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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2011-00594-01

Fecha
12 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2011-00594-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: RECONOCER a la doctora DAYSI INÉS MIER CANTERO como apoderada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 45 del expediente digital que se encuentra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 13001-23-31-000-2011-00594-01 Actora: COOPROPIEDAD EDIFICIO EL FARO TEQUENDAMA Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-31-000-2011-00594-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 13001-23-31-000-2011-00594-01
Referencia. Acción de Nulidad
Actor: COOPROPIEDAD EDIFICIO FARO TEQUENDAMA

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA PARA DISPONER, EN
SU LUGAR, QUE EN ESTE CASO LA SALA DEBE INHIBIRSE DE
PROFERIR PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, YA QUE OPERÓ EL
FENÓMENO DE LA CADUCIDAD TENIENDO EN CUENTA LA
OCURRENCIA DE LA NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA
CONCLUYENTE. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. LA ACCIÓN
PROCEDENTE FRENTE AL ACTO DE REGISTRO DEMANDADO ERA LA
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la COOPROPIEDAD EDIFICIO FARO

TEQUENDAMA contra la sentencia de 23 de abril de 2015,

proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia

2

Número único de radicación: 13001-23-31-000-2011-00594-01
Actora: COOPROPIEDAD EDIFICIO EL FARO TEQUENDAMA

y Santa Catalina, por la cual se denegaron las pretensiones de la

demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La COOPROPIEDAD EDIFICIO FARO TEQUENDAMA, por

conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de

nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA, presentó demanda ante

el Tribunal Administrativo de Bolívar, tendiente a obtener la

nulidad de la Resolución núm. 13-001-1888 de 2009, expedida por

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Adelante -IGAC-, por la

cual se ordenan unos cambios en el catastro de Cartagena, dentro

de los cuales se encuentra el inmueble ubicado en la carrera 1 A

num. 3-75 del Barrio EL Laguito de dicha ciudad.

I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en el hecho de

que, a su juicio, la citada Resolución va en contravía de lo

preceptuado en la Ley 160 de 19941 y en su Decreto Reglamentario

26632 de ese año que le otorga competencia al INCORA, hoy

Agencia Nacional de Tierras, para realizar procedimiento de

1
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones”.
2
“por el cual se reglamentan los Capítulos X y IVX de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a los
procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad,
de delimitación o deslinde de las tierras de dominio de la Nación y los relacionados con los resguardos
indígenas y las tierras de comunidades negras”.

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3

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Actora: COOPROPIEDAD EDIFICIO EL FARO TEQUENDAMA

deslinde y clarificación de tierras y/o determinar cuáles son los

bienes de la Nación.

I. 3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo los siguientes

cargos de violación:

I.3.1 OBJETO ILÍCITO

A juicio de la demandante, la Resolución acusada viola los artículos

1°, numeral 9, 12, numerales 14 y 15, 48, numerales 1, 2 y 3 de la

Ley 160 de 19943; y 1°, numerales 1 y 2, 2°, numerales 1 y 2, y 3°

al 17 y 19 al 33 del Decreto 2663 de 19944, habida cuenta que

ninguna disposición le otorga facultades al IGAC para que realice el

registro sin verificar los requisitos que prevén las normas citadas.

I.3.2. FALSA MOTIVACIÓN

Considera que si bien el artículo 123 de la Ley 388 de 19975 le

otorgó la propiedad de los bienes baldíos de la Nación a los

municipios, no lo es menos que ello no depende del arbitrio de

entidad estatal alguna, que con su abuso o desvío de poder se cree

3
ibidem
4
ibidem
5
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones:
ARTICULO 123. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos
que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y
que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales”.

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omnipotente, pues para concluir cuáles son los bienes que por

ministerio de la ley son de propiedad del municipio en razón de su

naturaleza de baldío, se debe establecer precisamente tal

naturaleza a través de un procedimiento de clarificación de la

situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad; y

un proceso de delimitación o deslinde de las tierras del dominio de

la Nación, previsto en la Ley 160 de 19946 y en su Decreto

Reglamentario 2663 de ese año7, aún no se ha surtido.

Que, a pesar de lo antes expuesto, el IGAC procedió a la inscripción

de la propiedad-posesión del lote en mención sin tener en cuenta el

procedimiento señalado para tal fin, lo cual torna ilegal por falsa

motivación la Resolución que se acusa.

En apoyo de este cargo de violación, trae a colación providencias de

la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

I. 3.3. EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO QUE SE ACUSA

6
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones”.
7
“por el cual se reglamentan los Capítulos X y IVX de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a los
procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad,
de delimitación o deslinde de las tierras de dominio de la Nación y los relacionados con los resguardos
indígenas y las tierras de comunidades negras”.

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Por las mismas razones expuestas en los cargos anteriores, la parte

actora considera que se incurrió en el vicio de expedición irregular.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. El IGAC no contestó la demanda.

I.4.2. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,

por conducto de apoderada, contestó la demanda y para oponerse a

la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

Que el IGAC es competente para los temas de actualización y

cambios en el catastro de los municipios, bajo los procedimientos

previstos en la Resolución 2555 de 19888, hoy Resolución 70 de

20119.

Señala que si se trata de bienes baldíos urbanos la norma aplicable

es la Ley 137 de 195910, el Decreto Reglamentario 3313 de 196511

y el artículo 123 de la Ley 388 de 199712. Al efecto, trae a colación

8
“Por la cual se reglamenta la Formación, Actualización
de la Formación y Conservación del Catastro Nacional, y subroga la resolución No. 660 del 30 de
marzo de 1984.
9
“Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación
catastral y la conservación catastral”.
10
“por la cual se ceden derechos de la Nación al Municipio de Tocaima, y se dictan otras
disposiciones”.
11
“Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 137 de 1959”.
12
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones:
ARTICULO 123. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos
que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y
que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales”.

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6

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un Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado dentro de la radicación número 1592.

Argumenta que no se incurrió en expedición irregular pues la Ley

160 de 199413 no opera en este caso, sino las normas a que se hizo

mención anteriormente.

Finalmente, propuso la excepción de fondo denominada:

“INEXISTENCIA DE LAS NORMAS VIOLADAS E IMPROCEDENCIA DE

LA ACCIÓN”. A su juicio, la propiedad del bien, por facultad legal

del artículo 123 de la ley 388 de 199714, recae en el Distrito

Turístico y Cultural de Cartagena.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 23 de abril de 2015, el Tribunal

Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina denegó

las pretensiones de la demanda con base en los razonamientos que

pueden resumirse así:

13
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones”.
14
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones:
ARTICULO 123. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos
que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y
que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales”.

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Actora: COOPROPIEDAD EDIFICIO EL FARO TEQUENDAMA

Conforme obra a folio 186 del expediente, el IGAC precisa que el

inmueble identificado catastralmente con el número 01-01-0027-

0231-000, se ubica en la zona urbana del Distrito Turístico y

Cultural de Cartagena de Indias.

Que, dicho Instituto, en su calidad de máxima autoridad nacional

catastral, debe actualizar el inventario o censo de los bienes

inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el

objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y

económica, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2555 de

198815, vigente al momento de la expedición de la Resolución

acusada.

Se apoya en la sentencia de 26 de noviembre de 2008 (Expediente

núm. 13001-23-31-000-2000-99073-01, Cp. Rafael E. Ostau de

Lafont Pianeta), conforme a la cual en relación con los bienes

baldíos urbanos las normas aplicables son los artículos 7° de la Ley

137 de 195916 y 123 de la Ley 388 de 199717.

15
“Por la cual se reglamenta la Formación, Actualización
de la Formación y Conservación del Catastro Nacional, y subroga la resolución No. 660 del 30 de
marzo de 1984”.

16
“por la cual se ceden derechos de la Nación al Municipio de Tocaima, y se dictan otras
disposiciones”.

17
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones:
ARTICULO 123. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos

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Sostiene que el inmueble referenciado anteriormente es de

propiedad del municipio, por ministerio de la Ley.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte actora solicita la revocatoria de la

sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes

argumentos:

Que si bien es cierto que la Ley 160 de 199418 le asigna la

competencia al INCODER para el saneamiento de las tierras a fin de

determinar los bienes de la Nación y su titularidad a los municipios,

en tratándose de bienes rurales, también lo es que en el tema que

nos ocupa el Consejo de Estado ha venido considerando, desde la

sentencia de 21 de enero de 1972, de la Sección Tercera

(Expediente núm. 1070), que el INCORA tiene competencia para

clarificar la propiedad de las tierras sean ellas rurales o urbanas,

con fundamento en el literal d) del artículo 3° de la Ley 135 de

que se encuentren en suelo urbano, en los términos de la presente ley, de los municipios y distritos y
que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales”.

18
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones”.

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196119, jurisprudencia reiterada en la sentencia de 1o. de diciembre

de 1998 (Expediente 3489), de la misma Sección.

Que, igualmente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado (dentro

del expediente ACU 935), sostuvo que la obligación del INCORA era

dar cumplimiento a la Ley 160 de 199420 y al Decreto 2664 de

199421, tesis también aducida en la sentencia de 13 de octubre de

1989, proceso número 805.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, la parte actora, no presentó alegatos de

conclusión.

IV.2.- El apoderado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la

oportunidad procesal para alegar de conclusión, solicita que se

confirme la sentencia apelada, por lo siguiente:

1. Que el predio venía inscrito a nombre de una persona distinta de

la que actúa como demandante.

19
“Sobre reforma social agraria”. (…) ARTÍCULO 3º. Son funciones del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria: (…) d) Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad,
a objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que perecen al Estado, facilitar el
saneamiento de la titulación privada y cooperar en la formación de los catastros fiscales;
20
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria y se dictan otras disposiciones”
21
“por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los procedimientos
para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación”.

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2. Que, igualmente, al observar la Resolución demandada en su

artículo 7° puede advertirse que la persona respecto de la cual se

hace la cancelación de la inscripción catastral es Andian National

Corporation Limit, mientras que la demandante es la Coopropiedad

Edificio Faro Tequendama.

Sobre el particular, informa que la identificación del predio por su

número catastral y su dirección, coinciden con los datos de la

demanda y de la Resolución controvertida, de lo cual resulta

ineludible concluir que la actora demanda por la cancelación de la

inscripción catastral a favor de una persona jurídica distinta a la

que actúa como demandante.

3. Que, de la misma manera, la acción incoada en el caso sub lite

es la de nulidad, pero la consecuencia favorable a las pretensiones

de la actora es que se quitaría la inscripción catastral al Distrito

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y regresaría la

inscripción a favor de una persona jurídica privada, lo que significa

que aunque se pretende la nulidad simple, el fallo puede favorecer

a un particular, lo que desnaturaliza el fin de la acción incoada

pues, en este caso, se pretende beneficiar a un tercero que no ha

participado y no ha sido llamado a la litis.

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4. Que la controversia sobre el derecho de propiedad o su alcance

no es frente a dicho instituto sino con el Distrito Turístico y Cultural

de Cartagena de Indias, mediante acciones reivindicatorias o de

deslinde y amojonamiento; y que, además, como el predio es

urbano no le son aplicables las normas de reforma agraria.

IV.2. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en sus

alegatos de conclusión, solicita la confirmación de la sentencia de

primera instancia, con base en los mismos argumentos expuestos

en la contestación de la demanda.

IV.3. El Señor Agente del Ministerio Público, en la oportunidad

procesal respectiva, solicitó la confirmación de la sentencia apelada,

en síntesis, por cuanto el INCODER no es el competente para la

adjudicación de terrenos baldíos urbanos, ya que existe una Ley

especial que se aplica en los casos de los baldíos urbanos. Trajo a

colación la sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente 08001-

23-31-000-19991-00268-01 (15070) de la Sección Tercera del

Consejo de Estado) que respalda su opinión. A su juicio, no cabe

duda alguna que debido a la calidad de baldío urbano que tiene el

predio registrado en el catastro del municipio de Cartagena, no es

posible la aplicación de las normas del Sistema Nacional de

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Reforma Agraria; y que la competencia en relación con el cambio

efectuado en el catastro recae en el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi como máxima autoridad Catastral para la realización de

dichos procedimientos, pues a través del trámite de inscripción del

predio cumple con las funciones de mantener la actualización y

conservación de catastro en el país.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae establecer la legalidad de la

Resolución número 13-001-1888-2009 de 17 de noviembre de

2009, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por

medio de la cual, entre otras, se canceló una inscripción de un

predio identificado catastralmente con el núm. 01-01-0027-0231-

000 en el registro catastral que figuraba a nombre de ANDIAN

NATIONAL CORPORATION LIMIT, ubicado en la carrera 1A # 375

del Barrio El Laguito y se procedió a hacer la inscripción de dicho

predio a nombre del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de

Indias.

El mencionado acto, en lo pertinente, es del siguiente tenor:

«[…]
“RESOLUCIÓN NRO: 13-001-1888-2009

INSTITUTO GEOGRÁFICO “AGUSTÍN CODAZZI”

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FECHA RESOLUCIÓN: 17-NOV-2009

POR LA CUAL SE ORDENA UNOS CAMBIOS EN EL CATASTRO DEL
MUNICIPIO DE: CARTAGENA

EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE
BOLÍVAR

RESUELVE:

ORDENAR LA INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE:
CARTAGENA LOS SIGUIENTES CAMBIOS:
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
ARTI C NUMER C NUMERO DEL PREDIO TOT APELLIDOS Y NOMBRES
E-C-T-D NRORODOCUMENTO
CULO M I RA SE MANZ2 PRED MEJ PRO DIRECCIÓN O VEREDA DES
HECTÁREA MET2 A-CONS AVALUO VIGENCIA
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
(…)
7 1 62106 C 01 0027 0231 000 001 ANDIAN NATIONAL -
CORPORATION-LIMIT N0860000521-8
K 1A 3-75 R 410 400.120.000
(…)

COMUNÍCASE Y CUMPLASE

[…]»

V.1. Cuestión Previa

Sea lo primero advertir que, según lo previsto en el artículo 357 del

Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del

artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se entiende

interpuesto en lo desfavorable a la apelante, por lo cual el superior,

en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron

objeto del mismo.

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En este caso, como se advierte del resumen que ha quedado

reseñado ab initio de estas consideraciones, la actora hizo uso del

medio de defensa judicial establecido en el artículo 84 del CCA, esto

es, de la acción de nulidad.

Como se colige del contenido del acto acusado, el mismo crea una

situación de carácter particular, individual y concreto, en favor del

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a la vez que

modifica una situación de la misma naturaleza respecto de una

persona jurídica particular. Por lo tanto, la acción procedente no era

la de nulidad sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, a

que alude el artículo 85 del CCA.

En consecuencia, la Sala, interpretará la demanda promovida por la

COOPROPIEDAD EDIFICIO FARO TEQUENDAMA, en ejercicio

de la acción de nulidad,22 a la acción de nulidad y restablecimiento

del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA.

22
Ver sentencia de 15 de agosto de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 25000-03-24-000-
2005-00461-01).

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Ahora, es del caso precisar cuál ha sido la jurisprudencia de esta

Sección en materia de actos de registro, frente a la procedencia de

la acción tendiente a desvirtuar su legalidad.

Esta Sección, ha sido reiterativa y enfática en señalar que frente a

actos de registro puede proceder la acción de nulidad, cuando el

tercero no ha sido notificado y la decisión contenida en ellos lo

perjudica; y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

cuando puede establecerse dentro del proceso que el acto de

registro le fue notificado al interesado ya sea en forma personal, o,

por conducta concluyente.

Así, en providencia de 16 de noviembre de 2000, proferida dentro

del expediente núm. 6515 (Cp. Olga Inés Navarrete Barrero), dijo

la Sala:

«[…]

“Que si bien es cierto que el acto demandado no ameritaba de
parte de la Administración notificación al demandante y que el
artículo 44 del C.C.A. consagra, en relación con los actos de
inscripción y registro, que éstos se entenderán notificados el
día en que se efectúe la correspondiente anotación, no lo es
menos que, para efectos de contabilizar el término de
caducidad para demandar acto de registro, debe tenerse
como punto de partida de dicho cómputo el momento en que
el interesado conoció de dicho acto; lo contrario sería exigir a
cada interesado una visita diaria a las oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos para verificar si, en relación con los
inmuebles de su propiedad, se han efectuado anotaciones que

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atenten contra sus derechos. Por lo anterior, no resulta
acertado que el cómputo para el ejercicio de la acción contra
el acto demandado se haya verificado teniendo en cuenta
solamente la fecha de anotación sin importar el día en que se
tuvo conocimiento de la misma, circunstancia que se puede
comprobar, por ejemplo, con la prueba de reclamación ante la
Administración en relación con la inscripción; con la
constancia de que con anterioridad se solicitó copia del
certificado de libertad y tradición del inmueble; en fin,
mediante cualquier medio del que se infiera que el interesado
conocía del acto de registro”.

[…]»

De la misma manera, en la sentencia de 7 de octubre de 2010

(Expediente núm.11001-03-24-000-2004-00300-01, Cp. Rafael E.

Ostau de Lafont Pianeta), además de reiterar la providencia antes

mencionada, dijo la Sala:

«[…]

“De acuerdo con las ideas expuestas, concluye la Sala que la
excepción propuesta por el Ministerio Público no está llamada
a prosperar, pues para poder demandar la legalidad de la
anotación cuestionada, no era necesario el agotamiento de la
vía gubernativa. De igual modo, la Sala considera que la
demanda impetrada fue radicada de manera oportuna, es
decir, dentro del término de cuatro (4) meses previstos en el
artículo 136 del C.C.A., ya que no obra en el expediente
ninguna evidencia de que la sociedad actora haya tenido
conocimiento del registro del embargo decretado por el IDU
sino hasta el día en que interpuso el recurso de reposición. Así
lo confirma el apoderado de la Sociedad INVERSIONES,
CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIONES S.A., cuando en el
recurso de reposición interpuesto el 30 de marzo de 2004,
obrante a folios 22 a 25 del expediente, manifiesta que “[…]
me notifico del contenido de su anotación N° 9 de fecha 21 de
noviembre de 2003, que afecta el inmueble registrado bajo la
Matrícula Inmobiliaria 50C-265868 respecto al embargo por
valorización – Beneficio Local – Proceso 4519 del IDU, a la
Sociedad Inversiones y (sic) Construcciones y

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Administraciones Limitada, e interpongo contra la anotación
en referencia el recurso de reposición […]”, escrito éste que
fue corregido mediante memorial radicado el 31 de marzo de
2004 bajo el número 6469, en el cual se agrega que “En
subsidio apelo”. (Ver folios 26 a 29 del expediente) Por lo
tanto, al no haberse allegado al proceso ningún medio de
prueba distinto que acredite que antes del 30 de marzo de
2004 la sociedad interesada hubiese tenido conocimiento del
registro del embargo, la Sala tendrá como tal aquella en la
cual se radicó el primero de los escritos anteriormente
mencionados. Por lo mismo, al radicarse la demanda el día 29
de julio de 2004, tal como aparece acreditado a folio 60
(vuelto) del expediente, se entiende oportuna su
presentación.
[…]»

En sentencia de 23 de junio de 2011 (Expediente 19001-23-31-

000-2004-02519-01, Cp. María Elizabeth García González), precisó

que frente al acto de registro catastral que en ese proceso se

impugnaba, la acción procedente era la de nulidad y

restablecimiento del derecho por estarse en presencia de un acto

administrativo de contenido particular y concreto; y que no se tiene

en cuenta el presupuesto de procedibilidad de la acción relativo a la

caducidad, en la medida en que la actora no tuvo conocimiento del

mismo.

Igualmente, en providencia del 11 de julio de 2013 (Expediente

19001-23-31-000-2007-00116-01, Cp. Marco Antonio Velilla

Moreno), esta Sección sostuvo:

«[…]

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Primero que todo, entra la Sala a dilucidar si en efecto la
excepción de oficio de caducidad resuelta por el a quo, se
ajusta o no a los cánones legales establecidos en el Código
Contencioso Administrativo, ya que la parte actora alega que
la acción de nulidad simple instaurada cumple a cabalidad con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Código. La parte
demandante, solicitó la nulidad del acto de anotación y
registro expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de
Popayán, de 16 de junio de 2000, por violar las normas en
que debía fundarse, por ser falso, y cuyo texto es del
siguiente tenor: “DECLARACIÓN Es NULO según el artículo 84
del Código Contencioso Administrativo, el acto de anotación y
registro expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Popayán, el día 16 de junio de 2000, a las 01-
17.25 p.m., (sic) en el Turno 2000-30288, por violar las
normas que debía fundarse, por ser falso, y cuyo texto es del
siguiente tenor, “COMPLEMENTACIÓN: PRIMERO- HAROLD
ENRIQUE VIVAS LOPEZ, ADQUIRIO EL INMUEBLE EN MAYOR
EXTENSIÓN POR ADJUDICACIÓN EN LA SUCESIÓN DE
CARMEN BONILLA DE CAJIAO, SEGÚN SENTENCIA DE
10.06.86 BAJO MATRICULA INMOBILIARIA No. 120-0014043.”
En lo tocante al tema de la acción que debe impetrarse, en los
casos de los actos de anotación y registro expedido por la
Oficina de Instrumentos Públicos, la posición actual de esta
Corporación, contenida, entre otras, en el proveído de 3 de
noviembre de 2011, es la siguiente: “Observa la Sala que de
conformidad con lo expuesto en el escrito de apelación, el
problema jurídico se circunscribe a dilucidar cuál es la acción
procedente para controvertir la legalidad del registro de la
Escritura Pública sobre el inmueble perteneciente a la señora
Carmen del Cristo Vergara Vergara, que aparece en el folio de
matrícula inmobiliaria bajo el No. 144-0001986, con fecha del
28 de agosto de 1985. Pues bien, es evidente que la decisión
controvertida es un acto administrativo de registro, y de
conformidad con lo estatuido en el artículo 84 del C.C.A., los
actos de certificación y registro son controvertibles en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de la
acción pública de nulidad pese a ser actos de contenido
particular y concreto. (…) Pues bien, es aquí donde viene a
ser aplicable una extensión de la Teoría de los Motivos y las
Finalidades, pero no en el sentido expuesto por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, sino en el que tiene que ver con el
criterio de la Regulación Legal, según el cual el legislador bajo
el ejercicio de su potestad normativa, contempla
expresamente diversas situaciones en las que se considera
que ciertos Actos Administrativos de carácter Particular, como
el que aquí se censura, puedan ser impugnados judicialmente
por vía de la acción de Nulidad. Así las cosas, encuentra la

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Sala que la decisión del Juzgador de Primera Instancia debe
revocarse, y en su lugar, ordenarle que provea sobre la
admisión la demanda interpuesta por la señora Carmen del
Cristo Vergara Vergara, por cuanto, como se dijo, el medio de
impugnación válido para censurar el acto de registro es el
previsto en el artículo 84 del C.C.A., esto es, la acción pública
de nulidad que fue la invocada por el demandante”23.

Al respecto, la Sala debe precisar que no en todos los casos la
acción es de simple nulidad, sino que hay eventos en que
debe pedirse la nulidad y restablecimiento del derecho, tal
como se sostiene en la sentencia de 14 de febrero de 2002,
en la cual esta Sección se pronunció sobre el particular, en los
siguientes términos: “ACTOS DE INSCRIPCIÓN - Efectos
particulares y efectos generales ante terceros El acto de
inscripción de un título en la oficina de Registro de
Instrumentos Públicos es un acto administrativo que crea una
situación jurídica particular, pues solo a partir de dicha
inscripción surte efectos ante terceros. Así lo dispone el
artículo 44 de Decreto 1250 de 1970 que señala: “Artículo 44.
Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro
o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde
la fecha de aquel”. Si se crea una situación jurídica particular,
es claro que solo puede pedir su nulidad y, por ende, el
restablecimiento del derecho, quien se crea lesionado en un
derecho amparado en una norma jurídica. Pero, una vez
realizada la inscripción, el acto de registro surte efectos
también respecto de terceros.

Si bien es cierto que la inscripción constituye un acto de
carácter particular y concreto, es necesario tener en cuenta
que en el presente caso, por un lado, que se trata de un
predio de propiedad del municipio de Leticia, pues se trataba
de un terreno baldío urbano que, en virtud de lo previsto en la
Ley 388 de 1997, pertenece a estas entidades territoriales. De
otro lado, se disputa el derecho real de la Nación porque se
aduce que tal derecho es del municipio, hecho que implica
que cualquier ciudadano pueda alegar interés en defensa del
patrimonio público. Aplicando al caso la Teoría de los Móviles
y Finalidades, ampliamente desarrollada por esta Corporación,
se desprende que está plenamente justificado el interés del
demandante, pues no pretende la defensa de derecho

23
Proveído de 03 de noviembre de 2011. Rad: 2005 00641. Consejero Ponente: RAFAEL E. OSTAU DE
LAFONT PIANETA. Actor: CECILIA DEL SOCORRO ENCINALES LEÓN

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particular en su cabeza, sino los derechos del municipio de
Leticia sobre un bien inmueble baldío”24

Igualmente, en proveído de 28 de noviembre de 2002. Exp:
8042. Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE.
Actor: VÍCTOR HUGO OSORIO VARGAS Y OTROS, se dijo en
torno al mismo tema, lo siguiente: “Según la demanda, se
acusan los actos administrativos contenidos en el oficio 922
de 5 de marzo de 2001, expedido por la Jefa de la División
Jurídica de la Oficina Principal de Registro de Instrumentos
Públicos de Medellín, mediante el cual se niega la cancelación
del folio de matrícula inmobiliaria 001-774432 solicitada por el
apoderado de los demandantes y en la Resolución 226 de 9
de abril de 2001 por la cual no se repone el acto
administrativo 922 de 5 de marzo de 2001 y quedó agotada la
vía gubernativa. Dedúcese lo anterior que los actos
administrativos acusados son de carácter particular, pues
afectan derechos subjetivos de los demandantes, como quiera
que no acceden a cancelar la matrícula inmobiliaria 001-
774432, relacionada con el inmueble de la carrera 83-A, Lote
14, manzana 87, Urbanización La Castellana, Fracción Belén,
de su propiedad y, por lo mismo, no pueden ser demandados
en acción pública de nulidad, por cuanto la nulidad pretendida
comporta automáticamente el restablecimiento del derecho,
según reiterada jurisprudencia de esta Corporación. (…).
Como puede apreciarse, la situación planteada no justifica en
modo alguno que se tramite como acción de simple nulidad
cuando por sus efectos, corresponde claramente a la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho que está sometida
al término de caducidad según lo dispuesto en el artículo
136…” (subrayas ajenas al texto).

En este orden de ideas, la Sala prohíja los apartes de las
providencias transcritas, por cuanto la nulidad pretendida en
esta oportunidad, comporta automáticamente el
restablecimiento del derecho, ya que en el presente caso se
trata de un inmueble adjudicado al señor Harold Enrique Vivas
López, producto de la sucesión intestada de la señora Carmen
Bonilla de Cajiao, que si bien es cierto, no tenía por qué
haberse efectuado la citada adjudicación, al no existir
sentencia definitiva sobre la mencionada sucesión, sin
embargo, la acción en contra del acto de registro radica única
y exclusivamente en cabeza de las personas que se sientan
lesionadas en su derecho a la citada sucesión. De manera,
que a juicio de la Sala, la acción que debió haberse incoado,

24
Sentencia de 14 de febrero de 2002. Rad: 11001-03-24-000-2000-6531- 01(6531). Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO. Actor: JUAN DE JESÚS GALVIS GARCIA Referencia:
ACCIÓN DE NULIDAD

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no es otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho, la
cual está sujeta a un término limitado, es decir a su
caducidad. De manera que si en principio la acción que debe
impetrarse, es de nulidad simple, según el inciso 3 del artículo
84 del Código Contencioso Administrativo, esta sería
procedente en aquellos eventos en que exista autorización de
la ley o cuando el acto afectare un interés colectivo o el medio
ambiente25, en otras palabras, cuando se vean menoscabados
los derechos de una colectividad, cuestión que no se presenta
en el sub lite, pues, en el caso sub examine, por tratarse de
un tema cuya naturaleza invoca un interés particular,
automáticamente se presenta el restablecimiento del derecho.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, la Sala
observa que no se encuentra probado por el demandante el
interés que le asiste, ya que éste no demostró que el acto
viciado de nulidad lo perjudicara. En otras palabras, solo las
personas que se crean lesionadas en su derecho subjetivo,
pueden solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho,
pues en el sub lite, el inmueble adjudicado, tiene su origen en
una sucesión intestada. De manera, que solo quienes tengan
derecho a la herencia que dejó la señora Carmen Bonilla de
Cajiao, son los que podrían ejercer esta clase de acción. Así
las cosas, el señor SILVIO APOLINAR PERAFÁN MELLIZO,
quien obra en su propio nombre como demandante en este
proceso, al no probar su interés particular, se encontraba
ilegitimado para ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en este caso, ya que de acuerdo
con la teoría de los móviles y finalidades, por excepción es
procedente la incoación de dicha acción por terceras
personas, cuando se reitera, exista autorización de la ley o
cuando el acto afecta un interés colectivo o el medio
ambiente, cuestión que no se presenta en el sub lite. En
desarrollo de lo anterior, la Sala se referirá al tema de la
caducidad en este tipo de actuaciones, al no probar el actor
su legítimo interés en este asunto. El artículo 136 numeral 2
del Código Contencioso Administrativo, prevé: “ARTICULO
136. Caducidad de las Acciones. (…) “2. La de
restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación,
notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.
Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones
periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe”. Al respecto, esta Sección se ha pronunciado en diversas
oportunidades sobre este tema, para lo cual trae a colación el

25
JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ. Derecho Procesal administrativo. Tercera Edición. Librería Jurídica
Sánchez R. Ltda. 2002. Pág. 234

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aparte transcrito por el a quo: “Es preciso enfatizar que si
bien las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria
cuestionados se hicieron en los años 1995 y 1998, no lo es
menos, que conforme lo precisó la Sala en proveído de 16 de
noviembre de 2000 (Expediente núm 6515, Consejera
Ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), que ahora se
reitera, para efectos de establecer la caducidad” debe tenerse
como punto de partida el momento en que el interesado
conoció dicho acto; lo contrario sería exigir a cada interesado
una visita diaria a las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos para verificar si en relación con los inmuebles de su
propiedad se han efectuado anotaciones que atenten contra
sus derechos. Por lo anterior, no resulta acertado que el
cómputo para el ejercicio de la acción del acto demandado se
haya verificado teniendo en cuenta solamente la fecha de su
anotación sin importar el día en que se tuvo conocimiento de
la misma…” (Consejo de Estado. Sentencia de 31 de enero de
2013. Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza martelo.
Exp. 8162) (subrayas ajenas al texto). En proveído de 6 de
junio de dos mil trece (2013), esta Sección se pronunció en
los siguientes términos: “Dado lo anterior entra la Sala
analizar en el caso sub judice, con el propósito de determinar
si operó o no la caducidad de la acción como lo manifiesta el
auto recurrido.

Sobre este punto, la providencia antes transcrita señala sobre
la caducidad, lo siguiente: “… para efectos de contabilizar
el término de caducidad para demandar acto de
registro, debe tenerse como punto de partida de dicho
cómputo el momento en que el interesado conoció de
dicho acto; lo contrario sería exigir a cada interesado
una visita diaria a las oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos para verificar si, en relación con
los inmuebles de su propiedad, se han efectuado
anotaciones que atenten contra sus derechos. Por lo
anterior, no resulta acertado que el cómputo para el
ejercicio de la acción contra el acto demandado se haya
verificado teniendo en cuenta solamente la fecha de
anotación sin importar el día en que se tuvo
conocimiento de la misma, circunstancia que se puede
comprobar, por ejemplo, con la prueba de reclamación
ante la Administración en relación con la inscripción;
con la constancia de que con anterioridad se solicitó
copia del certificado de libertad y tradición del
inmueble; en fin, mediante cualquier medio del que se
infiera que el interesado conocía del acto de registro”.
(Negrilla y Subrayas fuera del texto)

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23

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Se resalta de la providencia que es preciso tener en cuenta la
fecha en que el interesado tuvo conocimiento de los actos
administrativos de registro, para efectos del análisis
respectivo sobre la caducidad. Al respecto, es necesario
anotar que no existe prueba que demuestre expresamente el
momento en que la demandante tuvo conocimiento de las
anotaciones de los registros respectivos, sin embargo, hay
evidencia en el expediente que demuestra que la demandante
conoció de los citados registros, el 03 de febrero de 2009, tal
como aparece en los documentos 6.19.3/041 de la citada
fecha, el cual obra a folio (295) y, adicionalmente, en el acta
de conciliación extrajudicial de 29 de noviembre de 2010… Así
las cosas, de las anteriores pruebas se evidencia que la
demandante conoció de los actos proferidos por el IGAC
mucho antes de la fecha de presentación de la demanda, es
decir que al haberse impetrado la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, tan solo el 30 de noviembre de
2010, esto es, cuando habían pasado más de cuatro (4)
meses que trata la norma antes transcrita, es innegable que
la precitada acción caducó”26 […]».

Precisado lo anterior, se tiene que en el caso sub examine, obra a

folio 22 del cuaderno principal del expediente un documento

presentado el 30 de noviembre de 2009 por la señora RENATA

FRANCESCHI CAMACHO, en su calidad de representante legal de la

Coopropiedad Edificio El Faro Tequendama, quien, por demás, dada

su calidad de abogada presenta la demanda27 dentro del expediente

de la referencia.

Dicho documento es del siguiente tenor:

«[…]

26
Proveído de 6 de junio de 2013. Exp. 2011 00168.CONSEJERO PONENTE: MARCO ANTONIO
VELILLA MORENO. Actora: ZORAIDA AVENDAÑO DE DE LA PRESA. Recurso de Súplica.

27
El 19 de abril de 2013, folio 15 del cuaderno principal.

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Señores
OFICINA DE AGUSTIN CODAZZI (sic)
Cartagena.

RENATA FRANCESCHI CAMACHO, identificada como aparece de
mi correspondiente firma, portadora de la T.P. No. 132262 del
CSJ, en representación de la Coopropiedad Edificio El Faro
Tequendama, según poder que anexo poseedores material
del bien inmueble de referencia catastral No. 01-01-0027-
0231-000, desde hace más de cincuenta (50) años, le solicito
se sirva expedirme certificado de medidas y linderos del
mentado bien inmueble, copia autenticada de la ficha predial del
mismo, de la resolución mediante la cual se ordena la inscripción
de este en el registro catastral...”. (Negrilla y subraya fuera de
texto).
[…]».

Del texto del escrito transcrito, deduce la Sala que la actora tuvo

conocimiento de la existencia de la Resolución expedida por el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi el 17 de noviembre de 2009, el

30 de ese mes y año, cuando pidió copia de dicha Resolución,

haciendo énfasis en que “de negar la expedición de dichos

documentos se me estaría negando de este modo el acceso a la

administración de justicia”.

No obstante lo anterior, no hizo uso oportunamente de la acción

que procedía frente al acto que perjudicaba a la copropiedad que

representaba, que era la de nulidad y restablecimiento del derecho,

dada la condición de poseedora por más de 50 años, que alegó ante

el IGAC, condición esta que se cuidó de señalar en la demanda para

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hacer uso de la acción de nulidad, frente a la cual podía obviar el

fenómeno de la caducidad.

Para la Sala resulta claro que, en relación con la Resolución

acusada, operó la notificación por conducta concluyente de que

trata el artículo 330 del CPC28, vigente cuando se expidió el acto

acusado y que tiene plena aplicación en materia contencioso

administrativo, en virtud del artículo 267 del CCA29.

Así, en sentencia de 15 de febrero de 2018 (Expediente

47001-23-31-000-1992-03130-01, Cp. Roberto Augusto Serrato

Valdés), la Sala sostuvo:

28
ARTÍCULO 330. NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE. <Artículo derogado por
el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014,
en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por
el artículo 33 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando una parte o un tercero
manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o
verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará
notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la
audiencia o diligencia.

Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la ley, se
entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución, de todas las providencias
que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas.

Cuando el escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de conocimiento
se entenderá surtida la notificación por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan
dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el día en que se
notifique el auto que reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con
anterioridad.

Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, ésta se entenderá surtida
por conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación
del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

29
ARTICULO 267. ASPECTOS NO REGULADOS. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley
1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el
siguiente:> En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.

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“[…]
De esta manera es claro que la Alcaldía Mayor de Santa Marta,
omitió notificar la Resolución 1.099 de 31 de diciembre de 1991
a los señores Roberto Laignelet Galvis, Ligia Bautista de
Laignelet, así como a la sociedad L&B Inversiones Ltda., razón
por la cual la interposición del recurso de reposición por parte de
estas personas, mediante escrito del 12 de febrero de 1992
(folio 35-45, Cuaderno Principal 1), conllevó que, de
conformidad con los artículos 48 del CCA y 33013 del Código de
Procedimiento Civil, se entendieran notificados por conducta
concluyente. Esta Sección, en la sentencia de 19 de diciembre
de 2005, Magistrado Ponente: Rafael Enrique Ostau de Lafont
Pianeta14, indicó sobre este fenómeno, lo siguiente:

«[…] En el presente asunto, pese a que el a quo no contabilizó
debidamente el referido término de caducidad, pues lo hizo
teniendo en cuenta la fecha del acto acusado y no la fecha en
que el interesado tuvo conocimiento del mismo, revisada la
actuación se observa que la demanda fue promovida luego de
transcurrido el término para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho señalado en la norma antes citada.
En efecto, si bien no existe constancia acerca de la notificación
del acto demandado en los términos señalados en los artículos
44 y 45 del C.C.A. sí se tiene certeza sobre la fecha en que la
parte actora conoció dicho acto, y por lo tanto es a partir de la
misma desde cuando debe contabilizarse el término de
caducidad de la acción.
La notificación en este caso se produjo por conducta
concluyente, en los términos del artículo 330 del C.P.C., pues la
parte actora manifestó de manera expresa que conoció sobre la
existencia y el contenido del oficio demandado.
Sobre el particular, es relevante señalar que esta Sección en
sentencia de 13 de junio de 1996, dictada dentro del expediente
num. 3690, con ponencia del Magistrado Ernesto Rafael Ariza
Muñoz, precisó que en los procesos contencioso administrativos
es aplicable la previsión del artículo 330 del C.P.C. relativa a la
notificación por conducta concluyente, en consideración a que el
artículo 48 del C.C.A., que regula esa misma materia, presenta
un vacío, como quiera que no contempla la posibilidad de que el
interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para
la notificación personal o por edicto, pueda tener conocimiento
de la existencia y contenido del acto, esté en desacuerdo con el
mismo y no hubiere ejercido en tiempo los recursos
gubernativos procedentes, evento en el que es aplicable la

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norma del C.C.P., en virtud de la remisión del artículo 267 del
C.C.A.15 […]».
En el mismo sentido, la sentencia del 18 de octubre de 2007,
Magistrado Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta16, la Sala
señaló:

«[…] En el presente asunto, considera la Sala importante
precisar que el objeto del recurso de alzada se circunscribe a
dilucidar el momento a partir del cual comenzó a operar la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por el aquí recurrente.
En efecto, dicha acción es instrumento de impugnación de actos
administrativos particulares como los discutidos, y siendo ello
así la única forma prevista en el ordenamiento jurídico para que
estos actos produzcan los correspondientes efectos, es a través
de su notificación personal, o en su defecto, por medio de la
notificación por edicto, tal y como lo preceptúan los artículos 44
y s.s. del C.C.A., a menos que se produzca la notificación por
conducta concluyente a que se refiere el artículo 48 del mismo
código, en armonía con las normas del Código de Procedimiento
Civil que regulan complementariamente la materia.
En tal sentido, se tiene que en el caso que nos ocupa a juicio del
demandante no hubo acto de notificación de la Resolución No.
035 del 23 de enero de 2001, razón por la cual al no existir
certeza de tal circunstancia el Tribunal Administrativo del Tolima
no ha debido rechazar la demanda por caducidad de la acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
No obstante, advierte la Sala que lo que acontece es que si bien
no existe dentro del expediente documento que acredite que el
acto demandado se notificó personalmente (art. 44 del C.C.A.) o
por edicto (art. 45 ibidem), si se evidencia que hubo una
notificación por conducta concluyente, de modo que, pese a que
el a quo no computó debidamente el referido término de
caducidad, pues lo hizo teniendo en cuenta la fecha del acto
acusado y no la fecha en que el interesado tuvo conocimiento
del mismo, revisada la actuación se observa que, de todas
maneras, la demanda fue promovida luego de transcurrido el
término para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, como se explicará a renglón
seguido.
El artículo 48 del C.C.A. consagra los eventos en los cuales
puede deducirse de manera inequívoca de los actos o
comportamientos de una persona, que ésta tiene conocimiento
de una decisión administrativa que la ha afectado:

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“Art. 48.- Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá
por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión,
a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada convenga en ella o utilice en tiempo los recursos
legales…”
Sin embargo, además de lo anterior, teniendo en cuenta varios
pronunciamientos de la Sección Primera del Consejo de
Estado17, la notificación de un acto por conducta concluyente
también puede presentarse cuando se demuestre que el
interesado tiene pleno conocimiento de la decisión, como por
ejemplo, por la presentación de una demanda, por la
presentación de una queja, y en todo caso por las circunstancias
previstas en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil18.
Al respecto la Corporación expuso lo siguiente:
“En lo que concierne a la notificación por conducta
concluyente el Artículo 48 ibidem prevé que ella tiene por
finalidad convalidar o legitimar la falta o irregularidades
de la notificación personal o por edicto y sólo procede en
dos eventos: cuando el interesado conviene con el acto,
esto es, está de acuerdo con el contenido del mismo; o
cuando el mismo utiliza en tiempo los recursos
gubernativos procedentes.
Al circunscribirse a los dos eventos anotados aparece claro que
el citado Artículo 48 presenta un vacío y es el de que no
contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no
haberse surtido las formalidades para la notificación personal o
por edicto, puede tener conocimiento de la existencia y
contenido del acto, esté en desacuerdo con el mismo y no
hubiere ejercido en tiempo los recursos gubernativos
procedentes. Ante tal vacío, debe acudirse a las normas del
Código de Procedimiento Civil, por mandato del Artículo 267 del
C.C.A.

El Estatuto Procesal Civil en su Artículo 330 regula la notificación
por conducta concluyente, así:

“Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce
determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su
firma o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda
constancia en el acta, se considerará notificada personalmente
de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de
la audiencia o diligencia...”.19 […]».

En la sentencia del 20 de junio de 2012, Magistrado Ponente:
Marco Antonio Velilla Moreno (E)20, la Sección nuevamente se
pronunció al respecto en el siguiente sentido:

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«[…] Pues bien, aunque como lo señaló el a quo, la
demandante no fue vinculada formalmente a la
mencionada actuación administrativa, en condición de
tercera con interés directo, y no le fueron dadas a conocer
las decisiones proferidas en dicho procedimiento, puesto
que no se efectuó la publicación de que trata el artículo
46 del C.C.A.21, encuentra la Sala, una vez revisados los
antecedentes administrativos de los actos acusados
(obrantes en los cuadernos anexos) que sí hubo una
notificación por conducta concluyente de la orden de
restitución del bien de uso público dispuesta en la
Resolución 199 de 1995. En efecto, consta en el
expediente que la señora Ivonne Restrepo Sandoval,
contrario a lo señalado en la demanda, tuvo conocimiento
de la citada resolución aun antes de que se practicara la
diligencia de restitución dispuesta en ella.
El artículo 48 del C.C.A. consagra los eventos en los cuales
puede deducirse de manera inequívoca de los actos o
comportamientos de una persona, que ésta tiene conocimiento
de una decisión administrativa que la ha afectado:
“Artículo 48.- Sin el lleno de los anteriores requisitos no se
tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la
decisión, a menos que la parte interesada, dándose por
suficientemente enterada convenga en ella o utilice en tiempo
los recursos legales…”
Sin embargo, además de lo anterior, teniendo en cuenta varios
pronunciamientos de la Sección Primera del Consejo de
Estado22, la notificación de un acto por conducta concluyente
también puede presentarse cuando se demuestre que el
interesado tiene pleno conocimiento de la decisión, como por
ejemplo, por la presentación de una demanda, por la
presentación de una queja, y en todo caso por las circunstancias
previstas en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil23.
Al respecto la Corporación expuso lo siguiente:
“En lo que concierne a la notificación por conducta
concluyente el Artículo 48 ibídem prevé que ella tiene por
finalidad convalidar o legitimar la falta o irregularidades
de la notificación personal o por edicto y sólo procede en
dos eventos: cuando el interesado conviene con el acto,
esto es, está de acuerdo con el contenido del mismo; o
cuando el mismo utiliza en tiempo los recursos
gubernativos procedentes.
Al circunscribirse a los dos eventos anotados aparece claro que
el citado Artículo 48 presenta un vacío y es el de que no
contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no

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haberse surtido las formalidades para la notificación personal o
por edicto, puede tener conocimiento de la existencia y
contenido del acto, esté en desacuerdo con el mismo y no
hubiere ejercido en tiempo los recursos gubernativos
procedentes. Ante tal vacío, debe acudirse a las normas del
Código de Procedimiento Civil, por mandato del Artículo 267 del
C.C.A.
El Estatuto Procesal Civil en su Artículo 330 regula la notificación
por conducta concluyente, así:
“Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce
determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su
firma o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda
constancia en el acta, se considerará notificada personalmente
de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de
la audiencia o diligencia...”.24
Respecto a este tema, en la sentencia C-1076 de 2002, se
afirmó que la notificación por conducta concluyente:
“… consiste en que en caso de que la notificación principal, es
decir la personal, no se pudo llevar a cabo o se adelantó de
manera irregular, pero la persona sobre quien recaen los
efectos de la decisión o su defensor, no actuaron en su
momento pero lo hacen en diligencias posteriores o
interponen recursos o se refieren al texto de la
providencia en sus escritos o alegatos verbales, el
legislador entiende que ese caso la persona tuvo
conocimiento de la decisión” (subrayado por fuera de texto).
[…]».
Así las cosas, la Administración Distrital tenía la obligación de
pronunciarse sobre el recurso interpuesto, so pena de incurrir en
un silencio administrativo negativo, como en efecto sucedió,
pues vencidos los dos meses de los que trata el artículo 60 del
CCA, los recurrentes no fueron notificados de decisión alguna.
[…]».

En este orden de ideas, comoquiera que la demanda se presentó el

19 de abril de 201330, resulta evidente que la presentación de la

demanda se hizo de forma extemporánea y, en consecuencia, operó

la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

30
Folio 15 del cuaderno principal.

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conforme lo establece el artículo 136, numeral 2, del CCA, lo cual

conduce indefectiblemente a que la Sala declare probada de oficio, la

excepción de caducidad y, en consecuencia, se inhiba de hacer un

pronunciamiento de mérito.

Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a revocar la

sentencia de primera instancia para disponer, en su lugar, un

pronunciamiento inhibitorio por caducidad de la acción, y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los

artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del

artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación

procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas.

Por último, se reconocerá personería a la doctora DAYSI INÉS

MIER CANTERO como apoderada del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, de conformidad con el poder y los documentos anexos

obrantes en el índice 45 del expediente digital que se encuentra en

la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de abril de 2015,

proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia

y Santa Catalina. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la

excepción de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho.

En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito,

conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: RECONOCER a la doctora DAYSI INÉS MIER

CANTERO como apoderada del Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, de conformidad con el poder y los documentos anexos

obrantes en el índice 45 del expediente digital que se encuentra en

la Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.

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Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de

septiembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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