Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00368-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2010-00368-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2010-00368-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
19 de marzo de 2026
Expediente número: 11001 03 24 000 2010 00368 00
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 24 000 2010 00368 00
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG
Tesis: Operó el fenómeno de caducidad, en tanto la demanda fue presentada
después de haber transcurrido más de cuatro (4) meses desde la notificación por
conducta concluyente del acto.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia, la demanda presentada en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, para que se declare
la nulidad del literal b) del artículo 10 de la Resolución núm. 022 del 20 de febrero
de 2001, del artículo 8 de la Resolución núm. 001 de 2006 y del artículo 1 de la
Resolución núm. 008 de 2006
I. DEMANDA
1.1. Las pretensiones
1. Emilio José Archila Peñalosa 1 , presentó demanda 2 contra la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, en adelante la parte demandada o CREG, en ejercicio
de la acción de nulidad 3 . En esta demanda se presentaron las siguientes
pretensiones:
1 En nombre propio.
2 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_02 DEMANDA Y ANEXO
• DEMANDA(.pdf).
3 Prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso
Administrativo” .
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Expediente número: 11001 03 24 000 2010 00368 00
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
«Primera: Que se declare la nulidad del artículo 10 literal b) de la resolución 22
de 2001, expedida por la CREG.
Segunda: Que se declare la nulidad del artículo 8 de la resolución 001 de 2006,
expedida por la CREG.
Tercera: Que se declare la nulidad del artículo 1 de la resolución 008 de 2006,
expedida por la CREG. […]»
2. Posteriormente, se presentó subsanación de la demanda en la que se indicó
que el accionante era la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.4, en adelante
parte demandante o Interconexión Eléctrica, y que la acción correspondía a la de
nulidad y restablecimiento del derecho5 bajo las siguientes pretensiones:
«1.1. Nulidades
Primera: Que se declare la nulidad del artículo 10 literal b) de la resolución 22
de 2001, expedida por la CREG.
Segunda: Que se declare la nulidad del artículo 8 de la resolución 001 de 2006,
expedida por la CREG.
Tercera: Que se declare la nulidad del artículo 1 de la resolución 008 de 2006,
expedida por la CREG.
1.2 Restablecimiento del derecho
Con la declaratoria de nulidad que solicita ISA, entendemos que se
restablecería el derecho».
1.2. El Acto administrativo demandado
3. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. demandó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
3.1. El literal b) del artículo 10 de la Resolución núm. 022 de 20 de febrero de 2001,
“Por la cual se modifican e incorporan las disposiciones establecidas en la
Resolución CREG-051 de 1998, modificada por las Resoluciones CREG-004 y
CREG-045 de 1999, mediante las cuales se aprobaron los principios generales y
los procedimientos para definir el plan de expansión de referencia del Sistema de
Transmisión Nacional, y se estableció la metodología para determinar el Ingreso
4 Por intermedio del apoderado Emilio José Archila Peñalosa.
5 Cfr.
Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_11 SUBSANACION
DEMANDA(.pdf).
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Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Regulado por concepto del Uso de este Sistema" expedida por la CREG, en el que
se resolvió lo siguiente:
«Artículo 10. En ejercicio de las facultades legales de la CREG y como
mecanismo para prevenir el abuso de posición dominante de las empresas, y
para evitar la concentración de la propiedad accionaria de las mismas, se
establecen las siguientes reglas para la participación en la actividad de
transmisión nacional que se determina en la presente Resolución:
[…]
b) A partir de la vigencia de la presente Resolución Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. y las empresas con quienes tenga una relación de control, solamente
podrán incrementar su participación en la actividad de Transmisión cuando sean
elegidas beneficiarias en los procesos de selección a los que hace referencia la
presente Resolución. En ningún caso podrán adquirir participación societaria o
accionaria, ni incrementar la que tuvieren en empresas de Transmisión Nacional
existentes o futuras, salvo en aquellas con respecto a las cuales tengan una
relación de control».
3.2. Además, demandó las modificaciones introducidas a dicho artículo a través
del artículo 8 de la Resolución núm. 001 de 2006 y el artículo 1 de la Resolución
núm. 008 de 2006:
«Artículo 10. En ejercicio de las facultades legales de la CREG y como
mecanismo para prevenir el abuso de posición dominante de las empresas, y
para evitar la concentración de la propiedad accionaria de las mismas, se
establecen las siguientes reglas para la participación en la actividad de
transmisión nacional que se determina en la presente Resolución:
[…]
b) A partir de la vigencia de la presente Resolución Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. y las empresas con quienes tenga una relación de control, solamente
podrán incrementar su participación en la actividad de Transmisión cuando sean
elegidas beneficiarias en los procesos de selección a los que hace referencia la
presente Resolución. En ningún caso podrán adquirir participación societaria o
accionaria, ni incrementar la que tuvieren en empresas de Transmisión Nacional
existentes o futuras, salvo en aquellas con respecto a las cuales tengan una
relación de control».
1.3. Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó que el 20 de febrero de 2001 la CREG expidió
la Resolución núm. 22 de 2001, mediante la cual modificó la regulación de los
principios generales y los procedimientos del plan de expansión de referencia del
Sistema de Transmisión Nacional de energía eléctrica.
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5. Señaló que en el artículo 10 de la mencionada regulación se determinaron
las reglas orientadas a prevenir el abuso de posición dominante y evitar la
concentración de la propiedad en la actividad de transmisión nacional. Entre esas
reglas, en el literal b) se estableció que la empresa Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. –ISA– y las empresas que tuvieran relación de control con ella no podrían
incrementar su participación accionaria en empresas de transmisión nacional, ni
adquirir activos de transmisión en procesos de selección.
6. Afirmó que, con posterioridad a ello, el 10 de enero de 2006, la CREG expidió
la Resolución núm. 001 de 2006 mediante la cual modificó una parte del contenido
del artículo 10 de la Resolución 22 de 2001 quedando de la siguiente forma:
«Artículo 10. En ejercicio de las facultades legales de la CREG y como
mecanismo para prevenir el abuso de posición dominante de las empresas, y
para evitar la concentración de la propiedad accionaria de las mismas, se
establecen las siguientes reglas para la participación en la actividad de
transmisión nacional que se determina en la presente Resolución:
b) A partir de la vigencia de la presente Resolución Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. y las empresas con quienes tenga una relación de control, solamente
podrán incrementar su participación en la actividad de Transmisión cuando sean
elegidas beneficiarias en los procesos de selección a los que hace referencia la
presente Resolución. En ningún caso podrán adquirir participación societaria o
accionaria, ni incrementar la que tuvieren en empresas de Transmisión Nacional
existentes o futuras, salvo en aquellas con respecto a las cuales tengan una
relación de control.
Tampoco podrán adquirir activos de transmisión de otras empresas que resulten
elegidas en los procesos de selección a los cuales hace referencia la presente
Resolución excepto los activos de transmisión de aquellas empresas con
respecto a las cuales tengan una relación de control»
7. Finalmente, manifestó que el 21 de febrero de 2006 se expidió la Resolución
núm. 008 de 2006, que una vez más modificó el artículo 10 de la Resolución 22 de
2001 y corrigió el artículo 8 de la Resolución 001 de 2006, así:
«Artículo 10. En ejercicio de las facultades legales de la CREG y como
mecanismo para prevenir el abuso de posición dominante de las empresas, y
para evitar la concentración de la propiedad accionaria de las mismas, se
establecen las siguientes reglas para la participación en la actividad de
transmisión nacional que se determina en la presente Resolución:
a) Las empresas constituidas como E.S.P. que deseen participar en los
Procesos de Selección aquí regulados, deberán tener como objeto exclusivo la
actividad de Transmisión Nacional en lo relacionado con el sector eléctrico. Para
el efecto, se entenderá que una empresa tiene objeto exclusivo,
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independientemente de su objeto social, cuando no desarrolle de manera
directa en el sector eléctrico, actividades distintas a la Transmisión Nacional, o
de manera indirecta a través de empresas subordinadas o controladas en
cualquiera de las formas previstas en el Código de Comercio.
Asimismo, un proponente que sin ser E.S.P se gane la convocatoria, deberá
constituirse como tal, con objeto exclusivo en Transmisión Nacional en lo
relacionado con el sector eléctrico, de conformidad con lo establecido en el
artículo 74 de la Ley 143 de 1994;
b) A partir de la vigencia de la presente Resolución Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P. y las empresas con quienes tenga una relación de control, solamente
podrán incrementar su participación en la actividad de Transmisión cuando sean
elegidas beneficiarias en los procesos de selección a los que hace referencia la
presente Resolución. En ningún caso podrán adquirir participación societaria o
accionaria, ni incrementar la que tuvieren en empresas de Transmisión Nacional
existentes o futuras, salvo en aquellas con respecto a las cuales tengan una
relación de control»
8. Sostuvo que estas medidas que limitaban a la empresa Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. a aumentar su participación en el mercado de transmisión
nacional fueron estructuradas con el simple argumento de prevenir un eventual
abuso de posición dominante y sin que existiera un estudio técnico que soportara
esa consideración.
1.4. Normas violadas
9. La parte demandante en la explicación de los cargos de nulidad consideró
como vulneradas las siguientes normas: (i) respecto al cargo de falta de
competencia, enunció como normas violadas los artículos 6, 121 y 333 de la
Constitución Política, y las Leyes 142 y 143 de 1994; (ii) por su parte, respecto al
cargo de falsa motivación mencionó la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2153 de 1992;
y (iii) por último, en relación al cargo de violación de las normas en las que debía
sustentarse indicó como vulnerados los artículos 13, 29, 209, 333 y 334 de la
Constitución Política, los artículos 3, 10, 34 y 133 de la Ley 142 de 1994, el artículo
7 de la ley 143 de 1994 y el artículo 4 de la Ley 155 de 1959.
1.5. Concepto de la violación
10. La parte demandante presentó los siguientes cargos como fundamento de la
violación alegada.
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1.5.1. De la falta de competencia de la CREG
11. Sostuvo que mediante la expedición de los actos administrativos
demandados la CREG habría excedido sus competencias y vulnerado lo dispuesto
en el artículo 121 de la Constitución Política.
12. Como fundamento del cargo adujo que las funciones legales de la parte
demandada se encuentran establecidas en los artículos 73 de la Ley 142 de 1994 y
23 de la ley 143 de 1994. Señaló que en dichos artículos no se hace mención de
una facultad ilimitada para prohibir la posición de dominio de los agentes de
mercado o para intervenirlos en su actividad económica.
13. Afirmó que la propia Constitución Política solo le asignó al Gobierno Nacional
por mandato de la ley la función de evitar o controlar abusos de posición dominante,
más no la de impedir la existencia misma de dicha posición:
«El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional».
14. En este orden de ideas, precisó que el ordenamiento jurídico colombiano no
proscribe o prohíbe la tenencia de una posición dominante en determinado
mercado, sino únicamente las conductas abusivas que pueden derivarse de ella.
15. Agregó que en la Ley 142 de 1994 se determinó que la intervención estatal
en los servicios públicos domiciliarios se dirige a prevenir y sancionar conductas
abusivas que afecten la competencia, mas no a impedir estructuralmente que
determinados agentes económicos adquieran participación en el mercado.
16. Para reforzar este argumento acudió a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en particular a la sentencia del 2 de mayo de 2007 con radicado núm.
11001-03-26-000-1998-05354-01, en la que se explicó que las facultades de las
comisiones regulatorias no pueden equipararse a la ley ni sustituir al legislador en
asuntos de reserva legal:
«[…] ni de la autorización legal al Presidente para delegar ni del hecho mismo
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de que delegue puede desprenderse una aptitud o capacidad normativa de las
comisiones que pueda equipararse a la ley o competir con ella ni tampoco la
atribución de reglamentar las leyes en materia de servicios públicos, la que es
exclusiva del Presidente de la República en los términos del artículo 189,
numeral 11, de la Constitución, y por tanto indelegable. Así, pues, los actos de
regulación de las comisiones están en todo sujetos a la ley.
[…] De modo que conforme a este fallo la regulación de las comisiones (entre
ellas las de la CREG) no tiene el mismo nivel de la legislación, y por lo mismo
no pueden completarla o modificarla, y menos aún desconocerla».
17. Por lo tanto, argumentó que la CREG incurrió en una clara extralimitación de
funciones al haber asumido competencias propias del legislador y diseñar un
régimen de prohibiciones generales que restringen la actividad económica sin
habilitación legal expresa.
18. En la misma línea afirmó que la libre empresa es un derecho de rango
constitucional que solo puede ser limitado por la ley o cuando la autoridad
administrativa cuente con la facultad específica para ello, circunstancia que no se
presenta en el caso concreto.
19. A partir de estas consideraciones concluyó que la parte demandada estaría
vulnerando el principio constitucional de legalidad al impedir que los agentes
adquieran posición dominante sin contar con una facultad expresa que la habilitara
para implementar este tipo de prohibiciones en el mercado.
1.5.2. De la falta motivación de los actos demandados
20. En relación con este cargo sostuvo que los actos administrativos siempre
deben estar sustentados en razones de hecho y de derecho que permitan justificar
su legitimidad y oportunidad.
21. Bajo ese contexto afirmó que las resoluciones demandadas incurren en falsa
motivación, puesto que no cuentan con una relación de causalidad entre una
situación fáctica –como un comportamiento abusivo de Interconexión Eléctrica– y la
prohibición establecida en los actos demandados.
22. Indicó que las disposiciones demandadas no desarrollaban una justificación
que permitiera comprender por qué la limitación a la adquisición de activos o de
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acciones societarias de Interconexión Eléctrica evitaría una eventual conducta de
abuso de posición de dominio. Adujo que la posición de dominio es una condición
dinámica, que puede variar según las preferencias de los consumidores en el
mercado, las condiciones de la demanda y las barreras de entrada del mismo.
23. Cuestionó que la CREG hubiera presumido que la adquisición de
participación en otras empresas pueda resultar necesariamente en la obtención o
incremente de la posición de dominio y, mucho menos, en el abuso de la misma. En
particular reprochó que la CREG no explicó de qué manera dichas operaciones
implicarían necesariamente el riesgo de que se produzca una conducta de abuso
de posición dominante.
24. También cuestionó que la CREG no hubiera sustentado el contenido de las
disposiciones demandadas en un estudio de mercado concreto. Sobre este punto
señaló que para determinar la existencia de una posición de dominio se requiere un
análisis de factores y presupuestos específicos, tales como la identificación
detallada de los servicios, sus sustitutos próximos, la cantidad de usuarios o las
características de la demanda, las condiciones de la oferta de Ios servicios –los
competidores actuales y potenciales–, las barreras de entrada y el ámbito
geográfico del mercado. Advirtió que solo a partir de ese examen es posible
establecer la capacidad de un agente de influir o determinar unilateralmente las
condiciones del mercado.
25. Indicó que la falsa motivación de los actos demandados también se habría
configurado al haber vinculado o relacionado la democratización de la propiedad
con la posición de dominio. Lo anterior, toda vez que la dominancia del mercado no
depende directamente del grado de concentración accionaria que tenga una
empresa en específico.
26. Finalmente, cuestionó que en las actas de las sesiones de la CREG previas
a la expedición de las resoluciones demandadas no se hubiese estudiado la
necesidad de intervenir a Interconexión Eléctrica ni de limitar su actuación dentro
del mercado. Esta circunstancia adquiere especial relevancia cuando se trata de
decisiones que restringen de manera permanente la autodeterminación empresarial
y que por ello requieren una valoración especifica y detallada que pueda sustentar
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razonablemente la medida adoptada.
27. En ese sentido afirmó que la CREG no podía utilizar justificaciones
abstractas, como la de afirmar la necesidad de evitar un eventual abuso de posición
dominante.
1.5.3. De la violación de la ley por parte de los actos demandados
28. Sostuvo que las resoluciones acusadas infringieron las normas superiores en
las que debían fundarse.
29. En primer lugar, afirmó que se vulneró el debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, dado que la CREG habría expedido
disposiciones que afectaban de forma directa, particular y concreta a Interconexión
Eléctrica sin previamente haber adelantado una actuación administrativa en donde
se le permitiera ejercer su derecho a la defensa y controvertir las consideraciones
de la entidad.
30. Agregó que las prohibiciones establecidas en las disposiciones demandadas
constituyeron una forma ilegal de regular operaciones de integración económica, las
cuales solo podían evaluarse una vez surtido el procedimiento del artículo 4 de la
Resolución núm. 42 de 1999.
31. En ese contexto cuestionó que la CREG hubiera adoptado medidas
prohibitivas bajo la presunción de que Interconexión Eléctrica ostentaba una
posición de dominio y que esta abusaría de ella.
32. En segundo lugar, señaló que los actos demandados vulneraron el principio
de igualdad de los artículos 13 y 209 de la Constitución política, y del artículo 3 del
Código Contencioso Administrativo (en adelante C.C.A.), al haber impuesto un trato
diferenciado a Interconexión Eléctrica frente a las demás empresas del sector de
transmisión energética sin una justificación razonable para ello.
33. Advirtió que la CREG no explicó las razones por las cuales resultaba
procedente imponer una prohibición discriminatoria en contra de la parte
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demandante bajo la facultad del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994.
Sobre este punto destacó que, según la sentencia T-755 de 2000 de la Corte
Constitucional, la carga argumentativa siempre debe estar inclinada en favor de la
igualdad y debe desvirtuarse probatoriamente por quién pretende un trato
diferenciado.
34. Adicionalmente, señaló que la imposición de la medida discriminatoria
permanente en contra de Interconexión Eléctrica otorga ventajas competitivas
injustificadas a los demás agentes de mercado, lo que vulneraría el artículo 13 de
la Constitución Política y el principio de imparcialidad que rige las actuaciones
administrativas.
35. En tercer lugar, sostuvo que los actos demandados estarían restringiendo de
forma desproporcionada los artículos 10 de la ley 142 de 1994, 7 de la ley 143 de
1994, y 333 y 334 de la Constitución Nacional.
36. Al respecto, explicó que dichos actos estarían afectando la libertad de
empresa y la libre competencia económica, por cuanto impiden que Interconexión
Eléctrica participe libremente en el mercado y adopte decisiones comerciales como
la de integrarse con otras empresas. Añadió que dicha restricción resultaba
completamente innecesaria y desproporcional toda vez que existen otros
mecanismos menos invasivos para prevenir que se generen conductas de abuso de
posición dominante en el mercado.
37. En cuarto lugar, adujo que las disposiciones demandadas configuran una
forma ilegal de regular las operaciones de integración económica, por cuanto estas
deben someterse al régimen previsto el artículo 4 de la Ley 155 de 1959, modificado
por el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009 y su vigilancia recae en la Superintendencia
de Industria y Comercio.
38. En quinto lugar, manifestó que con la expedición de los actos administrativos
demandados se vulneraron los artículos 34 y 133 de la ley 142 de 1994, puesto que
su contenido no corresponde a ninguna de las presunciones legales allí previstas
para determinar la existencia de un abuso de posición dominante.
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39. Por último, consideró vulnerado el artículo 3 de la Ley 142 de 1994 en la
medida de que las prohibiciones impuestas no se fundaron en los motivos de dicha
disposición ni se sustentaron en circunstancias comprobables probatoriamente.
40. Con base en lo anterior, solicitó que se declare la nulidad de los actos
administrativos demandados.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
41. El 2 de diciembre de 2013 la CREG 6 se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó que se declararan probadas las excepciones propuestas con
fundamento en los argumentos que se exponen a continuación.
2.1. Excepciones propuestas por el demandado
42. En primer lugar, sostuvo habría operado el fenómeno de la caducidad. En
particular señaló que las resoluciones demandadas tienen la naturaleza de actos
administrativos mixtos, toda vez que, aunque formalmente presentan una estructura
general y decisiones abstractas, contienen disposiciones que producen efectos
directos, concretos y particulares respecto de Interconexión Eléctrica S.A. y de las
empresas bajo su control.
43. Con base en esa consideración afirmó que comparte lo señalado por el
Despacho sustanciador en la medida en que el medio de control procedente no era
la acción pública de nulidad, sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, por
cuanto las disposiciones acusadas no son de carácter general, sino que inciden de
manera específica en la esfera jurídica de un sujeto determinado.
44. Bajo ese contexto, señaló que era preciso revisar la caducidad de la acción
procedente. Concluyó que en el presente caso debía aplicarse el término de cuatro
(4) meses previsto en el ordenamiento procesal, el cual se encontraba ampliamente
vencido al momento de presentación de la demanda.
6 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_28 CONTESTACIÓN DE
LA DEMANDA(.pdf).
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45. Como sustento de lo anterior citó providencia de esta Corporación del 28 de
octubre de 1999 con radicado No. 3443 en la que se señaló lo siguiente sobre la
notificación estos actos:
«Al punto, cabe decir que si bien es cierto que el acto afecta a particulares de
manera directa y concreta, lo cierto es que no por ello es estrictamente
totalmente un acto de la misma índole, puesto que, como se dejó advertido al
inicio de estas consideraciones, en realidad es un acto mixto, en tanto siendo
un acto general y abstracto, necesariamente reglamentario sobre la materia,
tiene efectos particulares, aunque las personas individualmente afectadas sean
un conjunto, mas o menos numeroso, lo cual explica que, en principio, se
hubiera tendido a tomarlos solamente como actos generales.
Sin embargo, es suficiente con anotar que ambos pasaron por alto la abundante
y decantada jurisprudencia de la Corporación, en el sentido de que la omisión o
la irregularidad de la publicidad de los actos administrativos, y la notificación
personal es una forma de ella, no afecta o no incide sobre la validez de los
mismos, puesto que se trata de un trámite o diligencia externa y posterior a la
formación o al nacimiento de ellos.
Afecta sí su eficacia u oponibilidad frente a los administrados cuando le impone
deberes u obligaciones, o establece restricciones a sus derechos; y, en
consecuencia, de ejecutarse sin la previa notificación y firmeza, puede dar paso
a una vía de hecho, que en tal caso sería atacable ya no por acción de
restablecimiento del derecho, sino de reparación directa.
Añadió que la calificación del acto como mixto no depende exclusivamente de
su denominación formal, sino de los efectos jurídicos que produce, razón por la
cual no resulta admisible que, bajo la apariencia de una regulación general, se
desconozca el impacto particular que las normas demandadas generan sobre
un agente específico del mercado.
Así las cosas, el cargo no tiene asidero alguno que le permita prosperar, amén
de que de ser cierta tal omisión, como parece ser, ella quedó subsanada
mediante la notificación por conducta concluyente, ocurrida en virtud de la
presentación de la demanda que ha dado origen al presente proceso».
46. En segundo lugar, propuso como excepción la falta de agotamiento de la vía
gubernativa.
47. Advirtió que, de acuerdo con la naturaleza de los actos administrativos
demandados y el medio de control ejercido, era exigible el cumplimiento de dicho
requisito antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
48. Indicó que, tratándose de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, la parte actora debía interponer los recursos administrativos procedentes,
pues solo de esa manera se habilitaba el acceso al juez contencioso. En ese
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sentido, afirmó que la omisión de la vía gubernativa impide un pronunciamiento de
fondo.
49. Agregó que no se configura ninguna de las excepciones legales que permiten
acudir directamente a la jurisdicción sin agotar los recursos administrativos, por lo
que la demanda adolece de un defecto insubsanable que afecta su procedencia.
50. Por último, la parte demandada también propuso como excepción la falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
51. Sostuvo que, conforme al régimen legal aplicable, la conciliación prejudicial
constituye un requisito obligatorio para acudir a la jurisdicción cuando el asunto es
susceptible de conciliación, circunstancia que, en su criterio, se presenta en el caso
concreto.
52. Afirmó que la demanda persigue efectos patrimoniales y económicos, razón
por la cual debía agotarse previamente el trámite conciliatorio. En consecuencia, la
ausencia de dicho requisito impide el estudio de fondo de las pretensiones
formuladas.
2.2. Argumentos de oposición a los cargos propuestos por la parte
demandante
2.2.1. Sobre el cargo de la falta de competencia de la CREG
53. Frente al presente cargo, la parte demandada defendió la legalidad de su
actuación señalando que la Constitución y la ley le atribuyeron amplias facultades
de regulación en el sector eléctrico, orientadas a promover la competencia, prevenir
abusos de posición dominante y proteger el funcionamiento eficiente del mercado.
54. Explicó que dichas competencias se encuentran previstas, entre otras
disposiciones, en los artículos 73 de la Ley 142 de 1994 y 23 de la Ley 143 de 1994,
normas que habilitan a la CREG para adoptar medidas regulatorias de carácter
preventivo, sin que ello implique invadir la órbita de competencias del legislador.
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55. Bajo ese contexto sostuvo que la regulación demandada no proscribe la
posición dominante en sí misma, sino que establece límites razonables a la
participación accionaria con el propósito de evitar riesgos estructurales para la
competencia en el mercado de transmisión de energía eléctrica.
56. Indicó que la intervención estatal en materia económica no se agota en la
sanción de conductas abusivas ya consumadas, sino que comprende también la
adopción de medidas anticipatorias que impidan la consolidación de estructuras de
mercado que puedan facilitar el abuso de poder económico.
57. Por lo tanto, negó haber incurrido en una extralimitación de funciones y afirmó
que las resoluciones demandadas no equivalen a la expedición de normas con
fuerza de ley ni suplantan al legislador en materias de reserva legal.
58. Sostuvo que el diseño de reglas regulatorias que inciden en la estructura del
mercado hace parte del núcleo mismo de la función regulatoria, especialmente en
sectores estratégicos como el eléctrico, en los cuales el Estado tiene un mandato
constitucional reforzado de intervención.
59. Aclaró que las disposiciones acusadas no modifican el régimen legal de la
actividad de transmisión ni alteran las competencias asignadas por la ley a los
agentes del mercado, sino que establecen condiciones de participación compatibles
con los principios de libre competencia y eficiencia económica.
2.2.2. Sobre el cargo de falsa motivación
60. En relación con el cargo de falsa motivación, afirmó que los actos
administrativos se encuentran debidamente sustentados en las funciones de la
CREG para para crear condiciones competitivas.
61. En línea con lo anterior, explicó que la motivación de las resoluciones no
exige la demostración previa de una conducta abusiva específica por parte de
Interconexión Eléctrica, en tanto las medidas adoptadas responden a un análisis
preventivo del mercado y a la identificación de riesgos derivados de la concentración
económica.
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62. Asimismo, señaló que la parte demandante incurre en una contradicción al
mencionar que la entidad demandada se extralimitó en sus funciones y creó un daño
al imponer una supuesta prohibición a la actividad de Interconexión Eléctrica y, al
mismo tiempo, argumenta que las medidas adoptadas no evitan que esa empresa
abuse de posición de dominio.
2.2.3. Sobre el cargo de violación de la ley
63. Respecto de este cargo, rechazó la supuesta vulneración del debido proceso
y sostuvo que, tratándose de actos administrativos de carácter general, no era
exigible adelantar una actuación administrativa individual previa ni surtir notificación
personal.
64. Indicó que las resoluciones fueron expedidas conforme a los procedimientos
propios de la regulación sectorial y publicadas de acuerdo con las reglas aplicables,
lo que garantiza su oponibilidad y validez.
65. Además, señaló que la parte demandante conocía del contenido de los actos
demandados desde el 15 de mayo de 2008, fecha en la cual manifestó a la CREG
su desacuerdo con los conceptos emitidos bajo el marco de las resoluciones
demandadas.
66. Añadió que las medidas adoptadas no constituyen sanciones ni decisiones
de control individual, sino reglas regulatorias abstractas, por lo que no se activa el
deber de adelantar un procedimiento contradictorio previo frente a un agente
específico.
67. Frente a la presunta violación del principio de igualdad, sostuvo que el trato
diferenciado previsto en las resoluciones demandadas se encuentra objetivamente
justificado en la posición particular de Interconexión Eléctrica dentro del mercado de
transmisión nacional.
68. Explicó que la regulación no introduce una discriminación arbitraria, sino que
responde a la necesidad de adoptar medidas diferenciadas frente a agentes con
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una capacidad económica y estructural significativamente superior a la de otros
participantes del mercado.
69. Indicó que el principio de igualdad no impide al regulador establecer reglas
específicas cuando existan razones técnicas y económicas suficientes que
justifiquen un tratamiento distinto, siempre que este sea proporcional y razonable,
como ocurre en el caso examinado.
70. Frente a la presunta violación del régimen de integraciones empresariales,
negó que las resoluciones demandadas constituyan una regulación ilegal de las
operaciones de integración económica y aclaró que el control de integraciones
previsto en la Ley 155 de 1959 y en la Ley 1340 de 2009 no excluye la posibilidad
de que el regulador sectorial adopte reglas preventivas de carácter estructural.
71. Señaló que las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio
y las de la CREG no son excluyentes, sino complementarias, y que la regulación
demandada se inscribe en el ámbito propio de la política sectorial de energía.
72. Finalmente, la parte demandada sostuvo que las disposiciones acusadas no
restringen de manera desproporcionada la libertad de empresa ni la libre
competencia, en tanto no impiden el ejercicio de la actividad de transmisión ni
excluyen a Interconexión Eléctrica del mercado.
73. Afirmó que las medidas adoptadas son idóneas para alcanzar los fines de
protección de la competencia, necesarias ante la ausencia de mecanismos menos
eficaces y proporcionadas en sentido estricto, dado que buscan evitar
concentraciones excesivas sin suprimir la actividad económica.
III. ACTUACIONES RELEVANTES SURTIDAS DENTRO DEL PRESENTE
TRÁMITE
74. El Despacho sustanciador a través de auto del 11 de noviembre de 20107
inadmitió la demanda de nulidad presentada en nombre propio por Emilio José
7 Cfr.
Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_05 AUTO ADMITE
INADMITE - INADMITE DEMANDA(.pdf)
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Archila Peñalosa al considerar que, si bien el actor en ejercicio de la acción pública
de nulidad demandó el literal b) del artículo 10 de la Resolución No. 022 de 2001 y
las disposiciones que modifican dicho artículo, lo cierto es que la anulación de tales
actos implicaría un eventual restablecimiento del derecho automático en favor de
Interconexión Eléctrica y de las empresas que tienen una relación de control con
esta.
75. Por tal razón, el Despacho sustanciador concedió el término para que Emilio
José Archila Peñalosa subsanara su escrito de demanda, a fin de adecuar sus
pretensiones a la acción procedente y precisar la calidad en la que actuaría o su
legitimación por activa sobre el asunto.
76. Inconforme con esta decisión, el 11 de noviembre de 2010 Emilio José Archila
Peñalosa interpuso recurso de reposición contra el auto del 3 de noviembre de
20108.
77. En el recurso sostuvo que la acción procedente en el presente caso era la
nulidad simple dado que las resoluciones demandadas correspondían a actos
administrativos de carácter general.
78. Como fundamento de ello invocó un precedente jurisprudencial de esta
Corporación, en el cual se desarrolla la teoría de los móviles y finalidades de las
acciones de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
«[…] la acción de simple nulidad también procede contra los actos particulares
y concretos cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto,
comporte un especial interés, un interés para la comunidad de tal naturaleza e
importancia, que vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando
se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y
contenido nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de
innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y
económico de gran número de colombianos. De otra parte, el criterio
jurisprudencial así aplicado, habrá de servir como de control jurisdiccional frente
a aquellos actos administrativos que no obstante afectar intereses particulares,
por su contenido y trascendencia impliquen, a su vez, el resquebrajamiento del
orden jurídico y el desmejoramiento del patrimonio económico, social y cultural
de la Nación”. Esa tesis de la Sala Plena ha sido reiterada en varias
oportunidades por las distintas secciones de la corporación, pues ella constituye
un importante elemento de seguridad en las situaciones jurídicas creadas por
8 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_06 RECURSOS SUPLICA
• REPOSICIÓN (.pdf)
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los actos administrativos de carácter particular. Dicho criterio se seguirá en la
solución del asunto sub examine»9.
79. Con base en lo anterior expuso que el presente caso revestía un especial
interés para la comunidad. Lo anterior toda vez que las disposiciones demandadas:
i) impedían que una empresa garantizara la prestación del servicio de forma
eficiente, económica y oportuna; ii) generaban una situación de desigualdad de una
empresa del Estado y las demás que participan en el mercado; iii) obstaculizaban
la reducción del precio de la energía al no permitirle a Interconexión Eléctrica
aprovechar las condiciones de competencia del mercado; iv) afectaban el
patrimonio del Estado al no permitirle recibir mejores utilidades de la empresa
Interconexión Eléctrica; v) impactaban mercado en general dado que Interconexión
Eléctrica era una empresa listada en bolsa cuyos accionistas son miles de
colombianos; vi) al no haber sido demandada la norma por Interconexión Eléctrica
no podía desprotegerse a los accionistas para que pudieran demandarla
directamente; vii) Interconexión Eléctrica es el mayor transportador de energía en
Colombia, por lo que impedirle su crecimiento afectaría a millones de usuarios del
servicio.
80. Frente a dichos planteamientos el Despacho sustanciador mediante auto del
11 de marzo de 201110 resolvió negar los argumentos del recurso propuesto por
Emilio José Archila Peñalosa y confirmar el auto del 3 de noviembre de 2011 que
inadmitió la demanda presentada. Para adoptar dicha decisión consideró que,
aunque las resoluciones demandadas se refieren a asuntos de carácter general
relacionados con la actividad de transmisión nacional de energía eléctrica, prevenir
el abuso de la posición dominante y evitar la concentración de la propiedad
accionaria, el literal demandado sí establece reglas concretas sobre la participación
particular de Interconexión Eléctrica y de las empresas que están bajo su control en
dicha actividad.
81. El Despacho sustanciador explicó que la eventual anulación de los actos
administrativos demandados produciría un restablecimiento automático del derecho
9 Citó la Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 4 de marzo
de 2003, exp: 5683, C.P. Manuel Santiago Ureta Ayola.
10Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_09 AUTO QUE
RESUELVE RECURSO - NO REPONER AUTO(.pdf)
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de Interconexión Eléctrica y las empresas con las que tiene relación de control, en
la medida que dejarían de estar sujetas a la apertura de procesos de selección para
obtener cuotas de mercado y no se les restringiría la posibilidad de adquirir
participación societaria o activos de transmisión de otras empresas del sector
energético.
82. Así mismo precisó que, aunque las disposiciones demandadas podrían tener
incidencia en el mercado de transmisión nacional de energía eléctrica, los
argumentos desarrollados en el recurso se centraron en exponer las limitaciones al
crecimiento que se le generaría a Interconexión Eléctrica y sus efectos para sus
accionistas.
83. Con base en esas consideraciones, el Despacho sustanciador concluyó que
las disposiciones demandadas establecen reglas dirigidas a una empresa
determinada y a las sociedades que tienen relación de control con ella, por lo que
revisten el carácter de actos administrativos de contenido particular y concreto,
circunstancia que hace procedente únicamente la presentación de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
84. Bajo ese contexto, el 24 de marzo de 201111 Emilio José Archila Peñalosa
presentó la subsanación de la demanda, esta vez en calidad de apoderado de
Interconexión Eléctrica, con el fin de que se declare la nulidad del literal b) del
artículo 10 de la Resolución núm. 22 de 2001 y de las resoluciones que modifican
el artículo. En el mismo escrito adecuó el medio de control a la acción nulidad y
restablecimiento del derecho.
85. Por lo tanto, mediante auto del 29 de agosto de 2011 12 el Despacho
sustanciador admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
formulada por Interconexión Eléctrica en contra del literal b) del artículo 10 de la
Resolución núm. 22 de 2001, el artículo 8 de la Resolución núm. 01 de 2006 y el
artículo 1 de la Resolución núm. 08 de 2006.
11 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_11 SUBSANACION
DEMANDA(.pdf)
12 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_13 AUTO ADMITE
INADMITE - ADMITE DEMANDA(.pdf)
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86. Notificado el auto admisorio de la demanda, el 2 de mayo de 2013 la parte
demandada interpuso recurso de reposición en contra de dicha decisión13. En su
escrito sostuvo que respecto de los actos administrativos demandados habría
operado el fenómeno de la caducidad.
87. Por su parte, en el término para descorrer el traslado del recurso la parte
demandante 14 afirmó que la prosperidad de tales planteamientos vulneraría los
principios de buena fe y confianza legítima, por cuanto la adecuación del medio de
control obedeció a lo ordenado por el Despacho en el auto del 11 de marzo de 2011.
88. De igual forma, advirtió que el recurso de reposición fue presentado de forma
extemporánea, de conformidad con lo establecido en los incisos 2 y 3 del artículo
348 y el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC). Al
respecto explicó que la notificación del auto admisorio se surtió el 24 de abril de
2013 y que el recurso fue interpuesto el 2 de mayo de ese año, fecha que se
encontraba por fuera del término legal de 3 días.
89. Finalmente, mediante auto del 19 de noviembre de 2013 15 el Despacho
sustanciador decidió no reponer la providencia recurrida y ordenó continuar con el
trámite del proceso, al constatar que, en efecto, el término para presentar recursos
vencía el 29 de abril de 2013 y que la impugnación de la parte demandada fue
presentada de manera extemporánea el día 2 de mayo de 2013.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
90. La parte demandante16 reiteró los argumentos presentados en su demanda.
Adicionalmente, respecto a las excepciones presentadas por la CREG advirtió que
en el presente caso: i) no habría operado el fenómeno de la caducidad; ii) no
resultaba necesario agotar la vía gubernativa; y iii) no se requería cumplir con el
requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.
13 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_22 RECURSOS
SUPLICA(.pdf).
14 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_25 OTROS - DESCORRE
TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN (.pdf)
15 Cfr. Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_27 AUTO QUE
RESUELVE RECURSO - NO REPONE AUTO (.pdf)
16 Cfr. Índice 110 del sistema electrónico SAMAI.
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91. En primer lugar, respecto a la excepción de caducidad, sostuvo que la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó dentro del término previsto
en el artículo 136 del C.C.A. Señaló que la parte demandada no realizó la
notificación personal del acto administrativo demandado para que tuviera efectos en
los particulares que vieran afectados sus derechos e intereses, por lo que nunca
inició a contabilizar el término de caducidad.
92. Además, argumentó que tampoco se produjo la notificación por conducta
concluyente por cuanto no se cumplieron con los presupuestos del artículo 48 del
C.C.A. para su operación, tales como la aceptación de su contenido o la
interposición de recursos.
93. Igualmente afirmó que en caso de que hubiera operado el fenómeno de la
caducidad, la Sala debería dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad toda
vez que la aplicación estricta de la caducidad podría vulnerar la buena fe, la
confianza legítima, el debido proceso y el acceso a la justicia.
94. En ese contexto, indicó que su actuación se encontraba amparada por el
principio de confianza legítima, en la medida en que la CREG expidió las
resoluciones cuestionadas como actos administrativos de carácter general y solo en
sede judicial afirmó que las disposiciones demandadas tenían naturaleza particular.
Agregó que la aplicación estricta de las reglas de caducidad de la acción implicaría
privar a Interconexión Eléctrica del debido proceso y del derecho al acceso a la
justicia, toda vez que la parte demandante nunca fue notificada personalmente de
las resoluciones cuestionadas como correspondía, lo cual era indispensable para el
ejercicio la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
95. En segundo lugar, respecto al requisito de agotar la vía gubernativa, adujo
que, de acuerdo con el artículo 135 del C.C.A., en el presente caso no se requería
agotar la vía gubernativa por cuanto en la expedición de dichos actos no hubo una
notificación personal a Interconexión Eléctrica y en el texto de los actos no se indicó
qué recursos procedían.
96. En tercer lugar, respecto a la excepción de que no se habría agotado la
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conciliación como requisito de procedibilidad de la demanda, argumentó que su
agotamiento no era obligatorio pues las pretensiones carecían de contenido
económico y solo estaban orientadas a decretar la nulidad de los actos
administrativos controvertidos. Lo anterior, de conformidad con la Ley 1285 de 2009
y el Decreto 1716 de 2009.
97. La parte demandada presentó sus alegatos de forma extemporánea17.
III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
98. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
IV. COMPETENCIA DE LA SALA
99. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 128 del C.C.A. y en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 18 , la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de la referencia.
100. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
V. CONSIDERACIONES
101. La Sala estima importante estudiar la excepción de caducidad propuesta por
la parte demandada y la solicitud de excepción inconstitucionalidad formulada por
la parte demandante, con el fin de determinar si resulta o no procedente abordar los
restantes cargos de nulidad presentados en la demanda.
5.1. Sobre la excepción de caducidad presentada por la parte demandada
102. Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto operó la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Interconexión
17 Cfr. Índice núm. 113 del expediente digital.
18 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Eléctrica. A estos efectos deberá definir si en el caso sub judice el término puede
computarse a partir de la notificación por conducta concluyente de la demandante.
103. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 del C.C.A., la excepción de
caducidad propuesta por alguna de las partes debe ser evaluada en la sentencia
definitiva19. En ese sentido, el artículo 136 del mismo Código establece los términos
de caducidad de las acciones contencioso administrativas, incluida la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones.
1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la
expedición del acto.
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá
interponerse en cualquier tiempo […]» (Subrayas y negrilla de la Sala)
104. En atención a lo dispuesto en la norma acabada de citar la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho opera una vez han transcurrido
cuatro (4) meses desde la notificación, publicación, comunicación o ejecución del
acto administrativo objeto de la controversia.
105. Sobre el alcance de esta figura, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado lo siguiente:
«La caducidad como institución procesal de orden público constituye una figura
en virtud de la cual se “[…] limita en el tiempo el derecho de acción que tienen
las personas de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
enervando con ello la posibilidad de controvertir la presunción de legalidad de
los actos administrativos”20. Por ser una figura de orden público es irrenunciable
y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez»21.
19 “ARTÍCULO 164. […] En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y
sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”.
20 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Expediente
número: 41001 23 31 000 2000 00659 01. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
21 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 29 de agosto de 2024. Expediente número:
25000 23 24 000 2012 00420 01. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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106. Así mismo, se ha indicado que la caducidad se entiende como:
«[…] la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de
acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción,
se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido
un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Es decir, las normas
de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en
todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en
el tiempo, sin que sean definidas judicialmente […]»22.
107. Con fundamento en lo anterior, para establecer si en el presente caso operó
el fenómeno de la caducidad resulta necesario determinar el momento a partir del
cual la parte demandante tuvo conocimiento del contenido de los actos
administrativos demandados, esto es, su hubo notificación del acto, comunicación
o ejecución de este.
108. Con esta finalidad, lo primero que debe tenerse en cuenta es que las
Resoluciones núm. 022 de 2001, 001 de 2006 y 008 de 2006, objeto de la presente
demanda, fueron expedidas el 20 de febrero de 2001, el 10 de enero de 2006 y el
21 de febrero de 2006, respectivamente.
109. Si bien dichas resoluciones tenían un alcance general en la medida en que
regulaban aspectos relacionados con el Sistema de Transmisión Nacional y la
participación de las empresas en el mercado de la energía eléctrica; lo cierto es que
la disposición objeto de la presente controversia –contenida en el literal b) del
artículo 10 de la Resolución núm. 22 de 2001 y sus modificaciones– creaba una
situación jurídica particular para la parte demandante, encaminada a limitar las
formas en las ella que podía obtener una mayor cuota de participación en el
mercado de energía, en concreto en la actividad de transmisión.
110. Ahora bien, es cierto que respecto de dicha disposición de contenido
particular no obra dentro del expediente prueba de una comunicación o notificación
directa y personal dirigida a Interconexión Eléctrica. No obstante, la Sala considera
que del acervo probatorio aportado por la CREG sí se desprende que la parte
demandante tuvo pleno conocimiento del contenido de la disposición que es objeto
de la presente demanda y que, con ocasión a dicho conocimiento, resultó notificada
22 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de julio de 2011. Expediente número:
08001 23 31 000 2010 00762 00. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
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Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
por conducta concluyente.
111. En el expediente obra en primer lugar, la respuesta emitida por la CREG el
1° de abril de 2008 dentro del radicado No. S-2008-001074, a través de la cual
resolvió una consulta presentada por la Empresa de Energía de Bogotá23. Dicha
petición de información tuvo como fin indagar la posible infracción por parte de la
demandante al literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG 022 de 2001,
modificado por la Resolución CREG 008 de 2006, que es justamente la disposición
que es objeto de la presente controversia. En dicha comunicación se expresó lo
siguiente:
«De manera atenta damos respuesta a la comunicación anunciada, mediante
la cual informó que Interconexión Eléctrica S.A. “adquirió por compra directa a
Proyectos de Energía S.A. PESA S.A., sociedad 100% controlada por
Corficolombiana, la Subestación Betania, ubicada en la Central Hidroeléctrica
del mismo nombre...”; que ustedes pusieron ese hecho en conocimiento de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; y solicitó concepto
“conforme al artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, frente a que si
con la realización de la transacción aquí mencionada, ISA pudo haber violado
el literal b) del artículo 1° de la Resolución CREG 008 de 2006, que a su vez
modifica el artículo 10 de la Resolución CREG 022 de 2001”
Nos permitimos manifestarle que legalmente no le corresponde a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas determinar si una empresa de servicios
públicos ha violado una norma jurídica que debe cumplir.
[…]
Entendemos que, con mayor razón, cuando ISA adquiere la propiedad y asume
la operación de cualquier activo de transmisión instalado en el STN estaría
incrementando su participación en la actividad de transmisión, lo cual está
prohibido por el citado literal b) del artículo 10 de la Resolución CREG-022
de 2001, salvo que se trate de la adquisición de activos de transmisión de
otras empresas que resulten elegidas en los procesos de selección, con
respecto a las cuales tenga una relación de control, como está previsto en
el segundo inciso del citado literal b).
En los anteriores términos esperamos haber absuelto sus inquietudes. Este
concepto se emite de conformidad con lo establecido en los artículos 73.24 de
la Ley 142 de 1994 y 25 del Código Contencioso Administrativo». (Negrilla y
subrayas de la Sala)
112. Posteriormente, se evidencia dentro del expediente que la demandante
manifestó su oposición a la respuesta de la CREG a través del escrito del 13 de
23Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_29 ANEXOS -
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mayo de 2008, tal y como se observa en la siguiente imagen24:
113. Es importante señalar que del contenido de esta comunicación se desprende
que la parte demandante cuestionó de manera detallada la interpretación efectuada
por la CREG respecto de la disposición contenida en el literal b) del artículo 10 de
la Resolución núm. 22 de 2001, así como las limitaciones que se derivaban de la
misma en su contra y en contra de las empresas de su grupo empresarial.
114. Asimismo, la Sala evidencia que en la citada comunicación la empresa
Interconexión Eléctrica aceptó de forma expresa que la respuesta emitida por la
CREG a la consulta relacionada con el alcance de la disposición objeto de la
24Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_29 ANEXOS -
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controversia le fue remitida mediante oficio del 17 de abril de 2008, en los siguientes
términos:
«En mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA, al tener conocimiento de su
comunicación del 1 de abril dirigida a la Empresa de Energía de Bogotá S.A.
E.S.P., en adelante la EEB, por habernos sido remitida copia de la misma por
dicha empresa mediante oficio del 17 de abril, estimo necesario presentar a
ustedes las siguientes observaciones sobre lo allí expresado por la Comisión
[…]»25
115. Ahora bien, el mencionado escrito de oposición de Interconexión Eléctrica fue
contestado expresamente por la CREG mediante comunicación del 4 de agosto de
2008, según consta en el siguiente documento26:
116. Así pues, las actuaciones descritas permiten concluir que la parte
demandante conocía el contenido y alcance de la disposición demandada y que, a
partir de dicho conocimiento, presentó cuestionamientos a la interpretación que
25 Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_29 ANEXOS -
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (.pdf).
26 Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_29 ANEXOS -
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estaba siendo adoptada por la CREG en relación con la norma.
117. Además de lo anterior, la Sala destaca que la parte demandada allegó al
expediente un acto administrativo proferido el 16 de abril de 2010 por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por medio del cual se
sancionó a Interconexión Eléctrica por haber incurrido en la prohibición prevista en
la disposición demandada27:
118. Adicionalmente, en dicho acto se dejó constancia expresa de que el trámite
administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios había iniciado mediante memorando No. 20082200048083 del 21 de
27Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_29 ANEXOS -
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julio de 2008 y que en relación con el mismo se le garantizó a la ahora demandante
el ejercicio de su derecho de defensa:
«1.1 Que la Dirección Técnica de Gestión de Energía de esta Superintendencia,
mediante memorando Nro 20082200048083 del 21 de julio de 2008, solicitó
abrir investigación administrativa a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.,
con número de NIT 8600166103, por presunta violación del artículo 10 de la
Resolución CREG 022 de 2001 y el artículo 1 literal b de la Resolución CREG
008 de 2006 (folios 1 a 13, anexo 14 a 51).
1.2 Que con base en lo anterior, esta Superintendencia decidió iniciar
investigación administrativa y formular pliego de cargos a INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A. E.S.P., mediante radicado Nro 20085290549232 de
2008-10-31 (folios 52 a 61).
1.3 Que el doctor JAIRO ENRIQUE CORREDOR CASTILLA, en calidad de
APODERADO de la empresa investigada, presentó descargos mediante
comunicación radicada bajo el Nro 2008-529-054923-2 del 31 de octubre
de 2008 (folios 65 a 123, anexos 124 a 189)» (Subrayas y negrilla de la Sala).
119. Así las cosas, este documento reafirma una vez más que la parte
demandante conocía el contenido de las resoluciones cuestionadas, en particular el
del literal b) del artículo 10 de la Resolución núm. 22 de 2001, de forma previa a la
presentación de su demanda.
120. Habiendo acreditado que la parte demandante tenía conocimiento del
contenido y alcance de la disposición demandada, la Sala pasará a estudiar si esa
circunstancia configuró una notificación por conducta concluyente
121. Respecto a esta clase de notificación, el artículo 48 del C.C.A. disponía lo
siguiente:
“ARTÍCULO 48. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha
la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte
interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en
tiempo los recursos legales.
Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las
publicaciones respectivas en el caso del artículo 46”.
122. Y en línea con esta norma, el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del CCA28, establecía
28 Decreto 01 de 1984. «ARTÍCULO 267. En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos
y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo».
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respecto a la notificación por conducta concluyente lo siguiente:
“ARTÍCULO 330. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE.
Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia
o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una
audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada
personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o
de la audiencia o diligencia”.
123. En relación con este tipo de notificación la Sección ha señalado29:
“[...] La notificación por conducta concluyente se configura cuando la parte que
alega la falta de notificación de una decisión, de alguna manera manifiesta el
contenido de la misma […] En efecto, para que se configure la notificación por
conducta concluyente en los términos del artículo 72 ibídem, debe demostrarse
que la parte actora reveló que conoció el acto acusado o que consintió la
decisión […]”30.
124. Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacifica en reconocer
que cuando una de las partes mediante actuaciones o documentos revela su
conocimiento inequívoco del contenido de un acto administrativo, se entenderá que
fue notificado por conducta concluyente de ese mismo acto:
«[…] la notificación por conducta concluyente se configura cuando la
persona interesada realiza una manifestación a partir de la cual se puede
concluir que conoce la decisión administrativa, verbigracia, cuando
presenta recursos o demandas, otorga poder, manifiesta en un escrito que
conoce el acto o lo menciona en un documento que lleve su firma,
etcétera; en todo caso, para que se constituya este tipo especial de notificación
ficta o presunta, es inexorable que el interesado se dé por suficientemente
enterado de la decisión administrativa»31 (negrillas de la Sala).
125. Con base en lo expuesto y considerando el acervo probatorio mencionado,
la Sala concluye que en el presente caso se configuró la notificación por conducta
concluyente de las resoluciones demandadas y que la parte demandante conocía
su contenido particular al menos, desde el año 2008. Lo anterior, en la medida en
29 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de mayo de 2022. Expediente número:
66001 23 31 000 2009 10048 01. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
30 Consejo de Estado. Sección Primera. Providencia del 17 de noviembre de 2017. Expediente
número: 25000-23-41- 000-2014-01597-01. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 19 de abril de 2018, radicado núm. 11001-03-27-000-
2014-00048-00. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 25 de julio de 2019. Radicación núm. 25000-23-24-000-2008-00396-01. C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón
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que la parte demandante: i) informó que el 17 de abril de 200832 recibió la respuesta
emitida por la CREG a la Empresa de Energía de Bogotá respecto de una consulta
realizada en relación con la disposición demandada; ii) que con ocasión a esa
respuesta suscribió un documento dirigido a la CREG en el que presentó
oposiciones a la interpretación de la Comisión sobre esa misma disposición; y iii)
que se acreditó que la Superintendencia de Servicios Públicos le inició una
investigación en el mismo año por haber infringido el literal b) del artículo 10 de la
Resolución CREG 022 de 2001, investigación que terminó en su sanción.
126. De esta forma, pese a que se demostró que la parte demandante conocía
inequívocamente el contenido de la disposición demandada desde el año 2008, de
acuerdo con la información del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI radicó su
escrito de demanda solo hasta el 2 de julio de 201033.
127. En consecuencia, al haber transcurrido ampliamente el término de cuatro (4)
meses entre las fechas en las que la parte demandante tuvo conocimiento de los
actos cuestionados34 y la fecha de presentación de su demanda, la Sala concluye
que operó el fenómeno de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho promovida por Interconexión Eléctrica.
128. Por lo expuesto, la Sala en la parte resolutiva declarará probada la excepción
de caducidad de la acción incoada y, en consecuencia, se inhibirá de emitir un
pronunciamiento de mérito sobre los demás cargos de nulidad formulados por la
parte demandante.
5.2. Sobre la solicitud de excepción de inconstitucionalidad presentada por la
parte demandante
129. Corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto resulta
32 Fecha respecto de la cual la parte demandante aceptó haber recibido la respuesta a la consulta
de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. sobre la posible infracción del literal b) artículo 10 de la
Resolución núm. 022 de 2001 por parte de Interconexión Eléctrica.
33 Índice núm. 72 del expediente digital, archivo denominado ED_C01_02 DEMANDA Y ANEXO -
DEMANDA(.pdf), folio 67, sello de radicación de la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de
Estado.
34 2 años o más desde que tuvo conocimiento de la respuesta a la consulta elevada por la Empresa
de Energía de Bogotá y más de 1 año desde que le fue iniciado un proceso administrativo
sancionatorio relacionado con la prohibición contenida en la disposición demandada.
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procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad solicitada por la parte
demandante respecto de las disposiciones que regulan el término de caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
130. Sobre la excepción de inconstitucionalidad la Corte Constitucional ha
precisado que se trata de un mecanismo excepcional en virtud del cual los
operadores judiciales pueden obviar la aplicación de determinada norma porque su
contenido y alcance resulta contrario a una norma constitucional en un caso en
concreto:
«La excepción de inconstitucionalidad es una herramienta a través de la cual
las autoridades judiciales cumplen con la “facultad-deber” de inaplicar en un
caso concreto una norma por contrariar la Constitución Política. Es una figura
jurídica que se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución, el cual prevé que
“[l]a Constitución es norma de normas” y que “[e]n todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales”. Precisamente, de la referida disposición constitucional “se
deriva la obligación de aplicar preferentemente las normas constitucionales,
cuando las normas de inferior jerarquía resultan incompatibles con las
primeras”. La excepción de inconstitucionalidad aplica sin necesidad de ser
“alegada o interpuesta como acción”. Además, es una herramienta que “se usa
con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma
de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas
contenidas dentro de la Constitución Política»35.
131. Por su parte esta Sección ha señalado lo siguiente respecto a la aplicación
de la esta excepción:
«[…] es un instrumento establecido por el artículo 4° de la Constitución Política,
cuya aplicación se alega para que en caso de presentarse contradicción entre
una norma de rango legal y otra de rango constitucional, se aplique esta última,
con el fin de preservar las garantías constitucionales, que sólo procede para
resolver casos o situaciones concretas o subjetivas, de modo que quien la hace
efectiva es la autoridad que conoce del correspondiente caso y sus efectos, por
consiguiente, son subjetivos o inter partes”, y para su aplicación es necesario
que la contradicción entre la norma constitucional y legal sea manifiesta,“(…)
de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su
aplicación simultánea»36.
35 Corte Constitucional. Sentencia SU-109 de 2022. Magistrada Ponente: Paola Andrea Meneses
Mosquera
36 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010. Expediente número:
66001 23 31 000 2007 00070 01. Consejero ponente: María Elizabeth García González. Citada en
la Sentencia del 18 de abril de 2024. Expediente número 05001 23 33 000 2013 00085 01. Consejero
ponente: Oswaldo Giraldo López.
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132. De este modo, para la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad
se exige “que en una situación concreta se presenta una ostensible contradicción
entre una norma de rango legal y otra constitucional, caso en el cual, se opta por la
aplicación de esta última con el propósito de salvaguardar la supremacía de la
Constitución y el orden jurídico. […] De manera que, se trata de un instrumento que
se usa con el fin de salvaguardar en un caso concreto y con efecto inter-partes, las
garantías constitucionales que se pueden ver involucradas por la aplicación de una
norma de inferior jerarquía, que de forma clara y evidente es contraria a la
Constitución Política […]”37.
133. En el caso bajo examen, la parte demandante sostuvo que esta Corporación
debía dar aplicación a la excepción de constitucionalidad respecto las disposiciones
que regulan el término de caducidad para la presentación de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que Interconexión Eléctrica había
actuado bajo el principio de confianza legítima respecto de la naturaleza de las
resoluciones demandadas y que, ante la ausencia de notificación personal, se
vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
134. Para la Sala la solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
no está llamada a prosperar. Lo anterior, por el carácter excepcional y restrictivo de
la excepción, cuya aplicación está condicionada a que se acredite una contradicción
clara y manifiesta entre la disposición cuestionada y la Constitución Política,
circunstancia que no se evidencia en el presente caso38.
135. En efecto, como se expuso en el acápite anterior, en el expediente se
encuentra acreditado que la parte demandante tuvo conocimiento del contenido
particular de la disposición demandada en múltiples oportunidades sin que hubiera
ejercido oportunamente la acción correspondiente. Incluso, se destaca que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició el 21 de julio de 2008
37 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de octubre de 2021. Expediente número:
25000-23-37- 000-2014-01020-01. Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Citada en la
sentencia del 8 de mayo de 2025, expediente número: 25000 23 41 000 2013 00759 01. Consejero
ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
38 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 8 de mayo de 2025. Expediente número:
25000 23 41 000 2013 00759 01. Consejero ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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una investigación administrativa por el incumplimiento de la prohibición particular
prevista en la disposición normativa que es objeto de la presente controversia, sin
que ello hubiera dado lugar a la interposición de la demanda por parte de
Interconexión Eléctrica.
136. Esta circunstancia evidencia una falta de diligencia de la parte demandante,
toda vez que pese a conocer desde tiempo atrás la existencia y el alcance de la
prohibición particular que le afectaba, acudió a la jurisdicción contencioso
administrativa de manera extemporánea, esto es, cuando ya había operado el
término de caducidad de la acción.
137. Así las cosas, para la Sala no es posible derivar una incompatibilidad entre
las normas que regulan la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento y
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuando dicha consecuencia obedeció a la inactividad o negligencia de la
propia parte demandante en el cumplimiento de sus cargas procesales.
138. Adicionalmente, tampoco resulta de recibo el argumento relacionado con la
confianza legítima de la parte demandante respecto de la naturaleza de los actos
administrativos demandados y la acción procedente. Se advierte que la acción inicial
de nulidad simple no fue presentada por Interconexión Eléctrica sino por Emilio José
Archila Peñalosa en calidad de ciudadano, y que solo con ocasión a la subsanación
de la demanda39 –ordenada por el auto inadmisorio de 11 de noviembre de 2010–
aquella empresa fue vinculada, con el citado profesional en su calidad de
apoderado, como sujeto activo del proceso mediante la adecuación de la acción a
nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo tanto, es claro que dicha circunstancia
desvirtúa que Interconexión Eléctrica haya actuado bajo el principio confianza
legítima de forma previa a la presentación de la demanda.
139. En consecuencia, al no prosperar la solicitud de aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad, deberá estarse a lo resuelto en el numeral 5.1. de la
presente providencia en relación con la excepción de caducidad.
39 Presentada el 24 de marzo de 2011.
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5.3. Sobre la condena en costas
140. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en
consonancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria
porque no le asiste derecho al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o
hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de
pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente
dilatorio”40.
141. En el caso concreto, la parte demandante, en cumplimiento de su deber legal,
acudió al proceso sin abusar de su derecho a acceder a la Administración de
Justicia. En consecuencia, no hay lugar a acceder a su reconocimiento.
142. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
VI. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: INHIBIRSE para pronunciarse sobre las pretensiones de la parte
demandante por las razones expuestas.
TERCERO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.
Ricardo Hoyos Duque.
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Cópiese, notifíquese y cúmplase
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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