con las órdenes que le fueron

impartidas o, en su defecto, se modulen o modifiquen en el sentido

de vincular a la ANI.

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VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

En el caso sub examine, los señores IGNACIO BERRIO ACEVEDO,

NUBIA ESTELA CARDONA GARCÍA y FLOR ANGELA GARCÍA,

habitantes del sector de la loma Los Duque, Los García y de la

parcelación La Aldea del MUNICIPIO afirmaron que se vulneraron

sus derechos colectivos con ocasión de la avalancha ocurrida en el

referido sector el 27 de abril de 2011, en la que se afectaron varias

viviendas en la loma Los García, se obstaculizó la vía Machado y el

acceso a las viviendas ubicadas en zona, además, se generó el

taponamiento y llenado del cañón estrecho y profundo de una

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quebrada que nacía en la parte superior de la ladera y discurría por

el lado norte de la parcelación, continuando su tránsito por la loma

de Los García hasta desembocar en el río Medellín.

Como consecuencia de la emergencia descrita, los habitantes de la

zona tuvieron que ser evacuados, no obstante, luego de la atención

brindada por el MUNICIPIO, regresaron a sus viviendas debido que

a que no existía seguridad de sus bienes.

Sobre los motivos de la avalancha, advirtieron que la inestabilidad

del suelo, el hundimiento y agrietamiento de la banca en el kilómetro

6 de la autopista Medellín – Bogotá desde el año 2010, en donde se

evidenció una falla estructural de contención, coadyuvaron en la

tragedia, motivo por el que no podía afirmarse que lo ocurrido fue

por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito como la ola

invernal, pues esta fue solo el detonante que aceleró la “catástrofe”.

Sumado a lo anterior, los señores MARTHA LUCÍA MAYA

MONSALVE y HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ realizaron intervenciones

técnicas inadecuadas a los drenajes naturales que descorrían por la

parcelación La Aldea y en sus límites, adecuaron lotes de forma

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improcedente, construyeron vías internas sin contar con la licencia

ambiental y ocuparon cauces sin el respectivo permiso.

La acción fue conocida en primera instancia por el Tribunal que en

sentencia de 18 de septiembre de 2020: i) declaró la falta de

legitimación en la causa por pasiva del MINISTERIO DE

TRANSPORTE, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE y de la UNGRD; ii) consideró que fueron vulnerados

los derechos colectivos deprecados en la demanda; iii) la

transgresión en comento fue atribuida a DEVIMED S.A., a los

señores HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA LUCÍA MAYA

MONSALVE, al MUNICIPIO, a CORANTIOQUIA, al

DEPARTAMENTO y al AMVA; e iv) impartió las medidas que estimó

procedentes para el amparo de los derechos colectivos tales como el

monitoreo del kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá , la

implementación de un sistema de alerta temprana que a la

comunidad en caso de un nuevo deslizamiento, la reubicación de las

viviendas ubicadas en la zona de alto riesgo, el ajuste del PBOT en

cuanto al uso del suelo del sector, la adecuación del cauce de la

quebrada Los Cedros y la reforestación de la zona, entre otras.

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Para el efecto, el Tribunal encontró que las causas del deslizamiento

del 27 de abril de 2011 fueron las obras en la autopista Medellín –

Bogotá, la construcción de la parcelación La Aldea, el ineficiente

encausamiento de aguas de escorrentía, el fenómeno invernal de los

años 2010-2011 y la inestabilidad del sector, pese a que el

movimiento ya no estaba activo.

En virtud de lo anterior, el a quo señaló que por el sector pasaba la

falla geológica Rodas, que la parcelación La Aldea no era apta para

el asentamiento humano, que la loma Los Duque y Los García se

encuentran en alto riesgo por los deslizamientos que se presentan en

la montaña, que para la estabilización del terreno se requieren macro

obras y que el porcentaje de participación en las causas del

deslizamiento ocurrido era de un 90% atribuible al fenómeno de la

niña, 5% a la autopista Medellín – Bogotá y 5% al manejo de aguas

y cauces de la parcelación la Aldea.

La anterior decisión fue apelada por:

1. El DEPARTAMENTO quien señaló que: i) no era su obligación

cofinanciar a los Municipios, pues el principio de subsidiariedad no se

refiere al aspecto monetario; ii) que el primer llamado a atender este

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tipo de emergencias era el MUNICIPIO, pues su participación

solamente se concreta cuando las circunstancias superan la

capacidad técnica, operativa o financiera del ente territorial

municipal; iii) que no se cumplía el primero de los requisitos para la

prosperidad de la acción popular, esto es, que hubiese incurrido en

alguna omisión frente a la atención y prevención de desastres

técnicamente previsibles; y iv) que el Tribunal desbordó sus

competencias al vincular a un tercero que no hizo parte del proceso

como lo es VIVAS, a la que se le ordenó reubicar a las familias del

sector objeto de la acción, sin tener en cuenta que le es

independiente.

2. CORANTIQUIA adujo que: i) los entes territoriales son los

responsables de la atención de desastres y la reubicación de las

viviendas que se encontraban en peligro inminente; ii) que sus

competencias recaían en el cuidado y protección de los recursos

naturales renovables y no la expedición de licencias de urbanismo,

motivo por el que mal podría endilgársele la vulneración de derecho

colectivo alguno en el presente caso; iii) que actuó en el marco de

sus funciones al adelantar los respectivos procesos sancionatorios en

contra de los involucrados, los cuales terminaron con decisión de

fondo; iv) que se configuraba la causal eximente de responsabilidad

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de fuerza mayor, habida cuenta que las causas del deslizamiento de

abril de 2011 fueron las intervenciones de los propietarios de las

construcciones del sector, las particulares condiciones naturales y el

fenómeno de la niña que se presentó en los años 2010-2011.

3. Los señores MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y HÉCTOR

VÉLEZ VÉLEZ manifestaron que: i) que no debió declararse la falta

de legitimación en la causa por pasiva respecto de los

MINISTERIOS DE TRANSPORTE y AMBIENTE, ya que, de

acuerdo con sus funciones, estaban llamados a responder en el

presente caso; ii) cuestionaron el informe presentado por la empresa

Suelo & Ambiente, debido a que en el sector de la parcelación La

Aldea no existió un bosque que fuese removido y, además, que el

deslizamiento se produjo desde el subsuelo que soportaba la doble

calzada de la autopista y que se condujo ladera abajo, pasando por

la parcelación; iii) que las autoridades encargadas de la gestión del

riesgo solamente ejecutaron acciones una vez se presentó la

avalancha; iv) que no se tuvo en cuenta que la autopista Medellín -

Bogotá se realizó en una zona crítica y que solo era cuestión de

tiempo para que se presentara el deslizamiento, pues si bien,

conforme lo advirtió DEVIMED S.A., la avalancha fue ocasionada por

la fuerte temporada invernal, lo cierto era que no fue la causa

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principal y eficiente, puesto que los descoles no fueron conducidos a

su cauce natural y esto generó cárcavas erosivas; y v) que atendió

las recomendación que le efectuó CORANTIOQUIA en el año 2005

para la construcción de la parcelación La Aldea, y, solamente, hasta

que se presentó la avalancha en abril de 2011 se inició un proceso

sancionatorio en contra del señor VÉLEZ VÉLEZ, con fundamento en

el presunto incumplimiento del acto administrativo núm.4188 de

2005 por lo que se le impuso una sanción ambiental.

4. DEVIMED S.A. afirmó que: i) la excepción de fuerza mayor no

solamente se configuró respecto de la sociedad CONCOL B Y C S.A.

sino también a su favor, debido a que las causas del deslizamiento

de abril de 2011, estuvieron directamente relacionadas con el estado

de estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por

el Gobierno Nacional y por el INCO; ii) que no era competente

respecto las órdenes impartidas por el a quo relacionadas con la

inspección y vigilancia sobre el sector de su influencia en el área del

desastre, pues sus obligaciones estaban limitadas al objeto del

contrato de concesión de la vía; iii) que los recursos de la concesión

eran públicos y tenían destinación específica para ejecutar el

contrato, por lo que no podía invertir en ningún tipo de obra que

estuviera por fuera del corredor vial carretero; iv) que no había lugar

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a efectuar medidas para conservar la estabilidad de la autopista en

el kilómetro 6 y su área circundante, pues de las pruebas aportadas

no era dable concluir que aquella estuviese comprometida, sino que

se demostró lo contrario, pues adoptó diferentes medidas técnicas

que permitieron el tránsito normal por el sector y construyó un túnel

por dentro del manto rocoso; v) que se tuviera en cuenta que el

contrato de concesión núm.0275 de 1996 sería revisado de forma

final el 31 de julio de 2026 y que, en caso de mantenerse la decisión

de primera instancia, se impartieran órdenes a la ANI para que

gestionara los recursos necesarios para dar cumplimiento al fallo.

Problemas jurídicos

Con fundamento en lo anterior, a la Sala le corresponde determinar

desatar los siguientes problemas jurídicos:

1.- ¿A los MINISTERIOS DE TRANSPORTE y de AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE les asiste legitimación en la causa por

pasiva y, en consecuencia, también estarían llamados a responder

por la afectación a los derechos colectivos deprecados por la parte

accionante?

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2.- ¿Teniendo en cuenta la finalidad de la acción popular, hay lugar

a declarar la configuración de la causal de eximente de

responsabilidad de fuerza mayor, por el hecho de que,

presuntamente, el deslizamiento acaecido en el sector de la loma de

Los Duque, Los García y la parcelación la Aldea del MUNICIPIO en

el mes de abril de 2011 obedeció a causas naturales y acciones

antrópicas?

3.- ¿A CORANTIOQUIA y al DEPARTAMENTO les asiste

competencias en materia de atención y prevención de desastres en

su territorio?

4.- ¿Son procedentes las órdenes de amparo impartidas por el

Tribunal a DEVIMED S.A.?

5.- ¿A los señores MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE y HÉCTOR

VÉLEZ VÉLEZ les asiste responsabilidad en los hechos que dieron

origen a la presente acción y, por tanto, deben ejecutar las órdenes

de amparo en los términos expuestos por el Tribunal?

Caso en concreto

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De la legitimación en la causa por pasiva de los MINISTERIOS

DE TRANSPORTE y de AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Para efectos de determinar si los MINISTERIOS DE TRANSPORTE

y DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE están legitimados

en la causa por pasiva, la Sala se referirá a las funciones que

genéricamente les competen, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 59 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199827:

“[…] 1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.

2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al
Presidente de la República como suprema autoridad administrativa
y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales
atribuciones.

3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están
asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos
respectivos, las normas necesarias para tal efecto.

4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de
inversiones y otros desembolsos públicos correspondientes a su
sector y los planes de desarrollo administrativo del mismo.

5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las
entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y
asistencia técnica.

6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los
temas que les correspondan y adelantar su ejecución.

27 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.

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7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las
respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias,
las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta
que a cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas.

8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y
delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector.

9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la
participación de entidades y personas privadas28 en la prestación
de servicios y actividades relacionados con su ámbito de
competencia.

10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo
Administrativo correspondiente.

11. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información
respectivo y hacer su supervisión y seguimiento […]”.

Por su parte, el artículo 2º del Decreto 087 de 17 de enero de 201129

estableció las funciones específicas asignadas al MINISTERIO DE

TRANSPORTE, así:

“[…] 2.1. Participar en la formulación de la política, planes y
programas de desarrollo económico y social del país.

2.2. Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de
transporte, tránsito y la infraestructura de los modos de su
competencia.

2.3. Establecer la política del Gobierno Nacional para la directa,
controlada y libre fijación de tarifas de transporte nacional e
internacional en relación con los modos de su competencia, sin
perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter
internacional.

2.4. Formular la regulación técnica en materia de tránsito y
transporte de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.

28 Declarado condicionalmente exequible por medio de la sentencia C 702 de 1999.
29 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las
funciones de sus dependencias.

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2.5. Formular la regulación económica en materia de tránsito,
transporte e infraestructura para todos los modos de transporte.

2.6. Establecer las disposiciones que propendan por la integración
y el fortalecimiento de los servicios de transporte.

2.7. Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de
seguridad en los diferentes modos de transporte y de construcción
y conservación de su infraestructura.

2.8. Establecer las políticas para el desarrollo de la
infraestructura mediante sistemas como concesiones u
otras modalidades de participación de capital privado o
mixto.

2.9. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos
estatales en los planes y programas que requieran asistencia
técnica en el área de la construcción de obras y de infraestructura
física, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de
condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario.

2.10. Elaborar el proyecto del plan sectorial de transporte e
infraestructura, en coordinación con el Departamento Nacional de
Planeación y las entidades del sector y evaluar sus resultados.

2.11. Elaborar los planes modales de transporte y su
infraestructura con el apoyo de las entidades ejecutoras, las
entidades territoriales y la Dirección General Marítima, Dimar.

2.12. Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del
Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte e
infraestructura de los modos de su competencia.

2.13. Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación
y desarrollo científico, tecnológico y administrativo en las áreas de
su competencia.

2.14. Impulsar en coordinación con los Ministerios competentes las
negociaciones internacionales relacionadas con las materias de su
competencia.

2.15. Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente
decreto y en las disposiciones vigentes, a las entidades adscritas y
ejercer el control de tutela sobre las mismas.

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2.16. Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de
Coordinación Permanente entre el Ministerio de Transporte y la
Dirección General Marítima, Dimar.

2.17. Participar en los asuntos de su competencia, en las acciones
orientadas por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres.

2.18. Las demás que le sean asignadas […]”.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 3570 de 27

de septiembre de 201130, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE tiene a su cargo las siguientes

funciones:

“[…] 1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el
ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas
y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los
mares adyacentes, para asegurar su conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del
ambiente.

2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales
para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo,
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el
impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas
del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos
y productivos.

3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la
formulación de las políticas públicas, de competencia de los mismos,
que tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo
sostenible, y establecer los criterios ambientales que deben ser
incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales.

30Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

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4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la
formulación de la política internacional en materia ambiental y definir
con este los instrumentos y procedimientos de cooperación, y
representar al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y
convenios internacionales sobre ambiente, recursos naturales
renovables y desarrollo sostenible.

5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres, las acciones tendientes a
prevenir el riesgo ecológico.

6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación,
los planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en
relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento
ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el
Gobierno someta a consideración del Congreso de la República.

7. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores
ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y
servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y
su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande
infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables.

8. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales
en relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de
gestión ambiental, tales como, impuestos, tasas, contribuciones,
derechos, multas e incentivos con él relacionados; y fijar el monto
tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, de conformidad con la ley.

9. Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución
armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA), dirimir las
discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y
establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan conflictos
entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las
políticas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables o del ambiente.

10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones
Autónomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente,
cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a
estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o

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posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan
presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo,
así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y
utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y
ordenar al organismo nacional competente para la expedición de
licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello
hubiese lugar.

11. Coordinar, promover y orientar las acciones de investigación sobre
el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre modelos
alternativos de desarrollo sostenible.

12. Establecer el Sistema de Información Ambiental, organizar el
inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales;
y administrar el Fondo Nacional Ambiental (Fonam) y sus subcuentas.

13. Diseñar y formular la política, planes, programas y proyectos, y
establecer los criterios, directrices, orientaciones y lineamientos en
materia de áreas protegidas, y formular la política en materia del
Sistema de Parques Nacionales Naturales.

14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques
Nacionales Naturales; declarar, reservar, alinderar, re alinderar,
sustraer, integrar o re categorizar las áreas de reserva forestal
nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento; y declarar y
sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las corporaciones
autónomas regionales en desarrollo de su competencia de administrar
las reservas forestales nacionales, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, realizarán los estudios técnicos,
ambientales y socioeconómicos para los fines previstos en el presente
numeral, con base en los lineamientos establecidos por este Ministerio

15. Elaborar los términos de referencia para la realización de los
estudios con base en los cuales las autoridades ambientales
declararán, reservarán, alinderarán, re alinderarán, sustraerán,
integrarán o re categorizarán, las reservas forestales regionales y para
la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales sin requerir
la adopción de los mismos por parte del Ministerio.

16. Expedir los actos administrativos para la delimitación de los
páramos.

17. Adquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de
1993, los bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las
entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad competente

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la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés
social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a que hubiese
lugar.

18. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o
privado, asociaciones, fundaciones o entidades para la conservación,
manejo, administración y gestión de la biodiversidad, promoción y
comercialización de bienes y servicios ambientales, velando por la
protección del patrimonio natural del país.

19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que
no resulten contrarias a lo dispuesto en el presente decreto”.

Teniendo en cuenta lo anterior, a juicio de la Sala los ministerios

accionados no se encuentran legitimados en la causa por pasiva en

la presente acción, pues no están en la obligación de atender las

emergencias generadas por situaciones de riesgo, como el

deslizamiento acaecido en el MUNICIPIO el 27 de abril de 2011.

Lo anterior en atención a que, el MINISTERIO DE TRANSPORTE

como encargado de la formulación y adopción de las políticas, planes,

programas, proyectos y regulación económica en materia de

transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte

carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en

materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo,

fluvial y férreo, no es el responsable de garantizar los derechos

colectivos aquí invocados, ya que lo pretendido con la presente

acción se encamina a determinar los elementos causantes de la

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emergencia presentada en la loma de Los Duque, Los García y la

parcelación La Aldea en el año 2011, así como las entidades y/o

personas llamadas a atender el riesgo generado y que causaron la

afectación de derechos.

Es decir que, si bien tiene dentro de sus funciones el establecimiento

de políticas para el desarrollo de infraestructura a través de

modalidades como el contrato de concesión, lo cierto es que, para el

caso aquí planteado, esta competencia no lo legitima para atender la

circunstancia debatida, pues los hechos objeto de la presente acción,

no se relacionan con esta modalidad contractual sino con el

acaecimiento de un fenómeno de movimiento en masa.

Ahora bien, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE es el rector de la gestión del ambiente y de los

recursos naturales renovables, y se encarga de orientar y regular el

ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y

regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la

Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las

funciones asignadas a otros sectores.

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Como se observa, las funciones de este Ministerio tampoco se

relacionan con la gestión del riesgo o atención de desastres, sino con

el establecimiento de políticas para la conservación o recuperación

del medio ambiente, presupuesto que si bien podría redundar en la

protección de los derechos colectivos invocados por la parte actora,

lo cierto es que, las demás entidades accionadas son las primeras

llamadas a atender la afectación padecida por la comunidad del

MUNICIPIO, como se expondrá al resolver los demás problemas

jurídicos planteados.

En conclusión, se confirmará la decisión del a quo de declarar la falta

de legitimación en la causa por pasiva de las referidas carteras

Ministeriales, con base en las razones previamente expuestas.

De la fuerza mayor como eximente de responsabilidad en

acciones populares

la Sala procederá a analizar el material probatorio allegado al

expediente con el fin de determinar las causas del deslizamiento

ocurrido el 27 de abril de 2011:

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-. CORANTIOQUIA mediante acto administrativo núm.130AN-4188

de 23 de junio de 2005 requirió al señor HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ,

con ocasión de la construcción del condominio La Aldea, en el que

expuso lo siguiente:

“[…] Que con el fin de verificar la situación reportada se practicó
una visita de inspección ocular el 19 de mayo de 2005, consignada
en el informe técnico No.130AN-4774 del 01 de junio de 2005 que
concluye entre otros lo siguiente:

[…] En el predio finca El Mirador, de propiedad del señor Héctor
Vélez Vélez se está realizando movimiento de tierra para la
apertura de la vía interna del proyecto condominio la Aldea.

Debido a la pronunciada pendiente del terreno y a que las medidas
ambientales implementadas no son suficientes y adecuadas, se ha
presentado arrastre de material por efectos de escorrentía y aporte
de sedimentos a una fuente de agua sin nombre, que discurre al
sur del predio del señor Héctor Vélez Vélez, por el área de influencia
del proyecto condominio la Aldea.

Las afectaciones a las fuentes de agua, generadas por la ejecución
del movimiento de tierra, no se han generado en forma
permanente, las mismas se han presentado por la falta de
implementación de obras de drenaje provisionales y de retención
de materiales suficientes y adecuados.

De acuerdo al Decreto 1220 del 21 de abril de 2005, por el cual se
reglamenta el título VII de la ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales, el señor Héctor Vélez Vélez para la construcción de la
vía interna del condominio la Aldea que se adelanta en su predio
finca el Mirador, ubicado en la vereda la Lomita del Municipio de
Copacabana, no requiere de licencia ambiental, ya que la
construcción de vías internas no se encuentra incluidas entre los
proyectos, obras o actividades que la requieren.

Lo anterior, no lo exime de tramitar ante otras autoridades,
los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran,
para la ejecución del mismo, entre ellos las licencias de
construcción y urbanismo.

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En caso de requerir para la construcción de la vía interna y
demás obras inherentes al condominio, el aprovechamiento
de los recursos naturales renovables o se generen
afectaciones a los mismos, el interesado deberá tramitar y
obtener los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales a que haya lugar ante esta Corporación […]”
(Destacado de la Sala).

-. El INCO, por medio de la Resolución núm.020 de 13 de enero de

2011, declaró la emergencia en el kilómetro 6 de la autopista

Medellín – Bogotá, por el riesgo inminente de colapso del muro de

contención de 140 mts construido en el MUNICIPIO.

-. El DAPARD realizó un informe de asesoría y asistencia técnica, de

fecha 25 a 28 de abril de 2011, en el que puso de presente que

debido a la temporada invernal que se presentó ese año, hubo

afectaciones a predios y edificaciones en varias zonas del

MUNICIPIO, entre los que se encontraba, un movimiento en masa

en la parcelación La Aldea y en la loma de Los Duque y Los García,

que obligó a la evacuación preventiva de los habitantes del sector;

posteriormente, el 27 de abril de ese año, se presentó el

deslizamiento que afectó varias viviendas y generó el taponamiento

de la vía Machado.

El informe resalta lo siguiente:

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“[…] - Se presenta asentamiento en la banca de la doble calzada
de la autopista Medellín — Bogotá, a la altura del KM.6 con fractura
y abertura del pavimento, en un tramo de unos 140 metros,
limitado al norte por un descole activo que vierte sus aguas a la
ladera inferior. Según información verbal suministrada por el
Ingeniero John Álvaro Gallego, del concesionario Devimed S.A, este
fenómeno se ha intensificado desde el mes de diciembre de 2010
sumando un asentamiento total del orden de los 0.80 metros, pero
ya hace seis años que se habían presentado grietas y fisuras en el
pavimento. En el extremo sur del tramo afectado existía otro
descole el cual fue suprimido hace unos tres meses (según el señor
Héctor Vélez, varias veces se había manifestado al concesionario
Devimed S.A el perjuicio que dichas aguas causaban a la
parcelación).

• En el tramo afectado existen dos tipos de estructuras de
contención: En el sector norte pilas de concreto reforzado a una
profundidad aproximada de 10 metros, construidas al parecer hace
seis años cuando se empezaron a generar grietas en el pavimento.
Sector sur con muro de contención en concreto reforzado y
fundación en zapata, de aproximadamente 4 metros de altura
desde el nivel de fundación, construido hace aproximadamente 13
años. Estas estructuras no han sido suficientes para garantizar la
estabilidad de la banca. Se evidencia el agrietamiento y
asentamiento de los terrenos contiguos a estas estructuras, del
orden de 1.50 metros en la zona de las pilas, como también indicios
de volcamiento en el muro de contención. Lo anterior indica que se
puede estar presentando un movimiento en masa lento en forma
de reptación, con la posible existencia de una superficie de falla que
puede estar a más de 10 metros de profundidad.

• Ante la inminencia de una afectación mayor de la banca de la
doble calzada y la consiguiente interrupción del tránsito por esta
vía, el Concesionario Devimed S.A. está iniciando la construcción
de un sistema de contención consistente básicamente en pilas en
concreto reforzado con 35 metros de profundidad. Estos diseños
se hicieron con base en estudios geotécnicos que incluyeron
nueve sondeos con perforaciones profundas. En el estudio
se detectó la reactivación de un antiguo movimiento en
masa, encontrándose la superficie de falla a unos 12 metros
de profundidad, a la cual se encuentra el nivel freático, de
origen estacional, alimentado por las aguas “precipitadas
directamente y por las procedentes de los sectores
circunvecinos”.

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• La ladera entre la doble calzada y los predios de la
parcelación La aldea tiene una topografía de alta pendiente,
con vegetación en pastos en la zona aledaña a la vía y a
continuación bosques de matorrales y árboles variados de
tamaño pequeño y mediano, hasta el borde superior de los
predios de la parcelación. En la parcelación se observan taludes
y explanadas parcialmente recubiertos con grama. En general en
la ladera se observa la configuración de una vaguada con un macizo
rocoso fracturado en el talud superior de la vía, con depósitos
superficiales de roca en el talud inferior cercano a la doble calzada,
posiblemente procedentes de la construcción de la vía original.
Durante el recorrido se observa una configuración superficial
irregular y una topografía de la ladera que favorecen la infiltración
de un alto porcentaje de las aguas lluvias. Los estratos
superiores en la ladera incluyendo la parcelación la aldea
corresponden a depósitos conformados por flujos de
escombros (suelo y fragmentos de roca de tamaño variable)
de antiguos movimientos en masa. En los taludes y explanadas
de la parcelación se observan coluviones o depósitos de suelos
areno limosos con fragmentos de roca tipo anfibolita de tamaños
variados y formas irregulares, al parecer de consistencia dura
cuando tienen poca humedad, pero muy permeables y susceptibles
a la saturación y la erosión interna.

• Al descender por el costado norte cercano al canal de descole en
concreto se observa inicialmente fractura en el piso y paredes
debido a asentamientos en el terreno, generando infiltración de
aguas y afloramiento en el cauce no recubierto unos metros más
abajo. En el descenso del día 25 de abril, después de terminar el
canal en concreto se observa erosión en el cauce o canal en tierra
con profundización de la socavación en algunos puntos,
intensificada por la actual ola-invernal. Hacia la parte central del
recorrido del descole por zona boscosa se observa que éste fue
desviado mediante una acequia en tierra hacia la quebrada ubicada
más al norte, la cual más abajo desciende por el costado norte de
la parcelación y a continuación discurre por un cauce estrecho
profundidad variable entre la loma de los García y la Loma de los
duques. Dicho desvío de las aguas del descole al parecer lo hizo el
Señor Héctor Vélez, copropietario de la Parcelación La Aldea para
evitar afectación en los predios. Sin embargo, más adelante las
aguas de este descole se infiltran y desaparecen entre las
grietas del terreno y regresan su cauce original que llega a
la parte central superior de la parcelación. En el trayecto
dentro del bosque por donde se presenta la mencionada
infiltración, se observan grietas y erosión superficial en el
terreno producto de la saturación y escorrentía. Es de anotar

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que el descole no solo recoge las aguas de la doble calzada sino
también parte de las aguas lluvias de escorrentía superficial de la
ladera.

• Continuando dicho recorrido de descenso salimos del
bosque a los predios de la parcelación La Aldea. Se observa
un aumento abrupto en la pendiente del terreno por la
presencia de taludes de altura variable producto de los
cortes en los terrenos de la ladera y el movimiento de tierra
realizado para adecuar las explanadas de las viviendas y las
vías de acceso (en el extremo nororiental estos taludes
superan los 10 metros de altura, con pendientes superiores
al 100%). Se observa la llegada de las aguas del cauce original
del descole norte, con flujo de lodos de producto de la erosión
descrita arriba. Se evidencia la activación de un movimiento
que genera agrietamientos significativos en varios predios
de la parcelación, colapso parcial de la banca en las vías
interiores, afectación de redes de drenaje, socavación y
daños en cunetas, daños riesgo de colapso en varias
viviendas (Héctor Vélez, Luz Correa González, Mauricio
Monroy). Desprendimiento superficial de talud posterior y fisuras
en vivienda de Georgina Restrepo, en total estaban evacuada o en
proceso de evacuación seis viviendas de la parcelación. El señor
Héctor Vélez, copropietario, manifiesta en el momento de la visita
que las afectaciones descritas vienen ocurriendo hace unos seis
meses.

• El día 27 de abril de 2011, durante las primeras horas de
la mañana, y después de varias horas de fuertes lluvias se
aceleró y desencadenó el movimiento en masa de un
volumen mayor a los 100 metros cúbicos, con flujo de lodos,
suelo, rocas y material vegetal que destruyó siete (7)
viviendas (seis en la parcelación la Aldea y una en la loma
de los García) afectó parcialmente otras dos (2) en la loma
de los García, taponó la vía Machado y las vías de acceso a
las viviendas ubicadas en la loma de los García, loma de los
Duque y parcelación la Aldea. El movimiento en masa generó
taponamiento y el llenado del cañón estrecho y profundo de la
pequeña quebrada que nace en la parte superior de la ladera y
discurría por al lado norte de la parcelación y entre las colinas
mencionadas, y causó también afectación a la infraestructura de
alumbrado público de la zona. Como medida de seguridad para
evitar la pérdida de vidas humanas fueron evacuadas
aproximadamente otras 30 viviendas (4 en la parcelación la aldea
y el resto en la lima de los Duque y la loma de los García). Lo
anterior debido a la posibilidad de que se extienda el movimiento

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en masa a otras áreas de la parcelación y a la ladera superior, dado
que se cambiaron sus condiciones de estabilidad.

• En el sobrevuelo de ese día se aprecia la configuración de
vertiente de la ladera desde el talud superior de la doble calzada
hasta los predios de la parcelación la Aldea, es un factor que
favorece la confluencia de las aguas de infiltración y de escorrentía
superficial hacía los predios de la parcelación a Aldea. Se observa
el nacimiento de aguas en la pared o escarpe superior del
deslizamiento que continúan fluyendo en la dirección del
movimiento en masa, lo que confirma las altas tasas de infiltración
de las aguas lluvias en toda la ladera superior. Así mismo se
observa la trayectoria aproximada de los descoles norte (activo) y
sur (inactivo).

• En el recorrido del día 28 de abril se evidencia que a pesar de que
el descole sur de la doble calzada fue suspendido hace cerca de
tres meses, por su cauce fluyen aguas de nacimiento que afloran
en la zona aledaña unos 20 a 30 metros abajo de la vía.
Posiblemente estas aguas proceden del nivel freático que según el
mencionado estudio geotécnico, pasa a una profundidad de 12
metros debajo de la banca de la vía, y es de origen estacional, es
decir, corresponde a la infiltración de aguas lluvias durante la
temporada invernal en la zona aledaña. Siguiendo la trayectoria de
dicho cauce se observa erosión lateral en algunas zonas producto
de la ola invernal. Al igual que en descole norte, estas aguas se
infiltran de nuevo en la parte baja de la zona boscosa y al parecer
son las que emergen en la pared o escarpe superior del
deslizamiento, tal como se indica en el párrafo anterior, y
posiblemente contribuyeron de manera significativa la ocurrencia
de dicho evento mediante la saturación, pérdida de la resistencia
al corte del suelo y la generación de superficies de falla. El caudal
de las aguas que confluyen a la zona afectada depende de la
intensidad de las lluvias, del área de la cuenca y de otras variables
que tienen que ver con la pendiente, rugosidad, permeabilidad y
vegetación. Aunque se supone que la construcción de la
segunda calzada contribuye a un aumento del caudal de los
descoles, determinar el porcentaje de incidencia o aporte de
dicha construcción al caudal total requiere por lo tanto la
realización de estudios y cálculos hidrológicos.

• Otros factores que pudieron contribuir a la ocurrencia del
evento están: La intervención de la ladera de alta pendiente
con la tala de bosques, movimientos de tierra para las vías
y explanadas generando taludes de aún mayor pendiente,
cambiando las condiciones de estabilidad de los suelos del

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depósito. Se desconoce si para otorgar la licencia de
construcción a la parcelación se realizaron los estudios
geotécnicos para diseñar las intervenciones mencionadas,
definir la necesidad o no de estructuras de contención,
definir el tipo y profundidad de las obras de drenaje.

• Como se mencionó antes, existe la posibilidad de que el
movimiento en masa y el proceso erosivo continúen remontando
hacia la ladera superior, donde se presentan agrietamientos e
infiltraciones de como también hacia los costados sur y norte. Dicho
evento, sumado a las intervenciones mencionadas posiblemente
haya afectado las condiciones de estabilidad de dichas zonas,
además de haberlas dejado más expuestas a la erosión superficial.
Por lo tanto, para considerar la posibilidad de ocupar de nuevo las
viviendas evacuadas en la loma de los García y Loma de los Duques
es necesario realizar un estudio geotécnico de la ladera hasta las
inmediaciones de la doble calzada (ver recomendaciones).

En resumen, existen múltiples factores que pueden haber
contribuido a la ocurrencia de dicho evento, entre las cuales están:

• La prolongada e intensa temporada invernal 2010-2011,
generando caudales de escorrentía e infiltración inusuales.
• Configuración topográfica, estructura y tipo de los suelos
en la ladera que favorece la confluencia de las aguas de
escorrentía e infiltración hacia los predios de la parcelación.
Propiedades geotécnicas de los suelos en la parcelación La
Aldea, muy permeables, susceptibles a la infiltración y
saturación.
• Intervenciones realizadas en los terrenos de la Parcelación
la Aldea (tala de bosques, movimientos tierra), generando
cambios en las condiciones de estabilidad y drenaje. Posible
ausencia o deficiencia de estudios geotécnicos suficientes
para dichas intervenciones e insuficiencia de las obras de
drenaje.
• Posible aumento de caudales en los descoles existentes de
la autopista Medellín – Bogotá, debido a la adición de la
nueva calzada, a corroborar en estudio hidrológico […]”
(Destacado de la Sala).

-. CORANTIOQUIA abrió un proceso sancionatorio ambiental contra

el señor HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ y Otros, en virtud del cual se rindió

el informe técnico núm.130AN-1105-18208 de 27 de mayo de 2011,

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en el que se consignaron los resultados de la visita técnica realizada

a la vereda Las Lomitas, sector de la loma de Los Álvarez y loma de

Los Duque, con el objetivo de realizar una evaluación ambiental del

territorio, en la que se encontró lo siguiente:

“[…] - En la parte superior de la Autopista la autopista Medellín-
Bogotá, sobre las coordenadas 6 19 21.5 N 75 31 21.5 W, cota
1760 msnm se viene ejecutando la estabilización de la banca donde
mediante la construcción de filtros y pilotes, además se viene
realizando la estabilización de movimiento en masa mediante la
reconformación y del terreno y canal impermeabilizado con
membrana y conducido hasta la quebrada denominada los Gómez.
• Sobre el tramo en reparación se encuentran ubicadas dos obras
de drenaje los cuales descargan sobre descoles en concreto
escalonados y que luego vierte a campo abierto y drenaje natural
originando formación de cárcavas de gran profundidad.
• Sobre la zona boscosa se presenta desgarres y deslizamientos los
cuales pueden generan nuevos movimientos en masa.
• Sobre la cota 1660 msnm, coordenadas 6 19 49.0 n 75 31 28.4
w se logró identificar la construcción de muro transversal dentro de
la zona boscosa o en piedra colocada que conduce las aguas de
escorrentía hasta los drenajes naturales.
• Dentro de la zona donde se reportó el movimiento en masa se
presenta afloramientos de agua en varios sectores los cuales
drenan sobre el material depositado.
• La red drenajes interceptados no tiene la capacidad hidráulica de
recibir la precipitación en los periodos de retorno lo que permitió
que las aguas remanentes descargaran sobre las vías existentes y
los depósitos generándose el movimiento en masa por los altos
caudales descargados por efectos de las precipitaciones.
• Sobre la margen derecha de la zona del movimiento en masa se
realizó corte del talud y se depositó el material extraído,
igualmente se vienen realizando nuevas construcciones sobre la
zona de retiro (casa y chosco).

[…] Recomendar al municipio de Copacabana la realización de
estudio geológico y geotécnicos de la zona afectada y su área de
influencia con el fin de decretar el uso del suelo, el cual deberá
quedar incorporado en revisión del POT. Igualmente se deberá
identificar que otras actividades ponen en riesgo el manejo
inadecuado de aguas y suelos como las canteras y otras

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parcelaciones ubicadas en parte superior de la autopista con las
siguientes actividades:

[…] Como medida de protección se deberá instalar una
alerta temprana en el frente de trabajo de Devimed para dar
avisos a las comunidades asentadas en la parte baja si se
presenta movimiento en masa la parle alta y media de la
Ladera donde se vienen ejecutando los trabajos de
estabilización de la Banca y en la parte baja por parte de la
comunidad organizada.

Las actividades de estabilización de la zona deberán ser
coordinadas con la oficina de atención de desastres y el DAPARD,
y la orden de permanencia y desalojo de las viviendas que se
encuentre habitables deberá ser coordinada por el municipio de
Copacabana dependiendo de los estudios de campo y de los
trabajos que se ordenen realizar […]”.

-. Asimismo, CORANTIOQUIA la Resolución núm. 130AN-1106-

19477 de 7 de junio de 2011, por medio del cual inició el proceso

sancionatorio ambiental en contra del señor HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ,

por interceptación de drenajes naturales, ocupación de cauce,

manejo inadecuado del suelo sobre zonas de ladera o alta pendiente,

tala de vegetación nativa, destrucción de nacimiento de agua y por

el uso de recursos naturales sin concesión o permiso y, mediante

acto administrativo núm. 130AN-1106-19479 de 7 de junio de 2011,

requirió al MUNICIPIO y a DEVIMED S.A. para que realizaran una

serie de obras o actividades con el fin de prevenir o mitigar los

deslizamientos en masa en el sector de la loma Los Duque.

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-. Por su parte, la empresa interventora de la autopista, CONCOL,

informó a través de memorando núm. 07 de 19 de septiembre de

2011, sobre el avance de los problemas de inestabilidad en el

kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, así:

“[…] Se inspeccionó el estado del muro de contención atirantado el
cual, con respecto de la visita efectuada el día 4 de Abril de 2011,
se ha visto muy afectado por desplazamientos verticales y laterales
que han fracturado el concreto y que también han abierto las juntas
de la estructura, y que están siendo ocasionados por la dinámica
retrogresiva de la falla de la ladera inferior a la vía, sobre la cual
se apoya esta obra. Los asentamientos verticales también son
evidentes en el flanco derecho de la zona deslizada, en la cual se
observa una línea de pilotes expuesta en una longitud total de unos
2.00 m y que, en la visita efectuada en Abril, solamente tenía una
longitud expuesta de I .0 m en total.

Además del muro, también se inspeccionaron las obras de drenaje
y subdrenaje instaladas en la parte media de la ladera y que
consisten de drenes horizontales con longitudes de desarrollo
superiores a los 30.0 m, y sus respectivas cunetas de descarga; de
acuerdo con la información entregada por el personal de campo,
los drenajes permitieron la evacuación de volúmenes apreciables
de agua una vez fueron instalados, pero en la actualidad la
descarga que se presenta es mucho menor, lo cual puede atribuirse
a la finalización de la temporada invernal y a que estos elementos
pudieron drenar adecuadamente la masa de suelo inestable. De
acuerdo con los monitoreos topográficos y con los registros de los
inclinómetros, la tasa de movimiento del terreno se redujo
apreciablemente una vez fueron instalados los drenes horizontales,
esto respecto de las condiciones encontradas entre los meses de
Abril y Mayo, en los cuales se reportaban asentamientos diarios de
hasta 2.0 cm en promedio; con los drenes horizontales en
funcionamiento se han reportado desplazamientos diarios
verticales de hasta 5.0 mm.

De cualquier forma debe hacerse notar que la ladera inferior a la
vía sigue siendo afectada por fenómenos de remoción en masa de
gran alcance, y que las obras de drenaje y subdrenaje instaladas
en ella son para la mitigación de efectos sobre la vía actual; tal
como se había manifestado en el reporte de la visita del 4 de Abril,
el talud inferior a la vía está afectado por movimientos de

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terreno con una dinámica retrogresiva debida en parte a la
falla por saturación de la ladera, impuesta por las lluvias, y
en parte, según lo observado en la visita del 12 de
Septiembre, por la ejecución de cortes viales y de
urbanización en la mitad del talud, conformado en su mayor
parte por suelos coluviales y residuales saturados, aunque
en algunos sitios se observa la aparición del macizo rocoso
fracturado; toda vez que se considera prácticamente
imposible llevar a cabo la estabilización del talud inferior a
la vía habida cuenta de las dimensiones de los depósitos de
suelo involucrados, la recomendación entregada por la
Interventoría en el reporte de visita del 4 de Abril en el
sentido de trasladar las calzadas al talud de la parte
superior de la carretera sigue siendo válido, y se planteó en
su momento previendo que la condición de la ladera inferior
pudiera ser más crítica en el tiempo, como efectivamente lo
fue.

De acuerdo con lo observado en la visita del 12 de Septiembre, los
suelos inestables de la ladera conforman el cauce de un drenaje
menor que si bien en condiciones normales no tiene un caudal
apreciable, en épocas de lluvia intensa puede saturar los depósitos
de la parte baja y causar su movimiento, dando lugar a la aparición
de la dinámica retrogresiva mencionada; también se encontró que
la corriente arrastró bloques de gran tamaño, socavando
probablemente las paredes de su cauce natural. La longitud de la
ladera, medida desde su pata en la parte baja, es de unos 1,000 m
aproximadamente.

Con respecto de las obras que se adelantan actualmente en el sitio,
se encontró que se encuentran en ejecución los cortes viales para
el traslado de las calzadas existentes a un terreno rocoso estable
como el del talud superior a la vía; en el momento de la visita los
cortes habían sido ejecutados en un 30% de su altura, y se
instalaban anclajes de estabilización debido a que la roca se
encuentra altamente fracturada. Los cortes se encuentran
avanzando desde los flancos del área inestable hacia su centro […]”
(Destacado de la Sala).

-. Como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por el

DAPARD en el informe de asesoría y asistencia técnica de 25 a 28

de abril de 2011, mencionado anteriormente, el MUNICIPIO

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contrató con la empresa Suelo & Ambiente la elaboración de un

estudio geológico y geotécnico para determinar la mitigación

prioritaria del deslizamiento en el sector de la loma de Los Duque,

Los García y la parcelación La Aldea, el cual fue entregado en el mes

de noviembre de 2011, del cual se resalta lo siguiente:

“[…] Lleno

En la parte superior de la zona de estudio sobre el costado de la
autopista Medellín – Bogotá se presenta un lleno, el cual se realizó
para poder construir la doble calzada de la autopista Medellín –
Bogotá, que posee una altura aproximada de 15 metros, estos
cambios se evidencian plenamente en el estudio de fotografías
aéreas de diferentes años tanto antes como después de la
construcción de la doble calzada. Morfológicamente se puede
observar una zona plana (gráfico No.4) con una extensión
considerable que con la nueva obra se vio reducida además del
cambio de la pendiente, producto de la disposición de este lleno
antes mencionado.

[…] GEOMORFOLOGIA

La geomorfología del sector sur del municipio de Copacabana se
caracteriza por ser una zona de ladera del sistema montañoso de
la cordillera central cerca un valle de fondo plano por donde corren
las aguas del río Medellín (Gráfico 17).

Esta zona se caracteriza por tener altas pendientes y evidencia
algunas geomorfías en particular como las que dejan antiguos
deslizamientos debidos tanto a las condiciones climáticas de las
latitudes a que se encuentra como los tipos de litologías y altas
pendientes allí presentes (gráfico No.18). Estas zonas forman unas
cuentas en forma de V, algunas de las cuales están rellenas por
depósitos de vertiente procedentes de las partes altas llevándolas
a tomar la forma que tienen hoy en día, por estas cuencas corren
en sentido de la pendiente un sin número de drenajes que tienen
como destino final las aguas que transitan por el valle de fondo
plano donde debido a la poca pendiente el río tiene un
comportamiento meándrico.

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Además, se pueden observar también otros rasgos morfológicos
como lo es la silleta, que es una expresión de una falla en este caso
de orden regional la cual pasa por esta ladera y atraviesa el valle
del río Medellín con una orientación NW, el eje de dicha falla pasa
muy cerca de la zona de estudio marcando el cambio litológico
entre las Dunita de Medellín y la Anfibolita.

[…] Geomorfológicamente el depósito de vertiente ubicado
en esta cuenca (gráfico No.19) y antes del evento ocurrido
en el mes de abril del 2011 proveniente desde la parte alta
de la ladera arriba de la autopista Medellín – Bogotá, se
caracterizaba por presentar ciertos escalones los cuales
eran evidencias de un movimiento donde su
comportamiento fue similar al que ocurrió hace pocos
meses.

[…] La zona de Los Duque se caracteriza geomorfológicamente por
ser una cuenca en medio de dos lomas, esta depresión posee
pendiente de moderada a alta, aunque cerca a la autopista Medellín
– Bogotá esta cambia abruptamente debido al lleno que se
caracterizó para conformar la doble calzada de dicha vía (gráfico
No.21), encontrándose una zona modificada de mayor pendiente.

[…] Esta geomorfía particular del sector y los materiales allí
descritos tienen gran posibilidad de acumular agua debido
especialmente a los cambios de pendiente tanto generados por el
lleno de la autopista Medellín – Bogotá como los cambios de
pendientes naturales.

En la parte superior de la ladera se evidencian tres drenajes,
que para un mejor entendimiento dentro del presente
informe se denominarán descole occidental, descole central
y descole oriental (gráfico No.22).

Estos tres drenajes antes mencionados se denominaron descoles,
pues en la actualidad y aparentemente durante todo el tiempo que
ha funcionado la autopista Medellín – Bogotá, tanto como calzada
sencilla y como doble calzada han trabajado como descoles.

De acuerdo con lo observado en las fotografías áreas de diferentes
épocas se puede deducir que el descole oriental corresponde a una
quebrada como tal que drena desde la parte superior de la
autopista, de hecho tiene un canal bien definido y una incisión
profunda en el terreno del orden del de 12m.

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Los denominados descole central y descole occidental, de acuerdo
con lo observado en las fotografías aéreas, eran pequeñas
vaguadas poco prolongadas por encima de la autopista Medellín –
Bogotá y con poca incisión sobre el terreno, de acuerdo con la
información de algunos de los habitantes de la loma los
Duque y con base en lo observado en las fotografías aéreas
de diferentes años se puede deducir que el caudal recogido
por estos descoles aumentó considerablemente con la doble
calzada y se convirtieron en cárcavas erosivas sin ningún
tipo de protección, ni entregas adecuadas a los cauces
naturales bien definidos (gráficos No.24 y 25).

[…] Adicionalmente existen otros dos canales naturales
denominados escorrentías, pues no tienen flujo de agua
permanente y trabajan como canales estacionales; estos se
denominaron:

Escorrentía oriental, la cual drena hacía el occidente de la zona
afectada, pero a partir de las deformaciones del terreno una vez se
generó el deslizamiento, quedó drenando hacia la cuenca afectada,
generando represamientos importantes de agua tal como se ilustra
en el gráfico No.26.

[…] Escorrentía occidental, la cual drena hacía el occidente
de la zona afectada. Este canal fue interceptado por la vía
interna de la Aldea, por lo cual se deformaron cárcavas
erosivas en dicha vía (gráfico No.28), aparentemente las
aguas de este canal no contribuyen a la inestabilidad.

La geomorfología de la zona cambió drásticamente debido
al deslizamiento ocurrido en el mes de abril de 2011
principalmente en el sector que comprende la parcelación
de La Aldea, el costado occidental de la loma los García y la
parte baja de la loma los Duque cercana a la vía Machado —
Copacabana.

En el Sector de La Aldea encontramos rasgos del deslizamiento,
como lo es el escarpe principal, cárcavas producto de la energía y
recuperación de las aguas a su cauce natural y alguna zona de
acumulación de material, seguido de una zona regularmente plana
donde se depositó una parte de esta masa de suelo y escombros.

[…] PROCESOS MORFODINÁMICOS

Durante los recorridos de campo se observó la presencia de
procesos morfodinámicos que afectan la zona de estudio, los

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principales son el deslizamiento activo, las grietas de tracción y la
reptación, pero también se evidencian algunas zonas de
empozamiento que es importante remarcarlas. En el gráfico No. 29
y en el mapa 3 del anexo 1 se muestra una planta de la zona con
la ubicación aproximada de los procesos morfodinámicos
encontrados.

Deslizamiento activo

En la zona de estudio se presentó un deslizamiento de tierra el día
27 de abril de 2011 el cual comenzó alrededor de la 1:08 AM y
terminó hacia las 2:00 AM, se vieron totalmente destruidas 4
viviendas, afectadas parcialmente 7 viviendas, dejó sin acceso los
lotes y dos viviendas de la parcelación La Aldea, dejó sin vía de
acceso el sector de los Duque y tapó la vía Machado — Copacabana.
De acuerdo con lo observado en campo aparece como un
deslizamiento de tipo rotacional rápido, que se limitó a las
condiciones topográficas de la zona, por lo cual la mayor parte del
material deslizado se ubicó cerca al cauce de la quebrada.

[…] Este movimiento en masa tuvo dos comportamientos
como tal, uno de inestabilidad y desprendimiento de
material a través de la superficie de falla del talud y otro que
se comportó como un flujo de escombros y de suelo
altamente saturado a lo largo del cauce que existía en el
sitio el cual recorrió aproximadamente 500 metros hasta
llegar a la vía que comunica a Machado con el municipio de
Copacabana (gráfico No.30).

[…] Como se pudo evidenciar en las visitas realizadas al
sector, el escarpe en la parte superior central quedó
conformado por una masa irregular que por el momento se
encuentra en un estado de equilibrio limite, pues se puede
observar que se han dado recomendaciones de material de
dicho escarpe. El material que conforma el escarpe se
caracteriza por gravas y bolas de roca de tamaño métrico en
una matriz limo arcillosa.

[…] Como consecuencia del deslizamiento y el flujo de
escombros que se presentó el 27 de abril de 2011 se tiene
un cambio en el nivel base de la quebrada que corre por la
zona, este valle en V fue rellenado por la masa que se
desprendió y como se observa en el gráfico No.35, donde se
compara la topografía actual con la del año 2000, la
quebrada actualmente tiene su nivel entre 5m y 13m por
encima del nivel original, desde el sector de la Aldea en la

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parte superior hasta estabilizarse y llegar al mismo nivel en
la parte baja en la bifurcación de la vía que conduce a la
Loma de los Duque y Los García.

[…] De forma similar el cauce natural se alteró, desviándolo
distancias entre los 6 y 12 metros hacia el sector oriental
principalmente en la zona media, debido a que la mayor porción de
la masa desprendida del deslizamiento recostó el canal hacia el
costado oriental en algunos tramos, Al comprar las dos topografías
de que dispone, se encuentran las diferencias en el cauce que se
presentan en el gráfico No. 36.

[…] Grietas del bosque sur

Corresponde a una zona con alta densidad de grietas que se ubica
en la parte superior del escarpe principal del deslizamiento. De
acuerdo con lo observado en campo y según la información
obtenida de los habitantes de la zona, estos agrietamientos
datan del año pasado, en la época que se presentaron los
asentamientos en la banca de la autopista Medellín-Bogotá
y probablemente corresponden a deformaciones producto
del asentamiento de la vía, la cual de acuerdo con lo
observado en el sitio y con los reportes de presa ha sido de
varios metros.

Las grietas ocupan la parte superior del deslizamiento y se
extienden hasta aproximadamente unos 200 metros en dirección
hacia la autopista Medellín — Bogotá, estas se encuentran en
distintas disposiciones tanto paralelas a los drenajes como en
sentido perpendicular a ellos, dichas grietas poseen mayor
abertura hacia las zonas bajas donde se encuentra el escarpe
principal del deslizamiento mientras que en las superiores su
abertura es menor (gráfico No. 38). Las grietas están acompañadas
de escalones del orden de 0.3m a 1,0m y una abertura del orden
de 0,2m a 0,4m. Estas grietas en la actualidad sirven para
concentrar la infiltración de las aguas de escorrentía y los
excedentes de los descoles que no alcanzan a ser evacuados por
las nuevas cunetas construidas.

[…] Grietas del costado occidental

En una parte del costado occidental se presentan grietas
aparentemente producto de la compresión que ejerció la masa
deslizándose hacía este costado, con lo cual, se dio una especie de
basculamiento de este sector. La mayor parte de estas grietas son
de dirección NW-SE (gráfico No.39) y se ubican a la altura de los

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predios conocidos como La Aldea y Loma Linda, las cuales son un
factor importante ante una eventual situación de movimiento en
masa viéndose afectados los predios continuos a estos. Debido a la
deformación que sufrió esta zona, se está generando el
empozamiento del agua de la escorrentía oriental antes
mencionada.

[…] Reptación

Es un movimiento lento que se da en capas superiores de la ladera.
Está relacionado con procesos de variación de humedad en el suelo,
ya que el agua favorece este fenómeno actuando como lubricante
además del aumento del peso consiguiente.

Se manifiestan en la zona boscosa, parte superior del
deslizamiento donde esta masa de suelo se está
desplazando en sentido de la pendiente, y de ello la
evidencia de la inclinación de los árboles lo cual significa
una posible inestabilidad generalizada del terreno (gráfico
No.40).

[…] Zonas de empozamiento

Este proceso se presenta en las zonas que tienen una planicie como
se observa en la parte superior del escarpe principal (gráfico No.41)
donde las aguas que proceden del bosque ya no tienen como fluir
hacía las partes bajas por el colapso de las obras de drenaje que
antes las encausaban por la parcelación La Aldea. Estas se
empozan en este sector penetrando la masa del suelo que se
muestra inestable y se puede sobresaturar y empezar a descender
por esta ladera generando algún tipo de riesgo en zonas más bajas
como lo son las viviendas de la loma de los Duque en el costado
sur del área. También se evidencian pequeños encharcamientos
pero muy erráticos al interior de la masa de suelo suelta que quedó
del deslizamiento.

[…] Otro empozamiento importante es el ya mencionado del
costado occidental a unos 20 metros arriba de la casa del predio
conocido como la Aldea (gráfico No.42).

[…] Cárcavas erosivas

Como ya se mencionó anteriormente parte del flujo de la
escorrentía denominada occidental se está pasando por encima de
la vía interna de la parcelación La Aldea, la cual al momento de
generarse el deslizamiento se encontraba en construcción. Estas

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aguas están generando unas cárcavas de tamaño considerable
(gráfico No.43).

[…] Cicatrices

Corresponde a dos cicatrices de deslizamientos antiguos que se
presentan en la zona del bosque del costado sur, una de estas está
asociada al descole occidental (gráfico No.44) y la otra a la margen
derecha del descole central (gráfico No.45), esta última fue
engramada por la concesión de la autopista Medellín – Bogotá y en
la pata de la misma se construyó recientemente una obra de
drenaje para encausar las aguas de los descoles occidental y
central; el estado actual de la obra de drenaje recién construida,
como se detallará más adelante, es malo y a partir de esta se está
infiltrando al terreno una gran cantidad de agua en forma
concentrada.

[…] 5. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

[…] En el análisis estático y seudoestático de la sección en estudio,
se obtienen factores de seguridad del orden de 1.571 […] y 1.212
[…] respectivamente estos valores indican que la estabilidad del
talud en condición estática para el año 2000 con nivel freático a
12, de profundidad era adecuada, es decir, se obtiene un factor de
seguridad por encima del rango de ideal. Para el análisis
seudoestático (considerado las fuerzas del sismo) el factor de
seguridad era aceptable.

Los gráficos anteriores muestran que en general la estabilidad de
la ladera era adecuada y aunque se muestran superficies de falla
muy profundas, estas tienen factores de seguridad por encima del
rango ideal.

A continuación, se hace el ejercicio de cambiar las condiciones de
drenaje natural sobre la topografía del año 2000 y asumir que se
presentó una saturación del terreno en abril de 2011. Esto se puede
sustentar en que para la fecha mencionada se pudo haber
presentado en el terreno una infiltración de las aguas de
escorrentía naturales y las que bajaban en forma concentrada por
los descoles de la autopista Medellín Bogotá (denominados
descoles occidental y descole central), las cuales al llegar a la
ladera encontraron las grietas recientemente formadas y la zona
de baja pendiente que se localiza entre las cotas 1609 msnm y
1620 msnm. Los resultados de los análisis de estabilidad realizados
con la condición de saturación del terreno se presentan en los
gráficos No. 49 y 50.

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En los gráficos No. 49 y 50 se muestra que las superficies de
falla crítica presentan factores de seguridad del orden
de 1.101 y 0.899 para la condición estática y seudoestática
respectivamente, que ubican la estabilidad de la ladera ante
la condición de saturación del terreno en el rango de bajo.

De acuerdo a lo observado en los gráficos No. 49 y 50, el posible
aumento en el nivel del agua del terreno generó que el factor de
seguridad pasara de unas condiciones ideales (gráficos No. 47 y
48) a unas condiciones de estabilidad bajas (gráficos No 49 y 50).

[…] ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ENTRE DOBLEE CALZADA,
MEDELLÍN – BOGOTÁ Y ZONA DESLIZADA

Para el análisis de estabilidad de esta parte de la ladera se realizó
una superposición entre la topografía de octubre de 2011 y la
topografía del año 2000. […]

Se realiza un análisis de la estabilidad de la ladera desde la vía
hasta la quebrada asumiendo que el nivel freático se encuentra en
el contacto entre el depósito de vertiente y el suelo residual. En los
resultados del análisis estático y seudoestático de la sección en
estudio se obtienen factores de seguridad del orden de 0.769 […]
y 0.603 […] respectivamente, estos valores indican que la
estabilidad del talud en condición estática con nivel freático
es crítica, es decir, se obtiene un factor de seguridad en el
rango de muy bajo. Para el análisis seudoestático
(considerando las fuerzas de sismo) el factor de seguridad
es igualmente muy bajo, indicando que se pueden tener
mayores problemas de inestabilidad.

[…] Para la condición seudoestática la superficie de falla más
crítica se presenta coincidiendo con el material hacia abajo
del escarpe principal del deslizamiento, sin embargo se
presentan potenciales superficies de falla en toda la ladera
con factores de seguridad inferiores a 1.5. para este caso
también se dan superficies de falla con factores de
seguridad menos al admisible que involucrarían a banca de
la vía.

[…] 6. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA

[…] Del gráfico anterior se puede observar con claridad el sitio
donde inicia y acaba el deslizamiento, este último coincide con el
sitio donde inicia la zona denominada de flujo de escombros en el

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gráfico No. 30, es decir, a partir del sitio denominado (fin del
deslizamiento) ya no se da más ruptura del suelo o del terreno
natural, sino que comienza la zona de acumulación del material
desprendido por el deslizamiento.

Con base en la información hasta acá recopilada, teniendo en
cuenta los resultados de los diferentes análisis realizados y lo
expresado anteriormente, consideramos que en la actualidad la
zona de estudio se puede dividir en 4 sectores, cada uno de los
cuales tiene un comportamiento diferente. A continuación, se
describe cada una de las zonas y se evalúa su estado, las cuales se
presentan en planta en el gráfico No.68

ZONA 1 - PARTE DEL BOSQUE

Corresponde a la parte superior de la zona en estudio, se
ubica unos 50m abajo de la autopista Medellín — Bogotá y
el escarpe principal del deslizamiento, que se ha
denominado la zona del bosque; este es el sector más crítico
actualmente, ya que se presentan diferentes procesos
morfodinámicos que están evolucionando constantemente y
que indican, en conjunto con los análisis de estabilidad
realizados y el mal manejo observado que se le está dando
a la zona con la conducción de las aguas de los descoles de
la vía, que la probabilidad de que se genere un nuevo
deslizamiento en esta zona es alta.

Adicional a la reptación de esta zona, que representa un
movimiento lento en sentido de la pendiente de toda una masa de
suelo y es muy evidente por la inclinación de los árboles del bosque
se presentan un sin número de grietas, producto probablemente
de la presión que el asentamiento de la vía ha generado a este
terreno, pues coincide su aparición con la época en que se dieron
los daños de la autopista. En la actualidad estas grietas se
encuentran abiertas, no se les ha dado ningún tipo de manejo y
por las mismas se infiltra una cantidad importante tanto del agua
de escorrentía propia de la ladera como del agua que conducen los
canales de descole de la autopista.

En la zona también existen dos cicatrices de deslizamientos
antiguos, uno de los cuales se observa reactivado. Este elemento
es una evidencia que indica que la zona está totalmente activa y
próxima a un deslizamiento de mayor magnitud. También existen
zonas de encharcamientos inmediatamente abajo del bosque en el
sector superior de la Aldea. Que asociados a los procesos anteriores
disminuyen los parámetros de resistencia de la zona.

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ZONA 2 - COSTADO OCCIDENTAL JUNTO A FINCAS LA ALDEA
Y LOMA LINDA

Esta zona se caracteriza por ser una continuación del movimiento
del 27 de abril, que de alguna manera no llegó a conectarse con
este. Por ello esta zona es de especial manejo ya que los
agrietamientos que allí se presentan han estado evolucionando en
forma constante y el encharcamiento que se tiene debido a él
desordenamiento del terreno producto del deslizamiento. La
combinación de estos factores, grietas mas empozamiento del agua
representa un riesgo inminente para las viviendas que se
encuentran inmediatamente inferior en sentido del movimiento.

ZONA 3 - ZONA DEL DESLIZAMIENTO

Se caracteriza principalmente por ser la zona del deslizamiento y
encontrarse allí una porción de la masa deslizada constituida por
bloques que llegan hasta tamaños métricos, la cual en algunos
sectores se encuentra en movimiento como se ha evidenciado en
las últimas visitas realizadas al sector, también se observa
estancamiento en zonas planas debido a que no existen canales
para la evacuación de las aguas y que puede estar sobresaturando
el terreno, también se evidencia que el canal original de la
quebrada está cubierto por un espeso deposito que varía entre los
9 y 13 metros de altura aproximadamente.

ZONA 4 - ZONA DE DEPOSITO EN LA PARTE MEDIA Y BAJA

En esta zona se encuentra la acumulación del flujo de escombros
producto del deslizamiento hasta donde se arrastró bloques que
varían desde tamaños centimetricos hasta tamaños de 3 metros
como se observa en la zona más baja cerca a la vía Machado
Copacabana, en este sector el cauce original de la quebrada cambio
de nivel al encontrarse actualmente a alturas que varían entre los
3m y 8m pero coincidiendo el original y el actual en la separación
de la vía que conduce a la Loma de Los García y Lomas de Los
Duque. Esta zona en general se encuentra estable, aunque la poca
profundidad del cauce podría conllevar a problemas futuros de
inundaciones y baja capacidad del cauce para absorber futuras
crecientes.

7. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Se realizó una zonificación del riesgo de tipo conceptual basada en
factores como las condiciones y tipo de suelo, los procesos

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morfodinámicos presentes en la zona, la pendiente del terreno (>
50%), las fuertes lluvias y el tipo de daño que se presentaría en el
caso de la ocurrencia de un deslizamiento en el sector sur de la
zona de estudio.

Como se ha mencionado en capítulos anteriores el mal
manejo del agua que acrecienta de forma vertiginosa estos
procesos activos en la zona superior entre la parcelación La
Aldea y la autopista Medellín — Bogotá (ZONA 1) es la
amenaza que representaría el mayor riesgo para la
comunidad que reside en las partes medias y bajas de este
sector. El deslizamiento que se produciría en el caso de que se
cree una inestabilidad mayor debido a la combinación de factores
tendría una magnitud mayor al ocurrido el pasado 27 de abril,
donde esta masa deslizada se comportaría como un flujo de
escombros cuyos bloques de gran tamaño se desplazarían hacia las
zonas bajas en sentido de la pendiente por un fluido viscoso debido
a que en el momento se encuentra acumulando agua que se está
filtrando por las numerosas grietas, lo que facilitaría el transporte
del material desde las partes más altas hasta llegar a la vía que
conduce de Machado a Copacabana.

Este movimiento de gran magnitud ocasionaría daños en la mayor
parte del sector que comprende la Loma de Los García, Loma Los
Duque y La Aldea donde las viviendas y vías allí localizadas tendrían
una pérdida total poniendo en alto riesgo la comunidad allí
presente, esta zona se cataloga como de alto riesgo (grafico No.
69 y mapa 4 del Anexo 1), Otros daños que se pueden presentar
en la zona según el volumen de material va desde el taponamiento
de la vía Machado — Copacabana hasta inclusive llegar al cauce del
rio Medellín.

Por otro lado, tenemos la inestabilidad que se presenta en
la parte occidental media (ZONA 2), la cual afectaría los
predios allí ubicados de no darse un manejo tanto a las
aguas que se empozan allí como a las grietas que han
evolucionado en lo que se ha visto en las visitas de campo,
esta inestabilidad tendría un efecto local en esta zona de
riesgo alto, ocasionando daños irreparables en las viviendas
ubicadas entre la vía y la quebrada. Este deslizamiento y su
flujo de escombros serian de menor escala al presentado en
el mes de abril de 2011 pero no deja de ser peligroso ya que
se puede combinar con el movimiento de la zona del
bosque.

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La zona baja que se cataloga de alto riesgo está en el área de
influencia de un eventual flujo de escombros el cual llegaría a estos
sectores exponiendo a la comunidad allí presente de la Loma de
Los Duque en el costado occidental donde los daños serian mayores
a los presentados anteriormente como se observó en la zona
después del evento pasado el cual afectó la parte trasera de tres
predios debido a la altura que tenía este flujo y que en el futuro si
se presenta un movimiento en la parte superior de la zona
sus efectos pueden ser catastróficos por encontrarse cerca a la
quebrada por donde preferencialmente se desplazaría dicho flujo.

La zona de riesgo medio estaría protegida de cierta manera ya que
se encuentra en unos niveles de más altura y alejados del flujo
directo de los escombros producto del movimiento de la masa en
la parte superior pero su riesgo estaría relacionado al flujo
dependiendo de la cantidad de agua que este contenga para así
afectar estas viviendas.

Es necesario aclarar que el mapa de zonificación de riesgos
esta dado para las condiciones actuales del terreno, pero
este puede variar con el tiempo dependiendo de la evolución
de la zona y de las obras de mitigación que en esta se
construyan.

En el anexo 1 se presenta un listado con las viviendas y predios
ubicados en la zona en estudio y su clasificación de acuerdo al
riesgo que se plantea en el gráfico No. 69.

[…] Debido a la gravedad que presenta la zona del bosque (zona
1) que se encuentra limitada por la autopista Medellín – Bogotá y
la parte alta del condominio la Aldea, se recomienda realizar un
monitoreo diario de la zona ya que el sector no se encuentra
habitado y es difícil registrar la evolución de los procesos allí
presentes, como lo es la deformación del terreno reflejado en las
grietas, las cuales cada día aumentan su tamaño y con el mal
manejo que tiene las aguas en la obra deficiente realizada
por la concesión de la autopista que se infiltra en ellas
sumada al régimen de lluvias puede generar alguna
eventualidad por lo tanto se debe tener información
detallada y regular el comportamiento anómalo de esta
zona.

Con el levantamiento topográfico de detalle que se realizó en este
estudio se tuvo en cuenta la ubicación de unas estacas en distintos
sitios, por lo tanto, se recomienda programar un monitoreo
periódico de la masa de suelo que se encuentra dentro del área del

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deslizamiento, para tener una relación del comportamiento de la
masa deslizada e identificar así su estabilidad en diferentes puntos.

Con el flujo de escombro producto del deslizamiento, la quebrada
que recorre la zona se tapó y se vio obligada a buscar otro lugar
por donde fluir de allí que esta sufrió variaciones tanto de nivel
vertical como de desviación recostándose hacía el sector oriental
del orden de 8 a 12 metros, debido a esto se recomienda que a la
altura del condominio la Aldea el cauce solo se profundice
aproximadamente 4 metros y desde la casa del señor Fernando
Muñeton hasta la zona más baja en la Loma Los Duque el cauce se
debe restituir al original además de profundizarlo (gráfico No.85).

[…] CONCLUSIONES

En la zona de estudio se presentó un deslizamiento de tierra el día
27 de abril de 2011 el cual comenzó alrededor de la 1 AM y terminó
hacia las 2:00 AM, se vieron totalmente destruidas 4 viviendas,
afectadas parcialmente 7 viviendas, dejó sin acceso los lotes y dos
viviendas de la parcelación La Aldea, dejó sin vía de acceso el
sector de los Duque y tapó la vía Machado — Copacabana.

De acuerdo con lo observado en campo aparece como un
deslizamiento de tipo rotacional rápido, que se limitó a las
condiciones topográficas de la zona, por lo cual la mayor parte del
material deslizado se ubicó cerca al cauce de la quebrada.

Este movimiento en masa tuvo dos comportamientos como
tal, uno de inestabilidad y desprendimiento de material a
través de la superficie de falla del talud y otro que se
comportó como un flujo de escombros y de suelo altamente
saturado a lo largo del cauce que existía en el sitio el cual
recorrió aproximadamente 500 metros hasta llegar a la vía
que comunica a Machado con el municipio de Copacabana.

Litológicamente hablando la zona está conformada por una
anfibolita, la cual debido a procesos de meteorización tanto
químicos como físicos se ha degradado hasta convertirse en suelos.
Estas rocas afloran únicamente en los costados sureste y noroeste
de la zona de estudio, mientras que la parte central de la zona
afectada se caracteriza por depósitos de vertiente de tipo flujo de
escombros.

Los flujos de escombros están compuestos por bloques de roca
(anfibolita) embebidos en una matriz limo arcillosa con una
humedad de media a alta.

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En la parte superior de la zona de estudio sobre el costado de la
autopista Medellín-Bogotá se presenta un lleno, el cual se realizó
para poder construir la doble calzada de la autopista Medellín—
Bogotá, que posee una altura aproximada de 15 metros.

La zona de estudio corresponde a una semicuenca alargada de
poca longitud, que en su parte central está conformada por el
depósito de vertiente, el cual, antes del evento ocurrido en el mes
de abril del 2011 se caracterizaba por presentar ciertos escalones
naturales.

La zona central o depresión posee pendiente de modera a alta,
aunque cerca a la autopista Medellín — Bogotá esta cambia
abruptamente debido a un lleno que se realizó para conformar la
doble calzada de dicha vía, encontrándose una zona modificada de
mayor pendiente.

Esta geoforma particular del sector y los materiales allí
descritos tienen gran probabilidad de acumular agua
debido especialmente a los cambios de pendiente
generados por el lleno de la autopista Medellín-Bogotá como
los cambios de pendiente naturales.

En la parte superior de la ladera se evidencian tres drenajes, que
sirven de descolé a la autopista Medellín-Bogotá. Estos se
denominaron descole occidental, descole central y descole oriental,
de estos sólo el descole oriental corresponde a una quebrada como
tal que drena desde la parte superior de la autopista, los otros dos
eran pequeñas vaguadas que al convertirlos en descoles de la vía
se convirtieron en verdaderas cárcavas erosivas.

Adicionalmente existen otros dos canales naturales denominados
escorrentías, pues no tienen un flujo de agua permanente y
trabajan como canales estacionales denominados escorrentía
oriental y escorrentía occidental.

Las aguas de la escorrentía oriental están contribuyendo a
la inestabilidad, mientras que las de la escorrentía
occidental no contribuyen a la inestabilidad.

La geomorfología de la zona cambió drásticamente debido
al deslizamiento ocurrido en el mes de abril de
2011 principalmente en el sector que comprende la
parcelación de La Aldea, el costado occidental de la loma los
García y la parte baja de la loma los Duque cercana a la vía
Machado — Copacabana.

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Como consecuencia del deslizamiento y el flujo de escombros se
tiene un cambio en el nivel base y en la ubicación de la quebrada.
La quebrada actualmente tiene su nivel entre 5m y 13m por encima
del nivel original, y presenta desviaciones entre 6m y 12m.

Durante los recorridos de campo se observó la presencia de
procesos morfodinámicos que afectan la zona de estudio, los
principales son el deslizamiento activo, las grietas de tracción y la
reptación, pero también se evidencian algunas zonas de
empozamiento y cicatrices de deslizamientos antiguos.

Se realizaron análisis de estabilidad de la ladera, del resultado de
estos se puede concluir:

• En la actualidad la masa ya deslizada si se satura o
disminuye la profundidad del nivel freático estaría expuesta
a deslizarse de nuevo, siendo el punto más vulnerable el
escarpe del deslizamiento.

• Al evaluar la estabilidad de la ladera por encima del
deslizamiento se puede observar que esta es inestable y que
existe la probabilidad de que se generen superficies de falla
desde la autopista, estas se darían con nivel freático en el
contacto entre el depósito de vertiente y el suelo residual o
con el nivel freático a una profundidad mayor, con lo cual la
influencia del agua en esta zona no es relevante.

• Si se independiza la inestabilidad de la autopista de la
ladera, aun esta última fallaría, pues ya se encuentra en un
estado de equilibrio límite.

Se establece como modelo para explicar lo sucedido en la
zona, la siguiente secuencia de eventos:

• Durante varios años la autopista Medellín-Bogotá utilizó
tres canales naturales como descole de las aguas que capta
la vía. Dos de estos canales eran poco profundos (del orden
de 0,5m, según información de los propietarios del sector)
y aparentemente eran estacionales, estos son los que han
generado la mayor parte de cambios y problemas en la zona;
mientras que el otro canal natural correspondía a una
quebrada bien establecida, esta no ha generado problemas.

• Al ampliar la autopista a doble calzada se aumentó de
manera considerable la cantidad de aguas que bajaban por

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los descoles, de hecho, estos se profundizaron y generaron
cárcavas sobre el terreno. La comunidad de propietarios cito
al concejo del municipio a los funcionarios de Devimed en el
año 2005 debido a las afectaciones por la profundización y
aumento en el ancho de las cárcavas.

• Al realizar el urbanismo de la parcelación La Aldea (año
2008), el cual aprovechó en parte las zonas semiplanas que
naturalmente existían, se cambió en parte el recorrido de
los descoles y algunos de estos se entubaron de forma tal
que no interfiriera con el urbanismo.

• Se tiene información verbal y algunos propietarios de
la zona poseen fotografías que evidencian que Devimed
realizó un lleno contra la ladera adicional al de la banca de
la vía en el año 2008.

• En el mes de septiembre de 2010 algunos vecinos
reportaron la presencia de grietas en el bosque, la aparición
de estos coincide con la ocurrencia de afectaciones en la
banca de la vía de la autopista, por lo cual se considera que
las grietas son una consecuencia de las deformaciones de la
banca de la vía.

• Las grietas continuaron evolucionando en la zona del
bosque y por medio de estas se empezó a infiltrar el agua
de los descoles.

• Para el 27 de abril de 2011 la masa de suelo se encontraba
saturada debido a las infiltraciones en el terreno, además de
la carga de agua y suelo que le estaba llegando por los
descoles y que se estaba empozando en los terrenos de la
parcelación la Aldea.

• Esta saturación del terreno detonó la generación del
deslizamiento.

La empresa Devimed trató de mejorar el sistema de los descoles
oriental y central posteriormente a la generación del deslizamiento,
para lo cual construyó a mediados del año 2011 un canal
transversal de dirección W- E poco profundo (gráfico No. 87), este
canal además recoge las aguas que provienen de los drenes
horizontales.

[…] De acuerdo con las observaciones de campo se
estableció para la zona un mapa de zonificación del riesgo,

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en el cual se definió que la parte central de la zona de
estudio, incluyendo gran parte de la parcelación La Aldea, el
costado oriental de la Loma Los Duque y el costado
occidental Loma Los García se encuentra en riesgo alto, una
franja alrededor de esta zona tiene riesgo medio y más
alejado del centro se presenta una zona de riesgo bajo.

El riesgo está dado por la posibilidad de que se genere un
deslizamiento desde la zona 1 y en menor medida desde la zona
2.

Para todas las viviendas que se ubican dentro de la zona de
riesgo alto es necesario emitir una orden de evacuación
definitiva, para las viviendas que se encuentren en la zona
de riesgo medio una evacuación preventiva y para las
viviendas de la zona de riesgo bajo se debe hacer una
socialización de los riesgos y de ser necesario, dependiendo
de la inminencia de un deslizamiento se deberá dar una
orden de evacuación preventiva.

Estas órdenes de evacuación deberán continuar hasta que se
modifiquen las condiciones de estabilidad de la zona, es decir hasta
que se lleven a cabo todas las recomendaciones acá expresadas en
el capítulo de "medidas de mitigación prioritarias" y se pueda
garantizar que la zona 1 está totalmente estabilizada.

La medida adoptada inicialmente por la administración municipal
de abrir el cauce contribuyó a que no se presentaran nuevos
movimientos dentro de la masa deslizada, ya que la masa deslizada
pudo represar el agua de la quebrada, generando sobrepresiones
en el suelo, que causarían una nueva avalancha.

Se recomienda que se realice un estudio hidráulico de la quebrada,
a fin de definir si la profundidad propuesta (4.0 metros) para
recuperar el cauce, es suficiente para garantizar que ante una
eventual creciente el flujo no sobrepase esta altura, ocasionando
problemas de inundación y por consecuente posibles movimientos
de tierra.

En caso de que el estudio hidráulico arroje que el cauce de la
quebrada se tiene que profundizar, se deberá realizar un análisis
más detallado, que permita garantizar la estabilidad de los taludes,
ya que el material por donde corre el flujo corresponde al suelo
deslizado.

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Igualmente se recomienda verificar si la obra hidráulica que se
ubica cerca a la vía de Machado- Copacabana (gráfico No. 91), es
suficiente para evacuar el flujo de la quebrada […]” (Destacado de
la Sala).

-. En el marco del proceso ambiental adelantado por

CORANTIOQUIA, se rindió el informe técnico 130AN-1209-22595

de las visitas realizadas por la entidad los días 27 de septiembre de

2011, 17 y 24 de abril y 17 de julio de 2012, en el que se concluyó

lo siguiente:

“[…] En cuanto a la parcelación la Aldea

De acuerdo con lo observado en las diferentes visitas y con lo
establecido en el Artículo 1 del Acto Administrativo 1109-20247 del
6 de septiembre de 2011, a continuación, se relacionan las
presuntas personas naturales y/o jurídicas responsables de los
hechos que dieron inicio al procedimiento sancionatorio ambiental
en contra del señor Héctor Vélez Vélez, cuyo Acto Administrativo
corresponde al radicado 130AN1106-19477 del 7 de junio de
2011.

Es de anotar que el movimiento en masa se presentó en la zona en
la que se intervino el terreno con las obras de adecuación y
urbanismo del proyecto denominado Condominio La Aldea. Dicha
parcelación cuenta con una vía interna que presenta cortes casi
verticales sin ningún tipo de tratamiento de taludes, así como
tampoco implementación de obras de manejo de aguas de
escorrentía, situación que ha ocasionado la aparición de cárcavas
y grietas en los taludes y superficie de rodadura de dicha vía.

Así mismo, con la construcción del proyecto La Aldea, se
intervinieron los drenajes naturales que discurren por el predio y
en los límites de éste, así como sus fajas de retiro en toda su
extensión, con la adecuación de lotes, construcción de la vía interna
y construcción de viviendas, aún poniendo en peligro su estructura
ante una nueva removilización de material.

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El hecho que la construcción de las vías internas del proyecto
La Aldea, no requieran de obtención de Licencia Ambiental,
no exime al responsable de dichas vías de tramitar los permisos
ambientales que permitan la intervención, uso y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables como son el agua, el aire, el
suelo, la flora y la fauna.

Con respecto al recurso agua, se aclara que la intervención de
drenajes naturales tanto permanentes como intermitentes, con la
conformación de vías, así sean privadas, requieren de la obtención
del permiso de ocupación de cauces y es de anotar que en el
proyecto La Aldea se intervinieron drenajes naturales con la
apertura de la vía interna, que no cuentan con el respectivo
permiso.

En relación con los permisos ambientales requeridos para la
ejecución del proyecto La Aldea, en el Acto Administrativo
N O 130AN 4188 del 23 de junio de 2005, notificado al señor Héctor
Vélez Vélez el 28 de octubre de 2005, se requirió a éste para que
solicitara ante CORANTIOQUIA, los permisos ambientales a que
hubiese lugar para la ejecución del proyecto Condominio La Aldea.
En la base de datos de La Corporación, no se encontró ningún
trámite a nombre de los señores Héctor Vélez y/o Martha Maya
relacionado con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables para desarrollar este proyecto.

En cuanto al vertimiento de las aguas residuales, se anota que el
municipio de Copacabana no es la entidad competente para otorgar
el permiso para el manejo de aguas residuales y pozos sépticos
como se anota en el documento presentado por los señores Héctor
Vélez y Martha Maya. La entidad competente es la autoridad
ambiental, en este caso CORANTIOQUIA y revisado el archivo y
bases de datos de esta se encuentra que dichos señores no han
tramitado permiso de vertimientos requerido en el Acto
Administrativo N O 130AN4188 del 23 de junio de 2005, notificado
al señor Héctor Vélez Vélez el 28 de octubre de 2005.

En cuanto a la Sociedad Comercial Anónima DEVIMED S.A.:

No son claras las causas de la falla estructural del primer muro de
contención construido por DEVIMED y su relación con el proceso de
agrietamientos activos observados en la zona del bosque, no
obstante, las evidencias observadas en el terreno (agrietamientos
recientes, Ver fotos No. 17, 18 y 19 del presente informe) muestran
que las obras de estabilización ejecutadas con la finalidad de

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proteger la calzada de la Autopista NO han sido totalmente
efectivas.

Respecto al manejo de aguas de escorrentía desde la Autopista
Medellín-Bogotá, en la visita realizada el 17 de abril de 2012, se
detectó que las aguas recibidas por el descole central, que
justamente van a dar a la masa inestable donde se localiza el
bosque, provienen del punto de recolección construido por
DEVIMED en las obras de arte localizadas en el sitio de coordenadas
60 19' 43,90" N, 750 31 ' 20,5" W, altura: 1.770 m.s.n.m.

Se tiene que dicha red de drenaje en el sector localizado entre la
doble calzada y el bosque, presenta fuertes procesos de
socavación, ocasionados por la composición del suelo y por la
acción erosiva de las líneas de corriente del flujo de agua que por
ella discurre en especial en época de fuertes lluvias.

Con las obras de descole de aguas lluvias, que descargaban sus
aguas al talud inferior de la vía por medio de canales en concreto,
que no conducían las aguas colectadas hasta drenajes naturales,
se produjo un intenso proceso de agrietamientos en sentido
remontante, hecho favorecido por la permanente infiltración de
aguas lluvias y de escorrentía que discurren directamente hacia el
interior de las grietas aumentando la activación de procesos
erosivos que contribuyeron a la inestabilidad de este terreno.

Para minimizar los procesos de inestabilidad referidos, DEVIMED
construyó una serie de obras (filtros, canales, tubería, etc) que
interceptaran las aguas de escorrentía y de infiltración
provenientes del talud inferior de la Autopista y que alimentaban
el flujo del drenaje denominado Descole Central, para conducirlos
hacia la fuente Los Cedros, en inmediaciones a la zona de bosque.
El descole de dichas obras a Los Cedros no cuenta con el respectivo
permiso de ocupación de cauce.

Al momento de la visita, se verificó que DEVIMED, había finalizado
en un 95 % las obras de estabilización recomendadas por el estudio
antes descrito, quedando pendientes las obras de drenaje e
impermeabilización del talud superior de la Doble Calzada
Medellín—Marinilla (Autopista Medellín—Bogotá), las cuales no
inciden en la problemática descrita para el sector Loma Los Duque
y Los García.

Se concluye que existe una alta probabilidad de que la
superficie de falla detectada por el estudio de DEVIMED en
la zona de la Autopista, consistente (...) "en una capa de

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suelo limo-arcilloso muy plástico: correspondiente al
horizonte superior del perfil del suelo residual de la
anfibolita, el cual se ha saturado por incremento en las tasas
de infiltración, continúe ladera abajo y sea la misma
superficie de falla sobre la cual se generó el evento de
deslizamiento ocurrido en el sector "urbanización La Aldea,
Loma Los Duque y Loma Los García. Por lo anterior, es crítico
determinar la profundidad a la que se encuentra dicha superficie
de falla en los sectores antes descritos.

En cuanto al Municipio de Copacabana:

Se observa que la pérdida del alineamiento original de la quebrada
Los Cedros (identificada por DEVIMED como "descole oriental"), se
origina inicialmente por el evento ocurrido en el año 2011 y
posteriormente con la adecuación realizada por la Administración
Municipal de Copacabana, al terreno afectado por dicho evento.

Respecto a la información aportada por el Municipio de Copacabana
(Estudio de la firma SUELOS & AMBIENTE, como método
exploratorio del subsuelo, se realizaron seis (6) trincheras de altura
variable entre 6 m y 12 m, denominadas Tl a T6. La ubicación de
las trincheras se realizó teniendo en cuenta que el escarpe principal
posee aproximadamente 12 metros de profundidad y en el que es
posible observar la estratigrafía de la zona.

Se concluye que la máxima profundidad de exploración del estudio
no superó los 12 metros, lo que contrasta con las profundidades de
exploración (entre 26 y 37 metros) del estudio de DEVIMED, donde
detectaron la superficie de falla consistente en un estrato limo
arcilloso a 12-metros de profundidad (en la zona adyacente a la
Doble Calzada de la Autopista), no obstante el estudio de la firma
SUELOS & AMBIENTE no especifica con claridad si encontró el
mismo estrato en alguna de las seis (6) trincheras excavadas.

Por las características del evento ocurrido en abril de 2011, los
agrietamientos detectados en la zona del bosque y la conformación
actual del material a media ladera en condición de equilibrio limite,
se concluye que puede existir más de una superficie de falla siendo
la más importante (y más profunda) la detectada por el estudio
contratado por DEVIMED, mientras que las otras superficies, con
carácter más superficial, aplican perfectamente al contexto del
análisis de estabilidad realizado en el estudio de la firma SUELOS
& AMBIENTE.

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Acorde con lo anterior, es válida la conclusión a la que llega dicho
estudio en el sentido de que la zona de mayor criticidad (...)
"Corresponde a la parte superior de la —zona en estudio, se ubica
unos 50 m abajo de la autopista Medellín — Bogotá y el escarpe
principal del deslizamiento, que se ha denominado la zona del
bosque; este es el sector más crítico actualmente, ya que se
presentan diferentes procesos morfodinámicos que están
evolucionando constantemente y que indican, en conjunto con los
análisis de estabilidad realizados y el mal manejo observado que
se le está dando a la zona con la conducción de las aguas de los
descoles de la vía, que la probabilidad de que se genere un nuevo
deslizamiento en esta zona es alta"

Si se asume que la superficie de falla principal (detectada por
DEVIMED) en la parte superior del sector afectado (Loma Los
Duque y Loma Los García) está más profunda que lo considerado
en el análisis de estabilidad hecho por la firma SUELOS &
AMBIENTE, las posibilidades y/o consecuencias de un nuevo
movimiento en masa serían mayores que las ocurridas en el evento
de abril de 2011 […]” (Resaltado de la Sala).

-. Posteriormente, la empresa Energía Ecológica efectuó un nuevo

estudio hidrológico – hidráulico y geotécnico en el sector parcelación

la Aldea y lomas de Los Duque y Los García del MUNICIPIO, de

fecha septiembre de 2012, en el que se llegó a las siguientes

conclusiones:

“[…] 1.2.5. Análisis de la serie de promedios mensuales de
precipitación

[…] Es de particular atención el mes de abril de 2011, dado
que intempestivamente la precipitación se duplicó con
respecto al registro promedio del mes anterior, y así mismo,
la precipitación el mes siguiente llegó a la mitad de su valor
(pico de precipitación intempestivo).

[…] 1.3.2. Días de lluvias

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En la tabla 10 se observan los conteos mensuales de días con
precipitación calculados para los 152 meses presentes en los datos.
En total llovió en 2759 (59.86%) de los 4609 días válidos. Los años
que más llovió son 2011 y 2010. El mes de abril de 2011 presentó
un número muy elevado de días de lluvia (28), casi igual al máximo
del periodo (29). El mes anterior también fue bastante lluvioso (20
de 30 días).

[…] 1.3.4. Promedios mensuales de precipitación

En la tabla 13 se observan los promedios mensuales de
precipitación calculados para los 152 meses presentes en los datos,
los cuales se graficaron en la serie de tiempo mostrada en la figura
6. En abril de 2011 se presentó el promedio mensual máximo de
precipitación (16.98mm), cantidad que supera cualquier otro valor
de la tabla […]

1.6. CONCLUSIONES HIDROLOGICAS

[…] – Los análisis estadísticos realizados usando los datos
de las estaciones que rodean al km6 sobre la autopista
Medellín – Bogotá, mostraron claramente como en el mes de
abril de 2011 hubo un aumento desmesurado en la
precipitación total, que venía precedida por un mes también
altamente lluvioso, lo que ocasionó la saturación del suelo,
evidenciado en el hundimiento y posterior deslizamiento de
este, propiciando inestabilidad hacía la zona de la loma de
los Duque, a loma de los García y condominio la Aldea, en el
Municipio de Copacabana. Las técnicas estadísticas
evidenciaron como causante de esto a los fenómenos
aleatorios (climáticos, ambientales) para los cuales, por no
ser controlables ni previsibles, no se puede estar preparado
ante ellos a un 100% de confiabilidad.

[…] – La incidencia del área de drenaje adicional que genera la
segunda calzada de la autopista Medellín – Bogotá en el km6 en
relación al tamaño de la microcuenca es mínimo, incrementando
solo el 1.36% y un bajo 6.82% en relación al total de las aguas
generadas por toda el área de drenaje de la microcuenca asociada
al km6. […]

• Las condiciones hidrológicas del área en la que se
construyó la segunda calzada se vieron sometidas a un
cambio en su régimen de infiltración. Esta situación se
generó por el cambio de la superficie sobre la cual se
precipitaban las gotas de agua, ya que pasaron de caer

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sobre una superficie con alta permeabilidad como lo es el
suelo natural a caer sobre el pavimento asfaltico que
presenta una permeabilidad mucho menor. Las condiciones
anteriormente descritas provocaron dos consecuencias en el área
citada, en primer lugar la construcción de la segunda calzada
disminuyó la infiltración de las aguas lluvias sobre el área
que ocupo dicha calzada y en segundo lugar obligó a que las
aguas fueran conducidas hacia el canal occidental y central.
Ambas consecuencias y especialmente la primera son
favorables para mejorar o por lo menos no empeorar las
condiciones de estabilidad de la zona; con relación a la
segunda consecuencia, se puede afirmar que la conducción
de las aguas que se precipitaban sobre el área cubierta por
la nueva calzada hasta los dos canales lo único que podrían
llegar a generar con su aporte, que de acuerdo a los análisis
presentados es mínimo, es la erosión de dichos canales y
provocar la infiltración de aguas en proporciones similares
a las que se hubieran producido en caso de no haberse
construido la segunda calzada de la vía.

• Del análisis objetivo de estos resultados, se puede afirmar que el
caudal generado por la doble calzada de la vía Medellín - Bogotá, a
la altura del km6, no es el causante del proceso de sobresaturación
que se presentó ladera abajo del sector del km6, ya que los
volúmenes "extra" de aguas lluvias que fueron recogidos por el
antiguo sistema de drenaje de la vía no son suficientes en tamaño
e intensidad como para causar le deslizamiento que se presentó en
el sector de La Loma de los Duque, La Loma Los García y
Condominio La Aldea del Municipio de Copacabana. El incremento
de caudales asociados a la inestabilidad de los suelos
residuales tiene su origen en los incrementos intempestivos
y excepcionales de la cantidad de lluvias que afectaron el
sector en los meses de marzo y abril de 2011, a su vez
precedidas por una temporada invernal anormal que se
presentó en todo el país como consecuencia del fenómeno
natural de La Niña.

GEOLOGÍA DETALLADA

[…] 1.11 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO

Desde el punto de vista geomorfológico el área de estudio se
enmarca en la porción media de la vertiente derecha el río Medellín,
caracterizada por presentar pendientes fuertes y largas de forma
convexa, con la presencia de abundantes nichos y cicatrices de

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antiguos procesos morfodinámicos que han modelado el paisaje a
lo largo del tiempo geológico.

Pueden observar rasgos morfológicos como silletas las
cuales son evidencias de falla que afectan la zona de
estudio. La fotointerpretación realizada evidencia que esta
zona corresponde a un antiguo deslizamiento sobre el cual
se construyó la parcelación la Aldea […]

Deslizamiento generado en abril de 2011: En el mes de abril de
2011 en época de altas precipitaciones se presentaron caudales
importantes de agua los cuales discurrieron por los drenajes
naturales generando socavación de cauce y arrastre de suelo,
drenajes naturales interrumpidos en la parte inferior de la autopista
para la construcción de la parcelación la Aldea. Un porcentaje de
caudal corrió de manera superficial a lo largo de la zona desprovista
de cobertura vegetal y otro porcentaje de caudal discurrió de
manera subsuperficial a lo largo de los antiguos drenajes
interrumpidos saturando el suelo y generando el deslizamiento,
como consecuencia se presentó desconfinamiento en la zona de
bosque ubicada entre la autopista y la parcelación la Aldea
generando grietas y como consecuencia afectación a la vía
acelerando el fenómeno de inestabilidad que existía en el k6 de la
autopista Medellín – Bogotá.

[…] 1.17 CONCLUSIONES GEOLÓGICAS

La geología presente en el sector parcelación la Aldea, Lomas de
Los Duque y Los García corresponde a Anfibolitas y suelos
residuales, como formación geológica superficial se ecografiaron
depósitos de vertiente los cuales hacen parte de antiguos
deslizamientos (miles de años) y material correspondiente al
actual deslizamiento, el sector se encuentra en la zona de
influencia de la falla Rodas.

Geomorfología en el sector La Aldea, Los García y Los Duque
se caracteriza por presentar altas pendientes y procesos
morfo dinámicos tales como deslizamientos ocurridos en
épocas pasadas expresados en el paisaje por un antiguo
deslizamiento el cual generó escalones donde se ubicaron
las viviendas de la parcelación La Aldea. Se presentan rasgos
morfológicos como silletas lo cual corresponde a evidencias de
falla. Todo lo anterior confirma lo expresado en el estudio
“análisis de estabilidad para habilitar la carretera de
entrada a la loma Los García en el Municipio de Copacabana”

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preparando el 14 de diciembre de 2011 por la firma Suelo &
Ambiente.

La hidrología en la zona se caracteriza por la presencia de tres
pequeñas quebradas que nacen en cotas muy superiores a la
autopista Medellín Bogotá y que la cruzan, drenajes oriental,
central y occidental, los drenajes central y occidental fueron
interrumpidos durante la construcción de la parcelación La Aldea,
adicionalmente durante la construcción de la parcelación las
coberturas vegetales fueron arrasadas cambiando la dinámica de
las corrientes de agua y apertura de vías generando grandes
cárcavas y cambiando la dinámica hidrológica.

Las características geológicas y geomorfológicas descritas
en el presente estudio clasifican el sector parcelación La
Aldea y Los García como zona de amenaza alta por
deslizamiento antes de la construcción de la parcelación,
por lo tanto es una zona en la cual no se podía construir,
esto de acuerdo a lo arrojado por el estudio de suelo y las
características de éste, pues los cambios de humedad
pierden drásticamente sus propiedades mecánicas.

Con la intervención de los drenajes central y occidental las aguas
siguen corriendo por sus canales, los cuales existían antes de la
intervención, un porcentaje de caudal circula de manera superficial
sin control generando infiltraciones, otro porcentaje de caudal
sigue el antiguo canal de manera sub superficial saturando el suelo,
generando presión de poros y posterior perdida de resistencia al
cortante generando el deslizamiento que afectó la parcelación La
Aldea, Los García y Los Duque.

La exploración realizada comprendió cartografía geológica de
campo a través de recorridos, tres perforaciones con profundidades
máximas de 30 metros, apiques y toma de muestras inalteradas.
Como resultado de los ensayos de laboratorio realizados tales como
clasificaciones, determinación de humedades, límites de Atterberg
y ensayos de corte directo se determinaron los parámetros
geotécnicos para realizar los análisis de estabilidad obteniendo una
cohesión de 25 Kpa, un ángulo de fricción de 13' y un peso unitario
de 19 Kpa/m3.

El Perfil geológico generalizado corresponde a depósitos de
vertiente formados por fragmentos y bloques de roca tipo anfibolita
en matriz de arena fina limosa desde 0m hasta 20m. Desde os 20m
hasta los 22m suelo residual de anfibolita, desde los 22m hasta los
24m roca fracturada y después de los 24m roca fresca.

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Con la información anterior se realizaron análisis de estabilidad
utilizando el software SLIDE 5, obteniendo factores de seguridad
bajos teniendo en cuenta la situación actual lo que representa
riesgo alto por deslizamiento. Posteriormente se realizaron análisis
de estabilidad considerando el suelo sin agua obteniendo factores
de seguridad apropiados lo cual se logra restituyendo los drenajes
naturales intervenidos durante la construcción de la parcelación La
Aldea y sellando las grietas existentes tanto en la zona de bosque
como en la finca La Aldea.

En la actualidad se realiza reconformación de la ladera la cual
desfavorece la estabilidad ya que las terrazas generadas
interrumpen el drenaje adecuado de agua.

RECOMENDACIONES GENERALES

Restituir los drenajes central y occidental intervenidos durante la
construcción de la parcelación La Aldea garantizando capacidad
hidráulica suficiente. Restituir el cauce del drenaje oriental
(quebrada principal) sepultada por el deslizamiento y desplazado
de su cauce.

Sellar las grietas existentes en el bosque entre la autopista Medellín
• Bogotá y la parcelación La Aldea y las grietas existentes en la
finca La Aldea.

Sellar el lago al que se hace referencia en la página 68, figura 27
del presente estudio, actividad que debe ejecutar el propietario del
mismo, como condición para mejorar el factor de seguridad a 1.2
apropiado para la estabilidad de la zona.

Los resultados de los estudios y las exploraciones realizados
en la zona de influencia, permiten concluir que no existen
condiciones que permitan la construcción de asentamientos
humanos de ningún tipo ya que por las características
geológicas y geomorfológicas de esta zona de alto riesgo
por deslizamiento.

Las viviendas existentes no cuentan con sistema de alcantarillado,
por lo tanto los vertimientos de aguas residuales domesticas son
realizados sin control saturando los suelos y generando fenómenos
de inestabilidad los cuales afectan a los vecinos ubicados en cotas
inferiores.

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DEVIMED, administrador de la Autopista Medellín Bogotá,
selló en los últimos meses la estructura (poceta) que
entregaba las aguas provenientes de la vía al descole
central en la Autopista Medellín — Bogotá y las llevó
mediante un colector de tubería de concreto de un diámetro
de 36", en contrapendiente, a la quebrada aledaña en la
parte superior y que se identifica en el estudio de Suelo &
Ambiente como descole oriental. Aunque de acuerdo con
nuestro concepto técnico esta última conducción era una
obra deseable y fue correctamente ejecutada, debemos
aclarar que las aguas que aportaba la vía por el descole
central no fueron un factor determinante en las causas del
deslizamiento […]” (Destacado de la Sala).

-. CORANTIOQUIA expidió la Resolución núm. 130AN-1211-13616

de 19 de noviembre de 2012 mediante la cual inició un proceso

sancionatorio ambiental en contra de DEVIMED S.A., como presunto

responsable de las afectaciones ambientales resultantes de las obras

ejecutadas en la doble calzada de la autopista Medellín – Bogotá,

específicamente en el kilómetro 6.

A título de medida preventiva, ordenó: i) la suspensión completa del

aporte de aguas lluvia provenientes de la obra de arte ubicada en el

mencionado sitio, el cual se identificó como descole central y se

localizó a lo largo del eje central de la masa inestable asociada al

deslizamiento ocurrido en la loma de Los Duque y Los García; ii) la

construcción una obra que descolara y condujera dichas aguas hacia

el drenaje natural “Los Cedros”, entre otras labores.

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-. Respecto de los trabajos realizados en el sector de la loma Los

Duque, Los García y el condominio La Aldea, por medio de escrito de

7 de febrero de 2013, el MUNICIPIO informó lo siguiente:

“[…] – Se sellaron las grietas presentes, para lo cual se utilizó suelo
finogranular (limo o arcilla), con éste se rellenaron las grietas y se
compactaron con un pisón manual, al realizar esto se conformó el
terreno en el sector de las grietas, para que el agua no se acumule
en éstas (gráfico No.1).

[…] – Sobre la zona plana que se encuentra detrás de la finca la
Aldea (fotografías grafico No.2) donde llegan las aguas de la
“escorrentía oriental”, se construyó un sistema de drenaje en
espina de pescado (gráfico No.3), que impide que el agua se infiltre
en esta zona.

[…] Se trabajaron los colectores secundarios que son de 30 cm x
30cm para que descarguen en el canal que actualmente se
encuentra construido en la zona (fotografías gráfico No.4) y el se
amplió a una sección de 40cmx60cm en toda su longitud,
convirtiéndolo en un cauce natural.

• Para la zona tres, arriba de la Aldea, se acometió la ejecución de
las siguientes obras:

Sobre la parte interna de la zona plana que se ubica arriba del
escarpe principal (gráfico No.5) se construyeron cunetas que
funcionan como rondas de coronación que permiten interceptar las
aguas de escorrentía que baja sin ningún control por la ladera e
impiden la generación de zonas de empozamiento de dichas áreas
planas. Las cunetas están ubicas contra la pata del talud que se
encuentra en la zona plana. En el gráfico No.6 se presenta la
ubicación aproximada en planta de dichas rondas y los sitios por
donde se construyó el descole de las mismas.

[…] Sobre la zona plana se construyeron unas zanjas (gráfico No.6)
con pendiente hacía la cuneta ubicada en la pared del talud, la que
se reconformó con la pendiente hacía adentro. Las rondas de
coronación se ubicaron atravesando una zona que no se ha
deslizado (gráfico No.7), para impedir nuevos deslizamientos […]”.

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-. CORANTIOQUIA en informe técnico 130AN-1305-24127 de 6 de

mayo de 2013, en el marco del seguimiento de la medida cautelar

decretada en el presente proceso, señaló lo siguiente:

“[…] SITUACIÓN ENCONTRADA

[…] Estado actual del sector

En la visita realizada el 4 de marzo de 2013, se observa que las
obras implementadas en el talud inferior de la vía denominada
“autopista Medellín – Bogotá”, para interceptar las aguas de
escorrentía y descritas en el informe técnico No. 130ANA-1209-
22595 del 19 de septiembre de 2012, cuentan con mantenimiento
consistente en reparación y cambio de la superficie por la cual se
colectan y conducen las aguas de escorrentía, así como la
protección de taludes con geomembrana, con el fin de minimizar
procesos de erosión que se puedan ocasionar por acción de las
aguas de escorrentía.

[…] Las obras de manejo de aguas de escorrentía, antes
mencionadas, conducen las aguas colectadas hasta el cauce del
denominado descole central, el cual fue intervenido con
geomembrana, costales llenos de tierra y tubería plástica, para
conducir las aguas que por allí discurren en época de lluvias hasta
la fuente de agua denominada Los Cerros.

[…] El porte de agua del área propia del descole central, localizado
hacia agua arriba de la vía Medellín – Bogotá (doble calzada
Medellín – Marinilla), fue conducido hacía la fuente Los Cedros a la
altura del costado norte de la referida vía, por medio de un tramo
de alcantarillado, suspendiendo así el aporte de este a la masa
inestable.

[…] También se encontró que dentro de la faja de retiro de la
margen izquierda de la quebrada Los Cedros, a la altura de la cota
1504 msnm […], se continuó con la construcción de una casa de
habitación, una piscina y un kiosco, al parecer correspondiente al
lote 2 de la parcelación La Aldea.

Dicha vivienda se encuentra dentro del área de influencia asociada
a una potencial removilización (sic) de material proveniente de la
parte media de la vertiente, por lo cual se debe notificar de dicha
situación al Municipio de Copacabana para que proceda a su

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evacuación inmediata, y para que ejerza un efectivo y eficaz control
urbanístico para evitar que en la zona de la Loma de los Duque y
Los García se presenten nuevos asentamientos de vivienda al
interior del área afectada por el evento de abril de 2011.

[…] Durante la visita, también se verificó que el Municipio de
Copacabana ha ejecutado obras de estabilización consistentes en
el perfilaje del terreno, principalmente sobre el costado sur
occidental, conformando bermas y terrazas que permiten la
evacuación de las aguas de escorrentía hacía el alineamiento del
cauce denominado “descole central”.

[…] Informar si hay peligro inminente de movimiento de tierra

A la fecha, se estima que los agrietamientos del terreno que
se presentan al interior de la zona del bosque, se
constituyen en uno de los principales indicadores de
inestabilidad potencial y a la vez uno de los factores
detonantes de un nuevo movimiento de tierra que podría
alterar las condiciones morfológicas del terreno; saber con
certeza el grado o nivel de la amenaza que determine (…) “si hay
peligro inminente de movimiento de tierra” solo podría conocerse
a partir de un estudio geológico geotécnico de detalle que arroje
como resultado el cálculo de factores de seguridad que sustenten
la condición real de la estabilidad de la vertiente. Se aclara que la
CORPORACIÓN no es la entidad competente para adelantar los
estudios que determinen el nivel de amenaza que se traduzca en
definir si (…) “si hay peligro inminente de movimiento de tierra”.

[…] CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Corporación ha realizado labores de Control y Seguimiento a la
situación referida en la Acción Popular en cuestión, a través de las
distintas actuaciones que obran en el Expediente AN4-11-150.

A la fecha siguen vigentes las conclusiones y
recomendaciones establecidas en el Informe Técnico No.
1209- 22595 del 19 de septiembre de 2.012 […]

Se aclara que actualmente a la zona de agrietamientos del
bosque ya NO están llagando las aguas superficiales
provenientes del descole central por las obras ejecutadas
por DEVIMED, no obstante si les está llegando las aguas de
infiltración y las provenientes de la escorrentía natural del
terreno.

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Determinar si "si hay peligro inminente de movimiento de tierra"
solo podría conocerse a partir de un estudio geológico geotécnico
de detalle que arroje como resultado el cálculo de factores de
seguridad que sustenten la condición real de la estabilidad de la
vertiente, y en tal sentido, tal como se estableció en un aparte
anterior, el competente pata adelantar dicho estudio es el ente
Territorial, como responsable de la definición de las zonas de
riesgo, así como de la atención y prevención de desastres, y por lo
tanto dicho ente seria el responsable de adelantar los estudios
correspondientes, a fin de determinar el nivel de amenaza que se
traduzca en definir la inminencia de dicho peligro.

De acuerdo a lo anterior, determinar el riesgo en que se encuentran
los habitantes, solo se puede estimar en función de la amenaza y
la vulnerabilidad, situación que finalmente quedaría limitada a los
resultados del estudio antes mencionado y a la valoración de los
recursos naturales que se afectarían en el escenario de un nuevo
evento como el ocurrido en abril de 2.011.

Independiente del contexto técnico para determinar el
riesgo, la principal medida preventiva consiste en que el
Municipio de Copacabana ejerza, como es de su
competencia, un efectivo control urbanístico a fin de evitar
el reasentamiento de viviendas u obras de infraestructura al
interior de la zona afectada por el evento ocurrido en abril
de 2011 […]” (Destacado de la Sala).

-. Asimismo, dicha autoridad ambiental, en el marco del proceso

sancionatorio ambiental, expidió el acto administrativo 130AN-1305-

23246 de 6 de mayo de 2013, a través del cual formuló pliego de

cargos contra DEVIMED S.A., en calidad de presunta responsable

de las afectaciones derivadas de la ejecución de las obras realizadas

en el kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá.

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De igual forma, mediante .- Resolución 130AN—1309-14484 de 20

de septiembre de 201331, en la que se declaró a los señores HÉCTOR

DE JESÚS VÉLEZ VÉLEZ Y MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE,

responsables de infringir las normas ambientales por los hechos y

omisiones relacionados con la ejecución de obras y actividades al

interior del inmueble ubicado en el sector de la loma de Los Duque y

Los García, donde se desarrollaba el proyecto denominado

parcelación La Aldea, con lo que se causó afectación a los recursos

naturales renovables y al medio ambiente.

Sobre las acciones ejecutadas por los mencionados señores,

CORANTIOQUIA indicó lo siguiente:

“[…] CONCLUSIÓN.
Que acorde con las evaluaciones técnicas y jurídicas del aduar de
los señores HECTOR DE JESÚS VELEZ VELEZ con C. C. No.
71.576.098 y MARTHA LUCÍA MAYA MONSALVE.[…] durante la
ejecución de obras y actividades al interior de inmueble ubicado en
el sector denominado Loma de los Duques y Loma de los García,
vereda Fontidueño, jurisdicción del Municipio
de Copacabana donde se desarrollaba el proyecto
denominado parcelación La Aldea, se concluye que las acciones y
omisiones evidenciadas durante la ejecución del proyecto,
determinaron la existencia de afectaciones graves, criticas y
negativas al medio ambiente y a los recursos naturales renovables,
así como la desatención a obligaciones de carácter normativo.

Que la argumentación presentada a consideración durante el
desarrollo de la investigación por parce de los señores HECTOR DE

31Esta decisión fue confirmada por CORANTIOQUIA en Resolución núm. 130AN-
1405-15052 de 12 de mayo de 2014.

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JESÚS VELEZ VELEZ Y MARTHA LUCIA MAYA MONSALVE no
desvirtúa la existencia de eventos generadores de afectación
ambiental, y el que las acciones y omisiones de los investigados
durante la ejecución del proyecto urbanístico determinó una
conducta violatoria de la normatividad ambiental, aunado al pobre
acervo probatorio arrimado al proceso por parte de éstos, que de
su análisis no aportó elementos que determinaran el contradecir o
refutar el contenido de los informes técnicos producto de visitas,
registro fotográfico y demás material probatorio recaudado por la
Corporación.

En consecuencia, los señores HECTOR DE JESÚS VELEZ VELEZ. con
C. C. No. 71.576.098 y MARTHA LUCIA MAYA MONSALVE, con C.
C. No. 37.927.715, son responsables por acción y por omisión de
los hechos que se te imputan, que determinaron la transgresión de
normativas ambientales, a saber:

• Afectación del suelo con la construcción de vía interna que
presenta cortes casi verticales sin ningún tipo de
tratamiento de taludes, sin implementación de obras de
manejo de aguas de escorrentía, situación que ha
ocasionado la aparición de cárcavas y grietas en tos taludes
y superficie de rodadura de dicha vía.
• Intersección, captación y conducción de por lo menos tres
(3) drenajes naturales, entre los que se encuentran los
denominados Descoles Central y Occidental, conducidos a
través de un canal artificial hasta la fuente Los Cedros sin
mediar los permisos respectivos.
• Desaparición de los alineamientos originales de los
mencionados drenajes, -taponados" por el movimiento de
tierras para la adecuación de los lotes.
• No respetar los retiros ni el alineamiento original de los
drenajes naturales que discurrían por el lote.
• Desarrollo antitécnico de los banqueos para adecuar el
terreno del condominio La Aldea; la capa orgánica original
fue simplemente cubierta con tierra sin realizar el
respectivo descapote.
• Tala de rastrojo en proceso de sucesión natural, que
requería de permiso de aprovechamiento forestal único
previo a la tala.
• Desprotección del suelo por falta de revegetalización de
taludes generados durante la apertura de la vía interna,
presentando procesos de erosión laminar y grietas. En
relación con las obras de drenaje para el manejo de
escorrentía en dicha vía, se encuentra que en varios tamos

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de ésta no se han implementado, lo que ha ocasionado de
erosión y socavación de la vía, así como cárcavas.
• Sedimentación del drenaje natural localizado hacia el
lindero de la parcelación La Aldea, producto de la
escorrentía que por la vía y el material arrastrado por ella
[…]” (Negrilla de la Sala).

Ahora, respecto de la responsabilidad de DEVIMED S.A.,

CORANTIOQUIA en Resolución núm. 130AN-1310-14575 de 25 de

octubre de 2013 la exoneró debido a que se logró desvirtuar la

presunción de culpa prevista en la normatividad sancionatoria

ambiental, cuya decisión fue confirmada en Resolución núm. 130AN-

1407-152021 de 8 de julio de 2014.

-. Por su parte, la empresa Cóncavas S.A.S efectuó un nuevo estudio

geológico – geotécnico, hidrológico, hidráulico y diseño estructural

en el área del deslizamiento conocido como la loma de Los Duque,

Los García y La Aldea del MUNICIPIO, en diciembre de 2013, del

cual se extracta lo siguiente:

“[…] En superficie se observa actualmente un escarpe sobre el
lindero entre el bosque y la antigua parcelación conocida como “La
Aldea”, donde se llevó a cabo el deslizamiento principal. Sobre la
zona conocida como el bosque se evidencian distintos
agrietamientos y vegetación inclinada, los cuales según
reportes fueron evidenciados después del deslizamiento
principal. Sobre la zona se presenta la evidencia de dos
drenajes que cruzaban en el bosque, los cuales son
relacionados con las descargas directas de las obras de
recolección de la vía Medellín – Bogotá, y las condiciones

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topográficas del sitio: después del deslizamiento se
realizaron por parte de Devimed las obras de clausura de las
descargas de la vía y la obra de mitigación del drenaje
central.

Actualmente estos drenajes se encuentran secos, con
excepción de drenaje occidental que se evidencia la
presencia de agua en menor medida.

[…] 2.5. Situación encontrada

El talud de corte de la autopista Medellín Bogotá presenta
un talud rocoso con tratamiento hacia la parte superior, con
una cicatriz de deslizamiento. Se observa en el mismo la
formación de cuñas, la cual favorece la caída de fragmentos
rocosos a la vía. Presenta además estructuras de manejo de
aguas superficiales. No se observan signos activos de
movimiento en este talud.

En el talud inferior se observa el desarrollo de un lleno, el
cual presenta evidencias de inestabilidad antiguas y
actuales. Tanto en la zona del lleno como la banca de la
autopista Medellín Bogotá, se detecta un proceso activo de
deslizamiento que genera asentamiento de la banca y de su
estructura, agrietamiento en la zona de lleno y falla en su
sistema de contención.

En la pata del material de lleno se presentan obras de
drenaje superficial como cunetas flexibles y drenes que
requieren mantenimiento, ya que en algunas zonas se
presentan fallados, lo mismo sucede con algunos drenes que
presentan una entrega inadecuada a la cuneta.

Espacialmente la localización del deslizamiento coincide con la
localización de las obras y urbanismo de la parcelación la Aldea.
Este proyecto desarrolló una vía, con taludes casi verticales que
cortaron materiales residuales y saprolíticos de anfibolita y
materiales de depósito de flujo de lodo y/o escombros. No se
observaron, ni se reportaron sistemas de contención para los
mismos.

En los drenajes de la zona se observan procesos erosivos asociados
a la dinámica de los mismos (incisión y socavación).

Se realizaron intervenciones de los drenajes en la zona. En el
primer caso por DEVIMED, que con la aplicación de la vía aumento

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el causal en las mismas, previa comprobación de la capacidad
hidráulica de las obras de paso (se tienen estudios técnicos) y de
urbanizador, que realizó modificaciones en el trazado de las
mismas, con problemas asociados a la intervención de la vía
interna de la parcelación, por lo cual se realizaron algunos
tratamientos.

En cuanto a la geología se encuentra en la zona de estudio dos
depósitos de flujos de lodo y/o escombros, de contacto neto y que
presentan matriz limo arcillosa, adicional al depósito de
deslizamiento.

Entre la zona de la autopista y la zona donde se localizaba
la parcelación la Aldea, zona conocida como El Bosque,
continúan y se acrecientan los procesos de reptación, se
presenta agrietamiento, carcavamiento y deslizamientos
superficiales. Al parecer la reptación se da en la capa
definida por el depósito QFLE-1 o deposito orgánico.

En la zona donde se desarrolló la parcelación de la Aldea se
presenta un escarpe de deslizamiento, en el que se presenta
erosión superficial (laminar y lineal de tipo surcos y cárcavas), lo
mismo que sobre los taludes de la destruida vía de acceso a la
parcelación sobre los flancos del deslizamiento.

En general la ladera presenta grietas de tensión generalizadas, con
mayor presencia en la zona de bosque, no tienen una orientación
definida, aunque generalmente se presentan asociados a los
escarpes. Las grietas presentan profundidades variables, pero en
general son mayores a 50 cm y su abertura promedio es de 30 cm.
En las zonas de mucha pendiente generaron escalonamiento.

2.6 Diagnóstico de la situación

Como se pudo evidenciar en las visitas realizadas al sector
el escarpe en la zona de la parcelación de la Aldea se
encuentran en un estado de equilibrio limite, y tiene la
presión de la zona de la parte superior que está reptando.
Este escarpe en su mayoría está compuesto por un depósito
de vertiente tipo de flujo lodo y/o escombro Qfl-2,
conformado por bolas de roca con poco entrelazamiento en
una matriz limo – arcillosa a limo – arenosa, la que la hace
susceptible a cambios de humedad.

En la zona de la autopista se realizó un lleno que antes de la
intervención con la construcción de la parcelación, había

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generado un deslizamiento que en parte fue controlado con
las obras de contención de la vía, pero que marcaban el
inicio en la ladera.

Posteriormente sobre esta ladera ya debilitada se realizó la
intervención para el desarrollo de la parcelación, que para
la adecuación de sus vías de acceso realizó cortes en la
ladera de gran altura y en materiales de depósito, sobre los
que no fue posible conocer los análisis realizados y cuyos
taludes en su totalidad no fueron objeto de medidas
preventivas, ni correctivas. Se observa sobre el costado
oriental de la UMI un terraceo sobre la ladera.

Adicionalmente se realizó una modificación en el
alineamiento de los drenajes de la ladera, generando la
concentración de la escorrentía superficial, que indujeron
cambios en la dinámica de los canales antrópicos y
naturales, ocasionados por el aumento de caudal y por las
intervenciones realizadas en el proceso de urbanismo de la
Aldea.

El fuerte periodo invernal sumado a las características
topográficas de la ladera (fuerte pendiente) fue el
detonante para que se produjera el deslizamiento y el
material deslizado hizo su recorrido por el cauce de la
quebrada, acumulado hacía la parte inferior de la ladera,
rellenando el cauce y sus zonas aledañas para terminar en
la vía a Machado.

En resumen, existen múltiples factores que pudieron haber
contribuido a la ocurrencia de dicho evento, entre los cuales están:

• El periodo invernal, que genera la saturación de los
materiales, aumenta los caudales de escorrentía e
infiltración y disminuye la cohesión y resistencia de los
materiales.

• La configuración topográfica, estructura y tipo de los
suelos en la ladera que favorece la confluencia de las aguas
de escorrentía e infiltración hacía los predios de la
parcelación.

• Las propiedades geotécnicas de los suelos en la
parcelación La Aldea, muy permeables, susceptibles a la
infiltración y saturación.

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• La sobrecarga con el material de lleno en la zona de la
autopista Medellín – Bogotá y la ineficiencia en las medidas
de estabilización de la misma.

• Las intervenciones realizadas en los terrenos de la
parcelación La Aldea (tala de bosques, movimientos de
tierra), generando cambios en las condiciones de
estabilidad y drenaje.

• Posible ausencia o deficiencia de estudios geotécnicos
suficientes para las intervenciones a media ladera por parte
de la constructora de la parcelación y falta de manejo
técnico en los descoles de la vía (generación de disipadores
y conducción completa por los cuerpos de agua con cambios
por los cortes de la parcelación.

[…] 2.11 Zonificación de la aptitud geológica para uso y ocupación
del suelo

[…] Zona B

Sólo se encuentra una zona definida como B-1, hacía el costado
noroccidental, parte baja de la Loma de los Duque, en cercanía a
la vía Machado, esta zona está limitada por el retiro de dos
corrientes de agua, la más oriental quebrada Los Cedros y la más
occidental un afluente del río Medellín. Esta posición la hace
dependiente de la dinámica fluvial de estas corrientes.

Es una zona que presenta un relieve de vertientes suaves
desarrolladas en depósitos de vertiente con pendientes entre 0 y
25%.

Esta zona presenta una ocupación de viviendas consolidadas,
rodeadas de zonas arborizadas.

La implantación en esta zona de nuevos proyectos
urbanísticos deberá realizarse de manera controlada y
deberá realizarse con estudios específicos que recomienden
las acciones y obras necesarias para garantizar la
estabilidad de la ladera. La intervención controlada y
dirigida técnicamente redundará en una mejora en la
condición geotécnica del terreno.

En esta zona es necesario que los desarrollos urbanísticos respeten
los retiros de las corrientes de aguas.

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Zona C

En el polígono se encuentran 3 zonas de esta categoría.
La zona C-1 constituye la parte superior de la zona B-1, al costado
noroccidental en una zona que se caracteriza por presentar una
mayor pendiente, a pesar de estar en la misma litología.
Esta zona presenta algunos procesos geomorfológicos asociados a
la apertura de la vía en zona de pendiente.
La zona C-2 corresponde a la parte superior del polígono e incluye
los taludes de corte de la doble calzada. Es una zona conformada
por material rocoso, cuya estabilidad está condicionada a estado
estructural de la roca. Genera desprendimiento de rocas sobre la
vía.
Es una zona que ha presentado problemas de inestabilidad y
producto de esto presenta estructuras de control.
Esta zona por sus condiciones de pendiente y susceptibilidad a
caídas de rocas se debe destinar como zona de protección.
La zona C-3 es una zona localizada hacía el costado nororiental del
polígono de estudio en límites con la explotación de canteros de
Antioquia.
La estabilidad de esta zona está condicionada por los taludes de los
frentes de explotación de la cantera.
La implantación de proyectos urbanísticos en esta zona deberá
realizarse de manera controlada, para evitar la formación de
inestabilidades y estarán sujetos a los resultados de estudios
geológicos – geotécnicos de detalle.

En general estas áreas requieren un adecuado manejo de las aguas
subsuperficiales, que permita mantener controlado el nivel freático,
para generar un mejoramiento de las condiciones del subsuelo. Así
mismo se deberán construir las obras de drenaje necesarias para
la captación y conducción de las aguas lluvias y de escorrentía
hacía lugares que no generen daños. En las vías existentes en estas
zonas se deberá mejorar el sistema de drenaje y sus descoles
deberán ser adecuados. Estas cunetas deberán revestirse con
concreto y conducirse hacía obras de drenaje o alcantarillas que
crucen la vía.

[…]

ZONAS "D"

En el polígono se encuentran 3 zonas de esta categoría, D-1, D-2
y D-3.

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Estas zonas presentan una conformación topográfica de
altas pendientes y presentan procesos de inestabilidad
geológica activos o latentes. Son zonas altamente
inestables y de difícil tratamiento para su recuperación.

La zona D-1, localizada en la parte central contiene el escarpe
principal del deslizamiento, la zona D-2 y D-3 al costado occidental
y oriental respectivamente, presentan procesos de reptación, de
mayor consideración en la zona D-3, y con escarpes erosivos hacia
la zona D-2.

En esta zona para mitigar y controlar el fenómeno de
inestabilidad se requiere de manejo y control de la
escorrentía superficial.

Esta zona no es apta para desarrollos urbanísticos y no se
deberán realizar intervenciones a los terrenos con cortes
que puedan generar inestabilidad y que no estén soportados
en análisis geotécnicos particulares. Estas áreas deberán
ser destinadas a programas de reforestación.

Zonas "E"
Se presentan dos categorías para zonas de protección y
conservación ambiental. Zonas E-1, Define las franjas de
protección a las quebradas en la zona del polígono, son estas la
quebrada Los Cedros, sus afluentes y un afluente del río Medellín,
Definidos por el POT en 30 metros en el suelo urbano y rural,
medidos a partir de la cota máxima de inundación.

Zonas E-2, Define la zona dada por el retiro establecido a las vías
existentes tanto de la doble calzada como de la vía a Machado, el
cual es estimado como una franja para carreteras de primer orden
de sesenta (60) metros y para carreteras de tercer orden treinta
(30) metros.

La metodología para la realización del plano de zonificación
preliminar parte del modelo cartográfico ya descrito anteriormente,
el cual utiliza en geoprocesamiento la definición y caracterización
de las siguientes variables.

2.12 Conclusiones
Conclusiones geología
• Espacialmente la localización del deslizamiento coincide con la
localización de las obras y urbanismo de la parcelación La Aldea.
Este proyecto desarrolló una vía, con taludes casi verticales que
cortaron materiales residuales y saprolíticos de anfibolita y

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materiales de depósito de flujo de lodo y/o escombros. No se
observaron, no se reportan sistemas de contención para los
mismos.
• En los drenajes de la zona se observan procesos erosivos
asociados a la dinámica de los mismos (incisión y socavación).
• En cuanto a la geología se encuentran en la zona de estudio dos
depósitos de flujos de lodo y /o escombros, de contacto neto y que
presentan matriz limo arcillosa, adicional al depósito de
deslizamiento
• Entre la zona de la autopista y la zona donde se localizaba la
parcelación la Aldea, zona conocida como El Bosque, continúan y
se acrecientan los procesos de reptación, se presenta
agrietamiento, carcavamiento y deslizamientos superficiales. Al
parecer la reptación se da en la capa definida por el depósito Qfle-
1 o deposito orgánico.
• En la zona donde se desarrolló la parcelación de la Aldea se
presenta un escarpe de deslizamiento, en el que se presenta
erosión superficial (laminar y lineal de tipo surcos y cárcavas), lo
mismo que sobre los taludes de la destruida vía de acceso a la
parcelación y sobre los flancos del deslizamiento
• La parcelación de La Aldea se encuentra en un estado de
equilibrio límite, y sobre la zona del bosque se evidencian zonas de
reptación. Este escarpe en su gran mayoría está compuesto por un
depósito de vertiente tipo de flujo lodo y/o escombro Qfl-2,
conformado por bolas de roca con poco entrelazamiento en una
matriz limo arcillosa, lo que la hace susceptible a cambios de
humedad.
• Por la conformación de la zona de estudio, dada por un macizo
estructural fracturado, que rodea una depresión cubierta por
depósitos de vertiente y materiales de lleno de espesores
considerables, sólo se observa que existe susceptibilidad a
presentar fallas estructurales en los afloramientos rocosos de los
costados de la unidad de análisis y del talud de corte de la doble
calzada. No se tienen indicios de control estructural en la zona de
falla, el mecanismo de falla obedece más a una relación de una
masa de suelo transportada que se desliza sobre un suelo
saprolitico.
• El condominio de La Aldea se encuentra en un estado de
equilibrio límite, y sobre la zona del bosque se evidencian zonas de
reptación. Este escarpe en su gran mayoría está compuesto por un
depósito de vertiente tipo de flujo lodo' y/o escombro Qfl-2,
conformado por bolas de roca con poco entrelazamiento en una
matriz limo arcillosa, lo que la hace susceptible a cambios de
humedad.
• Por la conformación de la zona de estudio, dada por un macizo
estructural fracturado, que rodea una depresión cubierta por

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depósitos de vertiente y materiales de lleno de espesores
considerables, solo se observa que existe susceptibilidad a
presentar fallas estructurales en los afloramientos rocosos de los
costados de la unidad de análisis y del talud de corte de la doble
calzada. No se tienen indicios de control estructural en la zona de
falla, el mecanismo de falla obedece más a una relación de una
masa de suelo transportada que se desliza sobre un suelo
saprolítico.

[…] 1 1.2.1 Según El Diagnóstico De La Situación Se Tiene:

• El escarpe de la zona de La Parcelación La Aldea se encuentra en
un estado de equilibrio límite, y tiene la presión de la zona de la
parte superior que está reptando (zona del Bosque). Este escarpe
en su gran mayoría está compuesto por un depósito de vertiente
tipo flujo de lodo y/o escombro, conformado por bolas de roca con
poco entrelazamiento en una matriz limo-arcillosa, lo que la hace
susceptible a cambios de humedad.
• En la zona de la Autopista se realizó un lleno que antes de
la intervención con la construcción de la Parcelación, había
generado un deslizamiento que en parte fue controlado con las
obras de contención de la vía, pero que marcaban el inicio de una
inestabilidad en la ladera.
• Posteriormente sobre esta ladera ya debilitada se realizó la
intervención para el desarrollo de La Parcelación La Aldea, que para
la adecuación de sus vías de acceso realizó cortes en la ladera de
gran altura y en materiales de depósito sobre los que no fue posible
conocer los análisis realizados y cuyos taludes en su totalidad no
fueron objeto de medidas preventivas ni correctivas. Se observa
sobre el costado oriental de la UMI (Unidad Morfodinámica
Independiente) un terraceo sobre la ladera.
• Adicionalmente se realizó una modificación en el
alineamiento de los drenajes de la ladera.
• El fuerte periodo invernal sumado a las
características topográficas de la ladera (fuerte pendiente),
y la intervención antrópica por cambios en los usos del suelo
al eliminar la cobertura vegetal alta, media y baja y realizar
movimientos excesivos de tierra que al coincidir en un
mismo espacio y tiempo, fueron el detonante para que se
produjera el deslizamiento, haciendo que el material
desplazado corriera por el cauce de la quebrada El Cedro,
acumulándolo hacia la parte inferior de la ladera, rellenando
el cauce y sus zonas aledañas para depositarse finalmente
gran parte de él en la vía a Machado.

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11.2.2 Según las visitas de campo, sondeos en el suelo, ensayos,
análisis de estabilidad y cálculos hidráulicos, se tiene:

De forma cualitativa sin tener en cuenta los análisis de estabilidad
de la ladera que se describirán más adelante, los factores que
pudieron contribuir a la ocurrencia tiempo-espacio de dicho evento
tiene que ver con:

• El periodo invernal que generó un aumento en los caudales de
escorrentía y de infiltración, produce la saturación de los materiales
que conforman el suelo, disminuyendo la cohesión y la resistencia
de los mismos.

• La configuración topográfica, estructura y tipo de suelos en la
ladera que favorecen la confluencia de las aguas de escorrentía e
infiltración hacia los predios de La Parcelación La Aldea.

• Las propiedades geotécnicas de los suelos en la Parcelación La
Aldea, muy permeables, susceptibles a la infiltración y saturación.

• La sobrecarga con el material de lleno en la zona de la Autopista
Medellín Bogotá y la ineficiencia o falta de medidas de
estabilización.

• Las intervenciones realizadas en los terrenos de la Parcelación La
Aldea (tala de árboles, movimientos de tierra), generaron cambios
en las condiciones de estabilidad y drenaje.

• La ausencia o deficiencia de estudios Geotécnicos suficientes y
adecuados para las intervenciones a media ladera por parte de la
constructora de la Parcelación y la falta de manejo técnico en los
descoles de la vía (falta de construcción de canales, disipadores y
conducción completa de las corrientes de agua por las zonas
intervenidas como taludes, terrazas, vías en toda la zona de La
Parcelación La Aldea).

• Según el análisis estereográfico de discontinuidades estructurales
realizado con el DIPS (versión 5.0) y diseñado por Software
Rockscience, existen en el punto I y 2 del Km 6 y en el punto 1 de
la Parcelación la Aldea, posibilidades de que se presenten
deslizamientos diédricos.

[…]

• Con el desarrollo de las obras de urbanismo del Condominio La
Aldea se realizó la intervención de zonas de ladera; la adecuación

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de la vía requirió de un mayor desarrollo, debido la pendiente del
terreno e implico la realización do 2 cortes perpendiculares a la
pendiente, que generaron cortes casi verticales en depósitos de
vertiente.

[…] Por otro lado el estado de los caños entre la Autopista y la zona
del Bosque, sí bien presentan algunos procesos erosivos y de
socavación, no son estos procesos suficientes para generar el
deslizamiento o flujo de detritos; de todas formas si queda el
interrogante o la duda de esta afirmación, ¿Por qué entonces el
deslizamiento NO afectó también la zona del Bosque, debido a la
acción del agua que transitaba por esta zona?

Para que el suelo removido o desplazado se haya
comportado como un flujo, es porque éste se encontraba
totalmente saturado, pero su saturación no pudo ser por el
agua que transitaba por los caños, ya que, para las
magnitudes de caudales estimados, la capacidad hidráulica
de éstos era suficiente como para evitar el desbordamiento
e inundación de toda el área de la cuenca. En los cálculos
hidrológicos de la cantidad de agua caída sobre toda la
cuenca, se pudo apreciar que como mínimo entre los meses
de Marzo y Abril cayó sobre el suelo más de 761.7 mm de
agua (76.17 cm), suficiente para saturar e inclusive inundar
el terreno en las zonas más planas y aquellas con alta
pendiente pero con una capa de vegetación baja y muy
densa que por su rugosidad genera retención de una
pequeña capa de agua.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no sólo la saturación del
terreno fue la única causa del deslizamiento. Sí a esta saturación
se le suma una superficie de terreno con poca o ninguna capa de
vegetación que intercepte el agua lluvia y evite que gran parte de
ésta llegue al suelo y que aquella que alcance a llegar al suelo se
infiltre fácilmente debido al cambio de terrenos naturales inclinadas
por terrazas planas conformadas por llenos sin compactaciones
adecuadas, permitiendo que el agua aumente más la saturación del
suelo, alcanzando a llegar a la superficie de contacto del suelo
natural con el lleno, la combinación simultanea tiempo-espacio de
todos estos factores conllevan a la generación de un deslizamiento
de la masa de suelo, el cual al depositarse sobre el cauce de la
quebrada El Cedro y represarse hacia aguas arriba por sólo algunos
minutos -los altos caudales que transitaban por el cauce en ese
momento, el suelo saturado se licuo y comenzó a comportarse
como un fluido viscoso o flujo de detritos que lo hizo viajar más de

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500 m, destruyendo edificaciones, cultivos, terrenos y el propio
cauce de la Quebrada.

Por otro lado, los análisis de estabilidad realizados muestran de
manera cuantitativa y objetiva las causas principales del
deslizamiento. Para condiciones normales el factor de seguridad en
el sector de la Parcelación La Aldea previo a la construcción de la
Parcelación y el lleno de la Autopista es de 10. De este hecho se
concluye claramente que el factor de seguridad en condiciones
normales del terreno, si bien matemáticamente no indica una falla
del talud, éste se encuentra en un estado marginal o de equilibrio
incipiente que no es garantía de su estabilidad.

Igualmente, si se considera el factor de seguridad después
de la construcción del lleno de la Autopista, y los grandes
movimientos de tierra en la Parcelación La Aldea, éste pasa
de 1.0 en condiciones Normales de humedad del terreno a
0.88 en condiciones saturadas, lo que indica que la
saturación del suelo por las aguas lluvias es el factor o causa
principal del flujo de detritos. Súmele a esto la falta de
cobertura vegetal densa en el sector de la Parcelación la
Aldea, haciendo que se disminuya aún más el factor de
seguridad.

Las continuas y prolongadas lluvias presentadas desde el
mes de Enero y Febrero, hicieron que el terreno se
encontrara saturado en los dos meses siguientes de Marzo
y Abril, donde las precipitaciones fueron las más altas en los
últimos años, lo que no permitió un drenaje natural del
terreno, disminuyendo sus propiedades geomecánicas y
produciendo su deslizamiento. Es claro tener en cuenta que si
bien la saturación del suelo debido al intenso y prolongado invierno
fue la causa principal del deslizamiento, los cambios de usos del
suelo desde mucho años atrás en la ladera al reemplazar la densa
cobertura vegetal alta, media y baja características de un bosque
natural con especies nativas a terrenos recubiertos con pastos y/o
cultivos en donde no se realizan los procesos de intercepción y
evapotranspiración del agua, van deteriorando y cambiando de
manera lenta las humedades del suelo, permitiendo una mayor
infiltración del agua y procesos erosivos que disminuyen la
estabilidad de la ladera.

Sí sumado a lo anterior, se realizaran intervenciones
antrópicas severas como los fuertes movimientos de tierra
en el sector de la Parcelación La Aldea, en donde se
realizaron cortes de los taludes de manera arbitraria y sin

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ningún tipo de estudio, llenos con suelos inadecuados sin
las compactaciones debidas, carencia de obras de drenaje
superficial y subsuperficial, taponamiento de cauces o caños
naturales, la probabilidad de que se presente un
deslizamiento de tierra en la ladera es del 100%,
sobrepasando dicho valor cuando todos estos factores
se presenten espacial y temporalmente.

Es importante anotar además, que según el análisis de estabilidad
de la ladera para las condiciones actuales; es decir, después de
presentarse el evento de abril 27 de 2011, el factor de seguridad
estático es de 0.857 y seudo estático de 0.69, lo que indica que el
evento puede volverse a presentar, ya no sólo por la saturación del
agua, sino también por la ocurrencia de un sismo.

Con el fin de evitar futuras pérdidas de vidas humanas, así como
de afectaciones de inmuebles y bienes materiales, se deberá tener
en cuenta la zonificación de todo el sector en estudio, que se
presenta en el estudio geotécnica (figura 92: MAPA DE
ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA), al igual que sus recomendaciones
para cada área específica.

Para acelerar el proceso de estabilización, será necesario realizar
las adecuaciones y reconformaciones del cauce de la quebrada El
Cedro en todo el tramo afectado, construyendo en el tramo final
paralelo a la vía de acceso hacia las lomas de Los García y Los
Duque, un canal abierto en concreto de sección rectangular que
garantice la estabilidad de la vía y las edificaciones sobre
esta margen.

La construcción de traviesas en gaviones con capas de concreto
como se muestra en los detalles de los planos es necesaria, dado
que con éstos evitan que el cauce continúe profundizándose por los
procesos de erosión lateral y de fondo.

Igualmente, en el tramo donde la vía hacia la Loma de Los Duque
cruza sobre la quebrada El Cedro, será necesaria la construcción
de un box coulvert en concreto reforzado según las dimensiones de
los planos.

Para la recuperación de los caños afectados, será necesario y de
acuerdo a las condiciones topográficas del terreno que se tengan
en el momento de inicio de las obras, conformar los pequeños
cauces con sacos de polipropileno rellenos con suelo-cemento, y
canales en concreto o disipadores en forma de escalones para los
tramos de alta pendiente, de acuerdo a lo presentado en los planos.

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Hacia estos caños, será necesaria la construcción por las curvas de
nivel de pequeñas cunetas recubiertas con geomembranas o
mortero de cemento para la captación y transporte rápido del agua
de escorrentía […]” (Destacado de la Sala).

-. En dictamen pericial rendido ante el Tribunal por parte de un

geólogo de la Universidad Nacional de Colombia en el mes de junio

de 2017, en el que se tuvieron en cuenta los estudios previamente

realizados por las empresas Perforando LTDA, Suelos & Ambiente,

Energía Ecológica y Cóncavas SAS, se presentaron las siguientes

conclusiones:

“[…] La zona comprendida desde la autopista Medellín – Bogotá
(km6 y zona del nuevo túnel) hasta la vía Machado – Copacabana,
es parte integral de un antiguo deslizamiento de tipo rotacional con
una corona de aproximadamente 50m, la cual se encuentra
claramente definida y localizada en la parte superior de la banca
actual de dicha Autopista.

Su parte más ancha cuenta con aproximadamente 250m y se ubica
en inmediaciones de la Parcelación la Aldea. Dicho deslizamiento
generó un depósito de vertiente compuesto de bloque angulares
con tamaños entre 0.5 – 10m. Sobre buena parte de este depósito
se localiza una zona boscosa y la mayor parte de la antigua
parcelación La Aldea, así como la banca de la Autopista. Los
bloques de mayor diámetro alcanzan alrededor de 10m y
representan un riesgo inminente por deslizamiento.

Apoyado en los estudios previos y en las observaciones de campo,
se establece que la zona en estudio, aparte de encontrarse sobre
un antiguo deslizamiento, sufrió una serie de
acontecimientos de origen antrópico que posibilitaron el
desencadenamiento del proceso de movimiento en masa:
obras de la autopista Medellín – Bogotá, construcción de la
parcelación La Aldea, ineficiente encauce y manejo de aguas
de escorrentía, todo esto enfrentado al fenómeno invernal
del periodo 2010-2011. Desde entonces, aun en la

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actualidad, se presenta gran inestabilidad en la zona a pesar
de que el movimiento no se encuentra activo, lo cual es
producido por la poca compactación del suelo, además del
inadecuado manejo de las aguas que se presenta debido a
las malas intervenciones y obras de control que se han
realizado de las mismas; todo lo anterior se evidencia en las
múltiples grietas y escalones y las obras de control falladas
encontradas en campo, que demuestran que la ladera es
dinámica y presenta una continua inestabilidad
[…]”(Destacado de la Sala).

Teniendo en cuenta el referido material probatorio, la Sala encuentra

demostrado que el DAPARD efectuó una visita a la zona de los

hechos, los días 25 a 28 de abril de 2011, en la que puso en evidencia

que, aun cuando la construcción de la doble calzada de la autopista

Medellín – Bogotá contribuía al aumento del canal de los descoles,

determinar el porcentaje de incidencia de la construcción al caudal

de las aguas que fluían por la zona afectada requería de la realización

de estudios y cálculos hidrológicos, con los cuales no se contaba en

ese momento.

Adicionalmente, se pudo establecer que uno de los factores que pudo

contribuir al deslizamiento, fue la intervención de la ladera de alta

pendiente con la tala de bosques y movimientos de tierra para las

vías y explanadas en el sector de la parcelación La Aldea, lo que

generó taludes de aún mayor pendiente y cambió las condiciones de

estabilidad de los suelos del depósito.

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Asimismo, el DAPARD estimó, en el primer diagnóstico efectuado,

que los factores que pudieron contribuir a la causación del evento,

además de los antes señalados, serían los siguientes: i) La

prolongada e intensa ola invernal que azotó a Colombia en el periodo

2010-2011 y; ii. La configuración topográfica, estructura y tipo de

los suelos en la ladera, los cuales favorecían la confluencia de las

aguas de escorrentía e infiltración hacia los predios de la parcelación

La Aldea, además de la permeabilidad de los suelos de la misma.

Ahora bien, con la elaboración del estudio geológico y geotécnico

realizado por la empresa Suelo & Ambiente, se precisó que el

movimiento en masa ocurrido en abril de 2011, “[…] tuvo dos

comportamientos como tal, uno de inestabilidad y desprendimiento

de material a través de la superficie de falla del talud y otro que se

comportó como un flujo de escombros y de suelo altamente saturado

a lo largo del cauce que existía en el sitio el cual recorrió

aproximadamente 500 metros hasta llegar a la vía que comunica a

Machado con el municipio de Copacabana […]”.

Así las cosas, se afirmó que en la parte superior de la ladera se

evidenciaban tres drenajes, los cuales fueron denominados como

occidental, central y oriental. Respecto del central y occidental, se

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estableció que el caudal recogido por estos descoles aumentó

considerablemente con la doble calzada y se convirtieron en cárcavas

erosivas sin ningún tipo de protección, ni entregas adecuadas a los

cauces naturales bien definidos.

Además, se identificaron dos canales naturales adicionales, los cuales

se denominaron como escorrentías, ya que no tenían flujo de agua

permanente y trabajaban como canales estaciones.

De manera que, el referido estudio pudo determinar que la

geomorfología de la zona cambió drásticamente con el deslizamiento

acaecido en abril de 2011, principalmente en el sector que

comprende la parcelación de La Aldea, el costado occidental de la

loma Los García y la parte baja de la loma Los Duque cercana a la

vía Machado — Copacabana; igualmente, se evidenció la presencia

de procesos morfodinámicos que afectaban la zona, como: 1. Un

deslizamiento activo; 2. Grietas de tracción; 3. Reptación; 4. Zonas

de empozamiento; 5. Cárcavas erosivas y; 6. Cicatrices.

Con respecto a la estabilidad del talud, se precisó que luego de aplicar

condiciones de saturación similares a las presentadas en abril de

2011, ésta era baja y además que, para octubre de ese mismo año,

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las condiciones eran muy bajas, pero para poder establecer con

precisión la estabilidad de la zona al momento de realizar el estudio,

esto es, noviembre de 2011, se efectuó una división del sector por

zonas, cada una de las cuales tenía un comportamiento diferente:

1.- Parte del bosque: con respecto a esta zona, se indicó que se

ubicaba a unos 50 mts abajo de la autopista Medellín — Bogotá y el

escarpe principal del deslizamiento, siendo el sitio más crítico para

ese momento, pues presentaba procesos morfodinámicos que

estaban evolucionando constantemente y que indicaban, en conjunto

con los análisis de estabilidad realizados y el mal manejo observado

que se le estaba dando a la zona, que la probabilidad de que se

generara un nuevo deslizamiento en ese sector era alta; también, se

identificaron dos cicatrices de deslizamientos antiguos, uno de los

cuales se reactivó;

2.- Costado occidental (junto a las fincas La Aldea y Loma

Linda): se señaló que la característica de esta zona es que era una

continuación del movimiento del 27 de abril de 2011, la cual, si bien

no llegó a conectarse con este, si representaba un riesgo inminente

para las viviendas que se encontraban en la parte inferior del mismo;

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3.- Zona del deslizamiento: además de ser el sector del

deslizamiento y encontrarse una porción de la masa deslizada,

también se observó estancamiento en zonas planas debido a que no

existían canales de evacuación de las aguas, que podrían haber

sobresaturando el terreno, y;

4.- Zona de depósito en la parte media y baja: en la que se

encontraba la acumulación de escombros producto del deslizamiento.

Conforme lo anterior, y atendiendo a la zonificación establecida para

determinar el riesgo en que se encontraba el sector, el estudio

concluyó que la parte central de la zona, incluyendo gran parte de la

parcelación La Aldea, el costado oriental de la loma Los Duque

y el costado occidental loma Los García se encontraban en alto

riesgo, una franja alrededor de esta zona tenía riesgo medio y más

alejado del centro se presentaba una zona de riesgo bajo.

Asimismo, adicional a las conclusiones a las que llegó el estudio

realizado por Suelo & Ambiente, la empresa Energía Ecológica, en

el mes de septiembre de 2012, efectuó un nuevo análisis en el que

precisó que para abril de 2011 las precipitaciones se duplicaron de

manera intempestiva en el MUNICIPIO, lo cual, estuvo precedido

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de un mes altamente lluvioso, lo que generó la saturación del suelo,

evidenciado en el hundimiento y posterior deslizamiento, lo que

propició la inestabilidad hacía la zona de la loma de Los Duque, Los

García y la parcelación La Aldea.

Igualmente, señaló que las condiciones hidrológicas del área en que

se construyó la segunda calzada de la autopista se vieron sometidas

a un cambio de régimen de infiltración generado por el cambio de la

superficie en las que caían las gotas de agua, pues varió de un suelo

natural con alta permeabilidad a un pavimento asfaltico con

permeabilidad mucho menor, circunstancia que tuvo dos

consecuencias: i) Diminución de la infiltración de las aguas lluvias

sobre el área de la doble calzada y; ii) Conducción de las aguas hacía

el canal occidental y central.

En ese orden de ideas, el estudio precisó que “[…] el caudal generado

por la doble calzada de la vía Medellín - Bogotá, a la altura del km6,

no es el causante del proceso de sobresaturación que se presentó

ladera abajo del sector del km6, ya que los volúmenes "extra" de

aguas lluvias que fueron recogidos por el antiguo sistema de drenaje

de la vía no son suficientes en tamaño e intensidad como para causar

le deslizamiento que se presentó en el sector de La Loma de los

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Duque, La Loma Los García y Condominio La Aldea del Municipio de

Copacabana […]”.

Adicionalmente, se pudo establecer que el lugar donde se presentó

el deslizamiento se encuentra en la zona de influencia de la

denominada Falla Rodas, y además, que la loma de Los Duque, Los

García y la parcelación La Aldea hacían parte de antiguos

deslizamientos, de manera que, conforme las características

geológicas y geomorfológicas del sector objeto de la presente acción,

era posible concluir que se trataba de una zona de amenaza alta

por deslizamiento, incluso antes de la construcción de la

parcelación, motivo por el que no era apto para la construcción y

que, por lo tanto, no deberían permitirse más asentamientos.

Como complemento de los estudios ya realizados, la empresa

Cóncavas S.A.S. evidenció, en el año 2013, que en la zona conocida

como el bosque había presencia de agrietamientos y vegetación

inclinada, los cuales fueron constatados después del deslizamiento

principal.

Además, la Empresa encontró que los dos drenajes que cruzaban por

el sector estaban relacionados con las descargas directas de las obras

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de recolección de la vía Medellín – Bogotá y con las condiciones

topográficas del sitio, los cuales fueron clausurados por parte de

DEVIMED S.A. después del deslizamiento y, en consecuencia,

realizó las respectivas obras de mitigación del drenaje central, los

que fueron secados, a excepción del drenaje occidental.

Respecto de la situación hallada en el 2013, la Sala encuentra que:

i) El talud de corte de la autopista Medellín - Bogotá presentó un

talud rocoso con tratamiento hacia la parte superior, con una cicatriz

de deslizamiento; ii) Se observó la formación de cuñas, las cuales

favorecían la caída de fragmentos rocosos a la vía; iii) Había

presencia de estructuras de manejo de aguas superficiales y; iv) No

se observaron signos activos de movimiento en ese talud.

Por su parte, el talud inferior presentó evidencias de inestabilidad

antiguas y actuales, tanto en la zona de lleno como en la banca de la

autopista, se detectó un proceso activo de deslizamiento que generó

asentamiento de la banca y de su estructura, así como agrietamiento

en la zona de lleno y falla en el sistema de contención.

En relación con la zona de la autopista y donde se localizaba la

parcelación La Aldea, zona conocida como El Bosque, continuaban y

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se acrecentaban los procesos de reptación, se presentaron

agrietamientos, carcavamiento y deslizamientos superficiales.

Así las cosas, en el estudio efectuado por la empresa Cóncavas

S.A.S. se indicaron los múltiples factores que pudieron haber

contribuido a que ocurriera el deslizamiento del 27 de abril de 2011,

los cuales, a juicio de la Sala resumen de manera detallada y

acertada las causas de la emergencia:

“[…] - El periodo invernal, que genera la saturación de los
materiales, aumenta los caudales de escorrentía e infiltración y
disminuye la cohesión y resistencia de los materiales.

• La configuración topográfica, estructura y tipo de los suelos en la
ladera que favorece la confluencia de las aguas de escorrentía e
infiltración hacía los predios de la parcelación.

• Las propiedades geotécnicas de los suelos en la parcelación La
Aldea, muy permeables, susceptibles a la infiltración y saturación.
• La sobrecarga con el material de lleno en la zona de la autopista
Medellín – Bogotá y la ineficiencia en las medidas de estabilización
de la misma.

• Las intervenciones realizadas en los terrenos de la parcelación La
Aldea (tala de bosques, movimientos de tierra), generando
cambios en las condiciones de estabilidad y drenaje.

• Posible ausencia o deficiencia de estudios geotécnicos suficientes
para las intervenciones a media ladera por parte de la constructora
de la parcelación y falta de manejo técnico de los descoles de la vía
(generación de disipadores y conducción completa por los cuerpos
de agua con cambios por los cortes de la parcelación […]”.

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En consecuencia, según lo indicado en este informe, las continuas y

prolongadas lluvias que se presentaron en los meses de enero y

febrero de 2011, hicieron que el terreno se encontrara saturado en

los dos meses siguientes, esto es, marzo y abril, donde las

precipitaciones fueron las más altas de los años anteriores, lo que no

permitió un drenaje natural del terreno, disminuyó sus propiedades

geomecánicas y produjo el deslizamiento.

De igual forma, es de resaltar que en el dictamen pericial rendido por

el perito geólogo de la Universidad Nacional ante el Tribunal, se

determinó que, de acuerdo con los estudios previos y las

observaciones de campo, la zona objeto de estudio se encontraba en

un antiguo deslizamiento que sufrió una serie de acontecimientos de

origen antrópico que posibilitaron el desencadenamiento del proceso

en masa, tales como: i) las obras de la autopista Medellín – Bogotá;

ii) la construcción de la parcelación La Aldea; iii) ineficiencia de

encauce y manejo de aguas de escorrentía y; iv) la ola invernal de

los años 2010-2011; asimismo, se indicó que el sector presentaba

gran inestabilidad a pesar de que el movimiento se encontraba

inactivo.

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Como se puede observar del abundante material probatorio antes

referenciado, es claro que las causas que generaron el deslizamiento

en la zona de la loma de Los Duque, Los García y la parcelación La

Aldea fueron diversas y obedecieron a un proceso que se venía

generando años atrás y que por las especiales circunstancias que se

presentaron en los años 2010-2011, como el fenómeno de la niña

que azotó al país, se aceleró el proceso de movimiento en masa que

era inminente.

De modo que aun cuando los diferentes estudios e informes que

fueron rendidos y aportados al plenario sobre el deslizamiento que

se presentó en el MUNICIPIO le atribuyen como principal causa del

fenómeno de movimiento en masa a la fuerte ola invernal o

fenómeno de la niña que se presentó para ese año, que, por demás,

conllevó a la declaratoria de estado de emergencia económica, social

y ecológica por razón de la grave calamidad pública en el País

mediante el Decreto 4580 de 7 de diciembre de 2010, lo cierto es

que también pusieron en evidencia que tanto el relleno realizado para

la construcción de la autopista Medellín – Bogotá, como las indebidas

intervenciones efectuadas para la construcción de la parcelación La

Aldea y el mal manejo de las aguas en el talud incidieron en el fatal

desenlace.

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En consecuencia, le asistió razón al Tribunal cuando decidió declarar

no probada el eximente de responsabilidad de fuerza mayor,

respecto de DEVIMED S.A., CORANTIOQUIA y los demás

accionados, pues, como ya se señaló, las condiciones geológicas y

geomorfólogas del talud evidenciaban la situación de riesgo en la que

se encontraba la zona.

Adicionalmente, como lo indicaron los diferentes estudios aportados

al plenario, el lugar en el que ocurrió el deslizamiento es altamente

inestable y, por lo tanto, de alto riesgo, motivo por el que no se

debieron permitir asentamientos humanos allí, circunstancia que

pone de relieve el hecho de que todas y cada una de las entidades

demandadas tenían o debían tener conocimiento de esta

circunstancia, prueba de ello es que DEVIMED S.A. venía ejecutando

obras de estabilización y que el día antes a que se presentara el

movimiento en masa, el MUNICIPIO evacuó los habitantes de la

loma de Los Duque, Los García y la parcelación La Aldea, lo que

demuestra que efectivamente se pudieron haber adoptado medidas

realmente eficientes que minimizaran el impacto del desastre o lo

previniera, todo lo cual, rompe de tajo con la posibilidad de declarar

la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor.

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Asimismo, también es del caso poner de presente que, aun cuando

la ola invernal fue el detonante para que se produjera el movimiento

en masa en comento, ello no implica que, entonces, deba eximirse

de responsabilidad a las entidades accionadas, bajo el entendido de

que fue un hecho de fuerza mayor, habida cuenta que la finalidad de

la acción popular es el amparo de los derechos colectivos vulnerados

o amenazados, con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar

el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e

intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando

fuere posible32, lo que impone la obligación al juez de adoptar las

medidas necesarias para lograr dicha finalidad, cuya responsabilidad

debe recaer en las entidades que tienen a su cargo, no sólo el deber

de salvaguardar los derechos colectivos, sino las que tengan a su

alcance la posibilidad material de efectuarlo, siempre y cuando

hubiesen influido de alguna manera en la causación de los hechos

que provocaron la vulneración o amenaza de los derechos

conculcados.

Lo anterior, pone de manifiesto que no resulta procedente que al

interior de las acciones populares se argumenten los eximentes de

32 Ley 472, artículo 2°.

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responsabilidad, en especial, el de fuerza mayor, para excusarse de

ejecutar las medidas necesarias para la protección del derecho

colectivo vulnerado, pues la acción popular no es reparatoria sino

que propende por la protección real y efectiva de derechos cuya

titularidad está en cabeza de la colectividad.

En un asunto similar al sub examine, la Sala en sentencia de 14 de

octubre de 202133 consideró lo siguiente:

“[…] 5.5.2.1.3. En esa línea, resulta importante resaltar que,
contrario a lo que considera el recurrente, no es cierto que la causa
del fenómeno natural en estudio esté circunscrita exclusivamente
a las torrenciales lluvias que se presentaron en el año 2010 y 2011,
en tanto que, como quedó debidamente acreditado, el material
probatorio demuestra la multicausalidad de la situación. En ese
sentido, si bien aquellas están asociadas a fenómenos naturales y
geológicos del lugar, también se relacionan con las actividades
antrópicas que allí se llevan a cabo y sobre las cuales corresponde
a la autoridad municipal ejercer el debido control como rector de la
política de gestión de riesgo en su jurisdicción.

Se agrega a lo dicho que la existencia de causas naturales de los
eventos catastróficos que afectan a la colectividad no es una
circunstancia que per se conduzca a exonerar de responsabilidad a
las entidades estatales, puesto que existe un conjunto de
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que les
imponen claros deberes y obligaciones de protección respecto de
todos y cada uno de los habitantes y residentes en el territorio
nacional y sobre los cuales se volverá más adelante.

Igualmente, conviene rescatar la naturaleza preventiva de las
acciones populares y sus características como vía de protección de

33Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López, sentencia de 14 de octubre de 2021,
expediente núm. 13001 33 33 004 2015 00164 01.

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los derechos colectivos. Al respecto, la Corte Constitucional, entre
otras, en sentencia T-443 del 11 de junio de 2013, expresó:

[…]

Bajo esa óptica, concluye la Sala que la prosperidad de la acción
popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la
posibilidad de que se amenace un derecho colectivo es razón
suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas
necesarias para evitar que la vulneración se presente.34 En ese
sentido, el Consejo de Estado en forma reiterada ha precisado en
múltiples oportunidades35 que los supuestos sustanciales para la
procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una
acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los
particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes
legales36, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro,
amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii)
la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación
de los derechos e intereses mencionados37.

Con fundamento en lo expuesto, a juicio de la Sala, no le asiste razón

ni a DEVIMED S.A. ni a CORANTIOQUIA, cuando afirman en el

34 Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias: (i) corte
Constitucional, sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y
(ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 2 de septiembre de 2004, expediente: N 2002 2693 01. Consejera
Ponente: María Elena Giraldo Gómez.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de
2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor:
Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La
Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García
González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella
ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los
derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de
las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus
deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos.
37 Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco
Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-
01(AP).

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recurso de apelación que debió declararse la fuerza mayor, por lo

tanto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en este

aspecto.

Por último, la Sala considera necesario referirse al análisis efectuado

por el Tribunal frente a la decisión de declarar probada la excepción

de fuerza mayor frente al CONSORCIO CONCOL – B Y C S.A., ya

que, como se indicó en precedencia, ello no resulta procedente en el

marco de la acción popular.

De manera que, la Sala realizará un nuevo análisis sobre la

participación del consorcio interventor en la afectación de los

derechos colectivos, para lo cual es preciso remitirse al Contrato

núm.050 de 2008, cuyo objeto es:

“[…] Interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa y
financiera al contrato de concesión No.275 de 1996 concesión
“Desarrollo vial del oriente de Medellín, Valle de Rionegro y
conexión a Puerto Triunfo”. Celebrado entre el Instituto Nacional
de Concesiones y la Concesionaria DEVIMED S.A. […]”.

Como se puede apreciar, la responsabilidad que recaía en el

interventor del contrato en su etapa de operación se circunscribía a

actividades relacionadas con aspectos técnicos, jurídicos,

administrativos, operativos y financieros del contrato de concesión

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suscrito por DEVIMED S.A., lo que implicaba que su competencia se

ceñía a verificar que el contratista cumpliera con las obligaciones

establecidas en la concesión, para así garantizar el cumplimiento de

su objeto.

Es así como, en desarrollo de su cometido contractual, la

interventoría adelantó el respectivo seguimiento a la situación de

inestabilidad que se presentaba en el kilometro 6 de la autopista, tal

y como se evidencia del oficio 01-1227- 2009 de 19 de marzo de

2009, en el que se indicó que, a la fecha, el concesionario, había

ejecutado una serie de obras para atender la falla presentada en el

K6+200.

No obstante, como se indicó en párrafos precedentes, la situación de

inestabilidad en la mencionada zona no cesó, es por esto que, luego

de la visita efectuada el 4 de abril de 2011 al kilómetro 6 de la

autopista Medellín - Bogotá, el CONSORCIO CONCOL S.A. expidió

el memorando núm. 04 de 19 de abril de ese mismo año, en el que

refirió lo siguiente:

“[…] Por medio de la presente comunicación se reportan los
aspectos geotécnicos observados en el sitio inestable K6+000 de
la carretera Medellín - Bogotá, el cual será objeto de trabajos de
estabilización por parte de la Concesión.

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El sitio inestable se desarrolla en un tramo predominantemente
recto de la carretera, afectando la totalidad de la calzada externa
(sentido Bogotá - Medellín), y al menos la mitad de la calzada
interna (sentido Medellín - Bogotá); los problemas de inestabilidad
se manifiestan en grietas de tracción, desplazamientos laterales y
hundimientos debidos una falla del talud inferior a la vía, fenómeno
que puede asociarse a problemas de saturación de las masas de
suelo residual que conforman la pata de la ladera.

La Figura I muestra la ubicación del sitio y la dirección en que se
produce el movimiento de la ladera inferior a la vía.

Los problemas de inestabilidad afectan una longitud total cercana
a los 140m a lo largo del corredor; el sitio se encuentra contenido
por un muro de concreto inferior a la vía el cual, en el momento de
la inspección, mostraba evidencias de haber sufrido
desplazamientos verticales, aunque, salvo en el extremo Medellín,
sin haber sufrido agrietamientos severos. Se observaron, sin
embargo, grandes aberturas en las juntas de construcción de esta
estructura; se considera que ese muro está apoyado en el terreno
por contacto directo.

Por otra parte, los desplazamientos laterales sufridos por la
calzada, y que son evidentes en la deformación y desnivel que
exhibe el separador central, pueden atribuirse a la ocurrencia de
movimientos con dinámica retrogresiva del talud inferior, en los
cuales los bloques que se desplazan dan lugar a la aparición de
grietas de tracción que, en este caso, exhiben profundidades
apreciables, de al menos unos 3.0 m medidos desde la rasante de
la vía, y aberturas de hasta 30.0 cm de ancho.

Además de esto, también se observó que la sección transversal de
la vía exhibe al menos dos escalonamientos, así: el primero,
formando un hundimiento que afecta el relleno detrás del muro de
contención y la calzada externa, hasta el separador central, y el
segundo, entre el separador y la mitad de la calzada interna.

[…] Los trabajos de mitigación realizados hasta la fecha incluyen la
instalación de anclajes de 37 m adosados al muro; dichos anclajes
fallaron en el momento de ser tensionados, lo cual se atribuye en
parte a que se utilizó una longitud de bulbo de 5.0 m, la cual se
considera insuficiente para las cargas de atirantamiento aplicadas.
Cada anclaje está conformado por cinco torones de ½”; la
Fotografía 4 muestra el muro y los tirantes colocados en el mismo.

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Se encontró también, en el extremo Medellín del muro de
contención, un agrietamiento de la estructura, causado por el
asentamiento, y un contrafuerte apoyado en pilotes de 8.0 m de
profundidad y que fue construido con el propósito de dar soporte
lateral a la estructura. Se encontró que el contrafuerte no fue
efectivo, debido a las deformaciones que se presentaron entre esta
estructura y el muro, tal como se muestra en la Fotografía 5.

[…] CONSIDERACIONES SOBRE LOS DISEÑOS DE
ESTABILIZACIÓN

Si bien la solución propuesta por el Concesionario, consistente en
la construcción de pilotes para conformar una pantalla atirantada
para contener las calzadas de la vía, resulta adecuada para las
condiciones observadas en el sitio y siempre y cuando la obra
pueda apoyarse en un basamento estable de roca, también resulta
factible considerar la construcción de una variante para la carretera
mediante la ejecución de un corte a través de la ladera superior a
la vía actual, pasando por el macizo rocoso existente detrás del
depósito de suelos inestable presente ese talud, lo cual permitiría
alejar el corredor de la zona del deslizamiento e implantarlo en un
terreno estable; dicha alternativa dependería principalmente, no
obstante, de la geometría requerida,-de la altura de los cortes, y
del costo, en comparación con la pantalla de pilotes.

Se requiere, además, instalar obras de drenaje y subdrenaje tales
como drenes horizontales en la ladera inferior y en los suelos del
talud superior, filtros transversales en la vía, cunetas flexibles y
disipadores, como obras complementarias de la pantalla de pilotes
[…]”.

Como se puede apreciar, la falla que existía en el kilómetro 6 de la

autopista no era una circunstancia desconocida por las entidades

aquí accionadas, prueba de ello es que la interventoría del contrato

de concesión venía haciendo seguimiento a las acciones que

DEVIMED S.A. estaba adelantando para conjurar la situación.

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Asimismo, es de resaltar que una vez ocurrido el deslizamiento

objeto de la presente acción, la interventoría emitió el oficio 01-

2543-2011 de 29 de abril de 2011, en el que se refirió a los

movimientos presentados a partir del 15 de abril de 2011 en el sitio

inestable del kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, así:

“[…] Una vez revisada la información documental que muestra los
problemas de inestabilidad en el sitio del asunto, la cual incluye los
movimientos de los equipos de construcción, la magnitud de los
desplazamientos presentados y los problemas presentados en las
viviendas de la parte inferior de la ladera, es posible emitir los
siguientes conceptos respecto de los problemas presentados:

-. Como se señaló en el Informe de Visita al sitio (Memorando 04),
el fenómeno de remoción en masa que tiene lugar en el sitio
presenta una dinámica retrogresiva, en la cual los bloques de suelo
de la parte superior de la ladera sufren desplazamientos laterales
y hundimientos como consecuencia de la pérdida de confinamiento
causada por el movimiento de la pata o de los bloques de suelo
ubicados en la parte baja del talud.

-. Los efectos de esta dinámica, que incluyen desplazamientos
laterales y asentamientos de la calzada, fueron descritos en el
Informe de Visita mencionado y se considera que se han visto
agravados por la temporada invernal, en la cual los suelos en
remoción se saturaron hasta causar la reducción o pérdida de su
resistencia. Esta condición es la causa del deslizamiento que se
presenta en la Loma de los Duque, sitio ubicado en la pata de la
ladera inferior a la vía, movimiento que causó los daños más
recientes en la calzada de la Autopista en virtud de la dinámica
retrogresiva ya mencionada que afecta al talud.

-. La saturación o, por lo menos, la presencia de grandes
cantidades de agua en la ladera inferior al sitio del proyecto se
manifiesta en la aparición de flujos superficiales que descargan
volúmenes apreciables de agua; la condición actual de la vía, con
presencia de grietas de gran abertura, facilita la recarga de agua
en los suelos inestables, aunque se considera que la mayor parte
de la saturación es aportada por la infiltración de la lluvia que cae
directamente sobre el talud que, como se mencionó en el Informe
de Visita, carece de un manejo adecuado de escorrentía y

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subdrenaje. Se estima que, también, un volumen apreciable de las
aguas puede provenir de la parte alta del tramo de vía en el que se
ubica el sitio inestable y que puede estar viajando a través de la
estructura granular hacia este último.

-. Los movimientos más recientes de la ladera produjeron el
desplazamiento y el asentamiento del muro de contención
atirantado, generando el desconfinamiento del relleno detrás de él
y, posteriormente, su falla o colapso bajo el peso de la grúa
Pinguely dejada en el sitio para los trabajos de construcción de los
pilotes propuestos; esto explicaría el asentamiento de cerca de 5.0
cm alrededor de la zona de parqueo de la grua.

-. De acuerdo con las fotografías revisadas, se observa la aparición
de grietas de tracción en la terraza de la parte externa del muro de
contención, las cuales no se habían presentado aún en la visita
realizada el 4 de Abril; esta condición, así como la ocurrencia de
asentamientos de entre 20 cm y 40 cm, reportados el día 25 de
Abril, muestran que el avance del fenómeno de remoción en masa
es significativo y que puede dificultar la construcción de la pantalla
de pilotes propuesta por el Concesionario, principalmente en
cuanto al factor de seguridad durante obra.

En atención de lo anterior, y tal como se manifestó en la visita de
nuestro especialista, debe considerarse la alternativa de construir
una variante en el talud superior a la vía actual, por detrás de la
masa de suelo inestable, dadas las condiciones actuales. De
cualquier forma debe procederse, cuando menos, a la instalación
de obras de drenaje y subdrenaje para reducir la tasa de
movimiento de la ladera inestable. Así mismo se recomienda el uso
de equipo liviano y mantener la restricción vehicular en al menos
una calzada […]”.

Conforme lo expuesto, a juicio de la Sala, la actuación del interventor

no devino en la afectación de los derechos colectivos invocados por

la parte actora, pues, en el marco del contrato de interventoría,

requirió a DEVIMED S.A., como concesionario de la vía, para que

ejecutara las acciones necesarias para lograr la estabilización del

kilómetro 6 de la autopista; aunado al hecho de que no era su

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competencia adelantar obras y/o estudios especializados, ya que, de

conformidad con lo ordenado en el inciso 3 del artículo 83 de la Ley

1474 de 12 de julio de 201138, la interventoría propende por el

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y/o

jurídico a la ejecución de algunos de los contratos suscritos por el

Estado. La norma ibidem prevé:

“[…] La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría
[…]”.

Lo anterior, pone de manifiesto que, en el marco de la concesión, el

llamado a garantizar que la colectividad no se viera afectada por la

inestabilidad del kilómetro 6 de la autopista, no era el interventor,

sino el concesionario mismo, pues fue coparticipe de las

circunstancias que incidieron en la desestabilización del talud.

38 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.

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En consecuencia, la vulneración de los derechos colectivos no puede

ser atribuida al interventor, pero no por la existencia de fuerza mayor

como eximente de responsabilidad como lo indicó el Tribunal, sino,

porque no era su competencia adelantar obras y/o estudios

especializados en la zona objeto de la acción para repeler la

inestabilidad del terreno, por lo que, no era la garante de los

derechos conculcados.

En consecuencia, se revocará el numeral segundo de la parte

resolutiva de la sentencia apelada que declaró probada la excepción

de fuerza mayor propuesta por CONSULTORÍA COLOMBIANA

CONCOL B Y C S.A., tal como se indicó por las razones previamente

expuestas.

De las autoridades competentes en materia de gestión del

riesgo39

39Dicha temática ha sido abordada por la Sala en sentencias de 29 de julio de 2021
(Expediente núm. 81001-23-39-000-2018-00043-01) y 10 de diciembre del mismo
año (Expediente núm. 66001-23-33-000-2013-00290-02.

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El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres

como “[…] un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y

el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a

la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al

desarrollo sostenible […]”. Asimismo, dispuso que era una política de

desarrollo indispensable para garantizar, entre otros, la seguridad

territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y

las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar

intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro,

con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de

gobierno y la efectiva participación de la población40.

40 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.

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La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11

del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el

caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio

climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad

o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios

observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que

también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,

que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo

cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las

situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a

todas las autoridades y habitantes del territorio. En

consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las

entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución

de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento

y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus

competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como

componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

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Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo

corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar

con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal

como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades41.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres -Sistema Nacional-, en el artículo 5° dispuso que es el

conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,

así como la información atinente a la temática, que se aplica de

manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el País.

En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de

Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el Presidente

de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del

Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas

jurisdicciones. Dicho órgano es el encargado de orientar el Sistema

y, entre otras funciones, de “[…] Propender por la armonización y la

articulación de las acciones de gestión ambiental, adaptación al

cambio climático y gestión del riesgo […]” y “[…] Orientar y articular

las políticas y acciones de gestión ambiental, ordenamiento

41 Supra nota 13 Artículo 2°.

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territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio

climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres

[…]”42.

En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó

funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los

alcaldes y gobernadores, las cuales se indicarán a continuación.

Para los Gobernadores43 las funciones, conforme lo establecido en

el artículo 13 de la Ley 1523, son las siguientes:

“Artículo 13. Los gobernadores en el sistema nacional. Los
gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia
de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de
desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de
desastres en el ámbito de su competencia territorial.

Parágrafo 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración
seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener
la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en
su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su
responsabilidad.

Parágrafo 2o. Los gobernadores y la administración departamental
son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su

42 Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.

43 Respecto de la responsabilidad de las gobernaciones en materia de gestión del
riesgo, ver sentencia de 1° de junio de 2020, consejero ponente Hernando Sánchez
Sánchez, expediente núm. 68001-23-31-000-2012-00091-01.

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territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los
municipios de su departamento.” (Subrayas de la Sala)

De modo que es deber de los Departamentos, en cabeza de su

Gobernador, implementar procesos de conocimiento y de reducción

del riesgo, así como acciones tendientes al manejo de desastres en

su territorio, garantizando la puesta en marcha y mantenimiento de

los procesos que propendan por la gestión del riesgo en su territorio.

Asimismo, es su obligación integrar en la planificación del desarrollo

departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en cuanto a la

gestión del riesgo se refiere, por medio del plan de desarrollo

departamental y demás instrumentos a su disposición, para de esa

manera darle cuerpo y aplicación a las competencias de coordinación,

concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los Municipios del

respectivo Departamento.

Lo dicho significa que, en aplicación de los mencionados principios,

el Departamento en asocio con los Municipios de su territorio,

deben aunar esfuerzos para evitar o hacer cesar la afectación

que se esté causando a un valor, interés o bien jurídico

protegido como es la mitigación del riesgo de desastres.

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En cuanto a los alcaldes, les fueron asignadas las funciones

descritas a continuación:

1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción

[…]”44.

2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones

estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de

desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento

territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos

de gestión pública [...]”45.

3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se

sancionó la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes

de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y,

por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos

44 Supra nota 11. Artículo 14.
45 Ley 1523, Artículo 14, parágrafo.

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fines, en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de

1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales

como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,

señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a

amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o

antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de

reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a

tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la

constitución de reservas de tierras para hacer posibles tales

reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de

adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para

reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”46.

Adicional a lo anterior, ambos funcionarios, esto es, gobernadores

y alcaldes, deberán:

-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para

priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades

del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento

del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte

46 Ley 1523, artículo 40

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del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar

su seguimiento y evaluación [...]”47.

• “[…] Formular y concertar con sus respectivos consejos de

gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres

y una estrategia para la respuesta a emergencias de su

respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del

riesgo y la estrategia de respuestas nacionales. El plan y la

estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto

expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no

mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione

la presente ley […]”48.

• Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del

riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,

considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso

y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la

configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un

plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley

1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial

47 Ley 1523. Artículo 32
48 Ley 1523. Artículo 37

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y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen

incluido la gestión del riesgo49.

Ahora, en lo que tiene que ver con las Corporaciones Autónomas

Regionales50, el artículo 23 de la Ley 99, estableció que son "[…]

entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados

por las entidades territoriales que por sus características constituyen

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad

geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,

encargados por la ley de administrar, dentro del área de su

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y

propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las

disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente

[…]”.

En relación con el objeto de estas entidades, la misma Ley señala

que son las encargadas de la “[…] ejecución de las políticas, planes,

programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales

49 Ley 1523. Artículo 39.

50Ver sentencia de 10 de diciembre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth
Peña Garzón, expediente núm. 66001-23-33-000-2013-00290-02).

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renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,

manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y

directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”.

El artículo 31 de la Ley 99 prevé las funciones de las corporaciones

autónomas regionales, dentro de las cuales se destacan las

relacionadas con: i) el apoyo en materia ambiental que debe brindar

al municipio para la ordenación del territorio; ii) establecer las

directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas en su

jurisdicción; iii) ejecución de obras para la regulación de cauces y

corrientes de agua, recuperación del medio ambiente y los recursos

naturales no renovables; iv) realizar actividades de análisis,

seguimiento, prevención y control de desastres; y v) adelantar con

la administración municipal programas de adecuación de áreas

urbanas en zonas de alto riesgo, como lo es el control de la erosión,

manejo de cauces y reforestación.

Dichas competencias fueron previstas en los siguientes términos:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:

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[…]

4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial,
asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de su
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones
adoptadas por las distintas entidades territoriales;

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en las decisiones que se adopten;

[…]

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo
de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su
jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las
políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua,
y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes;

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo
con las normas y reglamentos requieran de Licencia Ambiental,
ésta deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con
las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria
para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;

[…]

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23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y
control de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con
las administraciones municipales o distritales programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como
control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

[…]
Parágrafo 3. Cuando una Corporación Autónoma Regional tenga
por objeto principal la defensa y protección del medio ambiente
urbano, podrá adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de
alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación; así mismo podrá administrar, manejar, operar y
mantener las obras ejecutadas o aquellas que le aporten o
entreguen los municipios o distritos para esos efectos;

Parágrafo 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán
sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales
y con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia […]”.

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 1523 ordena a las corporaciones

autónomas regionales apoyar a las entidades territoriales de su

jurisdicción ambiental en la elaboración de “[…] estudios necesarios

para el conocimiento y la reducción del riesgo […]”. Para el efecto, la

norma en comento previó:

“ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
EN EL SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas
regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la
presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del
riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de
1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen.
Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el

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conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a
los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.

PARÁGRAFO 1o. El papel de las corporaciones autónomas
regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor de
alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad
ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de
desastres.

PARÁGRAFO 2o. Las corporaciones autónomas regionales
deberán propender por la articulación de las acciones de
adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de
desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental
territorial sostenible.

PARÁGRAFO 3o. Las corporaciones autónomas regionales como
integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas
jurisdicciones en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la
implementación.

PARÁGRAFO 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al
tenor de lo establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los
comités territoriales, harán parte de estos las autoridades
ambientales locales (Resaltado de la Sala).

Cabe resaltar que si bien el parágrafo 1 del artículo en mención

dispone que el papel de las corporaciones autónomas regionales es

complementario y subsidiario respecto a la labor de las Alcaldías y

Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que

corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la

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exime del cumplimiento de los deberes que le asisten en materia

ambiental y de gestión del riesgo, pues debe trabajar

coordinadamente con las demás entidades para la consecución de

dichos fines.

Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 29 de julio de

202151, consideró lo siguiente:

“[…] Como se observa, si bien el papel de la Corporación no
suple ni exime de sus funciones a los entes territoriales,
recae en ella el deber de asesorar y colaborar con las
autoridades territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la
prevención de desastres, el análisis de zonas de alto riesgo
y el diseño de mecanismos de solución. Así las cosas, la Sala
determina que el papel de la Corporación no es subsidiario
respecto de las labores de alcaldías y gobernaciones.

6.4.3.3. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que,
según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 1523 de 2012,
los Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación,
asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la
efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del
riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la
entidad territorial correspondiente, están conformados por un
representante de cada una de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible dentro de la respectiva
jurisdicción territorial.

Dicha representación no es en vano, pues resulta claro que
el propósito de la norma es fomentar un trabajo de
cooperación interinstitucional entre todas las entidades que
hacen parte del sistema, en búsqueda de corresponsabilidad

51Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López, Sentencia de 29 de julio de 2021,
expediente núm. 47001 23 31 000 2011 08425 02.

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e integralidad en las acciones. Así las cosas, cualquier
competencia que recaía en los Comités de Prevención y Atención
de Desastres, indirectamente lo es de la Corporación al ser uno de
sus miembros.

Conforme a todo lo dicho, la Sala no modificará las decisiones que
en este sentido emitió el Tribunal, ya que, con base en las
consideraciones expuestas, queda claro que es competencia de
CORPOMAG participar de manera activa en la búsqueda de
soluciones respecto del proceso erosivo de la zona costera de Pozos
Colorados ubicada en el Distrito de Santa Marta, lo que incluye
realizar estudios y asignar o gestionar recursos para la
ejecución de proyectos, en ejercicio de las funciones que en
materia ambiental y de gestión del riesgo de desastres la ley
le ha atribuido […]” (Resaltado de la Sala).

Del mismo modo, las corporaciones autónomas regionales están en

la facultad de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las

competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas

de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a

las normas de protección ambiental y de manejo de recursos

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones

pertinentes, la reparación de daños causados.

Con fundamento en lo expuesto, en relación con los argumentos

expuestos por el DEPARTAMENTO respecto de su falta de

competencia para atender lo ordenado por el Tribunal y la

imposibilidad de imputársele responsabilidad alguna por los hechos

que dieron origen a la presente acción, la Sala encuentra que dicho

ente territorial como encargado de la implementación de procesos de

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conocimiento y reducción del riesgo, así como del mantenimiento de

los procesos de gestión del riesgo, está llamado a responder en el

presente caso, independientemente de si es generador o no de los

daños causados por el deslizamiento, pues lo que aquí se discute es

el deber constitucional y legal de atender las necesidades de los

Municipios que se encuentran en su territorio.

Por lo tanto, no le asiste razón al ente territorial cuando afirma que

dentro de sus funciones no se encuentra la cofinanciación al

MUNICIPIO, ni tampoco cuando indica que la responsabilidad de

atención del riesgo le competa solamente a ese ente territorial, ya

que, como se evidenció de la normatividad expuesta y del material

probatorio aportado al sub lite, el DEPARTAMENTO también tuvo

conocimiento de la inestabilidad del sector de la loma de Los Duque,

Los García y la parcelación La Aldea, sin que fuera posible que el

riesgo se mitigara de manera oportuna, motivo por el que, en virtud

de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

positiva, está llamado a responder.

Ello, en atención a que, como se expuso en precedencia, el

DEPARTAMENTO debe intervenir de manera coordinada, en

concurrencia con el MUNICIPIO y en el marco de sus competencias,

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para efectos de garantizar la protección y para que cese la afectación

a los derechos colectivos, de modo que, deberá participar con las

demás entidades accionadas para que sea mitigado el riesgo

ocasionado por la inestabilidad del talud donde ocurrió el

deslizamiento el 27 de abril de 2011.

Así pues, la Sala considera que las órdenes impartidas en la sentencia

de primera instancia, se encuentran dentro del marco de sus

competencias constitucionales, legales y reglamentarias, además de

darle contenido a los principios que rigen el Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres.

En efecto, respecto de un argumento de defensa similar al expuesto

por el DEPARTAMENTO, la Sala en sentencia de 1° de junio de

202052 consideró lo siguiente:

“[…] 118. El Departamento de Santander manifestó en el
recurso de apelación que el Tribunal no tuvo en cuenta las
competencias de los municipios en materia de gestión de riesgos
de desastres y que “[…] mientras las responsabilidades,
obligaciones y funciones de los Gobernadores en el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, son de Coordinación,
Concurrencia y Subsidiaridad (sic), las de los Alcaldes son de

52Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 1° de junio de 2020,
expediente núm. 68001-23-31-000-2012-00091-01.

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responsabilidad directa de la implementación de los procesos de
gestión de riesgos municipio […]” .

119. De acuerdo con lo expuesto en esta sentencia en el acápite
denominado “Marco normativo sobre las competencias de los
departamentos en la gestión del riesgo de desastres”, la
responsabilidad frente a la gestión del riesgo de desastres es de los
gobernadores y alcaldes. A pesar de que los alcaldes son los
responsables directos de la implementación de los procesos de
gestión del riesgo en su jurisdicción, los gobernadores deben
responder por la implementación de los procesos de conocimiento
y reducción del riesgo, así como el manejo de desastres.

120. En este orden de ideas, en la gestión del riesgo de
desastres en los territorios concurren las competencias de los
alcaldes y los gobernadores, las cuales deben atender los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva que impone
a los gobernadores la obligación de apoyar a los alcaldes cuando
no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización
o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda
de la entidad afectada.

121. La Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento
en lo anterior, ha considerado que los departamentos deben
participar en el cumplimiento de las órdenes judiciales dirigidas a
proteger los derechos e intereses colectivos respecto a los
desastres o riesgos de desastres. En efecto, esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 19 de julio de 2018, manifestó lo
siguiente:

[…]

123. En el caso sub examine, el Tribunal ordenó, en primer
lugar, al Municipio de Rionegro, en coordinación con el
Departamento de Santander, que: i) adelante las actuaciones de
orden administrativo, presupuestal y financiero que permitan la
consecución de los recursos necesarios para reubicar a los
habitantes de los caseríos o veredas La Ceiba, El Bambú y Espuma
Baja por encontrarse en una zona en riesgo de desastre; y ii)
realice estudios para identificar los riesgos en que se encuentran
los habitantes de la microcuenca Silgará que no estén
comprendidos en la orden anterior y lleve a cabo las construcciones
y las obras necesarias que indiquen los estudios.

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124. En segundo lugar, el a quo ordenó al Municipio de Rionegro
que: i) realice los estudios que permitan identificar los riesgos en
los que se encuentran los habitantes de la microcuenca Silgará no
comprendidos en las zonas indicadas supra y las construcciones
que se deben realizar para superarlos; y ii) ejecute las obras que
los estudios determinen como necesarias. “[…] Dichas labores
serán realizadas en coordinación con el Departamento de
Santander y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga […]” (Resaltado fuera de texto).

125. La Sala considera que estas obligaciones se encuentran en
el marco de las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias de los departamentos y no desconocen los
principios que rigen el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres. En efecto, el Municipio de Rionegro, para el
cumplimiento de la sentencia, debe acudir al Departamento de
Santander en virtud del principio de coordinación que exige la
actuación integrada de servicios de los entes territoriales respecto
a las competencias para la atención del riesgo de desastres y
garantizar los fines del Sistema Nacional.

126. Como ha quedado expuesto, los departamentos tienen
competencias específicas frente a la gestión del riesgo, cuyo
incumplimiento no puede excusarse en la responsabilidad directa
de los alcaldes en la implementación de los procesos de gestión de
riesgos.

127. Por último, la Sala precisa que la realización de actividades
por parte del Departamento de Santander para la atención del
“Fenómeno de La Niña” no releva al ente territorial del
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y
reglamentarias respecto a la atención y prevención de desastres
con posterioridad a ese suceso porque las mismas no están
sometidas a la condición de la ocurrencia de desastres, sino que la
responsabilidad de la gestión del riesgo se extiende a su
conocimiento y reducción, a la prevención de desastres, así como
a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y
acciones permanentes para contribuir a la seguridad, el bienestar
y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, en el
marco de las competencias en el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.

128. Por los motivos expuestos, no prospera el recurso de
apelación respecto al asunto estudiado en este acápite […]”.

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Finalmente, el DEPARTAMENTO cuestionó la orden impartida en el

inciso segundo del numeral octavo de la parte resolutiva de la

providencia, el cual dispone lo siguiente:

“[…] En especial el DAPARD apoyara la reubicación de las familias
en viviendas dignas, a través de la Empresa de Vivienda e
Infraestructura de Antioquia – VIVA o quien cumpla sus funciones.
[…]”.

Al respecto, la Sala estima que le asiste razón al ente territorial

cuando asevera en el recurso de apelación que VIVA no hace parte

del presente proceso y que, además, es una empresa industrial y

comercial del Estado que cuenta con personería jurídica, patrimonio

propio y autonomía administrativa, como se evidencia del Acuerdo

001 de 22 de enero de 2002.

De forma que, la orden contenida en el inciso segundo del numeral

octavo de la sentencia de primera instancia, se modificará en el

sentido de excluir a VIVA y ordenarle al DEPARTAMENTO que

apoye al MUNICIPIO en la reubicación de las familias del sector de

la loma de Los Duque, Los García y parcelación La Aldea, en el marco

de sus competencias.

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En cuanto a los argumentos de apelación de CORANTIQUIA, la Sala

advierte que, conforme se explicó en precedencia, la autoridad

ambiental desempeña un papel muy importante en la gestión del

riesgo, pues integra el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en el

que tiene la función de apoyar a las entidades territoriales de su

jurisdicción en todos los estudios necesarios para el conocimiento y

la reducción del riesgo, conforme lo prevé el artículo 31 de la Ley

1523.

De manera que, aun cuando le asiste razón al afirmar que es

responsabilidad del MUNICIPIO atender los desastres naturales en

su territorio, así como la mitigación del riesgo, lo cierto es que

CORANTIOQUIA debe apoyar a los entes territoriales de su

jurisdicción en todos los estudios necesarios para conocimiento y

reducción del riesgo, los cuales deben ser integrados a los planes de

ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento

territorial y de desarrollo, por lo que sus funciones en dicha materia

no son subsidiarias respecto de las labores de alcaldías y

gobernaciones.

Es por esto que las órdenes impartidas por parte del Tribunal a la

Corporación Ambiental se ajustan a las funciones que constitucional

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y legalmente le corresponden, pues todas están encaminadas a

desarrollar su deber de apoyar al ente territorial en las medidas

necesarias para la reducción del riesgo en que se encuentra la

comunidad objeto de la presente acción.

Adicionalmente, la Sala resalta el hecho de que CORANTIOQUIA

está en la facultad de imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio

de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las

medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de

recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las

regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados, tal y

como lo hizo en el presente caso, en el que adelantó un proceso

sancionatorio ambiental en contra del señor HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ

y DEVIMED S.A.

No obstante, el cumplimiento de este deber no la exime de la

responsabilidad que tiene en la afectación de los derechos colectivos

aquí invocados, pues pasaron varios años sin que la Corporación

adelantara gestiones tendientes a la mitigación del riesgo en el sector

del deslizamiento, pues tuvo que ocurrir un desastre para que iniciara

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o retomara los procesos sancionatorios ambientales contra los

implicados, como se logró probar en el presente caso.

Ahora bien, en cuanto al argumento esgrimido en el recurso de

apelación de que no tiene funciones relacionadas con el

ordenamiento territorial, ni con la expedición de licencias de

construcción, la Sala le recuerda a CORANTIOQUIA que conforme

lo expuesto, es su deber apoyar a los enteres territoriales en los

estudios necesarios para el conocimiento y reducción del riesgo, los

cuales deben ser tenidos en cuenta entre otros, en los planes de

ordenamiento territorial y de desarrollo, lo que significa que, aun

cuando no participa de manera directa en la elaboración de estos

documentos, si aportan a los mismos y su apoyo es fundamental para

la gestión del riesgo Municipal, de modo que, este argumento

tampoco está llamado a prosperar.

Ahora bien, en cuanto al argumento de CORANTIOQUIA de que no

expide licencias de construcción en territorio del MUNICIPIO, la

Sala precisa que el Tribunal en la sentencia apelada no le endilgó

tal deber y tampoco se refirió a este aspecto al momento de analizar

su participación en la afectación de los derechos colectivos; por el

contrario, se fundamentó en las funciones de apoyo para con las

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entidades territoriales de su jurisdicción en lo relacionado con los

estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo;

en consecuencia, resulta forzoso concluir que este argumento

tampoco está llamado a prosperar.

Finalmente, CORANTIOQUIA argumentó que no debe participar en

la reubicación de las personas que habitan el sector afectado por el

deslizamiento, aspecto frente al cual, basta decir que, revisadas las

órdenes dadas en la sentencia de primera instancia, no se observa

que se le haya impartido esta instrucción.

De las órdenes de amparo a cargo de DEVIMED S.A.

Sea lo primero advertir que, como se demostró en precedencia, aun

cuando los diferentes estudios e informes que fueron rendidos y

aportados al plenario atribuyeron como principal causa del fenómeno

de movimiento en masa la fuerte ola invernal o fenómeno de la niña

que se presentó para ese año, lo cierto es que también evidenciaron

que tanto el relleno realizado para la construcción de la autopista

Medellín – Bogotá, como las indebidas intervenciones efectuadas

para la construcción de la parcelación la Aldea y el mal manejo de

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las aguas en el talud incidieron, aunque en menor medida, en el fatal

desenlace.

Por ello, la Sala estima que el concesionario accionado también es

responsable de la afectación a los derechos colectivos de la

comunidad demandante, en el marco del contrato de concesión

núm.0275 de 23 de mayo de 1996, razón por la que debe adoptar

medidas y acciones para contrarrestar la inestabilidad de la vía, a la

altura del kilómetro 6, afectada gravemente por la ola invernal en los

años 2010 – 2011.

Así las cosas, se encuentra probado que la emergencia producto del

fenómeno de la niña de los años 2010-2011, ocasionó la inestabilidad

de taludes en algunos tramos de la autopista Medellín – Bogotá que

generaron el cierre temporal y permanente de parte de ese corredor

vial, entre esos el kilómetro 6.

Por lo anterior, el MINISTERIO DE TRANSPORTE formuló ante el

FONDO DE ADAPTACIÓN53 la postulación núm.46254 que tuvo por

53 En adelante el Fondo.
54

https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id
=2090

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objeto la atención de sitios críticos de la red vial y férrea nacional,

concesionada y no concesionada afectados por el fenómeno de la

niña 2010-2011, con el fin de obtener apoyo técnico por parte de la

ANI para superar la vulnerabilidad de estructuras causadas por el

cambio climático.

Así las cosas, una vez el FONDO estudió la mencionada postulación

estimó que el proyecto propuesto se ajustaba al cometido funcional

de la entidad y, en consecuencia, acordó junto con el MINISTERIO

DE TRANSPORTE y la ANI llevar a cabo una colaboración conjunta

para la recuperación de los sitios críticos de la autopista.

En consecuencia, el FONDO suscribió con DEVIMED S.A. el contrato

núm.018 de 2013 para la ejecución de los estudios y diseños técnicos

de detalle, fase II, del proyecto “recuperación de los sitios críticos

presentados en la autopista Medellín – Bogotá”.

Una vez realizados los estudios en comento, el FONDO y DEVIMED

S.A. suscribieron el contrato de obra núm.274 de 18 de diciembre de

2013, que tuvo por objeto la ejecución de las obras para la

recuperación de sitios críticos en la autopista Medellín – Bogotá,

actividades dentro de las cuales se encontraba la construcción de un

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túnel unidireccional en el sentido Medellín – Bogotá en calzada

sencilla, a la altura del kilómetro 6.

En el referido contrato de obra se estipuló como una de las

obligaciones específicas del contratista, recibir las obras objeto del

referido contrato para su mantenimiento y operación dentro del

contrato de concesión núm.275 de 1996, lo cual se pactó en los

siguientes términos:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. El CONTRATISTA se
compromete a ejecutar las obras para la recuperación de sitios
críticos en la Autopista Medellín – Bogotá, de conformidad con el
estudio previo de origen de este contrato, y con los
documentos que lo conforman, los cuales, prevalecen, para todos
sus efectos, sobre esta última.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El estudio previo al que hace
referencia esta cláusula, cuyo conocimiento y aceptación
ratifica el contratista con la suscripción de este contrato, se
entiende incorporado al presente documento aun cuando
este no reproduzca su contenido […]” (Negrilla de la Sala).

El estudio previo de origen a que hace referencia la cláusula

transcrita dispuso:

“[…] CAPÍTULO I – CONDICIONES GENERALES

[…]
2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

[…]

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2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
[…]
6. Recibir las obras objetos de los presentes estudios, para
su mantenimiento y operación dentro del contrato de
concesión No 75 de 1996, suscrito entre la ANI y el
CONCESIONARIO DEVIMED S.A. […]” (Resaltado de la Sala).

En virtud de lo suscrito, DEVIMED S.A. ejecutó el mencionado

contrato de obra y efectuó la entrega, a satisfacción, del túnel del

kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá, como consta en el

informe de cierre del expediente realizado por el FONDO, en los

siguientes términos:

“[…] Sitio crítico K6+000 (túnel):

La obra que se recibió consiste en la construcción de un túnel
unidireccional de 265 m, doble calzada con un ancho de 3.65m por
carril, con berma en el lado derecho de 1.00 m y de 0.30m en la
margen izquierda, con andenes de 0.75 m de ambas márgenes,
para un total de 10.10m. El túnel de sección D invertida, paredes
verticales y techo en bóveda, con un radio interno de 5.05 m tiene
un gálibo mínimo de 5.0 m.

La longitud de 265 ml está compuesto en la entrada de un túnel
falso de 33 ml con una estructura reforzada con perfiles W, atizado
metálico, concreto encofrado y concreto lanzado en bóveda.

El túnel también está compuesto por un cuerpo de 212 ml reforzado
con perno corrugado de acero 420 Mpa diámetro 25 mm con resina
(32x500mm) de 4 metros de profundidad amarrado el macizo
rocoso y dos (02) capas de concreto lanzado reforzado con micro
fibras de acero y malla electrosoldada.

Un túnel falso en la salida de 20 ml con estructura reforzada con
perfiles W, atizado metálico, concreto encofrado y concreto lanzado
en la bóveda. Se verificó la construcción de la calzada de descenso
hacía Medellín mejorando el trazado geométrico de la autopista y
alejando la vía de una falla producida por la ola invernal 2010 y
2011.

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La interventoría dejó constancia que el sitio crítico recibido el 29
de enero de 2016 cumple con las normas y especificaciones
generales de construcción y demás condiciones contractuales, de
acuerdo con los diseños, planos, carteras, programación
estipuladas para este proyecto […]”.

Conforme lo expuesto, la Sala advierte que debido a la inestabilidad

que presentaba el kilómetro 6 de la autopista Medellín – Bogotá,

acrecentada por la ola invernal de los años 2010-2011, fue necesario

que las autoridades competentes adelantaran las acciones y

gestiones pertinentes para que este importante corredor vial del País

continuara con su normal funcionamiento, para lo cual se construyó

un túnel que atraviesa el manto rocoso de la zona, en el sentido

Medellín – Bogotá y, además, el alejamiento de la vía en el sentido

Bogotá – Medellín de la falla producida por el mencionado fenómeno

climático.

De lo expuesto, la Sala concluye que, debido a la gestión adelantada

por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, la ANI y el FONDO, se

logró la normalización del kilómetro 6 de la autopista, proceso en el

que participó DEVIMED S.A., con quien se contrató la construcción

de la obra y, por tanto, adquirió la responsabilidad de su

mantenimiento y operación dentro del marco del contrato de

concesión núm.275 de 23 de mayo de 1996.

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De manera que, para determinar las acciones a ejecutar por parte

del concesionario en el presente caso, es necesario remitirse al objeto

del contrato de concesión núm.275 de 23 de mayo de 1996, el cual

estipula lo siguiente:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. EL CONCESIONARIO se obliga
a ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido por el
artículo 32, numeral 4º de la Ley 80 de 1993, los estudios, diseños
definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la
operación y el mantenimiento del proyecto “Medellín – Valle de
Rionegro y conexión a Puerto Triunfo – Caño Alegre”.

Asimismo, se advierte que, conforme lo previsto en el parágrafo

primero de la cláusula primera, el objeto del mencionado contrato

comprende: i) estudios, diseños definitivos, rehabilitación, operación

y mantenimiento de las calzadas existentes en los tramos de la

carretera; ii) estudios, diseños definitivos, construcción,

mantenimiento y operación, entre otros, de la segunda calzada

Medellín – Guarne – Santuario; iii) mantenimiento y operación; iv)

construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura para

la operación, de acuerdo con el reglamento anexo al contrato y; v)

desarrollar las obras complementarias que requiera la ANI.

Por su parte, en la cláusula sexta se estipularon como obligaciones

del concesionario, entre otras, las siguientes:

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“[…] h.- Los trabajos de conservación, reparación, mantenimiento
y reconstrucción necesarios para mantener el proyecto en los
niveles de servicio e índice de Estado del Pavimento establecidos
en la cláusula vigésima quinta del presente contrato. Esta
obligación incluye la remoción de derrumbes y deslizamientos
y posterior mantenimiento de la zona donde se presenten,
de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones […]

j. Ejecutar las obras, medidas, acciones y/o programas formulados
y establecidos en los correspondientes planes de manejo
ambiental, cumplir con los términos y obligaciones de la licencia
ambiental y realizar el seguimiento y monitoreo ambiental
del proyecto […]”. (Negrilla de la Sala)

De lo expuesto, la Sala observa que dentro de las obligaciones

adquiridas por parte de DEVIMED S.A. se encuentra no solo el

mantenimiento y operación de la autopista, sino también todos

aquellos trabajos necesarios para su conservación, reparación,

mantenimiento y reconstrucción para mantener la vía en

servicio, además de tener la obligación de realizar el seguimiento

y monitoreo ambiental del proyecto.

Los deberes en mención le permiten a la Sala concluir que, las

órdenes impartidas por el Tribunal consistentes en mantener: 1. En

forma permanente la inspección y vigilancia sobre el sector de su

influencia y adelantar todas las medidas necesarias para conservar

la estabilidad de la Autopista Medellín —Bogotá en el K. 6 y su terreno

circundante, y; 2. Un sistema de alerta temprana de la Autopista

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Medellín - Bogotá K. 6, con el fin de dar aviso efectivo a la comunidad

ladera abajo en caso de presentarse movimientos en masa en la

parte alta o media de la montaña que nos ocupa, se ajustan al marco

contractual previamente definido.

Por lo tanto, no le asiste razón al apelante cuando afirma que se le

está ordenando mantener vigilancia sobre predios que no están bajo

su objeto contractual, pues es claro que la orden se refiere a los

tramos que fueron objeto de la concesión. Igual consideración debe

hacerse en cuanto al argumento relacionado con su imposibilidad de

invertir los dineros recaudados en el desarrollo de la concesión en

actividades diferentes a las expresamente señaladas en el contrato,

pues como se señaló, ambas órdenes están enmarcadas en sus

obligaciones contractuales.

Asimismo, el concesionario argumentó que no se encontraba

demostrado en el expediente que la estabilidad de la autopista

estuviera comprometida y que por la misma se afectarían derechos

colectivos, y aseguró que el tránsito por esa vía era normal gracias a

las diferentes medidas técnicas adoptadas, incluida la construcción

del aludido túnel.

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Sobre el particular, la Sala advierte que CORANTIOQUIA efectuó

una serie de visitas al sector de los hechos para verificar las acciones

adelantadas por parte de las entidades aquí accionadas, de lo cual

evidenció que a las obras implementadas en el talud inferior de la

autopista se les estaban realizando los respectivos mantenimientos,

lo que permitía colectar y conducir las aguas de escorrentía, así como

la protección de los taludes con geomembrana, lo que minimizó los

procesos de erosión.

Adicionalmente, el MUNICIPIO desarrolló obras de estabilización

consistentes en el perfilaje del terreno y conformación de bermas y

terrazas, que permiten la evacuación de las aguas de escorrentía

hacía el alineamiento del cauce denominado como descole central.

Igualmente, es de resaltar que a la zona de agrietamiento del bosque

ya no estaban llegando las aguas superficiales provenientes del

descole central por las obras ejecutadas por DEVIMED S.A., pero sí,

las aguas de infiltración y las provenientes de la escorrentía natural

del terreno.

Sin embargo, según el dictamen pericial rendido ante el Tribunal por

parte de un geólogo de la Universidad Nacional de Colombia en el

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mes de junio de 2017, que por demás no fue objetado55, el sector sub

examine presenta gran inestabilidad pese a que el movimiento

estaba inactivo, lo que exige la adopción de medidas preventivas

para evitar la ocurrencia de perjuicios que afecten la vulneración de

los derechos colectivos, como en efecto lo ordenó el Tribunal, razón

por la que no está llamado a prosperar el argumento de DEVIMED

S.A., pues desconoce que la acción popular tiene una naturaleza

preventiva.

Por último, en cuanto a la petición de impartirle órdenes a la ANI

para que gestionara los recursos que requiere para acatar el fallo, la

Sala estima que no hay lugar a ello por cuanto dicha entidad no fue

vinculada al proceso, lo cual tampoco resultaba procedente en

atención a que, de conformidad con la cláusula sexta del contrato de

concesión núm. 275 de 1996, el concesionario tiene a su cargo el

mantenimiento de la zona donde se presentaron derrumbes y

deslizamientos, por lo que es el directamente responsable de dar

cumplimiento a lo ordenado por el a quo.

55 En la audiencia de contradicción del dictamen, celebrada ante el Tribunal el 3 de octubre

de 2018, se dejó constancia que el perito dio respuesta a cada pregunta o solicitud de
aclaración y complementación formulada por cada una de las partes, sin indicar que el
dictamen fue objetado.

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Sin embargo, lo anterior no obsta para ordenar que se le envíe copia

de la presente providencia a la ANI y, en consecuencia, exhortarla

para que, en el marco de sus competencias de vigilancia y control, y

conforme las obligaciones contenidas en el contrato de concesión

núm. 275 de 23 de mayo de 1996, en caso de que a ello hubiere

lugar, brinde el apoyo requerido por DEVIMED S.A. en el

cumplimiento de las órdenes que le fueron impartidas en el marco de

la presente acción popular.

De la responsabilidad de los señores MARTHA LUCÍA MAYA

MONSALVE y HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ

Con respecto a la participación de los propietarios de la parcelación

la Aldea, la Sala se remitirá a las conclusiones expuestas en párrafos

anteriores, según las cuales, las intervenciones practicadas a la

propiedad, de manera antitécnica y desordenada, contribuyeron al

deslizamiento ocurrido en el mes de abril de 2011.

Además, como se observa de las resoluciones 130AN—1309-14484

de 20 de septiembre de 2013 y 130AN-1405-15052 de 12 de mayo

de 2014 proferidas por CORANTIOQUIA, las cuales gozan de

presunción de legalidad por cuanto no han sido declaradas nulas o

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por lo menos no se tiene reporte en este expediente, las acciones y

omisiones evidenciadas durante la ejecución del proyecto

determinaron la existencia de afectaciones, graves, críticas y

negativas al medio ambiente y, a los recursos naturales renovables.

Sumado a lo cual, está el hecho que los estudios técnicos practicados,

así como el informe rendido por el perito geólogo ante el a quo, son

unánimes en señalar que la parcelación se encontraba en una zona

de alto riesgo de deslizamiento, el cual fue acrecentado por las

intervenciones, cortes, entre otros, que se practicaron sin la debida

previsión técnica durante la construcción de las viviendas de la

parcelación.

De modo que, contrario a lo expuesto por los accionados en el

recurso de apelación, la Sala considera que los diferentes estudios

practicados son unísonos en señalar la responsabilidad y

participación de los señores VÉLEZ VÉLEZ y MAYA MONSALVE, en

la inestabilidad del talud que desencadenó en el deslizamiento del 27

de abril de 2011.

Ahora bien, les asiste razón cuando afirman que la única causa no

fueron las intervenciones realizadas en la parcelación la Aldea y que

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las características geológicas y geomorfológicas del terreno, así como

las acciones de otras personas, y la ola invernal, también

contribuyeron en la situación, no obstante, esto no los exime de la

responsabilidad que sus actos les acarrean y que están plenamente

probados en el plenario.

Por otro lado, en cuanto al argumento que las medidas adoptadas

por las autoridades competentes resultaron tardías, la Sala estima

necesario recordarle a los señores MAYA MONSALVE y VÉLEZ

VÉLEZ que para efectos de determinar su participación en la

afectación aquí debatida, no es necesario remitirse a las acciones

adelantadas por las demás partes, pues como está probado, su

actuar contribuyó de manera eficiente en la concreción del peligro y,

por lo tanto, en la vulneración de los derechos colectivos, razón por

la que deberán adelantar las acciones necesarias para que esta cese.

Además, está probado que el MUNICIPIO evacuó de manera

preventiva a los habitantes del sector, lo que permitió que no se

presentara pérdida de vidas humanas y, además, que DEVIMED

S.A. también adelantó gestiones para garantizar la estabilidad de la

autopista, y aun así están llamadas a responder por la afectación de

los derechos colectivos, como se expuso en los párrafos precedentes.

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En consecuencia, en atención a que los particulares en mención

fueron corresponsables de la problemática que dio origen a la

presente acción, de acuerdo con la jurisprudencia de esta

Corporación56, resulta procedente que se le ordene concurrir con las

entidades accionadas para que adopten las acciones que permitan

hacer cesar la vulneración, a efectos de dar aplicación a los deberes

de precaución, solidaridad y autoprotección.

Al respecto, la Sección en providencia de 18 de febrero de 202157,

consideró lo siguiente:

“[…] Esta Sección ha considerado que cuando se demuestre que los
ciudadanos han participado en los hechos generadores de la vulneración
de los derechos colectivos es procedente que el juez popular les ordene
concurrir con las entidades del Estado a adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración, en aras de hacer
efectivos los deberes de precaución, solidaridad y autoprotección58.

Al respecto esta Sección ha dicho59:

“[…] Específicamente, en materia de prevención de desastres, resulta
relevante traer a colación el artículo 2 de la Ley 1523, que establece que
la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de
los habitantes del territorio colombiano, imponiendo obligaciones,
deberes y responsabilidades comunes con el propósito de alcanzar los
objetivos propuestos.

56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del

18 de febrero de 2021. M.P: Oswaldo Giraldo López. Radicado: 66 001 23 33 000 2015
00292 01.
57 Ob. Cit.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 1

de marzo de 2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente con número único de radicación
19001333100520110029401.
59 Ibidem.

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En esos términos, se establece el principio de corresponsabilidad el
cual implica que los demandantes concernidos deban concurrir con
acciones conducentes a la eficaz gestión del riesgo.

En efecto, la norma precitada dispone que “[…] En cumplimiento de esta
responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres […]”.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal
como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las
autoridades […]”

Corolario de lo expuesto es que no sea dable al juez constitucional
exonerar a los ciudadanos y a las comunidades de la corresponsabilidad
que les sea exigible en la gestión de sus propios asuntos, ni relevarlos de
la obligación de asumir las consecuencias que se derivan de sus propios
actos […]” (Destacado en la providencia) […]”.

Ahora bien, la Sala no puede ser ajena a la realidad en que se

encuentran los señores MAYA MONSALVE y VÉLEZ VÉLEZ, pues

debido a que la zona donde está ubicado su predio es inestable y no

es posible que ninguna persona se asiente allí, forzoso es concluir

que no podrán seguir haciendo uso del derecho de propiedad que

ostentan, razón por la decisión del Tribunal de ordenarles participar

a cada uno de los accionados, en un porcentaje del 2.5%, en las

medidas que le competen al ente territorial, resulta

desproporcionada respecto de las condiciones actuales de los

particulares, razón por la que, en su lugar, se les exhortará para que

cooperen con las autoridades aquí accionadas en los trámites y

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gestiones que se requieran con miras a dar cumplimiento al presente

fallo, sin perjuicio de las acciones administrativas y policivas a que

haya lugar.

Finalmente, la Sala advierte que el a quo en la sentencia apelada en

relación con el comité de verificación adujo que estaría conformado

por el Procurador Ambiental y Agrario, el actor popular o un

representante de los actores populares, los señores HÉCTOR VÉLEZ

VÉLEZ y MARTHA LUCIA MAYA MONSALVE o quien los represente

y, por un representante de cada una de las siguientes entidades:

MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD-,

CORANTIOQUIA, AMVA y DEVIMED S.A.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472, el

comité de verificación de la sentencia también debe estar

conformado por el Juez, quien lo presidirá. En consecuencia, debido

a que el Tribunal no está incluido en el mismo, se modificará el

numeral décimo de la parte resolutiva de la misma, en el sentido de

ordenar su inclusión.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales sexto, octavo y décimo de la

sentencia de 18 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán así:

SEXTO: EXHORTAR los señores HÉCTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA
LUCIA MAYA MONSALVE para que cooperen a las autoridades aquí
accionadas en los trámites y gestiones que se requieran con miras a
dar cumplimiento al presente fallo, sin perjuicio de las acciones
administrativas y policivas a que haya lugar.

OCTAVO: El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD, el ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, y CORANTIOQUIA,
cofinanciarán al MUNICIPIO DE COPACABANA en un 15% cada
uno, para la adopción de todas Las medidas que deba implementar a
fin de mitigar el riego.

En especial el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAPARD apoyará
la reubicación de las familias en viviendas dignas, en el marco de sus
competencias.

[…]

DÉCIMO. Se CONFORMA un Comité de Verificación para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente
sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el
cual estará integrado por el Tribunal de primera instancia a través de
su magistrado ponente, quien lo presidirá, el Procurador Ambiental y
Agrario e integrado además por: el actor popular, señor IGNACIO
BERRIO ACEVEDO o un representante de los actores populares, por
los demandados: señores HECTOR VÉLEZ VÉLEZ y MARTHA LUCIA
MAYA MONSALVE o quien los representante y por un representante
de cada una de las siguientes entidades: MUNICIPIO DE

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COPACABANA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -DAPARD-,
CORANTIOQUIA, ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA y DEVIMED S.A.

Dicho comité presentará informes, cada seis (6) meses a la Magistrada
Ponente, durante los dos años siguientes a que adquiera firmeza esta
decisión […]”.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de

la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: COMUNICAR la presente providencia a la AGENCIA

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, a la que se le

EXHORTA para que, en el marco de sus competencias de vigilancia

y control, y conforme las obligaciones contenidas en el contrato de

concesión núm. 275 de 23 de mayo de 1996, en caso de que a ello

hubiere lugar, brinde el apoyo requerido por DEVIMED S.A. en el

cumplimiento de las órdenes que le fueron impartidas en el marco de

la presente acción popular.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

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SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de junio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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