Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-00914-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-00914-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2017-00914-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
31 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 680012333000201700914-01
Actor: Félix de la Paz Rojas Peña
Demandados: Municipio de Bucaramanga y Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga1
Vinculada: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP2
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Municipio
de Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga contra la sentencia de 2 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Félix de la Paz Rojas Peña presentó demanda3 contra el Municipio
de Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de
1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2.
2 Vinculada mediante auto proferido el 22 de febrero de 2021. Cfr. índice 35 del sistema de gestión judicial,
SAMAI. NUR: 680012333000201700914-00. Archivo denominado:
13_ED_EXPEDIENTE_LINKDEEXPEDIENTED(.pdf) NroActua 35.
3 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
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obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad públicas; y iii) a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se declare responsable al Municipio de Bucaramanga por la
inoperancia de la Administración en el cumplimiento de sus deberes constitucionales
y legales.
SEGUNDA: Que en virtud de lo anterior, que se ordene la (sic) construcción de un
muro de contención, localizado en barrio áfrica, calle 69 # 10-34 de Bucaramanga,
el cual va hasta la autopista que el cual (sic) tiene una extensión aproximada de 100
metros de ancho […]”4.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Manifestó que en el barrio África, ubicado en el Municipio de Bucaramanga,
se construyó un gavión de 100 metros de ancho con la intención de estabilizar el
terreno ubicado en la calle 69 # 10-34 hasta la autopista de Bucaramanga que
conduce al Municipio de Girón. Dicha obra se ha ido deteriorando a causa de
deslizamientos generados por varios factores como lluvias, daños en la cañería y
sistemas hídricos.
3.2. Adujo que la circunstancia mencionada pone en peligro la vida de 40 familias
aproximadamente y que radicó una petición el 27 de abril de 2015, ante la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
solicitando la revisión del terreno y la realización de un muro de contención para
evitar una tragedia.
3.3. Agregó que el 12 de mayo de 2015 recibió respuesta de la autoridad
ambiental en la cual se señaló que, al realizar visita ocular el 5 de mayo de 2015,
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 7.
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se evidenció que el barrio África está ubicado en un asentamiento precario con
grado de vulnerabilidad social alta y problemáticas de carácter geotécnico de gran
magnitud como agrietamientos cosísmicos en la superficie del suelo, deslizamiento
de tierra y avance en las cárcavas de erosión.
3.4. Indicó que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga determinó que el sector sería incluido en los listados de sitios
críticos para gestionar recursos de índole local y nacional debido a que aun no era
posible ejecutar las actividades de mitigación del daño en razón a la disponibilidad
presupuestal, teniendo en cuenta que el rol de la autoridad ambiental es
complementario y subsidiario respecto a la labor de las entidades de orden
municipal.
3.5. Manifestó que, el 6 de septiembre de 2016, la Secretaría de Planeación del
Municipio le informó que se encontraba recepcionando todas las solicitudes con las
cuales haría una programación para atender a los sectores que se encuentren con
necesidades y, una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal, se procedería
a realizar los estudios correspondientes.
3.6. Adujo que la autoridad ambiental dio respuesta el 11 de octubre de 2016,
sobre la visita realizada el 22 de septiembre de 2016, manifestando que la zona
cuenta con los problemas geotécnicos mencionados con anterioridad.
3.7. Adicionó que para mitigar las amenazas geotécnicas recomienda realizar
estudios de suelo, mantenimiento de la estructura en concreto lanzado, instalación
de un sistema de drenaje de aguas que se filtran en el talud, mantenimiento de la
estructura que conduce las aguas lluvias y limpieza del material de desecho
presente en el sistema de conducción de aguas y el muro del gavión.
3.8. Indicó que la autoridad ambiental se ha limitado a expedir informes de visitas
técnicas respecto a la problemática presentada, los cuales han sido puestos en
conocimiento del Municipio; sin embargo, no han gestionado ni promovido ningún
proyecto relacionado.
3.9. Señaló que la falta de recursos no es óbice para garantizar los derechos e
intereses colectivos. Asimismo, que las autoridades tienen el deber de priorizar,
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proteger y salvaguardar tales derechos vulnerados por la falta de intervención del
Estado.
Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Bucaramanga5 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos6:
4.1. Manifestó que no es el encargado de realizar el mantenimiento del gavión
debido a que no fue quien lo construyó; sin embargo, afirmó que sí es necesario
realizar actividades de mantenimiento como señaló el informe técnico expedido por
una ingeniera civil de la Secretaría de Infraestructura del Municipio.
4.2. Indicó que no se encuentra probada la vulneración de los derechos e
intereses colectivos, ni que dicha responsabilidad está a cargo de la entidad de
orden territorial, tal como explicó el informe técnico con registro fotográfico,
expedido por el Municipio.
4.3. Señaló que a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga le corresponde adelantar programas de adecuación de
áreas urbanas en zonas de alto riesgo y la zona del gavión se tiene como propiedad
de la autoridad ambiental; por lo tanto, le corresponde a aquella realizar el
mantenimiento pertinente en donde podrá hacer uso de los recursos recaudados de
la tasa ambiental.
4.4. Solicitó que se vincule a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander
para que la misma determine si hay inconvenientes relacionados con el
alcantarillado que puedan ser origen de humedad en el talud.
4.5. Propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación en la
causa por pasiva” e “improcedencia de la acción popular”.
5 Por intermedio de apoderado.
6 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 149-155.
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5. Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con
fundamento en los siguientes argumentos8:
5.1. Manifestó que no le compete determinar el uso del suelo, el cual es
reglamentado por el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio; además, que el
talud se encuentra en un lugar no apto para la construcción de viviendas debido al
tipo de suelo.
5.2. Indicó que el accionante no cumplió con la carga probatoria y no demostró
daños en las cañerías y sistemas hídricos, dichas circunstancias tampoco se
encuentran dentro de las competencias asignadas a la entidad.
5.3. Señaló que no es responsable de la vulneración o afectación de los derechos
e intereses colectivos; por lo tanto, no es sujeto pasivo en la presente acción
popular.
5.4. Presentó la excepción denominada “ilegitimidad de la acción por pasiva”.
6. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP9 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos10:
6.1. Manifestó que desde el año 2006 se empezaron a gestionar los trámites para
separar la empresa prestadora del servicio de alcantarillado de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga debido a que
debían diferenciarse las competencias de cada una.
6.2. Indicó que la problemática refiere a asuntos que son competencia del
Municipio de Bucaramanga, sobre todo por la falta de control de las actividades
antrópicas del sector, la proliferación de asentamientos que terminan siendo
7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 117-123.
9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 35 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
13_ED_EXPEDIENTE_LINKDEEXPEDIENTED(.pdf) NroActua 35.
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legalizados como barrios y la falta de un adecuado mantenimiento de las estructuras
de estabilización.
6.3. Señaló que los inconvenientes del talud han sucedido como consecuencia de
fenómenos naturales y condiciones geomorfológicas del terreno, no a causa de
inconvenientes con el sistema público de alcantarillado.
6.4. Agregó que la zona objeto de este proceso está fuera del perímetro sanitario
de la empresa prestadora debido a que por la zona de la escarpa no pasa ningún
sistema de alcantarillado correspondiente a dicha sociedad.
6.5. Indicó que no tiene competencia para reforzar obras de infraestructura en
asentamientos de los Municipios, ni prevenir posibles daños por la actividad de
construcciones no planificadas sobre laderas de la meseta. Asimismo, que no posee
ningún sistema de alcantarillado que afecte el talud y corresponde a la autoridad
municipal, junto con las demás entidades encargadas de prevenir el riesgo, dar
solución a la erosión y la estabilización del talud.
6.6. Manifestó que la escarpa ha sido intervenida hace varios años por la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
6.7. Presentó la excepción denominada “falta de responsabilidad de Empas S.A.,
en la supuesta vulneración de los derechos colectivos invocados / la competencia
pertenece al Municipio de Bucaramanga”.
Audiencia de pacto de cumplimiento
7. El Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el 28 de junio de 202311, sin que existiera acuerdo, por lo cual declaró
fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 2 de febrero
de 2024, resolvió:
11 Cfr. índice 58 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
51_ACTADEAUDIENCIAPUBLICA_20170091400(.pdf) NroActua 58.
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“[…] PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de Falta de legitimación en la
causa por pasiva de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
SANTANDER ‘EMPAS’.
SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de Falta de legitimación en la
causa por pasiva MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la CORPORACI[Ó]N
AUT[Ó]NOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA ‘CDMB’[.]
TERCERO. DECLARAR que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la
CORPORACI[Ó]N AUT[Ó]NOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA ‘CDMB’ vulneran los derechos colectivos al Goce de un
Ambiente Sano, Derecho a la Seguridad y Salubridad Pública, Derecho a la Seguridad
y Prevención de Desastres Previsibles Técnicamente de manera eficiente y oportuna.
CUARTO. ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la CORPORACI[Ó]N
AUT[Ó]NOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA ‘CDMB’:
i) Dentro de los Seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión en forma
eficiente, y sin dilación, adelantar las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias para los estudios técnicos y de factibilidad, a fin de lograr la mitigación del
riesgo presentado en el talud ubicado en la Calle 69 No. 10-34 Barrio África de la
ciudad de Bucaramanga, talud que va hasta la autopista que de Bucaramanga
conduce al municipio de Girón, que permita una adecuada captación de aguas lluvias.
Dentro de dicho término, los entes territoriales deben realizar en forma prioritaria las
apropiaciones presupuestales que requiere, y en caso de ser necesario, acudir a la
financiación a través del Departamento de Santander y/o la Nación, y, además,
deberá acreditar la adjudicación del contrato.
ii) Vencido el anterior plazo, los entes territoriales contaran un nuevo plazo que no
podrá superar los Doce (12) meses para la ejecución de las obras respectivas en el
talud aludido.
QUINTO: CONFORMAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de la sentencia que estará
integrado por los actores, el alcalde del Municipio de Bucaramanga, el Personero o
Personera Municipal, y un representante de la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, quienes realizarán control a la ejecución
de la obra y en forma conjunta rendirán un informe a este Tribunal en relación con el
estricto cumplimiento de esta orden.
SEXTO: CONDENAR EN COSTAS al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y la
CORPORACI[Ó]N AUT[Ó]NOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA ‘CDMB’: a favor de la parte actora, conforme a lo expuesto en
la parte motiva.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta decisión ARCHIVAR el expediente con las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI […]”12.
12 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
8ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2. Páginas 17-18.
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Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] Entra la Sala a determinar si el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, la EMPRESA
P[Ú]BLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER ‘EMPAS’, y LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA ‘CDMB’ con sus acciones u omisiones vulneran los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, con ocasión de la problemática endilgada al
talud construido en el barrio África del [M]unicipio de Bucaramanga en el sector
ubicado en la calle 69 No. 10-34 […]”13.
10. El Tribunal adujo que la Corporación Autónoma Regional para Defensa de la
Meseta de Bucaramanga señaló, mediante concepto técnico, que en el sector objeto
de este proceso se presentan problemas geotécnicos debido a vertimiento de aguas
lluvias, daños en la cañería y sistemas hídricos, habiéndose deteriorado el gavión o
talud, poniendo en peligro a la comunidad. Incluso, manifestó una serie de
recomendaciones para mitigar las posibilidades de afectación.
11. En ese sentido, indicó que se encuentra probado que el barrio África presenta
una problemática frente al deterioro del talud por las aguas lluvias o daños en las
cañerías, lo cual pone en peligro a la comunidad y requiere una intervención
urgente.
12. Agregó que no resulta cierto que la construcción de las viviendas ubicadas
en la calle 69 con carrera 10 son la causa del deterioro del talud y del gavión,
resaltando que la autoridad ambiental evidenció problemas en los suelos y
deficiencias por las inclemencias del tiempo, lo cual acredita la necesidad de una
intervención urgente por parte del Municipio de Bucaramanga.
13. El Tribunal señaló que desde el año 2015 existen informes técnicos de la
Corporación Autónoma Regional para Defensa de la Meseta de Bucaramanga que
destacan la urgencia de intervenir en dicho sector para evitar una posible catástrofe
o calamidad.
13 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
8ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2. Página 6.
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14. Aseveró que las pruebas demuestran que es muy probable un colapso del
sistema del talud por la problemática ambiental de la captación de aguas lluvias,
hecho que amerita una intervención urgente.
15. El Tribunal precisó que la prestación de los servicios públicos relacionados
con el saneamiento ambiental es una función principalísima a cargo del Municipio
de Bucaramanga, el cual tiene a su cargo competencias de apoyo financiero y
coordinación. Asimismo, que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Santander tiene carácter complementario y no tiene responsabilidad directa en la
presente problemática.
16. Adujo que las dos entidades vinculadas cuentan con legitimación de hecho
más no material debido a que su actuar ha procedido conforme a las competencias
que la ley les asigna; por lo tanto, no impartió órdenes dirigidas a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Santander.
17. Condenó en costas a las entidades accionadas señalando que, de
conformidad con el artículo 365 de la Ley 1564, es procede para el presente caso.
Recursos de apelación
18. El Municipio de Bucaramanga14 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
18.1. Señaló que se encuentra probado que la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga es la entidad responsable de
ejecutar el proyecto donde presuntamente se ve afectada la comunidad, sobre todo
teniendo en cuenta la existencia de un contrato de obra para la construcción del
gavión referido, respecto al cual se podría solicitar la afectación de las pólizas que
se hayan suscrito en su momento.
18.2. Indicó que no se debe condenar en costas al Municipio teniendo en cuenta
que existe una condena parcialmente desfavorable, es decir, las pretensiones del
14 Cfr. índice 81 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 680012333000201700914-00. Archivo
denominado: 63_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 81.
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accionante no se concedieron en su totalidad. Además, que las intenciones del
accionante no son la protección de los derechos e intereses colectivos sino la
obtención de un beneficio económico con las costas procesales.
18.3. Advirtió que se incumplió el deber de la carga de la prueba que estaba a
cargo del accionante teniendo en cuenta que no probó la vulneración de los
derechos e intereses colectivos, sobre todo cuando el Municipio hace inventario de
los predios de su propiedad para verificar su estado y la necesidad de una posible
intervención, no hay prueba técnica que demuestre los riesgos o la afectación a los
ciudadanos.
18.4. Además, señaló que la controversia versa sobre hechos superados teniendo
en cuenta que pretenden la construcción de un muro de contención que ya existe y,
en caso de ser necesaria su intervención por evidenciar peligro en su estructura,
deberá ser costeado por quien lo construyó, que en este caso fue la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
18.5. Adujo que ha venido desplegando acciones de prevención en el
mantenimiento y sostenibilidad del parque lineal desde antes del inicio de esta
acción popular y, aun así, “[…] dará cumplimiento parcialmente a la sentencia
emitida por su despacho con el fin de ser garante y defender los derechos
presuntamente vulnerados a la parte accionante, pero cabe aclarar que existe una
evidente FALTA DE LEGITIMACI[Ó]N EN LA CAUSA pasiva por falta de
competencias de nuestra parte, frente a las pretensiones esgrimidas por el actor
popular en escrito de demanda […]”.
18.6. Manifestó que hubo violación al debido proceso al no resolver las
excepciones de fondo y aquella denominada falta de legitimación en la causa por
pasiva del Municipio.
19. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga15 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:
15 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 3ED_Apelacion(.pdf) NroActua 2.
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19.1. Solicitó que se declare, a nombre de la autoridad ambiental, la excepción
de falta de legitimación material en la causa por pasiva.
19.2. Adujo que el Tribunal no realiza un análisis crítico de las pruebas
recaudadas y practicadas, teniendo en cuenta que únicamente se tuvo como
evidencia lo aportado de forma documental como el Concepto Técnico de 22 de
septiembre de 2016; sin embargo, no se estudiaron otros elementos
circunstanciales como el origen de la construcción del talud -el cual es la principal
amenaza-, la legalidad del barrio África o la falta de un informe de redes de
alcantarillado.
19.3. Advirtió que no hubo prueba concreta que permitiera establecer la causa
del deslizamiento por factores como lluvias, ni que hubiera daños en la cañería o
los sistemas hídricos. Se omitió recabar sobre lo mencionado por la forma en que
se planteó el problema jurídico, además, no se realizó un análisis claro de la
responsabilidad de las entidades debido a que el informe, con fecha de hace más
de 7 años, presentado por la autoridad ambiental fue lo único evaluado. Además,
en dicho informe no se concluye que la responsabilidad sea de la autoridad
ambiental, sino que son las consecuencias del acrecimiento demográfico del
Municipio de Bucaramanga y su falta de control sobre los asentamientos humanos.
19.4. Indicó que, desde que tuvo conocimiento de la situación, actuó de
conformidad con sus competencias que, en materia de gestión del riesgo, son
orientar, acompañar e impulsar acciones que permitan poner en marcha los
principios generales ambientales; sin embargo, no tiene a su cargo adelantar obras
de mitigación del riesgo ni realizar lo ordenado en la sentencia proferida en primera
instancia.
19.5. Señaló que no se probó con qué acción u omisión la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga vulneró los derechos e
intereses colectivos incoados en el presente proceso, en ese sentido, la conclusión
fue una suposición sin cimiento normativo ni estudio de la diligencia en la conducta
de la entidad estatal.
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19.6. Indicó que el Tribunal dio indebida aplicación al principio de concurrencia,
contenido en la Ley 1523 de 24 de abril de 201216, definido como “[…] la unión de
esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas […]”, agregando que “[…] [l]a acción concurrente puede darse en
beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades
involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y
procedimientos para alcanzarlas […]”. En ese sentido, en la sentencia apelada no
se analizó que la autoridad ambiental no cuenta con la facultad de prestar servicios
públicos y utilizó normas que no tenían aplicación en el caso concreto.
Actuaciones en segunda instancia
20. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander profirió
auto de 5 de septiembre de 202417 mediante el cual se rechazó por improcedente
el recurso de reposición y se concedieron los recursos de apelación, en efecto
suspensivo, interpuestos por el Municipio de Bucaramanga y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga contra la
sentencia proferida, en primera instancia.
21. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 20 de
septiembre de 202418 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación presentados por el Municipio de Bucaramanga y por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB contra
la sentencia de 2 de febrero de 2024 proferida, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Santander.
22. Posteriormente, el Despacho sustanciador profirió auto de 3 de octubre de
202419 mediante el cual admitió los recursos de apelación mencionados supra.
16 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
17 Cfr. índice 83 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: RESUELVE RECURSO DE
REPOSICIÓN CONCEDE APELACIÓN(.pdf) NroActua 83.
18 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
10Autoqueadecua_APa201791401FelixlaP(.pdf) NroActua 4.
19 Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
16Autoqueadmite_APa201791401FelixlaP(.pdf) NroActua 10.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
el derecho e interés colectivo a la seguridad y la salubridad públicas; vi) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; vii) el marco
normativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; y viii) el
análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
24. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201920, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15021 de
la Ley 1437 de 18 de enero de 201122, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presentan contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
25. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
26. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Municipio de Bucaramanga y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia de 2 de febrero de 2024 proferida por
20 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
21 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
22 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con los artículos 32023 y
32824 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201225, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
27. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
27.1. Si se encuentra probada o no la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos: i) a la seguridad y salubridad públicas y iii) a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; en relación con el gavión
ubicado en la calle 69 # 10 – 34 del Municipio de Bucaramanga, en la vía que
conduce hacia el Municipio de Girón.
27.2. Si el Municipio de Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga son o no competentes para cumplir las
órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, orientadas a
adelantar los trámites pertinentes para realizar estudios técnicos y de factibilidad de
proyectos que permitan la mitigación del riesgo presentado en el talud mencionado
y, con posterioridad, proceder a la construcción de las obras allí recomendadas.
27.3. Si es procedente o no condenar en costas a las entidades accionadas
teniendo en cuenta que en la sentencia no se acogieron todas las pretensiones
expuestas por la parte actora.
28. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 2 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, en primera instancia.
23 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
24 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
29. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
30. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
31. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
32. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte accionada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
33. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”26.
34. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
35. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
36. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01 (AP).
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Núm. único de radicación: 680012333000201700914-01
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
37. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia27, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
38. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]28”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas
La seguridad pública
39. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
27 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 250002327000200190479-01(AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 130012333000201700987-01 (AP). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 15
de mayo de 2014, radicado número 250002324000201000609-01(AP).
28 Ibidem.
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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
40. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional29 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: i) es un valor constitucional, ii) es
un derecho colectivo, y iii) es un derecho fundamental.
41. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
42. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado30[…]”.
La salubridad pública
43. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200131, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200732 y 6.°, numeral 4.º, de la Ley 1801 de 29 de julio de 201633 , relativos
a la salud pública.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de
2007, núm. de radicación: 540012331000200400385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007,
núm. de radicación: 730012331000200301236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, núm. de radicación:
190012331000200500988-01(AP).
31 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
32 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”.
33 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
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44. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
45. Asimismo, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. En esa línea, toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad.
46. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.
47. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
48. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.
49. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.
50. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
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realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
51. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801, la salud
pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que
le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes
connotaciones34.
52. Vista la Ley 9 de 24 de enero de 197935, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación,
trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.
53. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201736, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.
54. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ‘salud
pública’ y ‘salubridad pública’ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”37.
34 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
35 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
36 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
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55. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:
“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”38.
56. Asimismo, esta Sección ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”39.
57. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 680012331
000201200485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”40. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
58. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política41 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
59. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las
trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.
60. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.
61. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala42 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva, con miras a garantizar la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En
tal sentido ha señalado lo siguiente:
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,
radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 680012333000201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
41 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número:
130012331000201100315-01(AP). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Núm. único de radicación: 680012333000201700914-01
“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
62. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.
Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
63. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201143, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
64. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de la
Ley 152344– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
43 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y
estructura”.
44 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante
la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
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y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y acciones,
entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, para
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.
65. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional.
66. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres
se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”.
67. El artículo 5.° de la ley en cita establece que el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.
68. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.
Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.
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privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales,
ambientales, culturales y participativas–.
69. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores
del Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.
70. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.
71. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.
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Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.
Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de gestión del riesgo de desastres
72. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.
73. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
74. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 2011 45 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.
75. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
45 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
[…]”.
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establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.
76. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.
2. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
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Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.
3. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.
77. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
78. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199446
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
46“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.
79. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.
Marco normativo sobre las competencias de los municipios en la gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres
80. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y, como conductores del desarrollo local, son responsables directos de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el área de su
jurisdicción, incluyendo su conocimiento y la reducción y el manejo de desastres.
Además, los alcaldes “[…] deberán integrar en la planificación del desarrollo local,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]”.
81. En relación con la función pública del ordenamiento del territorio municipal y
los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión del riesgo, de
conformidad con los artículos 8.°47, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, estos
planes se componen de: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo
no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario de las
zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
47 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021.
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determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de
“[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v)
“[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…]
[l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y
vii) los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.
82. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”.
83. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro
y sostenible derivadas de la gestión del riesgo […]” así como los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas
que deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino
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también prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.
84. Según lo dispuesto en el artículo 5648 de la Ley 9.º de 11 de enero de 198949,
los alcaldes tienen la obligación de “levantar y mantener actualizado” un inventario
de las zonas que presenten “altos riesgos” para la localización de asentamientos
humanos por ser inundables o por estar sujetos a derrumbes o deslizamientos, o
que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Además,
deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o desarrollar las
operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en
dichas zonas.
85. A su vez, el artículo 3.° de la Ley 136 modificado por el artículo 6.° de la Ley
1551 de 6 de julio de 201250, en su numeral 9.°, establece como función de los
municipios: “[…] formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial,
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales […]”.
86. En concordancia con lo anterior, el literal d) del artículo 10.°51 de la Ley 388
de 18 de julio de 199752 ordena que los municipios, en la elaboración y adopción
de sus planes de ordenamiento territorial, tengan en cuenta las políticas, directrices
y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento
y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
87. De conformidad con los artículos 8.°, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388,
sobre acción urbanística, planes de ordenamiento territorial, contenido del
componente general de los planes de ordenamiento, componentes urbano y rural
del plan de ordenamiento, normas urbanísticas y planes básicos de ordenamiento,
estos planes deben contener, en materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del
territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana y dentro de ellas los suelos
48 Primer inciso modificado por el artículo 5.° de la Ley 2 de 1991.
49 "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes
y se dictan otras disposiciones".
50 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
51 Modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023.
52 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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de protección, en especial, por riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos; ii) el inventario de las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por
condiciones de insalubridad; iii) la determinación sobre “[…] las zonas no
urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones
insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con
fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v) “[…] mecanismos para la
reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para
la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su
transformación para evitar su nueva ocupación […]”; vi) “[…] [l]a localización de
terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la reubicación de
asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y vii) los
instrumentos y mecanismos de gestión necesario para la reubicación de la
población en alto riesgo.
88. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 y de la Resolución 448 de 17 de julio de 201453,
la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras
entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de
alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo
rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos
de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.
89. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
53 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “[p]or la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.
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Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”; cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención,
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección
financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que
incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de
manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47,
el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de
manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales
de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.
90. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.
91. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán
[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres […]”.
92. De esta manera, se resalta que, si bien el principal responsable de la
gestión del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal,
en cabeza del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de
la normativa anteriormente indicada y adicionalmente de las Leyes 388, 810 y 1801
de 29 de julio de 201654, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad
de asumir la respectiva competencia, podrá solicitar la concurrencia –en el marco del
principio de tal denominación– del departamento y de la Nación, con el objeto de
garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres.
54 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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93. Finalmente, es importante resaltar que, para el desarrollo de proyectos de
reasentamiento de población ubicada en sectores de alto riesgo, es necesario
determinar si se trata zona urbana o rural con el objeto de establecer las
competencias del sector Nación, en la medida en que, por un lado, tratándose del
reasentamiento de población ubicada en sectores de alto riesgo en área urbana, el
apoyo debe ser orientado a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
el Fondo Nacional de Vivienda; y, por el otro, tratándose del reasentamiento de
población ubicada en sectores de alto riesgo en zona rural, la competencia se
puede encontrar en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según se cumplan o no algunos
supuestos.
94. Sea lo primero señalar que la Ley 1537 de 20 de junio de 2012 55 estableció
las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los
proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés
Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del
desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación
de vivienda.
95. El artículo 12 de la Ley 1537, modificado por el artículo 356 de la Ley 2172,
sobre subsidio en especie para población vulnerable, estableció que “[…] las
viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados
a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como
los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales
incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de
priorización y focalización que establezca el Gobierno nacional a través del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social […]”.
96. Dicha norma agregó como elemento relevante que, sin perjuicio de lo
anterior, la asignación de las viviendas a las que hace referencia beneficiará en
55 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y
se dictan otras disposiciones.
56 Modificado por el artículo 3 de la Ley 2172 de 2021.
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forma preferente a la población que, entre otras: i) “[…] haya sido afectada por
desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o […]”; ii) “[…] se
encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable […]”. Además, respecto
de este supuesto, dispuso dar prioridad “[…] a las mujeres y hombres cabeza de
hogar, a las mujeres y hombres que tengan y certifiquen tener a su cargo personas
con discapacidad, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y
mujeres víctimas de violencia de género extrema que requieran o hayan requerido
medidas de protección y atención para habitación de acuerdo con la Ley 1257 de
2008 o la que haga sus veces y decretos reglamentarios […]”.
97. En relación con la transferencia, entrega y legalización de las viviendas, el
artículo 10 de la Ley 1537 establece que “[…] [c]orresponde al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo que se refiere al sector urbano, y al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que se refiere al sector rural, definir las
condiciones para la transferencia y/o entrega y/o legalización del subsidio en
especie a los hogares beneficiarios, una vez culminados los proyectos de Vivienda
de Interés Prioritario […]”.
98. Asimismo, el artículo 5.° de esa misma normativa, sobre distribución de
recursos para proyectos de vivienda de interés prioritario, estableció que “[…] [e]l
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio definirá mediante resolución, los criterios
de distribución de los recursos del presupuesto general de la Nación asignados al
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para
que este los aplique […]”.
99. Ahora bien, en materia de vivienda rural, el Decreto Ley 890 de 28 de mayo
de 201757 estableció que el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de
Vivienda Social Rural sería formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y que este contendría, entre otros aspectos, la aplicación de soluciones de
vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las
comunidades, con enfoque diferencial, estableciendo, además, que el acceso a
estas soluciones será equitativo para hombres y mujeres.
57 “[…] Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento
de Vivienda Social Rural […]”.
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100. A su turno, en el artículo 4.° del precitado Decreto Ley, sobre otorgamiento
de subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario rural, se estableció
que “[…] [l]os subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritario rural se
podrán otorgar en especie a los hogares que se encuentren en situación de
vulnerabilidad según el punto de corte del sistema de identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales, Sisbén definido por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural; y de forma preferente a los hogares que […] hayan sido
afectados por desastres naturales, calamidad pública o emergencias […]”.
101. Sobre la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda de interés social
rural y prioritario rural, el artículo 8.° de dicha normativa señaló que “[…] [e]l
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgará los subsidios familiares de
vivienda de interés social rural y prioritario rural de que trata la Ley 3ª de 1991 y los
que se otorguen con ocasión de la implementación del Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural para las soluciones de
vivienda ubicadas en zona rural, de conformidad con lo establecido en los planes
de ordenamiento territorial […]”; y, por el otro, en el artículo 9.°, sobre
administración y ejecución de los subsidios de interés social rural y prioritario rural,
que el “[…] subsidio familiar de vivienda de interés social rural y prioritario rural será
administrado y ejecutado por la entidad o entidades operadoras que seleccione
para tal fin el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en observancia de la
normativa legal vigente […]”.
102. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que el artículo 255 de la
Ley 1955 de 25 de mayo de 201958, adicionado por el artículo 300 de la Ley 2294
de 19 de mayo de 202359, en materia de vivienda rural efectiva, modificó las
competencias para establecer, por un lado, que la competencia del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario se mantendrá en relación con los
proyectos de vivienda de interés social rural sobre los que se hayan comprometido
subsidios con anterioridad al 1.° de enero de 2020; y, por el otro, que a partir de
esa misma fecha, corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , a
través del Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”, la competencia para
58 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad […]”.
59 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida
[…]”.
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administrar y ejecutar los recursos asignados en el Presupuesto General de la
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural.
Análisis del caso concreto
103. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
104. El Tribunal Administrativo de Santander amparó los derechos colectivos: i) al
goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad públicas; y iii)
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Lo anterior,
luego de considerar que se evidenciaron falencias en el estado del gavión y del talud
por factores como las aguas lluvias, los daños en las cañerías y sistemas hídricos.
Además, que los informes técnicos acreditan la necesidad urgente de una
intervención al talud por parte del Municipio de Bucaramanga, lo cual tiene alcance
suficiente para afirmar que existe vulneración de dichos derechos.
105. En consecuencia, le ordenó al Municipio de Bucaramanga y a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga que, dentro del
término de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, adelanten las
gestiones necesarias para la realización de estudios técnicos que faculten la
mitigación del riesgo presentado en el talud que permita una adecuada captación
de aguas lluvias; y, en ese sentido, ejecutar las obras respectivas dentro de los
siguientes doce (12) meses.
106. Contra esta decisión, el Municipio de Bucaramanga y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga interpusieron
recursos de apelación que fundamentaron en que no existe vulneración a los
derechos e intereses colectivos, que no son las competentes para asumir las
labores ordenadas y, además, que no se deben condenar en costas debido a que
no se acogieron todas las pretensiones de la demanda.
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107. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, son las siguientes60:
107.1. Copia de la petición de 27 de abril de 201561, suscrita por el accionante,
mediante la cual solicitó la revisión del terreno y la realización de un muro de
contención para trancar los gaviones que tienen en peligro las viviendas ubicadas
sobre la Calle 69ª de la autopista Bucaramanga-Girón.
107.2. Copia de respuesta a petición62, expedida por el Subdirector de Gestión
del Riesgo y Seguridad Territorial de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, mediante la cual informó que en la visita
realizada el 5 de mayo de 2015 se evidenció lo siguiente:
“[…] en el gavión, no se identifica desestabilización; por consiguiente, (sic) se
requiere mantenimiento a fin de mitigar el deteriorando (sic) presente. Puesto que el
peticionario solicita la construcción de un muro de contención en el sector ubicado
en la coordenada X: 1105799 y Y: 1276404 del barrio África del Municipio de
Bucaramanga.
Al tenor de lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia de realizar estos
mantenimientos requeridos, se incluirá en un listado de los sitios críticos del área de
jurisdicción de la CDMB, los cuales serán objeto de estudios geotécnicos para
gestionar Recursos de [í]ndole Local y Nacional, a fin de darle consecución según
la prioridad técnica y viabilidad que determine la Entidad de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal; dado que a la fecha, no es posible ejecutar estas
actividades en razón a que la disponibilidad presupuestal destinada para tal fin, ya
fue ejecutada.
Según el Diagnóstico Específico de los Asentamientos Precarios del Área
Metropolitana de Bucaramanga, el Barrio África está ubicado en un asentamiento
precario, con grado de vulnerabilidad social Alto. Así mismo, Estudios de
Zonificación Sismogeotécnica indicativa del Área Metropolitana de Bucaramanga
Servicio Geológico Colombiano (Ingeominas), de la CDMB; el Bar[r]io África del
Municipio de Bucaramanga, se encuentra ubicado en una zona clasificada como 3B,
son suelos subsuperficiales que corresponden a arenas Gravo-arcillosas,
cementadas por óxidos de hierro sobre mantos gravosos y algo conglomeráticos.
En razón a la morfología de los escarpes, estos suelos presentan una alta
susceptibilidad al agrietamiento cosísmico. En el pie del (sic) los taludes verticales
se presentan afloramientos de agua de los niveles freáticos del abanico sobre los
mantos arcillosos o de finos. Por tal razón, en la zona escarpada se presentan
geotécnicos de gran magnitud, entre los cuales se incluyen las siguientes:
• Agrietamiento cosísmico de la superficie del suelo.
60 Cfr. índices 2 y 35 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201700914-01 y
680012333000201700914-00 Archivos ubicados en las anotaciones denominadas: EXPEDIENTE DIGITAL.
61 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 21.
62 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 23-24.
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• Deslizamiento de tierra.
• Avance de las cárcavas de erosión.
El anterior diagnóstico, es producto de la inspección ocular efectuada al sector en
referencia, por tal razón, las siguientes consideraciones se originan conforme a lo
solicitado, dado que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga - CDMB, de acuerdo con lo estipulado en el Inciso primero
del artículo 31 de la ley 1523 de 2012, tiene como función ‘Apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento
de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo’, de
igual forma en el parágrafo primero ibidem establece ‘El papel de las corporaciones
autónomas regionales es complementario subsidiario respecto a la labor de
alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del
riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no
eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres’, finalmente en
el Parágrafo Tercero ibidem se consagra que los ‘integrantes de los consejos
territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad,
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades
territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de
los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y
serán corresponsables en la implementación’ […]”.
107.3. Copia del Oficio de 16 de agosto de 201663, suscrito por la edil de la
Comuna Ocho y el líder comunitario del barrio África, mediante el cual reiteraron la
solicitud resaltando que las respuestas de la autoridad ambiental se han limitado a
indicar que se realizará cuando haya presupuesto sin adelantar ninguna gestión.
107.4. Copia de respuesta a petición64, expedida por el Subdirector de Gestión
del Riesgo y Seguridad Territorial de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, mediante la cual informó que en la visita
realizada el 22 de septiembre de 2016 se evidenció lo siguiente:
“[…] En la visita se evidenció la presencia de un muro de contención en gaviones
para evitar posibles deslizamientos del talud en estudio, así mismo la construcción
de una cuneta de coronación aguas arriba del gavión, el recubrimiento del talud en
concreto y la colocación de plástico sobre parte del talud ya que no fue intervenido
en su totalidad.
Según la inspección ocular se observó asentamiento tanto en la cuneta como en los
gaviones, producto de la no canalización de aguas lluvias, además de la probable
[p]resencia de nivel freático, por otr[o] lado[,] se aprecia el deterioro del talud
recubierto en concreto evidenciando regeneración natural de arbustos y fisuras en
los gaviones al parecer por el peso del talud y la no realización de subdrenes.
63 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 29.
64 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 35-36.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en el oficio con Rad. No. 15172 del 13 de
Septiembre de 2016 en la CDMB, y lo mencionado anteriormente se recomienda:
• Realizar los estudios pertinentes de suelo, por parte de la entidad contratante de
la obra (alcaldía de Bucaramanga) con el fin de estimar el grado de riesgo del talud.
• El mantenimiento de las obras realizadas en la zona, como también la instalación
de un sistema para […] evacuar las aguas que se pueden infiltrar en el talud.
La Corporación de [D]efensa para la [M]eseta de Bucaramanga C.D.M.B., enviará
al Concejo Municipal de Gestión de Riesgo el informe concerniente a este caso para
que, el Municipio de Bucaramanga, a través del ente respectivo tome las medidas
que se requieran para atender este requerimiento. Además[,] la C.D.M.B., estará
disponible para atender y brindar la asesoría que se requiera acompañar la gestión
del Municipio […]”.
107.5. Copia del Informe de Visita Técnica realizada el 22 de septiembre de
201665, expedido el 27 de septiembre de 2016 por la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, mediante el cual se
señaló:
“[…] ZONA 3B Escarpes de la Meseta de Bucaramanga
Descripción General
La zona se encuentra localizada en la corona de los escarpes del Abanico de
Bucaramanga, siguiendo una línea continua a lo largo del perímetro de la zona 3A
e incluye las áreas junto al escarpe occidental de Bucaramanga y los sectores de
los barrios localizados sobre éste. El ancho de esta franja es de mínimo 100 metros
medidos desde la cabeza de los taludes perimetrales del Abanico.
La morfología de la zona corresponde en la parte más superior a una zona plana,
inclinada de baja pendiente, que hacia el sector más inferior pasa a escarpes
semiverticales o taludes de alta pendiente. Geológicamente la zona 3B está
conformada por una parte de los miembros Limos Rojos (Qblr) y Gravoso (Qbg)
pertenecientes a la formación Bucaramanga.
Características geotécnicas
Los suelos subsuperficiales corresponden a arenas gravo-arcillosas, cementadas
por óxidos de hierro sobre mantos gravosos y algo conglomeráticos. En razón a la
morfología de los escarpes, estos suelos presentan una alta susceptibilidad al
agrietamiento cosísmico. En el pi[e] de los taludes verticales se presentan
afloramientos de agua de los niveles freát[i]cos del abanico sobre los mantos
arcillosos o de finos.
Problemas geotécnicos
En la zona escarpada se presentan problemas geotécnicos de gran magnitud, entre
los cuales se incluyen las siguientes:
65 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 37-46.
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• Agrietamiento cosísmico de la superficie del suelo.
• Deslizamientos de tierra.
• Avance de las cárcavas de erosión.
Observaciones Especiales.
• Las características geológicas, geotécnicas y morfológicas de estas áreas no
permiten garantizar la estabilidad de proyectos de desarrollo urbano. Por lo
tanto, cualquier edificación u obra de infraestructura que se localice en esta área,
estará en grave peligro de ser afectada severamente por procesos de
inestabilidad del terreno.
• Se recomienda continuar con el programa iniciado por la CDMB de conformación
de una zona de amortiguación a los procesos de erosión en todo el perímetro
del escarpe vertical de la meseta de Bucaramanga.
• Se recomienda realizar estudios tendientes a determinar las zonas amenazadas
por deslizamientos y diseñar y construir las obras de estabilización y control. El
programa del plan maestro de control de erosión, debe continuarse hasta lograr
la estabilización de los taludes que representen peligro para los asentamientos
humanos localizados en las áreas cercanas a los escarpes
3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA
Se realizó visita técnica al Barrio África del Municipio de Bucaramanga, con
coordenadas 1.276.404.N 1.105.802.E, en donde se pudo evidenciar una obra
ejecutada años atrás, la cual consta de un lanzado en concreto con malla
electrosoldada, una canaleta para la conducción de las aguas de escorrentía que
descienden por la estructura lanzada, y un muro en gavión a 2 filas recubierto en
concreto, todo esto con el fin de mitigar la amenaza geotécnica presentada en esta
zona en cuestión.
Se observó que la obra presente, cuenta con varias afectaciones en su parte
estructural, empezando por el lanzado en concreto que evidencia fisuras y grietas
en las zonas más críticas, además se recia el desplazamiento o asentamiento en
los gaviones que colindan con el sistema de conducción de aguas lluvias.
Como se mencionó anteriormente en el lanzado de concreto se evidencian varias
afectaciones como fisuras, grietas y perdida de material estructural en las zonas
más cr[í]ticas, [p]or motivo que las aguas que se infiltran en el talud ocasionan
erosión y socavación a lo largo de la masa de suelo, asimismo en muchos tramos
se aprecia el afloramiento de vegetación que penetra y rompe la estructura, lo cual
posiblemente se deba a que el talud tratado no fue perfilado de manera correcta. Es
de gran importancia resaltar que la estructura en cuestión carece de un sistema para
evacuar las aguas que se infiltran en el talud, lo cual ayudo a que los procesos
erosivos fuesen más fuertes y veloces.
En el costado derecho del lanzado de concreto se puede observar un talud con una
pendiente casi vertical, el cual se encuentra protegido con un plástico negro como
único medio de mitigación, el cual está sufriendo procesos erosivos y socavación,
probablemente por causa de las aguas tanto de infiltración como de escorrentía que
van a parar a esta masa de suelo, lo que represente un gran riesgo para las
viviendas ubicadas aguas arriba ya que se podrían generar deslizamientos, si se
llegase a presentar un fenómeno invernal fuerte.
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En el pie del concreto lanzado, se puede apreciar una canaleta para la conducción
de las aguas de escorrent[í]a que descienden por el talud, en la cual se encuentran
grietas en la lateral que colinda con los gaviones, estas grietas se deben a los
asentamientos presentes en el suelo de soporte de la estructura hidráulica.
Por ultimo aguas abajo del concreto lanzado se puede encontrar, un muro en gavión
recubierto en concreto a 2 filas, el cual colinda en su parte superior con el sistema
de conducción de aguas lluvias, en donde se puede apreciar fisuras y grietas, como
también asentamientos o desplazamientos, que son evidentes si observamos las
juntas de los sistemas mencionados anteriormente, pues ahí observan con más
detalle los movimientos que está sufriendo el suelo, que muy posiblemente se deba
a las sobrecargas presentes en el talud, como también a las aguas lluvias que se
infiltran en este debilitándolo y reduciendo sus propiedades mecánicas.
4. ANÁLISIS DE LA AMENAZA
De acuerdo con el estudio de zonificación Sismo-Geotécnica indicativa del Área
Metropolitana de Bucaramanga, (Ingeominas 2001). El sector geotécnicamente se
categoriza en Zona 3B. En donde en la parte inferior, la terraza está compuesta de
grava, arena, limo y capas menores arcillosas fluviales. La parte superior está
compuesta de cantos no calibrados que se interpretan como depósitos coluviales,
estos cantos varían desde cuarcita dura, pasando por arenisca arkósica friable,
blanda, blanca a púrpura, a neis feldespático muy blanco, casi saprolitico y
cuarzomonzonita.
[…]
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se observa en el área del asunto en mención, la presencia de obras para mitigar la
amenaza geotécnica en el Barrio [Á]frica, las cuales se encuentran en mal estado,
por lo cual se recomienda:
• Realizar los estudios pertinentes de suelo, por parte de la entidad contratante de
la obra (alcaldía de Bucaramanga) con el fin de estimar el grado de riesgo del talud.
• El mantenimiento de la estructura en concreto lanzado, ya que esta se encuentra
en mal estado en varios tramos, pero antes perfilar de manera apropiada el talud
con el fin de evitar afloramiento de vegetación en él.
• La instalación de un sistema para evacuar las aguas que se infiltran en el talud
(subdrenes de penetración), con el fin de evitar que estas aguas erosionen y
socaven el talud, para con esto ayudar a que la estructura tenga una mayor vida útil.
• El mantenimiento de la estructura de conducción de aguas lluvias como también
del gavión, ya que se encuentran fisuras importantes en las juntas de estos dos
sistemas.
• Limpieza y retiro de material existente de desecho, material particulado y
cobertura vegetal, presente en el sistema de conducción de aguas lluvias y el muro
en gavión […]”.
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107.6. Copia de Oficio de 6 de diciembre de 201666, expedido por la Secretaria
de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, mediante el cual dio respuesta a
petición del accionante -relacionada con las recomendaciones dadas por la
autoridad ambiental en el informe técnico- reiterando que “[…] se encuentra
recepcionando todas las solicitudes, para así realizar una programación con el
propósito de atender los sectores […] [que] cuentan con necesidades, como es el
caso del sector de la Calle 69 N° 10ª-34 […] [u]na vez se cuente con la disponibilidad
presupuestal, se procederá a realizar los estudios correspondientes de cada sector
[…]”.
107.7. Copia del Oficio de 7 de abril de 201767, expedido por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, mediante el
cual informó al accionante que la responsabilidad de tomar acción frente al deterioro
de los gaviones y el recubrimiento del talud corresponde al Municipio de
Bucaramanga por ser el competente. Igualmente, afirmó que está dispuesta a seguir
brindando apoyo técnico complementario con base en las funciones establecidas
para la autoridad ambiental.
107.8. Copia del Oficio de 25 de abril de 201768, expedido por la Secretaria del
Interior del Municipio de Bucaramanga, mediante el cual se informó que al realizar
visita técnica “[…] por parte de los profesionales de la UMGRD con el fin de verificar
la situación presentada y se pudo observar que existe un muro de contención el cual
presenta fisuras en varios tramos y no tiene lloraderos, por lo anterior se debe
instalar un sistema de drenaje de aguas lluvias y realizar mantenimiento al muro
para evitar que colapse. […] Se debe solicitar a la Secretaria de Infraestructura
Municipal para que realice una visita y lo incluya dentro de las obras prioritarias […]”.
107.9. Copia del Informe Técnico de 9 de julio de 201869, suscrito por una
ingeniera civil de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga,
mediante el cual se advirtió lo siguiente:
66 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 73.
67 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 85.
68 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 89.
69 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 157-171.
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“[…] 6. DESCRIPCIÓN ACTUAL:
Se realizó visita técnica al lugar solicitado observando lo siguiente:
➢ El talud en mención se encuentra específicamente en el Barrio África
colindando con la Autopista que conduce al Municipio de Girón a la altura de
la Calle 69
➢ El Talud se encuentra insertado en medio de viviendas que lo rodean, lo que
aumenta el riesgo para las mismas en caso de presentarse procesos
erosivos en un futuro
➢ En el momento de la visita no se evidenciaron fenómenos erosivos que
afectaran el talud en mención, se observó con cobertura vegetal[,] así como
árboles de diferentes especies de gran tamaño.
➢ Existen unos gaviones en la parte superior del talud con revestimiento en
concreto al parecer en óptimas condiciones, ya que no se encuentran
afectados en su estructura, ni presentan desplazamientos
➢ Así mismo se evidenció un chafarreo (sic) al talud colindante, el cual se
encuentra en deterioro a punto de colapsar totalmente.
➢ El sector es húmedo, sin embargo[,] el talud al que se hace referencia NO
presentaba humedad[.]
➢ En el momento de la visita algunos taludes colindantes con el descrito
presentaban alto grado de humedad conduciendo el agua a la parte externa
como pasillos y escaleras.
➢ Se observó una canaleta recolectora de aguas lluvias, en la parte superior
del talud la cual no presta su servicio ya que está fisurada, permitiendo la
filtración de las mismas, saturando el talud, fenómeno que no es
recomendable ya que son un detonante ante los procesos erosivos.
➢ Las viviendas del sector vierten las aguas lluvias provenientes del tejado al
talud, propiciando la filtración de las aguas, saturando el suelo
➢ Se visitaron algunas viviendas del sector sin evidencia alguna de fisuras o
grietas lo que hace pensar que no se presentan movimientos en el sector.
[…]
7. PROPIEDAD DEL PREDIO:
El predio del que se hace mención presuntamente es de propiedad de un particular
al parecer de la CDMB, ya que dicha Entidad es la que ha realizado las obras de
estabilización en los taludes colindantes, así como su mantenimiento.
[…]
10. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:
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Se recomienda realizar los estudios de suelos pertinentes con el fin de tener claridad
de las obras necesarias a ejecutar en dicho talud de forma PREVENTIVA y así
controlar los procesos erosivos que se puedan presentar en un futuro.
[…]
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
1. Es evidente que las viviendas se encuentran ubicadas en el talud afectándolo de
una manera antrópica lo que hace que este se desestabilice y sea vulnerable
ante cualquier tipo de evento como las lluvias, y la falta de obras en el sector.
2. En el momento de la visita, la zona de escarpe presenta cobertura vegetal, lo
que disminuye la susceptibilidad a presentar cualquier problema geotécnico y
así mismo disminuye el riesgo para los habitantes del sector.
3. De acuerdo a lo evidenciado en la visita se requieren realizar de manera
preventiva los Estudios de suelos el cual nos indique la alternativa de solución
más viable
4. Es importante enfatizar que dichos estudios así como la solución de la alternativa
más viable que propongan la Consultoría es de responsabilidad del propietario
del predio, ya que la Administración Municipal legalmente no puede invertir en
predios que no son de su propiedad.
5. A las obras de estabilización y control de aguas lluvias existentes se les debe
realizar mantenimiento con el fin de garantizar su correcto y buen
funcionamiento, mantenimiento que debe ser a cargo de la CDMB, ya que ellos
construyeron dichas obras en vigencias anteriores dado que los predios
presuntamente son de propiedad de dicha Entidad.
6. Las recomendaciones emitidas en el presente informe son el resultado de una
visita ocular por lo tanto pueden haber situaciones que se escapen de la realidad
[…]”.
107.10. Copia del Concepto Técnico de 22 de abril de 202170, expedido por la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP, de conformidad con la
visita realizada el 16 de abril de 2021, mediante el cual se señaló lo siguiente:
“[…] 1.3. LOCALIZACIÓN
70 Cfr. índice 35 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
13_ED_EXPEDIENTE_LINKDEEXPEDIENTED(.pdf) NroActua 35.
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DESCRIPCIÓN: Barrio África, consolidado a partir de asentamientos precarios,
conformado al borde o en la creta de la escarpa con taludes de alto grado de
inclinación, ubicado en una zona clasificada como 3B, suelos que presenta alta
vulnerabilidad a agrietamiento por su morfología.
[…]
2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS
[…]
1. La EMPAS S.A E.S.P[.], conforme a la normatividad legal vigente, ha adelantado
acciones y actividades en el proceso de operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado en el Barrio África perteneciente al municipio de Bucaramanga.
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2. Igualmente, ha efectuado actividades correctivas generadas por PQRS en la
atención del servicio al cliente en el Barrio África, perteneciente al municipio de
Bucaramanga.
3. Cabe señalar que en el sector aferente al muro en gaviones no existen redes
locales públicas por lo que se puede asegurar que las aguas que afloran en el sector
son netamente freáticas y su control y manejo debe incluirse dentro de las obras de
estabilización.
4. Lo que hoy por hoy se puede definir como red local de alcantarillado del Barrio
África, derivada de un conjunto de acciones realizadas por EMPAS S.A, al adoptar
y adaptar un precario sistema, desarrollado sin un adecuado alineamiento técnico,
que no fue entregado de forma legal y técnica a la Empresa, pero que no obstante
lo anterior se ha mantenido operado (sic) con responsabilidad y compromiso en la
prestación del servicio, mediante la atención o reposición de sus redes, las
cuales en este momento se encuentran operando normalmente, sin presentar
filtración alguna, tal como se evidencio mediante pruebas con trazadores aplicados
al sistema, lo cual nos permitió concluir que la presencia de aguas son netamente
freáticas cuyo manejo y control no es competencia de EMPAS SA ESP.
Igualmente, es preciso poner de manifiesto que, la Empresa Prestadora del Servicio
Público de Alcantarillado según su objeto social, no es la entidad competente para
construir y hacer mantenimiento a este tipo de obras de estabilización, cuya
pretensión viene de años atrás.
[…]
Cabe precisar que la CDMB, es y/o fue, la responsable del manejo y control de las
aguas freáticas mediante la construcción de sistemas de filtros y drenaje. En la
actualidad, muchos de estos asentamientos con su actuar invasivo y sin control, han
ocasionado la saturación de estos drenajes por las conexiones erradas y descarga
de las aguas residuales, dejándolos fuera de servicio y sin capacidad operativa para
que cumplan con su objetivo y peor aún con un escaso o ningún mantenimiento que
se les hace, aclarando que estos sistemas de drenajes no hacen parte de la
infraestructura operada por la EMPAS SA
[…]
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
➢ La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander -EMPAS S.A. E.S.P-, no
es sujeto pasivo de la presente acción popular, por tanto, es procedente
desvincularla del proceso, teniendo en cuenta qué, se pudo determinar que,
NO existen problemas de alcantarillado que estén generando
humedales en el talud, ubicado en la calle 69 No 10-34 del Barrio África de
la ciudad de Bucaramanga.
➢ Los sistemas de drenaje para el control, disposición de las aguas freáticas y
abatimiento del nivel de las mismas, hacen parte integral de las obras y
demás estructuras de estabilización de taludes y suelos que, en general
presentan esta problemática. Estos sistemas de drenajes, no hacen parte de
la infraestructura de servicio operado por la EMPAS. En el evento de no
existir un punto de disposición final para estas aguas freáticas como una
cañada natural o una fuente hídrica, la Empresa podría proporcionar el sitio
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de disposición final, en el caso de que lo soliciten, cuando se efectúe la obra
de estabilización.
➢ Con la solicitud de desvinculación la EMPAS no se pretende en ningún
momento evadir, ni eludir, el compromiso y responsabilidad de la prestación
del servicio de alcantarillado, el cual se ha venido y seguirá prestando
normalmente en dicho sector; por otra parte, en el caso de que las redes de
alcantarillado llegasen a ser afectadas por estas obras de estabilización se
realizará el respectivo acompañamiento y asesoría a fin de que no se vea
alterado el servicio de alcantarillado.
➢ Cabe señalar que en el sector aferentes al muro en gaviones no existen
redes locales públicas por lo que se puede asegurar que las aguas que
afloran en el sector son netamente freáticas y su control y manejo debe
incluirse dentro de las obras de estabilización.
➢ Lo que hoy por hoy se puede definir como red local de alcantarillado del
Barrio África, derivado de un conjunto de acciones realizadas por la Empresa
al adoptar y adaptar un precario sistema desarrollado sin un adecuado
alineamiento técnico, que no fue entregado de forma legal y técnica a la
Empresa, pero que no obstante lo anterior se ha mantenido operado (sic)
con responsabilidad y compromiso en la prestación del servicio, mediante la
atención o reposición de sus redes las cuales en este momento se
encuentran operando normalmente, sin presentar filtración alguna
como se evidencio mediante pruebas con trazadores aplicados al
sistema, lo que nos permitió concluir que la presencia de aguas son
netamente freáticas cuyo manejo y control no es competencia de EMPAS
S..A E.S.P. […]” (Destacado fuera de texto).
108. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere, para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Solución a los problemas jurídicos
109. La Sala estudiará la existencia de la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos, así como las competencias de las autoridades recurrentes
con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación de dicha
afectación. En ese orden y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se
determinará si la decisión tomada por el Tribunal fue pertinente.
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Análisis de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos,
en el caso concreto
110. De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, la Sala destaca
entre los documentos aportados que, en el Informe de Visita Técnica realizada el 22
de septiembre de 201671, expedido por la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, se indicó que años atrás a la visita se había
ejecutado “[…] un lanzado en concreto con malla electrosoldada, una canaleta para
la conducción de las aguas de escorrentía que descienden por la estructura lanzada,
y un muro en gavión a 2 filas recubierto en concreto […]”.
111. Allí mismo se señaló que la construcción se había realizado con el propósito
de “[…] mitigar la amenaza geotécnica presentada en esta zona en cuestión […]”,
es decir, como el terreno ya evidenciaba probabilidades de riesgo se decidió
gestionar dicha obra para superar dicha problemática. Igualmente, en el aparte
relacionado con las características geotécnicas de la zona se informó que los
escarpes “[…] presentan una alta susceptibilidad al agrietamiento cosísmico […] [,
a d]eslizamientos de tierra […] [y al a]vance de las cárcavas de erosión […]”.
112. De acuerdo a lo mencionado, “[…] [l]as características geológicas,
geotécnicas y morfológicas de estas áreas no permiten garantizar la estabilidad de
proyectos de desarrollo urbano […]” y “[…] cualquier edificación u obra de
infraestructura que se localice en esta área, estará en grave peligro de ser afectada
severamente por procesos de inestabilidad del terreno […]”.
113. Frente al estado del gavión recubierto de concreto, en el informe de la visita
realizada el 5 de mayo de 201572 se manifestó que “[…] se requiere mantenimiento
a fin de mitigar el deteriorando (sic) presente […]”, el cual incluía “[…] afloramientos
de agua de los niveles freáticos del abanico sobre los mantos arcillosos o de finos
[…]”.
114. En ese orden, en el Informe de Visita Técnica mencionado supra, se indicó
que el talud no había sido intervenido en su totalidad, refiriéndose al muro de
71 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_02POPULAR(.pdf) NroActua
2. Páginas 18-23.
72 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 23-24.
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contención construido en gaviones para su protección, y que se observó “[…]
asentamiento tanto en la cuneta como en los gaviones, producto de la no
canalización de aguas lluvias, además de la probable [p]resencia de nivel freático,
por otr[o] lado[,] se aprecia el deterioro del talud recubierto en concreto evidenciando
regeneración natural de arbustos y fisuras en los gaviones al parecer por el peso
del talud y la no realización de subdrenes […]”.
115. Igualmente, en el Informe de Visita Técnica realizada el 22 de septiembre de
201673, expedido el 27 de septiembre de 2016 por la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, se informó que “[…] en el
lanzado de concreto se evidencian varias afectaciones como fisuras, grietas y
perdida de material estructural en las zonas más cr[í]ticas, [p]or motivo que las
aguas que se infiltran en el talud ocasionan erosión y socavación a lo largo de la
masa de suelo, asimismo en muchos tramos se aprecia el afloramiento de
vegetación que penetra y rompe la estructura, lo cual posiblemente se deba a que
el talud tratado no fue perfilado de manera correcta. Es de gran importancia resaltar
que la estructura en cuestión carece de un sistema para evacuar las aguas que se
infiltran en el talud, lo cual ayudo a que los procesos erosivos fuesen más fuertes y
veloces […]”.
116. Teniendo en cuenta lo mencionado, la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en su recurso de apelación señaló que
no hubo prueba que “[…] permita establecer las causas en concreto que dan o
dieron lugar los ‘deslizamientos por factores como lluvias’ en el sector, tampoco se
estableció con certeza algún daño con relación a ‘la cañería y sistemas hídricos’ del
lugar […]”; la Sala considera que sí se indicó, mediante Oficio de 25 de abril de
201774, expedido por la Secretaria del Interior del Municipio de Bucaramanga, que
era necesaria intervención debido a que había fisuras en varios tramos del muro de
contención y no hay lloraderos, por lo que se recomendó “[…] instalar un sistema
de drenaje de aguas lluvias y realizar mantenimiento al muro para evitar que colapse
[…]”.
73 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 37-46.
74 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Página 89.
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117. Igualmente, en el Informe Técnico de 9 de julio de 2018, expedido por una
ingeniera civil de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, se
indicó que “[…] [e]l sector es húmedo, sin embargo[,] el talud al que se hace
referencia NO presentaba humedad [...] [e]n el momento de la visita algunos taludes
colindantes con el descrito presentaban alto grado de humedad conduciendo el
agua a la parte externa como pasillos y escaleras […] [s]e observó una canaleta
recolectora de aguas lluvias, en la parte superior del talud la cual no presta su
servicio ya que está fisurada, permitiendo la filtración de las mismas,
saturando el talud, fenómeno que no es recomendable ya que son un detonante
ante los procesos erosivos […] [l]as viviendas del sector vierten las aguas lluvias
provenientes del tejado al talud, propiciando la filtración de las aguas, saturando el
suelo […]” (Destacado fuera de texto).
118. Posterior al estudio de los elementos aportados, a diferencia del criterio
adoptado por el Tribunal, la Sala considera que se encuentra ampliamente
demostrado que existe una amenaza a los derechos e intereses colectivos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la seguridad y la
salubridad públicas; en tanto se certificó y probó que las condiciones geotécnicas
del sector donde se encuentra ubicado el talud y el gavión son propensas a
deslizamientos de tierra o agrietamientos cosísmicos, además, que la obra se
encuentra en malas condiciones y necesita intervención en mantenimiento. Lo
anterior, sin que se haya demostrado en el proceso que ya ocurrió daño, caso en el
cual se declararía la vulneración.
119. Por lo anterior, la Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de 2 de
febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera
instancia, en el sentido de modificar la calificación de violación y la adecuará en el
sentido de declarar la amenaza de los derechos e intereses colectivos a la seguridad
y salubridad públicas y a la Seguridad y Prevención de Desastres Previsibles
Técnicamente.
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Análisis de la competencia y responsabilidad de las entidades recurrentes, en
el caso concreto
120. Si bien las dos entidades apelantes expresaron su inconformidad con la
decisión proferida en primera instancia, en el sentido de argumentar que no son las
competentes para adoptar las medidas necesarias en este caso; sin embargo, las
dos entidades tienen competencias ligadas a la gestión del riesgo en el territorio de
su jurisdicción.
121. En este punto, es importante resaltar que el Tribunal sí hizo análisis de las
excepciones de fondo presentadas por el Municipio indicando que “[…] [l]a simple
lectura de las mismas [excepciones] permite ver que se dirigen a buscar la
protección judicial de derechos colectivos mediante la adopción de actividades que
permita la implementación de un sistema de control de las aguas lluvias que eviten
la erosión del suelo y subsuelo, y contaminación ambiental. Por lo cual la excepción
que la entidad denomina como ‘improcedencia del medio de control’ no tiene
vocación de prosperidad [...]”. Adicionalmente, mencionó la diferencia entre
legitimación en la causa de hecho y material, advirtiendo que las accionadas
cuentan con legitimación de hecho más no material.
122. Al respecto, la Sala procede a analizar las competencias de los municipios
que, como se mencionó en el marco normativo referido supra, corresponde a los
alcaldes, en materia de gestión del riesgo y como jefes de la administración local,
responder directamente en la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.
123. Así como en aquellas competencias concurrentes en materia ambiental con
otras autoridades, como por ejemplo, las corporaciones autónomas regionales; y es
que, como se indicó en el marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y siguientes, el principal responsable de la gestión del
riesgo en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza del alcalde, porque
estos, como jefes de la administración local, representan al Sistema Nacional en el
respectivo distrito o municipio y conducen no solamente el desarrollo local, sino que
son responsables directos de lo señalado.
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124. En razón de ello, la Sala comparte la orden proferida por el Tribunal en el
sentido de concluir que, como entidad responsable de adelantar medidas para
precaver o mitigar el riesgo de deslizamiento o agrietamiento del talud objeto del
presente proceso, resulta acorde con la responsabilidad del Municipio como
principal llamado a realizar acciones tendientes a la gestión del riesgo en su
territorio.
125. Asimismo, a los alcaldes y, en general, a la administración municipal, les
corresponde el deber de integrar en la planificación del desarrollo local aquellas
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres.
Se trata de una orden que se enmarca, como se explicó supra, en las competencias
previstas en las Leyes 388 y 1523 y que se relacionan, entre otras, con la obligación
de mantener un inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones
de insalubridad, incorporando al ordenamiento territorial la norma relativa a la
prevención de amenazas y riesgos naturales; la localización de “[…] las áreas
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]” y adoptar medidas
para gestionar, controlar, mitigar y prevenir los riesgos.
126. Se resalta que, en los términos de los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523, sobre planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo
y estrategias de respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus
respectivos consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una
estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual
deberá estar armonizado con el plan y estrategia nacional, al tiempo que deberá
incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública, en la planificación del
desarrollo y en el ordenamiento territorial.
127. En ese orden y conforme con los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley
715 y de la Resolución 448, los alcaldes deben: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
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ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.
128. Sin embargo, no se puede desconocer que, aun cuando los municipios son
los principales responsables de la gestión del riesgo en su respectivo territorio, en
los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la respectiva
competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, podrá solicitar la concurrencia del respectivo departamento
y de la Nación, con el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de
desastres. Se trata del mandato de “Participación de Propósito General”75 que
establece la existencia de responsabilidades entre la Nación, los departamentos y
los municipios, entre otros sectores, en materia de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial, que permita la
materialización del principio de coordinación.
129. En relación con las corporaciones autónomas regionales, se trata de
autoridades ambientales cuyas competencias se orientan a la ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. En
especial, se trata de autoridades que están facultadas para: i) ejercer funciones de
vigilancia y control; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental; iii)
asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente.
75 Artículos 73, 74 y 76 de la Ley 715.
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130. Asimismo, el artículo 31 de la Ley 1523 dispone que las corporaciones
autónomas regionales “[...] apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del
riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo [...]”.
131. El parágrafo 1 del citado artículo dispone que el papel de las corporaciones
autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor de las
Alcaldías y Gobernaciones en apoyo de las tareas de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, ello no la exime del
cumplimiento de los deberes que le asisten en materia ambiental y de gestión del
riesgo, pues debe trabajar coordinadamente con las demás entidades para la
consecución de dichos fines.
132. Esta Sección76 destacó que “[…] si bien el papel de la Corporación no suple
ni exime de sus funciones a los entes territoriales, recae en ella el deber de asesorar
y colaborar con las autoridades territoriales (gobernaciones y alcaldías) en la
prevención de desastres, el análisis de zonas de alto riesgo y el diseño de
mecanismos de solución. Así las cosas, la Sala determina que el papel de la
Corporación no es subsidiario respecto de las labores de alcaldías y gobernaciones
[…]”.
133. Lo mencionado fue explicado en tanto que “[…] los Consejos
departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres […]
están conformados por un representante de cada una de las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible dentro de la respectiva
jurisdicción territorial […] [d]icha representación no es en vano, pues resulta claro
que el propósito de la norma es fomentar un trabajo de cooperación
interinstitucional entre todas las entidades que hacen parte del sistema, en
búsqueda de corresponsabilidad e integralidad en las acciones. Así las cosas,
cualquier competencia que recaía en los Comités de Prevención y Atención de
Desastres, indirectamente lo es de la Corporación al ser uno de sus miembros […]”
(Destacado fuera de texto).
76 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. Sentencia de 29 de julio de 2021,
NUR 470012331000201108425-02, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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134. En el recurso de apelación presentado por el Municipio de Bucaramanga se
señaló que la autoridad ambiental era la entidad responsable de ejecutar el
mantenimiento del gavión y del talud debido a que la misma realizó el contrato de
obra; sin embargo, en el Informe de la visita realizada el 22 de septiembre de 201677
por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, se advirtió que “[…] la entidad contratante de la obra (alcaldía de
Bucaramanga) [debía realizar los estudios de suelo] con el fin de estimar el grado
de riesgo del talud […]” (Destacado fuera de texto).
135. Con relación a lo anterior, la Sala advierte que, si bien en el proceso no obran
pruebas que evidencien la suscripción de un contrato para la realización obras en
torno a la protección del talud mediante un gavión recubierto en concreto, ni que la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
haya sido la encargada de construir dicha obra, ni de la entrega de dicha obra al
Municipio de Bucaramanga; las competencias atribuidas para ambas entidades
determinan que son responsables de adoptar medidas orientadas a la superación
de la amenaza de los derechos e intereses colectivos.
136. Al respecto, esta Sección señaló que “[…] está llamado a responder en el
presente caso, independientemente de si es generador o no de los daños causados
por el deslizamiento, pues lo que aquí se discute es el deber constitucional y legal
de atender las necesidades de los Municipios […]”78
137. Frente al argumento expuesto en el recurso de apelación de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, relacionado
con que no se estudiaron otras pruebas relacionadas con, por un lado, la falta de
informe de las redes de alcantarillado; la Sala advierte que en el Concepto Técnico
de 22 de abril de 202179, expedido por la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. ESP se indicó que las redes de alcantarillado del barrio África no
son parte del sistema que tiene a cargo la empresa prestadora; sin embargo, “[…]
77 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
Páginas 35-36.
78 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2022, NUR
050012333000201200614-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
79 Cfr. índice 35 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
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se ha mantenido operado (sic) con responsabilidad y compromiso en la prestación
del servicio, mediante la atención o reposición de sus redes, las cuales en este
momento se encuentran operando normalmente, sin presentar filtración alguna, tal
como se evidencio mediante pruebas con trazadores aplicados al sistema […]”.
138. Por otro lado, frente al argumento de que no se estudió la legalidad del barrio
África, la Sala encuentra razón en que no se encontraba evidencia que demostrara
la circunstancia legal bajo la que se halla dicho Barrio; sin embargo, en el material
probatorio hubo manifestaciones relacionadas con la población que allí habita
indicando que se encuentran bajo amenaza debido a que la geotécnica del terreno
del talud tiene ciertas características que le hacen de alta susceptibilidad para
agrietamiento o deslizamiento y “[…] no permiten garantizar la estabilidad de
proyectos de desarrollo urbano. Por lo tanto, cualquier edificación u obra de
infraestructura que se localice en esta área, estará en grave peligro de ser afectada
severamente por procesos de inestabilidad del terreno […]”.
139. Lo anterior resalta la importancia de que en los estudios técnicos y de
factibilidad que no solo se verifiquen las medidas necesarias que permitan una
adecuada captación de aguas lluvias en el talud, sino que se determine lo siguiente:
i) el estado actual del talud y el gavión ubicado en el sector objeto de esta acción
popular; ii) los riesgos que existen con ocasión del talud; iii) la cantidad de personas
que habitan en las zonas colindantes del talud; iv) el nivel de riesgo en el que se
encuentran las viviendas en donde habitan dichas personas; y v) las medidas
pertinentes para mitigar el riesgo existente en la citada construcción.
140. Igualmente, si dentro de los resultados de dichos estudios técnicos se
encuentra que hay viviendas que se encuentren en nivel de riesgo alto no mitigable,
las autoridades accionadas deberán reubicarlas. Las órdenes anteriores se
impartirán sin perjuicio de las medidas urgentes a que haya lugar, en relación con
la zona objeto de esta acción popular, y de las respectivas competencias de las
entidades en torno a la superación de esa clase de situaciones.
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Sobre los argumentos del Municipio en relación con la condena en costas
141. El Municipio de Bucaramanga argumentó que en el caso sub examine, no era
procedente, en forma general, la condena en costas procesales en favor de la parte
actora, porque no se accedió a la totalidad de las pretensiones de la demanda.
142. Para resolver dicho argumento, la Sala considera relevante referirnos a la
sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019, proferida por la Sala Veintitrés
Especial de Decisión del Consejo de Estado, en la cual el Consejo de Estado fijó las
siguientes reglas de unificación:
“[…] PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su
armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la
liquidación de las costas, así:
2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho.
2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibídem.
2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código general del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.
2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las
agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte
demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo
365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago
de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
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comprobación, conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código general
del Proceso.
2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas […]” (Destacado fuera de texto).
143. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la regla jurisprudencial fijada
por la Sala Veintitrés Especial de Decisión del Consejo de Estado, la Sala considera
que, para efectos de condenar en costas procesales, se requiere que en el caso
concreto: i) se encuentren causadas y ii) se liquidarán en la medida de su
comprobación.
144. La Sala observa que, en el caso sub examine, no existe prueba de las
expensas en que se pudo haber incurrido al interior del proceso por la parte actora,
toda vez que, al revisarse el expediente no obra soporte de pago alguno en que
haya incurrido el actor popular en relación con el proceso de la referencia; de igual
manera, tampoco se encuentra probada una pretensión de reconocimiento de
agencias en derecho ni se encuentran probada su causación en clave a una
participación activa y relevante dentro del proceso que culminó con la declaratoria
de amenaza de los derechos e intereses colectivos en este caso concreto, al punto
que, si bien, presentó la demanda, no presentó alegaciones ni en primera ni en
segunda instancia, ni formuló propuesta de pacto de cumplimiento. En ese orden de
ideas, la Sala revocará el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia.
145. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
146. En suma de todo lo anterior, la Sala revocará el ordinal sexto y modificará el
ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de precisar que cada
entidad deberá obrar en el marco de sus competencias constitucionales, legales,
reglamentarias y contractuales para realizar los estudios técnicos y ejecutar las
construcciones que correspondan, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en esta sentencia.
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Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
147. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:
“[…] QUINTO: CONFORMAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de la sentencia que
estará integrado por los actores, el alcalde del Municipio de Bucaramanga, el
Personero o Personera Municipal, y un representante de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, quienes realizarán control
a la ejecución de la obra y en forma conjunta rendirán un informe a este Tribunal en
relación con el estricto cumplimiento de esta orden […]”.
148. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 2 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de: i) incluir al magistrado ponente, para que sea quien presida el Comité, y
al agente del Ministerio Público; y ii) permitir que el alcalde del Municipio de
Bucaramanga pueda designar un delegado, como se precisará en la parte resolutiva
de la sentencia.
149. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
150. En suma, la Sala considera que se encuentra probada la amenaza de los
derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas y a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, producto del riesgo presentado
en el gavión ubicado en la calle 69 # 10-34 dentro del Municipio de Bucaramanga
sobre la vía Bucaramanga - Girón.
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151. En consecuencia, se revocará el ordinal sexto y se modificarán los ordinales
tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 2 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
2 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
“TERCERO. DECLARAR la amenaza a los derechos colectivos a la seguridad y
salubridad públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente”.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
2 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
“CUARTO. ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA que, sin perjuicio de las medidas urgentes que se consideren
necesarias y en el marco de sus competencias constitucionales, legales,
reglamentarias y contractuales:
i) Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión, en
forma eficiente y sin dilación, realicen unos estudios técnicos y de factibilidad
de los cuales se determine: i) el estado actual del talud y el gavión ubicado
en el sector objeto de esta acción popular; ii) los riesgos que existen con
ocasión del talud; iii) la cantidad de personas que habitan en las zonas
colindantes del talud; iv) el nivel de riesgo en el que se encuentran las
viviendas en donde habitan dichas personas; y v) las medidas pertinentes
para mitigar los riesgos existente en la citada construcción. Lo anterior, a fin
de lograr la mitigación del riesgo presentado en el talud ubicado en la calle
69 núm. 10 – 34 en el barrio África del Municipio de Bucaramanga.
Dentro de dicho término, la entidad de orden territorial deberá realizar, en
forma prioritaria, las apropiaciones presupuestales que se requieren y, en
caso de ser necesario, acudir a la financiación a través del Departamento de
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Santander y/o la Nación. Igualmente, deberá acreditar la adjudicación del
contrato.
ii) Vencido el anterior plazo, dentro de los siguientes doce (12) meses, las
autoridades accionadas deberán ejecutar las obras pertinentes de acuerdo
con los resultados obtenidos del estudio técnico, teniendo en cuenta que
aquellas personas que se encuentren en nivel de riesgo alto no mitigable
deberán ser reubicadas”.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
2 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
“QUINTO: CONFORMAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de la sentencia que
estará integrado por: i) el actor; ii) el alcalde, o su delegado, del Municipio de
Bucaramanga; iii) el personero o personera del Municipio; iv) un representante de la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; v)
el agente del Ministerio Público; y vi) el magistrado ponente, quien presidirá el
comité. Los participantes mencionados realizarán control a la ejecución de la obra y
en forma conjunta rendirán un informe al Tribunal en relación con el estricto
cumplimiento de esta orden.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia”.
CUARTO: REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 2 de
febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 2 de febrero de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
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origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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