Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00197-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2007-00197-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2007-00197-03
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
26 de febrero de 2026
Radicado número: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo
Tesis: No es procedente que en el recurso de alzada interpuesto en contra de la
sentencia de primera instancia, se incorporen cargos que no fueron planteados en
la demanda.
Son nulos por falta de competencia, los actos administrativos a través de los cuales
la Asesora del Despacho del Viceministro de Ambiente, Dirección de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales, impuso la ejecución de unas actividades a la
demandante a título de medidas de remediación, si no existía atribución expresa en
ese sentido en el manual de funciones del cargo ni en el acto de delegación
correspondiente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 18 de julio de 2019, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
1.1 La demanda
1. Bancolombia S.A. (en adelante Bancolombia), presentó demanda contra el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho1.
1.2. Pretensiones
2. Señaló como tales las que pasan a enunciarse literalmente2:
“1. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare la nulidad de la
resolución número 1247 del 30 de junio de 2006, por la cual se establecen unas
medidas ambientales y se toman otras determinaciones, expedida por Martha
Elena Camacho Bellucci, Asesora del Despacho del viceministro de Ambiente,
Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se declare la nulidad de la
resolución número 2722 del 28 de diciembre de 2006, por la cual se resuelve
el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 1247 del 30 de
junio de 2006 y se toman otras determinaciones, expedida por Martha Elena
Camacho Bellucci, Asesora del Despacho del viceministro de Ambiente,
Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de las
declaraciones anteriores y para restablecer el derecho se declare que
BANCOLOMBIA S.A. está exonerado del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las resoluciones 1247 del 30 de junio de 2006 y 2722 del 28 de
diciembre de 2006, expedidas por la Asesora del Despacho del viceministro de
Ambiente, Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la nulidad
de las resoluciones de que tratan las pretensiones primera y segunda
anteriores y a título de reparación del daño, se condene a la Nación - Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a indemnizar los perjuicios
económicos causados a BANCOLOMBIA S.A. por las actividades que ya
ejecutó y las que al momento del fallo haya ejecutado BANCOLOMBIA S.A. en
cumplimiento de las resoluciones anuladas, en la cuantía que se demuestre a
lo largo del proceso.
1Folios 1 al 80 del Cuaderno número1.
2 Folios 1 a 5 ibidem.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que se condene a la Nación -Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al pago de las costas y agencias
en derecho.
2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que se declare que son nulos los
numerales 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, y 5 del ARTÍCULO
SEGUNDO de la resolución número 1247 del 30 de junio de 2006, por la cual
se establecen unas medidas ambientales y se toman otras determinaciones,
expedida por Martha Elena Camacho Bellucci, Asesora del Despacho del
Viceministro de Ambiente, Dirección de Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por los
motivos que se exponen en esta demanda.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que se declare que el ARTÍCULO
TERCERO de la resolución número 2722 del 28 de diciembre de 2006, por la
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución
1247 del 30 de junio de 2006 y se toman otras determinaciones, expedida por
Martha Elena Camacho Bellucci, Asesora del Despacho del Viceministro de
Ambiente, Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es nulo en cuanto aclaró los
numerales 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, y 5 del ARTÍCULO
SEGUNDO de la resolución número 1247 del 30 de junio de 2006, por los
motivos que se exponen en esta demanda.
TERCERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que se declare que el ARTÍCULO
DÉCIMO de la resolución número 2722 del 28 de diciembre de 2006, por la cual
se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 1247
del 30 de junio de 2006 y se toman otras determinaciones, expedida por Martha
Elena Camacho Bellucci, Asesora del Despacho del Viceministro de Ambiente,
Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es nulo en cuanto confirmó en todo
lo demás los requerimientos establecidos en los numerales 1.6, 1.7, 2.1, 2.3,
2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, y 5 del ARTÍCULO SEGUNDO de la resolución
número 1247 del 30 de junio de 2006, por los motivos que se exponen en esta
demanda.
CUARTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que como consecuencia de las
declaraciones anteriores y para restablecer el derecho se declare que
BANCOLOMBIA S.A. está exonerado del cumplimiento de las obligaciones de
que tratan los numerales 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, y 5 de
la resolución 1247 del 30 de junio de 2006, aclarada y confirmada por la
resolución 2722 del 28 de diciembre de 2006, expedidas las dos por la Asesora
del Despacho del Viceministro de Ambiente, Dirección de Licencias, Permisos
y Tramites Ambientales, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
QUINTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que como consecuencia de las
declaraciones anteriores y a título de reparación del daño, se condene a la
Nación Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a indemnizar
los perjuicios económicos causados a BANCOLOMBIA S.A., por las actividades
que ya ejecutó y las que al momento del fallo haya ejecutado BANCOLOMBIA
S.A. en cumplimiento de las obligaciones impuestas en los numerales
anulados, en la cuantía que se demuestre a in largo del proceso.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
SEXTA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que se condene a la Nación Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al pago de las costas y agencias
en derecho”.
1.2 Los actos administrativos demandados
3. Bancolombia censuró la Resolución 1247 de 2006, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación:
«MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 1247
(30 JUN 2006)
“POR LA CUAL SE ESTABLECEN UNAS MEDIDAS AMBIENTALES Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA ASESORA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AMBIENTE,
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
En ejercicio de las facultades delegadas por la Ministra de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 2116 de 2005, y en
especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, La Ley 790 de 2002, el
Decreto 1220 de 2005, El (Sic) Decreto 216 de 2003 y el Decreto 3266 de
2003 y
CONSIDERANDO
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que en las condiciones actuales las zonas
denominadas WB 2, WB 3, C, A, y el área en la cual se localizan la bodegas,
ubicadas en el lote de 44 hectáreas localizado en la salida del municipio de
Cartagena hacia Turbaco, sobre la margen derecha de la Troncal de Occidente,
detrás de la Subestación Eléctrica TRANSELCA, requieren de la
implementación de procesos de remediación para minimizar el riesgo que aún
subsiste en el mismo, de conformidad con lo establecido por este Ministerio a
través de la Resolución N° 1938 del 07 de Diciembre de 2005, Resolución N°
0236 del 8 de febrero de 2006 y la Resolución N.º 0412 del 03 de Marzo de
2006, de acuerdo a las razones expuestas en la parte considerativa del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O BANCO
DE COLOMBIA S.A. DE PANAMA, para que implemente y ejecute las
siguientes actividades dentro de los plazos y condiciones que se fijan a
continuación, los cuales se contaran a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo y de conformidad con las razones expuestas en la presente
resolución:
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
1 Medidas Mínimas a Implementar y Ejecutar en el Plazo Inmediato
Las actividades a realizar por el BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O BANCO DE
COLOMBIA S. DE PANAMÁ., son las siguientes:
1.1 Cerramiento total del predio con barrera física.
No se permitirá la circulación - tránsito de peatones y/o vehículos por el predio
en el cual se adelantaba el proyecto urbanístico Colombiatón, excepto aquellos
que se encuentren vinculados al desarrollo de las diferentes actividades de
remediación.
Plazo de Ejecución: Un (1) mes.
1.2 Señalización y demarcación del predio.
Colocación de señales informativas, preventivas y reglamentarias, en las
cuales mediante Iconos y textos, se informe a la comunidad en general de las
restricciones de acceso y circulación por el predio, así como los criterios de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para desarrollar las diferentes
actividades consideradas para el mismo.
Plazo de Ejecución: Un (1) mes.
1.3 Definición de los procedimientos y alternativas para realizar el
aislamiento subsuperficial del predio.
Las cuales deben tener como finalidad interceptar y restringir la migración de
agentes activos de plaguicidas desde el predio hacia zonas contiguas, por
medio del gradiente de velocidad y concentración. Además deberá presentarse
el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica para la
aprobación del Ministerio.
Plazo de Ejecución: Tres (3) meses.
1.4 Recolección y trasteo de los diferentes elementos, insumos, equipos
y maquinaria que se encuentran almacenados en la Zona de Bodegas
Realizar la manipulación, empaque y embalaje, cargue y transporte externo de
los diferentes elementos, insumos, equipos y maquinaria que se encuentran
almacenados de forma temporal en la Zona de Bodegas y los cuales fueron
adquiridos con destino al Proyecto Urbanístico Colombiatón.
Plazo de Ejecución: Uno y medio (1.5) meses.
Los elementos que se hayan incorporado como infraestructura de
mejoramiento de las bodegas, no podrán ser retirados de las mismas, excepto
que estos se encontrarán colocados sobre la superficie de los pisos y paredes
de las bodegas. Así mismo no se podrán retirar los techos y puertas que se
encuentran incorporadas a la estructura de las bodegas.
1.5 Protección de los cuerpos de agua y drenajes de escorrentía
superficial y subsuperficial presentes en la zona.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
Implementación de canales de intersección agua arriba del predio, corrección
y mejoramiento del cauce con el fin de minimizar la infiltración y la solubilización
de agentes activos hidrosolubles. Además deberá presentarse el documento
respectivo de soporte y la sustentación técnica para la aprobación del
Ministerio.
Plazo de Ejecución: Dos (2) meses.
1.6 Construcción de la red de piezómetros para el muestreo de las aguas
subterráneas presentes en la zona de influencia del Colegio CIUDADELA
2000.
Se debe implementar la red de piezómetros para el seguimiento de las
condiciones de Línea Base para el predio y con alcances en la zona en la cual
se localiza CIUDADELA 2000. Realizar muestreos del agua subterránea en
periodos regulares de tres (3) meses, con un muestreo inicial para la definición
de Línea Base de trabajo en los parámetros de agentes activos de plaguicidas
organoclorados, organofosforados y metales (As, Pb, Cd). Además deberá
presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica para
la aprobación del Ministerio.
Plazo de Ejecución. Tres (3) meses.
1.7 Desarrollo para la zona en la cual se localiza el Colegio CIUDADELA
2000, del Muestreo sistemático en retícula regular, tanto en área y
profundidad.
Toma de muestras en el punto medio de los estratos de suelo encontrados, y
mínimo en los tres (3) iniciales. Las muestras deberán ser simples disturbadas
y tomadas en cada Unidad Práctica de Muestreo. Además deberá presentarse
el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica para la
aprobación del Ministerio.
Plazo de Ejecución. Tres (3) meses.
1.8 Las actividades específicas por zonas son las que se presentan a
continuación:
• WB2.
• Elaboración de Exploraciones Geoeléctricas detalladas.
• Muestreo sistemático en retícula regular, tanto en área y profundidad
(punto medio de los estratos de suelo encontrados, mínimo tres (3)).
Las muestras deberán ser simples disturbadas y tomadas en cada
Unidad Práctica de Muestreo.
• WB3.
• Evaluación del sitio denominado como Zona Critica con una red de
muestreo de alta definición, con muestras en el punto medio de cada
estrato encontrado y en todo caso hasta profundidades de 4.5 m.
• Bodegas.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
• Elaboración de Exploraciones Geoeléctricas detalladas.
• Muestreo sistemático en retícula regular, tanto en área y profundidad
(punto medio de los estratos de suelo encontrados, mínimo tres (3)).
Las muestras deberán ser simples disturbadas y tomadas en cada
Unidad Práctica de Muestreo y se debe incluir muestras simples de las
paredes (zona de contacto con los pisos a alturas de 0.25 m y 0.50 m)
y pisos de las mismas.
• AyC.
• Muestreo sistemático en retícula regular, tanto en área y profundidad
(punto medio de los estratos de suelo encontrados, mínimo tres (3)).
Las muestras deberán ser simples disturbadas y tomadas en cada
Unidad Práctica de Muestreo y se debe incluir muestras simples de los
pisos - vías de la misma.
Los muestreos de suelos y la exploración geofísica geoeléctrica deberán ser
efectuados por personas naturales o jurídicas con experiencia reconocida y
verificable en gestión de suelos contaminados y evaluación de suelos
respectivamente.
Los análisis de laboratorio deberán ser efectuados por personas naturales o
jurídicas nacionales o internacionales, que cuenten con las debidas
certificaciones y acreditaciones para la determinación de los parámetros de
interés en matrices de suelo y agua. La selección debe efectuarse en función
de los niveles detección, sensibilidad, método de análisis y equipos para la
técnica analítica.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para la aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Tres (3) meses.
2 Medidas Mínimas a Implementar y Ejecutar en el Mediano Plazo
Las actividades a realizar por parte del BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O
BANCO DE COLOMBIA S.A. DE PANAMÁ., son las siguientes:
2.1 Elaboración del Programa de Seguimiento Epidemiológico.
Este tendrá alcance en las comunidades vecinas del predio, estratificando la
población en edades, sexo, ocupación, permanencia, tiempo de residencia en
la zona, entre otros.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Seis (6) meses.
2.2 Delimitación de las áreas consideradas como contaminadas.
Delimitación y cuantificación de la cantidad másica (TM) y volumétrica (m³)
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
involucrada para cada uno de los transectos evaluados, esto incluye los
posibles materiales catalogados como escombros.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para la aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Cuatro y medio (4.5) meses.
2.3 Definición de los procedimientos y alternativas para la remediación de
las zonas definidas como contaminadas.
Técnicas y procesos de remediación, incluyendo el manejo de los posibles
residuos tipo escombros que se generen. Debe considerar tos aspectos
ambientales, técnicos y económicos, priorizando en aquellos que generan
menor impacto ambiental, riesgo y que garanticen disposición final del suelo
contaminado o eliminación final del agente activo del plaguicida obsoleto
encontrado.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para la aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Seis (6) meses.
2.4 Presentación de los resultados del seguimiento.
Resultados de la red de piezómetros implementada tanto para el Colegio
CIUDADELA 2000, como los del resto del predio. Para este lapso de tiempo se
tiene la línea Base y un (1) muestreo.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para la aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Seis (6) meses.
3 Medidas Mínimas a Implementar y Ejecutar en el Largo Plazo
Las actividades a realizar por parte del BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O
BANCO DE COLOMBIA S.A. DE PANAMÁ., son las siguientes:
3.1 Implementación del aislamiento subsuperficial del predio.
Plazo de Ejecución: Nueve (9) meses.
3.2 Implementación del Programa de Seguimiento Epidemiológico en las
zonas contiguas al predio.
Plazo de Ejecución: Nueve (9) meses.
3.3 Implementación de las alternativas de remediación para las zonas
definidas como contaminadas.
Plazo de Ejecución: Doce (12) meses.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
4 Medidas Mínimas a Implementar y Ejecutar una vez Finalicen las
Actividades Definidas para el Inmediato, Mediano y Largo Plazo.
El tiempo requerido para la remediación del predio, dependerá de la alternativa
técnica y tecnológica seleccionada, tomando plazos cortos para procesos
térmicos y largos para procesos biológicos y los alcances preestablecidos para
la concentración posible de agentes activos de plaguicidas contaminantes en
el suelo. Una vez finalice la remediación, sea por zonas del predio o para el
predio completo, se procederá con las siguientes actividades:
4.1 Realización del contramuestreo para las zonas que se sometieron a
procesos de remediación.
Realización del contramuestreo mediante el muestreo sistemático en retícula
regular, tanto en área y profundidad (punto medio de los estratos de suelo
encontrados, mínimo tres (3)). Las muestras deberán ser simples disturbadas
y tomadas en cada Unidad Práctica de Muestreo.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para la aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Tres (3) meses.
4.2 Definición conjunta con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, de los posibles usos para el predio remediado.
Debe presentarse el documento respectivo de soporte y la sustentación técnica
para la aprobación del Ministerio, el cual deberá contener el plan de trabajo,
metodología, procedimientos, alcances y cronograma detallado de actividades.
Plazo de Ejecución: Un (1) mes.
5 Directrices Técnicas de Referencia
Las Directrices Técnicas de Referencia para el análisis de resultados serán las
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US
EPA) con su procedimiento Metas Preliminares de Remediación (PRG's) con
la consideración de Suelo para Uso Residencial.
PARAGRAFO: Hasta tanto no se realicen las medidas contenidas en la
presente resolución el BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O BANCO DE
COLOMBIA S.A. DE PANAMÁ., deberá de abstenerse de realizar cualquier tipo
de intervención diferentes a las establecidas para el manejo ambiental del
terreno.
ARTÍCULO TERCERO: Reiterarle al BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O
BANCO DE COLOMBIA S.A. DE PANAMA., la obligación de presentar el
programa de muestreo de suelos y de exploración geoeléctrica para la zona de
acceso al predio desde la Estación TRANSELCA hasta WB 3, establecida por
este Ministerio, a través de las Resolución N° 1938 del 07 de Diciembre de
2005, la Resolución N° 0236 del 8 de febrero de 2006 y la Resolución N° 0412
del 03 de Marzo de 2006.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
PARAGRAFO: EI BANCO DE COLOMBIA S.A., Y/O BANCO DE COLOMBIA
S.A. DE PANAMÁ, deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención
en la zona de acceso al predio desde la Estación TRANSELCA hasta WB 3,
hasta tanto no presente el programa de muestreo de suelos y de exploración
geoeléctrica antes mencionado y éste sea analizado y aprobado por este
Ministerio.
ARTÍCULO CUARTO: Las medidas ambientales establecidas a través del
presente acto administrativo, se fijan sin perjuicio de las demás medidas que
para tal efecto determinen otras autoridades relacionadas con el tema.
ARTÍCULO QUINTO: Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio, notifíquese la presente providencia al
representante legal y/o apoderado debidamente constituido del BANCO DE
COLOMBIA S.A., Y/O BANCO DE COLOMBIA S.A. DE PANAMÁ.
ARTÍCULO SEXTO: Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio, comunicar el presente acto administrativo al
Ministerio de la Protección Social, a la Alcaldía Municipal de Cartagena de
Indias, Distrito Turístico y Cultural, a la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique CARDIQUE, al Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena EPA, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios, a la Defensoría del Pueblo y a la Fundación COMPARTIR.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición, únicamente en contra de los Artículos Primero, Segundo
y Cuarto, el cual podrá interponerse personalmente y por escrito ante el
funcionario que toma la presente decisión, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar,
con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 52 y concordantes del
Código Contencioso Administrativo, contra el Artículo Tercero del presente acto
administrativo no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía»”.3
4. La parte Resolutiva de la Resolución 2722 del 28 de diciembre de 2006,
literalmente indica:
«MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCIÓN NÚMERO
(2722)
28 DIC 2006
“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 1247 DEL 30 DE JUNIO
DE 2006 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”
LA ASESORA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AMBIENTE.
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
3 Folios 121 a 160 ibidem.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
En ejercicio de las facultades delegadas por la Ministra de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución 2116 del 2005, y en
especial las otorgadas por la Ley 99 de 1993, la Ley 790 de 2002, el
Decreto 1220 de 2005, El (Sic) Decreto 216 de 2003 y el Decreto 3266 de
2004, y
(…)
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar la solicitud de pruebas
1.3 Presupuestos fácticos
5. Por medio de escritura pública número 1460 de 14 de octubre de 1969 de la
Notaria Primera de Cartagena, la Federación Nacional de Algodoneros (en adelante
Federalgodón), adquirió el lote identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060-
19113 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, con una
cabida de aproximadamente 446.000 m2 de extensión, ubicado en la jurisdicción
del Municipio de Cartagena, Corregimiento de Ternera.
6. A través de escritura pública número 6091 de 22 de diciembre de 1987 de la
Notaria 18 de Bogotá, Federalgodón transfirió el lote a que se ha aludido, a título
de dación en pago al Banco de Colombia S.A. de Panamá – filial Banco de
Colombia SA.
7. Mediante escritura pública número 665 de 9 de marzo de 1993 de la Notaria
Segunda de Cartagena, el Banco de Colombia S.A. de Panamá - filial del Banco de
Colombia S.A., transfirió ese lote, a título de compraventa, al Fondo de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena de Indias (en adelante
Corvivienda), para la construcción de proyecto urbanístico Ciudadela 2000.
8. Por medio de Resolución número 0142 del 15 de junio de 1994, el Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (en adelante
Inderena) otorgó licencia ambiental para el mencionado proyecto.
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9. Tras visita de inspección al lote por parte del Inderena se evidenciaron residuos
sólidos que condujeron a la expedición de la Resolución número 155 del 25 de julio
de 1994, por la cual se suspendió la anotada licencia ambiental y se ordenó a
Corvivienda obtener información de Federalgodón sobre la cantidad de material
tóxico que se encontraba en el predio y tomar muestras de laboratorio para
determinar el alcance de la contaminación.
10. El Ministerio mediante Resolución número 118 de 8 de febrero de 1995, resolvió
i) avocar el conocimiento del expediente de residuos tóxicos encontrados en
terrenos de la urbanización Ciudadela 2000, de propiedad de Corvivienda; ii)
imponer a Corvivienda la realización de los estudios y actividades descritas en ese
acto orientadas a determinar la naturaleza y características de los daños; iii)
ordenar la suspensión de la construcción de la quinta etapa y de los trámites
relacionados con la construcción de un centro de abastos en predios vecinos; (iv)
abstenerse de otorgar licencias de construcción a proyectos del entorno; y v) abrir
investigación por violación a la normativa ambiental vigente.
11. Frente a esa resolución, Corvivienda interpuso recurso de reposición, el cual
fue resuelto a través de la Resolución número 1290 de 31 de octubre de 1995, que
modificó las actividades impuestas en el sentido de autorizar a la memorialista la
realización del muestreo con la última tecnología adoptada por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
12. El 28 de junio de 1996, Covivienda y Banco de Colombia SA. y Banco de
Colombia SA de Panamá, celebraron un contrato de transacción, elevado a
escritura 4865 de 28 de diciembre de 1996, en el cual se pactaron deberes
relacionados con la descontaminación del lote así como que la demandante tendría
el 50% de la propiedad del predio y el restante sería de Corvivienda sin gravámenes
de ninguna naturaleza.
13. El contrato de transacción fue aclarado mediante escritura 1140 de 25 de mayo
de 1999, frente al área de los lotes que fueron objeto de división, quedando así:
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➢ «[…] Santa Elena Lote No. 1 de propiedad de BANCOLOMBIA S.A.,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060-176824: 21 Hectáreas
1778,72 M2.
➢ Santa Elena Lote No. 2 de propiedad de CORVIVIENDA, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 060-176825: 22 Hectáreas 5173,98 M2. […]».
14. El Ministerio mediante Auto 135 del 13 de marzo de 1997, invocó el contrato de
transacción para requerir al Banco de Colombia S.A. y al Banco de Colombia S.A.
de Panamá, que allegaran con destino al expediente, los resultados de los estudios
y evaluaciones impuestos a Corvivienda en las Resoluciones 118 de 1995 y 1290
de 1995, dado que entendió que era deber de la demandante descontaminar todo
el predio. Adicionalmente, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique (en adelante Cardique), no conceder licencias ambientales a proyectos
cercanos al lote.
15. El Banco de Colombia SA. y Banco de Colombia SA de Panamá mediante
comunicación de fecha 22 de abril de 1997, dieron cumplimiento a los
requerimientos contenidos en el auto mencionado, adjuntando para el efecto los
estudios, evaluaciones y demás documentos requeridos; ante lo cual, la parte
demandada, por Resolución 0976 de 5 de noviembre de 1997, resolvió cesar todo
procedimiento contra Corvivienda, por la presunta responsabilidad establecida en
la Resolución 118 de 8 de febrero de 1995 y abrir investigación contra la Federación
Nacional de Algodoneros, como presunto generador y responsable de la
contaminación ambiental.
16. El Ministerio, con base en los estudios presentados por los Bancos, profirió la
Resolución 0578 de 2 de julio de 1998, por la cual les ordenó utilizar como
alternativa de remediación el confinamiento in situ de los suelos contaminados
detectados en lote Santa Elena de 44 hectáreas en las zonas A, B, C, D, WB-II,
WB-1 Y M, para lo cual les exigió la presentación para evaluación de los diseños y
recomendaciones técnicas especificadas en dicha resolución.
17. El Banco de Colombia SA. y Banco de Colombia SA de Panamá interpusieron
recurso de reposición que fue desatado mediante Resolución 883 del 11 de
septiembre de 1998, modificando el plazo de entrega de la información.
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18. La demandante, mediante comunicación de fecha 10 de noviembre de 1998,
entregó los diseños, estudios y recomendaciones técnicas para desarrollar las
obras del confinamiento in situ y que le habían sido requeridos a través de la
resolución 0578 de 1998.
19. Los diseños y especificaciones técnicas fueron aprobados por el Ministerio del
Medio Ambiente en la Resolución 0024 de 15 de enero de 1999.
20. El Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución 357 de 6 de abril de
2000, levantó la medida de suspensión de la construcción de la llamada “Quinta
Etapa del Proyecto Ciudadela 2000”, de los trámites relacionados con la
construcción de abastos dejando la posibilidad abierta para que la alcaldía de
Cartagena concediera licencias de construcción en proyectos del entorno. Ordenó
a Bancolombia ejecutar el programa de monitoreo en estricto cumplimiento de la
Resolución 0024 del 15 de enero de 1999 y realizar mantenimiento al área de
confinamiento.
21. El Banco interpuso recurso de reposición que fue resuelto por medio de
Resolución 0731 del 19 de julio de 2000 cambiando el radio de 100 metros del
centro del área confinada a 15 metros a partir del cercado del área confinada como
autorizada para la construcción. Incluyó el cumplimiento del programa de monitoreo
y seguimiento al componente de suelos y la presentación de informes semestrales
de mantenimiento y monitoreo a Cardique, así como la obligación de informar al
demandado la transferencia de dominio del inmueble, si se llegase a producir.
22. En el año 2004, Bancolombia S.A. entregó la mera tenencia del lote
denominado Santa Elene Lote No. 1, con matrícula 060-176824, a la Fundación
Compartir (en adelante la Fundación), lugar donde se inició el desarrollo del
proyecto urbanístico denominado “Colombiaton”.
23. A través de Auto 2072 del 22 de noviembre de 2005, el Ministerio requirió a
Bancolombia el resultado de los análisis del suelo, agua, perfil epidemiológico de
barrios aledaños y la autorización de las autoridades ambientales y distritales para
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la construcción del enunciado proyecto y el uso de antiguas bodegas en atención a
lo que dispusieron las Resoluciones 0578 de 1998, 0357 de 2000 y el Auto 361 de
2005.
24. El día 23 de junio de 2005, algunos habitantes de la Urbanización Simón
Bolívar, presentaron una queja telefónica a Cardique por la presencia de olores
ofensivos generados durante las excavaciones realizadas,producidos por la
presencia de residuos de agentes activos de plaguicidas organoclorados obsoletos.
25. Lo anterior originó la suspensión de las obras como medida preventiva expedida
por Cardique a través de Resolución 0456 del 29 de junio de 2005. Allí también se
ordenó la adopción e implementación de un plan de contingencia.
26. El Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena, también impuso
medida preventiva de suspensión de obras a la Fundación al emitir la Resolución
147 del 19 de julio de 2005.
27. La parte demandada, mediante Resolución número 1938 de 7 de diciembre de
2005, avocó conocimiento de la queja del 23 de junio de 2005 y le impuso a
Bancolombia una serie de medidas ambientales, tendientes a establecer la
naturaleza y características de los daños.
28. Esta resolución fue objeto de recurso, el cual fue resuelto a través de la
Resolución 236 de 8 de febrero de 2006, que rechazó el recurso de apelación y
resolvió la reposición en el sentido de indicar que al Programa de eliminación Final
de los residuos y materiales almacenados en el área de confinamiento in situ deberá
ser implementado una vez terminen los programas de seguimiento y monitoreo
establecidos en el artículo 6 de la Resolución 0578 de 1998, confirmada en
Resolución 0883 de 1998.
29. La parte demandante mediante escritos de 27 de febrero y 2 de marzo de 2006,
presentó las propuestas de muestreo de suelos y exploración geoeléctrica de las
zonas WB2, WB3 y bodegas C y A del lote identificado con matrícula inmobiliaria
060-176824 en desarrollo de lo ordenado en las Resoluciones 1938 de 2005 y 0236
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de 2006 (artículos 5y 6).
30. Por medio de Resolución 412 del 3 de marzo de 2006, el Ministerio estableció
los programas de suelo y exploración geoeléctrica de Bancolombia a implementar
en el lote donde se desarrollará el proyecto Colombiatón, de acuerdo con las
directrices allí fijadas tendientes a establecer la naturaleza y características de la
posible contaminación de suelos.
31. Bancolombia respondió los días 2 y 3 de mayo de 2006 con la entrega de
informes «Evaluación de riesgo ambiental y de salud» y «Ensayos geoeléctricos
para la determinación de la posible presencia de recipientes metales o plásticos
enterrados» y la entrega de informe de resultados 06-460.
32. Analizados los documentos presentados y evaluados por el Grupo de
Evaluación de la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de la
parte demandada, quien emitió el Concepto Técnico 886 de 15 de junio de 2006, el
Ministerio profirió la Resolución número 1247 de 30 de junio de 2006 (acusada).
33. Presentado el recurso de reposición, fue desatado a través de Resolución 2722
de 28 de diciembre de 2006.
1.4 Concepto de la violación
1.4.1. Primer cargo: Actos acusados expedidos por funcionario sin
competencia
34. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 29 y 122 de la
Constitución Política, artículo 5 de la Ley 489 de 1998 y la Resolución 2116 de 21
de diciembre de 2005.
35. Argumentó que la violación de estas normas se presenta porque la delegación
establecida en el artículo 1º de la Resolución 2116 de 21 de diciembre de 2005 del
Ministerio del Medio Ambiente, no faculta a la funcionaria que expidió las decisiones
enjuiciadas a imponer las medidas ambientales preventivas ni correctivas, en
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aplicación del principio de precaución.
36. Sostuvo que las prerrogativas reconocidas lo fueron para otorgar, negar,
modificar o ceder licencias ambientales, expedir dictámenes técnicos, planes de
manejo ambiental, resolver los recursos, entre otros, pero no para la emisión de los
actos que se censuran.
1.4.2. Segundo cargo: Bancolombia no es responsable de la remediación
pues no es generador ni fabricante de plaguicidas
37. Indicó como violadas las siguientes disposiciones: artículos 1, 6, 7, 8 y 9 de la
Ley 430 de 1998; y 7, 8, 9 y 10 del Decreto 1443 de 2004 y el Decreto 4171 de
2005.
38. Aseguró que la violación de estas normas se presenta porque los actos
acusados no imponen medidas preventivas tendientes a impedir un daño ambiental
sino que son en realidad unas medidas de remediación, que de acuerdo con la Ley
están a cargo del generador del daño (Ley 430 de 1998 y Decreto 1443 de 2004) y
no del propietario del terreno en el que se encuentran los residuos.
39. En ese orden, como Bancolombia no funge como generador, ni fabricante, ni
receptor de los plaguicidas que se encontraron en el predio, entonces no era viable
la imposición de actividad a su cargo.
1.4.3. Tercer cargo: Indebida aplicación del principio de precaución
40. Expuso como trasgredido el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, en
consideración a que los actos acusados determinan unas actividades que exceden
los límites legales del principio ambiental de precaución, que deben estar
orientadas a precaver daños de manera temporal y que no pueden ser indefinidas
ni infinitas como lo pretende la parte demandada.
41. Aseguró que las medidas adoptadas son de remediación y por ende no
responden a impedir la degradación del medio ambiente; al tiempo que son
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desproporcionadas e ineficaces económicamente.
42. Estimó que van más allá del daño ambiental cuya prevención tiene sentido con
el principio de precaución porque se dirigen a la reparación de daños a la salud que
son de responsabilidad del generador exclusivamente.
43. Afirmó que también son discriminatorias porque en situaciones idénticas ha sido
el Ministerio el que ha asumido obligaciones con ese raigambre. Para el efecto trajo
a colación el caso del Copey, en la que por virtud de una tutela impetrada contra
Federalgodón y su liquidación, fue la demandada la que asumió la gestión de
eliminación de los residuos de plaguicidas obsoletos generados por la citada
federación.
1.4.4. Cuarto cargo: Bancolombia S.A. no es propietario de 44 hectáreas
44. Invocó como vulneradas las siguientes disposiciones: el artículo 6º de la Ley
430 de 1998, artículos 7 al 11 del Decreto 1443 de 2004 y artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo.
45. Confirmó que la violación de estas normas se presenta porque en los actos
acusados se señala que el demandante es propietario de 44 hectáreas; sin
embargo, sólo es propietario de 21 hectáreas, según la escritura 4865 de 1996
aclarada con escritura 1140 de 1999; por lo cual, la responsabilidad debe limitarse
al predio de su propiedad.
1.4.5. Quinto cargo: Alcance del contrato de transacción: efectos interpartes
y objeto cumplido
46. Señaló como infringidas las siguientes disposiciones: artículos 1602 y 2469 del
Código Civil, en atención a que en los actos acusados se señaló que el demandante
está obligado a ejecutar las medidas de remediación en el lote de 44 hectáreas; sin
embargo, la parte demandada incurrió en 4 errores, a saber: i) el acreedor de la
obligación en el contrato es Corvivienda; ii) la obligación asumida en el contrato fue
respecto a las 15 canecas encontradas; iii) todo se cumplió; y iv) la obligación de
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Bancolombia S.A. existe solo en cuanto Corvivienda fuese hallado responsable.
47. Adujo que no era cierto que Bancolombia conociera de la contaminación de
todo el lote y menos aún que se hubiera obligado a la descontaminación total.
Destacó que el contrato de transacción era claro al señalar que Bancolombia
asumió las obligaciones impuestas a Corvivienda en la Resolución 118 de 1995 que
fue modificada por la 1290 de ese mismo año.
48. Si ello es así, no es procedente entonces que el Ministerio entienda que con
fundamento en el contrato de transacción Bancolombia haya asumido la
responsabilidad de eventos y litigios futuros por contaminaciones que no eran
conocidas, con otros productos y en otros lugares que no son de su propiedad.
1.4.6. Sexto cargo: Indebida aplicación del Decreto 4741 de 2005
49. Indicó como desconocidas las siguientes disposiciones: Decreto 4741 de 2005,
Decreto 1443 de 2004, y artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
50. Explicó que el Decreto que en gracia de discusión resultaba aplicable era el
1443 de 2004 que regula la contaminación con plaguicidas, por lo que al ser una
norma especial, prima sobre el Decreto 4171 de 2005.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
51. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, afirmando que el cargo
de falta de competencia se encontraba respaldado en la resolución 2116 del 21 de
diciembre de 2005 y en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998.
52. Resaltó que lo que buscan los actos cuestionados es minimizar, remediar,
reparar y controlar el daño causado al ambiente y a la salud de las personas que
directa o indirectamente puedan afectarse con suelos contaminados.
53. Sostuvo que no era desproporcional dado el factor de riesgo por la existencia
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de recipientes con residuos de plaguicidas en el suelo y que la aplicación del
principio de precaución era viable dada la carencia de certeza científica.
54. La apoderada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA-
mediante escrito radicado en la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 23 de enero de 2018, se refirió al cumplimiento
de las órdenes impartidas en los actos acusados, señalando que la parte
demandada impuso el deber de implementar y ejecutar medidas mínimas
ambientales en el inmediato, mediano y largo plazo; con el fin de minimizar el riesgo
para el componente socioeconómico en especial de la comunidad vecina, barrios
San Fernando, Simón Bolívar, Ciudadela 2000 y Villa Corelca y para los
componentes biótico (flora y fauna acuática terrestre asociada al Caño Simón
Bolívar-Ciénaga de la Virgen) y abiótico (calidad del agua superficial y subterránea,
calidad del suelo y calidad del aire por dispersión atmosférica de contaminantes)
del área de influencia del predio.
55. Señaló que ha venido realizando seguimiento y control ambiental a las
obligaciones derivadas de los actos administrativos, indicando que el último fue
realizado a partir de la visita técnica del 05 de agosto de 2016 y el análisis de la
información remitida por el titular del instrumento de manejo y control ambiental,
Bancolombia S.A., para el período 2016, dando como resultado la emisión del
Concepto Técnico No. 3365 del 17 de julio de 2017, acogido por el Auto 3764 del
30 de agosto de 2017.
56. Afirmó que una vez analizadas cada una de las obligaciones establecidas, las
de carácter temporal y aquellas de orden permanente, respecto de las cuales
corresponde hacer un seguimiento y pronunciamiento por la vida útil del proyecto
se evidenció que hay obligaciones que no han sido cumplidas, en virtud de que el
titular del instrumento ha presentado información insuficiente, lo cual ha llevado a
que sean objeto de requerimientos reiterados, con el fin de velar por su ejecución y
cumplimiento.
57. En ese orden de ideas, y entendiéndose que las medidas ambientales fueron
establecidas en pro de velar por la minimización de la generación de posibles
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impactos ambientales en los medios biótico, abiótico y socioeconómico, como
resultado del pasivo ambiental existente en el predio denominado Santa Elena, de
propiedad de la empresa Bancolombia S.A., no es posible afirmar que existe un
cumplimiento total a las obligaciones impuestas en los actos acusados, en especial,
teniendo en cuenta que algunas han sido de recurrente incumplimiento, como lo
evidencian los actos administrativos proferidos a la fecha y que reposan en el
expediente LAM0021.
III. SENTENCIA
58. La Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia proferida el 18 de julio de 20194, resolvió:
“[…] PRIMERO. – DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por
la parte demandada.
SEGUNDO. – DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la presente providencia […]”.
3.1. Primer cargo: Actos acusados expedidos por funcionario sin
competencia
59. Consideró que la funcionaria que expidió los actos acusados sí tenía la facultad
para hacerlo, conforme los numerales 1 y 2 del artículo 1º de la Resolución 2116
de 2005, el numeral 11 del artículo 4º del Decreto 3266 de 2004; los artículos 1, 2,
4, 5 (numeral 2) y 9 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 1 y 20 del Decreto 1220 de
2005.
3.2. Segundo cargo: Bancolombia no es responsable de la remediación pues
no es generador ni fabricante de plaguicidas
60. Determinó que los actos acusados imponen medidas ambientales para el
manejo de los plaguicidas, la prevención y manejo seguro de los desechos o
residuos peligrosos y en los cuales no se cuestionó su fabricación; en
4-Cuaderno número 4, folios 425 a 502
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consecuencia, responsabilizó a la parte demandante de la gestión que realizó sobre
el manejo de los residuos tóxicos como propietario del predio donde se encontraron
enterrados.
61. Estimó que el contrato de transacción suscrito entre Bancolombia y Corvivienda
y la dación en pago del 50% del lote Santa Elena, determinaban la responsabilidad
de la actora en la contaminación de los suelos del 100% del predio (artículo 2407
del Código de Comercio).
62. Señaló que la parte demandante debía asumir la carga de atender la función
ecológica de la propiedad (artículos 58,79, 80 y 332 Superiores en consonancia con
el artículo 669 del Código Civil), en concordancia con el artículo 7º del Decreto 1443
de 2004 y los artículos 3º, 11 y 18 del Decreto 4741 de 2005; y en virtud de las
obligaciones contraídas por la parte demandante en el contrato de transacción
celebrado con Corvivienda el 28 de junio de 1996 y ratificado mediante escritura
4865 de 28 de diciembre de 1996.
3.3. Tercer cargo: Indebida aplicación del principio de precaución
63. Adujo que Bancolombia no ha sido llamado a responder por ser generador sino
a propósito del contrato de transacción celebrado con Corvivienda con fundamento
en el cual se comprometió a descontaminar la totalidad del inmueble Santa Elena.
64. De cada una de las medidas impuestas hizo una comparación con el reproche
de legalidad y el concepto técnico junto a los testimonios practicados, de todo lo
cual concluyó que no se trasgredía el principio de precaución.
65. Advirtió que no se comprobaba trato discriminatorio alguno porque el parámetro
de comparación es una sentencia emitida en una acción de tutela, respecto de la
cual se lleva a cabo un juicio de constitucionalidad distinto al de legalidad que ocupó
al Tribunal. Agregó que las órdenes emitas en la providencia que trae a colación se
hicieron con cargo a Federalgodón.
3.4. Cuarto cargo: Bancolombia S.A. no es propietario de 44 hectáreas
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66. Para el Tribunal no es dable limitar la responsabilidad ambiental de la parte
demandante al 50% de su propiedad, toda vez que en virtud del contrato de
transacción celebrado con Corvivienda es dable inferir que se comprometió a
adelantar el proceso de descontaminación de todo el predio Santa Elena,
incluyendo la parte que no le fue cedida.
3.5. Quinto cargo: Alcance del contrato de transacción: efectos interpartes y
objeto cumplido
67. De la lectura de las cláusulas 3, 9 y de la que declara a las partes a paz y salvo
previstas en la Escritura Pública 4856 del 28 de diciembre de 1996 y del artículo
2483 del Código Civil, coligió que las áreas a descontaminar no pueden limitarse a
las señaladas por el Banco sino a todo el predio; actividad que no ha sido cumplida.
3.6. Sexto cargo: Indebida aplicación del Decreto 4741 de 2005
68. Determinó que el Decreto 1443 de 2004 no resulta aplicable al presente asunto,
pues los actos suponen actividades tendientes a minimizar el riesgo generado por
la contaminación y respecto de Bancolombia como propietario del lote y no como
generador de los residuos que causan la afectación.
3.7. Hecho sobreviniente
69. Se refirió al hecho alegado en el escrito de alegaciones finales presentado por
Bancolombia para indicar que la sentencia del 23 de septiembre de 2014 por medio
de la cual se declaró a Federalgodón civil y extracontractualmente responsable de
los perjuicios ocasionados a Bancolombia vinculado a la contaminación del Lote 1,
no comportaba un argumento suficiente para la prosperidad de la pretensión de
nulidad que se ventilaba en el asunto bajo examen, porque lo definido allí tenía
carácter indemnizatorio que es distinto a la actuación administrativa dirigida a
prevenir una mayor afectación de los recursos por la contaminación que generaron
residuos de plaguicidas.
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3.8. Estado actual
70. Refirió las demás resoluciones adoptadas por el Ministerio demostrativas de
que a la fecha de emisión de esa sentencia no se habían cumplido las obligaciones
impuestas a la accionante desde 1995 con la Resolución 118.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
71. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos, frente a la decisión de los cinco primeros cargos:
4.1. Alcance del contrato de transacción: efectos interpartes y objeto
cumplido
72. Aseveró que no fue acertada la decisión del Tribunal, al considerar que el
contrato de transacción de 28 de junio de 1996 entre el Banco y Corvivienda
constituía el fundamento jurídico para imponer las obligaciones ambientales, toda
vez que la cláusula tercera de ese negocio fue elaborada en relación con la “causa
considerada”, es decir, terminar el proceso iniciado por Corvivienda, la Fiduciaria
de Caldas y la Fiduciaria Tequendama contra Bancolombia en 1994, en relación
con 15 canecas enterradas en el lote con residuos sólidos.
73. Adujo que son las partes las que delimitan en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, el alcance de las obligaciones que pactan y que sólo el juez del contrato
puede invalidarlas, por lo que no era viable que el MADS se hiciera parte del
negocio jurídico cuando no lo suscribió.
74. Reiteró que existía una violación al principio de la relatividad de los contratos
porque el acreedor de Bancolombia era Corvivienda y no el Ministerio, luego solo
aquella puede reclamarle a Bancolombia por el incumplimiento negocial.
75. Resaltó que tanto el Juzgador de Primera Instancia como el accionado
desconocieron el objeto de la obligación pactada extendiéndola a cualquier causa
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sobreviniente, desconociendo que esa obligación ya fue cumplida por medio de un
contrato de saneamiento y el deber de Bancolombia existe solo en cuanto
Corvivienda sea hallado responsable, no para cualquier evento.
76. Insistió en que Bancolombia no conocía la existencia de más contaminantes,
pues la resolución del Ministerio se expidió 9 años después del contrato de
transacción, por lo que resultaba ilógico que un banco se obligara a ciegas, con
objeto ilimitado, por cuantía desconocida, de manera indefinida y frente a cualquier
persona a reparar todos los daños que resulten en un lote que no le pertenece sin
ninguna contraprestación.
77. Concluyó que la motivación de los actos censurados era equivocada e
improcedente.
4.2. Actos acusados expedidos por funcionario sin competencia
78. Refutó que los actos acusados fueron expedidos por funcionario con
competencia para ello, pues los mismos no se expidieron en el marco del trámite
de otorgamiento de una licencia ambiental, teniendo en cuenta que la parte
demandante no solicitó trámite semejante para el lote de Santa Elena.
79. Además, resaltó los numerales 1 y 2 de la Resolución 2116 de 2005 y el numeral
11 del artículo 4º del Decreto 3266 de 2004 no facultan a la asesora del despacho
del viceministro de ambiente, Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales, para imponer medidas ambientales de prevención, corrección o
remediación ajenas al trámite de licenciamiento ambiental.
4.3. Bancolombia no es responsable de la remediación pues no es generador
ni fabricante de plaguicidas
80. Indicó que el Tribunal reconoció que el daño lo generó un tercero pero se lo
atribuyó a Bancolombia.
81. Resaltó que las medidas que se imponen son de remediación y muy pocas de
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prevención, y que si eso era así por mandato del artículo 6º de la Ley 430 de 1998,
estaban a cargo del generador de residuos contaminantes y no a cargo del
propietario del inmueble.
4.4. Indebida aplicación del principio de precaución y de prevención
82. Indicó que los actos acusados excedieron de los límites legales del principio
ambiental de precaución y de prevención, pues las medidas impuestas en los actos
demandados que tienden a reparar los daños no son medidas ni de precaución ni
de prevención sino medidas resarcitorias, las cuales deben ser asumidas por el
causante del daño.
83. Insistió en que el principio de precaución era fuente para expedir medidas de
prevención y no de remediación y que lejos de ser medidas urgentes para evitar
daños, son definitivas tal y como lo ilustró en un cuadro comparativo.
4.5. Bancolombia S.A. no es propietario de 44 hectáreas
84. Aseveró que las consideraciones del tribunal en torno al contrato de mandato
no resultaban aplicables a este caso, cuando estaba demostrado que el Banco sólo
es propietario de 21 hectáreas (1778.72 M2) conforme se acreditó con las escrituras
públicas y el registro de instrumentos públicos aportados con la demanda.
V. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
85. El Despacho Sustanciador mediante auto de 17 de septiembre de 2019, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida en primera instancia el 18 de julio de 2019, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
86. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación, el Despacho
Sustanciador, mediante auto proferido el 23 de octubre de 2019, corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera el concepto.
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VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
87. La parte demandante, mediante escrito radicado, el 12 de noviembre de 2019,
ante la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
88. La parte demandada guardó silencio.
VII. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
89. En la etapa procesal correspondiente a alegatos de conclusión, la Agencia del
Ministerio Público no emitió pronunciamiento.
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
90. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en los artículos 129 del CCA y en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
del presente asunto, en segunda instancia.
91. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
8.2. Del cargo relacionado con la violación del principio de prevención
92. De manera previa a plantear los problemas que correspondan, la Sala observa
que en el recurso de apelación se introdujeron cuestionamientos de legalidad en el
marco del cargo de violación al principio de precaución que no fueron propuestos
en la demanda inicial, concretamente el relacionado con la presunta infracción del
principio de prevención.
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93. En ese orden, es menester resolver si es procedente que en el recurso de
alzada interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, se agreguen
cargos que no fueron planteados en la demanda.
94. Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 137 y 208 del CCA5, la oportunidad que tiene el extremo activo de la litis
para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera pertinentes para
atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de lo Contencioso
Administrativo es en la demanda o en su reforma.
95. Siendo ello así, y habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho referencia
no fueron formulados en el momento procesal oportuno, esto es, en el libelo
introductorio ni se presentó reforma a ese escrito, no puede la Sala abordarlos, so
pena de desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa
de que es titular la parte demandada al no haber tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre ellos en primera instancia.
96. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la
contestación y el decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:
«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
5 «Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa
deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia»
(Subrayas de la Sala).
«Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de fijación en lista
podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en
el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.
Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá
directamente con éste.» (Subrayas de la Sala).
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contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o
negativamente, los límites de su potestad”6. En últimas, representa “un principio
general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con
el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en
todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la decisión”7.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el
principio de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes
(petitum) y lo resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará
contra él allí donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue
demandado por la parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la
verificación de la congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo
decidido con lo reclamado por las partes. En materia de contencioso de
anulación de actos administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción y
las formalidades que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de
los cargos de invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su
fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no
puede fallar lo pedido desbordando los cargos formulados por la parte actora»8.
(Subrayas de la Sala).
97. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:
«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y
los argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida,
en primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación
hechos, cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la
demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el
estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en
el proceso”»9 (Subrayas de la Sala).
6 Sentencia T-450 de 2001.
7 Sentencia T-592 de 2000.
8 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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98. De modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.3. Del cargo de falta de competencia
99. En el escenario descrito, de lo primero que se encargará la Sala es de
determinar si son nulos por falta de competencia, los actos administrativos a través
de los cuales la Asesora del Despacho del Viceministro de Ambiente, Dirección de
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, impuso la ejecución de unas
actividades a la demandante a título de medidas de remediación, si a juicio de la
demandante el acto de delegación ni las funciones propias del cargo la habilitaban
para el efecto.
100. Resolver tal problema impone referir el marco normativo bajo el cual fueron
expedidas las Resoluciones 1247 y 2722 las dos de 2006 (enjuiciadas).
101. A folios 153 y 219 del Cuaderno número 1, en donde constan los actos
acusados, se invocó el numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, que a la letra
dice:
«Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente:
(…)
16. Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo
ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos
de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades
o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte,
beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y
ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese
lugar;»
102. También se fundamentó en los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, que
son del siguiente tenor:
«Artículo 9º.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley,
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podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso,
los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes,
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión
de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en
los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios
de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución
Política y en la presente Ley.
Parágrafo.- Los representantes legales de las entidades descentralizadas
podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios
establecidos en la presente Ley, con los requisitos y en las condiciones que
prevean los estatutos respectivos.»
«Artículo 12º.- Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos
por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en
cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el
delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo.
Parágrafo.- En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma
expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y penal al
agente principal.»
103. Integra el soporte normativo el Decreto Ley 216 del 3 de febrero de 2003, «por
el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones».
104. Igualmente, se invocó el artículo 4 del Decreto 3266 del 8 de octubre de
200410, que pasa a transcribirse:
10«Por el cual se modifica la Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial».
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«Artículo 4°. La Dirección de Licencias Permisos y Trámites Ambientales, del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tendrá a cargo las
siguientes funciones:
1. Generar directrices y orientaciones dentro del proceso de evaluación que
debe surtirse con ocasión de la expedición de licencias ambientales y demás
autorizaciones ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
2. Elaborar los proyectos de normas, en coordinación con la Oficina Asesora
Jurídica, relacionados con el licenciamiento ambiental y demás permisos
ambientales de competencia de las autoridades que componen el SINA.
3. Garantizar y hacer efectivos los mecanismos de participación ciudadana de
que trata la Ley 99 de 1993, relativos al licenciamiento ambiental y demás
autorizaciones ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
4. Proponer y aplicar las metodologías y criterios técnicos para la evaluación
de los estudios ambientales y para la expedición, seguimiento y monitoreo de
las licencias ambientales y emitir los respectivos conceptos técnicos de
acuerdo con la ley.
5. Evaluar y conceptuar sobre la viabilidad ambiental de los proyectos a partir
de los estudios ambientales presentados por los interesados en el otorgamiento
de las licencias ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
6. Elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales
se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de
manejo y control ambiental de competencia del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, así como los actos administrativos que sean
necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el
licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.
7. Generar mecanismos con miras a optimizar y hacer más eficiente el
procedimiento para otorgar o negar licencias ambientales y demás
instrumentos de manejo y control ambiental de competencia del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con las
dependencias competentes.
8. Custodiar e Implementar estrategias administrativas tendientes al correcto
manejo de la información de los expedientes relativos al procedimiento de
licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental.
9. Implementar en coordinación con las dependencias competentes,
estrategias tendientes a la sistematización de los procesos relacionados con el
Licenciamiento.
10. Elaborar, revisar y expedir los actos administrativos en relación con la
aplicación del principio de rigor subsidiario de que trata el artículo 63 de la Ley
99 de 1993, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Sectorial
Sostenible, quien emitirá el respectivo concepto técnico.
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11. Adelantar las actuaciones administrativas y expedir los correspondientes
actos administrativos respecto de la imposición de sanciones y/o medidas
preventivas en relación con las obligaciones contenidas en las licencias
ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental.
12. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la
naturaleza de la dependencia.»
105. Cita la Resolución 2116 del 21 de diciembre de 2005, en su artículo 1º que
dispone:
«ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en la funcionaria Martha Elena Camacho
Bellucci, Asesor Código 1020 Grado 13, de la Dirección de Licencias, Permisos
y Trámites del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
siguientes funciones:
1. Suscribir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan,
niegan, modifican y ceden las licencias ambientales, dictámenes técnicos
ambientales, planes de manejo ambiental, de competencia del Ministerio.
2. Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los actos
administrativos expedidos con fundamento en el numeral anterior.
3. Suscribir los actos administrativos relacionados con las sustracciones de
reserva de carácter nacional.
4. Suscribir los actos administrativos en relación con la aplicación del principio
de rigor subsidiario de que trata el artículo 63 de la Ley 99/93.
5. Resolver los conflictos cuando exista colisión o concurrencia de
competencias entre autoridades ambientales.
6. Suscribir los actos administrativos a través de los cuales se aprueben las
licencias ambientales para explotaciones mineras y de construcción de
infraestructura vial otorgadas por las Corporaciones de Desarrollo Sostenible
del Norte y del Oriente Amazónico – CDA del sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONÍA y del Chocó - CODECHOCÓ.
7. Presidir las audiencias públicas administrativas sobre decisiones
ambientales.
8. Suscribir los edictos mediante los cuales se convoca la celebración de las
audiencias públicas citadas en el numeral anterior». (Subrayas de la Sala).
106. Finalmente, se apoya en el artículo 1 la Resolución 2201 del 29 de diciembre
de 200511, en el cual se ajustó el manual específico de funciones y competencias
laborales de la planta de personal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
11 Solicitada mediante auto del 15 de octubre de 2025, visto en el índice 17 de SAMAI.
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Territorial, precisando el alcance de las funciones del Asesor Código 1020 Grado
13, así:
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107. Del contenido de las anotadas normas es viable concluir que las atribuciones
conferidas al Asesor Código 1020 Grado 13 en el acto de delegación visto en la
Resolución 2116, estaban encaminadas a expedir los siguientes actos: (i) los que
otorgaran, negaran, modificaran o cedieran licencias ambientales, dictámenes
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técnicos ambientales, planes de manejo ambiental y los que resuelven los recursos
de reposición interpuestos contra esas decisiones, (ii) los de sustracción de
reservas de carácter nacional, (iii) los relacionados con la aplicación del principio
de rigor subsidiario, (iv) los que aprueben licencias ambientales para explotaciones
mineras y de construcción de infraestructura vial otorgadas por dos Corporaciones
Autónomas (Corpomazonía y Codechocó) y los que convocan a las audiencias
públicas para la aprobación de esas licencias.
108. También se reconocieron expresas facultades para desatar conflictos de
competencia entre autoridades ambientales y presidir audiencias públicas sobre
decisiones ambientales.
109. Ahora, de la revisión de la Resolución 2201 de 2005 se desprende que las
prerrogativas otorgadas a título de propósito principal lo fueron para (i) orientar y
coordinar actividades de evaluación para el otorgamiento o negación de licencias
ambientales y demás instrumentos de control de competencia del Ministerio, (ii)
autorizar trámites para la ejecución y pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental
de estudios de impacto ambiental para el otorgamiento o negación de licencias
ambientales y demás instrumentos de control de competencia del Ministerio, (iii)
suscribir las comunicaciones que se requieran con el fin de dar trámite e impulso
oficioso a los procedimientos a su cargo, es decir, para el otorgamiento o negación
de instrumentos de control ambiental y (iv) hacer seguimiento al desempeño del
proceso, esto es, a los relacionados con el otorgamiento o negación de
autorizaciones ambientales.
110. En consonancia con lo anterior, la descripción de las funciones está orientada
a lo siguiente: (i) la evaluación de los estudios ambientales y de las solicitudes de
licencias y demás instrumentos de control ambiental, (ii) la expedición de licencias
y de los actos que impulsen la evaluación de estas o de otro instrumento de control
ambiental así como los que resuelvan los recursos de reposición correspondientes,
(iii) la expedición de conceptos técnicos, (iv) la expedición de actos que acepten
desistimientos en el procedimiento de licenciamiento o de otra herramienta de
control, (v) la expedición de actos que convoquen a reuniones de consulta previa
con comunidades indígenas o negras tradicionales, (vi) la expedición de decisiones
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que resuelvan derechos de petición o consultas relativas a licenciamiento,
dictámenes técnicos, planes y medidas de manejo ambiental, (vii) la coordinación
de reparto y programación para los servicios de evaluación de licencias y trámites
ambientales y (viii) la supervisión de contratistas.
111. Bajo esa perspectiva, es evidente que el acto de delegación contenido en la
Resolución 2116 de 2005, no contempla la trasferencia de la función de imposición
de medidas preventivas o de mitigación de impactos negativos; de todo lo cual se
colige que no media autorización a la Asesora en la adopción de las medidas
ambientales de remediación que se discuten en el proceso de la referencia.
112. Lo anterior, en atención a que la figura de la delegación es una institución
prevista en el ordenamiento jurídico como instrumento de organización y gestión de
la función administrativa. Constituye una técnica de manejo administrativo en virtud
de la cual se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de
las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su
responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley. Los elementos
constitutivos de la delegación son los siguientes: (i) la transferencia de funciones
administrativas de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice
por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa
autorización legal, y (iv) que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y
en cualquier momento reasumir la competencia.
113. En virtud de la delegación, el titular de una competencia o función
administrativa, previamente autorizado por el legislador, decide radicarla temporal
y discrecionalmente en cabeza de otra autoridad usualmente subordinada,
debiendo quedar en claro que las competencias o funciones susceptibles de
delegación, son solo aquellas de las cuales es titular la autoridad delegante.
114. Los fundamentos jurídicos de la delegación se encuentran definidos, en primer
término, en el artículo 209 de la Constitución, en donde se dispone que la función
administrativa se cumple en el Estado colombiano con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
“mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
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El artículo 211 de la Constitución Política, por su parte, al referirse en concreto a la
figura de la delegación, establece que «La ley señalará las funciones que el
Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de
departamentos administrativos, representantes legales de entidades
descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado
que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras
autoridades».
115. En desarrollo de la precitada normativa constitucional la Ley 489 de 1998, “Por
la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones”, reguló el instituto jurídico de la delegación,
previendo en su artículo 9º que “[l]as autoridades administrativas, en virtud de lo
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”; que
la delegación recaerá “…en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor
vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la
Constitución Política y en la presente ley”; y que “[l]os representantes legales de las
entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de
conformidad con los criterios establecidos en la presente ley”.
116. En observancia de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 10 de la Ley
489 de 1998, las funciones delegadas no se extienden a otras no previstas en el
acto mismo. La norma es del siguiente tenor:
«Artículo 10º.- Requisitos de la delegación. En el acto de la delegación, que
siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o
asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.
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El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas
deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones
que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las
funciones delegadas.» (Subrayas de la Sala).
117. A idéntica conclusión se llega si es que se apela a las funciones vertidas en la
Resolución 2201 de 2005, puesto que tampoco se advierte habilitación alguna para
la adopción de directrices tendientes a minimizar el riesgo de contaminación en
áreas con licenciamientos en firme.
118. Dicho de otra manera, no existe respaldo normativo que reconozca una
facultad dirigida a garantizar las condiciones de saneamiento del ecosistema,
impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes,
deteriorantes o destructivas del entorno; tampoco alguna tendiente a la expedición
de medidas preventivas o de remediación, de las que sí era titular el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conforme al numeral 16 del
artículo 5 de la Ley 99 de 1993, que expresa literalmente lo siguiente:
«Artículo 5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente:
(…)
16. Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo
ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos
de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades
o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte,
beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y
ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese
lugar;» (Subrayas de la Sala).
119. En efecto, de cara al asunto de la referencia y de acuerdo con las precisiones
fácticas vistas en el numeral 1.3. de esta providencia, es claro que el Ministerio
mediante Resolución 118 del 8 de febrero de 1995, ejerció la citada facultad
discrecional respecto del INDERENA, entidad que para ese entonces había
expedido licencia ambiental del proyecto urbanístico Ciudadela 2000 a través de
Resolución 0142 del 15 de junio de 1994. Lo mismo que mediante Resolución 1938
del 7 de diciembre de 2005, cuando el Ministerio avocó conocimiento de la queja
presentada el 23 de julio de ese año por los olores ofensivos provenientes de la
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excavación para la construcción del proyecto Colombiatón de parte de la Fundación
Compartir en el mismo predio, sobre la competencia de Cardique, autoridad que
inicialmente había asumido el conocimiento de la mencionada queja.
120. Se denota entonces que el Asesor 1020 Grado 13 no ostentaba facultad
alguna para la evaluación y control preventivo ni para adoptar medidas en procura
de minimizar, remediar, reparar y controlar el daño causado al ambiente y a la salud
de las personas que directa o indirectamente puedan afectarse con suelos
contaminados, razón por la que es evidente el exceso en el que incurrió la Asesora
del Despacho del Viceministro de Ambiente al adoptar directrices que superaban el
marco propio de las facultades definidas en el orden jurídico.
121. Tal circunstancia pone de manifiesto que los actos que se impugnan fueron
expedidos sin competencia y en desconocimiento de la proclamación efectuada por
el artículo 1º constitucional que, como principio rector, involucra un sometimiento
de las autoridades al Derecho y concretamente al principio de legalidad,
consagrado en los artículos 6, 121, 122 y 123 Superiores. Lo referente a la
competencia que debe presidir las actuaciones de los poderes públicos en general
y de las autoridades administrativas en particular, es una proyección más de aquel
precepto que obliga a la adopción de decisiones en coherencia con las atribuciones
expresas que el orden jurídico otorga.
122. La competencia ha sido entendida como la posibilidad de una determinada
persona de proferir un acto administrativo específico de conformidad con las normas
que rigen la materia. De contera, la falta de competencia se ha definido como «la
falta de poder legal para tomar esas decisiones o proferir providencias necesarias
o inherentes a la actividad administrativa o jurisdiccional»12.
123. En consecuencia, habrá de estimar la pretensión de nulidad por esa razón, lo
que hace innecesario el análisis de los cargos restantes, pues ya se enervó la
presunción de legalidad de las decisiones impugnadas.
12 Consejode Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de septiembre de 2016. M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Rad. Núm. 11001-0326-000-2013-00091-00(47693).
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8.4. De la pretensión de restablecimiento del derecho
124. La parte actora en la pretensión tercera de la demanda solicitó a título de
restablecimiento del derecho lo que se transcribe enseguida:
«TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de las
declaraciones anteriores y para restablecer el derecho se declare que
BANCOLOMBIA S.A. está exonerado del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por las resoluciones 1247 del 30 de junio de 2006 y 2722 del 28 de
diciembre de 2006, expedidas por la Asesora del Despacho del viceministro de
Ambiente, Dirección de Licencias, Permisos y Tramites Ambientales, Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.»13
125. Advierte la Sala que la exoneración del cumplimiento de las obligaciones
impuestas por el MADS es concretamente la consecuencia de la declaración de
nulidad de los actos acusados, pues al desaparecer del mundo jurídico también se
extinguen los efectos que de ellos se derivaban.
8.5. De la pretensión de reparación
126. De acuerdo con la pretensión cuarta del libelo introductorio la siguiente fue la
pretensión de reparación:
«CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de la nulidad
de las resoluciones de que tratan las pretensiones primera y segunda
anteriores y a título de reparación del daño, se condene a la Nación - Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a indemnizar los perjuicios
económicos causados a BANCOLOMBIA S.A. por las actividades que ya
ejecutó y las que al momento del fallo haya ejecutado BANCOLOMBIA S.A. en
cumplimiento de las resoluciones anuladas, en la cuantía que se demuestre a
lo largo del proceso»14.
127. La prueba solicitada para efectos de demostrar los perjuicios derivados de la
expedición de los actos demandados fue la siguiente:
«5. Dictamen pericial
Solicito decretar la práctica de un dictamen pericial para lo cual habrá de
nombrarse contador, para que previo el examen de los libros, comprobantes y
13 Folios 1 a 5 del Cuaderno número 3.
14 Folios 1 a 5 ibidem.
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soportes contables, y de los papeles del comerciante, que reposan en poder de
BANCOLOMBIA S.A., los cuales ofrezco exhibir, correspondientes a los daños
que BANCOLOMBIA S.A. ha sufrido conforme se evidencia en las pretensiones
y hechos de la demanda, rinda dictamen sobre la cuantía del daño emergente
y el lucro cesante sufridos por BANCOLOMBIA S.A. como consecuencia de la
ejecución de las actividades ordenadas en los actos administrativos
acusados»15
128. Mediante auto del 26 de noviembre de 2009, el Tribunal decretó la anotada
prueba designando al contador Edison Cruz García16.
129. El anotado perito allegó el dictamen correspondiente que obra como anexo del
expediente en cuyo contenido se observa que al describir el objeto de la pericia
efectuó un recuento de los hechos que dieron lugar a la expedición de las
resoluciones demandadas17; veamos:
130. Más adelante al explicar el desarrollo de la experticia adujo que examinó la
documentación que reposaba en el expediente y la suministrada por la accionante
y describió en un cuadro el resumen de las actividades efectuadas y el valor de las
mismas:
15 Folio 72 ibidem.
16 Folio 499 ibidem.
17 Folio 7 del dictamen pericial.
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131. Sobre el particular, lo que encuentra la Sala es que aun cuando incluyó en la
descripción del daño emergente una secuencia de las resoluciones que
antecedieron a las que se censuran en el proceso de la referencia, lo cierto es que
algunos de los soportes de los que extrajo esa información derivan es de estas
últimas, razón por la que la Sala entrará a valorarlas de la manera que en seguida
se explica.
132. De la revisión de los anexos del dictamen halla la Sala que las facturas y
cuentas de cobro expedidas por el señor Alberto Uribe Jongbloed dan cuenta de
asesorías y acompañamiento técnico al Predio Santa Elena de Cartagena de Indias
así como de la entrega del informe final fase I Lote Santa Elena sin indicar cuál es
el alcance de ese apoyo, es decir, si está referido a las actividades ordenadas por
las Resoluciones 1247 y 2722 de 2006, que se declararon nulas; circunstancia que
no permite tenerlas en cuenta para acreditar el daño que se invoca.
133. Sobre las facturas expedidas por Bioparque se advierte que en todas ellas se
alude a las actividades de remediación del predio Santa Helena, actividades estas
que no fueron ordenadas sino con la emisión de las Resoluciones 1247 y 2722 de
2006 (enjuiciadas). A manera de ejemplo se trae a colación la siguiente factura que
reposa a folio 77 del dictamen.
134. Sin embargo, aunque existe una conexión con los actos que se censuran no
halla la Sala en el informe del perito el pago efectuado por Bancolombia que sea
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demostrativo del daño que invoca, aspecto este que hace imposible incluir esas
sumas por concepto de reparación.
135. Respecto de las facturas que obran a folios 80, 81, 83, 85, 95, 103 y 107 de
ese mismo cuaderno, se observa la descripción de la actividad pero no se encuentra
relación con los actos cuya nulidad se ha decretado, en tanto que refieren avisos de
páginas de varias ediciones de una revista ambiental Catorce 6. A modo ilustrativo
se expone la siguiente:
136. En lo que hace a los documentos de Enviromental Resources Management (en
adelante ERM), se advierte la conexión con la pretensión pues allí se hace
referencia a servicios prestados a Bancolombia respecto del Programa de Muestreo
de Suelos y construcción de Red de Piezómetros para muestreo de aguas
subterráneas del lote Santa Elena, según el Auto 2429 del 8 de agosto de 2008
proferido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, auto este
que según informó la ANLA en las alegaciones finales de primera instancia y dio
cuenta el propio Tribunal en la sentencia (folio 930 vuelto del cuaderno número 4),
se produjo como parte del cumplimiento de los numerales 1.6 y 1.8 del artículo
segundo de la Resolución 1247 de 2006 modificada por la 2722 de ese mismo año,
que corresponden a las acusadas. Esos servicios fueron pactados en la oferta
mercantil C08.16 del 29 de octubre de 2008, referencia que se encuentra en las
facturas anexadas vistas a folios 114 a 121 del dictamen.
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137. Así mismo, obra orden de compra 60914 01del 26 de octubre de 2010 cuyo
objeto fue el servicio de «ETAPA INICIAL, TRATABILIDAD LOTE SANTA ELENA, PARA
PRESENTACIÓN AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL Y PRUEBA DE TRATABILIDAD DE LA OXIDACIÓN QUÍMICA EN
SITIO...REMEDIACIÓN A ESCALA COMPETA (...)» (foli0 125 ibidem), que como se
evidencia tiene estrecha correspondencia con la controversia que nos ocupa y
cuyas facturas se encuentran a folios 128 y 129 ibidem.
138. No obstante, como acontece con los documentos aportados para demostrar el
daño producido por la asesoría de Bioparque, no encuentra la Sala prueba que
acredite la erogación de Bancolombia por los conceptos allí definidos. Apenas
median órdenes de compra y las facturas emitidas por ERM, pero, se insiste,
ninguno que demuestre el pago de esas sumas de dinero, aspecto que impide
acreditar el daño que reclama el accionante.
139. Sobre la factura por $412.073.090 cuya referencia es CE 0913348263 Rv2 –
P 01044100 visible a folio 124 ibidem, la Sala no halla relación con las actividades
definidas en los actos administrativos cuestionados ni tampoco en un auto que haya
ordenado o verificado el cumplimiento de una de sus obligaciones.
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140. En lo atinente con los ítems definidos respecto de las facturas expedidas por
el Banco de Bogotá, se observa que en todas ellas se alude como ubicación a un
inmueble que no se corresponde con el que es objeto de la controversia al indicar
que es el «lote de terreno denominado Santa Elena y Edificio Gómez y Hermanos
– Ubicado en la ciudad de Armenia»18; cuando el predio respecto de las cuales se
ordenaron las labores de remediación está ubicado en Cartagena.
141. En lo que concierne a las facturas de servicio eléctrico y de agua que reposan
en los anexos 5 y 6 del dictamen, consta que el titular en todas ellas es la Fundación
Compartir, que según el dicho de la accionante ostenta la tenencia del inmueble de
su propiedad, luego no podría solicitarse la indemnización por el pago que un
tercero distinto a Bancolombia ha efectuado respecto de un servicio prestado.
142. Ahora, como respuesta a la petición de aclaración y complementación del
dictamen presentada por Bancolombia en el sentido de excluir de los valores
anotados por la asesoría de Posse Herrera Ruiz dado que no guardaban relación
con el predio Santa Elena, el perito concluyó que era procedente esa solicitud y por
ende adujo que el valor a pagar era de $5.655.132.937, de acuerdo al siguiente
cuadro19:
143. Por último, en relación con el soporte del último item, encuentra la Sala la
18 Anexo 4 ibidem.
19 Folio 712 del Cuaderno número 4.
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cuenta de cobro a favor de Carolina María Rodríguez Restrepo por concepto de
prestación de servicios en diseño gráfico para la producción y actualización del
infográfico para el predio Sanata Elena, que evidencia vínculo con las resoluciones
acusadas en cuanto a las actividades de remediación que allí se ordenaron y por
ende habrá de ser tenida en cuenta para calcular el daño emergente que se
reclama. La imagen de la cuenta es la siguiente20:
144. Sin embargo, no se halla tampoco evidencia del pago de la asesoría
contratada, y por ende, no es procedente tener en cuenta tal documento como
prueba del daño que se pretende por concepto de reparación.
145. Recuérdese que la súplica de reparación estaba dirigida a indemnizar los
perjuicios económicos causados por las actividades ejecutadas21, y si ello es así,
un perjuicio patrimonial como el que se reclama se prueba con la erogación por
concepto de las actividades que se ejecutaron por virtud de la vigencia de los actos
20 Folio 230 del dictamen.
21 Folios 1 a 5 ibidem.
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que se cuestionan. Ergo, de no acreditarse la salida del patrimonio de las sumas de
dinero alegadas por los conceptos atrás indicados, no es viable entender acreditado
el daño patrimonial pretendido.
146. Correlato de lo expuesto y habida cuenta de que ninguno de los documentos
aportados por el perito son demostrativos de un perjuicio económico irrogado por el
ministerio demandado, la Sala en aplicación de las reglas que gobiernan la
apreciación de las pruebas que se practican al interior de un proceso 22 y las
específicas relacionadas con los dictámenes periciales23, encuentra que el concepto
emitido no ofrece solidez, ni claridad en sus apreciaciones técnicas, lo que conduce
a desecharlo pues no haya reunidos los requisitos establecidos en el artículo 232
del CGP, para darle valor y por ende, se negará la pretensión de reparación.
147. La disposición en comento es del siguiente tenor:
Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad,
exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito
y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el
proceso.»
148. Sobre el particular esta Corporación ha considerado que la eficacia probatoria
del dictamen de expertos requiere que: «(i) el perito informe de manera razonada lo
que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen
sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y
no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar
auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y
responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el
desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad;
(v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté
22 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
23 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas
de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.
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debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y consecuencia
de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con
el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del
mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso
y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e
investigaciones efectuadas24»25.
149. En sentencia del 28 de agosto de 2019, que el Juez en virtud del principio de
la sana crítica puede desligarse de lo dicho en una prueba pericial cuando la misma
carezca de una fundamentación seria que sustente sus conclusiones; veamos:
«Cuando la prueba pericial evidencia tal grado de carencia de fundamentos
serios que sustenten sus conclusiones, la facultad que le asiste a la Sala para
valorar la comunidad probatoria recaudada de conformidad con las reglas de la
sana crítica, le permite prescindir de tal experticia, según se desprende de lo
preceptuado por los artículos 237 (numeral 6) y 241 -inciso primero- del Código
de Procedimiento Civil, que dicen:
“Artículo 237. Práctica de la prueba. En la práctica de la peritación se
procederá así:
“(…).
“6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.
“(…).
“Artículo 241. Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá
en cuenta la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la
competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren
en el proceso”.
Sólo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de
convicción que debe reconocerse al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo
cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia.
Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 27959, C.P. (E)
Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, exp. AG-250002325000200200025-02, C.P. Ruth Stella
Correa Palacio.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2021, expediente nro. 25000-23-26-000-2008-00105-01(48436).
Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.
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juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa»26
(Subrayas de la Sala).
8.7. Condena en costas
150. En atención a lo dispuesto por el artículo 171 del CCA, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 18 de julio de 2019, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:
Resoluciones 1247 del 30 de junio de 2006 y 2722 del 28 de diciembre de esa
anualidad, expedidas por la Asesora del Despacho del Viceministro de Ambiente,
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, por las consideraciones
fijadas en la parte motiva de este fallo.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de acuerdo con lo expuesto parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”.
Sentencia del 28 de agosto de 2019. Proceso radicado número: 250002326000200901007 01.
Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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Número de radicación: 25000 23 24 000 2007 00197 03
Demandante: Bancolombia S.A.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez en firme esta
sentencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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