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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00420-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00420-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: ADECUAR la demanda de nulidad a la de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: RECONOCER al abogado Isnardo Gómez Urquijo, como apoderado judicial de la parte demandada, conforme al poder que obra en el expediente digital. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 47 Índice 43 SAMAI. 30 Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01 Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A. Accionado: Municipio de Facatativá

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00420-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Actora: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá
Tercero interesado: Sociedad Internacional Compañía de Financiamiento S.A.
Tema: Actos de registro. Aplicación de la teoría de los móviles y finalidades. En
el presente caso la acción procedente para demandar los actos acusados era la
de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de simple nulidad. Caducidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de 14 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones de la demanda

1. La sociedad Royal & Alliance Seguros Colombia S.A., en adelante parte
demandante, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo, CCA, instauró demanda2 en la que controvierte la
legalidad de los actos de registro inicial o de matrícula de los vehículos de placas SRM
401 de 28 de diciembre de 2006 y SRM 635 de 23 de marzo de 2007, ambos
expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Facatativá.
En apoyo de lo anterior, elevó las siguientes pretensiones:

“[…] A. DECLARAR QUE ES NULO, DE NULIDAD ABSOLUTA, POR
ILEGALIDAD, EL ACTO DE MATRÍCULA, INSCRIPCIÓN O REGISTRO
INICIAL, DEL CARRO DE PLACAS SRM 401 REALIZADO POR PARTE
DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ
A FAVOR DE INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL S.A. POR HABER SIDO OBTENIDA POR MEDIOS
ILEGALES, PUES NO SE OBSERVARON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA EL EFECTO POR LAS NORMAS LEGALES.

1
Mediante auto de 31 de marzo de 2023 se remitió al Despacho del ponente, dado que en Sala de Sección de 9 de febrero
de 2023 se improbó el proyecto inicialmente considerado -Índice 32 SAMAI-.
2
Folios 66 a 78 del Cuaderno 2.

2

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

B.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, ORDENAR A LA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ,
PROCEDA A LA CANCELACIÓN DEL ACTO DE MATRÍCULA O
REGISTRO INICIAL DEL AUTOMOTOR DE PLACAS SRM 401, Y POR
ENDE, A LA CANCELACION DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA
DE TRÁNSITO.

C.- CON BASE EN LO REGLADO EN EL ARTÍCULO 152 DEL C.C.A.,
SOLICITO LA SUSPENCIÓN PROVISIONAL DEL ACTO
ADMINISTRATIVO CUYA NULIDAD SE DEMANDA, PUES ES
IRREFUTABLE, COMO HA QUEDADO RESEÑADO A LO LARGO DEL
ESCRITO, QUE HAY UNA OSTENSIBLE, FLAGRANTE Y UNA
MANIFIESTA INFRACCIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
ORDENADAS POR EL MINISTERIO DEL TRANSPORTE PARA LA
MATRÍCULA DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES DE
CARGA CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1150 DEL 27 DE MAYO
DEL 2005 Y DECRETO 2868 250 (sic) DEL 28 DE AGOSTO DEL 2006.

D.- DECLARAR QUE ES NULO, DE NULIDAD ABSOLUTA, POR
ILEGALIDAD, EL ACTO DE MATRÍCULA, INSCRIPCION O REGISTRO
INICIAL, DEL CARRO DE PLACAS SRM 635 REALIZADO POR PARTE
DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ
A FAVOR DE INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL S.A. POR HABER SIDO OBTENIDA POR MEDIOS
ILEGALES, PUES NO SE OBSERVARON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARA EL EFECTO POR LAS NORMAS LEGALES.

E.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, ORDENAR A LA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ,
PROCEDA A LA CANCELACIÓN DEL ACTO DE MATRÍCULA O
REGISTRO INICIAL DEL AUTOMOTOR DE PLACAS SRM 635, Y POR
ENDE, A LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA
DE TRÁNSITO.

F.- CON BASE EN LO REGLADO EN EL ARTÍCULO 152 DEL C.C.A.
SOLICITO LA SUSPENCIÓN PROVISIONAL DEL ACTO
ADMINISTRATIVO CUYA NULIDAD SE DEMANDA, PUES ES
IRREFUTABLE, COMO HA QUEDADO RESEÑADO A LO LARGO DEL
ESCRITO, QUE HAY UNA OSTENSIBLE, FLAGRANTE Y UNA
MANIFIESTA INFRACCIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
ORDENADAS POR EL MINISTERIO DEL TRANSPORTE PARA LA
MATRÍCULA DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES DE
CARGA CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES 1150 DEL 27 DE
MAYO DEL 2005 Y DECRETO 2868 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2006.

G.- DISPONER OFICIAR AL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE
TRÁNSITO RUNT, PARA LO DE SU CARGO […]”. (Negrilla del texto)

I.1.2. Los hechos de la demanda

2. La defensa de la sociedad actora planteó los siguientes hechos relevantes para
justificar sus pretensiones:

3

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

• Hechos relacionados con el vehículo de placas SRM 401

3. Indicó que la Secretaría de Tránsito de Facatativá matriculó el vehículo de placas
UGA – 038, bajo la modalidad de reposición, al cual le fue asignado el número y
placas SRM 401, que corresponde a un tractocamión marca KENWORTH, línea t-
300, modelo 2007, color negro, motor 46648020 y chasis núm. 195922. Por su
parte, el vehículo de placas UGA 038 poseía las siguientes características: camión
de 2 ejes, marca Ford, modelo 1952, motor F3D2SR-16282, color verde y crema,
carrocería estacas, servicio público, y cuyo propietario era el señor Herman León
Dueñas.

4. En desarrollo de su objeto social, la sociedad actora aseguró el tractocamión de
placas SRM 401, el cual había sido matriculado por la Secretaría de Tránsito y
Transporte municipal de Facatativá el día 28 de diciembre de 2006 bajo la vigencia
del Decreto 2868 de 2006 y la Resolución 1150 de 2005, esto es, a través del
mecanismo de la reposición en la modalidad de chatarrización.

5. Sostuvo que según los artículos 1° y 3° del Decreto 2868 de 2006, en
consonancia con el artículo 6° de la Resolución 1150 de 2005, las autoridades de
tránsito no pueden efectuar el registro inicial a vehículos sin contar con el certificado
de cumplimiento de requisitos para el registro inicial expedido por el Ministerio de
Transporte.

6. Narró que la sociedad actora en colaboración con la firma de investigadores
Prelinca Ltda., a su vez contratada por la parte demandante encontró que el registro
inicial no cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 1° y 3° del
Decreto 2868 de 2006 y el artículo 6° de la Resolución 1150 de 2005, en el siguiente
sentido:

(i) En la carpeta del vehículo SRM 401 no obraba el original del certificado de
cumplimiento de requisitos para el registro inicial de un vehículo nacional de carga
expedido por el Ministerio de Transporte –a su vez contenido en la Resolución 4538
de 6 de octubre de 2006-; (ii) el vehículo fue matriculado con la copia del oficio
remisorio MT 5011, documento con el cual el Ministerio de Transporte
supuestamente envió la Resolución 4538 de 2006 y; (iii) los documentos con los
cuales se matriculó el vehículo SRM 401 fueron igualmente utilizados para la
matrícula del vehículo SRM 487, es decir, con el cupo del vehículo UGA 038 se
matricularon dos (2) automotores y no uno (1), contraviniendo con ello los requisitos
exigidos en la Resolución 1150 de 2005 y en el Decreto 2868 de 2006.

7. Resaltó que la sociedad actora presentó una solicitud de revocatoria directa de
la matrícula del tractocamión, la cual fue denegada por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Facatativá a través de la Resolución 006 de 13 de julio de 2012.

4

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

8. Precisó que el vehículo de placas SRM 401 no fue matriculado a nombre del
señor Hernán León Dueñas sino de una persona totalmente diferente, esto es, la
sociedad Internacional Compañía de Financiamiento Comercial S.A., sin que se
encuentre acreditado que la referida persona haya cedido la póliza de seguros a
favor de esa compañía y tampoco que la sociedad hubiese aceptado la cesión del
referido contrato de seguros.

• Hechos relacionados con el vehículo de placas SRM 635

9. Indicó que, en desarrollo de su objeto social, la sociedad actora aseguró el
tractocamión de placas SRM 635, el cual había sido matriculado el día 23 de marzo
de 2007, bajo la vigencia del Decreto 2868 de 20063 y la Resolución 1150 de 20054,
esto es, a través del mecanismo de la reposición producto de la chatarrización.

10. Relató que para obtener certeza de la legalidad de la matrícula, con la
colaboración de la firma Prelinca Ltda., revisó la documentación que amparaba
dicho acto encontrando que había sido matriculado sin el lleno de los requisitos
exigidos por los artículos 1° y 3° del Decreto 2868 de 2006 y el artículo 6° de la
Resolución 1150 de 2005, esto es, sin contar con el certificado de cumplimiento de
requisitos para el registro inicial expedido por el Ministerio de Transporte –
contenido en la Resolución 004351 de 2 de octubre de 2006-.

11. Refirió que el único documento existente era el oficio MT – 48650 del 2 de
octubre de 2006, según el cual presuntamente se habría remitido la Resolución
004351 de 2 de octubre de 2006. Sin embargo, y según lo afirmado por el propio
Ministerio de Transporte “[…] El soporte legal de la matrícula de un vehículo de
carga es la Resolución, no el oficio remisorio […]”.

12. Destacó que la sociedad actora presentó solicitud de revocatoria directa de la
matrícula, la cual fue denegada a través de la Resolución 007 de 13 de julio de
2011 “[…] con base en un documento llegado en paracaídas a la carpeta del
automotor, consistente en la supuesta existencia de la Resolución 003597 del 10
de agosto de 2006 del Ministerio de Transporte remitida con el MT 38506 de fecha
14 de agosto de 2006, que hace referencia a la reposición del carro de placas TPE
113, esencialmente distinto al que se mencionaba anteriormente en la misma
carpeta del carro, es decir, el identificado con las placas TPA 662 a que hace
alusión la Resolución 004351 del 2 de octubre de 2006 del Ministerio de Transporte,
remitida por dicho ministerio con MT 48650 a la Oficina de Tránsito de Facatativá
[…]”.

3
“Por el cual se regula el ingreso de vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga”.
4
“Por la cual se establecen las condiciones y procedimientos para el Registro Inicial de Vehículos al Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor de Carga por Reposición y lo correspondiente a la desintegración física total de los vehículos
de esa modalidad”.

5

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Accionado: Municipio de Facatativá

13. Finalmente, expresó que la Resolución 003597 de 10 de agosto de 2006 fue
expedida a nombre de la señora Angélica María Pinzón Ramírez, esto es, una
persona distinta de la sociedad Internacional Compañía de Financiamiento S.A., sin
que exista prueba de cesión de derechos.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

14. La sociedad actora invocó como infringidas las siguientes normas: los artículos
1° y 2° del Decreto 2868 de 20065 y el artículo 6° de la Resolución 1150 de 20056.
Consideró que los actos demandados fueron expedidos por la autoridad de tránsito
con infracción de las normas en que debió fundarse.

15. Transcribió los artículos 1° y 2° del Decreto 2868 de 2006, en consonancia con
el artículo 6° de la Resolución 1150 de 2005, normas que refieren al ingreso por
reposición de vehículos y a la certificación de cumplimiento de requisitos para el
registro inicial.

16. Igualmente hizo alusión al concepto MT No. 20101340094681 de 17 de marzo
de 2010 y a la Circular MT 75194 del 12 de diciembre de 2007 -dirigida a los
organismos de tránsito departamentales y municipales- para destacar las partes
pertinentes en las cuales se señala que el ingreso de un vehículo al servicio público
de transporte terrestre automotor de carga puede efectuarse por reposición o por
caución y, también, para el respectivo registro resulta indispensable contar con la
certificación de cumplimiento de requisitos expedida por el Ministerio de Transporte.

17. Adujo que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá matriculó
ilegalmente los carros de placas SRM 401 y SRM 635, sin cumplir con las normas
que regulan la reposición de los automotores que ingresan al servicio público de
carga terrestre y, en consecuencia, el ingreso del servicio público de carga terrestre
automotor no corresponde real y materialmente a la reposición de sendos vehículos
de similares características.

18. Sostuvo que las acciones fraudulentas no pueden generar derechos
reconocidos por la ley. Por estas razones, los referidos actos de registro
censurados deben desaparecer del orden jurídico por resultar abiertamente
contrarios a la ley, pues solo así se puede restablecer el principio de legalidad
objetiva como elemento esencial del Estado de Derecho.

19. Finalmente explicó que, a través del sistema de reposición, el Ministerio de
Transporte regula la cantidad de vehículos que ingresan al servicio público de
transporte de carga terrestre automotor, finalidad que resulta cercenada cuando por

5
“Por el cual se regula el ingreso de vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga”.
6
“Por la cual se establecen las condiciones y procedimientos para el Registro Inicial de Vehículos al Servicio Público de
Transporte Terrestre Automotor de Carga por Reposición y lo correspondiente a la desintegración física total de los vehículos
de esa modalidad”.

6

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Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

el “[…] método de la adulteración de documentos […]” ingresan al parque automotor
más carros que los que fueron objeto de destrucción física total pues, en últimas, la
normatividad resulta burlada.

I.2. Contestación de la demanda

I.2.1. Contestación de la demanda por el municipio de Facatativá

20. El municipio de Facatativá, por conducto de apoderado judicial contestó la
demanda7.

• Sobre la situación del vehículo de placas SRM 401

21. Frente a los hechos esbozados en el escrito inicial, observó que de conformidad
con los antecedentes administrativos que obran en la carpeta, el vehículo automotor
de placas SRM 401, fue objeto de reposición en la modalidad de caución más no
producto de la chatarrización del vehículo de carga UGA 038. Por ende, el registro
inicial se realizó en virtud de la póliza de cumplimiento núm. 300001413 y el oficio
29069 -artículo 6 del Decreto 2868 de 2006-.

22. Aclaró que la reposición por chatarrización del vehículo de placas UGA 038 se
exteriorizó en el automotor de placas SRM 487 que no es objeto de estudio en este
proceso.

23. Precisó que “[…] el vehículo de placas SRM 401 fue objeto de reposición por
vía de caución que hace referencia a la póliza número 300001413, y de otra, el
vehículo SRM 487 fue producto de reposición por chatarrización del vehículo UGA
038. Así las cosas, los documentos con los cuales se matriculó el vehículo de placas
SRM 401 no fueron utilizados para la matrícula del vehículo de placas SRM 487
[…]”.

24. Agregó que la sociedad Royal & Sun Alliance Seguros Colombia S.A. objetó la
reclamación efectuada por la sociedad Financiera Internacional S.A. “[…] al
aseverar que la ausencia de requisitos para la expedición de matrícula del vehículo
asegurado, configuró una de la (sic) exclusiones aplicables a los amparos
contratados en la póliza número 20011 [...]”.

25. A partir de lo anterior, expuso que lo pretendido por la sociedad actora es
obtener un beneficio particular en sede judicial, para fundamentar la negativa a
reconocer y a pagar el siniestro del vehículo de placas SRM 401, en perjuicio del
asegurado, esto es, la sociedad Financiera Internacional S.A.

26. Anotó que el registro inicial del vehículo de placas SRM 401 se realizó con la

7
Folios 102a a 122 del Cuaderno 2.

7

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Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
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póliza de cumplimiento núm. 300001413 con MT No. 29069 de 21 de junio de 2006,
que fue aprobada y enviada por el Ministerio de Transporte vía correo certificado a
la mencionada secretaría.

27. Expuso que según el artículo 6° del Decreto 2868 de 2006, tratándose de
reposición, la caución en la modalidad de póliza opera como mecanismo subsidiario
y residual de la no desintegración física total del vehículo primigenio a reponer.

28. Afirmó que, si bien la Resolución núm. 004538 de 2006 no obra en la carpeta
del vehículo de placas SRM 401, ello obedece a que dicho acto administrativo hace
referencia a la reposición del vehículo primigenio de placas UGA 038 en el vehículo
SRM 487.

• Sobre la situación del vehículo de placas SRM 635

29. Respecto del vehículo de placas SRM 635, adujo que este fue objeto de
reposición en la modalidad de desintegración física total o chatarrización del
automotor de placas TPE 113.

30. Sostuvo que el vehículo SRM 635 fue matriculado el día 23 de marzo de 2007,
de manera ulterior a la ejecutoria de la certificación de cumplimiento de requisitos
para registro inicial de un vehículo de transporte de carga, a su vez contenido en la
Resolución No. 003597 de 2006.

31. Argumentó que sí reposa la copia auténtica de la Resolución núm. 003597 de
2006, expedida por el Ministerio de Transporte, contentiva de la certificación de
cumplimiento de requisitos para registro inicial de un vehículo nuevo en reposición
del automotor de placas TPE 113 y el oficio MT 38506 de 14 de agosto de 2006,
documentos que fueron tenidos en cuenta por la entidad demandada para registrar
y matricular el vehículo de placas SRM 635.

32. Aseguró que la presente demanda tiene como causa el “[…] siniestro acaecido
en octubre 15 de 2010 en la vía San Roque - La Paz Km. 26+400 mts, en la que
resultó afectado el vehículo de placas SRM 635. Amén de lo anterior, veáse que la
aseguradora aquí demandante objetó y confirmó dicha objeción en el sentido de
negar el reconocimiento y pago de siniestro a favor del tercero convocado en la
presente acción contencioso administrativo (sic), al aseverar que la ausencia de
requisitos para la expedición de matrícula del vehículo asegurado, configuró una de
las exclusiones aplicables a los amparos contratados en la póliza número 20011
[…]”.

33. Por ende, subrayó que era evidente el interés de la sociedad actora en obtener
un beneficio en sede judicial para fundamentar y amparar su negativa de
reconocimiento y pago del siniestro del vehículo de placas SRM 635 en perjuicio
del asegurado, esto es, la sociedad Financiera Internacional S.A.

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Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

34. Por último, el ente territorial planteó las siguientes excepciones: (i) “[…]
[i]neptitud sustancial de la demanda […]” por considerar que la acción procedente
para demandar los actos cuestionados es la de nulidad y restablecimiento del
derecho y no la de simple nulidad toda vez que de la eventual declaratoria de
nulidad se derivaría un restablecimiento automático del derecho con la correlativa
afectación del derecho patrimonial de la sociedad Financiera Internacional S.A.; (ii)
“[…] legitimación en la causa por activa […]”, por considerar que “[…] el verdadero
germen problemático del expediente ejusdeni (sic) se derivó del acaecimiento de
siniestros vinculados a los vehículos de placas SRM 401 y SRM 635, propiedad del
tercero – tomador de las pólizas números 20111 y 03-20011, frente a los cuales, la
parte actora, en su calidad de aseguradora objetó las reclamaciones de
reconocimiento y pago de los amparos respectivos[…]”; (iii) de caducidad y, (iv)
finalmente, la “[…] genérica o innominada […]”.

I.2.2. Contestación de la demanda por el tercero interesado

35. A pesar de que la sociedad Internacional Compañía de Financiamiento S.A. fue
notificada del auto de 10 de mayo de 20128, guardó silencio.

I.3. La sentencia apelada

36. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió fallo el día 14 de mayo de
20149, por medio del cual negó las excepciones propuestas, declaró la nulidad de
los actos de matrícula, inscripción o registro inicial de los vehículos de placas SRM
401 y SRM 365 y no accedió al restablecimiento del derecho deprecado, en los
siguientes términos:

“[…] PRIMERO.- NIÉGANSE las excepciones propuestas por el
apoderado del Municipio de Facatativá, Cundinamarca.

SEGUNDO.- DECLÁRASE la nulidad de los actos de matrícula,
inscripción o registro inicial de los vehículos de placas SRM 401 y SRM
635, realizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá a
favor de la sociedad Financiera Internacional S.A., por las razones
expuestas en la parte motiva.

TERCERO.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda por
contener un restablecimiento del derecho al que no puede accederse
mediante la acción de simple nulidad.

CUARTO. Sin costas en la instancia por la actuación proba de las partes.

8
Folios 81 a 87 del Cuaderno 2. Si bien la sociedad Internacional Compañía de Financiamiento otorgó poder a su abogado
(folio 95 Cuaderno 2) a quien se le reconoció personería mediante auto de 30 de mayo de 2013 (Folios 179 a 184 CP) no
contestó la demanda.
Por escritura pública 196 de la Notaría 40 de Bogotá D.C. de 2 de febrero de 2011, inscrita el 9 de febrero de 2011 bajo el
número 01451469 del Libro IX, la sociedad cambió su nombre de Financiera Internacional S.A. Compañía de Financiamiento
Comercial por el de Compañía de Financiamiento S.A. (Certificado de la Cámara de Comercio de 15 de diciembre de 2011,
folio 22 del Cuaderno 2).
9
Folios 394 a 434 del Cuaderno 2.

9

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QUINTO.- Por Secretaría efectúese la liquidación de los gastos del
proceso y devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

SEXTO.- En firme esta providencia archívese el expediente […]”. (Negrilla
del texto)

37. Previo a analizar el fondo del asunto, el Tribunal a quo estudió las excepciones
propuestas por el municipio de Facatativá, encontrando que no estaban llamadas a
prosperar en el siguiente sentido:

37.1. En primer lugar, porque del tenor del artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo se desprende que, por mandato expreso del legislador, la acción de
nulidad es la procedente para demandar los actos de registro al margen que la
eventual declaratoria de nulidad lleve aparejado el restablecimiento del derecho.

37.2. En segundo lugar, pues la sociedad Royal & Alliance Seguros Colombia S.A.,
sí se encuentra legitimada para incoar la presente demanda a la luz de lo dispuesto
en el artículo 84 del CCA que señala que toda persona puede solicitar, por sí o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

37.3. En tercer lugar, en razón a que la acción de nulidad, por mandato expreso
del artículo 136, numeral 1°, del CCA puede presentarse en cualquier momento,
por lo que no se encuentra sujeta a término de caducidad alguno.

38. Luego, entró a abordar el fondo del asunto. Para ello, analizó el contenido de
los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 2868 de 2006 y el artículo 6° de la Resolución
1150 de 2005 para así señalar que existen dos formas para realizar el ingreso de
vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga, a saber: (i)
en primer lugar, por reposición, previa demostración que el o los vehículos
repuestos fueron sometidos al proceso de desintegración física total y, (ii) en
segundo lugar, por caución en el caso de que el adquirente de un nuevo vehículo
de servicio público de transporte de carga, por cualquier causa, no realice
inmediatamente la desintegración física total a que está obligado.

39. Advirtió que la certificación de cumplimiento de requisitos para registro inicial,
expedida por el Ministerio de Transporte resulta fundamental para realizar el
registro de vehículos, puesto que con dicho documento se garantiza que el
solicitante cumplió con todas las exigencias relativas al ingreso de vehículos para
prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga.

• Sobre la situación del vehículo de placas SRM 401

40. El Tribunal de la primera instancia luego de hacer un resumen de las posturas
esgrimidas a lo largo del proceso y referir a las pruebas aportadas manifestó que,
con la póliza núm. 300001413 se registró en realidad el vehículo de placas SRL 405

10

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y no el automotor de placas SRM 401 (cuyo registro se pide anular en esta causa);
circunstancia esta que desvirtúa la tesis de la entidad demandada en el sentido de
que el vehículo SRM 401 tuvo su registro inicial por caución y no por chatarrización.

41. En esta medida, consideró que no existía un soporte legal para el registro inicial
del vehículo de placas SRM 401. Es decir, este no cumplió con las exigencias
previstas en el Decreto 2868 de 2006 y la Resolución 1150 de 2005, normas que
exigen como soporte legal para el registro inicial de un vehículo el certificado de
cumplimiento de requisitos para registro inicial, en este caso, de chatarrización o
desintegración física total que debe emitir el Ministerio de Transporte, o la póliza de
cumplimiento aprobada por la misma autoridad, en caso de presentarse caución,
conforme lo exige el artículo 6° del Decreto 2868 de 2006.

42. Por otro lado, aclaró que, aunque en el documento MT 29069 se señala que
mediante el otorgamiento de la póliza de seguros cóndor No. 300001413, el
Ministerio de Transporte autorizó la matrícula de un automotor a nombre del señor
Hernán León Dueñas, lo cierto era que el automotor aparece matriculado a favor
de una persona distinta, esto es, la sociedad Internacional Compañía de
Financiamiento Comercial S.A.

43. Agregó que, si bien el señor Herman León Dueñas pudo haber cedido sus
derechos a la sociedad Financiera Internacional S.A., los documentos que obraban
en el expediente – contrato de cesión a título gratuito de derechos al registro inicial
de vehículos al servicio público de transporte terrestre automotor de carga por
reposición y el contrato de cesión a título gratuito de derechos al registro inicial de
vehículo de transporte terrestre automotor de carga por reposición y cesión de
derechos –no permiten inferir que, en efecto, se haya producido “[…] la
consumación de tal figura jurídica […]10”.

44. Igualmente, observó que no se encuentra probado que el Ministerio de
Transporte hubiere autorizado la cesión de derechos, como lo prevé la Circular MT
75194 de 12 de diciembre de 2007.

45. Por las razones expuestas, el Tribunal a quo declaró la nulidad del acto de
matrícula de 28 de diciembre de 2006 del vehículo de placas SRM 401.

• Sobre la situación del vehículo de placas SRM 635

46. El Tribunal de la primera instancia luego de hacer un resumen de las posturas
esgrimidas a lo largo del proceso y referir a las pruebas encontró que, revisada la
Resolución 003597 de 10 de agosto de 2006, esta se expidió a favor de la señora

10
Para ello, enunció los siguientes yerros: (i) el documento de cesión de derechos no aparece diligenciado en su totalidad y,
por ende, no hay veracidad sobre su celebración; (ii) el contrato de cesión que obra a folio 146 no incluye la firma de los
contratantes y, (iii) el contrato de cesión que obra a folios 150 a 152 fue suscrito por el señor Henry Clavijo Olarte, en su
calidad de cedente, esto es, un sujeto distinto del señor Herman León Dueñas a favor de quien debía matricularse el vehículo
que entraría a reponer el automotor de placas UGA 038.

11

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Angélica Pinzón Ramírez y, por ende, la matrícula del vehículo de placas SRM 635
de 27 de marzo de 2007 debió efectuarse a favor de dicha persona y, no a nombre
de la sociedad Financiera Internacional S.A. como, en efecto, sucedió.

47. Explicó que igual situación acontecía respecto de la Resolución 004351 de 2
de octubre de 2006, la cual se expidió a favor de la señora Carmen Gómez Bandera
y, por ende, “[…] en caso de ser esta la que sirvió de soporte al vehículo de placas
SRM 635 […]” la matrícula del mismo debía efectuarse a favor de esta y no de la
sociedad Financiera Internacional S.A.

48. El Tribunal a quo encontró una nueva inconsistencia en el registro inicial
consistente en que al vehículo de placas TPE 113 le fue autorizado el cambio de
servicio público a particular, mediante la Resolución No. 665 de 17 de marzo de
1976, expedida por el organismo de tránsito del Atlántico. Sin embargo,
posteriormente aparece de nuevo como de servicio público, según se advierte en
la Resolución No. 003597 de 10 de agosto de 2006, sin que obre el documento que
demuestre que se haya surtido el procedimiento de cambio de servicio.

49. En tal virtud, estimó que al igual que ocurrió con el vehículo de placas SRM 401
no existía un soporte legal para el registro inicial del vehículo de placas SRM 635,
toda vez que no se probó la existencia del certificado de cumplimiento de requisitos
para registro inicial.

50. En consecuencia, el Tribunal a quo declaró la nulidad del acto de matrícula de
23 de marzo de 2007 del vehículo de placas SRM 635.

51. Finalmente, y en cuanto al restablecimiento del derecho, consideró que las
pretensiones encaminadas a que se ordene a la entidad demandada la cancelación
de las matrículas de los vehículos SRM 401 y SRM 635 y sus correspondientes
licencias no estaban llamadas a prosperar “[…] en la medida en que, como ya se
mencionó al momento de resolver la excepción de ineptitud sustancial de la
demanda, la demanda fue admitida como acción de nulidad simple por lo que no
procede ningún restablecimiento del derecho[…]”.

I.4. El recurso de apelación

52. El municipio de Facatativá, parte demandada, apeló11 el fallo de primera
instancia con el fin de que se revoque esa decisión judicial con fundamento en los
siguientes argumentos:

53. Arguyó que los actos administrativos cuya nulidad se cuestiona constituyen una
unidad jurídica, en el cual se “[…] realizan los actos jurídicos de matrícula inicial,
registro inicial y la inscripción de un vehículo automotor ante el Registro Nacional

11
Folios 468 a 473 del Cuaderno 2.

12

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de Tránsito. Con fundamento en lo anterior, dicho acto debe ser tratado como una
unidad jurídica y no fraccionarlo para declarar la nulidad de algunos de sus efectos
porque se considere que puedan generar el restablecimiento del derecho […]”.

54. A juicio de la entidad demandada, el tribunal de la primera instancia incurrió en
una evidente contradicción, toda vez que la declaratoria de nulidad de los actos de
matrícula, inscripción o registro inicial de los vehículos de placas SRM 401 y SRM
635, realizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá a favor de
la sociedad Financiera Internacional S.A. lleva aparejado el restablecimiento
automático del derecho, puesto que “[…] la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Facatativá, debe proceder con la cancelación de la matrícula de los vehículos
anteriormente mencionados y revocar las Licencias de Tránsito expedidas por dicho
organismo, dejando en el limbo jurídico dos vehículos automotores y generando
automáticamente un restablecimiento del derecho […]”.

55. En la misma línea argumentativa, esbozó que la acción de nulidad no resulta
procedente pues de la declaratoria de nulidad se desprende el restablecimiento del
derecho en aplicación de la teoría de los móviles y finalidades.

56. Puntualizó que la finalidad perseguida por la sociedad actora Royal & Alliance
Seguros Colombia S.A. es meramente económica “[…] esto se evidencia en la
contestación a la reclamación que hiciera en su momento […] quien presentó
reclamación formal acreditando la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida,
cumpliendo con la obligación establecida en el artículo 1077 del Código de
Comercio y además con la presentación de esta demanda evadiendo su
responsabilidad contenida en la póliza N° 20011 expedida por la demandante,
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. […]”.

57. Adujo que la pretensión de nulidad presentada por la sociedad actora contra
los actos de matrícula de los vehículos de placas SRM 401 y SRM 635 conllevaría
un restablecimiento automático del derecho y, en apoyo de su aserto, hizo
referencia a la sentencia 9899 de 18 de abril de 1996, providencia judicial que al
abordar lo relativo a la teoría de los móviles y finalidades indicó que la acción de
nulidad resulta procedente contra un acto administrativo particular siempre que la
nulidad no implique el restablecimiento de un derecho subjetivo para el
administrado.

58. Agregó que la sociedad actora no tenía legitimación para instaurar esta
demanda, toda vez que la persona habilitada era la sociedad Financiera
Internacional S.A. “[…] E INCLUSO LA COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA”,
como locatario y ahora propietario del vehículo; hecho que ante la realidad de la
caducidad de la acción de los 4 meses para instaurarla por los legitimados, quienes
no accionaron dentro del término legal […]”.

59. En síntesis, argumentó que era evidente que la sociedad actora presentó la

13

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demanda no con el propósito de defender la legalidad en abstracto, pues sus
móviles se circunscriben a sus propios intereses de tipo económico “[…] y al hecho
de evadir su responsabilidad como empresa aseguradora con lo cual expidió la
póliza de seguros N° 20011 la cual ha objetado y con [la] demanda pretende que le
avalen el no cumplimiento de su responsabilidad como aseguradora […]”.

I.5. Trámite impartido al proceso en segunda instancia

60. Según auto de 4 de marzo de 201512 se concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por el municipio de Facatativá. Posteriormente,
mediante auto de 1° de junio de 201513 se admitió el recurso y en proveído de 11
de mayo de 201814, el despacho sustanciador resolvió correr traslado a las partes
por el término común de diez (10) días para que alegaran de conclusión y al agente
del Ministerio Público para que rindiera concepto.

61. La sociedad actora15 solicitó que la sentencia de primera instancia sea
confirmada. En síntesis, señaló que la presente demanda fue presentada con el fin
de defender la legalidad en abstracto y no para obtener un beneficio particular.

62. La parte demandada16, por su parte, replicó los mismos argumentos del recurso
de apelación.

63. Finalmente, el tercero interesado, al igual que el señor agente del Ministerio
Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

64. Esta Sala de decisión para desatar los argumentos propuestos en el recurso de
apelación abordará lo relativo a: (i) su competencia; (ii) los actos demandados; (iii)
el problema jurídico; (iv) el análisis del caso en concreto y, (v) pronunciamiento
sobre condena en costas y otras decisiones.

II.1. La competencia

65. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el

12
Folios 475 a 477 del Cuaderno 2. Cabe señalar que en esta misma providencia se negó la solicitud de corrección del fallo
de primera instancia presentada por la actora y se abstuvo de dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el señor
Omar Esteban Alarcón Prieto, toda vez que la intervención del referido ciudadano fue tardía y no había sido reconocido en el
expediente como tercero coadyuvante.
13
Folio 4 del Cuaderno del Consejo de Estado.
14
Folios 28 a 29 del Cuaderno del Consejo de Estado.
15
Folios 30 a 31 del Cuaderno del Consejo de Estado.
16
Folios 32 a 36 del Cuaderno del Consejo de Estado.

14

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Accionado: Municipio de Facatativá

artículo 129 del CCA17 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación Judicial.

II.2. Los actos administrativos demandados

66. La sociedad Royal & Alliance Seguros Colombia S.A. controvierte la legalidad
de los siguientes actos administrativos de registro inicial o de matrícula de los
siguientes vehículos: (i) de placa SRM 401 de 28 de diciembre de 2006, y (ii) de
placa SRM 635 de 23 de marzo de 2007, ambos actos expedidos por la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Facatativá.

67. La matrícula del vehículo de placa SRM 401 de 28 de diciembre de 2006 18 es
del siguiente tenor:

“[…] CERTIFICADO DE TRADICION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE TRANSITO DE FACATATIVA
CERTIFICA

En los archivos que se llevan en esta Secretaría, aparece inscrito(a)
desde 28-Dic-2006, como propietario(s) actual(es) FINANCIERA
INTERNACIONAL S.A, identificada(s) con Nit No. 3600659139,
domiciliado(a) en: AV 19 N 108A 25 de BOGOTA D.C., como titular(es)
del derecho de dominio sobre el vehículo con las siguientes
características:

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: SRM401 Clase: CAMION
Marca: KENWORTH Línea: T300
Modelo: 2007 Color: NEGRO
Servicio: PUBLICO Carrocería:
TANQUE
Capacidad: 20 Ton 2 Psj
AfiIado (sic) A: SIN DEFINIR
Nit:

IDENTIFICACION INTERNA

Motor: 46648020 Chasis: 195922

DATOS IMPROTACION (sic) O REMATE

Dec.Imp:02231010866876 Ciudad: CARTAGENA Fch:01-12-06

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD Y/O PENDIENTES JUDICIALES

17
“[…]Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
18
Folio 14 del Cuaderno 2.

15

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

NO REGISTRA

Observaciones: Abstención de tramite (sic) DE: FINANCIERA
INTERNACIONAL Proceso:

HISTORICO DE PROPIETARIOS

28/12/2006 Compra: FINANCIERA INTERNACIONAL S.A-Nit:
8600659139

HISTORICO DE TRÁMITES

28/12/2006: MATRICULA INICIAL: MATRICULA

Este documento no es válido si presenta tachones y/o enmendaduras, se
firma en Facatativá el día Martes,13 de Diciembre de 2011. Solicitado por:
MAURICIO RUIZ

CARLOS ALBERTO PARRA BERNAL
Técnico STTMF […]”. (Negrilla del texto)

68. El registro inicial o la matrícula del vehículo SRM 635 de 23 de marzo de 2007,
es del siguiente tenor:

“[…] CERTIFICADO DE TRADICION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE TRANSITO DE FACATATIVA
CERTIFICA

En los archivos que se llevan en esta Secretaría, aparece inscrito(a)
desde 23-Mar-2007, como propietario(s) actual(es): FINANCIERA
INTERNACIONAL S.A, identificado(s) con Nit No. 8600659139,
domiciliado(a) en: AV 19 N 108A 25 de BOGOTA D.C., como titular(es)
del derecho de dominio sobre el vehículo con las siguientes
características:

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: SRM635 Clase: TRACTOCAMION
Marca: INTERNATIONAL Línea: 9900
Modelo: 2007 Color: NARANJA
Servicio: PUBLICO Carrocería: SRS
Capacidad: 0Ton 2 Psj
Afilado (sic) A: SIN DEFINIR
Nit:

IDENTIFICACION INTERNA

Motor: 79225396 Chasis: 3HSONAPT67N540952

DATOS IMPORTACION O REMATE

Dec.Imp: 02231010879116 Ciudad: CARTAGENA Fch:19-02-07

16

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD Y/O PENDIENTES JUDICIALES

NO REGISTRA

Observaciones: Abstención de tramite (sic) DE: FINANCIERA
INTERNACIONAL Proceso:

HISTORICO DE PROPIETARIOS

23/03/2007 Compra: FINANCIERA INTERNACIONAL S.A-Nit:
8600659139

HISTORICO DE TRÁMITES

23/03/2007: MATRICULA INICIAL: MATRICULA

Este documento no es válido si presenta tachones y/o emmendaduras, se
firma en Facatativá el día Martes,13 de Diciembre de 2011. Solicitado por:
MAURICIO RUIZ

CARLOS ALBERTO PARRA BERNAL
Técnico STTMF […]”. (Negrilla del texto)

II.3. El problema jurídico y el planteamiento de la controversia

69. La Sala, siguiendo para tal efecto las prescripciones de los artículos 320 19 y
32820 del CGP, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, considera que el
problema jurídico que se debe resolver consiste en definir cuál era la acción
adecuada para controvertir la legalidad de los actos acusados, esto es, si lo era la
acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA conforme lo entiende el Tribunal
de la primera instancia y la sociedad actora, o la de nulidad y restablecimiento del
derecho de que trata el artículo 85 del CCA, según lo interpreta la entidad
demandada.

70. En este sentido, se debe establecer si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

19
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
20
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.

17

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II.4. Análisis del caso concreto

71. En el presente caso, conforme se indicó con anterioridad, los actos objeto de
reproche en sede judicial corresponden a los actos de registro inicial o de matrícula
de los vehículos de placas SRM 401 de 28 de diciembre de 2006 y SRM 635 de 23
de marzo de 2007, expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte del
municipio de Facatativá, esto es, se trata de actos administrativos de carácter
particular y concreto que resolvieron la situación jurídica de dichos vehículos, los
cuales pasaron a ser de propiedad de la sociedad Financiera Internacional S.A.

72. Al respecto, se debe señalar que conforme se desprende del artículo 2° de la
Ley 769 de 6 de julio de 200221, la matrícula es el procedimiento destinado a registro
inicial de un vehículo automotor ante un organismo de tránsito y en ella se
consignan las características, tanto internas como externas del vehículo, así como
los datos e identificación del propietario. La matrícula genera efectos vinculantes
para su titular no sólo en relación con el ámbito de movilidad del mismo, sino que
además respecto del derecho de dominio y la propiedad sobre el vehículo22, en este
caso, de la sociedad Financiera Internacional S.A.

73. Por su parte, y a la luz de la misma normatividad, el registro terrestre automotor
comprende el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad,
características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se
debe inscribir todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o
extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos
automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante
terceros23. El registro inicial de un vehículo se puede hacer en cualquier organismo
de tránsito y sus características técnicas y de capacidad deben estar homologadas
por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio nacional24.

74. Precisado lo anterior, debe señalarse que, en principio, conforme se desprende
del tenor del artículo 84 del CCA- normatividad que resulta aplicable al presente
caso- por regla general los actos de registro son susceptibles de ser demandados
a través de la acción de nulidad simple, en el siguiente sentido:

“[…] ARTÍCULO 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas
en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con

21
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras Disposiciones […]”.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2014, CP:
Marco Antonio Velilla, radicado: 54001-23-31-000-2008-00420-01.
23
Artículo 2° de la Ley 769 de 6 de 2002
24
Artículo 37 de la Ley 769 de 2002.

18

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desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de
servicio y de los actos de certificación y registro […]”. (Negrilla fuera
del texto)

75. En estas condiciones, a juicio de la Sala, el hecho de que se esté
controvirtiendo un acto de registro no impide la aplicación de la teoría de los móviles
y finalidades que ha tenido profundo desarrollo jurisprudencial al interior de esta
Corporación. Es decir, según las particularidades del caso en concreto será
procedente la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho, y
para ello se debe entrar a analizar cada una de las pretensiones y la causa petendi
de la demanda.

76. Sobre el particular, esta Sección, en sentencia de 14 de marzo de 2024 25,
señaló lo siguiente:

“[…] En este proceso se pretende la nulidad de los actos de registro
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Ceja –
Antioquia, contenidos en la anotación número dos del certificado de
tradición perteneciente a la matrícula inmobiliaria 017-2639 y en el
formulario de corrección temporal del 2 de mayo de 2008.

[…]

Así, de la lectura integral de los hechos (páginas 3 a 10 de la demanda)
que fundamentan las pretensiones, puede constatarse que la causa
petendi del presente conflicto judicial no versa sobre la defensa del
ordenamiento jurídico en abstracto, sino sobre un interés particular,
concreto y económico.

[…]

Así las cosas, la respuesta al problema planteado es negativa, es decir,
no procedería la acción de nulidad, establecida en el artículo 84 del
C.C.A., para demandar los actos de registro expedidos por las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, cuando el móvil de
los demandantes es proteger un interés particular. La acción
procedente en este particular evento, en aplicación de la teoría de los
móviles y finalidades, es la de nulidad y restablecimiento del derecho26.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de 2024, radicado:
05001 23 31 000 2010 01242 01, MP: Oswaldo Giraldo López. Igualmente se pueden consultar: (i) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (en descongestión), sentencia de 1° de marzo de 2018, MP: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, radicado: 73001-23-31-000-2010-00550-01; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, auto de 9 de julio de 2021, CP: Oswaldo Giraldo López, audiencia inicial de 9 de julio de
2021, radicado: 11001-03-24-000-2019-00334-00.
26
(Cita original): CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
Sentencia de 4 de marzo del 2003. Radicación: 11001-03-24-000-1999-05683-02 (IJ-030). Actor: Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR. “(…) Algunos meses después, la teoría de los móviles y finalidades encuentra su
formulación acabada en la sentencia de agosto 10 de 1961 (tomo LXIII, núms. 392-396, p. 202), con ponencia de CARLOS
GUSTAVO ARRIETA ALANDETE, en donde se dijo: ¨No es la generalidad del ordenamiento impugnado el elemento que
determina la viabilidad del contencioso popular de anulación. Son los motivos determinantes de la acción y las finalidades
que a ella ha señalado la ley, los elementos que sirven para identificarla jurídicamente y para calificar su procedencia

19

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[…]

Conforme a lo anterior, y como se precisó supra, como en el caso
concreto de la causa petendi se advierte que los demandantes
persiguen la protección de un interés particular, o, en otras palabras,
proteger un derecho subjetivo particular, el trámite que corresponde
es el de nulidad y restablecimiento del derecho, esto, en aplicación
de la teoría de móviles y finalidades.

Adicionalmente, no se advierte la afectación del orden público, social o
económico, comoquiera que el objeto de la presente controversia recae
sobre una disputa que tienen unos herederos respectos de la propiedad
de un bien.

En consecuencia, este argumento planteado por el recurrente no está
llamado a prosperar.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y luego de concluir que en el presente
caso la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del
derecho, a continuación, debe la Sala establecer si encuentra probada la
excepción de caducidad de la acción27 […]”. (Negrilla fuera del texto)

77. En igual sentido, esta Sección, en sentencia de 11 de diciembre de 201428,
y de manera puntual respecto de los actos de registro en materia de tránsito, señaló
lo siguiente:

“[…] Se cuestiona en el presente caso si la acción de nulidad promovida
por el señor Rubén Darío Camargo Lagos para impugnar la legalidad de
la matrícula inicial del vehículo de placa OZH 921 con licencia de
tránsito No. 54261-04-001000 de 4 de diciembre de 2004 otorgada por
el organismo de Tránsito Departamental de El Zulia Norte de Santander
al mismo Departamento, es la procedente.

Para analizar el tema, en primer término la Sala considera importante
determinar la naturaleza jurídica del acto acusado, y en este sentido cabe
anotar que la matrícula es otorgada por la autoridad de Tránsito a solicitud

(…) los únicos motivos determinantes del contencioso popular de anulación son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad
abstracta contenida en esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter la administración pública al imperio
del derecho objetivo (…) “Los motivos y finalidades del actor deben estar en consonancia con los motivos y finalidades
que las normas legales asignan a la acción. Es presumible esta similitud ... cuando se acciona por la vía del contencioso
popular de anulación contra actos impersonales y abstractos, porque esta clase de ordenamientos entrañan una violación
continua y permanente de la legalidad objetiva, que afecta directamente a la comunidad ... Distinta es la situación cuando el
recurso se dirige contra actos particulares, (caso en el cual) la doctrina de los motivos y finalidades opera en dos formas: si
la declaratoria de nulidad solicitada no conlleva el restablecimiento del derecho subjetivo, el contencioso popular puede
ejercitarse inclusive por el titular de ese derecho; pero si la sentencia favorable a las pretensiones del actor determina el
restablecimiento automático de la situación jurídica individual afectada por la decisión enjuiciada, el recurso objetivo no será
admisible, salvo que la acción se intente dentro de los cuatro meses…¨ (…) la Corporación reiteró y precisó la doctrina de
1961, al introducir la idea de “pretensión litigiosa”, como elemento de distinción entre las dos acciones. Se dijo en esa
oportunidad, en auto de 8 de agosto de 1972, Mag. Pon. Dr. HUMBERTO MORA, que las acciones de nulidad y de plena
jurisdicción se distinguían en el sentido de que la primera buscaba la tutela del orden jurídico abstractamente considerado,
sobre la base del principio de jerarquía normativa, lo cual originaba un proceso que, en principio, no llevaba implicado un
litigio o contraposición de pretensiones; en tanto que la segunda, tenía por objeto la garantía de derechos privados, vulnerados
por actuaciones de la administración, lo cual se lograba mediante el restablecimiento del derecho o el resarcimiento del daño
(…)”. (Negrilla original del texto)
27
(Cita original): Ver entre otras, las sentencias de 26 de abril de 2013, expediente No. 2006-01004-01 (C. P. María Elizabeth
García), 3 de noviembre de 2016, expediente No. 2009-00223-01 (C. P. Roberto A. Serrato Valdés), y 25 de julio de 2019,
expediente No. 2008-00396-03 (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de diciembre de 2014, CP:
Marco Antonio Velilla, radicado: 54001-23-31-000-2008-00420-01.

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del interesado y en ella se registran los trámites relacionados con un
vehículo automotor, la cual genera efectos vinculantes para su titular no sólo
en relación con el ámbito de movilidad del mismo, sino que además precisa
el derecho de dominio y la propiedad sobre el vehículo.

[…]

De conformidad con la teoría de los motivos y finalidades expuesta por el
Tribunal de instancia, de creación jurisprudencial, es posible promover
acción de simple nulidad contra actos de contenido particular y concreto
pero bajo ciertos supuestos que deben estar probados en el proceso.

[…]

En este contexto se debe establecer:

• Que el acto afecta el interés general en su definición.
• Que el acto trasciende el simple interés de la legalidad en abstracto.
-
En el presente caso, se reitera, se trata de un acto de contenido particular
que sólo genera efecto vinculante para el titular del derecho que se
registra en la matrícula inicial, en este caso para el dueño del vehículo
automotor descrito que es el Departamento de Norte de Santander, no
afecta el interés general ni tampoco trasciende la legalidad en abstracto, por
su importancia jurídica o trascendencia social.

Aunado a ello, de declararse nula la matrícula inicial, necesariamente se
afecta el derecho de dominio o propiedad del vehículo, luego ello nos
conduce a que la acción procedente para analizar la legalidad del acto
acusado es la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para ello, el contencioso subjetivo exige para su procedencia acreditar la
legitimación en la causa, esto es que quien la ejerce no es cualquier persona
sino aquélla que tenga un interés, es decir quien se considere lesionado en
un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica y debe promoverse
dentro del término de caducidad de cuatro meses contados a partir del día
siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto,
es decir que vencido dicho término no es posible ejercer la acción.

En el presente caso el actor no manifiesta un interés en particular que lo
haya motivado a promover la acción, ni del acto acusado se desprende la
lesión a un derecho subjetivo del cual sea titular y, finalmente tampoco fue
promovida dentro del término de caducidad, esto es, cuatro meses a partir
de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del mismo, luego
tampoco era procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
[…]”. (Negrilla fuera del texto)

78. En este punto, conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación en
relación con la aplicación de los móviles y finalidades, autoridad judicial que en su
jurisprudencia ha perfilado una serie de criterios a partir de los cuales resulta
procedente controvertir un acto administrativo de carácter particular a través de la
acción de simple nulidad en aquellos casos en los que, no obstante afectar
intereses particulares, se busca la protección de un interés para la comunidad de
tal envergadura que incida en la economía nacional y/o proyección sobre el

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desarrollo y bienestar social y económico de un gran número de colombianos29.
Además de lo anterior, siempre que de la demanda no se persiga o de la eventual
anulación del acto no se desprenda un restablecimiento automático del derecho.
En este sentido, en sentencia de 6 de octubre de 201730 se señaló lo siguiente:

“[…] Ahora bien, la Jurisprudencia de esta Corporación31, en desarrollo de
la teoría de los móviles y las finalidades, ha sostenido que la acción de
nulidad procede contra actos creadores de situaciones jurídicas
individuales y concretas, “cuando esa situación conlleve un interés para
la comunidad en general de tal naturaleza e importancia que desborde el
simple interés de la legalidad en abstracto, por afectar de manera
grave y evidente el orden público social o económico”.32

También, en la sentencia de 4 de marzo de 2003, la Sala Plena del
Consejo de Estado precisó que la acción de nulidad contra actos
administrativos particulares, procede únicamente cuando la anulación del
acto no implica el restablecimiento automático de un derecho
particular y concreto, pues en el evento contrario la acción que
corresponde es la subjetiva, esto es, la de nulidad y restablecimiento del
derecho, así el actor sostenga que no es esa su finalidad33 […]”. (Negrilla
y cursivas del texto)

79. En el sub lite, a partir de una lectura integral del escrito introductorio, la Sala
encuentra que la sociedad Royal & Alliance Seguros Colombia S.A. persigue el
restablecimiento del derecho, conforme se desprende del “petitum” de la demanda:

“[…] IV.- PRETENSIONES
[…]

B.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, ORDENAR A LA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ,
PROCEDA A LA CANCELACIÓN DEL ACTO DE MATRÍCULA O
REGISTRO INICIAL DEL AUTOMOTOR DE PLACAS SRM 401, Y POR
ENDE, A LA CANCELACION DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA
DE TRÁNSITO.

[...]

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP: Ligia López Díaz, sentencia del 5 de octubre
de 2006, radicado: 25000-23-27-000-2001-02103-02(14645).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González,
sentencia de 6 de octubre de 2017, radicado: 25000-23-24-000-2008-00447-01. A su vez reiterada por: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2019, CP: Roberto Augusto Serrato
Valdés, radicado: 13001-23-31-000-1999-00824-01.
31
(Cita es original): Sentencia del 10 de agosto de 1996 (C.P. Daniel Suárez Hernández), ha sido reiterada de manera
uniforme por el Consejo de Estado, entre otras, en las siguientes providencias: Autos de la Sección Primera de 1° de julio y 4
de noviembre de 1999, expedientes 5444 y 5372 (C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola); Auto de la Sección Segunda del 1°
de junio de 2000, expediente 2220-99 (C.P. Ana Margarita Olaya Forero); Auto de la Sección Primera del 30 de marzo de
2000, expediente 6053 (C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); Auto de la Sección Primera del 27 de septiembre de 2001,
expediente 17001-23-31-000-2000-1038-01 (C.P. Olga Inés Navarrete Barrero); Auto de la Sección Primera del 14 de febrero
de 2002, expediente 6581 (C.P. Olga Inés Navarrete Barrero); Auto de la Sección Cuarta del 12 de abril de 2002, expediente
12627 (C.P. Ligia López Díaz); Sentencia de 19 de septiembre de 2013 (2019815) (C.P. María Elizabeth García González) y
de 04 de julio de 2013 (2015721) (C.P. María Claudia Rojas Lasso).
32
(Cita original): Sentencia de 26 de octubre de 1995. Expediente núm. 3332. Consejero ponente: doctor Libardo Rodríguez
Rodríguez.
33
(Cita original): Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 4 de marzo de 2003. Expediente núm. 1999-
05683 (IJ-030). Consejero ponente: doctor Manuel Santiago Urueta Ayola.

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E.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, ORDENAR A LA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FACATATIVÁ,
PROCEDA A LA CANCELACIÓN DEL ACTO DE MATRÍCULA O
REGISTRO INICIAL DEL AUTOMOTOR DE PLACAS SRM 635, Y POR
ENDE, A LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA
DE TRÁNSITO […]”. (Negrilla del texto)

80. Igualmente, a partir de un análisis de los hechos esgrimidos en el escrito inicial
se desprende que lo pretendido por la sociedad actora es la defensa de un interés
particular, concreto y económico, conforme se evidencia de los siguientes apartes
que se transcriben:

“[…] III. LOS HECHOS, ACCIONES Y OMISIONES FUNDAMENTOS
DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

A.- LOS RELACIONADOS CON EL VEHÍCULO DE PLACAS SRM 401

1.- En el Municipio de Facatativá, funciona un organismo de tránsito,
denominado SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
MUNICIPAL DE FACATATIVÁ, ante el cual fue matriculado, POR
"SUPUESTA" REPOSICION DEL CARRO DE PLACAS UGA- 038 un
vehículo automotor al cual le fue asignado el número y rango de placas
SRM 401, que corresponde a un Tractocamión marca KENWORTH, línea
T- 300, modelo 2007, color negro, motor No. 46648020, chasis No.
195922.

[…]

3.- Como es de público conocimiento ROYAL & SUN ALLIANCE
SEGUROS (COLOMBIA) S.A., es una sociedad comercial cuyo objeto
social es la venta de seguros, entre los que se destacan los del ramo de
automóviles.

4.- En el desarrollo de su objeto social ROYAL aseguró, mediante la Póliza
No. 20011 el tractocamión de placas SRM 401, y para obtener certeza
sobre la legalidad de su importación como de su MATRÍCULA, la
Aseguradora procedió a investigar la documentación que ampara dichos
actos, encontrando que este fue matriculado el 28 de diciembre del 2006
bajo la vigencia de la Resolución 1150 de mayo 27 del 2005 y del Decreto
2868 del 28 de agosto del 2006 esto es que era necesario hacerlo por vía
de REPOSICION.

[…]

10- Descendiendo al caso sub examine, vemos que en la carpeta del
vehículo no aparece la Certificación de Cumplimiento de Requisitos para
el registro Inicial, la cual tuvo que haber sido enviada por correo certificado
a la oficina de Tránsito de Facatativá por parte del Ministerio del
Transporte;

[…]

11.-. Realizado el estudio del caso, y acopiada la documentación.
correspondiente, el suscrito abogado solicitó al organismo de tránsito de

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Facatativá la revocatoria directa del acto administrativo de matrícula inicial
tantas veces citado.

Sorpresivamente, el señor HECTOR JULIO CASTIBLANCO MOLINA,
Secretario de Tránsito y Transporte de Facatativá, mediante Resolución
006 de julio 13 de 2011, negó la revocación directa solicitada y para el
efecto, esgrimió un argumento nuevo, con base en un documento llegado
en paracaídas a la carpeta del automotor, consistente en que el vehículo
fue matriculado, supuestamente, con una Póliza de Seguros expedida por
Seguros Cóndor la No. 300001413 supuestamente remitida a la Oficina
de Tránsito de Facatativá, por el Ministerio del Transporte, mediante el
MT 29069 de fecha 21 de junio de 2006.

[…]

13.- Es tan evidente y burda la maniobra fraudulenta urdida para burlar
los requisitos legalmente establecidos para la matrícula inicial del rodante,
que sus autores se enredaron en su propio entuerto.

[…]

No aparece acreditado que el señor HERMAN LEÓN DUEÑAS hubiese
cedido la póliza de seguros a favor de INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A., y tampoco que la aseguradora
CÓNDOR, hubiese aceptado la cesión del contrato de seguros admitiendo
como asegurado a la citada INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO, y menos que el Ministerio del Transporte hubiese
aceptado la supuesta cesión del seguro […].

[…]

B.- LOS RELACIONADOS CON EL VEHICULO DE PLACAS SRM 635

1.- La demandante ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA)
S.A., mediante la expedición de la correspondiente póliza de seguros,
aseguró el tractocamión de placas SRM 635, para obtener certeza sobre
la legalidad de su importación así como de su MATRÍCULA inicial, la
Aseguradora investigó la documentación que ampara dichos actos,
encontrando que este fue matriculado el 23 de marzo del 2007 bajo la
vigencia de la Resolución 1150 de mayo 27 del 2005 y Decreto 2868 del
28 de agosto del 2006 esto es que era necesario hacerlo a través del
mecanismo de la REPOSICIÓN, esto es, previamente sacando de
circulación y “chatarrización” un vehículo viejo, para el ingreso del nuevo.

[…]

4.- La firma de investigadores PRELINCA LTDA., contratada por ROYAL
& SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., revisó la carpeta del
vehículo SRM 635, la cual reposa en la oficina de Tránsito de
FACATATIVÁ y no encontró la Resolución denominada "Certificación de
Cumplimiento de Requisitos para Registro Inicial" expedida por el
Ministerio del Transporte ni documento legal alguno que soporte la
matrícula del mencionado vehículo […]

[…]

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8.- Realizado el estudio del caso, y acopiada la documentación
correspondiente, el suscrito solicitó al organismo de tránsito de Facatativá
la revocatoria directa del acto administrativo de matrícula inicial del
vehículo tantas veces citado.

Sorpresivamente, el señor HECTOR JULIO CASTIBLANCO MOLINA,
Secretario de Tránsito y Transporte de Facatativá, mediante Resolución
007 de julio 13 de 2011, negó la revocación directa solicitada y para el
efecto, esgrimió un argumento nuevo, con base en un documento llegado
en paracaídas a la carpeta del automotor, consistente en la supuesta
existencia de la resolución 003597 del 10 de agosto de 2006 del Ministerio
del Transporte remitida con el MT 38506 de fecha 14 de agosto de 2006,
que hace referencia a la reposición del carro de placas TPE 113,
esencialmente distinto al que se mencionaba anteriormente en la misma
carpeta del carro, es decir, el identificado con las placas TPA 662 a que
hace alusión la Resolución 004351 del 2 de octubre de 2006 del Ministerio
del Transporte, remitida por dicho ministerio con MT 48650 a la Oficina de
Tránsito de Facatativá.

Nótese que la mencionada Resolución 003597 habría sido expedida a
favor de la señora ANGÉLICA MARÍA PINZÓN RAMÍREZ; por lo que no
se explica el por qué, con base en ese mismo acto administrativo, se
habría podido matricular el carro de placas SRM 635 favor de una persona
distinta a ANGELÍCA MARÍA PINZÓN RAMÍREZ, esto es, la sociedad
INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. sin que exista
dentro de la carpeta documento de cesión de derechos entre estas dos
personas.

[…]”. (Negrilla original y subrayado fuera de texto)

81. Adicionalmente, en el presente caso consta que (i) la sociedad Royal & Alliance
Seguros Colombia S.A. expidió la póliza de seguro núm. 03-20011 para amparar el
vehículo de placa SRM 635 frente a los riesgos por responsabilidad civil
extracontractual y ante pérdida total o parcial del vehículo por daños34; (ii) el 15 de
octubre de 2010, en la vía San Roque – La Paz (Kilómetro 26 + 40) el camión
identificado con la placa SRM 635 sufrió un siniestro; (iii) el día 25 de octubre de
2010, la Financiera Internacional S.A. presentó solicitud de indemnización a la parte
demandante con ocasión del siniestro35 y, (iv) el 11 de noviembre de 2010, la
sociedad actora objetó la anterior reclamación con fundamento en lo dispuesto en
la cláusula 2.1.2136 que señala lo siguiente:

“[…] 2.1. Exclusiones aplicables a todos los amparos de esta póliza.

No habrá lugar a indemnización en los siguientes casos:

2.1.21. Cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente al país, su
matrícula o tradición no hayan cumplido con el lleno de requisitos
legales y/o reglamentarios o estos hayan sido obtenidos por medios
fraudulentos, su posesión o tenencia resulten ilegales […]”. (Negrilla fuera
del texto)

34
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folio 39.
35
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folio 39.
36
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folios 35 a 38.

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82. Igualmente, en el expediente se encuentra acreditado que: (i) la sociedad Royal
& Alliance Seguros Colombia S.A. expidió la póliza de seguro núm. 20011 para
amparar el vehículo de placas SRM 401, por responsabilidad civil extracontractual
y ante pérdida total o parcial del vehículo por daños37; (ii) el camión de placas SRM
401 se incineró el 17 de enero de 2011 en el municipio de Sabaneta (Antioquia)
produciéndose la destrucción total del mismo38; (iii) el día 18 de enero de 2011, la
Financiera Internacional S.A. presentó solicitud de indemnización a la parte
demandante por el siniestro anterior39 y, (iv) el 10 de febrero de 2011, la sociedad
Royal & Alliance Seguros Colombia S.A. objetó40 la anterior reclamación con
fundamento en lo dispuesto en la cláusula 2.1.21 que señala lo siguiente:

“[…] 2.1. Exclusiones aplicables a todos los amparos de esta póliza.

No habrá lugar a indemnización en los siguientes casos:

2.1.21. Cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente al país, su
matrícula o tradición no hayan cumplido con el lleno de requisitos
legales y/o reglamentarios o estos hayan sido obtenidos por medios
fraudulentos, su posesión o tenencia resulten ilegales […]”. (Negrilla fuera
del texto)

83. Por todo lo expuesto, se colige que los actos acusados crearon una situación
jurídica particular y concreta para su titular, esto es, la sociedad Financiera
Internacional S.A., no solo en cuanto al ámbito de movilidad sino también respecto
del derecho de dominio sobre los vehículos.

84. Así las cosas, al revisar la causa petendi y las razones que fundamentan las
pretensiones, se desprende la existencia de un interés particular, concreto y de tipo
subjetivo en cabeza de la sociedad actora consistente en que se anulen los actos
de registro para escudarse del cumplimiento de la obligación de pagar la
indemnización con ocasión de los siniestros de los vehículos de placas SRM 401
de 28 de diciembre de 2006 y SRM 635 de 23 de marzo de 2007 y que surge de la
relación negocial con la sociedad Financiera Internacional S.A.

85. En estas circunstancias, se evidencia que el objetivo real que persigue la
sociedad actora apunta a la defensa de un interés particular, concreto y económico
que deriva del cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los
contratos de seguros referidos ut supra y, no en la defensa del interés general o del
orden jurídico en abstracto.

86. De otro lado, se advierte que la sociedad actora, en el escrito introductorio, no
explicó de qué manera los actos censurados representan “[…] un interés para la

37
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folios 4 a 21.
38
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folio 35.
39
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folios 35 a 38.
40
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folios 35 a 38.

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comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con el afán de
legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o
comunitario, de alcance y contenido nacional y de innegable e incuestionable
proyección sobre el desarrollo y proyección social y económico de gran número de
colombianos […]”41.

87. En todo caso, a partir de un análisis integral de la demanda, tampoco se
observa que la situación analizada lleve aparejado un interés para la comunidad de
tal trascendencia pues no comporta un beneficio para la misma y tampoco
representa una afectación grave o evidente al orden público social o económico.

88. Así las cosas, le asiste razón al municipio de Facatativá, por cuanto la presente
demanda no era susceptible de ser tramitada como de simple nulidad. En
consecuencia, y con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia y
privilegiar el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se
adecuará la demanda presentada por la sociedad Royal & Alliance Seguros
Colombia S.A. como de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

89. Dicho lo anterior, resulta del caso entrar a analizar si la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por la sociedad actora se presentó de
manera oportuna, esto es, dentro del término de caducidad de que trata el numeral
2° del artículo 136 del CCA, por ser este un presupuesto procesal de la acción. En
efecto, la citada norma señala:

“[…] ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones.

[…]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.

[…]” (Negrilla fuera del texto)

90. La caducidad como institución procesal de orden público constituye una figura
en virtud de la cual se “[…] limita en el tiempo el derecho de acción que tienen las
personas de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, enervando
con ello la posibilidad de controvertir la presunción de legalidad de los actos

41
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 4 de marzo de 2003, radicado: 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030).
C.P.: Manuel Santiago Urueta Ayola. En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 26 de octubre de 1995, radicado: 3322. C.P.: Libardo Rodríguez; Consejo de Estado, Sala Plena,
sentencia del 29 de octubre de 1996, radicado: S-404- C.P.: Daniel Suárez.

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administrativos42”. Por ser una figura de orden público es irrenunciable y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

91. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del CCA, las
decisiones se deben notificar en la forma prevista en los artículos 44, inciso 4°, y
45 del mismo Código43. Por su parte, el artículo 330 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable en virtud de la remisión normativa del artículo 267 del CCA44 regula
la notificación por conducta concluyente, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 330. Notificación por conducta concluyente. Cuando
una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o
la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una
audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará
notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de
presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.
Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos
autorizados por la ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del
término para su devolución, de todas las providencias que aparezcan en
aquel y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas.

[…]”. (Negrilla fuera del texto)

92. En el presente caso, conforme se indicó anteriormente, el acto de registro del
vehículo de placa SRM 401 de 28 de diciembre de 2006 fue conocido por la
sociedad actora el día 10 de febrero de 2011, esto es, cuando objetó la
reclamación efectuada por la sociedad Financiera Internacional S.A., tal y como se
desprende de los siguientes apartes:

“[…] Una vez efectuado el análisis completo de la documentación
aportada para dar trámite a su solicitud y realizadas las verificaciones
pertinentes ante la Secretaría de Tránsito de Facatativá, lugar donde fue
registrado inicialmente el vehículo de placas SRM401, se pudo establecer
que dicho vehículo fue matriculado sin que cumpliera la totalidad de
requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte en el Decreto 2868 del
28 de agosto de 2006 y la Resolución No. 1150 de 2006, por cuanto la
matrícula del rodante se efectuó con base en una copia del Certificado de
Cumplimiento de Requisitos No.050011 expedido por el Ministerio de

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020,
radicado: 41001-23-31-000-2000-00659-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
43
“[…] ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán
personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.
Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo
certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que
figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El envío
se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.
No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los
registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.
En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este código”.
“[…] ARTÍCULO 45. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará
edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la
providencia […]”.
44
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo”.

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Transporte el 06-10-2008, mientras que la certificación original había sido
utilizada anteriormente para matricular el vehículo de placas SRM487
ante la misma Secretaría de Tránsito, requisito indispensable para
matricular un vehículo de carga nuevo, de acuerdo con lo establecido en
la normatividad anteriormente citada45[…]”. (Negrilla original y subrayado
fuera de texto)

93. Por su parte, el acto de matrícula del vehículo de placa SRM 635 de 23 de
marzo de 2007 fue conocido por la actora el día 11 de noviembre de 2010, esto
es, cuando objetó la reclamación efectuada por la sociedad Financiera Internacional
S.A., tal y como se desprende de los siguientes apartes:

“[…] Una vez efectuado el análisis completo de la documentación
aportada para dar trámite a la solicitud y realizadas las verificaciones
pertinentes ante la Secretaria (sic) de Tránsito y Transporte de Facatativá,
se pudo establecer que el registro inicial del vehículo de placas SRM635,
se efectuó sin que cumpliera con la totalidad de requisitos exigidos por el
Decreto 2868 del 28 de agosto de 2006 y la resolución No. 1800 de 2005,
por cuanto no existe en el expediente mencionado el oficio MT mediante
el cual, el Ministerio de Transporte certifica el cumplimiento de los
requisitos para la matricula (sic) inicial de un vehículo de servicio público
de transporte de carga.

Dicha certificación emitida por el Ministerio de Transporte, es un requisito
indispensable, que debe obtenerse de manera previa a la matricula (sic)
de un automotor de servicio público de transporte de carga. En el caso
particular, el rodante de placas SRM635, fue matriculado ante la
Secretaria (sic) de Tránsito y transporte de Facatativá, el 23 de marzo de
2007, momento en el que le fue expedida la Licencia de Tránsito No. 07-
25269-1629662, razón por la cual, debería reposar en el expediente
vehicular, el original de la Certificación de Cumplimiento de Requisitos
expedida por el Ministerio de Transporte, documento que no fue
encontrado en la carpeta del vehículo citado anteriormente […]”. (Negrilla
original y subrayado fuera de texto)

94. Como quiera que la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el día 27 de marzo de 2012, según sello de recibido de la secretaría
de esa corporación judicial46, resulta evidente que la demanda se instauró de
manera extemporánea, y como resultado de ello, operó la caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.

95. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia proferida en primera
instancia, el día 14 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. En su lugar, declarará probada la
excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

45
Carpeta que contiene la respuesta al OFICIO LMLL 13- 467. Folio 35.
46
Folio 66 del Cuaderno 2.

29

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

II.5. Condena en costas y otros pronunciamientos

96. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida en segunda
instancia, en este caso, la parte demandante, pues su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

97. Finalmente, se reconocerá al abogado Isnardo Gómez Urquijo, como
apoderado judicial de la parte demandada, conforme al poder que obra en el
expediente digital47.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: ADECUAR la demanda de nulidad a la de nulidad y restablecimiento
del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: RECONOCER al abogado Isnardo Gómez Urquijo, como apoderado
judicial de la parte demandada, conforme al poder que obra en el expediente digital.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

47
Índice 43 SAMAI.

30

Radicación: 25000-2324-000-2012-00420-01
Demandante: Royal & Alliance Seguros de Colombia S.A.
Accionado: Municipio de Facatativá

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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