Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2009-10048-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2009-10048-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-31-000-2009-10048-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01
Referencia. Acción de nulidad
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. EL ACTO
ACUSADO NO VIOLÓ LAS NORMAS DE CARÁCTER SUPERIOR
SEÑALADAS EN LA DEMANDA, NI INCURRIÓ EN FALSA
MOTIVACIÓN NI DESVIACIÓN DE PODER, PUES ESTÁ
DEMOSTRADO QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA OBSERVÓ 10 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS, ANTE LA AUSENCIA DE UN CONTRATO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO,
REPOSICIÓN, REPOTENCIACIÓN DEL ALUMBRADO, LO QUE
MOTIVÓ QUE COMO MEDIDA PRECAUTELATIVA EL ALCALDE
DEL MUNICIPIO DISPUSIERA QUE SE ADELANTARAN LAS
ACTUACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A
QUE EL MUNICIPIO CELEBRARA DICHO CONTRATO QUE
ECHÓ DE MENOS LA CONTRALORÍA Y QUE CREARA UN
FONDO ESPECIAL AL CUAL DEBERÍAN INGRESAR LOS
RECURSOS QUE PERCIBIERA EL ENTE TERRITORIAL POR LA
PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por el señor FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ, contra la
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sentencia de 15 de junio de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que denegó las súplicas de la
demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. El señor FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ, obrando en
su propio nombre y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en
el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, en adelante
CCA, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de
Risaralda, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución
núm. 1143 de 16 de diciembre de 2008, “[…] Por la cual se
toman medidas administrativas precautelativas en relación con la
prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de
Dosquebradas y se dictan otras disposiciones […]”, expedida por el
Alcalde del mencionado Municipio.
I.2. El actor fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
1º. Mediante Acuerdo núm. 035 de 23 de diciembre de 2004, el
Concejo Municipal de Dosquebradas autorizó al Alcalde de ese
Municipio hasta por un término de 6 meses, “[…] para crear una
sociedad de economía mixta que se encargara del suministro de
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energía eléctrica, mantenimiento, reposición, expansión y
repotenciación del alumbrado público de Dosquebradas […]”. Dicho
Acuerdo señaló, en su artículo 2º, que se autorizaba el traslado de
los dineros que se recauden por concepto de alumbrado público a
dicha sociedad, estableciendo que a partir de la entrada en
funcionamiento de la misma se harían las transferencias.
2º. En virtud del Acuerdo núm. 020 de 30 de abril de 2005, el
Concejo Municipal de Dosquebradas prorrogó el plazo para la
creación de la sociedad de economía mixta, otorgado por el
Acuerdo núm. 035 de 2004, hasta por 5 meses más.
3º. A través del Acuerdo núm. 045 de 20 de diciembre de 2005, el
Concejo Municipal de Dosquebradas adicionó y modificó el artículo
217 del Estatuto de Rentas, y estableció lo siguiente, en relación
con el impuesto de alumbrado público:
“[…] La totalidad de los ingresos recaudados por la
Tesorería Municipal o a quien se delegue la responsabilidad
administrativa de facturación y recaudo del impuesto, serán
transferidos a la empresa de alumbrado público creada para
la prestación del servicio público y de conformidad con lo
contemplado en el Acuerdo 035 de 2004 […]”.
4º. La Administración Municipal de Dosquebradas abrió concurso
público (SEM-1 DE 2005), para escoger el socio operador y así
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conformar la entidad descentralizada, sociedad de economía mixta,
encargada de la prestación del servicio público de alumbrado
público, en el cual fue seleccionado el CONSORCIO
DOSQUEBRADAS, integrado por DISICO S.A. y EME INGENIERÍA
LTDA. (actualmente EME INGENIERÍA S.A.).
5º. Como consecuencia de lo anterior, se celebró un contrato de
sociedad, el cual se perfeccionó mediante escritura pública 3.269 de
14 de septiembre de 2005 de la Notaría Única del Círculo de
Dosquebradas, reformada por escritura pública 1807 de 10 de
mayo de 2006 de la misma Notaría, registradas en la Cámara de
Comercio de ese Municipio el 23 de septiembre de 2006, mediante
el cual las sociedades DISICO S.A. y EME INGENIERÍA LTDA.,
cumpliendo con las obligaciones del concurso antes referido, se
asociaron con el Municipio de Dosquebradas, la empresa
SERVICIUDAD y el Instituto de Desarrollo Municipal (IDEM),
denominándola DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ E.S.P. (DELSA
S.A. E.S.P), en adelante DELSA S.A. E.S.P.
6º. Una vez creada la sociedad de economía mixta, se constituyó
una fiducia en la cuenta de ahorros núm. 141-04026-1 del Banco
de Bogotá, a nombre de FIDEICOMISO DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y
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LUZ- FIDUCOMERCIO, con el fin de manejar los dineros que
resultaren del recaudo del alumbrado público.
7º. El 27 de enero de 2006, la sociedad HIDROELÉCTRICA DE
CALDAS S.A. E.S.P. (CHEC) y el Municipio de Dosquebradas
suscribieron el convenio núm. 001-06, cuyo objeto es la liquidación,
facturación, recaudo y distribución del impuesto de alumbrado
público en el Municipio.
8º. El 2 de junio de 2006, el Municipio de Dosquebradas con
fundamento en el artículo 217, parágrafo segundo del Acuerdo
Municipal núm. 045 de 20 de diciembre de 2005, “[…] cede a la
sociedad DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ S.A. E.S.P. los convenios
de facturación y recaudo celebrados entre el Municipio y las
empresas comercializadoras de energía, autorizando que los saldos
presentes y futuros a favor, una vez descontados los costos de
energía facturación y recaudo, sean consignados en la cuenta de
ahorros núm. 141-04026-1 del Banco de Bogotá a nombre de
FIDEICOMISO DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ- FIDUCOMERCIO
[…]”.
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9º. Mediante Otrosí al Convenio 001-06 de 16 de marzo de 2007,
las partes y la sociedad DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ S.A.
E.S.P. manifestaron la aceptación de la cesión del mismo y las
obligaciones en ella derivadas.
10º. Existe el Convenio núm. 016-07, suscrito directamente entre
la CHEC y DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ E.S.P., en adelante
DELSA S.A. E.S.P., cuyo objeto es la liquidación, facturación,
distribución y recaudo del impuesto de alumbrado público del
Municipio de Dosquebradas, con base en los acuerdos municipales
núms. 045 de 2006, 0269 de 2006 y 037 de 2006 del Concejo de
Dosquebradas.
11º. Adicionalmente, existe un Oficio de fecha 31 de enero de
2006, en el cual el Alcalde Municipal de Dosquebradas informó a la
Fiduciaria del Comercio S.A. la instrucción irrevocable de consignar
la totalidad del recaudo efectuado por concepto del impuesto de
alumbrado público. Dicha orden hace parte del contrato D.J. 006
de/2006 de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos,
celebrado entre DELSA S.A. E.S.P. y Fiduciaria de Comercio S.A.-
FIDUCOMERCIO, para la administración de los dineros del impuesto
de alumbrado público del Municipio de Dosquebradas.
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12º. El 12 de diciembre de 2007, la CHEC solicitó ser la encargada
del suministro de energía eléctrica, frente a lo cual el 13 de
diciembre del mismo año, DELSA S.A. E.S.P. emitió la orden de
compra de energía eléctrica dirigida a dicha empresa.
13º. La Contraloría General de la República presentó el 27 de
octubre de 2008, por solicitud de la nueva Alcaldesa del Municipio
de Dosquebradas, informe sobre el alumbrado público del
Municipio, encontrando 10 hallazgos administrativos, 2 de
naturaleza fiscal y 8 disciplinarios.
14º. Como consecuencia de lo anterior, el Alcalde Encargado del
mencionado Municipio expidió la Resolución núm. 1143 de 16 de
diciembre de 2008, “[…] Por la cual se toman medidas
administrativas precautelativas en relación con la prestación del
servicio de alumbrado público en el Municipio de Dosquebradas y se
dictan otras disposiciones […]”.
Dicha Resolución fue comunicada a DELSA S.A. E.S.P. el 18 de
diciembre de 2008, sin generarse pronunciamiento alguno en la
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reunión de la Junta Directiva, en la cual el Alcalde Encargado
participó en su condición de miembro permanente.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación del
preámbulo y los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 25, 209, 287, 313,
numeral 6, y 315, numeral 5, de la Constitución Política; 199,
parágrafo 2°, del Decreto 205 de 28 de marzo de 2006 (Estatuto de
Rentas y Tributos del Municipio de Dosquebradas 1); 4º del Decreto
2424 de 18 de julio de 20062; 6º de la Ley 142 de 11 de julio de
19943; 4º de la Ley 1169 de 5 de diciembre de 20074; 846 del
Código de Comercio; 24 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19935;
1602 del Código de Civil; los acuerdos núms. 035 de 2004 y 045 de
2005 (parágrafo 2° del artículo 3º); y el Decreto 111 de 15 de
enero de 19966 (Estatuto Orgánico del Presupuesto).
En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
1
“POR EL CUAL SE COMPILA EL ACUERDO 037 DE 2002, ACUERDO 018 DE 2003, ACUERDO 003 DE
2004, ACUERDO 013 DE 2004, ACUERDO 037 DE 2004, ACUERDO 010 DE 2005, ACUERDO 040 DE
2005, ACUERDO 045 DE 2005 Y EL ACUERDO 006 DE 2006”, expedido por el Alcalde Municipal de
Dosquebradas.
2
“Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público”, expedido por el Presidente de
la República.
3
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
4
“Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para
la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2008”.
5
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
6
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el estatuto orgánico del presupuesto", expedido por el Presidente de la República.
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.PRIMER CARGO: VIOLACIÓN DE LAS NORMAS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Señaló que la resolución acusada es violatoria de los principios
intrínsecos del Estado Social de Derecho, tales como la legalidad, el
interés general, la coordinación de las entidades públicas, la
dignidad humana y, especialmente, el de trabajo, toda vez que a
través de la misma se pretende seleccionar a otro operador o
contratista, es decir, a otro socio que conforme con el Municipio
mencionado una sociedad de economía mixta; que se celebre un
nuevo contrato de suministro de energía eléctrica, para la
prestación del servicio de alumbrado público; y que desarrolle el
objeto social de la empresa DELSA S.A. E.S.P., a sabiendas de que
ya existía esta entidad especializada para ese fin.
Adujo que esta decisión está llevando a la imposibilidad de la
empresa DELSA S.A. E.S.P. a desarrollar su objeto social y su
consecuente liquidación o supresión o extinción de la estructura
administrativa del Municipio.
Alegó que la competencia para crear, suprimir y modificar entidades
públicas del orden municipal le asiste solamente al Concejo
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Municipal de Dosquebradas y no al Alcalde encargado de ese ente
territorial.
Anotó que al expedir el Alcalde Municipal de Dosquebradas el acto
demandado, se apropió de la competencia reservada al Concejo
Municipal, de suprimir entidades en el ente territorial, así como
para crear un fondo especial, al que supuestamente se le deben
consignar los dineros.
Expresó que la única autoridad legalmente autorizada para la
administración, operación, mantenimiento y prestación del servicio
de alumbrado público en el Municipio de Dosquebradas es DELSA
S.A. E.S.P.
Manifestó que se desconocieron y violaron los actos administrativos
que ordenaron la creación de DELSA S.A. E.S.P., al darle un destino
diferente a los dineros recaudados a título de impuesto de
alumbrado público.
.SEGUNDO CARGO: FALSA MOTIVACIÓN
Adujo que la resolución demandada adolece, en su parte motiva, de
falsa motivación, debido a que sí existe un contrato de sociedad,
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que dio vida jurídica a una sociedad de economía mixta, basado en
unos actos administrativos previos, que determinaron la forma en
que el Municipio de Dosquebradas entregó la prestación del servicio
de alumbrado público a DELSA S.A. E.S.P.
Anotó que por esta razón no es cierto que el mencionado Municipio
haya entregado la prestación del servicio de alumbrado público sin
que medie contrato o convenio alguno.
Advirtió que afirmar esto sería tanto como aceptar que DELSA S.A.
E.S.P. no existe. Por el contrario, todos los actos administrativos,
en virtud de los cuales se creó la empresa, como entidad
descentralizada, se encuentran vigentes, gozan de presunción de
legalidad y surten plenos efectos.
Afirmó que el uso de la infraestructura del sistema de alumbrado
público del Municipio de Dosquebradas se oficializó mediante la
constitución de los aportes en la sociedad de economía mixta,
denominada DELSA S.A. E.S.P.
.TERCER CARGO: DESVIACIÓN DE PODER
Indicó que la resolución acusada implicó un fin distinto al
perseguido por la ley, pues su único interés era entregar la
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prestación del servicio de alumbrado público a otro operador o
contratista y llevar a la liquidación a la sociedad DELSA S.A. E.S.P.,
por imposibilidad de desarrollar su objeto social.
Sostuvo que en el presente caso se buscaba debatir unos supuestos
hallazgos de naturaleza administrativa, encontrados por la
Contraloría General de la República; sin embargo, el verdadero fin
de la Administración Municipal de Dosquebradas era el de llevar a la
liquidación a la sociedad DELSA S.A. E.S.P., por imposibilidad de
desarrollar su objeto social, lo que ocurriría de aplicarse el acto
demandado, porque se impediría el ingreso de los recursos que
necesita la mencionada sociedad para su funcionamiento y el uso
de su infraestructura requerida para el desarrollo de su objeto
social.
. CUARTO CARGO: VIOLACIÓN DEL DERECHO DE AUDIENCIA
Y DE DEFENSA
Expresó que, en el presente caso, se vulneró el debido proceso de
la sociedad DELSA S.A. E.S.P., por cuanto la Administración
Municipal de Dosquebradas, mediante el acto acusado, tomó
decisiones supuestamente “precautelativas”, en relación con la
prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio,
medidas que de manera directa afectan la situación jurídica,
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económica y de existencia de una persona jurídica de derecho, sin
vincularla debidamente al procedimiento administrativo.
Afirmó que en dicho procedimiento administrativo debió vincularse
mediante notificación personal a su representante, para que hiciera
valer sus derechos y como mínimo, impugnara en sede
administrativa la resolución demandada.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Alcaldía Municipal de Dosquebradas, mediante apoderado,
contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las
pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
Que la competencia para la expedición del acto acusado radica en la
Administración Municipal, en el Alcalde, quien lo expidió en calidad de
representante legal de ese ente territorial, razón por la cual no puede
aducirse que el mismo carece de competencia o que no fue expedido
por un funcionario revestido de tales facultades, o que fue falsamente
motivado o con desviación de poder.
Que el acto demandado no fue expedido con un fin distinto al que
tiene sus argumentaciones, pues el mismo estuvo basado en el
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informe de auditoría, rendido por la Contraloría General de la
República, de 2 de diciembre de 2008, aportado al proceso por el
mismo actor.
Expresó que de la lectura de ese informe fácilmente se llega a la
conclusión de que existen actuaciones que no consultan la realidad
fáctica ni jurídica en la conformación de la sociedad de economía
mixta DELSA S.A. E.S.P., debido a que es claro que ésta no guarda
consonancia con lo ordenado en el Acuerdo núm. 035 de 2004, pues
allí se aprobó la creación de una empresa de carácter público, no
privada, que se encargaría del suministro de energía eléctrica,
mantenimiento, reposición, expansión y repotenciación del
alumbrado público en Dosquebradas.
Indicó que se formó una empresa con capital estatal de carácter
privado, a la cual se le entregó toda la infraestructura eléctrica del
Municipio y el recaudo de un tributo, sin contraprestación alguna, y
sin beneficio para la comunidad o los usuarios del servicio de
Dosquebradas.
Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo e
inobservancia de la carga de la prueba.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 15 de junio de 2012, el Tribunal
Administrativo de Risaralda, luego de desestimar las excepciones
propuestas dado que sus fundamentos envuelven la defensa del
acto demandado, denegó las pretensiones de la demanda, al no
prosperar los cargos, con base en los razonamientos que pueden
resumirse así:
Señaló que el Concejo Municipal de Dosquebradas, actuando en uso
de sus facultades constitucionales, expidió el Acuerdo núm. 035 de
2004, “[…] por el cual se autoriza al Alcalde para crear una
sociedad de economía mixta que se encargara del suministro de
energía eléctrica, mantenimiento, reposición, expansión y
repotenciación del alumbrado público de Dosquebradas […]”.
Que, para tal efecto, el Municipio en mención diseñó los términos
de referencia, con el objeto de establecer las condiciones de los
socios que conformarían junto con dicho ente territorial, la sociedad
de economía mixta, por lo que luego de pasar por el concurso
público SEM-1 de 2005, se escogió a DISICO S.A. Y EME
INGENIERÍA LTDA. y se elevó a escritura pública núm. 3.269 de 14
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de septiembre de 2005, en la Notaría Única del Círculo de
Dosquebradas, la conformación de la sociedad de economía mixta,
que se denominó DELSA S.A. E.S.P.; y que por parte del Municipio
contó con la representación de la empresa SERVICIUDAD S.A. y del
Instituto de Desarrollo Municipal (IDM).
Expresó que la entidad demandada solicitó a la Contraloría General
de la República la auditoría gubernamental con enfoque integral,
modalidad especial, al alumbrado público del Municipio en mención,
lo que generó el informe visible a folios 250 y siguientes del
cuaderno de anexos.
Sostuvo que del citado informe se colige que la resolución acusada
ha dispuesto la adopción de medidas precautelativas en relación con
la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de
Dosquebradas, teniendo como fundamento ese informe, el cual
arrojó 10 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen alcance
fiscal y 8 alcance disciplinario.
Indicó que luego de efectuar el correspondiente estudio del acto
demandado, no es de recibo la afirmación de que con el mismo se
violen las normas aducidas como vulneradas por el actor, ya que en
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el referido acto acusado se está tomando en cuenta el informe del
ente de control fiscal, con el fin de adelantar los estudios que sean
necesarios para corregir las falencias presentadas con la prestación
del servicio de energía en el Municipio de Dosquebradas.
Advirtió que el acto acusado no contiene la celebración de un
contrato con una empresa diferente de la actual, ni desconoce los
actos aducidos como vulnerados ni los preceptos legales señalados
por el actor, porque no materializa una decisión que genere
desconocimiento de la empresa actual.
Agregó que el mismo actor afirmó, en la demanda, que los dineros
de la prestación del servicio público de alumbrado público siguen
siendo consignados a la sociedad DELSA S.A. E.S.P., es decir, hasta
el momento, el citado Municipio de Dosquebradas no ha desconocido
la existencia de dicha empresa y no se han iniciado las actuaciones
que materialicen las decisiones señaladas en el acto demandado,
pues se observa que en la Resolución acusada se dispuso: “se
creará un fondo especial”, lo que quiere decir que ello se efectuará
en el futuro y no con el referido acto demandado.
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Anotó que, por lo tanto, no es cierto, como se señaló en la
demanda, que el verdadero fin de la Administración Municipal de
Dosquebradas era llevar a la liquidación a la sociedad DELSA S.A.
E.S.P., por imposibilidad de desarrollar su objeto social, dado que
estaba impidiendo el ingreso de los recursos.
Manifestó que no se infiere fin diferente por parte de la entidad
demandada para expedir el acto demandado, que el de asumir
medidas precautelativas respecto de la forma de prestación del
servicio público de alumbrado, dados los hallazgos del ente de
control fiscal.
Precisó que le asiste razón a la entidad demandada cuando expresó
que el actor no observó la carga de la prueba, toda vez que el cargo
de desviación de poder le concierne acreditarlo al demandante,
situación que no se presentó.
Afirmó que, el Alcalde Municipal de Dosquebradas, en la expedición
de motivos del acto acusado, citó en varios de sus apartes
pronunciamientos realizados por la Contraloría General de la
República, en el informe entregado en noviembre de 2008 a la
Administración Municipal.
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Por último, se abstuvo de condenar en costas, dado que no se
encuentra conducta que lo amerite.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El actor fincó su inconformidad, en esencia, así:
Señaló que la sentencia apelada desconoció el elemento finalista del
acto administrativo, el cual hace referencia al fin o a lo que se
busca con la expedición del mismo, esto es, el interés general.
Que cuando la expedición del acto administrativo no busca el
interés general, porque la persona que ejerce la función
administrativa expide la decisión para procurar una finalidad ajena
al mismo, éste queda incurso en una causal de nulidad denominada
“desviación de poder”.
Adujo que se incurre en una desviación de poder cuando el autor
del acto administrativo, estando revestido de la facultad legítima
para expedirlo y cumpliendo con el procedimiento y las
formalidades previstas para la validez del acto, con su
determinación procura un fin ajeno o contrario al interés general.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
Manifestó que, en el caso bajo examen, la Alcaldía Municipal de
Dosquebradas, so pretexto de dar cumplimiento a unos
requerimientos realizados por la Contraloría General de la
República, expidió la resolución acusada, en virtud de la cual
desconoció la creación, funcionamiento y necesidad de la sociedad
de economía DELSA S.A. E.S.P., la cual fue creada como una
entidad descentralizada del nivel municipal.
Indicó que no es cierto, como lo pretende hacer ver la resolución
demandada y el fallo apelado, que para cumplir con los
requerimientos del ente de control fiscal se debía decidir lo
expuesto en el acto acusado, en el sentido de ordenar que se
adelanten todas las actuaciones legales y administrativas para que
el Municipio de Dosquebradas procediera a: suscribir un contrato de
suministro de energía eléctrica, para la prestación del servicio de
alumbrado público, con personas diferentes a la sociedad de
economía mixta DELSA S.A. E.S.P.; a celebrar un contrato para el
mantenimiento, reposición, expansión y repotenciación del
alumbrado público en el mencionado ente territorial; a encargar el
uso de la infraestructura en ese Municipio para la prestación del
citado servicio a un tercero ajeno al referido contrato de sociedad,
que le dio vida a DELSA S.A. E.S.P.; y a crear un fondo especial
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para atender todos los gastos y costos que genere la prestación de
ese servicio.
Explicó que no es cierto lo anterior, porque sí existía un contrato de
suministro entre la CHEC y DELSA E.S.P.; sí existía un contrato de
sociedad, mediante el cual las sociedades DISICO S.A. y EME
INGENIERÍA LTDA se asociaron con el Municipio de Dosquebradas,
SERVICIUDAD y el Instituto de Desarrollo Municipal (IDM), bajo la
forma de una sociedad de economía mixta, a la que denominaron
DELSA S.A. E.S.P., cuyo objeto principal era la operación de la
infraestructura y prestación del servicio de alumbrado público en el
señalado Municipio; que ya se le había encargado a la sociedad de
economía mixta DELSA S.A. E.S.P. la infraestructura para ese
servicio; además de que DELSA S.A. E.S.P. fue creada para que se
le transfirieran la totalidad de los ingresos recaudados por la
prestación del servicio de alumbrado público.
Sostuvo que esas órdenes de suscribir un nuevo contrato de
suministro de energía para la misma finalidad y objeto; de celebrar
un contrato para el mantenimiento, reposición, expansión y
repotenciación del alumbrado público en el mencionado ente
territorial; de encargar el uso de la infraestructura en ese Municipio
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para la prestación del citado servicio a un tercero ajeno al referido
contrato de sociedad; y de crear un fondo especial en el
mencionado ente territorial, desconocen la existencia de la entidad
descentralizada DELSA S.A. E.S.P. (la cual se encuentra en
funcionamiento), le imposibilita su objeto social y la descapitaliza,
así como el destino de los recursos de alumbrado público.
Expresó que el acto demandado obedece a una verdadera
desviación de poder, en cuanto hizo uso de una facultad
precautelativa para un fin diferente, esto es, terminar a la sociedad
de economía DELSA S.A. E.S.P.
Alegó que no se tuvo en cuenta que se demostró con el acervo
probatorio que no se vinculó a la sociedad DELSA S.A. E.S.P., única
entidad a cargo del servicio de alumbrado público en el Municipio de
Dosquebradas y que ya se encargaba de cada uno de los temas
decididos en el acto acusado, razón por la cual volverlos a regular a
través del acto demandado sería desconocer toda la normativa que
le daba vida a esa sociedad, su autonomía administrativa y su
existencia.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en
esta instancia, la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo
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de Estado7, en su vista de fondo, se mostró partidaria de que se
denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia,
lo siguiente:
Que le corresponde al Alcalde velar por la eficiente prestación de
servicios públicos, como finalidad general del Estado, del cual hace
parte el Municipio; que los recursos provenientes de impuestos,
entre ellos, el de alumbrado público, ingresan a las arcas generales
del Municipio que el Alcalde administra; y debe mantener el control
y vigilancia de dichos recursos, bien sea que realice esa prestación
directa o indirectamente.
Observó que la resolución demandada fue expedida con el carácter
de medida precautelativa, como consecuencia de una investigación
realizada por el ente de control fiscal, en cuyo informe la
mencionada entidad de control fiscal destacó sobrecostos en las
tareas de mantenimiento; que la creación de DELSA S.A. E.S.P. si
bien es cierto que fue autorizada, también lo es que generaba
utilidades para accionistas y no se reinvertían en los usuarios por
vía de tarifa; que la infraestructura para el alumbrado se entregó
sin contrato; que la inexistencia de mecanismos de seguimiento y
7
Folios 247 a 251 del C. Apelaciones.
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control municipal generó un mayor pago y afectó a los usuarios en
el impuesto; que no se suscribió contrato que generara fuerza
vinculante en la prestación de servicios entre las partes con
derechos y obligaciones recíprocas, razones por las cuales impuso
al Municipio elaborar un plan de mejoramiento para solucionar las
deficiencias encontradas.
Señaló que esas debilidades encontradas permiten inferir la posible
afectación del interés general, representado en los recursos
provenientes del impuesto de alumbrado público, que son
manejados por una sociedad comercial, de la cual hace parte el
Municipio, pero que la Contraloría recomendó corregir en los ítems
anotados.
Anotó que si bien es cierto que el ente de control fiscal recomendó
un plan de mejoramiento, también lo es que el hecho de que el acto
demandado no corresponda a éste, no es motivo para afirmar que
incurre en desviación de poder, ya que se trata de una medida
precautelativa, mediante la cual el Alcalde impartió las órdenes, con
las que busca corregir las debilidades encontradas por la entidad de
control fiscal, por sobrecostos, utilidades no reinvertidas,
inexistencia de contratos y de mecanismos de control que
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involucran recursos originados en el impuesto de alumbrado
público.
Sostuvo que el Alcalde, en su condición de jefe de la Administración
local, goza de las facultades constitucionales y legales para
determinar la correcta administración de los ingresos del Municipio,
por los diversos conceptos, cuya fuente principal son los impuestos,
atendiendo las regulaciones legales del manejo del presupuesto.
Mencionó que lo normal es que los recursos por todos los impuestos
ingresen a las arcas generales del Municipio, para su debida
administración y a partir de ese fondo común, que se conforma con
ellos, se proceda a la satisfacción de las necesidades de la
comunidad, bien directamente o por contratación.
Afirmó que si bien es cierto que el Municipio puede participar en
una sociedad, también lo es que no es usual que entre a formar
parte de una conformada para contratar la prestación del servicio
de alumbrado público y, que ésta, a su vez tenga que contratar a
otra que suministra la energía. Tampoco, es común ordenar que se
le transfieran a aquella, específicamente, los recursos provenientes
del impuesto del alumbrado público.
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Advirtió que la ley no autorizó tal proceder, como ocurre con
algunos parafiscales relativos a cuotas de fomento de sectores
como el cafetero, el palmero o el panelero, entre otros, razón por la
cual no podría afirmarse que las órdenes impartidas en el acto
acusado desconozcan la obligación de tener que contratar por
medio de esa sociedad y, por ello, dichas órdenes deriven en una
posible desviación de poder.
Que el hecho de que en este caso el Municipio de Dosquebradas
forme parte de una sociedad, que contrató la prestación del servicio
de alumbrado público, no impide que el Alcalde tome las decisiones
pertinentes respecto a la contratación, atendiendo no solo a la
correcta administración de los recursos locales por el interés público
que representan y a claros principios de moralidad y eficacia, entre
otros, sino, en particular, a las objeciones de la Contraloría,
precisamente, para proteger los recursos provenientes de ese
tributo.
Que no es posible señalar que la resolución demandada desconoce
las normas aducidas en la demanda o que el acto tiene una
finalidad distinta de proteger el interés general. Por el contrario, es
evidente la finalidad de protección de los recursos públicos que se
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desprende del acto acusado, en este caso, los provenientes del
impuesto de alumbrado público, motivo por el cual no se configura
la desviación de poder alegada por el apelante; y que es evidente
que fue expedido con fundamento en hechos ciertos y verificados
por la Contraloría.
Anotó que, si precisamente el ente de control fiscal hizo los
referidos cuestionamientos, las medidas tomadas en el acto
acusado resultan coherentes con el control que sobre ellos se debe
tener para evitar esa clase de anomalías.
Expresó que no se puede aducir, como lo hizo el actor, que la
sociedad DELSA S.A. E.S.P. se extinguiría, puesto que ello
permitiría inferir que solo subsiste por la administración de recursos
del impuesto de alumbrado, lo cual no coincide con la participación
del Municipio, que en total solo es del 15%, ni con el amplio objeto
social que tiene, por lo cual carece de sustento la inconformidad del
actor.
V.2.- La actora y la entidad demandada, guardaron silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la
Resolución núm. 1143 de 16 de diciembre de 2008, “[…] Por
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la cual se toman medidas administrativas precautelativas en
relación con la prestación del servicio de alumbrado público en el
Municipio de Dosquebradas y se dictan otras disposiciones […]”,
expedida por el Alcalde del mencionado Municipio.
El contenido del citado acto acusado es del siguiente tenor:
“[…] RESOLUCIÓN NÚM. 1143
DICIEMBRE 16 DE 2008
“POR LA CUAL SE TOMAN MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS PRECAUTELATIVAS EN RELACIÓN
CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”
“El Alcalde Municipal (E) de Dosquebradas- Risaralda, en
uso de sus facultades constitucionales y legales,
especialmente las establecidas en los artículos 2º, 5º, 6º,
13, 29, 85, 93, 94, 121, 122, 123, 209, 311, 315,
numerales 1º y 3º, y 365 de la Constitución Política;
artículo 91 de la Ley 136 de 1994; artículos 1º, 3º, 5º y 14
de la Ley 142 de 1994; artículos 5º, 6º, 55 de la Ley 143 de
1994; artículos 2º y 3º de la Ley 489 de 1998; artículos 2º,
3º, 4º, del Decreto 01 de 1984, modificado por el Decreto
2304 de 198, artículo 5º, Decreto 1355 de 1970, artículos
11, 12, 132 y 166 del Decreto 1336 de 1986, Resolución
número 043 de 1995, proferida por la CREG; Decreto
Presidencial número 2424 de 2006.
VISTOS
Entra el Despacho a tomar medidas administrativas
precautelativas en relación con la prestación del
servicio de alumbrado público en el Municipio de
Dosquebradas Risaralda y se dictan otras
disposiciones, de conformidad al gravísimo informe
presentado por la Contraloría General de la República,
Gerencia Departamental de Risaralda, que adelantó
una “Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral
Modalidad Especial”, sobre la forma en que se viene
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prestando el servicio de alumbrado público en este
Municipio. Como resultado de la Auditoría Integral y
Especial adelantada por la Contraloría, se produjo el
informe del mes de noviembre de 2008, denominado
“MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO 2007”. En dicho informe se hace
alusión a los hallazgos encontrados por el equipo encargado
de la Auditoría Especial, entre los cuales, para los efectos
del presente acto, se destacan los números siete (7) y
nueve (9), en ellos se consignaron graves denuncias en la
ejecución de dicha sociedad, la cual según determinado en
forma expresa y escrita en el informe multicitado se vienen
violentando normas fiscales, penales, disciplinarias y
negociales que generan graves consecuencias financieras
para esta célula geográfica y con consecuencias adicionales
de orden disciplinario en contra de los servidores públicos
adscritos al Municipio de Dosquebradas, en especial su
alcaldesa, de rango penal por el punible de peculado, tal
cual se desprende del denso informe de dicho órgano de
control fiscal, que pese a los descargos consignados en el
libelo contentivo del mismo, que es la interpretación jurídica
de los documentos encontrados. Pese a la carga
argumentativa despachada por el jurista designado para
descorrer los cargos, los mismos no fueron tenidos en
cuenta por el organismo de control fiscal y por el contrario,
ratificó las graves denuncias consignadas en el informe
preliminar y con posterioridad en el informe final.
Que frente a estos graves hechos denunciados por la
Contraloría General de la República, no le queda otro
camino al ente municipal que tomar medidas inmediatas
para evitar perjuicios mayores a las finanzas del municipio,
de orden jurídico y precaver la continuidad de un delito de
celebración indebida de contratos, peculado, extralimitación
de funciones y otros plenamente identificados en el informe
de la Contraloría y con base en los mismos se ha de
proceder a tomar decisiones precautelativas de rango
administrativo y policivo de forma extraordinaria para
evitar que se siga vulnerando la ley de conformidad a
lo determinado por la Contraloría General de la
República, hasta tanto se subsanen los mismos y las
autoridades competentes tomen las decisiones a que haya
lugar. Hay que dejar expresa constancia que las
autoridades municipales no tenían conocimiento sobre la
gravedad de las irregularidades denunciadas por el ente de
control fiscal. Por desconocer el fondo del asunto se solicito
su intervención, como consecuencia de ello ha de
procederse en forma inmediata y contundente.
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RESULTANDOS
[…]
CONSIDERANDOS
[…]
En razón al contenido de dichas obligaciones es que la
administración debe actuar, se repite, con sujeción al orden
público normativo entendido como el conjunto de normas
positivas, es decir, escritas, absolutamente obligatorias,
donde no cabe transigencia alguna ni tolerancia, por afectar
los principios fundamentales de la sociedad, la
principialística constitucional, de una institución o de las
garantías precisas para su subsistencia. Y ese es
precisamente lo que nos convoca para la expedición el
presente acto administrativo.
Que las decisiones que toma la administración pública
deben estar dentro del marco de sus competencias y para el
sub lite el despacho tiene claras competencias para la
expedición del presente acto administrativo. En igualdad de
condiciones como quiera que en principio se pudiera alegar
amenaza o vulneración de derechos constitucionales
fundamentales por el sujeto pasivo receptos de las
consecuencias de la presente decisión precautelativa o
limitación de los mismos, el despacho aplicando el principio
de responsabilidad efectuó el test de razonabilidad con el
objeto de determinar el fin buscado por la medida que no es
otro que precaver un delito o que se siga consumando,
evitar la violación del interés general frente al particular. Se
efectuó el análisis del medio empleado, como quiera que se
trata de un acto o medidas de prevención o precautelativa
que tiene límite en el tiempo, hasta tanto las partes
cumplan lo ordenado por la Contraloría General de la
República, el presente acto administrativo es la única vía
expedita para cumplir lo ordenado y cesar temporalmente la
transgresión al derecho positivo. En igualdad de condiciones
está plenamente demostrado que hay una relación entre el
medio empleado y el fin a obtener del mismo. El análisis
nos demuestra que es la medida menos vulnerante al sujeto
pasivo de la misma a quien temporalmente se le va a
modificar su patrimonio jurídico, hasta tanto se celebren los
contratos y lo ordenado en el marco legal y residual que
regía este tipo de relaciones negociales.
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Así mismo, al efectuar el análisis del Principio de
Proporcionalidad, este arrojó negativo para el sujeto pasivo
del acto administrativo ya que hay protección de la
principialística constitucional o dogmática, el acto y la
decisión son eficaces, es la medida menos lesiva a sus
intereses y es proporcional en razón a los hechos
denunciados.
[…]
La Contraloría General de la República halló una situación
ilegal en la prestación de este servicio en Dosquebradas,
pues no existe ningún contrato de suministro de energía,
por lo cual los recaudos de recursos y suministro de la
misma se vienen realizando sin ningún soporte jurídico,
violando las disposiciones legales que regulan la materia y
en forma claramente irregular y nociva para la adecuada
prestación del servicio a los usuarios de este Municipio, ante
lo cual esta entidad territorial debe aplicar medidas y
decisiones efectivas.
[…]
Los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la
República en su informe sobre el año 2007, son situaciones
manifiesta y evidentemente irregulares e ilegales que se
están presentando en la prestación del alumbrado público
en esta ciudad las cuales eventualmente podían constituir
faltas disciplinarias, conductas penales o lesivas del
patrimonio del municipio de Dosquebradas y que van en
detrimento de la óptima prestación del servicio a los
usuarios, razón por la cual deben tomarse decisiones
prontas para superar la indebido (sic) manejo que
actualmente se da al alumbrado público en este
Municipio.
[…]
Que ante los hallazgos encontrados por la Contraloría
General de la República, Gerencia Departamental de
Risaralda, debe el Municipio tomar medidas efectivas
administrativas, preventivas e inmediatas para evitar
que la situación irregular que actualmente se
presenta en relación con la prestación del servicio
público, continúe teniendo ocurrencia, en detrimento
de los intereses del Municipio; en abierta violación de
las disposiciones legales mencionadas en el presente acto y
en perjuicio de los usuarios del servicio que, en las
condiciones actuales, se viene prestado en forma irregular,
indebida e ilegal.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
[…]
De acuerdo con el marco constitucional, legal y
reglamentario descrito; con la situación que se
presenta en la prestación del servicio de alumbrado
público en Dosquebradas y con la necesidad de
prestar dicho servicio de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. CONTRATO DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA. Ordenar que se adelanten todas las actuaciones
legales y administrativas que se requieran para que el
Municipio de Dosquebradas, en calidad de contratante,
proceda a suscribir un contrato de suministro de energía
eléctrica, para la prestación del servicio de alumbrado
público en esta ciudad. La escogencia de la persona natural
o jurídica, de derecho público o de derecho privado,
encargada del suministro de energía eléctrica al Municipio,
será realizada de conformidad con lo establecido en la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Presidencial
2474 de 2008 y demás disposiciones legales que regulen la
materia. El Municipio procederá a elaborar los estudios y
documentos previos para la citada contratación y a expedir
los actos administrativos que sean necesarios para ello.
ARTÍCULO 2°. CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO,
REPOSICIÓN, EXPANSION Y REPOTENCIACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS. Ordenar que se adelanten todas las
actuaciones legales y administrativas que se requieran para
que el Municipio de Dosquebradas, en calidad de
contratante, proceda a suscribir un contrato cuyo objeto
consista en el mantenimiento, reposición, expansión y
repotenciación del alumbrado público en el municipio de
Dosquebradas. La escogencia de la persona natural o
jurídica, de derecho público o de derecho privado,
encargada del suministro de energía eléctrica al Municipio,
será realizada de conformidad con lo establecido en la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Presidencial
2474 de 2008 y demás disposiciones legales que regulen la
materia. El Municipio procederá a elaborar los estudios y
documentos previos para la citada contratación y a expedir
los actos administrativos que sean necesarios para ello.
ARTÍCULO 3°. UTILIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO PARA LA
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO. El Municipio de Dosquebradas, en calidad de
propietario y/ o poseedor de la infraestructura para la
prestación del servicio de alumbrado público, la cual
comprende los postes, el cableado, los transformadores y
demás elementos requeridos para la prestación de este
servicio en la ciudad, será la única entidad que podrá
utilizarlos, excepto en el caso que haya suscrito, con estos
mismos fines, contratos con entidades públicas o privadas.
ARTÍCULO 4°. FONDO ESPECIAL. Con los ingresos que
perciba el Municipio por la prestación del servicio de
alumbrado público, se creará un fondo especial para
atender todos los gastos y costos que se generen. Los
recursos de dicho fondo se manejarán por el Municipio en
forma independiente a la contabilidad general de la entidad.
A partir de la expedición del presente acto administrativo,
todos los recursos por recaudo de impuesto de alumbrado
público en el Municipio, deberán ingresar a este fondo y
deberán ser consignados en la cuenta de ahorros nacional
especial Nro. 03385548 Banco de Occidente Pereira.
ARTÍCULO 5°. INTERVENTORÍA. Sobre los contratos
mencionados en los artículos 1º y 2º del presente acto
administrativo, el Municipio ejercerá interventoría técnica,
jurídica y profesional, de conformidad con lo establecido en
las leyes 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, en el Decreto
Presidencial 2474 de 2008 y demás disposiciones legales
que regulen la materia. El Municipio procederá a elaborar
los estudios y documentos previos para la citada
contratación y a expedir los actos administrativos que sean
necesarios para ello.
ARTÍCULO 6°. COPIAS. Copia del presente acto
administrativo será remitida a los organismos de control,
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la
República, Fiscalía General de la Nación, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la
Comisión de Regulación de Energía y Gas para lo de su
competencia y se comunicara Empresa Dosquebradas
Energía y Luz S.A. E.S.P. Por el medio más expedito.
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su expedición. Estese a lo dispuesto en
ella y se obrara de conformidad. […]” (Destacado fuera de
texto).
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
CUESTIÓN PREVIA
De manera preliminar, la Sala estima que antes de hacer cualquier
pronunciamiento al respecto es necesario analizar la naturaleza de
la acción incoada por el actor.
En el presente caso, al revisar el texto de la demanda, la Sala
encuentra que el señor FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ,
obrando en su propio nombre, expresó que presentaba la misma
“[…] en ejercicio de la acción pública de nulidad de que trata el
artículo 84 del Código Contencioso Administrativo […]”, con el
objeto de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 1143
de 16 de diciembre de 2008.8
Asimismo, se tiene que, con posterioridad a la presentación de la
demanda, el mencionado actor, con fundamento en el poder que le
otorgó la señora MARINA AYALA GUARÍN, Gerente de
DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ S.A. E.S.P. – DELSA S.A.
E.S.P., solicitó tener como parte coadyuvante a la citada compañía,
dentro de la acción pública de nulidad en contra de la referida
8
Folios 16 a 61 del C. núm. 1.
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 del
CCA.9
En virtud de lo anterior, el Tribunal de primera instancia, a través de
proveído de 30 de junio de 2009, admitió la acción incoada, como de
nulidad, prevista en el artículo 84 del C.C.A., como la ejercitó en su
demanda el demandante, y aceptó como coadyuvante de la parte
actora a la empresa DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y LUZ S.A.
E.S.P. – DELSA S.A. E.S.P. Para ello, razonó el a quo así:
“[…]“ARTÍCULO 146. En los procesos de simple nulidad
cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte
coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del
término de traslado para alegar en primera o en única
instancia. […]”.
Como se observa de la norma transcrita, es posible que en
los procesos de nulidad cualquier persona intervenga como
coadyuvante hasta el hasta el vencimiento del término de
traslado para alegar, lo cual se cumple dentro del presente
caso, por lo que se accederá a la solicitud de la
empresa Dosquebradas Energía y Luz S.A. E.S.P., de
ser tenida como parte coadyuvante del actor. […]”10.
(Destacado fuera de texto).
9
Folios 64 a 106 del C. núm. 1.
10
Folios 107 a 114 del C. núm. 1.
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
Ahora, es preciso resaltar que esta Sección, en proveído de 23 de
junio de 201711, señaló que cuando de la declaración de nulidad de
un acto administrativo surge automáticamente el restablecimiento
del derecho subjetivo afectado, la acción de nulidad resulta
improcedente, de la siguiente manera:
“[….] Son reiteradas las decisiones de esta Corporación que
han señalado que resulta posible que, con la protección del
orden jurídico general, se puedan generar efectos
particulares y concretos respecto de personas
determinadas, en este evento ha sido pacífica la
jurisprudencia que ha sostenido que cuando el
restablecimiento de derechos subjetivos fuere
automático, por el solo efecto de la nulidad, la acción
de nulidad no procede. Al respecto se pueden citar las
siguientes decisiones:
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Auto de 17 de marzo de
2016. Rad.: 2014 – 00398. Magistrado Ponente: Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
“El medio de control de nulidad procede contra actos
administrativos de contenido particular, cuando no se
persiga el restablecimiento de un derecho o cuando
con la sentencia que se produjere no se genere el
restablecimiento automático del derecho a favor del
demandante o de un tercero. En el caso de autos, la
demanda de nulidad en contra de la Resolución 126-007070
del 9 de julio de 2010, según lo afirmado por el actor,
persigue, únicamente, la protección del ordenamiento
jurídico. Sin embargo, para la Sala resulta forzoso concluir
que de prosperar la pretensión de nulidad, se obtendría un
restablecimiento individual automático del derecho en favor
de terceros determinados, en este caso de las sociedades
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 23 de junio de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 08001-33-31-004-2011-00661-
01.
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
objeto de control, así como respecto de los terceros que
actuaron en calidad de socios y que resultaron multados al
declararse una situación de control conjunto y de grupo
empresarial”.
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Auto de 21 de abril de
2016. Rad.: 2015 – 00091. Magistrado Ponente: Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
“En el caso de autos, la parte actora demandó en nulidad
simple las Resoluciones 3812 de 12 de septiembre de 2005
y 4691 de 15 de agosto de 2006, con el único fin de
obtener la protección del ordenamiento jurídico. Sin
embargo, como lo ha dicho la Sala en otras oportunidades,
de prosperar la pretensión de nulidad de las resoluciones
citadas, se obtendría un restablecimiento individual
automático del derecho en favor de la parte actora, que no
es otro que la “convalidación del título BACHELOR OF ARTS
IN INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY, otorgado
el 20 de diciembre de 2002, por SCHILLER INTERNATIONAL
UNIVERSITY, Estados Unidos, a LILIANA GONZÁLEZ
ESCOBAR, ciudadana colombiana identificada con la cédula
de ciudadanía No. 43.869.168. (…)”. De tal forma, la Sala
considera que no es válida la afirmación de la
recurrente en cuanto a que la demanda debe
tramitarse a través del medio de control de nulidad
simple, pues, se repite, la declaratoria de nulidad de
los actos acusados acarrearía per se el
restablecimiento de un derecho a favor suyo”.
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Auto de 10 de septiembre
de 2015. Rad.: 2015 – 00514. Magistrada Ponente: Dra.
María Elizabeth García González.
“No cabe duda de que la declaratoria de responsabilidad
fiscal es una decisión que se enmarca dentro de los actos
administrativos de contenido particular y concreto,
pasibles del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, excepto en los casos en
que no se persigue o no se produce con la respectiva
sentencia un restablecimiento automático de un
derecho subjetivo, pues en tales circunstancias puede
invocarse el medio de control de nulidad para
impugnar dicho auto. Este planteamiento corresponde a
la teoría de los móviles y las finalidades que ha sido
decantada por la Jurisprudencia del Consejo de Estado y
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
que fue recogida en el texto de la Ley 1437 de 2011 o
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […] Por su parte, el numeral 1 del artículo
137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, preceptúa […] De lo expuesto,
se desprende que si la sentencia que resuelva la nulidad de
un acto de contenido particular genera un restablecimiento
automático del derecho a favor del demandante o de un
tercero, así éste advierta que su único interés es la defensa
de la legalidad en abstracto, no es procedente el medio de
control de nulidad, sino el de nulidad y restablecimiento del
derecho. Para el caso bajo análisis, aunque los actores”.
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Auto de 28 de julio de
2016. Rad.: 2013 – 00795. Magistrada Ponente: Dra. María
Claudia Rojas Lasso.
“Conforme lo anterior, en el caso sub examine el medio
de control de nulidad simple es improcedente porque
si bien el apoderado de la parte actora afirma que el
único motivo por el que instaura el medio de control
es establecer la legalidad de los actos administrativos
demandados, al examinar con detenimiento el escrito
de la demanda se evidencia que el motivo y finalidad
de la demanda, más que realizar el control de
legalidad de las Resoluciones demandadas, es el
restablecimiento de los derechos de los Directores de
Núcleo pues considera que de manera arbitraria la
Secretaría de Educación de Boyacá expidió una Resolución
que afecta sus entornos familiares y su situación económica
dado que tienen que desplazarse a la ciudad de Tunja. En
ese entendido, la Sala evidencia que al declarar la
nulidad de los actos administrativos demandados se
generaría de manera automática el restablecimiento
del derecho de los Directores de Núcleo de la Secretaría de
Educación de Boyacá pues ya no tendrían que desplazarse a
la ciudad de Tunja para realizar las funciones de su cargo
como lo dispone la referida Resolución.
Así pues, cuando de la declaración de nulidad de un
acto administrativo surge automáticamente el
restablecimiento del derecho subjetivo afectado, la
acción de nulidad resulta improcedente. […]”
(Destacado fuera de texto).
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
En el presente caso, la Sala observa que la demanda fue presentada
y admitida como de nulidad, en contra de la Resolución núm.
1143 de 2008 acusada.
Sin embargo, para la Sala resulta forzoso concluir que de prosperar
la pretensión de nulidad, se obtendría un restablecimiento
automático del derecho para DELSA S.A. E.S.P, quien fue aceptada
como adyuvante de la parte demandante.
Se evidencia que el motivo y finalidad de la mencionada parte, más
que realizar el control de legalidad de la Resolución demandada, es
que no se desconozca la existencia, creación, funcionamiento,
autonomía administrativa y necesidad de esa sociedad, pues, a su
juicio, de prosperar las órdenes de adelantar todas las actuaciones
legales y administrativas para que se proceda a suscribir un
contrato de suministro de energía eléctrica, para la prestación del
servicio de alumbrado público, así como las demás órdenes,
señaladas en el acto acusado, se efectuarían tales
desconocimientos.
En virtud de lo anterior, es claro que en el caso sub lite la parte
demandante sí tenía un interés particular y concreto en la anulación
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
del acto administrativo demandado; por lo tanto, la acción
procedente no era la de nulidad sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho, a que alude el artículo 85 del CCA.
En consecuencia, la Sala, interpretará la demanda promovida por el
señor FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ, en ejercicio de la
acción de nulidad,12 a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, comoquiera que de la
revisión de la demanda se desprende que con la declaratoria de
nulidad de los actos acusados se produciría un restablecimiento
automático del derecho, además de que existen intereses
particulares y concretos en disputa.
Ahora, teniendo en cuenta que la acción procedente era la de nulidad
y restablecimiento, es del caso realizar el análisis de la caducidad de
la acción, por ser un presupuesto de procedibilidad para ejercitarla.
Al respecto, se tiene que el artículo 136, numeral 2, del CCA es del
siguiente tenor:
“[…] Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
12
Ver sentencia de 15 de agosto de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-03-24-000-
2005-00461-01).
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
[…]
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo
de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso […]”.
En el caso bajo examen no obra prueba en relación con la
notificación o comunicación personal y directa del acto acusado a la
parte demandante, razón por la cual resulta pertinente traer a
colación la figura de la notificación por conducta concluyente,
regulada en el artículo 48 del CCA, respecto de la cual esta Sección,
en providencia de 17 de noviembre de 201713, indicó:
“[...] La notificación por conducta concluyente se configura
cuando la parte que alega la falta de notificación de una
decisión, de alguna manera manifiesta el contenido de la
misma […] En efecto, para que se configure la notificación
por conducta concluyente en los términos del artículo 72
ibídem, debe demostrarse que la parte actora reveló que
conoció el acto acusado o que consintió la decisión […]”.
(Destacado fuera de texto.)
En este contexto debe resaltarse que en el líbelo de demanda,
concretamente en el acápite de fundamentos de hecho, el actor
señaló lo siguiente: “[…] a la sociedad DOSQUEBRADAS ENERGÍA Y
LUZ S.A. E.S.P. (DELSA S.A. E.S.P.) se le comunicó la Resolución No.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 17 de
noviembre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-41-
000-2014-01597-01.
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1143 de 2008 el día 18 de diciembre de 2008 […]”14. (Destacado
fuera de texto).
Para la Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del CCA,
el 18 de diciembre de 2008 la parte demandante se notificó por
conducta concluyente de la Resolución núm. 1143 de 2008
acusada, expedida por el Alcalde Municipal de Dosquebradas,
razón por la cual los cuatro (4) meses, señalados en artículo 136 del
CCA, con que contaba para la presentación de la demanda, vencían
el lunes 20 de abril de 2009 (teniendo en cuenta que dicho término
se debe computar a partir del día siguiente a la notificación y que el
19 de abril de 2009 fue domingo).
Habida cuenta que la demanda fue radicada el 4 de marzo de 2009,
según consta a folio 61 del cuaderno núm. 1., esto es, dentro del
término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para
el actor, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la
normatividad vigente para esa época.
Aunado a lo anterior, la Sala, previo a resolver el fondo del asunto,
debe analizar la naturaleza del acto administrativo acusado, con
14
Folio 23 del Cuaderno núm. 1.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
miras a determinar si es susceptible de control judicial por parte de
la jurisdicción contencioso administrativo.
Sobre la clasificación de los actos administrativos y cuáles son
objeto de control jurisdiccional, en sentencia de 5 de noviembre de
202015, la Sección Segunda consideró lo siguiente:
“[…] El acto administrativo es una manifestación unilateral
de voluntad emanada de una autoridad pública o de un
particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, que
produce efectos jurídicos.
La teoría del acto administrativo decantó la
clasificación de estos con la finalidad de delimitar los
que deben ser objeto de control jurisdiccional. En tal
sentido ha explicado que, desde el punto de vista de su
inserción en el procedimiento y recurribilidad,16 hay tres
tipos de actos a saber:
i) Preparatorios, accesorios o de trámite que se expiden
como parte del procedimiento administrativo con el fin de
darle curso, son instrumentales y no encierran
declaraciones de la voluntad ni crean relaciones jurídicas y
solo sirven de impulso a la continuidad de la actuación de la
administración.17
ii) Definitivos que el artículo 43 del CPACA define como
«…los que decidan directa o indirectamente el fondo
del asunto o hagan imposible continuar la actuación».
La jurisprudencia advierte que son «…aquellos que
concluyen la actuación administrativa, en tanto que
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, núm. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15).
16 José Antonio García – Trevijano Fos. Los actos administrativos. Segunda Edición 1991.
Editorial CIVITAS S. A. Madrid España. Pág. 191. El autor clasifica los actos administrativos
de acuerdo a su inserción en el procedimiento administrativo y recurribilidad, en la cual
establece: «El procedimiento administrativo no es más que una concatenación de actos
que tienden a un resultado final. De aquí se deduce, sin ninguna violencia interpretativa,
que existen dos tipos de actos: unos, la mayor parte, que sirven para el resultado final, y
otros que suponen propiamente, la finalización. Actos de procedimiento o de trámite
significan la misma cosa. Acto final o resolución son, también, términos equivalentes.»
17
Ibídem
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto
y producen efectos jurídicos definitivos, ya sea
porque crearon, modificaron o extinguieron una
situación jurídica en particular…».18
Es decir, son los que resuelven de fondo una situación
jurídica o impiden la continuación del procedimiento
administrativo, en razón a que contienen la esencia del
tema a decidir y tienen la potestad para modificar la
realidad con su contenido.
iii) Los actos administrativos de ejecución que se limitan a
dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.
Por regla general son los actos definitivos lo únicos
que son susceptibles de ser enjuiciados ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dado
que a través de estos la administración crea, modifica
o extingue situaciones jurídicas a los asociados.
Excepcionalmente también lo son los de trámite
cuando impiden la continuación de este. […]”
(Destacado fuera de texto).
Y en cuanto a los actos susceptibles de control contencioso, esta
Sección, en sentencia de 11 de junio de 202019, puntualizó lo
siguiente:
“[…] En efecto, de conformidad con el artículo 82 del CCA,
cláusula general de competencia del contencioso
administrativo, únicamente son susceptibles de control las
decisiones de la administración que ponen fin a una
actuación administrativa o los actos de trámite que hacen
imposible la continuación de esa actuación. Sobre el
particular, los artículos 50 y 135 del CCA, disponen:
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Bogotá,
D.C. 19 de febrero de 2015. Radicación: 25000-23-25-000-2011-00327-01(3703-13). Actor: Omar
Alexander Cutiva Martínez. Demandada: Distrito Capital, Secretaría de Gobierno, Dirección Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
junio de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000-23-24-000-
2011-00504-01.
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
“ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que
pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los
siguientes recursos:
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación
administrativa, los que deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla”
ARTÍCULO 135. Modificado por el art. 22, Decreto
Nacional 2304 de 1989. La demanda para que se declare la
nulidad de un acto particular, que ponga término a un
proceso administrativo, y se restablezca el derecho del
actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante
acto expreso o presunto por silencio negativo.
El silencio negativo, en relación con la primera petición
también agota la vía gubernativa.
Sin embargo, si las autoridades administrativas no hubieran
dado oportunidad de interponer los recursos procedentes,
los interesados podrán demandar directamente los
correspondientes actos” (negrillas fuera del texto).
Como se observa, son pasibles de control contencioso
los actos de la administración que contengan una
manifestación de voluntad con la aptitud de producir
efectos jurídicos definitivos, en tanto que crean,
modifican o exigen la relación jurídica. Al respecto,
esta Sección recientemente, al abordar un caso de similares
supuestos jurídicos20, sostuvo:
“Ha sido criterio de esta Corporación21 que únicamente las
decisiones definitivas de la administración producto
de la conclusión de un procedimiento administrativo,
o los actos de trámite que hacen imposible la
continuación de esa actuación, son susceptibles de
20
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 7 de marzo de 2019, Magistrado Ponente:
Oswaldo Giraldo López, radicado: 2006-00109-00
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda-Subsección B.
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil
dieciocho (2018). Radicación: 11001-03-25-000-2012-00419-00(1627-12). Actor: José Miguel Rojas
Rúa. Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta. Consejero ponente: JUAN ÁNGEL PALACIO
HINCAPIE. Sentencia de veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008). Radicación: 76001-23-31-
000-2002-03275-01(15607). Actor: Industrias de Balanzas Baico LTDA. Demandado: Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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control de legalidad por parte de la jurisdicción
contencioso administrativa.
En el mismo sentido, se ha señalado por parte de la Sección
Primera del Consejo de Estado que son pasibles de
control contencioso los actos de la administración que
contengan una manifestación de voluntad con la
aptitud de producir efectos jurídicos definitivos o de
fondo sobre el asunto de que tratan, no así los
preparatorios o de trámite” (negrillas fuera de texto). […]”.
En el caso sub lite, se demandó la nulidad de la Resolución núm.
1143 de 16 de diciembre de 2008, que ordenó adelantar todas
las actuaciones legales y administrativas que se requieran para que
el municipio de Dosquebradas procediera a suscribir un contrato de
suministro de energía, para la prestación del servicio de alumbrado
público, el mantenimiento, expansión y repotenciación del
alumbrado público, la creación de un fondo especial para atender
los gastos y costos que se generen, con los ingresos que perciba el
Municipio por la prestación del servicio de alumbrado público, así
como que sobre esos contratos, el Municipio debe ejercer
interventoría técnica, jurídica y profesional, de conformidad con lo
establecido en la Ley 80 de 1993.
Las referidas órdenes fueron adoptadas, según consta en los
considerandos de la citada resolución acusada, como medidas
administrativas precautelativas, con el objeto de asegurar la
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prestación eficiente y adecuada del servicio de alumbrado público
en el Municipio de Dosquebradas, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes, y evitar perjuicios mayores a las
finanzas del municipio y de orden jurídico, teniendo en cuenta que
ese servicio se estaba prestando sin mediar previamente un
contrato y el cumplimiento a las normas aplicables sobre la
materia, conforme lo puso de presente la CGR, en el Informe de
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad
Especial”, denominado “MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO 2007”, de noviembre de 2008.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala, dichas medidas
preventivas, adoptadas a través del acto acusado contienen una
manifestación de voluntad con la aptitud de producir efectos
jurídicos definitivos o de fondo y modificar una situación jurídica,
habida cuenta que con las mismas se dio la orden de adelantar
todas las actuaciones legales y administrativas que se requieran
para que el Municipio de Dosquebradas procediera a suscribir un
contrato de suministro de energía, para la prestación del servicio de
alumbrado público, el mantenimiento, expansión y repotenciación
del alumbrado público, de conformidad con la ley, y de crear un
fondo especial, al cual se deben transferir todos los recursos por
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recaudo de impuesto de alumbrado público en el Municipio de
Dosquebradas, pues con anterioridad a este acto no existía un
contrato de conformidad con las normas aplicables sobre la materia
ni existía tal fondo.
Cabe precisar que si bien es cierto que a través del acto acusado se
establecieron medidas preventivas, también lo es que no por ello
dicho acto deja de ser susceptible de control judicial, pues esta
Sección ha considerado que los actos, que imponen medidas
preventivas, como el del caso bajo estudio, sí son
verdaderos actos administrativos, susceptibles de control
judicial por parte de esta jurisdicción.
Sobre el particular, en proveído de 8 de junio de 202122, esta
Sección sostuvo lo siguiente:
“[…] Ahora bien, llegado el momento procesal de proveer
sobre la admisión de la demanda, el Despacho estima
necesario analizar la naturaleza del acto
administrativo acusado, con miras a determinar si es
susceptible de control judicial por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa.
Para tales efectos, se trae a colación la parte considerativa
de las Resoluciones números 9203 de 18 de octubre de
2019 y 1098 de 20 de febrero de 2020, por medio de las
cuales “[…] se prorroga el término de la medida preventiva
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proveído de 8 de junio
de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2021-
00106-00.
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49
Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
de VIGILANCIA ESPECIAL ordenada a MEDIMÁS EPS S.A.S.
con NIT 901.097.473-5”, la cual es del siguiente tenor:
«[…] Que el numeral 1° del artículo 113 del Decreto Ley
663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero),
consagra la vigilancia especial como una medida
preventiva encaminada a evitar que una entidad
sometida al control y vigilancia de la
Superintendencia incurra en causal de toma de
posesión de sus bienes, haberes y negocios o para
subsanarla; la citada norma establece además que en
virtud de dicha medida, la entidad vigilada deberá adoptar y
presentar ante el organismo de control, un plan para
restablecer su situación, a través de medidas adecuadas.
[…]
En ese orden de ideas, el Despacho encuentra que los actos
administrativos acusados fueron proferidos en ejercicio de
las atribuciones conferidas por la ley a la Superintendencia
Nacional de Salud, en desarrollo de su función de
inspección, vigilancia y control. Dicha atribución está
relacionada con el hecho consistente en que la
Superintendencia puede ordenar o autorizar a las entidades
vigiladas, la adopción individual o conjunta de las medidas
de que trata el artículo 113 del Estatuto Financiero, dentro
de las cuales se encuentra la medida de vigilancia
especial, cuyo propósito no es otro que el de evitar
que la entidad prestadora de salud incurra en causal
de toma de posesión de bienes, haberes y negocios y
con ello ponga en riesgo la prestación de los servicios
de salud a sus afiliados.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Sección en providencia
de 16 de abril de 202023, al pronunciarse en relación con los
actos administrativos mediante los cuales se imponen
medidas preventivas, señaló lo siguiente:
«[…] aquellos actos administrativos que imponen
medidas preventivas constituyen verdaderos actos
definitivos y, por tanto, susceptibles de control
judicial, siempre que con ellos se modifique una situación
jurídica particular y concreta.
[…]
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Providencia de 16 de
abril de 2020, Exp. No. 25000-23-41-000-2019-00160-00. Consejero Ponente Dr. Oswaldo Giraldo
López, Actor: Banco Coomeva S.A.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
Así, revisado el contenido del acto administrativo
cuestionado, advierte la Sala que, si bien las
determinaciones allí adoptadas son de carácter provisional o
temporal y tienen como único propósito cumplir con las
medidas preventivas ordenadas en la Resolución
00841 del 19 de enero de 2015, para así garantizar la
prestación del servicio público de educación superior
consagrado en el artículo 67 de la Constitución
Política, aquél constituye un verdadero acto que
modificó la situación jurídica que la demandante tenía
con la Fundación Universitaria San Martín […]» (Negrillas
fuera de texto)
[…]
Así las cosas, del contenido de la jurisprudencia en cita, se
observa que: i) los actos administrativos mediante los
cuales se imponen medidas preventivas de vigilancia,
son verdaderos actos administrativos susceptibles de
control judicial por parte de esta jurisdicción y, ii) si
bien las medidas preventivas son de carácter temporal, lo
cierto es que durante el tiempo de su imposición modifican
situaciones jurídicas.
[...]
Cabe poner de relieve que la medida preventiva de
vigilancia especial impuesta a la parte actora, le prohíbe la
afiliación de nuevos usuarios y la aceptación de traslados de
usuarios provenientes de otras EPS, y que dichas
prohibiciones son extendidas en el tiempo por los actos
administrativos aquí acusados.
En vista de lo anterior, el Despacho considera que, si bien
es cierto que la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que el acto administrativo que impone medidas
preventivas constituye un verdadero acto administrativo
susceptible de control judicial por esta jurisdicción,
comoquiera que modifica una situación jurídica particular y
concreta, también es una realidad que los actos
administrativos que prorrogan dichas medidas, están
extendiendo en el tiempo esa situación jurídica modificada
por el acto inicial y, por ende, también serían susceptibles
de ser demandados a través de los medios de control
determinados para ello. […]”. (Destacado fuera de texto).
Teniendo en cuenta la jurisprudencia antes relacionada, la
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Resolución núm. 1143 de 2008 acusada sí es susceptible de
control judicial por parte de la jurisdicción contencioso
administrativo.
No obstante lo anterior, debe aclararse que conforme consta en el
encabezado de la citada resolución acusada, la misma fue
expedida por el Alcalde Municipal de Dosquebradas, invocando para
ello, sus facultades constitucionales y legales, entre ellas, las
conferidas por los artículos 315 de la Constitución Política; 91
de la Ley 136 de 1994; 1º, 3º, 5º y 14 de la Ley 142 de 1994;
5º, 6º, 55 de la Ley 143 de 1994; 5º, Decreto 1355 de 1970, y 11,
12, 132 y 166 del Decreto 1336 de 1986, entre otras normas.
Al efecto, se debe tener en cuenta que los artículos 315 de la
Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994, que fundamentaron
la expedición del acto acusado, hacen relación a las funciones, en
tratándose del ejercicio del poder policivo que tiene el Alcalde.
En efecto, el artículo 315, numeral 2, de la Constitución
Política, establece que el Alcalde es la primera autoridad de policía
del municipio, de la siguiente manera:
“[…] ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
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[…]
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad
con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente
de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la
primera autoridad de policía del municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante […]”
(Destacado fuera de texto).
Y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 prevé, en relación con las
funciones en ejercicio del poder policivo que tiene el Alcalde, lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 91. FUNCIONES. Los alcaldes ejercerán las
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República o gobernador respectivo.
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las
siguientes:
[…]
b) En relación con el orden público:
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad
con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y
del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde
por conducto del respectivo comandante.
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su
restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del
caso, medidas tales como:
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y
lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas
embriagantes;
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d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos
permitidos por la Constitución y la ley;
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos
de policía local necesarios para el cumplimiento de las
normas superiores, conforme al artículo 9o del Decreto 1355
de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o
adicionen.
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante
la armónica relación con las autoridades de policía y la fuerza
pública para preservar el orden público y la lucha contra la
criminalidad y el delito.
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento
del orden público y actuar como jefes de policía para
mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. […]”
(Destacado fuera de texto).
De tal manera que el Alcalde es la primera autoridad de policía en
el municipio, por lo que en ejercicio de la función de policía puede
adoptar medidas preventivas de carácter policivo, como las del caso
bajo estudio.
Frente a este asunto, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
510 de 199324, expresó lo siguiente:
“[…] El concepto de orden público es algo más que la
concurrencia de los requisitos de tranquilidad, seguridad,
salubridad y moralidad dentro de un marco social. Su
núcleo esencial está en la armonía general, es decir, en
la consonancia de los intereses particulares en un solo
interés: el general. El manejo del orden público en un
municipio apunta a procurar la convivencia pacífica de los
asociados mediante la solución de los conflictos diarios
24
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-510 de 8 de noviembre de 1993, M.P.
Vladimiro Naranja Mesa, núm. único de radicación expediente No. T-16672.
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que puedan alterar el equilibrio y la armonía de la
sociedad. Por ello, el alcalde, en su calidad de
primera autoridad de policía del municipio, debe
velar por el cumplimiento de estos fines, mediante
la adopción de medidas preventivas, reparativas o
sancionatorias, según las facultades que le
conceden la Constitución, la ley, las ordenanzas o
los acuerdos municipales”.
[…]
El manejo del orden público en un municipio apunta a
procurar la convivencia pacífica de los asociados
mediante la solución de los conflictos diarios -algunos de
características menores- que puedan alterar el equilibrio
y la armonía de la sociedad. Por ello, el alcalde, en su
calidad de primera autoridad de policía del
municipio, debe velar por el cumplimiento de estos
fines, mediante la adopción de medidas
preventivas, reparativas o sancionatorias, según las
facultades que le conceden la Constitución, la ley, las
ordenanzas o los acuerdos municipales. […]” (Destacado
fuera de texto).
En este caso particular, las medidas preventivas adoptadas en la
resolución demandada tuvieron como propósito garantizar la
prestación del servicio de alumbrado público de manera oportuna,
eficiente y en obedecimiento a las exigencias previstas en el
ordenamiento jurídico para la prestación de este servicio, en
especial, lo dispuesto en la Ley 143 (artículos 23, literal a), 55 y
57), la Resolución núm. 043 de 1995 de la CREG (artículos 2º, 8o),
y el Decreto 2424 (artículo 7º, artículo 12, numeral 3), así como
velar por los fines esenciales del Estado.
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Además, no puede perderse de vista que en los considerandos del
mismo acto acusado la entidad demandada señaló:
“[…] Que frente a estos graves hechos denunciados por la
Contraloría General de la República, no le queda otro
camino al ente municipal que […] proceder a tomar
decisiones precautelativas de rango administrativo y
policivo de forma extraordinaria para evitar que se siga
vulnerando la ley de conformidad a lo determinado por la
Contraloría General de la República […] (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la Sala observa que la Resolución núm. 1143 de
16 de diciembre de 2008 acusada fue expedida por el Alcalde
del municipio de Dosquebradas, con fundamento en su facultad de
primera autoridad de policía en el municipio, potestad que le
permitía tomar medidas preventivas de carácter policivas, ante los
hechos denunciados por la Contraloría General de la República, con
el objeto de garantizar la prestación del servicio de alumbrado
público de manera oportuna, eficiente y en obedecimiento a las
exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para la prestación
de este servicio y de velar por el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.
Precisado lo anterior, procede la Sala a resolver las censuras
expuestas en el recurso de apelación.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
La primera censura la hace descansar el recurrente en que la
Alcaldía Municipal de Dosquebradas cuando expidió la Resolución
núm. 1143 de 16 de diciembre de 2008 acusada buscó un fin
ajeno al interés general e incurrió en una desviación de poder, en
cuanto con el pretexto de dar cumplimiento a unos requerimientos
realizados por la Contraloría General de la República dio unas
órdenes, a través de dicho acto, que desconocen la existencia,
creación, funcionamiento y necesidad de la sociedad de economía
DELSA S.A. E.S.P, le imposibilita su objeto social y la descapitaliza,
así como el destino de los recursos de alumbrado público.
Sobre el particular, cabe mencionar que, conforme consta en la
parte considerativa de la Resolución núm. 1143 de 16 de
diciembre de 2008 acusada, transcrita anteriormente, ésta fue
expedida con el fin de tomar medidas administrativas
precautelativas, inmediatas, de rango administrativo y
policivo, de forma extraordinaria en relación con la prestación
del servicio de alumbrado público en el Municipio de Dosquebradas,
Risaralda, teniendo como fundamento el “Informe de Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial”,
denominado “MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO 2007”, de noviembre de 2008, presentado
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por la Contraloría General de la República, en adelante CGR,
Gerencia Departamental de Risaralda.
Dichas medidas fueron tomadas con el objeto de evitar perjuicios
mayores a las finanzas del municipio, de orden jurídico y precaver
la continuidad del delito de celebración indebida de contratos,
peculado, extralimitación de funciones y otros identificados en dicho
informe, y teniendo en cuenta que la CGR halló que no existía
ningún contrato de suministro de energía con el Municipio; y que
los recaudos de recursos y suministro de la misma se venían
realizando sin ningún soporte jurídico, lo cual, a juicio de la entidad
de control fiscal, viola las disposiciones legales que regulan la
materia y va en detrimento de una adecuada prestación del servicio
de alumbrado público a los usuarios de este Municipio.
Aunado a lo anterior, es de resaltar que para tomar las referidas
medidas administrativas preventivas, en el acto acusado, el Alcalde
Municipal de Dosquebradas destacó, como fundamento del mismo,
los fines esenciales del Estado, la necesidad de prestar el servicio
de alumbrado público de conformidad con las disposiciones legales
vigentes y las siguientes normas constitucionales.
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Para el efecto, se procede a transcribir los apartes correspondientes
de los considerandos de la Resolución demandada:
“[…] Que la Constitución Política se refiere a los fines del
Estado, a las funciones de los municipios y de los servidores
públicos y a la prestación de los servicios públicos, en los
siguientes términos:
Artículo 2º “…. FINES ESENCIALES DEL ESTADO. Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución…”.
Artículo 123. “…. SERVIDORES PÚBLICOS. Los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento …”.
Artículo 209. “…. PRINCIPIOS, OBJETO Y CONTROL DE LA
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. La función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad …”.
Artículo 311. “…. MUNICIPIO COMO ENTIDAD
FUNDAMENTAL DE LA DIVISIÓN POLÍTICA-
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. Al Municipio como entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley (…..), y cumplir las demás funciones que le asignen
la Constitución y las leyes …”.
Artículo 315, numerales 1,3 y 9. “…. ATRIBUCIONES DEL
ALCALDE. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley,
los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos
del Concejo (…..). 3. Dirigir la acción administrativa del
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestación de los servicios a su cargo (…..). 9. Las demás
que la Constitución y la ley le señalen …”.
Artículo 365, “…. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 1.
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la
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ley (….). En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,
el control y la vigilancia de dichos servicios….”.
[…]
De acuerdo con el marco constitucional, legal y
reglamentario descrito; con la situación que se presenta en
la prestación del servicio de alumbrado público en
Dosquebradas y con la necesidad de prestar dicho
servicio de conformidad con las disposiciones legales
vigentes. […]” (Destacado fuera de texto).
De lo precedente, la Sala estima que, contrario a lo señalado por el
apelante, la resolución acusada buscaba atender o procurar el
interés general de la comunidad, pues tenía como propósito
tomar las medidas precautelativas indicadas en el mismo, con el
objeto de asegurar la prestación eficiente y adecuada del servicio
de alumbrado público en el Municipio de Dosquebradas, de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y con el objeto
de evitar perjuicios mayores a las finanzas del municipio, de orden
jurídico y precaver la continuidad del delito de celebración indebida
de contratos, peculado, extralimitación de funciones y otros
identificados en dicho informe, teniendo en cuenta los hallazgos
encontrados por la CGR.
En efecto, en el Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral, Modalidad Especial”, denominado “MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2007”, de
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noviembre de 200825, la CGR, Gerencia Departamental de Risaralda
puso de manifiesto las siguientes irregularidades o hallazgos
encontrados en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda, con
relación a la prestación del servicio de alumbrado público (que
condujeron a tomar las medidas adoptadas por la entidad
demandada en el acto acusado), así:
“[…] LÍNEA DE CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD
Se verificó la existencia de estudios jurídicos previos a la
entrega de la prestación del servicio, los cuales
recomendaron como mejor opción, la creación de la
sociedad, por considerarse que genera el menor riesgo y un
mejor resultado.
Lo anterior ocasionó que no existiera contrato entre
las partes, inobservando la normatividad vigente.
De la misma manera se observó que la creación de la
sociedad que administra el servicio de alumbrado público en
el Municipio de Dosquebradas se realizó con autorización del
Concejo Municipal, pero esta figura genera utilidades para
los accionistas, las cuales no están siendo reinvertidas en
los usuarios vía tarifa, como lo determina la ley.
No se cumplió por parte del ente territorial la
normatividad relacionada con la entrega del uso y
goce de la infraestructura de alumbrado público,
puesto que se entregó sin mediar contrato o convenio
alguno.
LÍNEA DE EVALUACIÓN AL PROCESO FINANCIERO.
Una vez evaluada la documentación del proceso de
selección del socio operador por parte del Municipio, se
encontró que el flujo de caja proyectado fue basado en los
parámetros establecidos por los Términos de Referencia del
ente territorial; dicha proyección en términos generales
correspondía a la realidad del Alumbrado Público plasmada
en los estudios previos realizados, aplicable al año 2004. De
las verificaciones realizadas a la ejecución de los costos de
25
Folios 250 a 2560 el C. Anexo 11.
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operación del servicio, se determinó la existencia de
sobrecostos en los ítems correspondientes a Operación y
Mantenimiento y en el costo de las luminarias; este último
afecta los rubros de inversión correspondientes a expansión
y modernización. Esta situación indica que para la vigencia
auditada los valores de flujo de caja ejecutado no son
reales y las proyecciones requerían una revisión por parte
del Municipio de Dosquebradas.
[…]
Además, al estar inflados los valores de la Operación y
Mantenimiento en $210 millones, se estarían cobrando a los
usuarios tarifas que no tendrían relación directa con el costo
en que se incurre para prestar el servicio.
El municipio al crear una sociedad de economía
mixta, en asocio con un inversionista privado, utilizó
una figura que no garantiza el cumplimiento del
Decreto 2424 de 2006 en lo relacionado al cobro de la
tarifa, puesto que se están generando utilidades en la
actualidad y se proyectó un incremento de las mismas
durante los 25 años de duración de la sociedad. Del análisis
del flujo de caja y de la proyección de utilidades, se
encontró que estas últimas se incrementarían en los
primeros 10 años en más del 200%, y la T.I.R. establecida
para el proyecto arroja un superávit anual de 24, 16% lo
cual reafirma la situación descrita.
[…]
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron diez
(10) hallazgos administrativos, de lo cuales dos (2) tienen
alcance fiscal por valor de $308.1 millones y ocho (8) tienen
alcance disciplinario, uno de ellos con solicitud de
indagación preliminar, los cuales serán trasladados a la
autoridad competente.
PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad debe elaborar un plan de mejoramiento con
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen
en el informe. El Plan de mejoramiento debe ser entregado
a la Gerencia Departamental de Risaralda de la Contraloría
General de la República, dentro de los 15 días hábiles
siguientes al recibo del informe final, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución No. 5872 de julio 11 de 2007.
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Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y
metas que se implementarán por parte de la entidad, las
cuales deberán responder a cada una de las debilidades
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el
cronograma para su implementación y los responsables de
su desarrollo.
[…]
CONTRATACIÓN Y LEGALIDAD
Hallazgo 7 suscripción contrato- con connotación
disciplinaria.
Inobservando lo establecido en el artículo 2 de la Resolución
043 de 1995 de la CREG, en el artículo 1 Resolución No.
81132 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía, el
numeral 3 del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006 y el
artículo 55 de la Ley 143 de 1994, el Municipio de
Dosquebradas Risaralda, no suscribió contrato o
convenio donde se protocolice la entrega de la
prestación del servicio de alumbrado público que
genere fuerza vinculante entre las partes, con
derechos y obligaciones correlativas que regulen la
prestación de este servicio y no realizó supervisión e
interventoría al mismo.
Lo anterior se presenta por debilidades en los estudios y
análisis jurídicos que sirvieron de base para la toma de la
decisión, lo que genera ausencia de control efectivo del
municipio para lograr el cumplimiento de la obligación de
prestar el servicio y posibles riesgos de incumplimiento de
las obligaciones establecidas en los términos de referencia
del proceso de selección del socio operador y de las normas
que regulan la materia.
La entidad no está de acuerdo porque consideran que la
Escritura de Constitución, al ser un contrato social, suple la
suscripción de cualquier contrato o convenio. Así mismo,
asegura que las decisiones más importantes de la sociedad
deben ser tomadas con el voto favorable del 100% de los
accionistas.
Hallazgo 8 Sociedad de economía mixta- con
connotación disciplinaria.
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Desconociendo lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo
9º de la Resolución CREG 043 de 1995 y en el artículo 9º
del Decreto 2424 de 2006, el Municipio de Dosquebradas
creó una sociedad de economía mixta para la prestación del
servicio de Alumbrado Público, en la que tiene una
participación del 15%, la cual en la actualidad, genera
utilidades en esta misma proporción para el municipio e
igualmente para el socio privado el 85% restante.
Lo anterior porque los estudios previos recomendaron la
utilización de una figura que no permitía el cumplimiento de
las normas relacionadas con las tarifas que se pueden
cobrar a los usuarios del servicio, lo que genera una
recuperación de recursos mayor a la permitida, la cual no
corresponde exactamente a los costos del servicio, lo que
impide que en el evento de que se generen ahorros en
dichos costos, éstos se vean reflejados en una disminución
de lo cobrado a través del impuesto, dado que solo
representaría un incremento en las utilidades de los socios.
Hallazgo 9 Infraestructura- con connotación disciplinaria
Inobservado lo establecido en el literal a) del artículo 2,
literal g) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en el
numeral 8 artículo 10 del decreto 205 de 2003, el
Municipio de Dosquebradas Risaralda permite el uso
de la infraestructura de alumbrado público, propiedad
del municipio, a la sociedad creada para la prestación
del servicio, sin mediar previamente acto
administrativo (contrato o convenio) alguno para tal
fin.
Lo anterior es ocasionado por debilidades de supervisión y
control por parte del Municipio de Dosquebradas en la
utilización de bienes públicos por parte de particulares sin
autorización legal, lo que genera un riesgo ante posibles
pérdidas o deterioro de estos bienes, al no contar con
documento legal para exigir un buen uso de los mismos y la
obtención de lucro por parte de un particular al hacer uso
de activos del Estado sin mediar vínculo legal entre las
partes. […]” (Destacado fuera de texto).
Al respecto, se debe aclarar que en manera alguna se puede
señalar que las órdenes indicadas en la parte resolutiva de la
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resolución acusada desconocen la existencia, creación,
funcionamiento y necesidad de la sociedad de economía DELSA S.A.
E.S.P, dado que, como bien lo precisó dicho acto acusado, el fin de
las mismas era tomar medidas precautelativas de forma
extraordinaria e inmediata, con el objeto de asegurar la prestación
eficiente y adecuada del servicio de alumbrado público en el
Municipio de Dosquebradas, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes, así como objeto de evitar perjuicios mayores a las
finanzas del municipio, de orden jurídico y precaver la continuidad
del delito de celebración indebida de contratos, peculado,
extralimitación de funciones y otros identificados en dicho informe,
teniendo en cuenta los hallazgos encontrados por la CGR.
Ahora, si bien es cierto que a través de la resolución acusada se dio
la orden de adelantar todas las actuaciones legales y
administrativas que se requerían para que el mencionado ente
territorial procediera a suscribir un contrato de suministro de
energía, para la prestación del servicio de alumbrado público, así
como para que suscribiera un contrato para el mantenimiento,
expansión y repotenciación del alumbrado público, también lo es
que ello no conllevaba la orden de celebrar esos contratos con una
empresa diferente a DELSA S.A. E.S.P., ni de desconocer la
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existencia, creación, funcionamiento y necesidad de la sociedad de
economía DELSA S.A. E.S.P, sino de “adelantar todas las
actuaciones legales y administrativas que se requieran para ello”,
es decir todos los estudios o lo necesario para posteriormente
celebrar los referidos contratos y prestar el servicio de alumbrado
público, de conformidad con la ley y lo señalado por la CGR, en el
referido informe.
Tan cierto es que el fin de la resolución demandada no era
desconocer a la sociedad DELSA S.A. E.S.P, sino que se prestara el
servicio de alumbrado público de conformidad con la ley, que en
sus considerandos dicho acto señaló que la mencionada sociedad
podía prestar el servicio de alumbrado público en Dosquebradas,
pero cumpliendo todos los requisitos legales y sin desconocer que el
Municipio es el directo responsable de la prestación de ese servicio,
para lo cual debía suscribir los contratos de ley.
Así lo expresó la Alcaldía Municipal de Dosquebradas en la
resolución acusada:
“[…] La empresa “DOSQUEBRADAS ENERGÍA LUZ S.A.
E.S.P.”26 puede prestar el servicio de alumbrado
público en Dosquebradas, pero en condiciones de
26
DELSA S.A. E.S.P.
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igualdad con los demás, cumpliendo todos los
requisitos legales y sin desconocer que el Municipio es el
directo responsable de la prestación de ese servicio, lo cual
puede hacer directamente o a través de un tercero. Si la
citada empresa pretende prestar este servicio en el
Municipio, debe suscribir los contratos de ley, entre
ellos, un contrato con el Municipio para el manejo y
utilización de la infraestructura con que se presta el servicio
de alumbrado público y que comprende los postes, el
cableado, los transformadores y demás elementos, pues
estos elementos y equipos son de propiedad y/o posesión
de esta entidad territorial y no de la empresa en mención.
Si una empresa se crea para prestar un servicio debe
hacerlo sin violar las disposiciones legales vigentes. […]”
(Destacado fuera de texto).
Por tal razón, acertó el fallador de primera instancia cuando sostuvo
que no es de recibo la afirmación de que con la Resolución
demandada se violen las normas aducidas como vulneradas por el
actor. Al efecto, razonó de la siguiente manera:
“[…] Encuentra este Tribunal, luego de efectuar el
correspondiente estudio de la resolución demandada, que
no es de recibo la afirmación que con la misma se violen las
normas aducidas como vulneradas por el actor, ya que con
su expedición se está tomando en cuenta el informe de la
Contraloría General de la República, con el fin de adelantar
los estudios que sean necesarios para corregir las falencias
presentadas con la prestación del servicio de energía en el
Municipio de Dosquebradas.
El acto acusado no contiene la celebración de un
contrato con una empresa diferente de la actual, ni
desconoce los actos administrativos aducidos como
vulnerados, y no violenta los preceptos legales
enunciados anteriormente porque no materializa una
decisión que genere desconocimiento de la empresa
actual. […]” (Destacado fuera de texto).
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Así las cosas, no cabe duda de que la Alcaldía Municipal de
Dosquebradas cuando expidió la Resolución núm. 1143 de 16 de
diciembre de 2008 acusada tenía como fin atender o procurar el
interés general de la comunidad, pues al tomar las medidas
precautelativas señaladas en el mismo no tenía otro fin diferente al
de asegurar la eficiente y adecuada prestación del servicio de
alumbrado público en el Municipio de Dosquebradas, de acuerdo
con lo previsto en las disposiciones legales que regulan la materia y
con el objeto de evitar perjuicios mayores a las finanzas de esa
entidad territorial.
Y, en tal sentido, la entidad demandada tampoco incurrió en una
desviación de poder, ya que el acto demandado no se expidió con el
objeto de perseguir un fin torcido o espurio, sino conforme a los
fines previstos en la ley, vale decir, en las normas que buscan
asegurar una prestación eficiente del servicio de alumbrado público
de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre dicho
servicio público a todos los habitantes del territorio nacional,
teniendo en cuenta que el Municipio de Dosquebradas si bien es
cierto que creó una sociedad para que prestara ese servicio,
también lo es que no celebró un contrato para ello, de conformidad
con la normas aplicables a la materia.
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Normas que establecen que el Municipio debe celebrar un contrato
para el suministro de energía, para el mantenimiento, reposición,
expansión y repotenciación del alumbrado público; para la
utilización de la infraestructura del municipio para la prestación de
ese servicio público; que reconozca que el mencionado ente
territorial es el directo responsable de la prestación de ese servicio,
del mantenimiento de los postes, redes, transformadores
exclusivos para alumbrado público, luminarias y demás elementos
destinados para la prestación del servicio de alumbrado público, así
como de la expansión de su sistema de alumbrado; y en el cual se
ejerza una interventoría respecto de las obligaciones contenidas en
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
así como un control técnico con sujeción a la normatividad
expedida, para esos fines, por el Ministerio de Minas y Energía.
Sobre el particular, es del caso señalar que esta Sección ha
sostenido27 que para la declaratoria del vicio de desviación de
poder, es menester acreditar: (i) la competencia del ente que
expide el acto, (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente
impuestas, y, en especial, (iii) el fin torcido o espurio que persiguió
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-
00328-00. Reiterada en sentencia de 28 de agosto de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
núm. único de radicación 54001-23-31-000-2000-01893-01.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
la autoridad al promulgar la decisión cuestionada, distinto al
señalado por la ley para el caso concreto28. Sin embargo, la parte
actora no abordó los dos primeros elementos, además de que no
demostró el tercero, esto es, la prueba efectiva de los intereses
desviados del fin legalmente prescrito.
Por lo tanto, esta censura no tiene vocación de prosperidad.
La segunda censura es la concerniente a que se “pretermitió” el
acervo probatorio que reposa en el expediente, que demostró que
no se vinculó a la auditoría realizada por la Contraloría General de
la República a la sociedad DELSA S.A. E.S.P., única entidad a cargo
del servicio de alumbrado público en el Municipio de Dosquebradas;
y que también probó que la mencionada sociedad ya se encargaba
de cada uno de los temas decididos en el acto acusado.
Conforme se puso de presente al resolver la anterior censura, en la
resolución acusada se dio la orden de adelantar todas las
actuaciones legales y administrativas que se requerían para que el
Municipio de Dosquebradas procediera a suscribir un contrato de
suministro de energía, para la prestación del servicio de alumbrado
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia de 3 de
diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-
00328-00. Reiterada en sentencia de 28 de agosto de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
núm. único de radicación 54001-23-31-000-2000-01893-01.
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público, así como para que suscribiera un contrato para el
mantenimiento, expansión y repotenciación del alumbrado público;
empero, ello no conllevaba la orden de celebrar esos contratos, ni
de desconocer la existencia, creación, funcionamiento y necesidad
de la sociedad de economía DELSA S.A. E.S.P, sino de “adelantar
todas las actuaciones legales y administrativas que se requieran
para ello”, es decir todos los estudios o lo necesario para
posteriormente celebrar los referidos contratos y prestar el servicio
de alumbrado público, de conformidad con la ley y lo señalado por
la CGR, en el referido Informe de Auditoría Gubernamental con
Enfoque Integral, Modalidad Especial”, denominado “MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2007”, de
noviembre de 2008.
En efecto, en el Informe, el ente de control fiscal puso de presente
que el Municipio de Dosquebradas Risaralda no suscribió contrato o
convenio, en el cual se protocolice la entrega de la prestación del
servicio de alumbrado público que genere fuerza vinculante entre
las partes, con derechos y obligaciones correlativas que regulen la
prestación de este servicio y no realizó supervisión e interventoría
al mismo, de conformidad con lo previsto en las disposiciones
legales que regulan la materia, mientras que el apelante adujo que
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sí fueron suscritos esos contratos y que la orden del acto acusado
de crear un fondo especial, en el mencionado ente territorial,
desconoce la existencia de DELSA S.A. E.S.P., que fue creada para
que se le transfirieran la totalidad de los ingresos recaudados por la
prestación del servicio de alumbrado público.
Para el efecto, es menester tener en cuenta los siguientes hechos
probados, en el caso bajo examen, con relación a la prestación del
servicio de alumbrado público y el suministro de energía eléctrica,
mantenimiento, reposición, expansión y repotenciación del
alumbrado púbico:
• A través de Acuerdo Municipal núm. 035 de 23 de diciembre de
200429, expedido por el Concejo Municipal de Dosquebradas, se
autorizó al Alcalde Municipal de ese ente territorial, para crear una
sociedad de economía mixta que se encargara del suministro de
energía eléctrica, mantenimiento, reposición, expansión, y
repotenciación del alumbrado público de Dosquebradas, así como
para que se trasladen los dineros que se recauden por concepto de
alumbrado público a esa sociedad, de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 1º: Autorizar al Alcalde Municipal de
Dosquebradas hasta por un término de seis (6) meses, para
29
Folios 274 a 275 del C. Anexo 8.
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crear una sociedad de economía mixta que se encargue del
suministro de energía eléctrica, mantenimiento, reposición,
expansión, y repotenciación del alumbrado público de
Dosquebradas.
ARTÍCULO 2º: Autorizar el traslado de los dineros que se
recauden por concepto de alumbrado público a dicha
sociedad, para que cumpla con los fines establecidos en el
artículo primero.
PARÁGRAFO: Dichos dineros serán transferidos a dicha
sociedad a partir del momento en que dicha empresa de
economía mixta inicie operaciones […]”.
• En virtud del Acuerdo núm. 045 de 20 de diciembre de 200530,
emanado del Concejo Municipal de Dosquebradas, por medio del
cual se adicionó y modificó el Estatuto de Rentas y Tributos de ese
ente territorial (Acuerdo núm. 037 de 2002), se acordó, en relación
con el impuesto de alumbrado público, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 3º. Modifíquese el Capítulo XVIII del
Acuerdo 037 de 2002, el cual quedará así:
Capítulo XVIII
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
[…]
ARTÍCULO 217. LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN Y
RECAUDO. La liquidación, facturación y recaudo del
impuesto de alumbrado público corresponde al municipio, el
cual podrá delegar la función administrativa de facturación
y recaudo en cualquier persona natural o jurídica de
derecho público o privado, ya sea a través de la suscripción
de contrato o convenio o por medio de cualquier otro
mecanismo autorizado por la ley. El acto de delegación, el
contrato o el convenio se ajustará a las disposiciones que
rigen la materia y contendrá las cláusulas necesarias para
cumplir dicho fin, ajustándose a las previsiones legales y a
la naturaleza de su objeto.
30
Folios 289 a 302 del C. Anexo 8.
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[…]
PARÁGRAFO 2. La totalidad de los ingresos recaudados
por la Tesorería Municipal o a quien se delegue la
responsabilidad administrativa de facturación y recaudo del
impuesto, serán transferidos a la empresa de alumbrado
público creada para la prestación del servicio público y de
conformidad con lo contemplado en el Acuerdo 035 de 2004
[…]”.
• La Alcaldía Municipal de Dosquebradas abrió el concurso público
SEM-1 de 2005)31, para escoger el socio operador para conformar
la sociedad de economía mixta encargada de la prestación del
servicio público de alumbrado público, en el cual fue seleccionado el
CONSORCIO DOSQUEBRADAS, integrado por DISICO S.A. y EME
INGENIERÍA LTDA. (actualmente EME INGENIERÍA S.A.).
En los términos de referencia de dicho concurso se estableció lo
siguiente:
“[…]
1.2. Objeto
El objeto del presente concurso público es establecer el
orden de elegibilidad e iniciar negociaciones tendientes a
seleccionar al Socio Operador con capacidad de Inversión
para conformar con el Municipio, una sociedad que se
encargue de la prestación del servicio de Alumbrado
Público en el municipio de DOSQUEBRADAS. La nueva
sociedad deberá realizar las inversiones correspondientes
para la modernización y ampliación de la infraestructura de
Alumbrado Público del Municipio, lo que incluye el
suministro del personal, equipo y demás elementos
requeridos para la eficiente operación y mantenimiento. La
implementación de toda la infraestructura organizacional y
31
Folios 552 a 630 del C. Anexo 10.
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administrativa adecuada de manera que permita la eficiente
prestación del servicio y mejoras las condiciones de
seguridad pública en las diferentes vías y sitios públicos del
Municipio.
[…]
El socio operador estará en libertad de implementar el
mejor esquema para operar la sociedad de manera que
garantice la viabilidad de la empresa.
1.33. Obligaciones Del Socio Operador
Las principales obligaciones del SOCIO como OPERADOR
serán:
1. La implantación de la infraestructura para el
mantenimiento y operación del equipo y para una
adecuada prestación del servicio de Alumbrado
Público en las diferentes zonas de la ciudad.
2. El reemplazo de las luminarias obsoletas existentes, por
luminarias de vapor de sodio, de acuerdo con el inventario
entregado por el Municipio y con las equivalencias lumínicas
correspondientes.
3. La instalación de nuevas luminarias para incrementar la
cobertura de la prestación del servicio en los sitios indicados
por el Municipio.
4. Realizar la adecuada operación y mantenimiento del
Sistema de Alumbrado Público.
5. La expansión del Sistema de Alumbrado Público, de
acuerdo con las posibilidades financieras de la nueva
sociedad.
6. Implementar el esquema operativo para operar la nueva
sociedad.
7. La oportuna atención de los reclamos que se presenten
por los usuarios de alumbrado público.
8. La oportuna atención de los reclamos que se presenten
por los usuarios del alumbrado público.
9. Tecnificar el sistema de Alumbrado Público de manera
que la iluminación de las vías cumpla las normas
correspondientes.
10. Realizar el plan quincenal de inversiones de la sociedad.
El esquema organizacional será de responsabilidad
del Operador, el Municipio tiene interés en que el
Operador logre con la empresa los mayores estándares de
eficiencia técnica administrativa y financiera.
[…]
1.35. Obligaciones Del Municipio
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Las siguientes son las obligaciones del Municipio
Establecer los mecanismos para que el recaudo producto
del impuesto de Alumbrado público sea transferido a la
nueva sociedad con el fin de adelantar las diferentes obras.
Actualizar la metodología de cobro del Impuesto para que
esta se haga a través del servicio de energía eléctrica.
No interferir en la administración de la Empresa imponiendo
esquemas organizacionales, directivos o planta de personal
o hacer inversiones y expansiones que pongan en riesgo la
viabilidad de la Empresa. […]”.
• Mediante escritura pública núm. 3.269 de 14 de septiembre de
2005 de la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas32, fue creada
la sociedad de economía mixta, denominada DOSQUEBRADAS
ENERGÍA Y LUZ E.S.P. (DELSA S.A. E.S.P), conformada por el
Municipio de Dosquebradas, DISICO S.A. y EME INGENIERÍA LTDA.,
con el siguiente objeto:
“[…] ARTÍCULO CUARTO. OBJETO. La Sociedad tendrá
como objeto principal la operación de la infraestructura y
prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio
de Dosquebradas, Risaralda, ya sea en el perímetro urbano
o en el área rural del mismo Municipio, de acuerdo a lo
contemplado en la Ley y en otros Municipios, previo
acuerdo de la Junta Directiva. Para la prestación de los
mencionados servicios públicos, la Sociedad podrá
emprender igualmente todas las actividades conexas y
complementarias con dicho objeto y ejecutar las siguientes
actividades:
a) Manejar, mantener y conservar toda la infraestructura
correspondiente a los servicios de alumbrado público, así
como manejar, mantener y conservar toda la
infraestructura que el Municipio de DOSQUEBRADAS
decida ampliar, reponer o reestructurar; b) Construir,
32
Folios 339 a 351 del C. Anexo 12.
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dotar, mantener y conservar la planta física de las
oficinas y centros de funcionamiento; c) Realizar la
distribución y operación de redes de energía eléctrica en
DOSQUEBRADAS como de otros municipios, ya sea en el
perímetro urbano, como en área rural […]; e) Celebrar
contratos, con el Municipio de DOSQUEBRADAS para el
uso de la infraestructura, la prestación del servicio de
alumbrado público, arrendamiento y; así como utilizar
los mecanismos financieros de Fiducia y el leasing; y los
demás que resulten apropiados para el desarrollo del
objeto social […]”.
En dicho documento consta, además, lo siguiente:
“[…] CLASE DE ACTO: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA
[…]
CAPÍTULO I: NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN.
ARTÍCULO PRIMERO: Naturaleza.- La Sociedad que se
reglamenta por medio de estos estatutos es una sociedad
de economía mixta prestadora del Servicio de Alumbrado
Público, como actividad principal, del tipo de las anónimas,
de capital, de carácter comercial, de nacionalidad
colombiana, con personería jurídica, con plena autonomía
administrativa y capital independiente, cuya organización y
funcionamiento se rige por el ordenamiento establecido en
la Ley 142 y 143 de 1994 y demás normas que la
modifiquen o aclaren, por el derecho privado y por los
siguientes estatutos salvo las excepciones que consagre la
ley. […]”.
• La citada escritura pública núm. 3.26933 fue reformada por la
escritura pública núm. 1807 de 10 de mayo de 2006 de la misma
Notaría, a través de la cual el Municipio de Dosquebradas, las
sociedades DISICO S.A. y EME INGENIERÍA LTDA. se asociaron con
la empresa SERVICIUDAD y el Instituto de Desarrollo Municipal
(IDEM).
33
Folios 334 a 338 del C. Anexo 12.
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• El 2 de junio de 2006, DELSA S.A. E.S.P. y la sociedad
HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P., -CHEC-, celebraron el
convenio núm. 016-0734, con el objeto de que esta última liquide,
facture, recaude y distribuya el impuesto de alumbrado público, en
el Municipio de Dosquebradas.
El citado convenio fue prorrogado el 15 de enero de 2010, por las
partes, conforme consta a folios 251 a 252 del cuaderno anexo 6.
Como se puede apreciar, de los hechos antes descritos, si bien es
cierto que la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, celebró un
contrato de sociedad, el cual se perfeccionó con la citada escritura
pública, para constituir la sociedad DELSA S.A. E.S.P., y que esta
sociedad celebró con la CHEC el convenio núm. 016-07, con el
objeto de que esta última liquidara, facturara, recaudara y
distribuyera el impuesto de alumbrado público en el Municipio de
Dosquebradas, también lo es que el mencionado ente territorial no
suscribió un contrato de suministro de energía para la prestación
del servicio de alumbrado público, ni para el mantenimiento,
reposición, expansión y repotenciación del alumbrado público, ni
para la utilización de la infraestructura del Municipio para la
34
Folios 248 a 250 del C. Anexo 6.
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prestación de ese servicio público, de conformidad con lo
previsto en las disposiciones legales que regulan la materia,
esto es, con la Ley 143 (artículos 23, literal a), 55 y 57),
Resolución núm. 043 de 1995 de la CREG (artículos 2º, 8o),
y Decreto 2424 (artículo 7º, artículo 12, numeral 3), que son
del siguiente tenor:
-LEY 143 DE 1994
“[…]
ARTÍCULO 23. Para el cumplimiento del objetivo definido
en el artículo 20 de la presente ley, la Comisión de
Regulación de Energía y Gas con relación al servicio
de electricidad tendrá las siguientes funciones
generales:
a) Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de
una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la
demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y
de viabilidad financiera, promover y preservar la
competencia.
[…]
ARTÍCULO 55. Mediante el contrato de concesión, la
Nación, el departamento, el municipio o distrito
competente podrán confiar en forma temporal la
organización, prestación, mantenimiento y gestión de
cualquiera de las actividades del servicio público de
electricidad a una persona jurídica privada o pública o
a una empresa mixta, la cual lo asume por su cuenta y
riesgo, bajo la vigilancia y el control de la entidad
concedente.
La vigilancia y control del concedente no obsta para que el
Ministerio de Minas y Energía, así como otros organismos
estatales ejerzan sus facultades legales de regulación,
fiscalización, control y vigilancia.
El concesionario del servicio de electricidad deberá
sujetarse a las disposiciones legales que le sean aplicables;
y a lo dispuesto en el respectivo contrato de concesión.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
El concesionario deberá reunir las condiciones que requiera
el respectivo servicio, de acuerdo con los reglamentos que
expida el Ministerio de Minas y Energía. El otorgamiento de
la concesión se hará mediante oferta pública a quien
ofrezca las mejores condiciones técnicas y económicas para
el concedente y en beneficio de los usuarios.
Lo anterior sin perjuicio de otras modalidades contractuales
viables en concordancia con el artículo 10 de la presente
Ley.
[…]
ARTÍCULO 57. La competencia para otorgar contratos de
concesión se asigna en la siguiente forma: a la Nación, los
relacionados con la generación, interconexión y redes de
transmisión entre regiones; a los departamentos, lo
concerniente a las redes regionales de transmisión; y al
municipio, lo atinente a la distribución de
electricidad. Corresponderá a la Comisión de Regulación
de Energía y Gas precisar el alcance de las competencias
señaladas. […]” (Destacado fuera de texto).
-RESOLUCIÓN NÚM. 043 DE 1995 DE LA CREG
“[…] ARTÍCULO 2º. Es competencia del municipio
prestar el servicio de alumbrado público dentro del
perímetro urbano y el área rural comprendidos en su
jurisdicción.
El municipio es responsable del mantenimiento de los
postes, redes, transformadores exclusivos para
alumbrado público, luminarias y demás elementos
destinados para la prestación del servicio de
alumbrado público en los términos que se señalen en
el convenio o contrato respectivo, para lo cual se tendrá
en cuenta la propiedad de las redes y demás elementos
destinados al servicio. Deberá, igualmente, velar por la
incorporación de los avances tecnológicos que permitan
hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica destinada
para tal fin, así como la de elementos que ofrezcan la mejor
calidad de iluminación, según la capacidad de económica
del municipio. Para realizar el mantenimiento se debe tener
en cuenta la norma técnica colombiana correspondiente.
También le corresponde al municipio desarrollar la
expansión de su sistema de alumbrado público, sin
perjuicio de las obligaciones que señalen las normas
urbanísticas o de planeación municipal a quienes acometan
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
proyectos de desarrollo urbano.
El suministro de la energía eléctrica para el servicio de
alumbrado público es responsabilidad de la empresa
distribuidora o comercializadora con quien el municipio
acuerde el suministro, mediante convenios o contratos
celebrados con tal finalidad. Las características
técnicas de la prestación del servicio se sujetarán a lo
establecido en los Códigos de Distribución y de Redes.
El municipio podrá realizar el mantenimiento y la expansión
por su propia cuenta o mediante convenio o contrato
celebrado con la misma empresa de servicios públicos
que le suministre la energía eléctrica o con cualquier
otra persona natural o jurídica que acredite idoneidad
y experiencia en la realización de dichas labores. En
todo caso, dichas actividades se cumplirán con sujeción a la
normalización técnica aplicable.
[…]
ARTÍCULO 8º.
Contrato de suministro, mantenimiento y expansión
del servicio de alumbrado público.
Con sujeción a las normas que lo rigen, el municipio podrá
celebrar convenios o contratos para el suministro,
mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado
público. Los contratos deberán contener, como
mínimo, los siguientes aspectos:
8.1. Suministro:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes
(condiciones especiales del suministro).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias).
4. Forma de lectura y estimación del consumo (de acuerdo
con lo establecido en la presente resolución).
5. Tarifas del suministro (la cual debe corresponder a la
determinada por la entidad competente).
6. Períodos de facturación.
7. Forma de pago.
8. Intereses moratorios.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato.
8.2. Mantenimiento:
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
1. Objeto.
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes
(condiciones especiales del mantenimiento).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias).
4. Modalidad y periodicidad del mantenimiento.
5. Valor del servicio del mantenimiento.
6. Metodología para su cálculo.
7. Facturación.
8. Forma de pago.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato.
8.3. Expansión:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes
(condiciones especiales de la expansión, alcances).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias)
4. Modalidad y periodicidad de la expansión.
5. Valor del servicio de la expansión.
6. Metodología para su cálculo.
7. Facturación.
8. Forma de pago.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato
Las actividades de que trata el presente artículo podrían ser
desarrolladas por uno o varios contratistas, a juicio de la
entidad contratante. En cualquier caso, debe tenerse en
cuenta el principio de eficiencia, que procura una
correcta utilización y asignación de los recursos disponibles.
[…]” (Destacado fuera de texto).
-DECRETO 2424 DE 2006
“[…]
ARTÍCULO 7º. Contratos de suministro de energía. Los
contratos para el suministro de energía eléctrica con destino
al servicio de alumbrado público, deberán cumplir con la
regulación expedida por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas para el efecto. En todo caso, en los
contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la
libre concurrencia de los oferentes en igualdad de
condiciones.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
[…]
ARTÍCULO 12. Control, inspección y vigilancia. Para
efectos de la prestación del servicio de alumbrado público
se ejercerán las funciones de control, inspección y
vigilancia, teniendo en cuenta las siguientes instancias:
1. Control Fiscal. La Contraloría General de la República, de
conformidad con la normatividad constitucional y legal
vigente, ejercerá control fiscal permanente sobre los
municipios o distritos, en cuanto a la relación contractual
con los prestadores del servicio y con los interventores.
2. Control a las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), ejercerá el control y vigilancia sobre
las personas prestadoras de Servicios Públicos en los
términos establecidos en el artículo 79 de la Ley 142 de
1994.
3. Control Técnico. Las interventorías de los contratos
de prestación de servicio de alumbrado público
además de las obligaciones contenidas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública,
ejercerán un control técnico con sujeción a la
normatividad que expida para esos fines el Ministerio
de Minas y Energía.
4. Control Social. Para efectos de ejercer el control social
establecido en el artículo 62 de la Ley 142 de 1994 los
contribuyentes y usuarios del servicio de alumbrado público
podrán solicitar información a los prestadores del mismo, a
la Contraloría General de la República y a la interventoría.
Los municipios o distritos definirán la instancia de control
ante la cual se interpongan y tramiten las peticiones, quejas
y reclamos de los contribuyentes y usuarios por la
prestación del servicio de alumbrado público. […]”
(Destacado fuera de texto).
Ciertamente, la Resolución núm. 043 de 1995 de la CREG, con
fundamento en los artículos 55 y 57 de la Ley 143, prevé, en su
artículo 2º, que es competencia del Municipio prestar el servicio
público de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área
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rural comprendidos en su jurisdicción; y que, además, esa entidad
territorial es responsable del suministro, mantenimiento de los
postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público,
luminarias y demás elementos destinados para la prestación del
servicio de alumbrado público (infraestructura utilizada para la
prestación de ese servicio) y expansión del servicio.
Asimismo, que el mencionado ente territorial podrá celebrar
convenios o contratos con las empresas de servicios públicos u
otros prestadores el servicio de alumbrado público, para el
suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado
público, en cuyo caso deben sujetarse a las normas que los rigen y
contener ciertos aspectos, como mínimo.
La citada disposición, es del siguiente tenor:
“[…] ARTÍCULO 2º. Es competencia del municipio
prestar el servicio de alumbrado público dentro del
perímetro urbano y el área rural comprendidos en su
jurisdicción.
El municipio es responsable del mantenimiento de los
postes, redes, transformadores exclusivos para
alumbrado público, luminarias y demás elementos
destinados para la prestación del servicio de
alumbrado público en los términos que se señalen en
el convenio o contrato respectivo, para lo cual se tendrá
en cuenta la propiedad de las redes y demás elementos
destinados al servicio. Deberá, igualmente, velar por la
incorporación de los avances tecnológicos que permitan
hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica destinada
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
para tal fin, así como la de elementos que ofrezcan la mejor
calidad de iluminación, según la capacidad de económica
del municipio. Para realizar el mantenimiento se debe tener
en cuenta la norma técnica colombiana correspondiente.
También le corresponde al municipio desarrollar la
expansión de su sistema de alumbrado público, sin
perjuicio de las obligaciones que señalen las normas
urbanísticas o de planeación municipal a quienes acometan
proyectos de desarrollo urbano.
El suministro de la energía eléctrica para el servicio de
alumbrado público es responsabilidad de la empresa
distribuidora o comercializadora con quien el municipio
acuerde el suministro, mediante convenios o contratos
celebrados con tal finalidad. Las características
técnicas de la prestación del servicio se sujetarán a lo
establecido en los Códigos de Distribución y de Redes.
El municipio podrá realizar el mantenimiento y la expansión
por su propia cuenta o mediante convenio o contrato
celebrado con la misma empresa de servicios públicos
que le suministre la energía eléctrica o con cualquier
otra persona natural o jurídica que acredite idoneidad
y experiencia en la realización de dichas labores. En
todo caso, dichas actividades se cumplirán con sujeción a la
normalización técnica aplicable. […]” (Destacado fuera de
texto).
Dichos contratos o convenios deben sujetarse a las normas que los
rigen y deberán contener ciertos aspectos, como mínimo, conforme
lo señala el artículo 8º de la referida Resolución de la CREG, que
regula lo concerniente al contrato de suministro, mantenimiento y
expansión del servicio de alumbrado público y el mecanismo que
debe seguirse para el pago de ello, de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO 8º.
Contrato de suministro, mantenimiento y expansión
del servicio de alumbrado público.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
Con sujeción a las normas que lo rigen, el municipio podrá
celebrar convenios o contratos para el suministro,
mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado
público. Los contratos deberán contener, como
mínimo, los siguientes aspectos:
8.1. Suministro:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes
(condiciones especiales del suministro).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias).
4. Forma de lectura y estimación del consumo (de acuerdo
con lo establecido en la presente resolución).
5. Tarifas del suministro (la cual debe corresponder a la
determinada por la entidad competente).
6. Períodos de facturación.
7. Forma de pago.
8. Intereses moratorios.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato.
8.2. Mantenimiento:
1. Objeto.
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes
(condiciones especiales del mantenimiento).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias).
4. Modalidad y periodicidad del mantenimiento.
5. Valor del servicio del mantenimiento.
6. Metodología para su cálculo.
7. Facturación.
8. Forma de pago.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato.
8.3. Expansión:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes
(condiciones especiales de la expansión, alcances).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias)
4. Modalidad y periodicidad de la expansión.
5. Valor del servicio de la expansión.
6. Metodología para su cálculo.
7. Facturación.
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Número único de radicación: 66001-23-31-000-2009-10048-01.
Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
8. Forma de pago.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato
Las actividades de que trata el presente artículo podrían ser
desarrolladas por uno o varios contratistas, a juicio de la
entidad contratante. En cualquier caso, debe tenerse en
cuenta el principio de eficiencia, que procura una
correcta utilización y asignación de los recursos disponibles.
[…]” (Destacado fuera de texto).
Al respecto, debe advertirse que cuando la Comisión de Regulación
de Energía y Gas, en el artículo 8º de la Resolución 043, señala los
distintos aspectos que deben contener los contratos de suministro,
mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público, lo
que hace es expedir un ordenamiento encaminado a asegurar “la
disponibilidad de una oferta energética eficiente” (artículo 23,
literal a, de la Ley 143 de 1994 ), conforme lo sostuvo esta Sección
en la sentencia de 12 de junio de 1.99735.
Por su parte, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2424,
reguló la prestación del servicio de alumbrado público y las
actividades que realicen los prestadores de ese servicio, y dispuso,
en el artículo 7º, lo siguiente:
“[…] Los contratos para el suministro de energía eléctrica
con destino al servicio de alumbrado público, deberán
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
junio de 1.997, C.P. MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA, núm. único de radicación 1997-N3933.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
cumplir con la regulación expedida por la Comisión de
Regulación de Energía y Gas para el efecto. En todo
caso, en los contratos de suministro de energía, se deberá
garantizar la libre concurrencia de los oferentes en igualdad
de condiciones. […]” (Destacado fuera de texto).
Asimismo, dicho Decreto, en el artículo 12, numeral 3, señaló que
para efectos de la prestación del servicio de alumbrado público se
ejercerá, en los contratos de prestación de alumbrado público, una
interventoría respecto de las obligaciones contenidas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, así como un
control técnico con sujeción a la normatividad expedida, para esos
fines, por el Ministerio de Minas y Energía.
En el presente caso, se destaca que si bien es cierto que el
Municipio de Dosquebradas celebró un contrato de sociedad, a
través de la antes citada escritura pública, también lo es que dicho
acto fue celebrado para constituir la sociedad DELSA S.A. E.S.P. y
establecer los estatutos que reglamentarían esa sociedad, conforme
se puso de presente en el Capítulo I de la misma, pero que dicho
ente territorial no suscribió un contrato de suministro de energía
para la prestación del servicio de alumbrado público, ni para el
mantenimiento, reposición, expansión y repotenciación del
alumbrado público, ni para la utilización de la infraestructura del
ente territorial para la prestación de ese servicio público; que
reconociera que el mencionado Municipio es el directo responsable
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de la prestación de ese servicio, del mantenimiento de los postes,
redes, transformadores exclusivos para alumbrado público,
luminarias y demás elementos destinados para la prestación del
servicio de alumbrado público, así como de la expansión de su
sistema de alumbrado; y en el cual se determinara una
interventoría respecto de las obligaciones contenidas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, así como un
control técnico con sujeción a la normatividad expedida, para esos
fines, por el Ministerio de Minas y Energía, conforme lo dispone la
Ley 143 (artículos 23, literal a), 55 y 57), la Resolución núm. 043
de 1995 de la CREG (artículos 2º, 8o), y el Decreto 2424 (artículo
7º, artículo 12, numeral 3).
Cabe precisar, que desde los términos de referencia del concurso,
por el cual se escogió a DELSA S.A. E.S.P., como operador para la
prestación del servicio de alumbrado público, se dispuso que el
socio operador estaría en libertad de implementar el mejor
esquema para operar la sociedad, que ese socio operador sería
quien implementaría la infraestructura para el mantenimiento y
operación del equipo y para una adecuada prestación del servicio
de Alumbrado Público en las diferentes zonas de la ciudad, tendría
la expansión del Sistema de Alumbrado Público, sería el
responsable del esquema organizacional, sin que en los mismos se
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dispusiera que el Municipio tenía que ser el directo responsable de
la prestación del servicio de alumbrado público, del mantenimiento
de los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado
público, luminarias y demás elementos destinados para la
prestación del servicio de alumbrado público, así como de la
expansión de su sistema de alumbrado, como lo exigen las normas
antes indicadas.
En consecuencia, le asistió razón a la entidad demandada cuando
en la Resolución acusada, con fundamento en el informe del ente
de control fiscal, indicó:
“[…] La empresa “DOSQUEBRADAS ENERGÍA LUZ S.A.
E.S.P.” […] no tiene contrato con el Municipio para el
mantenimiento, reposición, expansión y
repotenciación del alumbrado público en el municipio
de Dosquebradas.
[…]
El hecho que el Concejo Municipal hubiera autorizado la
participación del Municipio en dicha empresa, no la faculta
para violar la Constitución, las leyes y las disposiciones
reglamentarias expedidas por las autoridades competentes.
Una cosa es la existencia de la citada empresa y otra
muy distinta es la forma adecuada, legal y correcta de
prestar el servicio. No es legal que toda la infraestructura
para la prestación del servicio de alumbrado público, que es
de propiedad y /o posesión del Municipio, sea utilizada por
la empresa “DOSQUEBRADAS ENERGÍA LUZ S.A. E.S.P.”,
sin haber suscrito ningún contrato para ello.
Esta situación pone en riesgo el patrimonio y los intereses
del Municipio. Si dicha empresa pretende prestar el
servicio en Dosquebradas, debe hacerlo cumpliendo
todos los requisitos normativos.
[…]
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Los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la
República en su informe sobre el año 2007, son situaciones
manifiesta y evidentemente irregulares e ilegales que se
están presentando en la prestación del servicio de
alumbrado público de esta ciudad, las cuales eventualmente
podían constituir faltas disciplinarias, conductas penales o
lesivas del patrimonio del municipio de Dosquebradas y que
van en detrimento de la óptima prestación del servicio a los
usuarios, razón por la cual deben tomarse decisiones
prontas para superar el indebido manejo que actualmente
se da al alumbrado público en este Municipio. […].”
(Destacado fuera de texto).
Además, se reitera, tal y como lo sostuvo el fallador de primera
instancia, que el acto acusado no contiene orden alguna de celebrar
un contrato con una empresa diferente de la actual, esto es, DELSA
S.A. E.S.P.
Ahora, al estar demostrado que era menester la suscripción de un
contrato de suministro de energía para la prestación del servicio de
alumbrado público, el mantenimiento, reposición, expansión y
repotenciación del mismo, el cual no se celebró, la Sala no advierte
violación alguna por parte del artículo 4° de la resolución acusada,
que previó la creación del fondo especial para atender los gastos y
costos que se generen y que todos los recursos por recaudo de
impuesto de alumbrado público en el municipio deberían ingresar a
ese fondo, a través de la cuenta de ahorros allí señalada, ya que lo
dispuesto en los Acuerdos 035 de 2004 y 045 de 2005 está atado al
cumplimiento de los requisitos legales, dentro de los cuales, como
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ya se dijo, se encuentra la exigencia del referido contrato que se
echó de menos por parte del ente de control fiscal y que sirvió de
fundamento al acto acusado.
En otras palabras, si bien es cierto que los referidos acuerdos
previeron que los dineros que se recauden por concepto de
alumbrado público debían ser transferidos a la empresa de
alumbrado público creada para la prestación de este servicio
público, no es menos cierto que ello sólo puede llevarse a cabo una
vez se haya suscrito el tantas veces mencionado contrato para el
suministro, mantenimiento, reposición, expansión y repotenciación
del servicio de alumbrado público.
Ahora, en lo concerniente al argumento del recurrente relativo a la
no vinculación de la sociedad DELSA S.A E.S.P a la actuación
adelantada por la Contraloría General de la República, para la Sala
no es de recibo pues en este proceso no se está analizando la
legalidad de lo actuado por el ente de control fiscal sino del acto
acusado, expedido por el alcalde del municipio de Dosquebradas
Risaralda.
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Actor: FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ
En virtud de lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 26 de mayo de
2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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