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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00596-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2013-00596-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. En su lugar, DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de 2012 y 1-90-201- 236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012 expedidas por la DIAN. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la DIAN a excluir a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. de la lista de deudores morosos por concepto de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. 20 Radicado: 05001233300020130059601 Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S. Demandado: DIAN QUINTO: RECONOCER personería al abogado Herman Antonio González Castro, para actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a él otorgado. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2013-00596-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001 23 33 000 2013 00596 01
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Debido proceso en el régimen cambiario. Valoración en conjunto de los
documentos soporte de operaciones de exportación. Valor probatorio de
documentos en idioma extranjero.
Decisión: Revocar la sentencia del 25 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó las
pretensiones de la demanda. En su lugar, declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados; ordenar a la DIAN que excluya a la
demandante de la lista de deudores morosos por concepto de los actos
declarados nulos; y negar las demás pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la sociedad C.I. GOLDEX S.A.S.
contra la sentencia del 25 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad que denegó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

C.I. GOLDEX S.A.S., actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, en contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare Nula la Resolución No. 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio
de 2012 por medio del cual se impone una sanción cambiaria a mi representada por un
valor de $215.909.683 expedida por la División de Gestión de Liquidación la Dirección
Seccional de Aduanas de Medellín.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad de la
Resolución 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012 expedida por la jefe de
la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, por
medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución
1640 del 28 de junio de 2012, confirmándola en todas sus partes.

TERCERA: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

• Que se excluya a mi representada de la lista de deudores morosos de la DIAN.

1 La demanda fue radicada el 10 de abril de 2013. Folios 4 a 17 del expediente digitalizado que obra en el

índice 41 Samai.
2 En adelante, CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

• Que se condene a la demandada por su (sic) actuar de la Dirección Seccional de
aduanas de MEDELLIN al pago de los costos en que se ha incurrido con el pago de
honorarios de profesionales, para la defensa en todas las etapas procesales.

CUARTO: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas
liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando
como base el índice de precios del consumidor que certifique el DANE, o conforme a lo
dispuesto en la ley1437 de 2011.

QUINTO: Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará la aplicación del artículo 188,
189 y 192 del Código Contencioso Administrativo (sic).

SEXTO: Solicito se condene a la parte demandada al pago de los gastos, costas judiciales
y agencias en derecho, en el evento de que las anteriores pretensiones sean favorables
a mi poderdante3. (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

1.2. Hechos probados

De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:

1.2.1. El 2 de agosto de 2010, la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. exportó a su cliente en
Estados Unidos, Republic Metals Corp., oro en barra por 83,08 kilogramos, por un valor
total de USD 2.583.881. La operación consta en la declaración de exportación identificada
con el formulario 6007516497017.

1.2.2. El 14 de septiembre de 2010, la DIAN efectuó una visita administrativa de control
y verificación de las obligaciones aduaneras y cambiarias en las instalaciones de la
sociedad C.I. GOLDEX S.A.S.

1.2.3. La División de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
profirió el acto de formulación de cargos 1-90-238-423-301-1371 del 13 de junio de 2011,
contra la empresa C.I. GOLDEX S.A.S., por la presunta violación de los artículos 2, 7, 9
y 15 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República,
en concordancia con el numeral 4 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 21
de noviembre de 2003 y sus modificaciones. La entidad consideró que la sociedad
canalizó, a través del mercado cambiario, un valor superior al valor real objeto de
reintegro por las operaciones de exportación.

1.2.4. Mediante la Resolución 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de 2012, la DIAN
impuso a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. una multa por valor de doscientos quince
millones novecientos nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos ($215.909.683).

1.2.5. A través de la Resolución 1-90-201-236-408-3379, de 21 de diciembre de 2012, la
DIAN resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó en su
integridad el acto administrativo recurrido.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.3.1. C.I. GOLDEX S.A.S. invocó como violados los artículos 1, 2, 3, 13, 22, 23, 29, 60,
83, 123, 209 y 228 de la Constitución Política; los artículos 3, 40, 42, 44 y 138 del CPACA
y los artículos 2, 236, 471, 512 y 520 del Decreto 2685 de 1999.

3 Folios 6 y 7 del expediente digitalizado que obra en el índice 41 Samai.

2

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:

1.3.2.1. Violación del artículo 1º de la Constitución Política

Sostuvo que el respeto por la dignidad humana impone a los funcionarios públicos el
deber de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los administrados. Afirmó
que tales derechos fueron vulnerados por la entidad demandada al desconocer que el
borrador de la factura de compra (denominado purchase invoice), en el cual la DIAN
fundamentó la decisión de sancionar a la demandante, no constituye un documento
soporte de carácter aduanero ni cambiario en las operaciones de exportación.

Señaló que la DIAN incorporó al expediente un documento que, si bien se encontraba en
la carpeta correspondiente a la operación, correspondía a un borrador con anotaciones
manuscritas y carecía de validez como soporte oficial de la transacción.

1.3.2.2. Violación de los artículos 22 y 23 de la Constitución Política

Afirmó que la entidad demandada vulneró la seguridad jurídica de los exportadores, pues,
con fundamento en sus facultades de control posterior, practicó una visita en las
instalaciones de la empresa y conformó un expediente en el cual otorgó valor probatorio
a un documento que corresponde a un borrador.

Señaló que, por provenir del exterior, dicho documento debía cumplir requisitos
especiales para que pudiera ser valorado como prueba.

Indicó que la DIAN incurrió en varios errores al imponer una sanción y posteriormente
confirmarla, puesto que no practicó las diligencias necesarias para verificar la
autenticidad del documento en el exterior ni obtener respuesta sobre dicha verificación,
a pesar de que ese elemento constituyó la prueba determinante de la supuesta infracción.

1.3.2.3. Violación del artículo 83 de la Constitución Política

Según la actora, la DIAN actuó de mala fe, dado que la declaración de exportación, la
factura comercial y los valores efectivamente recibidos por el cliente coinciden
plenamente con las declaraciones cambiarias.

No obstante, la autoridad pretendió otorgar valor probatorio a un documento que carece
de legitimidad para tal efecto, puesto que no corresponde a los documentos que la
legislación aduanera reconoce como necesarios para acreditar las exportaciones y su
respectivo pago. Además, resaltó que se trata de un borrador elaborado al inicio de la
negociación para la compraventa de oro.

1.3.2.4. Violación del artículo 123 de la Constitución Política

Para la demandante, la entidad pública se apartó de los principios que rigen el debido
proceso al realizar una valoración indebida de la prueba, al otorgar valor probatorio a un
documento que correspondía a un borrador de factura de compra (purchase invoice), el
cual carecía de legitimidad para tal efecto.

Adicionalmente, tratándose de un documento presuntamente proveniente del exterior, no
podía ser valorado sin el cumplimiento de las formalidades previstas en el Código de
Procedimiento Civil. En criterio de la actora, la entidad demandada, en desarrollo del
principio de búsqueda de la verdad material, debió exigir que el documento fuera

3

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

certificado por el comprador en el exterior o, al menos, recabar una declaración que
acreditara que la operación en efecto se realizó.

1.3.2.5. Violación de los artículos 2 y 209 de la Constitución Política

La parte actora sostuvo que la DIAN incumplió uno de los fines esenciales del Estado,
consistente en garantizar los derechos de los administrados, al omitir una valoración
integral del material probatorio. Señaló que la entidad desconoció la fuerza demostrativa
de documentos como las declaraciones de exportación, las facturas de venta y las
declaraciones de cambio, los cuales evidenciaban la realidad de la operación.

No obstante, la entidad otorgó mayor valor probatorio a un documento en borrador,
presuntamente proveniente del exterior, que no refleja la verdad material de la
transacción.

1.3.2.6. Violación del artículo 29 de la Constitución Política y de los artículos 3 y 40 del
Código Contencioso Administrativo

Los actos administrativos demandados vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que se expidieron sin verificar la autenticidad de los documentos en el
exterior, sin solicitar al comprador la certificación correspondiente sobre la operación
comercial real y sin indagar sobre el giro efectuado para el pago de la factura 1291 de
2010.

1.3.2.7. Violación de los artículos 42 y 44 del Código Contencioso Administrativo

Resaltó que, para garantizar el principio de legalidad de los actos administrativos, el
legislador ha exigido que estos se encuentren debidamente motivados, de manera seria,
real y suficiente, con plena correspondencia entre los hechos acreditados y la normativa
aplicable.

En consecuencia, cuando la motivación se sustenta en apreciaciones inexactas o
contrarias a la realidad, el acto administrativo debe ser revocado en sede administrativa
o declarado nulo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por configurarse una
falsa motivación.

La adecuada fundamentación de los actos administrativos, en armonía con los hechos
demostrados y las normas aplicables, constituye una garantía esencial para la protección
de los derechos de los administrados.

El principio de legalidad exige, además, que todas las actuaciones administrativas se
desarrollen con respeto por el debido proceso, lo que implica valorar integralmente las
pruebas allegadas al expediente y evitar interpretaciones que agraven injustificadamente
la situación del administrado.

1.3.2.8. Violación del artículo 2 del Decreto 2685 de 1999

Indicó que, tanto el procedimiento adelantado por la DIAN como los actos administrativos
por ella expedidos vulneraron los principios de eficacia y justicia consagrados en el
artículo 2 del Decreto 2685 de 1999, los cuales deben orientar la actuación de los
funcionarios públicos.

4

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Como consecuencia de ello, se afectaron los derechos del administrado y se le colocó en
una situación de indefensión.

1.3.2.9. Violación de los artículos 512 y siguientes del Decreto 2685 de 1999

Los artículos 512 y siguientes del Decreto 2685 de 1999 establecen el procedimiento
administrativo aplicable para la imposición de sanciones por infracciones aduaneras, la
determinación de la situación jurídica de la mercancía y la expedición de liquidaciones
oficiales.

En el presente caso, dicho procedimiento no se observó de manera adecuada, toda vez
que la actuación administrativa se fundamentó en una valoración insuficiente del material
probatorio por parte de la DIAN.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. Mediante auto del 25 de abril de 20134, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Primera de Oralidad, inadmitió la demanda porque la demandante no acreditó haber
agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

2.1.1. C.I. GOLDEX S.A.S. subsanó la demanda mediante escrito del 6 de mayo de
20135, con el que allegó el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial llevada a
cabo el 6 de mayo de 2013 y la constancia de la misma fecha en la que se indica que la
diligencia se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada.

2.1.2. En consecuencia, la demanda fue admitida por el Tribunal a través del auto del 23
de mayo de 20136.

2.2. La DIAN7 por intermedio de apoderado contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones. Expuso los siguientes argumentos:

2.2.1. La sociedad C.l. GOLDEX S.A.S. realizó operaciones de exportación de oro, a
través de las Declaraciones 6007516497017 del 12 de agosto de 2010 y 6007516863606
del 2 de septiembre de 2010, con destino al comprador del exterior Republic Metals Corp.
Sintetizó tales operaciones de la siguiente manera:
SAE Y FECHA VALOR FOB MERCANCIA FACTURA DESCRIPCIÓN PURCHASE REFERENCIA QUE
OBJETO DE EXPEDIDA POR MERCANCIA INVOICE SE INDICA EN EL
EXPORTACIÓN C.C. GOLDEX SEGÚN EXPEDIDA POR DOCUMENTO
S.A. Y VALOR FACTURA REPUBLIC PURCHASE
A REPUBLIC METALS A C.I. INVOICE EXPEDIDA
METALS GOLDEX S.A.S. POR REPUBLIC
METALS

ORO EN ORO EN SET 12897 DEL
60007516497017 USD$2.583.881 BARRAS 1291 BARRAS 83.083 23/08/2010 1291
del 12/08/2010 CANTIDAD VALOR
83.08 KILOS 2.463.940,44

ORO EN ORO EN SET 13175 DEL
6007516863606 USD$2.804.897 BARRAS 1297 BARRAS 30/08/2010 1297
del 02/09/2010 CANTIDAD 97.731,60 VALOR
97.73 KILOS 2.732.670,97

4 Folios 73 a 76 del expediente digitalizado que obra en el índice 41 Samai.
5 Folios 80 a 83 ibidem.
6 Folios 84 a 85 ibidem.
7 Folios 100 a 121 ibidem.

5

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Con ocasión de las operaciones descritas, se realizó la canalización de las divisas a
través del intermediario del mercado cambiario Compañía de Profesionales de Bolsa S.A.
– Corredores Asociados S.A., de la siguiente manera:

SAE Y FECHA DECLARACIONES DE MONTO TOTAL MAYOR VALOR
CAMBIO F.2 CANALIZADO REINTEGRADO REINTEGRADO

13536 DEL 13/09/2010 USD$96.481,61
60007516497017 12588 DEL 24/08/2010 USD$337.399,39
del 12/08/2010 12153 DEL 17/08/2010 USD$600.000 USD$2.583.881 USD$119.880,56
89166 DEL 11/08/2010 USD$650.000
89084 DEL 10/08/2010 USD$900.000

13536 DEL 13/09/2010 USD$153.375,37
89649 DEL 20/08/2010 USD$790.000
6007516863606 89650 DEL 20/08/2010 USD$600.000 USD$2.750.432 USD$17.761,06
del 89763 DEL 23/08/2010 USD$290.000
02/09/2010 89762 DEL 23/08/2010 USD$361.763
89764 DEL 23/08/2010 USD$270.000
12480 DEL 23/08/2010 USD$285.293,66

2.2.2. Aclaró que respecto de la DEX 6007516863606 no se impuso sanción cambiaria
por no resultar procedente, toda vez que el mayor valor canalizado se ajustó a lo previsto
en el artículo 2 de la Resolución 8 del 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República, que permite aceptar diferencias hasta del 1 % del valor de la operación
de cambio.

2.2.3. Afirmó que, de acuerdo con el documento denominado Purchase Invoice SET
12897 del 23 de agosto de 2010, correspondiente a la operación del documento DEX
60007516497017, expedido por la empresa Republic Metals Corporation, con lote
L120933 y referencia 1291 (factura), la obligación cancelada por dicha empresa a C.I.
GOLDEX S.A.S. fue por un valor inferior al canalizado a través del intermediario del
mercado cambiario.

2.2.4. Destacó que los documentos denominados Purchase Invoice fueron aportados por
la propia sociedad C.I. GOLDEX S.A.S. con ocasión de la visita practicada el 14 de
septiembre de 2010, según consta en el Acta 190201238675.

2.2.5. La entidad otorgó mérito probatorio a dichos documentos y los valoró conforme a
las reglas de la sana crítica. Sostener lo contrario, esto es, que no fueron debidamente
allegados al proceso o que se valoraron indebidamente, equivaldría a afirmar que la
sociedad C.I. GOLDEX S.A.S. suministró documentación que no corresponde a la
realidad.

2.2.6. Los documentos Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010 y SET
13175 del 30 de agosto de 2010 constituyen prueba válida para acreditar la ocurrencia
de la infracción administrativa al régimen cambiario, consistente en canalizar a través del
mercado cambiario un valor superior al real de la operación. La entidad destacó que tales
documentos no fueron tachados de falsos por C.I. GOLDEX S.A.S.

2.2.7. Aunque en las operaciones de exportación de oro pueden presentarse diferencias
entre los documentos de exportación y los reintegros de divisas debido a la calidad, la
merma en el proceso de fundición o el contenido del metal, en el presente caso el valor
del oro exportado resultó inferior al valor facturado por el exportador. Por lo tanto, los
montos consignados en los documentos Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto
de 2010 y SET 13175 del 30 de agosto de 2010 debieron ser canalizados conforme al
valor real de la operación, y no por un monto superior.

6

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

2.2.8. Aunque por la naturaleza de la mercancía (oro) pueden presentarse fluctuaciones
en su negociación, conforme a las reglas de la sana crítica resulta razonable concluir que
los compradores verifican la calidad y el valor de la mercancía recibida antes de efectuar
el pago. Bajo este entendido, los documentos Purchase Invoice antes mencionados
constituyen elementos idóneos para determinar el valor real de la operación, pues resulta
improbable que un comprador pague un monto superior al valor efectivamente recibido.

2.2.9. Finalmente, reprochó que, contrario a lo que sostuvo la demandante, no es cierto
que dichos documentos debieran verificarse directamente en el exterior. La DIAN efectuó
los exhortos correspondientes, y la falta de respuesta de la empresa extranjera no impidió
la continuidad del procedimiento administrativo. En aplicación del principio constitucional
de buena fe, la autoridad reconoció la autenticidad y la eficacia probatoria de los
documentos en la forma y estado en que se encontraban en las instalaciones de la
sociedad demandante, valorándolos bajo la sana critica.

2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, celebró
audiencia inicial el 14 de noviembre de 20138, a la cual no asistieron las partes
demandante y demandada.

El Despacho fijó el litigio de la siguiente manera:

Corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos a través de los cuales la DIAN
le impuso una sanción cambiaría a C.I. GOLDEX S.A.S., de acuerdo con lo estipulado en
el numeral 9° del artículo 3° del Decreto 2245 de 2011, por haber canalizado a través del
mercado cambiario un valor superior al real de la operación relacionada en el Formulario
No. 6007516497017 del 12 de agosto de 2010.

Ante la no comparecencia de las partes, el Despacho agotó las distintas etapas de la
audiencia y corrió traslado para alegar de conclusión.

2.4. La demandante9 y la DIAN10 presentaron escritos de alegatos de conclusión. El
Ministerio Público no rindió concepto.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 25 de agosto de 201411, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Oralidad, resolvió:

PRIMERO. NEGAR las súplicas de la demanda instaurada por C.I. GOLDEX S.A.S. contra
la DIAN, de conformidad con lo dilucidado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Liquídense por Secretaría. Se
fijan las agencias en derecho de esta instancia en la suma de $1.000.000 de pesos.

TERCERO. NOTIFÍQUESE esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del CPACA.
Se advierte que contra la misma procede el recurso de apelación dentro de los diez (10)
días siguientes a su notificación (Art.247 Ibidem).

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente (negritas del texto original).

8 Folios 526 a 527 del expediente digitalizado que obra en el índice 41 Samai.
9 Folios 550 a 555 ibidem.
10 Folios 539 a 543 ibidem.
11 Folios 561 a 572 ibidem.

7

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Los argumentos que el Tribunal expuso para sostener que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad de las Resoluciones 1‑90‑201‑241‑601‑1640 del 28
de junio de 2012 y 1‑90‑201‑236‑408‑3379 del 21 de diciembre de 2012, mediante las
cuales la DIAN la sancionó por canalizar a través del mercado cambiario un valor superior
al real de la operación de exportación de oro, fueron los siguientes:

3.1. Del análisis de los documentos obrantes en el expediente se constató que el valor
reportado por la sociedad demandante respecto de la operación realizada mediante la
Declaración 6007516497017 del 9 de agosto de 2010, y que debía canalizar a través del
mercado cambiario, no coincidía con el valor certificado por la empresa compradora de
la materia prima objeto de la exportación. Según la Purchase Invoice SET 12897 del 23
de agosto de 2010, el valor real de la operación fue de USD 2.463.940,44, mientras que
el monto reintegrado ascendió a USD 2.583.881,00, tal como consta en los actos
administrativos impugnados.

3.2. La Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010 no puede considerarse
un borrador, dado que hace referencia a la Factura 1291. Por lo tanto, el valor consignado
debía coincidir con el del documento referenciado. La divergencia entre ambos genera
dudas sobre la veracidad de la información contenida, lo que respaldó la imposición de
la sanción al no presentarse una justificación razonable respecto a la diferencia registrada
en el valor de la mercancía.

3.3. El documento utilizado para fundamentar la sanción contaba con mérito probatorio
suficiente, pues fue recaudado legítimamente en el marco de un procedimiento legal,
consistente en la inspección aduanera de fiscalización. Su contenido evidenció una
situación que requería esclarecimiento para determinar la procedencia de la medida. No
resulta aceptable el argumento de la sociedad demandante según el cual, por no formar
parte de los documentos soporte de la operación aduanera, el documento no podía ser
considerado.

3.4. El elemento probatorio empleado por la DIAN fue aportado por la propia accionante
durante la inspección aduanera, por lo que goza de presunción de autenticidad, lo que
hacía innecesaria la ratificación con la empresa que lo expidió. Adicionalmente, nunca
fue tachado de falso por la sociedad demandante.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

C.I. GOLDEX S.A.S. interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó la revocatoria de
la sentencia del 25 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, y sostuvo que los valores exportados, facturados y
reintegrados en la DEX 60007516497017 coinciden plenamente con los soportes
legalmente exigidos. La sociedad planteó los siguientes reparos al fallo de primera
instancia:

4.1. Respecto al Purchase Invoice, que sustentó la sanción impuesta por la DIAN
mediante los actos administrativos demandados, resaltó que la controversia no radica en
la legalidad de su aporte, pues la demandante coincide en que dicho borrador fue
recaudado válidamente durante la visita de inspección practicada por la entidad a C.I.
GOLDEX S.A.S.

4.2. Por el contrario, la discusión se centra en la validez del documento para el proceso,
dado que, conforme a la legislación aduanera y cambiaria, la factura de compra no
constituye un documento soporte de la operación. Según el Concepto 139 de 2001 de la

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Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

DIAN “los documentos soporte de una exportación son: el que acredite la operación que
dio lugar a la exportación; los vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiere lugar;
y el mandato, cuando actúe como declarante una Sociedad de Intermediación Aduanera
o un apoderado”.

4.3. Señaló que el Tribunal desconoció la forma en que se realiza la venta de oro en
Colombia y a nivel internacional, pues dicha operación está sujeta a precios de bolsa
fluctuantes que impiden al comprador determinar con anterioridad el valor exacto de
cierre de la negociación. Por ello, un Purchase Invoice no puede recibir un valor
probatorio superior al de los documentos legalmente reconocidos como soporte, ya que
no refleja la operación real.

4.4. En el presente caso, las declaraciones de exportación, los montos canalizados a
través del intermediario cambiario y los valores efectivamente facturados coinciden
plenamente con lo recibido por la empresa compradora. Así, la apelante destacó que no
se aportó prueba adicional que pudiera dar certeza al juzgador de primera instancia, como
lo sería la confirmación de la empresa receptora sobre el valor de las divisas.

4.5. Manifestó que es ligera la apreciación del Tribunal referida a que:

si lo que pretendía la sociedad accionante era desconocer el valor encontrado en los
documentos aportados por ellos mismos, era su deber aportar entonces la supuesta factura
de compra expedida por la empresa donde constaba el valor real de la operación o prueba
alguna que desvirtuara la información contenida en uno de los soportes entregados de las
operaciones de exportación referida.

A su juicio, por el contrario, dado que los documentos legales de la operación coincidían,
correspondía a la DIAN demostrar que el documento en borrador encontrado reflejaba
efectivamente la operación real.

4.6. Agregó que el a quo pasó por alto que, durante la visita, el funcionario de la DIAN
actuó con autonomía y decidió qué documentos de la carpeta exhibida llevaría consigo.
En consecuencia, el aporte del borrador no dependía de la voluntad de la sociedad.
Incluso si se aceptara, a título hipotético, que los documentos pudieran servir para algún
acto de defraudación, carecería de sentido conservarlos en la carpeta para ser utilizados
en perjuicio de la demandante. Su inclusión se explica por tratarse de un borrador
empleado como punto de partida en las negociaciones, sin reflejar el resultado final del
negocio realizado.

4.7. Censuró que en la sentencia recurrida se condenó en costas a la parte actora y se
fijaron agencias en derecho, cuyo valor, si bien no excede lo previsto en la norma, resulta
gravoso para la sociedad, dado que la negación de las pretensiones implica el pago total
de la sanción en favor de la entidad demandada.

4.8. Por último, solicitó “decretar y tener como prueba, la certificación con destino al
proceso de los pagos realizados en las operaciones materia de litigio por parte de
REPUBLIC METALS, en los términos y condiciones del código de procedimiento civil para
que sean tenidas en cuenta, la que aportare en el momento que sea recibida”.

Con relación a dicha afirmación, la Sala destaca que la demandante no aportó el
documento al que hizo referencia en el último apartado de su recurso.

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Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 3 de agosto de 201512.

5.2. Luego, mediante auto de 8 de octubre de 201813, el magistrado sustanciador corrió
traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran sus alegatos
de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

5.2.1. C.I. GOLDEX S.A.S. presentó escrito de alegatos de conclusión14 en el que reiteró
los argumentos de la demanda y del recurso de apelación.

5.2.2. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión15 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.

5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Actos demandados

6.2.1. La Resolución 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de 2012 expedida por la Jefe
de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Medellín de la DIAN, en la que se resolvió lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: Imponer a la sociedad C.l. GOLDEX S.A. (sic) con NIT.
811.030.022-2, y en aplicación del principio de favorabilidad una multa a favor del Tesoro
Nacional por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($215.909.683), de conformidad con el
numeral 9 del artículo 3° del Decreto 2245 de 2011, por violación de los artículos 2, 7, 9 y
15 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y el
numeral 4° de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de noviembre 21 de 2003 y sus
posteriores modificaciones vigentes a la fecha de ocurrencia de los hechos, por canalizar a
través del mercado cambiado un valor superior al valor real de la operación con respecto a
la exportación con formulario número 6007516497017 del 12 de agosto de 2010,
incumpliendo con las condiciones que establece el régimen de cambios y según lo expuesto
en la parte motiva de este acto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar esta resolución por correo certificado a la sociedad C.l.
GOLDEX S.A. (sic) con NIT. 811.030.022-2, en calidad de investigada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1092 de1996.

ARTICULO TERCERO: Informar al Investigado que contra la presente Resolución procede
únicamente Recurso de Reposición, el cual deberá presentarse ante el GIT de
Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección

12 Folio 602 del expediente digitalizado y que obra en el índice 41 de Samai.
13 Folio 732 ibidem.
14 Folios 739 a 746 ibidem.
15 Folios 747 a 751 ibidem.

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Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Seccional de Aduanas de Medellín y dirigido a la División de Gestión Jurídica de la misma
Dirección, dentro del mes siguiente a la notificación, de conformidad con el artículo 25 del
Decreto 1092 de 1996.

ARTICULO CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, remitir copia a la División de
Gestión de Cobranzas y al GIT Contabilidad de la División de Gestión de Recaudo de la
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín para lo de su competencia, y una para el
expediente el cual será remitido al GIT de Documentación de la División de Gestión
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, para su
archivo definitivo (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

6.2.2. La DIAN a través de la Resolución 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de
2012, suscrita por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Medellín de la DIAN, resolvió:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia, la resolución No. 1902012410601-1640 del 28 de junio de
2012, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de esta Dirección le impuso
a la Sociedad C.l. GOLDEX S.A. (sic), NIT.811.030.022-2, una multa favor del Tesoro
Nacional por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($215.909.683), de conformidad con el
numeral 9 del artículo 3° del Decreto 2245 de 2011, en aplicación del principio de
favorabilidad, por violación de los artículos 2, 7, 9 y 15 de la Resolución Externa 8 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República y el numeral 4° de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83de noviembre 21 de 2003 y sus posteriores modificaciones vigentes a la
fecha de ocurrencia de los hechos, por canalizar a través del mercado cambiado un valor
superior al valor real de la operación con respecto a la exportación con formulario número
6007516497017 del 12 de agosto de 2010, incumpliendo con las condiciones que establece
el régimen de cambio.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar esta resolución personalmente a la sociedad C.l.
GOLDEX S.A. (sic), NIT.811.030.022-2, de conformidad con el inciso segundo del artículo
14 y 18 del Decreto 1092 de 1996.

ARTICULO TERCERO: Compulsar copia de éste proveído, y de la Resolución No.
1902012410601-1640 del 28 de junio de 2012, a la División de Gestión de Cobranzas y a
la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín,
para lo de su competencia.

ARTICULO CUARTO: Ordenar el archivo del presente expediente, enviándolo para el
efecto al G.I.T de Documentación de la División de Gestión Administrativa, y Financiera de
esta Dirección Seccional.

ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia no procede recurso alguno de conformidad
con el artículo 87 de la Ley1437 de 2011 (mayúsculas sostenidas y negritas del texto
original).

6.3. Análisis del caso

6.3.1. En la demanda se solicitó la nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640
del 28 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012, por
considerar la parte actora que la DIAN vulneró su derecho al debido proceso al
fundamentar la multa en una factura de compra o Purchase Invoice borrador, sin
considerar que, según los documentos soporte de la exportación y la declaración de
cambio de divisas, los valores exportados, facturados y reintegrados en la Declaración
de Exportación 6007516497017 coincidían plenamente.

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Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Según el Tribunal, la Purchase Invoice utilizado como fundamento contaba con
presunción de autenticidad, dado que fue recaudada legalmente durante la inspección
aduanera de fiscalización y no fue tachada de falso por la actora, de manera que a partir
de dicho documento se evidenció una situación que justificaba la imposición de la
sanción.

La Sala revocará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar la nulidad de
las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-
3379 del 21 de diciembre de 2012, toda vez que la DIAN sustentó la multa en un
documento que no demuestra que el valor canalizado en el mercado cambiario fuera
superior al valor real de la exportación. En consecuencia, ordenará a la DIAN excluir a la
demandante de la lista de deudores morosos por los actos anulados y negará las demás
pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones que se explican a continuación:

6.3.2. De acuerdo con los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, corresponde a
la Junta Directiva del Banco de la República, entre otras funciones, regular los cambios
internacionales de acuerdo con la ley. Para tal fin, dicha autoridad expidió la Resolución
Externa 8 de 2000, mediante la cual compiló el régimen aplicable a los cambios
internacionales.

Sobre la normativa que regula lo atinente a las “operaciones canalizables a través del
mercado cambiario”, el artículo 1 del Decreto 1735 de 199316 prevé que son operaciones
de cambio todas las comprendidas dentro de las categorías señaladas en el artículo 4 de
la Ley 9 de 1991, y específicamente, entre otras, las “Importaciones y exportaciones de
bienes y servicios”17.

Por su parte, el artículo 4 ibidem, establece que: “Únicamente las operaciones de cambio
que a continuación se indican deberán canalizarse a través del mercado cambiario: 1.
Importaciones y exportaciones de bienes”.

En concordancia con esta última disposición, el artículo 6 de la Resolución Externa 8 de
200018 de la Junta Directiva del Banco de la República, dispuso:

[e]l mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse
obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través
del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. También formarán parte del
mercado cambiario las divisas que, no obstante estar exentas de esa obligación, se
canalicen voluntariamente a través del mismo.

En su artículo 7 la Resolución en comento precisó que: “Las siguientes operaciones de
cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: 1.
Importación y exportación de bienes”.

De acuerdo con el artículo 15 de esta Resolución:

Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario las divisas provenientes
de sus exportaciones. Los exportadores podrán conceder plazo a los compradores del
exterior para pagar las exportaciones.

De la normativa citada se deriva que, en el Régimen Cambiario, ciertas operaciones
deben canalizarse obligatoriamente, entre ellas la importación y exportación de bienes.
16 Por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales.
17 Norma compilada por el artículo 2.17.1.1. del Decreto 1068 de 2015.
18 Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales.

12

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Esta canalización implica que los pagos se realicen a través del mercado cambiario,
compuesto por los intermediarios autorizados o mediante el mecanismo de
compensación, así como por las divisas que, aun estando exentas, se canalicen
voluntariamente por dicho mercado.

Las obligaciones derivadas de estas operaciones se extinguen mediante la transferencia
de divisas a través del mercado cambiario. Asimismo, la extinción de obligaciones
relacionadas con endeudamiento externo o con la financiación de importaciones y
exportaciones puede efectuarse mediante dación en pago, siempre que cuente con la
autorización del Banco de la República.

Sobre las prohibiciones y sanciones en el mercado cambiario, los artículos 2 y 4 de la
Resolución Externa 8 de 2000 del Banco de la República, disponen:

Artículo 2. No podrán canalizarse a través del mercado cambiario sumas superiores o
inferiores a las efectivamente recibidas, ni efectuarse giros por montos diferentes a las
obligaciones con el exterior.

Artículo 4. Quien incumpla cualquier obligación establecida en el régimen cambiario, se
hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sin perjuicio de
las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables.

En este orden, la lectura integral de la normativa citada permite concluir que constituye
una infracción cambiaria consignar en los documentos aduaneros, o en los que los
sustituyan, un valor superior al real de las obligaciones derivadas de importaciones o
exportaciones cuya canalización a través del mercado cambiario es obligatoria.

6.3.3. En el caso concreto, según los actos administrativos demandados, la DIAN
fundamentó la existencia de una diferencia entre los valores consignados en los
documentos soporte de la exportación —sujeta a canalización obligatoria a través del
mercado cambiario— y el valor real de la operación de C.I. GOLDEX S.A.S., únicamente
a partir del documento denominado “Purchase invoice # SET12897”19, que se expone a
continuación:

19 Folio 58 del expediente digitalizado y que obra en el índice 41 de Samai.

13

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Para la DIAN y el Tribunal, la Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010,
expedida por Republic Metals Corporation con lote L120933 y referencia 1291, evidencia
que la obligación cancelada por esa empresa a C.I. GOLDEX S.A.S. fue inferior al monto
canalizado a través del intermediario del mercado cambiario, lo que justifica la sanción
impuesta.

En contraposición, la actora adujo que: (i) la Purchase Invoice SET 12897 del 23 de
agosto de 2010 carece de validez, porque es un borrador que no permite inferir la
infracción por la cual fue sancionada; (ii) al tratarse de un documento proveniente del
exterior, su contenido debía ser ratificado por la empresa Republic Metals Corporation;
(iii) jurídicamente, la purchase invoice no constituye un documento que soporte la
operación cambiaria; y (iv) la declaración de exportación (DEX) 60007516497017 del 12
de agosto de 2010, la factura de venta 1291 de 9 de agosto de 2010 y las declaraciones
de cambio evidencian la realidad de la operación.

Ahora bien, a partir de la revisión de los documentos que soportan la operación de
exportación —esto es, la DEX 60007516497017 del 12 de agosto de 201020, la factura

20 Folios 207 a 210 del expediente digitalizado y que obra en el índice 41 de Samai.

14

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

de venta 1291 de 9 de agosto de 201021 y las declaraciones de cambio22—, así como de
la Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 201023, la Sala advierte que:

(i) La declaración de exportación y la factura de venta 1291 coinciden en señalar que el
peso de oro exportado por C.I. GOLDEX S.A.S. correspondió a 83.083 kilos, por un valor
total de USD 2.583.881;

(ii) Las declaraciones de cambio corroboran que la canalización de divisas efectuada con
ocasión de la operación de exportación coincide con el valor indicado en la DEX
60007516497017 del 12 de agosto de 2010 y en la factura de venta 1291, esto es, USD
2.583.881;

(iii) La Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010 señala un total de oro de
2.060.509 —sin determinar la medida de peso utilizada— y un valor de USD
2.463.940,44.

Con base en lo anterior, se advierte que, a pesar de la coincidencia de datos entre los
documentos de la operación —declaración de exportación, factura de venta 1291 y
declaraciones de cambio—, la DIAN fundamentó la supuesta infracción cambiaria por
parte de la actora y la sancionó con base en el documento purchase invoice que como
se pasa a explicar, carece de la entidad probatoria necesaria para demostrar que el valor
canalizado haya sido superior al real, por las siguientes razones:

(i) La Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010, además de no estar suscrita
ni contar con sello alguno, contiene anotaciones manuscritas, tachones y enmendaduras
que permiten sostener que se trata de un borrador, como en efecto lo señaló la parte
actora.

(ii) Aparte de la coincidencia en el número de la factura (1291) y del lote (L120933), no
existe otro elemento que vincule a la purchase invoice con la operación de exportación,
pues no coinciden el peso ni los valores individuales ni los valores totales allí
consignados, con los señalados en los documentos que soportan la operación, esto es,
la declaración de exportación, la factura de venta y las declaraciones de cambio. Esta
circunstancia puede indicar que la purchase invoice reflejaría únicamente parte de la
operación, lo cual permitiría explicar la diferencia de valores advertida por la actora.

(iii) La misma Purchase Invoice incluye números de ticket, cantidades, precios
individuales y totales que no aparecen ni en la DEX 60007516497017 ni en la factura
1291, por lo que no se entiende cómo la DIAN y el Tribunal determinaron que este
documento corresponde exactamente a la operación cuestionada.

(iv) El oro supuestamente comprado por Republic Metals Corporation, al que hace
referencia la Purchase Invoice, se indica en una cantidad de 2.060.509 sin especificar la
unidad de medida; en cambio, la DEX 60007516497017 y la factura 1291 registran un
peso de oro vendido por 83,08 kilogramos.

(v) En la actuación administrativa, la demandante solicitó de manera reiterada que se
decretara y practicara la prueba consistente en requerir al comprador para que certificara
o ratificara el contenido de la purchase invoice. Por su parte, la DIAN, emitió los exhortos
respectivos con el fin de que Republic Metals Corporation remitiera los soportes de la

21 Folio 211 ibidem.
22 Folios 298 a 310 ibidem.
23 Folio 227 ibidem.

15

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

purchase invoice. Ante la falta de respuesta de la empresa extranjera, la entidad optó por
valorar esos documentos como auténticos y fundamentar la sanción cuestionada única y
exclusivamente en su contenido.

(vi) Debido a que la Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010 se encuentra
en idioma inglés y no se acompaña de su traducción al idioma castellano, no podía ser
tenida como prueba en la actuación administrativa seguida por la DIAN en contra de la
empresa C.I. GOLDEX S.A.S., tal como pasa a explicarse:

El Decreto 2245 de 2011, por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el
Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la DIAN, en sus artículos 24 y 25
dispone lo siguiente:

Artículo 24. Período Probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean
conducentes pertinentes, eficaces y necesarias para el esclarecimiento de los hechos
materia de investigación; se denegarán las que no lo sean y se ordenará de oficio las que
se consideren pertinentes mediante resolución motivada que señalará el término para su
práctica, que no podrá exceder de cuatro (4) meses, si se trata de pruebas a efectuarse en
el territorio nacional, o de seis (6) meses, si deben practicarse en el exterior.

Las pruebas aportadas se incorporarán al expediente sin necesidad de resolución que así
lo disponga y las mismas se valorarán en su conjunto en la resolución sancionatoria, en la
que resuelva el recurso de reconsideración que procede contra esta última o en la que
decida la terminación de la actuación administrativa cambiaria.

Contra la resolución que deniegue total o parcialmente las pruebas solicitadas procederá
únicamente el recurso de reposición ante el funcionario que dictó el acto recurrido,
presentado dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación.

El recurso se resolverá y notificará dentro de los dos (2) meses siguientes a su interposición,
mediante resolución contra la cual no procederá recurso alguno.

El período probatorio correrá a partir de la ejecutoria de la resolución de pruebas.

Artículo 25. Valoración Probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme con
las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción
cambiaria y la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente.

La valoración de las pruebas que fueron aportadas al expediente o practicadas dentro del
período probatorio se hará en la resolución sancionatoria, en la que resuelva el recurso de
reconsideración que procede contra esta última, o en la de terminación de la actuación
administrativa cambiaria, según corresponda.

Para la práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba
y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto, en los
artículos 168 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, 174 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil y específicamente en los artículos 742 a 749 y demás
disposiciones concordantes del Estatuto Tributario, o en las normas que los adicionen o
sustituyan. (Subrayado de la Sala)

A su vez, el artículo 40 del CPACA señala que:

Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera
la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del
interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no
proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas
aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.

16

Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si
son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento
Civil.

Con base en lo anterior, en este caso resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 260
del Código de Procedimiento Civil - CPC24, cuyo texto reza:

Artículo 260. Documentos en idioma extranjero. Para que los documentos extendidos en
idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el
proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros
casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente25.

Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que el documento que
se encuentra en idioma extranjero debió aportarse con su respectiva traducción oficial al
idioma castellano para que pudiese ser valorado como prueba en la actuación
administrativa adelantada por la DIAN.

En oportunidades anteriores, esta Sala ha dilucidado en relación con el alcance y la
finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la valoración de
los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en el siguiente sentido:

Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados
en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser
calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un
mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre
de 2020, al sostener: La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante,
toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva
traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código
de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión
como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato
legal26.

En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que el documento denominado
Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010 es un borrador que no coincide
con los documentos que acreditan la exportación de oro al cliente Republic Metals
Corporation y que además no podía ser valorado por la DIAN como prueba ante la
ausencia de la traducción oficial que exige el artículo 260 del CPC para su apreciación,
el cual resulta extensivo a las actuaciones administrativas por expresa remisión del
Decreto 2245 de 2011 y del CPACA.

Así las cosas, ante la evidencia de los vicios en los que incurrió la DIAN al efectuar la
valoración probatoria en los actos demandados, conviene recordar que esta Corporación
se ha pronunciado sobre la aplicación del debido proceso en materia cambiaria, así:

Ahora bien, la Sala debe precisar que aunque en algunos casos el legislador ha ratificado
expresamente la procedencia de los principios y garantías del debido proceso en

24 Norma vigente para el momento de los hechos.
25 Modificado por el artículo 1, numeral 119 del Decreto 2282 de 1989.
26 Consejo de Estado; Sección Primera, sentencia de 23 de septiembre de 2021, radicado
11001032400020120002900, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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actuaciones administrativas sancionatorias reconocidos por la Constitución Política (por
ejemplo en los regímenes aduanero27 y disciplinario28), el hecho de que en otras materias
no exista esa consagración expresa no significa que los distintos elementos que informan
el debido proceso no sean aplicables en otros asuntos, pues, como antes se dijo, éste es
un imperativo constitucional exigible en todas las actuaciones de las autoridades públicas
que puedan afectar los derechos de los particulares29.

Con fundamento en lo anterior, la DIAN fundamentó su decisión en un documento que
no podía ser valorado como prueba, por carecer de traducción oficial al idioma castellano
y por las inconsistencias que presenta en su contenido, en la medida en que se trata de
un borrador con tachaduras y sin información suficiente que permita concluir que
corresponde a la operación de exportación analizada, más allá de la coincidencia en el
número de la factura de venta y del lote de la mercancía.

Por lo expuesto, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640
del 28 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012, mediante
las cuales la DIAN sancionó a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S., por cuanto se acreditó la
vulneración del derecho al debido proceso alegada por la demandante.

6.3.4. Por último, la apelante se opuso a la condena en costas que le fue impuesta en
primera instancia, pues estima que, si bien su valor no excede lo previsto en la norma,
resulta gravoso para la sociedad, dado que la negación de las pretensiones implica el
pago total de la sanción en favor de la entidad demandada.

En observancia de los artículos 18830 del CPACA y 36531 del Código General del Proceso
(CGP), en especial de su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el

27 Decreto 2685 de 1999: “Articulo 520. Disposición más favorable. Si antes de que la autoridad aduanera

emita el acto administrativo que decide de fondo, se expide una norma que favorezca al interesado, la
autoridad aduanera deberá aplicarla obligatoriamente, aunque no se haya mencionado en la respuesta al
Requerimiento Especial Aduanero”.
28 Ley 734 de 2002 “Artículo 14. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también
para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política”.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, radicación 05001233300020130070101, sentencia del 4 de agosto

de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
30 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.”
31 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción
a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.

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punto por esta Corporación, la Sala advierte que esa clase de condenas atiende a un
criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo porque no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado
de su derrota en el proceso o recurso que ha interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se
requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de
su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
que efectivamente realiza dentro de este.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el ordinal 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, se advierte que no está acreditada la causación de expensas, gastos
procesales o agencias en derecho. Por lo tanto, la Sala revocará la condena que por tal
concepto impuso el a quo en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, y se abstendrá de imponerla en esta instancia.

6.4. Del restablecimiento del derecho

A título de restablecimiento del derecho la actora solicitó que “se excluya a mi
representada de la lista de deudores morosos de la DIAN”. La Sala accederá a dicha
petición y, por ende, se ordenará a la demandada a excluir a la empresa C.I. GOLDEX
S.A.S. de la lista de deudores morosos, por concepto de las Resoluciones 1-90-201-241-
601-1640 del 28 de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012.

6.5. De las demás pretensiones de la demanda

Además de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640 del 28
de junio de 2012 y 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012 expedidas por la
DIAN y la exclusión de la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. de la lista de deudores morosos
por concepto de tales actos administrativos, que como ya se dijo anteriormente
prosperan, la actora también solicitó a título de pretensiones de la demanda lo siguiente:

TERCERA: RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(…)

• Que se condene a la demandada por su (sic) actuar de la Dirección Seccional de
aduanas de MEDELLIN al pago de los costos en que se ha incurrido con el pago de
honorarios de profesionales, para la defensa en todas las etapas procesales.

CUARTO: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas
liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando
como base el índice de precios del consumidor que certifique el DANE, o conforme a lo
dispuesto en la ley1437 de 2011.

QUINTO: Para el cumplimiento de la sentencia se ordenará la aplicación del artículo 188,
189 y 192 del Código Contencioso Administrativo.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

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SEXTO: Solicito se condene a la parte demandada al pago de los gastos, costas judiciales
y agencias en derecho, en el evento de que las anteriores pretensiones sean favorables
a mi poderdante (mayúsculas sostenidas y negritas del texto original).

Al respecto, la Sala reitera las consideraciones expuestas al resolver el reparo formulado
por la recurrente contra la condena en costas de primera instancia, con fundamento en
las cuales se concluye que la demandante no probó la causación de los “costos en que
se habría incurrido por concepto de honorarios de profesionales para la defensa en todas
las etapas procesales”, ni tampoco de los “gastos, costas judiciales y agencias en
derecho”. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones que por este concepto
formuló la actora.

Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la DIAN fundamentó la sanción
impuesta a C.I. GOLDEX S.A.S. en un documento que no acreditó que la empresa
hubiera canalizado un valor superior al real de la operación contenida en la DEX
6007516863606. Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia del 25 de agosto de 2014,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que denegó
las pretensiones de la demanda.

En su lugar, declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, ordenará a la
DIAN excluir a la demandante de la lista de deudores morosos por los actos anulados y
negará las demás pretensiones de la demanda.

6.5. Reconocimiento de personería

Mediante memorial visible a folio 752 del expediente digitalizado que obra en el índice 41
de Samai, el abogado Herman Antonio González Castro allegó el poder que le confirió la
DIAN. Por tanto, la Sala le reconocerá personería para actuar en representación de la
entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad. En su lugar, DECLARAR la
nulidad de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de 2012 y 1-90-201-
236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012 expedidas por la DIAN.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la DIAN a excluir a la empresa C.I. GOLDEX S.A.S. de la lista de deudores
morosos por concepto de las Resoluciones 1-90-201-241-601-1640 del 28 de junio de
2012 y 1-90-201-236-408-3379 del 21 de diciembre de 2012.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

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Radicado: 05001233300020130059601
Demandante: C.I. GOLDEX S.A.S.
Demandado: DIAN

QUINTO: RECONOCER personería al abogado Herman Antonio González Castro, para
actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a él
otorgado.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 19 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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