Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2015-00790-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-37-000-2015-00790-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-37-000-2015-00790-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Notificación por conducta concluyente
Decisión: Revoca y declara probada de oficio la excepción de inepta demanda
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 19 de junio de 2019, proferida por la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. DEMANDA
El 5 de marzo de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA),
la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (en adelante la parte actora),
presentó la demanda de la referencia en contra de la Superintendencia de Puertos y
Transporte (en adelante la Superintendencia o SPT).
1.1. Pretensiones
Que se declare la nulidad de la actuación administrativa contenida en el Oficio No.
20125000137411 del 05 de julio de 2012, confirmada en reposición por medio de la
Resolución No. 00006546 del 14 de septiembre de 2012, proferidas por la Secretaría
General de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y rechazada en apelación
por la Resolución No. 012658 del 26 de agosto de 2014 y el Oficio No.
20143000536671 del 10 de noviembre de 2014, proferidas por el Despacho del señor
Superintendente de Puertos y Transporte y la Jefe de la Oficina Jurídica,
respectivamente.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene el restablecimiento del
derecho por medio de la devolución de MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO
DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1.301.112.059), valor pagado en
exceso a la Superintendencia de Puertos y Transporte por concepto de tasa de
vigilancia para el año 2001, valor que actualizado a la fecha de presentación de la
demanda equivale a DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS ($2.276.946.103).
La anterior suma se pide debidamente indexada con intereses hasta la fecha en que
se haga su reconocimiento y pago1.
1 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 31 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
1.2. Actos cuestionados
• Oficio núm. 20125000137411 de 5 de julio 2012
Doctora
MARIA VICTORIA RIOS BARAHONA Y/O LILIANA LOPEZ MUÑOZ
Apoderadas SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
(…)
La norma que determinaba el monto de la tasa de vigilancia vigente y aplicable para
el año 2001, era la Resolución 408 de dicho año, la cual conservó la tarifa del 1.5%
señalada para el año anterior, disponiendo clara y expresamente que la aplicación de
dicha tasa se mantendría hasta tanto la Comisión de Regulación del Transporte CRTR
fuese integrada y fijara la nueva tasa (parágrafo del artículo primero). Es así como,
teniendo en cuenta que la susodicha resolución no fue ni suspendida, ni anulada (…)
esta Superintendencia debía observarla y cumplirla, en virtud de la presunción de
legalidad de todo acto administrativo (artículo 66 CCA) y en el marco del principio de
legalidad (art. 6 y 121 de la Constitución Política)
En ese orden efectivamente el 7 de noviembre de 2002 la Comisión de Regulación
del Transporte profirió la Resolución No. 0002 “Por la cual se define el monto que por
Tasa de Vigilancia le corresponde pagar a las Sociedades Portuarias, los operadores
Portuarios, Embarcaderos, Titulares de autorizaciones obtenidos con anterioridad a
la ley 1 de 1991 y demás autorizados, para la vigencia fiscal del año 2002”, que en su
artículo primero estableció:
(…)
Como puede ver el peticionario de la lectura de las normas transcritas, se puede
determinar que la tasa de vigilancia es un tributo de periodo, esto es que ha sido fijada
en cada acto administrativo por una vigencia determinada. Así las cosas, este
parágrafo no se refiere, ni podría referirse a excedentes de la vigencia 2001, por
cuanto el alcance de dicha resolución se refiere de manera exclusiva a la vigencia
2002.
Ahora bien, sin perjuicio de todo lo ya expuesto, y teniendo en cuenta que las
devoluciones solicitadas hacen referencia a saldos del año 2001, es necesario tener
en consideración el fenómeno de la prescripción. Sobre el particular es procedente
señalar en primer lugar que tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional las tasas
de vigilancia asignadas a las distintas Superintendencias son tributos y por lo mismo
se rigen por el precepto constitucional consagrado en el Art. 338 de la Constitución
Política que a la letra señala:
(…)
Así las cosas y de acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado (…) analizando un
caso similar señaló lo siguiente:
“la Sala rectifica su posición, plasmada en varias sentencias proferidas en asuntos
similares al que ahora se discute , y precisa que al igual que en los demás casos en
que deben aplicarse las normas del Estatuto Tributario sobre devoluciones y
compensaciones, el término para pedir la devolución de los pagos en exceso o de lo
no debido por concepto del impuesto de registro es el fijado en los artículos 11 y 21
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
del Decreto 1000 de 1997, reglamentario del trámite de devoluciones y
compensaciones del Estatuto Tributario”.
La anterior consideración plenamente aplicable en su razonamiento jurídico nos
permite afirmar que los vigilados que determinen un saldo a favor pueden solicitar las
mismas dentro de un plazo de dos años contados a partir del de la fecha en que se
venza el plazo para presentar la declaración de autoliquidación de la tasa de
vigilancia. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto como ya se dijo por el Art. 854 del
estatuto tributario colombiano.
Así las cosas y en el caso que aquí nos acontece, la tasa de vigilancia pagada para
el año 2001 mantiene toda su validez y legalidad en atención a todo lo aquí expuesto
y ya que la solicitud de devolución se presente por fuera del término de 2 años para
poder tramitar la devolución. En conclusión, su solicitud no puede ser despachada
favorablemente por esta entidad por no sea posible tramitar ninguna devolución.
Atentamente,
ADELA DEL PILAR PARRA GONZALEZ
Secretaria General (e)
Superintendencia de Puertos y Transporte2.
• Resolución núm. 00006546 del 14 de septiembre de 2012
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
EL SECRETARIO GENERAL
En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos
101 de 2000, Decreto 1016 de 2000, modificados por el Decreto 2741 de 2001, la
Resolución 105 de 2002, la Resolución 7851 de junio de 2009, la Resolución 5731 de
2012 y
CONSIDERANDO
(…)
En ese orden de ideas, y para el caso concreto que nos ocupa, la modificación
tributaria implementada por medio de la Resolución 0002 del mes de noviembre de
2002 (proferida por la CRTR), que claramente beneficia al contribuyente por cuanto
reduce la tasa de vigilancia que éste debía pagar a la Superintendencia, podía
imponerse, con retrospectividad, esto es a partir del 1 de enero de 2002, pero nunca
antes del período para el cual se concibió, so pena de violentar el principio de
irretroactividad tributaria, consagrado en los artículos 338 y 363 constitucionales.
Ahora bien dentro del recurso presentado se aporta como argumento y prueba de la
solicitud de devolución de excedentes un oficio emitido por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en el cual el Director General del Presupuesto Nacional emite
concepto el día 5 de julio de 2002, en respuesta al oficio MT-1500-075 del 2002 del
Coordinador General de la Comisión de Regulación del Transporte, quien consultó
sobre el “mayor valor recaudado” durante la vigencia de 2001 y sobre la posibilidad
de su aplicación dentro de la presente vigencia fiscal.”
2 Ibidem.
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Al respecto, vale la pena precisar que en relación con los saldos de la vigencia 2001,
la Resolución 408 de 2001, vigente para la fecha, no contempló dicha devolución o
compensación y la Resolución 002 de 2002, que sí contempló las devoluciones o
compensaciones, no tenía alcance frente al período 2001. Por lo tanto, los recaudos
de la vigencia fiscal del año 2001 se efectuaron de conformidad con lo establecido en
la Resolución 408 de 2001, la cual a la fecha no ha sido anulada ni suspendida por la
jurisdicción contenciosa administrativa.
De todo lo ya expuesto, es necesario tener en consideración el fenómeno de la
prescripción como medio de extinguir las acciones y derechos. Se tiene entonces que
las reclamaciones fueron presentadas a finales del mes de diciembre de 2011 y que
las devoluciones reclamadas atienen al periodo del año 2001, que va de 1 de enero
a 31 de diciembre, es necesario tener en consideración el artículo 41 de la Ley 153
de 1887, que habla sobre la aplicación normativa en mención:
(…)
Este tipo de reclamación tendría por lo tanto que haberse presentado en el marco de
las acciones contenciosas, concretamente de la acción de reparación directa que
sería el mecanismo legal procedente para reclamar las devoluciones de que tratan
tanto el derecho de petición como el recurso aquí interpuesto. De allí que, la acción
de repetición se encuentra a la fecha vencida, pues excede por mucho el término de
2 años estipulado por la norma. Ahora bien, con respecto a lo dispuesto por la
Resolución 457 del 2001 en su artículo 2º numeral 6º resulta claro para este
despacho, que aunado a lo que aquí se dicho [sic] la hipótesis planteada en la norma
citada solo se refiere a la devolución de saldos y no a la devolución de pagos en
exceso o de lo no debido, por lo que no podría servir de base argumentativa para
sustentar la reclamación que se pretende por el fenómeno de la prescripción. Como
consecuencia de ello y tal como ha explicado ampliamente en esta resolución, no
encuentra este despacho procedente la reclamación pretendida por lo que no se
despachara favorablemente la solicitud elevada o el recurso interpuesto.
En mérito de lo anteriormente expuesto el secretario general de la Superintendencia
de Puertos y Transporte.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NO REVOCAR la decisión tomada e informada mediante el
Oficio No. 20125000137411 del 05 de julio de 2012, por medio de la cual no se
accedió a la solicitud presentada, por las razones y motivos expuestos en la parte
motiva de esta resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente
Resolución por conducto del Grupo de Notificaciones de esta Secretaría General, a
la Dra. María Victoria Rios Barahoná, en la Av. 15 No 100-69 de la ciudad de Bogotá
D.C., o en su defecto, por aviso de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la
Ley 1437 del 2.011 modificatoria del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez surtida la respectiva notificación, remítase copia de
la misma al Despacho del Superintendente de Puertos y Transporte para que obre
dentro del expediente y se continúe con el trámite del recurso de apelación.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
MARIO FEDERICO PINEDO MENDEZ
Secretario General
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Superintendencia de Puertos y Transporte”3.
• Resolución núm. 012658 de 26 de agosto de 2014
Por la cual se rechazan por extemporáneos los recursos interpuestos por la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (…) contra el acto administrativo radicado
20125000137411 de 5 de junio de 2012, que resolvió una petición.
EL SUPERINTENDENTE DE PUERTOS Y TRANSPORTE
(…)
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
(…)
Así las cosas, se reitera que esta SUPERINTENDENCIA expidió el Oficio No.
20125000137411 del 05 de julio de 2012, mediante el cual se dio respuesta de fondo
clara y precisa al peticionario informándole de la negación a las peticiones incoadas,
relacionada con la solicitud de devolución de dineros ya recaudados por concepto de
TASA DE VIGILANCIA para el periodo 2001, decisión que fue NOTIFICADA mediante
CERTIFICADO NACIONAL 472 CP-OP-AD-002 a la apoderada de la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A - el día 10 de Julio de 2012,
conforme con la decisión adoptada, contra la respuesta a la petición incoada la señora
María Victoria Rios Barahona mediante escrito recibido en esta Superintendencia
radicado bajo el No. 2012-560-031170-2 del 19 de julio de 2012, presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación.
(…)
En este orden de ideas, de conformidad con lo señalado en los citados artículos del
Código Contencioso Administrativo, los recursos deben presentarse personalmente y
por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sin
embargo en el presente caso, el escrito contentivo del recurso de reposición y en
subsidio de apelación presentado por la apoderada de SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A, no fue interpuesto por ella dentro del término
legal ante la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, en efecto el
interesado se notificó de la respuesta del derecho de petición, es decir el oficio
contentivo No. 20125000137411 del 05 de julio de 2012, el día 10 de julio de 2012 y
conforme al artículo 51 del citado Código, este tenía cinco (5) días hábiles a partir del
día siguiente al acto de notificación personal los que vencieron precisamente el día
diecisiete (17) del mismo mes y año.
Ahora bien, consta que el recurso de reposición y en subsidio el de apelación fue
presentado y radicado en esta Superintendencia el día 19 de julio de 2012, bajo el
No. 2012-560-031170-2 del 19 de julio de 2012, de lo que se colige que no fue
presentado dentro del término de que trata el artículo en comento; Así las cosas, se
trata de un recurso que no reúne los requisitos exigidos en el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo.
Para efectos de verificar la extemporaneidad del recurso, se consultó los archivos del
Grupo de Notificaciones de la Entidad, donde no se encontró acto administrativo
alguno que haya dispuesto la suspensión de términos, al interior de la entidad, en
3 Ibidem.
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Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
alguno de los días durante los cuales corrió el correspondiente para interposición de
los recursos.
Lo anterior, se insiste, por cuanto iniciando la actuación administrativa bajo el amparo
del Decreto 01 de 1984, debe la actuación continuar surtiéndose bajo lo establecido
en las disposiciones allí contenidas, de acuerdo con lo normado en el Artículo 308 de
la Ley 1437 de 2011, según el cual “Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
anterior”, donde el término para presentar los recursos de reposición y apelación era
de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al acto de notificación
personal, los cuales se encontraban ampliamente vencidos al momento de su
interposición.
Es por ello que la Resolución No. 00006546 de 14 de septiembre de 2012 emitida por
el Secretario General de la entidad, mediante la cual resolvió el RECURSO DE
REPOSICION, negando la petición y confirmando en todas sus partes la respuesta al
derecho de petición emitido mediante oficio No. 20125000137411 del 5 de julio 2012
y a su vez, concediendo el recurso subsidiario de apelación ordenando trasladar el
expediente al Despacho del Superintendente de Puertos y Transporte, habrá de ser,
REVOCADA en cuanto dio trámite a unos recursos que habían sido interpuestos en
forma extemporánea.
(…)
Así las cosas, se concluye el evidente retraso en la presentación de los recursos,
dado que los mismos debieron ser presentados con fecha máxima del día 17 de julio
de 2012 y se presentó posteriormente, es decir, el día 19 de del mismo mes y año,
razón por la cual se entienden como presentados extemporáneamente sin el lleno de
los requisitos legales.
Se impone entonces el deber legal de dar imperativo cumplimiento a las normas ante
transcritas dado su carácter público en tratándose de reglas procedimentales y su
aplicación no está sujeta al arbitrio de quien indebidamente resolvió la reposición y
concedió la apelación.
Por tal motivo este Despacho advierte que la conducta del a-quo con respecto al
trámite dado a los recursos interpuestos, en el cual resolvió el Recurso de Reposición
confirmando la decisión contenida en el oficio No. 20125000137411 del 5 de julio de
2012 y concediendo el Recurso de Apelación va en contravía de las disposiciones
legales de los artículos 51, 52 y 53 del Código Contencioso Administrativo, ello en
consideración a que esta normatividad la aplicable al caso concreto y no la Ley 1437
de 2011, dada la expresa disposición contenida en el Artículo 308 sobre su
VIGENCIA.
Teniendo en cuenta lo anterior, el escrito con el cual se presentan los recursos no
reúne los requisitos enunciados, por lo tanto, este Despacho rechazará de Plano el
mismo, de conformidad con lo señalado en los artículos 53 del Código Contencioso
Administrativo.
Conforme a lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución No. 00006546
de 14 de septiembre de 2012 emitida por el secretario general de la entidad, mediante
la cual resolvió el RECURSO DE REPOSICION interpuesto por la apoderada de la
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. contra el acto
administrativo radicado bajo el No. 20125000137411 del 5 de julio de 2012.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEOS LOS RECURSOS
DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN interpuestos por la apoderada
de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. contra el acto
administrativo radicado bajo el No. 20125000137411 del 5 de julio de 2012, que
resolvió y negó las peticiones incoadas mediante los derechos de petición radicados
los números 201156006420-2 el 30 de diciembre de 2011, 201256001780-2 del 19
de enero de 2012 y 201256002377-2 del 24 de enero proferido por el
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE por las razones expuestas
en la parte considerativa del presente acto.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su expedición, el contenido de esta Resolución por conducto de la
Secretaria General de la Superintendencia de Puertos y Transporte al representante
legal y a su apoderado o quien haga sus veces de la SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., ubicada en la Avenida Portuaria Edificio
ADMON en la ciudad de Buenaventura, la apoderada en la AV 15 No. 10-69 Oficina
505 en la ciudad de Buenaventura la apoderada en su defecto mediante edicto, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
(…)
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Superintendente de Puertos y Transporte”4.
• Oficio núm. 20143000536671 de 10 de noviembre de 2014, expedido por la jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Puertos y Transporte,
mediante el cual se indicó que era improcedente el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución núm. 012658 de 28 de agosto de 2014.
1.3. Normas vulneradas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas la parte actora señaló los artículos 44, 45, 47, 48, 137,
138 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA); 2536
del Código de Civil; 850 y siguientes del Estatuto Tributario, así como 11 y 21 del Decreto
1000 de 1997.
1.3.2. Como cargos propuso los que siguen a continuación:
“CARGO PRIMERO: La Resolución 012658 del 26 de agosto de 2014 y el Oficio
20143000536671 del 10 de noviembre de 2014, por medio de los cuales se niega el
trámite del recurso de apelación otorgado mediante la Resolución 06546 del 14 de
septiembre de 2012 (…) son nulos, pues sus consideraciones vulneraron el derecho de
audiencia y de defensa de LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.”5.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Sostuvo que el procedimiento de notificación del Oficio núm. 20125000137411 del 5 de
julio de 2012 desconoció las normas sobre la notificación de actos particulares, con lo
cual se vulneró el derecho de defensa y de audiencia.
Precisó que dicho oficio, al poner fin a una actuación administrativa, debía notificarse
personalmente conforme a los artículos 44 y siguientes del CCA, y no mediante el envío,
a la apoderada judicial, por correo certificado de una copia del acto mencionado. En su
criterio, esa comunicación no cumplió los requisitos legales, pues no incluyó la citación
para comparecer a notificarse personalmente, ni le informó sobre los recursos
procedentes y sus términos.
Señaló como errado que la administración hubiera tenido por válida la notificación
realizada por correo certificado y, con base en ello, rechazara por extemporáneos los
recursos de reposición y apelación, según lo expuesto en la Resolución núm. 012658 del
26 de agosto de 2014.
Agregó que, conforme a los artículos 44, 45 y 47 del CCA y a la jurisprudencia del Consejo
de Estado6, la notificación personal era el mecanismo idóneo para garantizar el
conocimiento de las decisiones administrativas y el ejercicio efectivo del debido proceso.
Esta comprendía dos momentos: (i) la citación al interesado para comparecer y (ii) la
entrega formal de la decisión con la información pertinente. Por ello, solo la notificación
realizada en debida forma permitía al administrado conocer la decisión y ejercer
oportunamente sus derechos.
Insistió en que el Oficio núm. 20125000137411 del 5 de julio de 2012 debió ser notificado
de forma personal, en la medida en que daba fin a la actuación administrativa iniciada
con la petición de devolución del pago en exceso o de lo no debido por concepto de tasa
de vigilancia durante la vigencia del año 2001. A lo cual añadió que la notificación debía
“entenderse realizada al momento en que la apoderada de la SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., interpuso dichos recursos, acción que permitió
configurar la figura de la conducta concluyente, con fundamento en el artículo 330 del C.
de P. Civil (…) [pues] el termino de ejecutoria solo puede contarse a partir de la fecha de
presentación del escrito que configura la conducta concluyente, es decir, el día 19 de
Julio de 2012”7.
Como punto de cierre del cargo, alegó que el oficio en mención era nulo por haber sido
expedido con falsa motivación, toda vez que “1) confundió la tasa de vigilancia con un
impuesto y 2) confundió la solicitud de devolución de un pago en exceso o de lo no debido,
con una solicitud de devolución de saldos a favor”8.
“CARGO SEGUNDO: (…) falsa motivación, toda vez que la tasa de vigilancia que cobra
la Superintendencia de Transporte para solventar sus gastos de funcionamiento no es un
impuesto”9.
6 En el concepto de violación de la demanda se aludió a la sentencia del 11 de noviembre de 2009 de la
Sección Segunda del Consejo Estado, radicado número: 25000-23-25-000-2003-04242-01 (1127-07).
Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 31 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado10, señaló que la diferencia esencial entre tasas e impuestos radicaba en que las
primeras constituían una contraprestación por un servicio público específico, cuyos
recursos se destinaban exclusivamente a su financiación, mientras que los segundos
eran ingresos generales del Estado, exigidos sin relación directa con un servicio prestado
al contribuyente.
A partir de ello, afirmó que la Superintendencia incurrió en error al asimilar la tasa de
vigilancia a un impuesto y aplicar indebidamente las disposiciones del Estatuto Tributario,
en particular, las relativas a la devolución de saldos a favor.
Concluyó que, ante la ausencia de una regulación especial sobre la oportunidad para
solicitar la devolución de pagos en exceso o de lo no debido por concepto de la tasa
referida, debía aplicarse la regla general de prescripción del artículo 2536 del Código
Civil, vigente para la época de los hechos, que establecía un término de diez (10) años
para el ejercicio de la acción.
“CARGO TERCERO: (…) falsa motivación, pues se resolvió una solicitud de devolución
de un pago en exceso o de lo no debido, como si fuera una solicitud de devolución de
saldos a favor”11.
Con apoyo en pronunciamientos del Consejo de Estado12, indicó que existen tres
supuestos en los que procede la devolución de dineros por parte de la administración
tributaria: (i) saldos a favor, (ii) pagos en exceso y (iii) pagos de lo no debido.
Especificó que la solicitud que formuló a la Superintendencia correspondía a la devolución
de un pago en exceso, al reclamar el mayor valor cancelado por concepto de tasa de
vigilancia, originado en el acto administrativo mediante el cual la entidad demandada fijó
dicha tasa para el año 2001 en el 1,5% de los ingresos brutos del sector.
Sostuvo que la SPT incurrió en error al calificar la petición como devolución de saldo a
favor y no como pago en exceso o de lo no debido, lo que configuró falsa motivación de
los actos acusados, por discordancia entre los supuestos fácticos y jurídicos, y las
razones expuestas en su motivación.
Adicionó que tal yerro condujo a la aplicación indebida del artículo 854 del Estatuto
Tributario, que establece un término de prescripción de dos (2) años, en lugar de los
artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, aplicables al caso y que establecen un
término de diez (10) años.
“CARGO CUARTO: La actuación administrativa que se demanda infringió las normas en
que debía fundarse, pues aplicó el artículo 854 del Estatuto Tributario a una situación de
10 Entre otras, mencionó las sentencias C-546 de 1994, C-711 de 2001, C-1067 de 2002, C-1143 de 2003,
C-226 de 2004 y C-243 de 2005, todas de la Corte Constitucional. Del Consejo de Estado acudió a la
sentencia del 6 de mayo de 2010, proferida por la Sección Primera en el expediente con radicado número:
08001-23-31-000-2001-02369-01.
11 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 31 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de septiembre de 2010, radicado número 25000-
23-27-000-2007-00060-01 (17669).Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2003, expediente
13271.Sección Cuarta, sentencia del 20 de agosto de 2009, radicado número 25000-23-27-000-2003-
01816-01 (16142).
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hecho que le correspondía la aplicación de los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de
1997”13.
Reiteró que su petición correspondía a una solicitud de devolución de pago en exceso o
de lo no debido. Manifestó que, si bien el procedimiento para ambas solicitudes era el
mismo, lo cierto es que la oportunidad para presentarlas difería por estar regulada de
manera distinta.
Argumentó que el artículo 854 del Estatuto Tributario determinó un plazo de dos (2) años,
contados desde el vencimiento del término para declarar, exclusivamente para la
devolución de saldos a favor. En contraste, no reguló expresamente el tiempo para
solicitar devoluciones por pagos en exceso o de lo no debido, razón por la cual debía
aplicarse la regla general de prescripción del artículo 2536 del Código Civil, y los artículos
11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, así como el artículo 11 del Decreto 2277 de 2012.
En consecuencia, explicó que mientras la devolución de saldos a favor debía solicitarse
dentro de los dos (2) años siguientes, las devoluciones por pagos en exceso o de lo no
debido podían reclamarse dentro del término general de prescripción. Por ello, calificó de
indebida la aplicación del artículo 854 del Estatuto Tributario, cuando debía regirse por
las otras disposiciones referidas.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SPT respondió el libelo introductorio pidiendo que se negaran las pretensiones, bajo
los siguientes argumentos14:
Frente al primer cargo, señaló que mediante el Oficio núm. 20125000137411 del 5 de
julio de 2012 informó a la parte actora que la tasa de vigilancia del año 2001 conservaba
su legalidad y que la solicitud de devolución era extemporánea, al haberse presentado
por fuera del término de dos (2) años. Indicó que, aunque la notificación no observó el
artículo 44 del CCA, la sociedad demandante conoció de manera efectiva la decisión
administrativa el 10 de julio de 2012, como lo demostraba la prueba de entrega del acto
por correo certificado y lo corroboraba lo dicho por la apoderada en el escrito con el cual
interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación.
Añadió que la apoderada judicial de la empresa actuó como agente oficiosa sin
acreditación de ratificación, en los términos del artículo 2304 del Código Civil, lo que
generó un defecto no subsanado. Asimismo, sostuvo que una eventual e indebida
notificación daría lugar al silencio administrativo negativo, habilitando la presentación del
medio de control en cualquier tiempo, pero sin que se afecte la prescripción respecto de
la solicitud de devolución de sumas.
Respecto del segundo cargo, afirmó que no existía falsa motivación, pues, aunque el
oficio citó el artículo 854 del Estatuto Tributario, no calificó la tasa como impuesto. Explicó
que se aplicaron los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, reproducidos en el
Decreto 2277 de 2012, que remiten al término de prescripción del Código Civil. Precisó
que la referencia al Estatuto Tributario tuvo un carácter ilustrativo, para señalar que no
aplicaba el término de dos (2) años propio de los saldos a favor, y que la solicitud
correspondía a un pago en exceso o de lo no debido.
13 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 31 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
14 Ibidem.
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En relación con el tercer cargo, reiteró que debía aplicarse la prescripción general del
artículo 2536 del Código Civil, de cinco años, aplicable a devoluciones por pagos en
exceso. Señaló que esa lectura se encontraba avalada por la jurisprudencia del Consejo
de Estado15, lo que dejaba ver que no existió una intención arbitraria ni razones contrarias
a la realidad.
Frente al cuarto cargo, alegó que, aunque las devoluciones de saldos a favor y de pagos
en exceso tienen el mismo trámite, el término aplicable es el de prescripción general del
Código Civil, al no existir regulación expresa en el Estatuto Tributario. Indicó que la tasa
de vigilancia es un tributo obligatorio sujeto al régimen tributario, y que la devolución de
pagos en exceso debía solicitarse dentro de los cinco (5) años siguientes al pago efectivo.
Con ese marco, precisó que la solicitud fue presentada diez (10) años y seis (6) meses
después del pago, cuando había operado la prescripción, incluso bajo el término reducido
de cinco (5) años introducido por la Ley 791 de 2002.
Excepción “previa”: prescripción16
Reiteró que el término aplicable era de cinco años y que este se encontraba ampliamente
vencido al momento de la solicitud, lo que extinguía el derecho a reclamar.
Excepciones de “fondo”17
Finalmente, trajo a colación las excepciones que calificó de fondo y denominó: (i)
“improcedencia de las pretensiones”, (ii) “falta de causa para demandar”, (iii) “inexistencia
de la obligación y cobro de lo no debido” y (iv) “de oficio”.
III. SENTENCIA APELADA
3.1. Mediante sentencia del 19 de junio de 2019, la Subsección “A” de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas, bajo las siguientes razones:
3.1.1. De manera inicial, procedió a realizar un recuento de los hechos probados en el
proceso. Enseguida, como cuestión previa, advirtió que, de acuerdo con los artículos
2303 y 2304 del Código Civil, la agente oficiosa fue ratificada por la sociedad demandante
15 Consejo de Estado, Sentencia del 13 de agosto de 2009, proferida por la Sección Cuarta en el expediente
número 16569. Consejera ponente: Martha Teresa Briceño.
16 Al respecto, en la audiencia inicial del 1 de septiembre de 2016, el despacho ponente en la primera
instancia consideró: “si bien la parte demandada plantea la excepción de prescripción, se trata de una
excepción de mérito que busca atacar el derecho sustancial de la parte demandante, toda vez que el
término que esta tiene para solicitar la devolución de los pagos, es un tema que debe ser decidido en la
etapa procesal pertinente, no siendo la audiencia inicial el escenario idóneo para ello, ya que en esta
audiencia el juez ejerce la potestad de saneamiento, al controlar los presupuestos de validez de la
demanda, las circunstancias constitutivas de nulidad y hechos exceptivos previos que puedan afectar la
validez y eficacia del proceso. En este orden de ideas, como se trata de planteamientos de defense de la
legalidad de los actos demandados que tienen que ver con el fondo del asunto, se decidirán en la
sentencia”.
17 Sobre el particular, en la audiencia inicial del 1 de septiembre de 2016, el despacho ponente en la primera
instancia decidió: “no tienen el carácter de previas, pues de su lectura se desprende que están relacionadas
con el estudio de fondo del asunto, por lo tanto, como se trata de planteamientos de defense de la legalidad
de los actos demandados, se decidirán en la sentencia”.
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y que incluso en la Resolución núm. 6546 del 14 de septiembre de 2012, que resolvió el
recurso de reposición, se le reconoció como apoderada judicial de la parte actora, motivo
por el cual desestimó los argumentos presentados por la entidad demandada en ese
sentido.
3.1.2. Más adelante, el Tribunal delimitó el estudio del problema jurídico a determinar si
la Resolución núm. 012658 del 26 de agosto de 2014 y el Oficio núm. 20143000536671
del 10 de noviembre de 2014 eran nulos por vulnerar el derecho de audiencia y defensa
de la demandante, al negar el trámite del recurso de apelación promovido contra el Oficio
núm. 20125000137411 del 5 de julio de 2012.
Para resolverlo, expuso que la parte actora sostenía que el oficio que negó la devolución
de la tasa de vigilancia del año 2001 debió notificarse personalmente, en los términos de
los artículos 44 y siguientes del CCA, y no mediante el envío de una comunicación con
la reproducción de su contenido. Recordó que la entidad demandada, por su parte,
admitía que no se observó de forma integral el artículo 44 ibidem, pero afirmaba que la
sociedad interesada tuvo conocimiento efectivo de la decisión administrativa y, de hecho,
interpuso el recurso de reposición.
Con ese panorama, el juez de primera instancia precisó que, conforme a los artículos 44
y 50 del CCA, el oficio que negó la solicitud de devolución constituía un acto definitivo
que ponía fin a la actuación administrativa y, por tanto, debía notificarse personalmente.
No obstante, con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, explicó que la falta
o irregularidad en la notificación no generaba la nulidad del acto, sino su ineficacia
mientras no sea conocido en debida forma por el administrado, dado que la notificación
es presupuesto de eficacia y no de validez.
A continuación, con fundamento en el artículo 48 del CCA, consideró que en el caso
concreto la notificación debía tenerse por surtida por conducta concluyente. Para ello tuvo
en cuenta, de una parte, que el Oficio núm. 20125000137411 fue remitido por correo
certificado a la dirección informada por la apoderada de la sociedad demandante,
mediante guía postal entregada el 10 de julio de 2012, sin que existiera prueba de una
devolución; y, de otra, que la propia representante de la empresa actora manifestó haber
recibido la comunicación en esa fecha y posteriormente interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación. De este modo, concluyó que la interesada se dio
por enterada desde el 10 de julio de 2012, fecha en la cual se entendió hecha la
notificación, y no el 19 de julio siguiente, como lo alegó la Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura S.A.
En relación con la omisión de informar los recursos procedentes, las autoridades
competentes y los términos para interponerlos, el Tribunal estimó que tal requisito
previsto en el artículo 47 del CCA no fue cumplido. Sin embargo, reiteró que del artículo
48 ibidem era dable comprender que tal irregularidad quedaba saneada cuando el
interesado se daba por enterado o utilizaba oportunamente los recursos legales. Añadió
que, aun de no informarse los recursos, ello no comportaba por sí mismo vulneración del
debido proceso, pues el ordenamiento permitía demandar directamente el acto cuando
la administración omitía la oportunidad de impugnación, según el inciso final del artículo
135 del CCA.
En ese orden, con fundamento en el artículo 51 del CCA, el a quo concluyó que los
recursos de reposición y apelación contra el Oficio núm. 20125000137411 del 5 de julio
de 2012 debían interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación,
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término que, contado desde el 10 de julio de 2012, vencía el 17 de julio del mismo año.
Así, luego de comprobar que el escrito con los recursos se radicó el 19 de julio de 2012,
estimó que su presentación fue extemporánea.
A partir de ello, consideró ajustado a derecho el rechazo de los recursos dispuesto
mediante la Resolución núm. 012658 del 26 de agosto de 2014, y anotó que, aun cuando
esta hubiera sido proferida dos (2) años después de la interposición de aquellos, la
administración conservaba la competencia para decidir mientras no se hubiese acudido
a la jurisdicción. En ese contexto, dedujo que no se vulneró el derecho de audiencia y
defensa de la actora, ya que los recursos no fueron interpuestos en debida forma por
haberse presentado fuera del plazo legal.
En definitiva, el Tribunal se abstuvo de estudiar los cargos de fondo formulados contra
los actos demandados, por estimar que no se agotó debidamente la actuación
administrativa y, con ese análisis, negó las pretensiones de la demanda.
3.1.3. Para finalizar, el a quo decidió no condenar en costas por no encontrarlas
causadas ni demostradas.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora interpuso oportunamente el recurso de apelación contra la sentencia del
19 de junio de 2019, con fundamento en los argumentos que se sintetizan así18:
Afirmó que el fallo de primera instancia incurrió en un “yerro jurídico gravísimo que llevó
a tomar una decisión apartada de la realidad fáctica, al contar términos sobre una
notificación personal inexistente, que lo llevó a establecer una extemporaneidad
totalmente ilegal”.
Explicó que el análisis realizado por el Tribunal respecto de la notificación del Oficio del
5 de julio de 2012, en el cual concluyó que la notificación se efectuó el 10 de julio de
2012, se fundamentaba en una premisa equivocada, toda vez que estaba probado en el
proceso que la decisión adoptada en el oficio comentado nunca fue notificada
“personalmente, ni por aviso y mucho menos por edicto”.
Sostuvo que ello era así, pues no se presentó ninguno de los escenarios descritos en el
artículo 51 del CCA, que trata de la oportunidad y presentación de los recursos de
reposición y apelación, “en la diligencia de la notificación personal o dentro de los 5 días
siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso”, razón
por la cual “nos encontramos ante una notificación por conducta concluyente”, que debe
contabilizarse, según lo dispuesto por el artículo 330 del CPC, “desde la fecha de
presentación del escrito”, esto es el 19 de julio de 2012.
Insistió en que, con la presentación del escrito de 19 de julio de 2012, contentivo de los
recursos de reposición y, subsidiario, de apelación, se configuró la notificación por
conducta concluyente. En ese sentido, señaló que la entidad demandada pretendió
otorgarle al trámite administrativo adelantado los efectos de una notificación personal que
nunca practicó.
18 Visible en el expediente digital que reposa en el índice 31 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
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En su criterio, la circunstancia descrita vulneró el debido proceso, porque la
administración declaró extemporáneos los recursos al contabilizar el término de cinco (5)
días desde la fecha de recibo de la comunicación remitida por la Superintendencia, como
si la simple recepción de dicha comunicación subsanara la irregularidad derivada de la
falta de notificación personal.
Agregó que el artículo 44 del CCA debía interpretarse en armonía con el artículo 48
ibidem. Por ello, aunque formuló recursos contra el Oficio núm. 20125000137411 del 5
de julio de 2012, dicha actuación solo podía entenderse como una notificación por
conducta concluyente, en cuanto evidencia que se enteró de la decisión y manifestó su
inconformidad frente a ella. En consecuencia, los términos para interponer los recursos
debían contarse a partir de la fecha de presentación del escrito que los incluía, momento
en el cual se tuvo por suficientemente enterada de la decisión.
Además, argumentó que la notificación del Oficio núm. 20125000137411 del 5 de julio de
2012 debía surtirse a través del envío de una citación al interesado para que
compareciera a notificarse. En caso de no ser posible dicha diligencia, la
Superintendencia debía acudir a la notificación por edicto, conforme a las reglas del CCA.
Así, también mencionó que las disposiciones del procedimiento administrativo exigían
que el referido oficio indicara los recursos procedentes contra la decisión, la autoridad
ante la cual debían interponerse y los términos para hacerlo.
No obstante, comoquiera que el acto demandado fue remitido por correo certificado y
recibido por la apoderada de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. el 10
de julio de 2012; la decisión no fue notificada en la forma prevista en el CCA, pues no se
envió la citación y tampoco se precisaron los recursos procedentes en los términos del
artículo 47 ibidem.
Finalmente, adicionó un reparo relacionado con la procedencia del recurso de reposición
con el cual manifestó que “la Resolución No. 012658 (…) decidió respecto de un asunto
nuevo, ya que en principio LA SECRETARIA GENERAL (E) DRA. ADELA DEL PILAR
PARRA GONZÁLEZ había considerado procede [sic] el recurso y por lo tanto la
argumentación de la apelación se centró en el asunto de fondo (…) se nos sorprende con
una situación jurídica diferente y nueva: que no fue oportunamente interpuesto el recurso.
Como se trata de un asunto nuevo, que no formaba parte del debate (…) es evidente que
se resuelve sobre un asunto nuevo respecto del cual se debe garantizar el debido proceso
y garantizar el derecho de contradicción y defensa”. Este aspecto, lo sustentó con el
artículo 348 del Código de Procedimiento Civil.
V. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
5.1. Mediante auto del 1 de julio de 202019, el Despacho Sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto y sustentado contra la sentencia del 19 de junio de
2019.
5.2. En proveído del 12 de mayo de 202120, se corrió el traslado para alegar de
conclusión y se otorgó el término correspondiente al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, presentara su intervención.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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5.3. Al descorrer el traslado la parte actora y la SPT reiteraron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
VII. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a decidir el
asunto sub lite, previas las siguientes
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia21
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024), expedido por
la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto.
8.2. Hechos probados
8.2.1. El 5 de abril de 2001, la Superintendencia fijó, para la vigencia 2001, el porcentaje
de la tasa de vigilancia a cargo de las sociedades portuarias, operadores portuarios,
embarcaderos y titulares de autorizaciones anteriores a la Ley 1ª de 1991, manteniendo
el establecido en la Resolución núm. 0159 del 31 de marzo de 2000, equivalente al uno
punto cinco por ciento (1,5%) sobre los ingresos brutos del año inmediatamente anterior.
8.2.2. El 18 de abril de 2001, mediante la Resolución núm. 0457, la Superintendencia
adoptó el procedimiento de autoliquidación y pago de la tasa de vigilancia, disponiendo,
entre otros aspectos, que: (i) el valor debía liquidarse aplicando el porcentaje fijado sobre
21 El artículo 13 del del Acuerdo núm. 080 de 2019 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de
2024), expedido por la Sala Plena de esta Corporación, dispone:
“Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Primera:
(…)
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre los asuntos no asignados a
otras secciones.
(…)
Sección Cuarta:
1. Los procesos de simple nulidad que versen sobre actos administrativos relacionados con impuestos,
contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias enunciadas en el
numeral precedente”. (Énfasis fuera del texto original).
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los ingresos brutos portuarios del año anterior y consignarse en la cuenta indicada por la
entidad; y (ii) en caso de pago en exceso, debía expedirse una resolución motivada
reconociendo el saldo a favor, el cual podía imputarse a la siguiente vigencia o solicitarse
su devolución ante la Dirección del Tesoro Nacional.
8.2.3. El 29 de junio de 2001, la parte actora efectuó el pago de la tasa de vigilancia
correspondiente a dicha vigencia por valor de $1.481.904.395.
8.2.4. El 30 de diciembre de 2011, la parte actora presentó una solicitud en ejercicio del
derecho de petición solicitando la liquidación del mayor valor pagado por concepto de
tasa de vigilancia del año 2001, así como la expedición del acto administrativo que
ordenara su devolución. El 19 de enero de 2012, adicionó la solicitud anterior. El 28 de
junio de 2012, amplió los fundamentos fácticos y jurídicos de la petición.
8.2.5. El 5 de julio de 2012, por medio de Oficio núm. 20125000137411, la
Superintendencia dio respuesta a la petición, su adición y ampliación, negando la solicitud
de devolución.
8.2.6. El 10 de julio de 2012, la entidad demandada remitió por correo certificado el oficio
mencionado, fecha en la cual se entregó a la apoderada de la sociedad demandante en
la dirección registrada, conforme a la guía RN11111111ZAF006604.
8.2.7. El 19 de julio de 2012, la parte actora interpuso los recursos de reposición y, en
subsidio, de apelación contra la decisión contenida en el oficio referido.
8.2.8. El 14 de septiembre de 2012, mediante Resolución núm. 6546, la
Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la negativa
de devolución, ordenó su notificación personal y dispuso remitir el expediente para el
trámite del recurso de apelación.
8.2.9. El 25 de septiembre de 2012, la apoderada de la demandante se notificó
personalmente de la Resolución núm. 6546.
8.2.10. El 26 de agosto de 2014, mediante Resolución núm. 012658, la
Superintendencia rechazó por extemporáneos los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la decisión que negó la devolución. El 10 de noviembre de 2014,
mediante el Oficio núm. 20143000536671, la entidad demandada respondió una nueva
petición, indicando que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm.
012658 era improcedente.
8.3. Del cargo relacionado con la procedencia del recurso de reposición en la vía
gubernativa
Para delimitar el objeto del presente pronunciamiento, la Sala advierte que en el recurso
de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia se presentó un
argumento que no fue propuesto en la demanda inicial, que tiene que ver con la
procedencia del recurso de reposición en la vía gubernativa, en tanto la Resolución núm.
012658 de 26 de agosto de 2014, decidió sobre “un asunto nuevo” que no había sido
objeto de debate previo.
Sobre la imposibilidad de adicionar en la alzada cargos que no formaron parte del libelo
introductorio, en reciente pronunciamiento la Sala consideró:
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95. Siendo ello así, y habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho referencia
no fueron formulados en el momento procesal oportuno, esto es, en el libelo
introductorio ni se presentó reforma a ese escrito, no puede la Sala abordarlos, so
pena de desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa de
que es titular la parte demandada al no haber tenido la oportunidad de pronunciarse
sobre ellos en primera instancia.
96. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al indicar
que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de congruencia
entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la contestación y el
decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:
«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.
De acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, el de congruencia constituye
“un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en
su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de
lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva
o negativamente, los límites de su potestad”. En últimas, representa “un principio
general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el
debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en todas
las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la decisión”.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio de
congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo resuelto
por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí donde el juez
concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la parte actora (ultra o
extra petita). En consecuencia, la verificación de la congruencia de un fallo exige
hacer una comparación entre lo decidido con lo reclamado por las partes. En materia
de contencioso de anulación de actos administrativos, dado el carácter rogado de la
jurisdicción y las formalidades que la ley plantea a la demanda, que exigen la
formulación de los cargos de invalidación propuestos y el señalamiento expreso de
su fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no
puede fallar lo pedido desbordando los cargos formulados por la parte actora».
97. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:
«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de lealtad
procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la congruencia
que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los argumentos que
la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en primera instancia; y, por
el otro, entre estos y el recurso de apelación; se imponen que al apelante le esté
vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos y pretensiones nuevas
que no hayan sido alegados en la demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad
quem no puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la
contraparte en el proceso”».22
Así, comoquiera que el comentado argumento de la apelación no fue formulado en la
demanda ni en la oportunidad procesal correspondiente, la Sala se abstendrá de estudiar
22 Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta. Sentencia del 26 de febrero de 2026. Número de
radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03. Demandante: Bancolombia S.A.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
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Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
dicho reproche, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa de la parte
demandada.
8.4. Planteamiento
De las consideraciones expuestas en la sentencia de primera instancia y los argumentos
formulados en el recurso de apelación que tienen reflejo en el libelo introductorio, la Sala
advierte que la controversia en esta instancia se contrae a determinar el momento desde
el cual debe entenderse realizada la notificación del Oficio núm. 20125000137411 del 5
de julio de 2012.
Para el Tribunal, aunque en estricto sentido el señalado oficio no fue notificado de manera
personal, en los términos del artículo 44 del CCA, la parte interesada logró conocimiento
cierto y efectivo del contenido del acto el 10 de julio de 2012, fecha en la cual fue
entregado por correo certificado a la apoderada de la sociedad demandante. A partir de
esa circunstancia, y con fundamento en el artículo 48 ibidem, concluyó que la notificación
debía tenerse por surtida por conducta concluyente desde ese mismo día, pues la
empresa demandante se dio por suficientemente enterada del contenido de la decisión,
al punto que reconoció haberla recibido en esa fecha e interpuso posteriormente los
recursos de reposición y, en subsidio, apelación.
Bajo ese entendimiento, el juez de primera instancia estimó que el término de cinco (5)
días previsto en el artículo 51 del CCA para interponer los recursos de la vía gubernativa
comenzó a correr desde el día siguiente al 10 de julio de 2012 y venció el 17 del mismo
mes y año. Así, comoquiera que el escrito fue radicado el 19 de julio siguiente, concluyó
que los recursos se presentaron por fuera del término legal, de suerte que la
administración actuó conforme a derecho al rechazarlos mediante la Resolución núm.
012658 del 26 de agosto de 2014.
De esa conclusión derivó, además, que no se configuró vulneración alguna del derecho
de audiencia y defensa de la actora y que, por ende, no había lugar a estudiar los demás
cargos de nulidad propuestos contra los actos demandados, ante el indebido agotamiento
de la actuación administrativa.
Por el contrario, la parte actora argumentó que el Tribunal incurrió en error al computar
el término para recurrir el comentado oficio del 5 de julio de 2012, a partir de una supuesta
notificación personal que, en realidad, nunca se produjo. En su criterio, no podía
entenderse surtida la notificación del acto el 10 de julio de 2012, porque la
Superintendencia omitió por completo las formalidades exigidas por los artículos 44, 45 y
47 del CCA, toda vez que no remitió citación para comparecer a notificarse
personalmente y tampoco informó cuáles eran los recursos procedentes, la autoridad
ante la cual debían formularse ni el plazo para hacerlo. Desde esa perspectiva, afirmó
que la remisión por correo de una copia del oficio no podía equipararse a la notificación
personal del acto definitivo que resolvió negativamente su petición.
Agregó que, precisamente porque la notificación personal no fue surtida de forma legal,
debía colegirse que ocurrió la notificación por conducta concluyente el 19 de julio de 2012,
derivada de la presentación del escrito que comprendía los recursos de la vía
gubernativa. A su modo de ver, ese era el único momento a partir del cual podía
concebirse que la empresa demandante formalmente conoció la decisión.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
De allí que el término para recurrir no podía contabilizarse desde el 10 de julio de 2012,
cuando simplemente se recibió la comunicación remitida por la entidad, sino desde el 19
de julio siguiente. En consecuencia, insistió en que los recursos no habrían sido
extemporáneos y el rechazo dispuesto por la administración habría lesionado el debido
proceso, el derecho de defensa y el derecho de audiencia.
8.5. Análisis de la Sala
8.5.1. De la notificación del Oficio núm. 20125000137411 del 5 de julio de 2012
La Sala advierte que, si bien la parte recurrente cuestiona la forma en que se tuvo por
notificado el Oficio núm. 20125000137411 del 5 de julio de 2012, lo cierto es que no
existe controversia en torno a que dicha notificación no se realizó en los términos
establecidos en los artículos 44, 45 y 47 del CCA.
La discrepancia se concentra, entonces, en determinar el momento a partir del cual debe
entenderse surtida la notificación del acto comentado, bajo la figura de la notificación por
conducta concluyente.
El artículo 48 del CCA dispone que, aun cuando no se cumplan las formalidades
predefinidas, la decisión administrativa se tendrá por notificada cuando la parte
interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo
los recursos legales. Veamos:
FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 48. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada,
dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los
recursos legales.
Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las
publicaciones respectivas en el caso del artículo 46.
Sobre el particular, en sentencia del 19 de marzo de 202623, la Sala consideró:
120. Habiendo acreditado que la parte demandante tenía conocimiento del
contenido y alcance de la disposición demandada, la Sala pasará a estudiar si esa
circunstancia configuró una notificación por conducta concluyente
121. Respecto a esta clase de notificación, el artículo 48 del C.C.A. disponía lo
siguiente:
(…)
122. Y en línea con esta norma, el artículo 330 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del CCA, establecía
respecto a la notificación por conducta concluyente lo siguiente:
“ARTÍCULO 330. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE.
Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada
23Radicación: 11001 03 24 000 2010 00368 00. Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Demandado: Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Consejero ponente: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente
durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se
considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de
presentación del escrito o de la audiencia o diligencia”.
123. En relación con este tipo de notificación la Sección ha señalado24:
“[...] La notificación por conducta concluyente se configura cuando la parte
que alega la falta de notificación de una decisión, de alguna manera
manifiesta el contenido de la misma […] En efecto, para que se configure
la notificación por conducta concluyente en los términos del artículo 72
ibidem, debe demostrarse que la parte actora reveló que conoció el acto
acusado o que consintió la decisión […]”25.
124. Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacifica en reconocer
que cuando una de las partes mediante actuaciones o documentos revela su
conocimiento inequívoco del contenido de un acto administrativo, se entenderá que
fue notificado por conducta concluyente de ese mismo acto:
«[…] la notificación por conducta concluyente se configura cuando la
persona interesada realiza una manifestación a partir de la cual se puede
concluir que conoce la decisión administrativa, verbigracia, cuando
presenta recursos o demandas, otorga poder, manifiesta en un escrito que
conoce el acto o lo menciona en un documento que lleve su firma, etcétera;
en todo caso, para que se constituya este tipo especial de notificación ficta
o presunta, es inexorable que el interesado se dé por suficientemente
enterado de la decisión administrativa»26.
De lo expuesto, la Sala comprueba que el Tribunal no incurrió en error al concluir que la
notificación del acto se surtió por conducta concluyente el 10 de julio de 2012, toda vez
que se encuentra probado que en esa fecha la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura S.A. conoció del Oficio núm. 20125000137411 del 5 de julio de 2012.
Debe aclararse que, contrario a lo sostenido por la empresa recurrente, el a quo no partió
de la premisa de que hubiera existido una notificación personal en debida forma, sino
que, de manera expresa, reconoció la ausencia de los requisitos para acreditar como
personal la notificación y, a partir de ello, acudió al ordenamiento jurídico para determinar
el momento en que debía entenderse que acaeció la notificación por conducta
concluyente del acto a la parte interesada.
Ahora bien, debe destacarse que la conclusión del Tribunal se sustentó en dos elementos
fácticos relevantes: (i) el envío por correo certificado del contenido del Oficio núm.
20125000137411 del 5 de julio de 2012 a la dirección registrada por la apoderada de la
parte actora; y (ii) el reconocimiento expreso, de dicha apoderada, de haber recibido la
mencionada comunicación el 10 de julio de 2012, lo cual fue consignado en el escrito
mediante el cual se interpusieron los recursos en sede administrativa. Veamos:
24 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de mayo de 2022. Expediente número: 66001 23
31 000 2009 10048 01. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
25 Consejo de Estado. Sección Primera. Providencia del 17 de noviembre de 2017. Expediente número:
25000-23-41- 000-2014-01597-01. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
26 Consejo de Estado. Sección Primera, Consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 19
de abril de 2018, radicado núm. 11001-03-27-000-2014-00048-00. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de julio de 2019. Radicación núm. 25000-
23-24-000-2008-00396-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
A partir de estos elementos probatorios, resulta razonable concluir que el 10 de julio de
2012 la parte actora conoció el contenido del acto demandado.
En ese orden, no se trata, como lo sugiere la recurrente, de equiparar indebidamente la
comunicación con la notificación personal, ni de subsanar automáticamente una
irregularidad. Lo que evidencian los antecedentes administrativos de la actuación
atacada es que, en la fecha indicada, la parte interesada se dio por suficientemente
enterada de la decisión administrativa, en los términos del artículo 48 del CCA.
Precisamente, el reconocimiento expreso por parte de la apoderada de la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura S.A. de recibir el ya señalado oficio, sumado a la
ausencia de controversia sobre ese hecho en el procedimiento administrativo e incluso
en sede judicial, permite encuadrar la conducta de la sociedad demandante en el
supuesto normativo de la disposición citada.
Así, la notificación por conducta concluyente no se configura, como lo plantea la alzada,
exclusivamente con la presentación del escrito del que comprende los recursos de
reposición y, en subsidio, apelación de la vía gubernativa; también ocurre, como en este
caso, desde el momento en que se acredita que el administrado tuvo conocimiento
efectivo del acto.
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
La interpretación propuesta por la empresa recurrente desconoce que el artículo 330 del
CPC no condicionaba la figura bajo análisis al uso de los recursos administrativos,
comoquiera que establece otros supuestos. Veamos: “Cuando una parte o un tercero
manifieste que conoce determinada providencia o la menciona en escrito que lleve
su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el
acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de
presentación del escrito o de la audiencia o diligencia” (Negrita fuera del texto original).
Sobre este punto, la Sala no comparte la tesis de la alzada porque aceptar dicha lectura
implicaría permitir que -cuando exista algún tipo de irregularidad en la notificación o
incluso ausencia de esta, y el administrado hubiese obtenido conocimiento del acto-, la
presentación de los recursos determine únicamente el momento a partir del cual
comienza a correr el término para debatir la decisión, pues solamente se tendría por
configurada la notificación por conducta concluyente cuando se exponga la
inconformidad ante la administración.
En definitiva, la Sala concluye que el Tribunal acertó al fijar el 10 de julio de 2012 como
fecha de notificación por conducta concluyente del Oficio núm. 20125000137411 del 5
de julio de 2012, pues ese fue el momento en el cual la parte actora tuvo conocimiento
efectivo del acto administrativo, como ella misma lo reconoció en el documento
contentivo de los recursos.
Con la anterior claridad, como bien lo precisó el juez de primera instancia, el término de
cinco (5) días previsto en el artículo 51 del CCA para interponer los recursos de
reposición y apelación debía contabilizarse a partir del día siguiente a la notificación y
vencía el 17 de julio del mismo año. En consecuencia, al haberse presentado los
recursos el 19 de julio de 2012, estos fueron interpuestos por fuera del término legal.
Motivo por el cual se infiere que no se agotaron los recursos obligatorios en sede
administrativa.
Sin embargo, la Sala revocará el fallo de primera instancia para, en su lugar, con
fundamento en el artículo 187 del CPACA27, declarar probada de oficio la excepción de
inepta demanda y, en consecuencia, inhibirse para pronunciarse de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.
8.5.2. Condena en costas
La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni
probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA -, en
concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 306 de la mencionada ley.
27 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor. (Énfasis de la Sala).
Radicado: 25000 23 37 000 2015 00790 01
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
Demandado: Superintendencia de Puertos y Transporte
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2019, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar,
DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda y, en consecuencia,
INHIBIRSE para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión 23 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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