Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00085-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00085-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2013-00085-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de abril de 2024
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Actor: MARTA INÉS PÉREZ DE ECHEVERRI Y OTROS
Demandado: NACIÓN- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL Y OTROS
Tesis: No incurre en nulidad por violación de normas
convencionales y constitucionales el acto administrativo
que reconoció una indemnización administrativa con
fundamento en los topes legales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora en contra de la sentencia proferida 31 de julio de 2015 por la Sala
Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. LA DEMANDA
Los señores Marta Inés Pérez de Echeverri, Lina María Echeverri Pérez,
Camila Botero Echeverri, Jorge Ignacio Echeverri Pérez, en representación
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
de sus hijos menores; Carlos Arturo Echeverri Pérez, en representación
de sus hijos menores, actuando por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto por el artículo 138 del CPACA, presentaron demanda en contra
de la Nación- Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, y para ello formularon las siguientes pretensiones1:
“[…] Primera: Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo
– No. 01419 del 41045 (sic), que declaró como víctima al señor GILBERTO
ECHEVERRI MEJÍA y como beneficiaría de la indemnización por valor de $
22 668 000 a la señora MARTA INÉS PÉREZ DE ECHEVERRI,
correspondiente al número 9402.
Segunda Consecuencialmente y a título de restablecimiento del derecho,
se ordene a la Nación, Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas se repara integralmente con base en los
parámetros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, esto es, indemnización (daño emergente, lucro cesante y daños
morales), medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición a favor de las víctimas de las violaciones a los derechos
humanos señaladas.
Tercera. Que se acceda a la solicitud de excepción de inconstitucionalidad
propuesta contra el Decreto 1290 de 2008 con fundamento en los
anteriores argumentos y en virtud de ello se otorgue la reparación integral
a la señora Marta Inés Pérez de Echeverri (esposa), Jorge Ignacio
Echeverri Pérez (hijo), Lina María Echeverri Pérez (hija), Carlos Arturo
Echeverri Pérez (hijo),T y D2 (nietos), S y M3 (nietos) y C4 (nieta).
Cuarta: Que se reconozca como víctimas directas a la señora Marta Inés
Pérez de Echeverri (esposa), Jorge Ignacio Echeverri Pérez (hijo), Lina
María Echeverri Pérez (hija), Carlos Arturo Echeverri Pérez (hijo), T Y D5
(nietos), S y M6 (nietos) y C7 (nieta), como consecuencia de la violación
al derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la
Convención Americana, producto del sometimiento a intensos
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
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En atención al derecho a la intimidad de quienes se afirman son menores de edad, se
omiten sus nombres y solo se enunciarán sus iniciales.
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En atención al derecho a la intimidad de quienes se afirman son menores de edad, se
omiten sus nombres y solo se enunciarán sus iniciales.
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Mismo tratamiento en protección de su derecho a la intimidad.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibídem.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
sufrimientos, profundo dolor y afectaciones a dignidad humana por el
secuestro y homicidio del señor Echeverri, dado que, estos hechos afectan
la integridad sicológica y moral de los familiares del señor Echeverri Mejía.
Quinta Que a título de reparación integral por el daño material,
concretamente daño emergente, sea pagado los gastos asumidos por la
familia en los gastos fúnebres del señor Gilberto Echeverri Mejía por un
valor de $ 6 120 700.
(…)
Sexta: Que a título de reparación integral por el daño material,
concretamente lucro cesante, se le otorgue el pago de los salarios dejados
de percibir desde el secuestro.
[…]”.
Como cargos de violación invocó:
(i) “Solicitud de excepción de inconstitucionalidad y control difuso
de convencionalidad del Decreto 1290 de 2008”
La parte actora señaló que “el Decreto 1290 de 2008, por el cual se crea
el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las
Víctimas de los Grupos Armados al Margen de la Ley, es una norma
jurídica que si bien es cierto intenta adoptar los estándares
internacionales de reparación integral y busca cumplir las obligaciones
internacionales que tiene el Estado colombiano por ser Parte en Tratados
que reconocen derechos humanos como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos [CADH], no es menos cierto que, algunos apartes de
la norma es contraria a la CADH y a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos [CortelDH]”.
Aseguró que, al otorgar el Decreto 1290 de 2008 una indemnización
máxima de 40 SMLMV, no se ajusta a los criterios internacionales,
desconoce los parámetros adoptados por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y no garantiza la reparación
integral, generando la perpetuación de las violaciones y una
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
revictimización, por no adoptarse las medidas tendientes a mitigar el daño
causado.
Afirmó que la definición de víctima, prevista en el inciso 5 del artículo 2
del Decreto 1290 de 2008 solo para “(…) el cónyuge o compañero o
compañera permanente o el familiar en primer grado de consanguinidad
o primero civil de la víctima directa o aquellos que dependían
económicamente de la misma”, es contraria a la Convención Americana
y a la Constitución Política, ya que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana y el reglamento de la misma señalan que son víctimas
“la[s] persona[s] cuyos derechos han sido violados”, por lo que tal
definición es restrictiva y excluyente8.
Reiteró que, al otorgar a título de indemnización 40 SMLMV como suma
máxima, sin tener en cuenta el daño material e inmaterial, y al excluir a
quiénes son víctimas de las violaciones de los derechos humanos,
contraviene la Convención Americana, que hace parte del ordenamiento
jurídico colombiano, acorde con el bloque de constitucionalidad, por no
otorgar una justa indemnización como lo señala el artículo 63.1
convencional, y es excluyente, por no reconocer el carácter de víctimas a
todos los familiares a quienes también se les ha violado sus derechos
humanos y deben ser reparados integralmente.
Se refirió al contenido y alcance del principio de reparación integral en el
derecho interno colombiano, previsto por el artículo 16 de la Ley 446 de
1998, indicando que dicho precepto se orienta al resarcimiento de un
daño, “con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos,
a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del
8
Para ello relacionó en pie de página entre otros. Caso del Penal Miguel Castro Castro
Vs Perú. Sentencia del 25 de noviembre de 2006; Caso Vargas Areco supra; Caso “la
última tentación de Cristo contra Chile. Sentencia del 5 de febrero de 2001. Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de daño
producido (…)”.
Sostuvo que el Decreto 1290 de 2008 es violatorio del artículo 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, porque éste insta a la
protección de los derechos y libertades reconocidas, y que el Estado tiene
el deber de adecuar el derecho interno a las normas convencionales, y el
aludido decreto, al no otorgar una justa indemnización como lo señala el
artículo 63.1 convencional, es ostensiblemente contrario a la
jurisprudencia interamericana.
Agregó que, conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, las víctimas
tienen derecho a una reparación integral, y así mismo el artículo 8 de la
Ley 975 de 2005 determinó el contenido y alcance de la reparación
integral, lo que en este caso fue desconocido.
(ii) La Resolución nro. 01419 del 16 de mayo de 2012 es violatoria
de normas superiores, esto es, del artículo 93 de la Constitución
Política y de los artículos 11.2 y 63.1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos
Afirmó que la Resolución nro. 01419 de 2012 reconoció como beneficiaria
de la indemnización a la señora Marta Inés Pérez de Echeverri, derivado
del homicidio del señor Gilberto Echeverri Mejía, y que mediante este acto
se ordenó una indemnización por un valor de 40 SMLMV, que no se ajusta
a los criterios internacionales.
Consideró que la “reparación” otorgada a la familia Echeverri Pérez no es
coherente con la gravedad del daño que se les ha causado, dado que el
señor Echeverri Mejía, primero, fue víctima de secuestro durante 13
meses en condiciones precarias e inhumanas, lo que le produjo una
aflicción por estar lejos de su familia; segundo, por su homicidio,
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
catalogado como delito de lesa humanidad, y tercero, el daño ocasionado
a su familia como consecuencia de estos hechos causó una gran pérdida
para ellos y para la sociedad colombiana; por ello, la suma de 40 SMLMV
a título de indemnización, no es proporcional al daño sufrido.
Aseveró que, si bien el Decreto 1290 de 2008 adoptó todos los criterios
de reparación integral, estos son, verdad, justicia, reparación, garantías
de no repetición y de reconciliación, la Resolución nro. 1419 de 2012,
proferida con fundamento en dicho decreto, no acogió estos criterios y
solo indemnizó parcial y erróneamente, puesto que, en el presente caso,
las víctimas no fueron reparadas integralmente, ya que solamente se le
otorgó a la señora Marta Inés Pérez de Echeverry.
II. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
2.1. La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
el 21 de enero de 20139 y luego de inadmitida10 y subsanado lo solicitado,
se admitió por auto del 18 de marzo de 2013 en contra de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación integral a las
Víctimas; así mismo, se ordenó notificar al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado11.
2.2. Contestación del demandado
La Unidad Administrativa Especial Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, actuando por conducto de apoderado judicial,
por escrito radicado el 13 de junio de 2013, esto es, en oportunidad,
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radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
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Por auto del 18 de febrero de 2013.
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radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01. Magistrado ponente Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, y para ello expuso
lo siguiente12:
Explicó que la Resolución nro. 01419 de 2012 fue notificada de forma
personal el 19 de junio de 2012 a la señora Marta Inés Pérez de Echeverri
y se dejó constancia sobre la procedencia de recursos, ya que, acorde con
el parágrafo primero del artículo 16 del Decreto 1290 de 2008, contra la
misma procedía el recurso de reposición, y dicho acto no fue recurrido;
por lo tanto, se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad.
En cuanto a la solicitud de que “(…) se repare íntegramente con base en
los parámetros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En este punto, es necesario aclarar al apoderado, que el proceso
de reparación por vía administrativa previsto en el Decreto 1290 de 2008,
busca reparar el daño emergente, esto es, el perjuicio y no la ganancia o
provecho que dejara de reportase (sic)”. (subrayas originales)
Sostuvo que “(...) no es función de la entidad, prestar protección en
materia de atentados contra la vida y la integridad personal dentro del
marco del conflicto armado interno, es decir por motivos ideológicos y
políticos. Tal función está en cabeza de los organismos de seguridad del
Estado, esto es, Policía Nacional, DAS, Fiscalía General de la Nación, CTI
y el Ministerio del Interior tratándose de defensores de derechos
humanos”.
Anotó que “así mismo, en esta pretensión, se evidencia una confusión por
parte del apoderado de la parte actora, siendo que pretende con la
declaratoria de nulidad parcial de la resolución 01419 de mayo 16 de 2012,
obtener una reparación integral conforme los parámetros jurisprudenciales
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo que la resolución
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
demanda[da] reconoce es la reparación administrativa en virtud de los
lineamientos esbozados en el Decreto 1290 de 2008, por lo tanto, no
puede pretender con la declaratoria parcial de la resolución acusada
obtener una reparación mayor a la reconocida”.
Aclaró que “(…) la reparación administrativa, a diferencia de la judicial, no
busca una proporcionalidad estricta con los daños causados de acuerdo al
daño emergente, al lucro cesante y al daño moral probados, es decir que
en sede administrativa, debido al universo de víctimas a reparar, se
establece un l[í]mite en el monto de la indemnización con un fin de justicia,
cual es el de dar cobertura a la totalidad de la víctimas de violaciones
masivas a los derechos humanos (derecho a la igualdad), en el marco de
unos propósitos más amplios de justicia como el reconocimiento, la
universalidad del programa y la contribución a la generación de
condiciones de confianza en el Estado”.
Respecto de la pretensión de que se acceda a la excepción de
inconstitucionalidad del Decreto 1290 de 2008 y se otorgue la reparación
integral a cada uno de los demandantes, consideró necesario remitirse a
lo dicho por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en
providencia del 20 de mayo de 201013, en el sentido que la aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de
una situación de incompatibilidad visible e indiscutible entre una norma
constitucional y una de inferior jerarquía, situación que consideró no se
evidencia con relación al Decreto 1290 de 2008.
Agregó que la actora cuenta con diversos instrumentos nacionales e
internacionales para lograr la reparación integral del daño invocado. En lo
concerniente a la reparación administrativa, se cumplió la normatividad
vigente, puesto que la Ley 1448 de 2011 es una de las herramientas con
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Radicado nro. 11001-03-06-000-2010-00044-00(1999).
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
las que cuenta el Estado para garantizar los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno a la verdad, la justicia, la reparación integral y
las garantías de no repetición.
Manifestó que, “(…) como se corrobora en [el] hecho Veintidós y ratificada
en el acápite de pruebas de esta contestación, quien manifestó
textualmente ‘‘que el apoyo psicosocial ofrecido no fue aceptado, pues no
responde al tipo de apoyo que su familia necesita” y “(…) que los perjuicios
pretendidos representados en daño emergente, lucro cesante, daño moral,
perjuicios por la alteración grave de las condiciones de existencia y por la
afectación psíquica, etc, no solo resultan improcedentes, sino que además,
se observa la ineptitud en su solicitud al no haberse allegado prueba
siquiera sumaria de su existencia pasada, presente o futura eventual
Aunado a lo anterior, debe establecerse que la señora Marta Inés Pérez
Echeverri, cobr[ó] la indemnización por vía administrativa el 20 de junio
de 2012”.
Invocó como excepciones la “inexistencia probatoria de los perjuicios
invocados”, “ausencia de responsabilidad de la Unidad para la Atención y
Reparación integral a las víctimas”; “cumplimiento normativo de la unidad
para la Atención Integral a las víctimas”; “ausencia de prueba alguna de
las causales de nulidad de los actos administrativos”; “presunción de
legalidad del acto administrativo impugnado al no ser demandado
oportunamente es de reconocimiento o ejecución” y “caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.
2.3. El magistrado de conocimiento, por auto del 18 de octubre de 2013,
fijó fecha para la audiencia inicial 14, que se celebró el 30 de octubre de
2013, en la que se fijó el litigio, se tuvieron como pruebas las aportadas
por las partes y señaló como fecha para la audiencia de pruebas el 20 de
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
noviembre de 2013 con el fin de recibir los testimonios solicitados por la
parte actora.
2.4. Atendiendo a que por memorial del 1 de noviembre de 2013 el
apoderado de la parte actora desistió de la práctica de las pruebas
testimoniales15, por auto del 4 de diciembre de 2013 el magistrado de
conocimiento consideró que no era necesario llevar a cabo la audiencia de
alegatos y juzgamiento y corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión16.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en
sentencia del 31 de julio de 2015, negó las súplicas de la demanda17.
Para decidir en dicho sentido, comenzó por estudiar la excepción de
inconstitucionalidad y señaló que la parte actora cuestionó el Decreto
1290 de 2008 que sirvió de sustento para la fijación de los motivos del
acto acusado, y no dicho acto.
Precisó que, para el momento en que se expidió la resolución demandada,
el Decreto 1290 de 2008 ya había sido derogado por el Decreto 4800 de
2011, regulación que previó un régimen de transición, y sobre este punto
concluyó: “de lo anterior se desprende, que las solicitudes presentadas
antes de la vigencia del Decreto 4800 de 2011, se entienden como
petición para la inscripción en el RUV y, sólo lo relacionado con la
distribución y montos de la indemnización se rige por el decreto que se
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
cuestiona, en los demás aspectos, la norma ya no existía al momento de
la expedición del acto que se demanda”.
En cuanto a los argumentos relacionados con la transgresión de lo
previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo que,
conforme con lo señalado por el artículo 93 de la Constitución Política y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos hacen parte del bloque de
constitucionalidad y son vinculantes, y que, verificado si lo dispuesto por
el Decreto 1290 de 2008, era compatible con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se concluía que lo establecido en
dicho decreto correspondía a una indemnización solidaria otorgada en
virtud de una reparación administrativa y no judicial.
Explicó que la indemnización reconocida en el acto administrativo
demandado, establecida en el decreto del cual se solicita su inaplicación,
se reconoce en cumplimiento del principio de solidaridad del Estado con
las víctimas, con un enfoque humanitario, mientras que la judicial es
producto de la declaratoria de responsabilidad del Estado en un proceso
ordinario, por lo que no era posible aplicar en este caso la excepción de
inconstitucionalidad del Decreto 1290 de 2008, ya que la reparación
individual por vía administrativa consagrada en el citado decreto fue
concebida como un procedimiento administrativo para reparar de manera
anticipada a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, sin
perjuicio de las diversas alternativas judiciales, conformando así un
amplio catálogo de medidas tendientes a la reparación integral.
Concluyó que “i) no es cierto que el Decreto 1290 de 2008 al consagrar
la reparación por 40 smlmv no se ajuste a los estándares de
indemnización adoptados por los tribunales internacionales, porque como
ya se anotó, la prevista en dicha disposición es sólo una indemnización
administrativa anticipada, que concurre con otras formas de reparación
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judicial en las que se tienen en cuenta los daños materiales (daño
emergente y ii) la valoración respecto al cumplimiento de los estándares
internacionales de reparación no puede efectuarse de manera aislada y
frente a una sola de las medidas, toda vez que además de la reparación
por vía administrativa, se han previsto una serie de mecanismos judiciales
que no sólo incluyen la totalidad de los perjuicios sino a la totalidad de
víctimas e incluso de damnificados, como ocurre con las decisiones
adoptadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del
medio de control de reparación directa (…)”. Por lo expuesto, negó las
pretensiones y condenó en costas a la parte actora.
IV. El RECURSO DE APELACIÓN
4.1. Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la parte
actora interpuso en término recurso de apelación y solicitó se revoque la
sentencia de primera instancia, por las siguientes razones18:
Manifestó “el tribunal señaló que la indemnización por vía administrativa
a la señora (sic) Martha In[é]s P[é]rez de Echeverri no corresponde a la
indemnización integral a que tienen derecho las victimas según los
estándares internacionales[.] Así mismo, expuso que “el Decreto 1290 de
2008 no es contrario a la CADH como lo afirma el demandante, pues solo
constituye una medida de reparación administrativa, complementaria de
las medidas judiciales y de esa forma el Estado Colombiano ha adoptado
en su legislación interna disposiciones encaminadas a la reparación
integral a las víctimas de la violencia”.
Reiteró que la Resolución nro. 01419 del 16 de mayo de 2012 se dictó en
el marco del Decreto 1290 de 2008 y al otorgar una indemnización
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
máxima de 40 SMLMV no se ajustó a los criterios internacionales, a la
doctrina, a los tratados internacionales, a la jurisprudencia y a la
normatividad, que han sido enfáticos en señalar que la reparación deber
ser proporcional, suficiente y efectiva a la gravedad de las violaciones del
daño sufrido.
Consideró que, en ese sentido, la reparación otorgada a la familia
Echeverri Pérez está en contravía con lo anterior, puesto que no fue “(…)
coherente y efectiva frente a la gravedad del daño que se les ha causado,
dado que, el señor Echeverri Mejía, primero, fue víctima de secuestro
durante 13 meses en condiciones precarias e inhumanas, lo que le
produjo una aflicción por estar lejos de su familia, segundo, de su
homicidio, catalogados estos delitos como de lesa humanidad y, tercero,
el daño ocasionado a su familia como consecuencia de estos hechos, así
mismo, es importante resaltar que por su liderazgo y vocería en procesos
para obtener la paz, su deceso causó una gran pérdida para su familia y
la sociedad colombiana, por ello la suma de 40 SMLMV a título de
indemnización, no es proporcional al daño sufrido por esta persona y su
familia”.
Alegó que el acto cuestionado es violatorio de la Constitución Política y de
la Convención Americana, ya que, si bien el Decreto 1290 de 2008 adoptó
como criterios de reparación integral la verdad, justicia, reparación,
garantías de no repetición y de reconciliación, la Resolución nro. 1419 de
2012, proferida con fundamento en dicho decreto, no acogió tales criterios
y solo indemnizó parcial y erróneamente-, “punto que no fue discutido ni
analizado en la sentencia de primera instancia, ya que este señaló que
dichas normas han acogido los estándares internacionales de reparación”.
Anotó que “(…) lo anterior se sustenta teniendo en cuenta que las víctimas
no han sido reparados con fundamento en la reparación integral,
enfatizando que solamente se le otorg[ó] a la señora Marta Inés Pérez de
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
Echeverri a título de indemnización parcial una suma de 40 SMLMV, sin
aplicar los conceptos de daño material (daño emergente y lucro cesante)
e inmaterial, restando por ende los otros conceptos de reparación,
evidenciando lo anterior que en este proceso no se ha cumplido con la
reparación integral, lo que hace que se revictimice, no cese el proceso de
violación a los derechos humanos, el Estado colombiano incumpla con sus
obligaciones internacionales, y la resolución sea contraria a las normas
superiores la constitución y la Convención Americana, lo que genera la
responsabilidad internacional”.
Sostuvo que el Decreto 1290 de 2008 señaló en el artículo 4 cuáles son
las clases de medidas de reparación administrativa, tales como la
restitución, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no
repetición de las conductas delictivas, pero que en la resolución
cuestionada no se atendieron tales criterios, por lo que no existe una
reparación integral.
De otro lado, argumentó que el tribunal condenó a la parte actora en
costas y al pago de agencias en derecho, pero que, acorde con lo
dispuesto por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la
imposición de costas cuando alguna de las partes ha actuado
temerariamente, y de otro lado, citó el artículo 188 del CPACA y una
providencia de esta Corporación referida a dicho artículo19, indicando que
el a quo tampoco justificó la razón de la condena, por lo que también en
este punto debe revocarse la decisión.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 16 de abril de 2015. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Al efecto dijo: “Ante este tema el
Consejo de Estado ha sostenido: “(…) la errónea interpretación de que la condena en
costas debe imponerse en forma objetiva, es decir, de manera forzosa, automática e
ineluctable en todos aquellos procesos contencioso administrativos en los cuales se
ventile un interés de carácter individual o particular, lo cierto es que cuando la norma
utiliza la expresión “dispondrá”, lo que en realidad está señalando es que el operador
jurídico está llamado a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente
proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustradas sus
pretensiones procesales”.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
4.2. El recurso fue concedido por auto del 24 de agosto de 201520
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El expediente fue asignado mediante acta individual de reparto del
16 de septiembre de 2015 a la Sección Tercera, despacho del consejero
Ramiro de Jesús Pazos Guerrero21, quien, por auto del 17 de noviembre
de 2016, declaró la falta de competencia de dicha sección y dispuso la
remisión a la Sección Primera del Consejo de Estado22.
5.2. Recibido el 22 de febrero de 201723 en la Sección Primera de la
Corporación, por auto del 11 de mayo de 2017 se admitió el recurso de
apelación24.
5.3. Por auto del 2 de abril de 2018 se corrió traslado para alegar de
conclusión25.
5.3.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, indicó que
en el presente caso procede el “control de convencionalidad y la excepción
de inconstitucionalidad”, ya que, al restringir el Decreto 1290 de 2008 la
calidad o titularidad de víctima solo a quien ha sufrido la violación o en su
defecto al cónyuge o familiar en primer grado de consanguinidad,
contraviene lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que ha considerado “violado el derecho a la integridad psíquica
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
21 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
22 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
23 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
24 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
25
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento
adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias
particulares correspondientes a las violaciones perpetradas contra sus
seres queridos y a causa de las actuaciones u omisiones posteriores de
las autoridades estatales con respecto a esos hechos” 26.
Indicó que el fundamento para el reconocimiento de la indemnización fue
el Decreto 1290 de 2008 y que si “el decreto es violatorio de la
Constitución Política, la Convención Americana y la jurisprudencia de la
Corte IDH, en consecuencia el acto administrativo está viciado de nulidad
por ser violatorio de normas superiores”, e insistió en que, al otorgar la
Resolución nro. 1419 de 2012 una indemnización máxima de 40 SMLMV,
no se ajusta a los criterios internacionales, a la doctrina e incluso a la
normatividad nacional, y lo que procede es la reparación integral,
mientras que en este caso solo se ordenó una indemnización por un valor
de 40 SMLMV a favor de la señora Marta Inés Pérez de Echeverri.
Solicitó que “(…) se REVOQUE la sentencia de primera instancia proferida
por el por el (sic) Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad, el 31 de julio de 2015 y se aplique la excepción de
inconstitucionalidad y el control de convencionalidad para que se inaplique
el Decreto 1290 de 2008 por desconocer los estándares internacionales
en materia de reparación integral, toda vez que la indemnización es
desproporcional al daño sufrido por la violación a los derechos humanos
del señor Gilberto Echeverri y su familia y no tiene en cuenta los daños
morales y materiales, además dicha acto administrativo no ordenó las
demás medidas de reparación como las de satisfacción, rehabilitación,
garantías de no repetición, así mismo, es violatorio en el reconocimiento
de la calidad de víctima dado que solo es para quien sufre directamente
26
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Penal Miguel Castro Castro,
supra nota 8, párra 335, Caso vargas Areco, supra nota 8, párr 96, y Caso Gorburu,
supra nota 11, párr 96”.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
la violación, desconociendo lo expuesto por la Corte Interamericana en
que también los familiares son víctimas producto del grave sufrimiento
causado por las violaciones a su familiar (…)”.
5.3.2. El apoderado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas insistió en que no debe accederse a las súplicas de la
demanda, dado que la declaración del hecho victimizante se hizo el 17 de
febrero del año 2009, es decir, en vigencia del Decreto 1290 de 2008,
derogado por el Decreto reglamentario 4800 de 2011, que fijó en el
artículo 155 el régimen de transición para las solicitudes de indemnización
presentadas en vigencia del Decreto 1290 de 2008, las cuales deben ser
atendidas en forma preferente según la distribución y montos descritos,
y que la valoración efectuada por la Dirección de Registro y Valoración de
la Unidad para las Víctimas determinó que la solicitud de la señora Marta
Inés Pérez de Echeverri cumplía con los requisitos legales para el
reconocimiento y pago de la indemnización administrativa bajo dicho
marco normativo.
5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 15 de mayo de
201827.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución
Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia-
Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 150 del CPACA y 13 del Acuerdo 80 del
27
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
12 de marzo de 201928, expedido por la Sala Plena de la Corporación, esta
Sección es competente para conocer del presente recurso.
6.2. Objeto de la controversia
En el presente caso la parte actora demandó la nulidad parcial de la
Resolución nro. 01419 de 2012 que ordenó el pago de una indemnización
administrativa a la señora Marta Inés Pérez de Echeverri por el hecho
victimizante de homicidio de su cónyuge.
Se solicita inaplicar el Decreto 1290 de 2008 por considerarlo violatorio
del artículo 93 de la Constitución Política y de los artículos 2, 11.2 y 63.1.
de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto solo
concedió una indemnización administrativa a la señora Pérez de
Echeverri, y se alega que debió reconocerse una reparación integral no
solo a la cónyuge, sino también a los hijos y nietos de la víctima directa,
incluyendo el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios morales.
La Sala, para examinar los respectivos cargos, considera necesario
referirse a lo siguiente: (i) el bloque de constitucionalidad; (ii) el acto
acusado y (iii) los cargos invocados.
6.2.1. El bloque de constitucionalidad
El artículo 93 de la Constitución Política prevé que los derechos y deberes
consagrados en la Carta Política deben interpretarse de conformidad con
los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.
28
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
Como lo ha explicado esta Sección29, el 22 de noviembre de 1969 se
aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por
Colombia mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 197230. Este
instrumento no solo estableció un catálogo de derechos jurídicamente
vinculantes para el Estado, sino también un sistema de garantías,
incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
funge como cuerpo intermedio, consultivo, que asesora, recomienda,
recibe denuncias, intenta la conciliación y, si esto no fuere posible, está
facultada para presentar demandas ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, órgano que tiene asignadas funciones
jurisdiccionales.
A su vez, el control de convencionalidad, en el sistema de protección de
derechos humanos, es un mecanismo de control judicial que consiste en
verificar la adecuación del derecho interno a lo dispuesto por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus fuentes, como
expresión del principio pacta sunt servanda, que implica la observancia
de buena fe de los tratados internacionales. El fundamento normativo del
control de convencionalidad está en el artículo 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que establece: “Si el ejercicio de los
derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
29
del 2 de diciembre de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación 05001
23 33 000 2020 00302 01.
30
“Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre
de 1969”.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
La jurisprudencia y la doctrina han diferenciado entre el control de
convencionalidad concentrado o externo y difuso o interno. El primero
corresponde a la Corte Interamericana y reside en contrastar las
actuaciones de los órganos del Estado frente a las obligaciones
convencionales adquiridas por los estados, mientras que el control difuso
está en cabeza de los jueces nacionales de manera oficiosa31 e igualmente
consiste en confrontar las actuaciones de los órganos del Estado en
relación con los tratados internacionales.
La Corte Constitucional ha señalado que el control de convencionalidad
constituye una “(…) obligación internacional a cargo del Estado, que se
concreta en el ejercicio de verificación de conformidad de las disposiciones
de derecho nacional con la CADH, particularmente en el momento de su
aplicación a los casos concretos. De ahí que la labor judicial doméstica
esté directamente vinculada a tal prescripción internacional, a modo de
control de las actuaciones del Estado, a la luz de la Convención
Americana. Toda vez que esta tarea se desprende directamente del propio
instrumento internacional, la omisión de este deber por parte de las
autoridades judiciales puede convertirse en un hecho generador de
responsabilidad internacional para el Estado”32.
Por su parte, el Consejo de Estado ha dicho que el control de
convencionalidad33 “(…) Implica que se deben tener en cuenta las
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las
interpretaciones proporcionadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de la misma”.
31
Corte Constitucional. Sentencia C- 146 del 20 de mayo de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
32
Corte Constitucional. Sentencia C- 792 del 29 de octubre de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
33 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión nro. 15. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez. Auto del 6 de septiembre de 2021.
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20
Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
En cuanto al bloque de constitucionalidad, se tiene que, a partir de la
sentencia C – 225 de 199534, la Corte Constitucional consideró que “(…)
está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han
sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por
mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y
reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel
constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de
reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto
sensu”.
Al efecto, en los artículos 9, 44, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución se
encuentra el mandato que ordena la integración material de ciertas
normas y principios que no hacen parte formal de la Carta Política como
parámetro del control de constitucionalidad de las leyes35.
Por consiguiente, las disposiciones que forman parte del bloque de
constitucionalidad constituyen un conjunto normativo de igual rango a la
Carta Política; en ese sentido, “(…) el hecho de que las normas que
integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional
hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los
jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus
comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus
prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas
constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden
interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de
derecho obligatoria para todos los asociados” 36, criterio que fue reiterado
34 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
35
Corte Constitucional. Sentencia C – 327 del 22 de junio de 2016. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
36
Corte Constitucional. C – 067 del 4 de febrero de 2003. M.P.: Marco Gerardo Monroy
Cabra.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
en la sentencia C – 458 de 2015, en la que se consideró que “todo el
ordenamiento jurídico -tanto en la expedición de preceptos como en su
aplicación e interpretación- debe ajustarse y leerse a la luz de las
disposiciones de jerarquía constitucional, dentro de las cuales se
encuentra el bloque de constitucionalidad, las cuales son verdaderas
normas constitucionales”.
6.2.2. El acto acusado
Corresponde a la Resolución nro. 1419 del 16 de mayo de 2012, “por la
cual se ordena el pago de la indemnización individual por vía
administrativa Decreto 1290 de 2008”, expedida por la directora técnica
de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas que estableció37:
“[…] CONSIDERANDO
(…)
Que la Ley 1448 de 2011 en su artículo 168 dispuso entre las funciones
de la Unidad la de administrar los recursos necesarios y hacer entrega a
las víctimas de la indemnización por vía administrativa de que trata la
citada ley.
(…)
Que la Ley 1448 de 2011 en su artículo 132 dispuso que la indemnización
se entregará según el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y
demás lineamientos que defina el Gobierno Nacional, el parágrafo 1° de
artículo ibídem señaló que tal norma surtirá efectos para las
indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha
de expedición de dicha ley, así la solicitud se hubiese hecho con
anterioridad.
Que adicionalmente el artículo 155 del Decreto 4800 que reglamenta la
Ley 1448 de 2011 en el parágrafo 1 establece “El o los solicitantes a que
se refiere el presente artículo tendrán derecho al pago de la indemnización
administrativa de forma preferente y prioritaria mediante la distribución y
en los montos asignados en el Decreto 1290 de 2008.
37
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 05001 23 33 000 2013 00085 01.Anexos demanda.
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Que una vez valorada la documentación aportada en la solicitud, en
conjunto con el contexto del lugar de ocurrencia de la solicitud cumple con
los requisitos legales para el reconocimiento y pago de la indemnización
administrativa consagrada en el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008 y
132 de la Ley 1448 de 2011.
Que para acreditar la calidad de víctima o el parentesco con la víctima
directa de los hechos, las personas aportaron según el hecho victimizante
y el estado civil de la víctima.
Que la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, actuando bajo los criterios de necesidad, equidad e igualdad y
haciendo uso de los instrumentos para la búsqueda de la convivencia y
eficacia de la justicia establecidos en la ley 1448 de 2011,
RESUELVE
Artículo 1°. Ordenar el pago de la indemnización administrativa
consagrada en el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008 y 132 de la Ley
1448 de 2011 a las siguientes víctimas directas e indirectas, desembolso
que se realizará a través del Contrato Interadministrativo No. 737 de 2012
celebrado el 01/03/12 entre la Unidad para la Atención y Reparación de
las Víctimas y el Banco Agrario de Colombia S.A.
NO. NOMBRES VÍCTIMA DIRECTA (…) VALOR PARENTESCO HECHO VICTIMIZANTE
(…)
9402 MARTA INÉS PEREZ DE ECHEVERRY (sic) 22.668.000 ESPOSO HOMICIDIO
[…].”
6.2.3. El examen de los cargos
(i) La inaplicación del Decreto 1290 de 2008
La parte recurrente insiste que en el presente caso la Unidad de
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas debió inaplicar por inconstitucional el Decreto 1290 de 2008 por
dos razones; la primera, porque la calidad de víctima no debe predicarse
solo de quien ha sufrido la violación del derecho a la integridad personal
o en su defecto el cónyuge o familiar en primer grado de consanguinidad,
sino cobijar a todo el núcleo familiar afectado, y la segunda, porque la
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
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“reparación” concedida debió ser integral y abarcar el daño emergente, el
lucro cesante, así como los perjuicios morales, y en un tope superior al
establecido en dicho decreto.
Afirmó que lo contrario viola el artículo 93 de la Constitución Política, la
Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 2, 11.2 y 63.1, y
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos38.
Al respecto, la Sala observa lo siguiente:
El artículo 4 de la Constitución Política dispone que “en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Frente a la figura de la excepción de inconstitucionalidad, como esta
Sección lo ha señalado39, “(…) es un instrumento establecido por el
artículo 4° de la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que
en caso de presentarse contradicción entre una norma de rango legal y
otra de rango constitucional, se aplique esta última, con el fin de
preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para resolver
casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace
efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus
efectos, por consiguiente, son subjetivos o inter partes”, y para su
aplicación es necesario que la contradicción entre la norma constitucional
y legal sea manifiesta,“(…) de tal manera que del simple cotejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultánea”40.
38
Para ello citó entre otros casos: Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso del
Penal Miguel Castro Castro Vs Perú Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Párrafo 423.
Caso Vargas Areco, supra nota 3, párr 149, Caso Montero Aranguren y otros (Reten de
Catia), supra nota 128, párr 130, y Caso Ximenes Lopes, supra nota 3, párrafo 227.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de noviembre de 2010. C.P. María Elizabeth García González. Expediente
radicación nro. 66001 23 31 000 2007 00070 01.
40
Ibidem.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
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Los artículos que invoca la parte actora de la Convención Americana de
Derechos Humanos disponen:
“[…] Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho
Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
(…)
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra o reputación.
(…)
Artículo 63
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos
en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en
el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de
una justa indemnización de la parte lesionada.
[…]”.
Por su parte, el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008 estableció:41
“[…] ARTÍCULO CINCO. INDEMNIZACIÓN SOLIDARIA. El Estado
reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a los beneficiarios de
que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de
acuerdo con los derechos fundamentales violados, las siguientes sumas
de dinero:
41
El artículo 297 dispuso “Artículo 297. Vigencia. El presente decreto rige a partir de
su publicación, tendrá una vigencia de diez (10) años y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias, en especial, el Decreto 1290 de 2008 salvo para efectos de lo
dispuesto en el artículo 155 del presente decreto”.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
• HOMICIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA Y SECUESTRO:
Cuarenta (40) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
[…]”.
Mientras que, el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 preceptuó:
“[…] ARTÍCULO 132. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno Nacional,
reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación
de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y
demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía
administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar,
mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración,
los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como
indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así
como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que
la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que
se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá
determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones
otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley […]”.
Cabe precisar que el Decreto 1290 de 2008 fue derogado por el artículo
297 del Decreto nacional 4800 del 20 de diciembre de 2011, “por el cual
se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”; el
artículo 155 del decreto 4800 reguló el régimen de transición para las
solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la
expedición de dicho decreto, el cual previó:
“[…] Artículo 155. Régimen de transición para solicitudes de
indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición
del presente decreto. Las solicitudes de indemnización por vía
administrativa formuladas en virtud del Decreto 1290 de 2008, que al
momento de publicación del presente decreto no hayan sido resueltas por
el Comité de Reparaciones Administrativas, se tendrán como solicitudes
de inscripción en el Registro Único de Víctimas y deberá seguirse el
procedimiento establecido en el presente decreto para la inclusión del o
de los solicitantes en este Registro. Si el o los solicitantes ya se
encontraren inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, se
seguirán los procedimientos establecidos en el presente decreto para la
entrega de la indemnización administrativa.
Si de la descripción de los hechos realizada en las solicitudes se desprende
que los hechos victimizantes ocurrieron antes de 1985, pero cumplen con
los requisitos para acceder a la indemnización administrativa en virtud del
Decreto 1290 de 2008, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
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y Reparación Integral a las Víctimas no incluirá al o a los solicitantes en el
Registro Único de Víctimas, pero otorgará la indemnización
administrativa. De esta situación se le informará oportunamente al o a los
solicitantes.
Parágrafo 1°. El o los solicitantes a los que se refiere el presente artículo
tendrán derecho al pago de la indemnización administrativa de forma
preferente y prioritaria, mediante la distribución y en los montos
consignados en el Decreto 1290 de 2008, siempre que sean incluidos en
el Registro Único de Víctimas, se encontraren inscritos en el Registro Único
de Población Desplazada o se les reconociere la indemnización
administrativa en los términos del inciso segundo.
Parágrafo 2°. Las solicitudes de indemnización por vía administrativa
presentadas después de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 en el
marco de la Ley 418 de 1997, con sus respectivas prórrogas y
modificaciones, se regirán por las reglas establecidas en el presente
decreto […]”.
En consecuencia, aunque al momento de la expedición de la Resolución
nro. 01419 de 2012, el Decreto 1290 de 2008 ya había sido derogado por
el Decreto 4800 de 2011, en todo caso, para la distribución y monto de
la indemnización que en este evento se otorgó, se aplicó el régimen de
transición previsto por el artículo 155 del Decreto 4800 y lo señalado por
el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008, que fijó una indemnización
solidaria por homicidio, desaparición forzada y secuestro en la suma de
40 salarios mínimos mensuales legales.
En lo que concierne a la indemnización solidaria prevista por el artículo 5
del Decreto 1290 de 2008, la Sala advierte que, como su nombre lo indica,
se trata de una indemnización que otorga el Estado a las víctimas directas
o a sus beneficiarios y fue concebida como un procedimiento
administrativo para reparar de manera anticipada a las víctimas de grupos
armados al margen de la ley “con el propósito de superar el estado de
vulnerabilidad”; no tiene como objetivo la indemnización integral, ni su
reconocimiento le impide a las víctimas hacer uso de las alternativas
judiciales dirigidas a obtener la reparación integral, en las que podrá
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reclamarse el daño alegado en todos sus componentes (daño emergente,
lucro cesante, daño moral, etc.), y en la medida de su comprobación.
Ahora bien, frente al argumento de la parte actora, en el sentido que se
desconocieron los artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 8 de la Ley 975
de 2005, es importante señalar que tales disposiciones hacen alusión a la
reparación que se reclama por vía judicial e incluye la valoración de los
daños irrogados y, por lo tanto, no se corresponde con la indemnización
que se concede en sede administrativa que, se recalca, no atiende a
criterios de indemnización por daños, sino que tiene un componente
eminentemente solidario.
En efecto, en cuanto a la reparación que se persigue por vía judicial, el
artículo 16 de la Ley 446 de 199842 dispuso que en “(…) cualquier proceso
que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios
de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales”. (se destaca)
Mientras que el artículo 8 de la Ley 975 del 25 de julio de 2005 43 previó
que el derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones
que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción, y las garantías de no repetición de las conductas. Para ello
estableció:
42
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto
2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras
de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del
Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia”.
43
“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”.
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“[…] Restitución es la realización de las acciones que propendan por
regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el
delito.
La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la
recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como
consecuencia del delito.
La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones
tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad
sobre lo sucedido.
Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la
desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen
de la ley.
(…)
La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de
las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de
manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de
hechos de violencia sistemática.
Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones
individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de
esta ley.
[…]” (Se resalta)
La Corte Constitucional en la sentencia C- 370 del 18 de mayo de 2006,
al conocer de la demanda de inconstitucionalidad contra algunos de los
artículos de la Ley 975 de 2005, precisó que “(…) los tratados sobre
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no reconocen
específicamente los derechos a la paz, la verdad, la justicia y la
reparación, pero sí hacen relación (i) a que debe existir un recurso
efectivo; (ii) al deber de los Estados de garantizar el acceso a la justicia;
(iii) al deber de investigar las violaciones a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario; y (iv) a la obligación de los Estados
de cooperar para la prevención y sanción de los delitos internacionales y
las graves violaciones de Derecho Humanos”, y que los principios que
deben gobernar el ejercicio de la función judicial, especialmente en
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materia penal, y el derecho subjetivo de acceso a la justicia, incluye, entre
otros estándares, la reparación, la razonabilidad de los términos
judiciales, así como la necesidad de que “ciertos recursos judiciales
reconocidos dentro del proceso penal se establezcan no sólo a favor del
procesado sino también de las víctimas, cuando el delito constituye un
grave atentado en contra de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario”.
En tal medida, es posible concluir que la indemnización administrativa que
fijó el Decreto 1290 de 2008 no es contraria a la Constitución Política ni a
las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
puesto que la misma se otorga con el propósito de superar el estado de
vulnerabilidad de las víctimas, sin que tenga como objetivo el
reconocimiento de una reparación integral, pues la indemnización por este
concepto depende de lo que sea acreditado, ya sea directamente, o previo
el adelantamiento de un procedimiento judicial que establezca la
respectiva responsabilidad y la consecuente condena.
Al efecto, es importante señalar que, esta Sección en sentencia del 16 de
abril de 201544, en la cual se analizó el argumento relativo a si los topes
previstos en el Decreto 1290 de 2008 eran contrarios a la Convención
Americana de Derechos Humanos, consideró que “IV.2.14. En cuanto a
los topes fijados para la reparación en la normativa atacada, no encuentra
la Sala que ellos vulneren el artículo 63.1 de la Convención Americana,
por cuanto los mismos no son incompatibles con la posibilidad de que la
víctima pueda buscar la reparación por la vía judicial”.
Por las razones anotadas, no se evidencia contradicción entre las normas
convencionales y el Decreto 1290 de 2008, puesto que la indemnización
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
44
del 16 de abril de 2015. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación nro.
11001 03 24 000 2009 00129 00.
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administrativa a que se refiere dicho decreto no comporta el
reconocimiento integral de un daño y la responsabilidad que por esos
hechos le cabría a quien la paga, sino que se trata de una indemnización
solidaria que el Estado proporciona a las víctimas; de manera que, en lo
atinente a este primer reparo, el recurso de apelación no tiene vocación
de prosperidad.
(ii) La solicitud de nulidad de la Resolución nro. 01419 del 16 de
mayo de 2012
La parte actora sostuvo que, al conceder la Resolución nro. 1419 de 2012
solo una indemnización de 40 SMLMV, contrarió el criterio de
indemnización del artículo 63.1 de la Convención Americana (i) que
reconoce el derecho a la reparación integral, y (ii) debió declarar víctimas
a todos los familiares del señor Gilberto Echeverry, porque a ellos también
se le violaron sus derechos humanos, pero solo se concedió la reparación
a la señora Marta Inés Pérez de Echeverry.
En lo que tiene que ver con el derecho a la reparación integral, la Sala
considera pertinente remitirse a lo ya señalado en líneas precedentes, en
donde se distinguió entre la indemnización administrativa y la reparación
integral, su alcance y el fin perseguido en cada caso.
Al efecto, se recuerda que el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008
estableció una indemnización solidaria a cargo del Estado, pagadera
directamente a las víctimas o a sus beneficiarios.
A su vez, la Ley 1448 del 10 de junio de 201145, en el artículo 132, dispuso
que el Gobierno Nacional debía reglamentar, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la promulgación de dicha ley, el trámite, procedimiento,
45
“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
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mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización
individual por la vía administrativa a las víctimas, y que el reglamento
debía determinar criterios, objetivos y tablas de valoración, los rangos de
montos que serán entregados a las víctimas como indemnización
administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el
procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la
indemnización contribuyera a superar el estado de vulnerabilidad en que
se encontrara la víctima y su núcleo familiar, el cual fue reglamentado por
el Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011.
Cabe reiterar que, al momento de expedirse la Resolución nro. 01419 de
2012, el Decreto 1290 de 2008 ya había sido derogado por el Decreto
4800 de 2011, pero en todo caso, para la distribución y monto de la
indemnización otorgada, se aplicó el régimen de transición previsto por el
artículo 155 del Decreto 4800 y lo señalado por el artículo 5 del Decreto
1290 de 2008.
Por su parte, el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 consagró el derecho a
la reparación integral que comprende “(…) las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del
hecho victimizante”. (se destaca)
En relación con las vías que tienen las víctimas, tanto individuales como
colectivas, para que puedan obtener el derecho a la reparación integral,
la Corte ha explicado46 que “(…) estas diferentes vías de reparación a
víctimas presentan diferencias importantes: (i) la reparación en sede
judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas
46
Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 2013.
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individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones.
En esta vía se encuentra articulada la investigación y sanción de los
responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las
medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la
víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la
reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima. ii) Mientras
que por otra parte, la reparación por la vía administrativa se caracteriza
en forma comparativa (i) por tratarse de reparaciones de carácter masivo,
(ii) por buscar una reparación, que si bien es integral, en cuanto
comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se guía
fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta
vía no resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil
determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño
sufrido”.
Conforme con lo anterior, la indemnización administrativa no examina el
daño que cada ciudadano soporta, sino el hecho victimizante que es sobre
el cual se estructura la tabla de indemnizaciones, con criterio de equidad
y solidaridad, para contribuir a solucionar el estado de vulnerabilidad. Su
propósito, entonces, no es el de reconocerle a la víctima afectada el daño
emergente, el lucro cesante, el daño moral y demás componentes de la
indemnización, pues ello es propio del examen que en cada caso concreto
realizan los jueces; es, por el contrario, una contribución que el Estado
hace para ayudar a superar las secuelas que deja el conflicto, en orden a
alcanzar los objetivos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Frente al segundo reparo, en el sentido que debieron declararse víctimas
a todos los miembros de la familia del señor Gilberto Echeverry que aquí
demandan, porque a ellos también se le violaron sus derechos humanos,
pero solo se concedió “la reparación” a la señora Marta Inés Pérez de
Echeverry, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
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(i) Como ya se explicó con suficiencia, en este caso no se reconoció una
reparación sino una indemnización administrativa y para su distribución y
monto se aplicó el régimen de transición previsto por el artículo 155 del
Decreto 4800 y lo señalado por el artículo 5 del Decreto 1290 de 2008.
(ii) Precisamente en los considerandos del Decreto 1290 de 2008 se
plasmaron las normas y la jurisprudencia con apoyo en la cual se definió
quienes podían calificarse como víctimas, así como también quienes
debían responder por los daños irrogados.
Destacan, en este orden, que se definen “como víctimas a quienes
hubieren sufrido daños directos de manera individual o colectiva, como
‘consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal,
realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley’, ‘tales
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva),
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos
fundamentales’ y ‘al cónyuge, compañero o compañera permanente, y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida”.
Que, “(…) además de la reparación judicial establecida en la Ley 975 del
25 de julio de 2005 de Justicia y Paz, es viable que el Estado, dentro del
principio de solidaridad y la obligación residual de reparar pueda
establecer un procedimiento administrativo para reparar de manera
anticipada a las víctimas de los grupos armados organizados al margen
de la ley, sin perjuicio de la obligación de hacerlo que tienen los
victimarios y el derecho de repetición del Estado contra estos (…)”.
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Que, “(…) cuando el responsable de la violación no pueda o no quiera
cumplir con sus obligaciones, los Estados deben esforzarse por resarcir a
la víctima”.
Que, “(…) cuando el Estado haya resarcido a la víctima por una violación
que no le sea imputable, quien la haya cometido deberá compensar al
Estado” y,
Que, “en la sentencia C-370 de 2006, la H. Corte Constitucional señaló:
‘Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos,
en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al
que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado
para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de
los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con
su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los
delitos.’ Además, que ‘El Estado ingresa en esta secuencia sólo en un
papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en
especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el
monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del
artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los
recursos de los perpetradores sean insuficientes." (6.2.4.4.11 de la
sentencia).
(iv) En lo referente a la indemnización solidaria, el artículo 5 del Decreto
1290 de 2008 determinó que sería pagadera directamente a las víctimas
o a los beneficiarios “de que trata el presente decreto”, y para ello como
lo precisó en la misma parte considerativa el Decreto 1290, se tiene que,
“el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, define como víctimas a quienes
hubieren sufrido daños directos de manera individual o colectiva (…) y "al
cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”(…)”.
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Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
(v) En el presente caso, se otorgó la indemnización administrativa a la
señora Marta Inés Pérez de Echeverri en calidad de cónyuge de la víctima
directa, lo que no obsta para que, quienes se crean legitimados para
reclamar por los mecanismos judiciales la reparación plena del daño
antijurídico que se afirma causado, lo puedan hacer.
De contera, se concluye que, sin perjuicio de la indemnización
administrativa otorgada mediante la Resolución nro. 1419 del 16 de mayo
de 2012 a la señora Pérez de Echeverri, los demandantes tienen a su
alcance las vías judiciales para pretender el resarcimiento de los daños
por el hecho victimizante de homicidio del señor Gilberto Echeverri, por
lo que este cargo tampoco prospera.
Por lo analizado, partiendo de la presunción que cobija los actos de la
administración47, no se logró desvirtuar la legalidad del acto acusado.
(iii) La condena de costas
La parte recurrente cuestiona que haya sido condenada al pago de costas
y agencias en derecho, ya que considera que, acorde con lo dispuesto por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de
costas cuando alguna de las partes ha actuado temerariamente, y con
47
Conforme lo ha expuesto esta Corporación, “(…) si con sujeción al principio de
legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de
superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se
tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad
con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad. (...)
Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado produce a
plenitud sus efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por parte de todos los
destinatarios hasta tanto la administración no declare lo contrario, por lo cual quien
pretenda su nulidad no sólo tiene la obligación de expresar claramente los cargos en los
cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los
hechos en que se sustenta esa ilegalidad. (…)”. Consejo de Estado- Sala de lo
Contencioso Administrativo- Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de mayo
de 2015. Expediente Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00145-01(35625).
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
fundamento en el artículo 188 del CPACA, tampoco se justificó la razón
de dicha condena por parte del a quo.
La Sala recuerda que, en materia de costas, al tenor de lo previsto por el
artículo 188 del CPACA, disposición aplicable al presente asunto, salvo en
los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia debe
disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución debe
regirse por las normas del Código General del Proceso.
A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso (numeral 1) y que
solo habrá lugar a la condena cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación (numeral 8), lo que se
conoce como un criterio objetivo valorativo.
Bajo dichas reglas, contrario a lo señalado por el recurrente, la condena
en costas y agencias en derecho no requiere la apreciación o calificación
de una conducta temeraria de la parte a la cual se imponen; por ello, el
juez en la sentencia que decida de fondo tiene el deber de pronunciarse
frente a éstas.
En el asunto, el a quo sostuvo: “(…) como las pretensiones NO prosperan,
se condenará en costas a la entidad demandante. // El valor de las
agencias en derecho asciende a $6.598.000 equivalentes al 0.2% de la
suma discutida”.
Al respecto, lo que se observa es que el recurrente no explicó las razones
por las que se opone al cálculo de las costas y lo alegado es que solo
había lugar a imponerlas cuando la actuación fuera temeraria y que no
estaban justificadas; por consiguiente, dado que, el tribunal sí justificó su
tasación, en este punto también será confirmada la sentencia recurrida.
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Radicación: 05001 23 33 000 2013 00085 01
Demandante: Marta Inés Pérez de Echeverri y otros
Por último, no se condenará en costas en esta instancia, al no estar
demostrada su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2015
por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
que negó las pretensiones de la demanda, según las razones explicadas
en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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38
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