Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2006-01364-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2006-01364-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2006-01364-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 73001 2333 000 2006 01364 01
Demandante: Cámara de Comercio de Honda1
Demandado: Cámara de Comercio de Honda
Tercero vinculado: Corporación Club Social Honda
Acción: Nulidad Simple
Tema: Actos de registro mercantil. Caducidad.
Decisión: Se revoca el fallo de primera instancia y se encuentra probada
de oficio la excepción de caducidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, Cámara de Comercio
de Honda, contra la Sentencia de 19 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La Cámara de Comercio de Honda, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
artículo 84 del C.C.A.2, en la modalidad de lesividad, promovió demanda con el objeto de
que se accediera a la siguiente:
1.1.1. Pretensión
[…] DECLARAR LA NULIDAD del Acto Administrativo de cancelación en el registro mercantil
No. 3102 de 20 de Octubre de 1995, proferido por la Cámara de Comercio de Honda y por
medio del cual se inscribió en el libro XV, la cancelación de la matricula mercantil No. 2334 de
la Sociedad Anónima CLUB DEPORTIVO DE HONDA. 3
1.1.2. El acto acusado
En este proceso se pretende la nulidad del Acto de Registro núm. 3102 del 20 de octubre
de 1995, por medio del cual se inscribió en el Libro XV la cancelación de la matrícula
1 En el aplicativo SAMAI se registra como parte actora Jaime Galindo quien corresponde al representante
legal de la parte actora.
2 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folio
48.
3 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folio
48.
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mercantil núm. 2334 de la sociedad anónima Club Deportivo de Honda.
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4 [Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folio
7].
5Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folio
70.
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1.1.3. Fundamentos de hecho
La parte actora afirmó que, mediante la Escritura Pública núm. 210 del 29 de marzo de 1976
de la Notaría Única de Honda, se constituyó como sociedad anónima el CLUB DEPORTIVO
DE HONDA, acto en el que adicionalmente se protocolizó el acta núm. 01 del 27 de febrero
de 1976 en donde se nombró la junta directiva y se designó al señor Néstor Arciniegas
Gaviria como presidente.
Aseguró que la Cámara de Comercio de Honda asignó a la sociedad anónima Club
Deportivo de Honda con NIT. núm. 90700121-A la matrícula mercantil núm. 2334, la cual
fue renovada anualmente hasta el año 1987.
Señaló que, por medio de Acta núm. 018 del 15 de marzo de 1988, inscrita el 6 de abril de
1988 bajo el núm. 1942 del Libro IX, la Asamblea General de Socios eligió Junta Directiva
para el periodo de abril de 1988 a marzo de 1989 y aprobó por unanimidad el cambio de
razón social de CLUB DEPORTIVO DE HONDA a CLUB SOCIAL DE HONDA.
Alegó que, como la reforma de la razón social adoptada mediante Acta núm. 018 del 15 de
marzo de 1988, no fue elevada a escritura pública y en el registro de la cámara de comercio
continuó inscrita la sociedad anónima bajo la razón social Club Deportivo de Honda; sin
embargo, los formularios de renovación de la matrícula mercantil núm. 2334
correspondientes a los años 1988 a 1994, fueron presentados con la razón «social Club
Social de Honda».
Manifestó que, mediante documento privado del 3 de octubre de 1995, el señor Hernando
Aguirre Barragán solicitó la cancelación de la matrícula mercantil del Club Social,
argumentando que era una institución sin ánimo de lucro exenta de dicho impuesto. Precisó
que la Cámara de Comercio de Honda equivocadamente y sin verificar el cumplimiento de
los requisitos legales emitió el acto de cancelación en el registro mercantil núm. 3102 de 20
de octubre de 1995, el cual inscribió en el libro XV la cancelación de la matrícula mercantil
núm. 2334 de la sociedad anónima CLUB DEPORTIVO DE HONDA.
1.1.4. Normas violadas y concepto de la violación.
En opinión del demandante el acto acusado infringió los artículos 158, 219, 222, 228, 232
y 247 del Código de Comercio.
Indicó que previa cancelación de la matrícula mercantil era necesario agotar ciertas
etapas que prevé la ley mercantil como son la disolución y la liquidación de las
sociedades.
Destacó que en el caso concreto la Cámara de Comercio de Honda accedió a la solicitud
de cancelación de la matrícula mercantil de la sociedad anónima CLUB DEPORTIVO DE
HONDA, expidiendo de forma irregular el acto de cancelación en el registro mercantil
núm. 3102 del 20 octubre de 1995, ya que se omitieron las etapas legales de disolución
y liquidación.
Resaltó que, si los accionistas deseaban cancelar la sociedad, la asamblea de accionistas
debió haber decretado su disolución, decisión que, por constituir una reforma del contrato
social, conforme el artículo 158 del Código de Comercio, debió hacerse mediante
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escritura pública y registrarse en la cámara de comercio, actuaciones que no se surtieron
en el caso concreto.
Estimó que se desconocieron los artículos 222 y 228 del Código de Comercio que
establecen que una vez disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, la cual se
deberá realizar por un liquidador que sea nombrado conforme los estatutos o la ley,
circunstancia que no ocurrió. Agregó que se vulneraron los artículos 232 y 247 de la
citada normativa al no informar a los acreedores sociales sobre el estado de liquidación,
así como al no distribuir los remanentes de los activos entre los asociados, una vez
pagado el pasivo externo.
Enfatizó que el CLUB DEPORTIVO DE HONDA fue inscrito como sociedad anónima, por
lo que su nacimiento, desarrollo y terminación se encuentran regulados en sus estatutos,
así como en las normas comerciales, disposiciones que detallan la forma de liquidar el
patrimonio social.
Finalmente, se precisó que el proceso de extinción de una sociedad se desarrolla en tres
etapas: i) la disolución de la sociedad, ii) la liquidación del patrimonio social y iii) la
cancelación de la sociedad. Estas etapas deben cumplirse en estricto orden. No obstante,
en el caso concreto únicamente se surtió la última de ellas.
1.2. La Corporación Club Social de Honda contestó la demanda6, a través de curador
ad litem, quien manifestó no oponerse a las pretensiones del libelo introductorio al estimar
que la Corporación Club Social de Honda y el Club Deportivo de Honda son dos personas
jurídicas independientes que tienen socios, objetivos, organización y funcionamiento
diferentes.
Indicó que no es posible la conversión mencionada y que se deberá probar la existencia
del animus de los socios, ya que, por el contrario, los socios del Club Deportivo «son
conscientes de no poderse transformar, ni unificar de conformidad con la oficina de
asuntos delegados de la Nación, tal como se advierte del acta 006 del 5 de abril de
1997»7.
II. LA SENTENCIA APELADA
Mediante Sentencia de 19 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones8:
Indicó que las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado que cumplen
funciones administrativas y que los actos que profieren bajo dichas funciones son
susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Señaló que la acción adecuada para tramitar el presente asunto es el de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto de anularse el acto atacado, existiría un
restablecimiento automático de derechos en favor de la sociedad anónima Club Deportivo
Honda, consistente en dejar «como no inscrita la cancelación de la matrícula mercantil nro.
2334», dejando las cosas en el estado en que se encontraba antes de la inscripción del acto
6 Ibidem, folios 153 a 154.
7 Ibidem, folio 154.
8 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folios
160 a 164.
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de registro. Destacó que dentro de los actos administrativos de contenido particular que la
ley ha enlistado como susceptibles de enjuiciamiento a través de la acción de nulidad no se
encuentran los de registro mercantil. En ese sentido, indicó lo siguiente:
De lo anterior se puede colegir, que la acción adecuada para tramitar el presente asunto, es
la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto de anularse el acto administrativo
atacado, habría un restablecimiento automático de derechos en favor de la sociedad anónima
Club Deportivo de Honda, Consistente en dejar “como no inscrita la cancelación de la matricula
mercantil No. 2334” […].
Ahora bien, dentro de los actos administrativos de contenido particular que la Ley ha enlistado
como susceptibles de enjuiciamiento a través de la acción de nulidad no se encuentran los de
registro mercantil que, como los que aquí se impugnan, crean una situación jurídica de carácter
individual y concreto que afectan de manera especifica los accionistas que de la sociedad
anónima Club Deportivo de Honda.
De tal manera que la acción procedente es la nulidad y restablecimiento del derecho.
Adicionalmente, indicó:
No cabe duda que el artículo 158 del C. de Co. es una norma general para toda clase de
sociedad mercantil.
Dicho precepto dispone la obligatoriedad de elevar a escritura pública toda reforma del
contrato de sociedad comercial y que sin el lleno de dicho requisito “tal reforma no producirá
efecto alguno respecto de terceros”. Añade además el precepto que “Las reformas tendrán
efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a lo estatutos”
De lo anterior se colige que, la disolución, evidentemente constituye una reforma del contrato
de sociedad. No admite discusión el hecho de que frente a un acto que no produjo efectos,
respecto a terceros, la Cámara de Comercio no estaba en la obligación de cancelar el registro,
ya que del contenido del artículo 897 del C. de Co. así se infiere, cuando expresa que un acto
que no produce efectos es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de decisión judicial. Luego
ante una ineficacia de bulto, no podía accederse a la cancelación del registro mercantil No.
3102 de fecha 20 de octubre de 1995, para que no obstante, en virtud de este, pudiera producir
efectos que por mandato de la Ley no están llamados a producirse.
Ahora bien, el otro aspecto de la controversia se circunscribe a determinar qué efectos produjo
el Acta No. 018 del 15 de marzo de 1988.
Al respecto estima la Sala que si para el 15 de marzo de 1988, fecha en que mediante Acta
No. 018, se aprobó el cambio de razón social, omitiendo el deber de elevarla a escritura
pública, tal decisión no estaba llamada a producir efectos, era ineficaz o lo que es lo mismo,
es como si no se hubiera adoptado. […]9
III.- EL RECURSO DE APELACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revoque la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Manifestó que el presente proceso «se enmarca en lo normado en el artículo antes
transcrito [137 del CPACA], ya que con la Sentencia de Nulidad de registro no se persigue
9 Respecto de la sentencia de primera instancia proferida el 19 de julio de 2018, el magistrado Ángel Ignacio
Álvarez Silva salvó el voto al estimar que se debió acceder a las pretensiones de nulidad.
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el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un
tercero»10, pues únicamente se pretende la nulidad del acto demandado, declaración que
no conlleva una pretensión económica, ni una indemnización, más aún si se tiene en
cuenta que el club se encuentra abandonado.
Aduce que lo único que se persigue es la simple nulidad de un registro que se hizo en
contravención de la legislación mercantil, lo que no conlleva un restablecimiento del
derecho.
Señaló, que si bien, el Tribunal concluyó que la decisión no estaba llamada a producir
efectos, era ineficaz o como si no se hubiera adoptado, lo cierto es que, con un acto
ineficaz por un error de la cámara de comercio se produjo un acto de registro que se
inscribió bajo el número 3102 en el libro XV del registro mercantil consistente en la
cancelación de la matricula mercantil nro. 2334 de la sociedad anónima CLUB
DEPORTIVO HONDA, por lo que se hace necesario que se declare la nulidad del citado
acto.
IV.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1. Mediante auto del 9 de agosto de 2018, se admitió el recurso de apelación formulado
por la parte actora11.
4.2. Por medio de providencia de 22 de julio de 201912, se ordenó correr traslado a las
partes para que aleguen de conclusión, término dentro del cual la cámara de comercio
demandante presentó escrito reiterando los argumentos de la demanda y del recurso de
apelación. Agregó que conforme el artículo 137 del CPACA se puede pedir que se declare
la nulidad de las “circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”. Reiteró
que con la nulidad del registro no se persigue el restablecimiento automático de un
derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, así como tampoco una
pretensión económica. Afirmó que la ineficacia a la que se refiere el Tribunal de instancia
no existe ya que nunca se registró la disolución de la sociedad, es más, ni siquiera se
registró la liquidación, ya que nunca se presentaron dichos actos ante la cámara de
comercio; simple y llanamente se solicitó la cancelación de la matrícula mercantil a la cual
se accedió.
4.3. El Ministerio Público guardó silencio13.
V.- CONSIDERACIONES
5.1. En el presente asunto se pretende la nulidad del Acto de Registro núm. 3102 del 20
de octubre de 1995, mediante el cual se inscribió en el libro XV la cancelación de la
matrícula mercantil núm. 2334 de la sociedad anónima Club Deportivo de Honda, al
10 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folio
244.
11 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», ,
folios 160 a 164.
12 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «6_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOPRINCIPAL_0»,
folios 17.
13 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «6_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOPRINCIPAL_0»,
folios 18.
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estimar que se omitieron las etapas de disolución y liquidación previstas en la legislación
mercantil, lo que impedía registrar dicha cancelación.
En la sentencia recurrida el a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que
la acción adecuada para tramitar el citado asunto es la de nulidad y restablecimiento del
derecho y no la de nulidad simple, por cuanto de anularse el acto atacado, existiría un
restablecimiento automático de derechos en favor de la sociedad anónima Club Deportivo
Honda, consistente en retirar la cancelación de la Matrícula Mercantil núm. 2334.
Por su parte, en el recurso de apelación la entidad recurrente insiste en que la acción
procedente es la de nulidad, ya que no se persigue el restablecimiento automático de un
derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero, pues únicamente se pretende la
nulidad del acto demandado, declaración que no conlleva una pretensión económica, ni una
indemnización.
En el anterior contexto, corresponde determinar si es procedente la acción de nulidad contra
un acto de registro mercantil, como lo afirma la recurrente o sí, por el contrario, se debe
tramitar como nulidad y restablecimiento del derecho, como lo indicó el Tribunal.
V.1 Los actos de registro de las cámaras de comercio y las acciones contencioso
administrativas procedentes
La Corte Constitucional ha señalado que, en la aplicación un criterio material, las entidades
privadas en el ejercicio de actividades administrativas pueden proferir actos administrativos.
En ese sentido, sus actos en el ejercicio de actividades administrativas pueden ser
sometidos al control de acciones, hoy medios de control, ante la jurisdicción contencioso-
administrativa14.
Puntualmente, respecto los actos de registro mercantil adelantados por las cámaras de
comercio, la jurisprudencia constitucional ha señalado lo siguiente:
En el caso particular de las cámaras de comercio, la ley dispone que aquellas entidades
pueden ejercer ciertas funciones propias del Estado como, por ejemplo, la administración del
registro mercantil (artículo 27 del Código de Comercio) o del registro único de proponentes
(artículo 6º de la Ley 1150 de 2007). Sin embargo, el hecho de que las cámaras de comercio
ejerzan funciones públicas como las enunciadas no quiere decir que todas sus actuaciones
se lleven a cabo en ejercicio de una prerrogativa administrativa o que todos sus actos sean
considerados actos administrativos.
Como se anotó previamente, el ejercicio de funciones públicas por parte de las cámaras de
comercio está relacionado, por ejemplo, con su función registral. Así, lo ha reconocido la
Corte Constitucional en su Sentencia C-1142 del 2000 al afirmar que las Cámaras de
Comercio han asumido la “típica función pública… de llevar el registro mercantil”. Es en ese
asunto en el que tales agremiaciones asumen una competencia que –en principio– le
correspondería a una autoridad administrativa.15
En ese sentido, los actos de registro en el registro mercantil son susceptibles de ser
14 Al respecto: Corte Constitucional, Sentencia T-171 del 1 de abril de 2013, Magistrado Ponente: Jorge
Iván Palacio Palacio: «Bajo este contexto, la Corte Constitucional ha aclarado que las decisiones que tomen
las entidades privadas en ejercicio de funciones públicas tienen carácter de actos administrativos, razón
por la cual pueden ser objeto de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo»
15 Corte Constitucional, Auto 1315 del 7 de septiembre de 2022, Magistrado Ponente: Hernán Correa
Cardozo.
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sometidos a control judicial ante esta jurisdicción. Respecto el medio procesal para activar
este control jurisdiccional se debe tener presente el artículo 84 del CCA16, el cuál señala lo
siguiente:
Artículo 84. Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo
cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también
cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los
actos de certificación y registro.” (Subrayas y negrita fuera del texto original)
Esta Sala, al interpretar el artículo transcrito, ha señalado que, respecto de la procedencia
de la acción de nulidad contra los actos de registro, aun cuando dichos actos produzcan
efectos particulares, en principio serán susceptibles de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Lo anterior, en tanto con estos actos se trasciende la esfera
del interés subjetivo y se afecta el interés general y por ello se habilita su control a través de
la acción de simple nulidad. Al respecto, se indicó:
A propósito del tema, es pertinente poner de relieve que todas las anotaciones que las Oficinas
de Registro realizan en los folios de matrícula inmobiliaria, impactan necesariamente los
intereses particulares, individuales y concretos de las personas naturales o jurídicas, al crear,
modificar o extinguir situaciones jurídicas directamente relacionadas con el derecho de
dominio. Aún a pesar de lo anterior y con independencia de los efectos particulares que pueda
acarrear un acto de tal naturaleza, el legislador quiso contemplar de manera expresa la
posibilidad de controvertir la legalidad de ese tipo de actos particulares a través de la acción
de simple nulidad, teniendo en cuenta la enorme trascendencia que se reconoce al derecho
de propiedad en nuestro sistema jurídico, político, económico y social. Así las cosas,
independientemente de que la declaratoria de nulidad de un acto de registro produzca efectos
de carácter particular y concreto, la acción a incoar es la de nulidad17. [Resalta la Sala]
Pese a lo anterior, esta Sección ha mantenido en anteriores oportunidades que es necesario
realizar una distinción entre los diversos actos de registro para determinar la viabilidad de
demandarlos mediante la acción de simple nulidad. En particular, frente a los actos de
registro mercantil, se ha considerado que, por su carácter exclusivamente individual y
concreto, no pueden ser controvertidos a través de la acción de nulidad consagrada en el
artículo 84 del C.C.A., sino mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 85 del mismo código. Al respecto, se indicó:
[L]os actos administrativos de contenido particular que la Ley ha enlistado como
susceptibles de enjuiciamiento a través de la acción de nulidad no se encuentran los de
registro mercantil que, como los que a quo se impugnan, crean una situación jurídica de
carácter individual y concreto que atañen solamente a las personas que suscribieron la
escritura pública, contentiva de la reforma del contrato social de la sociedad comercial. De
tal manera que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho (…)18.
16 Normativa vigente para la época de presentación de la demanda de la referencia.
17 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre de 2011, radicado 23001-23-31-000-
00641-01, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de agosto de 1994, radicado 2878. Consejero
Ponente: Miguel González Rodríguez. Esta posición fue reiterada en la decisión del Consejo de Estado,
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Por lo tanto, bajo el precedente jurisprudencial citado, no sería objeto de la acción de nulidad
el Acto de Registro n.º 3102 del 20 de octubre de 1995, mediante el cual se inscribió en el
Libro XV la cancelación de la matrícula mercantil n.º 2334 de la sociedad anónima Club
Deportivo de Honda, sino de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No
obstante, la Sala resalta que no se trata de aplicar el precedente sin más, pues este
responde a un trasfondo afín a la teoría de los móviles y finalidades19. Esta Corporación ha
sostenido que dicha teoría resulta fundamental para determinar la viabilidad de acudir a una
u otra acción contra un acto administrativo. Sobre el particular, se ha señalado:
Bajo la tesis expuesta, esta Corporación ha considerado que el acto particular susceptible
de ser atacado a través de la acción de simple nulidad, es aquél que comporta “... un
interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con el afán
de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o
comunitario, de alcance y contenido nacional, con incidencia trascendental en la economía
nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social
y económico de gran número de colombianos”, que merezca el tratamiento del
contencioso objetivo, en los términos de la teoría de los móviles y finalidades”20.
En ese sentido, la aplicación de esta teoría permite determinar cuándo es viable demandar
un acto administrativo de naturaleza particular mediante la acción de simple nulidad. Lo
anterior ocurre cuando, pese a involucrar intereses individuales, la finalidad de la demanda
consiste en salvaguardar un interés colectivo de tal magnitud que incida en la economía
nacional o genere efectos relevantes en el desarrollo y bienestar social y económico de un
amplio sector de la población. Asimismo, esta vía resulta procedente siempre que la
demanda no pretenda, ni que la eventual anulación del acto produzca, un restablecimiento
automático del derecho.
Cuando dichos parámetros no se encuentran satisfechos, el acto administrativo de
contenido particular únicamente será susceptible de control jurisdiccional a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
V.2 Caso concreto
En primera instancia el tribunal negó las pretensiones por considerar que la acción de
nulidad impetrada no era procedente para controvertir el citado acto, en razón a que, de
declararse la nulidad, se restituiría el derecho de un tercero, en la medida en que se
eliminaría el registro de cancelación de la matrícula de la sociedad anónima y esta sociedad
volvería a la vida jurídica automáticamente.
Por su parte, la entidad demandante y apelante pretende la nulidad de su propio acto de
registro, consistente en la cancelación del registro mercantil de una sociedad anónima, al
señalar que dicha inscripción no procedía por no cumplir con los requisitos previstos en la
legislación mercantil.
En ese sentido se está ante una acción de lesividad, la cual «es el mecanismo legal a través
Seccion Quinta, sentencia de 5 de abril de 2018, radicado 25000-2324-000-2011-00182-01. Consejero
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Al respecto: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, radicado 25000-
2324-000-2012-00420-01, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 5 de octubre
de 2006. Expediente 25000-23-27-000-2001-02103-02(14645). Consejera ponente: Ligia López Díaz.
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Radicado: 73001 23 33 000 2006 01364 01
Demandante: Cámara de Comercio de Honda
Demandado: Cámara de Comercio de Honda
del cual todas las autoridades de la Administración Pública pueden infirmar la expresión de
su propia voluntad consignada en los actos administrativos por ellas proferidos, cuando
observe que los mismos se expidieron con desconocimiento del ordenamiento jurídico
constitucional y legal lo cual conduce a que indefectiblemente dicho acto, resulte nocivo a
sus propios intereses»21.
De manera preliminar, se pone de presente que al ser la Cámara de Comercio de Honda
una entidad privada que desempeña algunas funciones administrativas, dentro de las que
se encuentra el registro mercantil, puede someter su propio acto al control de esta
jurisdicción, esto es una acción de lesividad.
Ahora bien, en el Código Contencioso Administrativo no se regulaba la acción de lesividad
como un mecanismo autónomo e independiente; su ejercicio podía hacerse a través de la
acción de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del derecho. En cualquiera de los
dos casos, la acción de la administración adelantada contra su propio acto debe, como
cualquier otra, someterse a los requisitos y presupuestos de procedibilidad propios de
dichos medios de control. Al respecto:
Ahora, hay que entender que ambas acciones (artículos 84 y 85 del C.C.A.) prevén la
titularidad de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho en las
expresiones “toda persona”, que en sentido amplio comprenden a las personas de
derecho público, como se evidencia armónicamente del contenido del artículo 149 ibidem,
que faculta a las entidades públicas y a las privadas que cumplan funciones públicas para
que obren como demandantes o demandadas y para que interpongan las acciones
previstas en el Código Contencioso Administrativo.
[…]por lo que dicha acción como cualquier otra se encuentra sometida a los requisitos y
presupuestos de procedibilidad propios de dichos medios de control según su causa
petendi.
Es así como uno de los presupuestos para la interposición de cualquier acción
contenciosa, es que la misma sea puesta en conocimiento del aparato judicial, dentro de
la oportunidad legal con el fin de que a toda costa no haya operado el fenómeno de la
caducidad de la acción.22
Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Honda, si quería que sus pretensiones
prosperaran, tenía la carga de realizar una debida escogencia de la acción procesal y de
ejercitarla en el tiempo debido.
En ese sentido, con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que le asiste razón al
tribunal. Ello, por cuanto esta Corporación, en precedentes anteriores y en aplicación de la
teoría de los móviles y las finalidades, ha sostenido que los actos de registro mercantil
demandados, en principio, no son susceptibles de ser controvertidos mediante la acción
prevista en el artículo 84 del CCA.
Además, si se acude a la teleología de dicha línea jurisprudencial y se aplica en este caso
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10 de julio
de 2014. Expediente 11001-03-25-000-2008-00033-00(0868-08). Consejero ponente: Luis Rafael Vergara
Quintero.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10 de julio
de 2014. Expediente 11001-03-25-000-2008-00033-00(0868-08). Consejero ponente: Luis Rafael Vergara
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Demandante: Cámara de Comercio de Honda
Demandado: Cámara de Comercio de Honda
la teoría de los fines y los móviles, no es posible advertir que el Acto de Registro núm. 3102
del 20 de octubre de 1995, mediante el cual se inscribió en el Libro XV la cancelación de la
matrícula mercantil núm. 2334 de la sociedad anónima Club Deportivo de Honda, tenga
efectos significativos en el desarrollo y bienestar social o económico de un sector amplio de
la población. Ello, por cuanto se trata de una actuación que concierne exclusivamente a una
persona jurídica, y no obra en el acervo probatorio elemento alguno que permita concluir
que su impacto trascienda el interés particular de los socios del Club Deportivo de Honda.
Asimismo, le asiste razón al tribunal cuando señaló que de aceptar la nulidad del acto de
registro habría un restablecimiento automático del derecho que se generaría a favor de
terceros, pues se daría el restablecimiento de la personería jurídica de la Sociedad de
manera automática. En ese sentido, la sentencia de primera instancia anotó:
De lo anterior se puede colegir, qué la acción adecuada para tramitar el presente asunto es
la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuánto de anularse el acto administrativo
atacado, habría un restablecimiento automático de derechos en favor de la sociedad
anónima Club Deportivo de Honda, consistente en dejar “como no inscrita la cancelación de
la matricula mercantil No. 2334”, dejando las cosas en el estado en que se encontraba antes
de la inscripción del acto administrativo.
Ahora bien, considerando que la acción procedente en el presente caso es la de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no la simple nulidad, en consecuencia, y con el fin de
garantizar el acceso a la administración de justicia y privilegiar el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, se adecuará la demanda presentada por la Cámara
de Comercio de Honda como de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el
artículo 85 del C.C.A. 23.
A continuación, la Sala, a diferencia de lo realizado por el Tribunal, se abstendrá de analizar
de fondo las pretensiones y, en su lugar, procederá previamente a verificar si la demanda
fue presentada de manera oportuna o si, por el contrario, en el presente caso operó la
caducidad.
Lo anterior se fundamenta en que uno de los presupuestos esenciales para la presentación
de cualquier acción contencioso-administrativa es que esta se formule dentro del término
legal, a fin de evitar que opere la caducidad. Este fenómeno se entiende como la pérdida
de la posibilidad de ejercer un derecho ante la jurisdicción debido al transcurso del tiempo.
Al respecto, el artículo 136, numeral 7, del Código Contencioso Administrativo prevé:
ARTICULO 136. Caducidad de las Acciones.
(…)
7. Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la caducidad será de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de su expedición.
En el presente caso se pretende la nulidad del Acto de Registro núm. 3102 del 20 de
23 En otras oportunidades, frente a casos semejantes, está sección ha actuado de la misma manera:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 29 de agosto
de 2024. Expediente 25000-2324-000-2012-00420-01. Consejero ponente: German Eduardo Osorio
Cifuentes. En la sentencia citada, en virtud de los mismos principios, se adecuo la acción de nulidad del
artículo 84 del C.C.A. a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del C.C.A.
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Demandante: Cámara de Comercio de Honda
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octubre de 1995; sin embargo, la demanda fue presentada el 9 de junio de 2006 24, esto
es, mucho después de dos años contados del día después de haber sido expedido el
acto acusado25. En consecuencia, transcurrió ampliamente el término señalado en la
norma transcrita, razón por la cual se encuentra llamada a prosperar la excepción de
caducidad.
Por lo anterior, en el entendido que los artículos 16426 y 17027 del Decreto 01 de 1984
habilitan expresamente a los jueces y magistrados de la jurisdicción
contencioso-administrativa para estudiar y declarar probadas, incluso de oficio, las
excepciones no alegadas por las partes, se procederá a revocar la sentencia de primera
instancia y se declarará probada la excepción de caducidad28.
En relación con la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues como se indica en el numeral 8 del Artículo 365 del Código General del
Proceso, «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación». Por ello, al observar el trámite del proceso y la
correcta conducta de la demandante, la Sala encuentra que no hay lugar a declararlas29.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: ADECUAR la demanda de nulidad a la de nulidad y restablecimiento del
derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia de 19 de julio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
24 Índice 16 del Expediente Electrónico, documento «7_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOTRIBUNAL», folio
52.
25 Respecto la caducidad en los casos que la autoridad demanda el propio acto: «De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. el término de caducidad para la acción de lesividad es de 2 años
contados a partir del día siguiente a la expedición del acto administrativo para que la Administración
demande su propio acto» Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia del 20 de octubre de 2011. Expediente 15001-23-31-00-2010-01402-01. Consejero ponente:
Marco Antonio Velilla Moreno. También, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda. Sentencia del 10 de julio de 2014. Expediente 11001-03-25-000-2008-00033-00(0868-
08). Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
26 Norma vigente para el momento en que se presentó la demanda y que rige el presente tramite. Articulo
164. Excepciones de fondo Artículo. […]En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
27 Norma vigente para el momento en que se presentó la demanda y que rige el presente tramite.
Artículo 170. Contenido de la sentencia. Modificado por el art. 38, Decreto Nacional 2304 de 1989 La
sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas,
las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver
todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo
podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas.
28 Está decisión se ha tomado en casos semejantes, al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de septiembre de 2024. Expediente 13001-
23-31-000-2011-00594-01. Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
29 Respecto la viabilidad de la condena en costas bajo el amparo del C.C.A., incluso en acciones de
lesividad, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 4
de julio de 2013. Expediente 08001-23-31-000-2007-01000-02(1440-12). Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve .
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Radicado: 73001 23 33 000 2006 01364 01
Demandante: Cámara de Comercio de Honda
Demandado: Cámara de Comercio de Honda
TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho respecto del Acto de Registro núm. 3102 del 20 de
octubre de 1995, por medio del cual se inscribió en el Libro XV la cancelación de la
matrícula mercantil núm. 2334 de la sociedad anónima Club Deportivo de Honda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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