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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00093-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-31-000-2011-00093-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00093-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso
Administrativo.
Tesis: La obligación de descripción clara, precisa e inequívoca de la mercancía en
la declaración de importación emana del estatuto aduanero, ello con independencia
de que la mercancía no esté sujeta a descripciones mínimas especiales fijadas por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
No son nulos los actos administrativos que ordenaron el decomiso de la mercancía,
si en la declaración de importación se incurrió en un error en la referencia del
producto que impide establecer que la mercancía encontrada durante la inspección
corresponde a la declarada.
No se configura el silencio administrativo positivo cuando la resolución que resuelve
el recurso de reconsideración fue expedida y notificada dentro del término legal en
la dirección indicada por el administrado y la parte demandante no cumplió la carga
probatoria que le correspondía para acreditar la irregularidad alegada.
No tiene mérito probatorio el dictamen pericial que fundamenta sus conclusiones
sobre documentos en idioma extranjero carentes de traducción oficial efectuada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores o por intérprete oficial.
No es incongruente el fallo de primera instancia si pese a reconocer que la
mercancía no está sujeta a descripciones mínimas especiales, concluye que debía
estar plenamente individualizada y que la referencia constituía un elemento
relevante para tal fin, en aplicación de la exigencia general de descripción clara,
precisa e inequívoca prevista en el estatuto aduanero.

Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 28 de junio de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de
la demanda.

I. DEMANDA

1.1. Las pretensiones

1. La sociedad CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A. (en adelante CI
Ciles S.A.) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN (en adelante DIAN), solicitando lo siguiente a título de pretensiones:

«I. DECLARACIONES Y CONDENAS:

1. Que se revoquen por parte de la citada entidad los siguientes actos
administrativos:

a. Resolución 1147 del 6 de abril de 2010 Por la cual se ordena el decomiso de
una mercancía, expedida por la División de Gestión Fiscalización Aduanera de
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.

b. Resolución 2348 del 28 de julio de 2010 mediante la cual se resuelve el
recurso de reconsideración confirmando el decomiso, emitida por la División de
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura.

c. Oficio 135-201-236-424 radicado bajo el número 005714 del 12 de agosto de
2010 notificado por correo el 20 de agosto de 2010, suscrito por la Jefe de la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Buenaventura.

d. Resolución 2839 del 20 de septiembre de 2010, mediante el cual se resuelve
el recurso de reposición interpuesto contra el oficio 134-201-236-424 (sic)
radicado bajo el número 005714 del 10 de agosto de 2010, que negó el silencio
administrativo positivo, expedido por la Jefe de la División de Gestión Jurídica
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.

2. Si para el tiempo en que se profiera sentencia, la DIAN ha dispuesto de la
mercancía decomisada mediante la venta u otra forma de disposición, solicito
que se ordene a la NACIÓN representada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

ESPECIAL - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a
pagar a mi poderdante, las siguientes sumas de dinero:

a. El valor de cincuenta y siete millones ciento cincuenta mil pesos
($57.150.000.oo) M/cte, para restituir el valor de la mercancía, suma que deberá
ser indexada a valor presente.

b. El pago del valor de DIECINUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL PESOS
($19.107.000) por concepto de tributos aduaneros causados y pagados en la
importación en caso que para cuando se dicte sentencia no se haya producido
la devolución de dichos tributos:

a. La suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL
PESOS ($8.581.000) por concepto de arancel.

b. La suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
($10.526.000) por concepto de IVA, en caso que no se haya procedido al
descuento del mismo, en periodos posteriores.

c. El valor que se resulte por concepto de intereses moratorios sobre las sumas
antes citadas, correspondiente al tiempo que transcurra desde el momento de
la aprehensión hasta el día en que se realice el pago efectivo de las sumas aquí
relacionadas.

3. A título de restablecimiento del derecho y para la época en que se realice
efectivamente la devolución de la mercancía o el dinero correspondiente a su
valor más los tributos aduaneros más los intereses, como consecuencia de la
revocatoria de las resoluciones citadas en el numeral 1 de estas pretensiones
por efecto de esta conciliación, LA NACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, se reconozca
y pague la suma de dinero que se pruebe mediante certificación del revisor fiscal
de la compañía a título de lucro cesante o valor de oportunidad por la falta de
rotación de la mercancía, su venta y recuperación del costo y pérdida de la
utilidad de la venta de la mercancía decomisada, valor que se habría recibido
para el importador en caso que no hubiera sido aprehendida y decomisada.
Estos valores se acreditarán en el título de pruebas y que a la fecha asciende a
la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($165.401.676)»1

1.2. Los actos demandados

2. La parte resolutiva de la Resolución 1147 del 6 de abril de 2010 es la siguiente:

«RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decomisar a favor de la Nación, Unidad Administrativa
Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía
aprehendida mediante acta número 13500037POLFA del 08 de febrero del
2010, del importador C.I CONSTRUCTORA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS

1 Adición y corrección de la demanda visible a folios 167 a 188 del Cuaderno del Tribunal.

3

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Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

S.A. […]. Mercancía que corresponde a:

ITEM DESCRIPCIÓN DE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR
LA MERCANCÍA DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 TOMACORRIENTE UNIDAD 10.000 $5.715 $57.150.000
MARCA CILES,
REFERENCIA
DG20-WW
TOTAL: $57.150.000

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido y decisión de la presente
providencia al importador CI CONSTRUCTORA DE ILUMINACION Y
ELECTRICOS S.A., (C.I CILES S.A.) […] por correo certificado a la dirección
que aparece en el encabezado del presente acto administrativo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por
el artículo 56 del Decreto 1232 de 2001 y modificado por el artículo 2 del Decreto
143 de 2006.

De no ser posible la notificación por correo, procederá la notificación por aviso
publicado en un periódico de amplia circulación nacional, tal como lo prevé en
su inciso final el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999.

ARTICULO TERCERO: Conceder contra la presente providencia el RECURSO
DE RECONSIDERACIÓN el cual deberá interponerse ante la División de
Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura, en el término de quince (15) días siguientes a su notificación de
conformidad con el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el
artículo 50 del Decreto 1232 del año 2001.

ARTICULO CUARTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolución, compulsar
copia por parte del Grupo Interno de Trabajo de Documentación, de manera
inmediata, a la Unidad Penal de la División de Gestión Jurídica, al Grupo Interno
de Trabajo de Comercialización de esta Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Buenaventura, o a quien haga sus veces para continuar con el
proceso de disposición de las mercancías decomisadas, al Grupo Interno de
Trabajo de Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización en la
Dirección Seccional de Aduanas de Cali, y al Depósito ALMAVIVA S.A, para lo
de su conocimiento y fines pertinentes»2 (Subrayas y negritas del texto original).

3. La parte resolutiva de la Resolución 2348 del 28 de julio de 2010, es la siguiente:

«ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No. 1147 del 6 de abril de
2010 mediante la cual la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección
Seccional, decomisó mercancía por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($57.150.000) Aprehendida con Acta
No. 13500037POLFA del 8 de febrero de 2010, del importador C.I
CONSTRUCTORA DE ILUMINACIÓN Y ELECTRICOS S.A. “CILES S.A.” […],
por los motivos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo.

2 Folios 67 a 72 del Cuaderno del Tribunal.

4

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Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR por correo esta providencia al señor
VICTOR JAIME SUAREZ NAVARRO, identificado con C.C. 70.120.433, en
calidad de Representante Legal de CILES S.A. con NIT. 800.212.240-3, a la
dirección procesal aportada con el Recurso de Reconsideración: Edificio Pacific
Trade Center Oficina 601 A Calle 7 No. 3 A 11 en la ciudad de Buenaventura,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el artículo 56 del decreto 1232 de 2001 y artículo 2 del Decreto
143 de 2006.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede
Recurso alguno y queda agotada la vía gubernativa.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICADA la presente providencia remitir copia de la
misma por parte del GIT de Documentación de la División de Gestión
Administrativa y Financiera de esta Dirección, para lo de su conocimiento y fines
legales pertinentes a las siguientes Divisiones:

División de Gestión de Fiscalización
División de Gestión Administrativa y Financiera-Grupo de Comercialización
Deposito ALMAVIVA S.A.

ARTICULO QUINTO: ARCHIVAR el Expediente No. PF2010201000145»3.

4. El Oficio 135-201-236-424 radicado bajo el número 005714 del 12 de agosto de
2010, señala:

«Con fundamento en las pruebas antes indicadas, queda demostrado que en el
presente caso, no se configuró silencio administrativo positivo, por lo tanto la
solicitud del peticionario es improcedente»4.

5. La Resolución 2839 del 2 de septiembre de 2010, decide en su parte resolutiva:

«ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el oficio No. 135-201-236-424-5714 del
12 de agosto de 2010, mediante la cual se negó una solicitud de declaratoria de
silencio administrativo, solicitada por el señor VICTOR JAIME SUAREZ
NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía número […], en calidad de
Representante Legal de C.I. CONSTRUCTORA DE ILUMINACIÓN Y
ELÉCTRICOS S.A. “CI CILES S.A.” NIT. […] con ocasión del recurso de
reconsideración radicado bajo el número 9692 del 29 de abril de 2010,
interpuesto contra la resolución de decomiso No. 1147 del 6 de abril de 2010,
dentro del Proceso Administrativo de Definición de Situación Jurídica de
mercancía aprehendida con Acta No. 13500037 POLFA del 8 de febrero de
2010, adelantado con el expediente No. PF2010201000145 al importador C.I.
CONSTRUCTORA DE ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS S.A. con NIT.
800.212.240-3.

3 Folios 101 a 113 del Cuaderno del Tribunal.
4 Folios 123 a 125 del Cuaderno del Tribunal.

5

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Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia al señor VICTOR JAIME
SUAREZ NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía número […], en
calidad de Representante Legal de C.I. CONSTRUCTORA DE ILUMINACIÓN
Y ELÉCTRICOS S.A. “CI CILES S.A.” NIT. […] a la siguiente dirección procesal
aportada con el escrito de reposición, esto: Calle 17 No. 43 F-165 en la ciudad
de Medellín (Antioquia), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 567 de
Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 56 del decreto 1232 de 2001
y artículo 2 del Decreto 143 de 2006.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede
ningún recurso.»5

1.3. Supuestos fácticos

6. Como fundamentos fácticos de la demanda la parte actora expuso los siguientes
hechos.

7. La sociedad CI Ciles S.A. es una sociedad comercial con domicilio principal en la
ciudad de Medellín, cuyo objeto social comprende la realización de operaciones de
comercio exterior, la fabricación y ensamble de artículos eléctricos e industriales y
la distribución de mercancías de fabricación nacional o extranjera, principalmente
en el ramo de artículos eléctricos, metalmecánicos y de ferretería, conforme al
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Medellín.

8. Afirmó que mediante conocimiento de embarque BL A909832AS del 25 de
diciembre de 2009, arribó al puerto de Buenaventura mercancía consignada a
nombre de CI Ciles S.A., al amparo del manifiesto de carga 116575001066600 del
27 de enero de 2010. Señaló que dicha mercancía consistía en tomacorrientes
dobles despachados desde China por el proveedor General Protech Group Inc., bajo
la factura comercial No. GP09215 del 15 de diciembre de 2009, con un valor de
USD$27.900, descrita como: Electric Appliances and Wiring Devices DG25WW.

9. Sostuvo que el 1 de febrero de 2010 se presentó declaración de importación con
aceptación número 3520100000166487-5, en la que la mercancía fue descrita de la
siguiente manera: FACTURA GP091215 15/12/2009; 10.000 Unidades

5 Folios 137 a 142 del Cuaderno del Tribunal.

6

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Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

TOMACORRIENTES, DOBLE INTEGRAL GFCI 20ª/127V BLANCO, REF=DG25-WW, USO SE
UTILIZAN EN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES, MARCA
CILES NORMA UL943, 125V, 60HZ, 20AMP, 30409 40. Precisó que el sistema informático
de la aduana autorizó el levante automático de la declaración con autoadhesivo
número 07157280175371 del 1 de febrero de 2010.

10. Refirió que la Policía Fiscal y Aduanera (en adelante POLFA), en ejercicio de
sus facultades de inspección, ordenó mediante auto comisorio 201 del 3 de febrero
de 2010 la inspección física de la mercancía del contenedor MWCU532013-1. Indicó
que durante la diligencia se levantó el acta de hechos 201, en la que se consignó
que la mercancía consistente en tomacorrientes había sido declarada con referencia
DG25WW pero físicamente se encontró la referencia DG20WW, por lo que se
procedió a la aprehensión de 200 cartones con fundamento en el numeral 1.6 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

11. Manifestó que se levantaron tres versiones del acta de aprehensión 13500037
POLFA 0834 del 3 de febrero de 2010, con diferencias sustanciales entre sí en
cuanto al peso, cantidad y valor de la mercancía. La primera registró 10 kg, 1.000
unidades y un valor de $5.734.000; la segunda, 200 kg, 1.000 unidades y un valor
de $5.716.000, notificada el 12 de febrero de 2010 dejando como fecha de
notificación el 8 de febrero de 2010 y la tercera, 200 kg, 10.000 unidades y un valor
de $57.160.000, en la que aparece al pie de la firma la fecha 16 de febrero de 2010.
Señaló que la administración no expidió acto alguno que restituyera los términos de
objeción a partir de esas fechas.

12. Sostuvo que el 18 de febrero de 2010, dentro del término legal, presentó
objeción al acta de aprehensión bajo radicado 00004011, argumentando que la
declaración de importación contenía al menos 8 elementos que individualizaban y
tipificaban el producto por sus características, capacidad, número de lote, marca y
uso de la manera que el error en la referencia no desvirtuaba la identidad de la
mercancía. Indicó además que dentro de los documentos soporte de la importación
obraba carta del proveedor General Protech Group Inc. en la que se explicaba el
cambio de referencia de DG25-WW a DG20-WW, aclarando que se trataba
exactamente del mismo producto. Agregó que solicitó la práctica de prueba pericial
7

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para verificar la correspondencia entre la mercancía aprehendida y la declarada,
solicitud que fue negada por la DIAN mediante auto 764 del 26 de febrero de 2010,
por considerarla inconducente.

13. Refirió que mediante Resolución 1147 del 6 de abril de 2010 se ordenó el
decomiso de la mercancía, bajo el argumento de que no se habían desvirtuado las
causales de aprehensión y que existía un error en la referencia declarada, con
fundamento en el concepto 116 de 2000, según el cual la descripción implica
incorporar todas las características que tipifican, identifican y singularizan la
mercancía. Contra dicha decisión interpuso recurso de reconsideración mediante
oficio radicado bajo el número 00009692 del 29 de abril de 2010, en el que reiteró
la solicitud de práctica de prueba pericial, nuevamente negada mediante Auto 135-
201-236-101-1799 del 28 de mayo de 2010. La Resolución 2348 del 28 de julio de
2010 resolvió el recurso de forma desfavorable.

14. Sostuvo que mediante oficio radicado bajo el 00018508 del 3 de agosto de 2010,
solicitó la declaratoria del silencio administrativo positivo, al considerar que la
Resolución 2348 no le había sido notificada en debida forma, toda vez que la guía
de Servientrega 1031952805 indicaba que la correspondencia fue recibida el 29 de
julio de 2010 por una persona de nombre Martín Vargas, quien no tenía vínculo
laboral con CI Ciles S.A., con la agencia de aduanas Sucomex S.A. ni con la
administración del Edificio Pacific Trade Center, donde estaba ubicada la oficina
601A señalada para notificaciones.

15. En respaldo de lo anterior, aportó carta suscrita por el representante legal de la
agencia de aduanas Sucomex S.A. en la que manifestó no haber recibido la
notificación y que en dicha oficina no laboraba ninguna persona llamada Martín
Vargas; carta suscrita por la administradora del Edificio Pacific Trade Center en la
que señaló que la recepción del edificio no tenía facultad para recibir
correspondencia y que dentro del personal que laboraba en la administración
tampoco había nadie con ese nombre y manifestación jurada del representante legal
de CI Ciles S.A. en el mismo sentido.

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16. Precisó además que la dirección consignada en la guía de Servientrega
presentaba inconsistencias respecto a la dirección informada por el recurrente para
efectos de notificación, pues mientras la dirección indicada era Edificio Pacific Trade
Center oficina 601 A Calle 7 No. 3 A 11 Buenaventura, en la guía se consignó 01 A
Cll 7 No. 3 A 11.

17. Indicó que mediante Oficio 135-201-236-424 del 10 de agosto de 2010 la DIAN
rechazó la solicitud de silencio administrativo, al considerar que la resolución había
sido debidamente notificada.

18. Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de reposición mediante oficio
radicado bajo el número 00020728 del 25 de agosto de 2010, en el que reiteró la
irregularidad de la notificación y aportó como soporte carta del representante legal
de la agencia de aduanas Sucomex S.A. y carta de la administradora del Edificio
Pacific Trade Center, en las que ambas manifestaron que en esa dirección no
laboraba ninguna persona llamada Martín Vargas y que no se había recibido
notificación alguna de la DIAN.

19. Refirió que la Resolución 2839 del 20 de septiembre de 2010 confirmó la
decisión de negar la declaratoria del silencio administrativo positivo, agotando con
ello la vía gubernativa.

1.4. Concepto de la violación

20. La sociedad demandante invocó como disposiciones violadas la Constitución
Política y los artículos 233, 504, 505, 505-1, 502 numeral 1.6, 515, 519, 562 y 567
del Decreto 2685 de 1999, así como la Resolución 388 de 2009 del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo. El concepto de violación fue desarrollado mediante
los siguientes cargos:

1.4.1. Violación del debido proceso y del derecho de defensa

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21. Refirió que las normas citadas señalan un procedimiento específico para
realizar la aprehensión, el avalúo, levantar un acta, describir la mercancía, incluir
peso, cantidades, valor y efectuar la notificación.

22. Adujo que en el presente caso se levantaron tres actas con el mismo número
y que adolecían de dos graves incumplimientos: no se incorporaron correctamente
los datos en cuanto a peso, cantidades y valores y no se incluyó la información
exacta de la fecha de emisión, corrección y notificación.

1.4.2. Indebida expedición y notificación de actas de decomiso

23. Expuso que la entidad señaló que hubo solo un acta de aprehensión
notificada el 8 de febrero de 2010, por lo que los términos para presentar la objeción
se contaban a partir de esa fecha.

24. Precisó que la DIAN elaboró una primera acta con valores incorrectos en
cuanto al peso, cantidad y precio de la mercancía, que posteriormente fue
modificada por otra suscrita por una persona distinta pero con la misma fecha, con
los mismos yerros respecto a los valores, notificada el 12 de febrero de 2010 al
depósito Almaviva sin que se expidiera acto alguno que restituyera los términos de
objeción. Agregó que finalmente la DIAN la modificó y reemplazó íntegramente,
expidiéndola con el mismo número y notificándola el 16 de febrero de 2010.

25. Adujo que dichas inconsistencias impidieron al importador constituir
válidamente la garantía prevista en la ley para obtener la entrega de la mercancía,
pues con valores incorrectos en cuanto a cantidad y precio era imposible presentar
una póliza consistente.

1.4.3. Indebida aplicación del artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de
1999

26. Afirmó que para efectos de la descripción de la mercancía debía acudirse a
la Resolución 388 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda vez
que la mercancía no estaba sometida a descripciones mínimas.
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Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

27. Precisó que el yerro en la referencia no conllevaba dolo ni desvirtuaba la
buena fe que debía presumirse en las actuaciones de los particulares.

28. Agregó que la declaración de importación incluía 8 elementos de descripción
suficientes para individualizar y tipificar el producto, entre ellos sus características
técnicas, capacidad, número de lote, marca y uso, de manera que la referencia no
constituía el único ni el principal elemento identificador de la mercancía, máxime
cuando aparecía únicamente en el embalaje externo que consolidaba varias
unidades pero no en cada pieza individual de la mercancía ni en su empaque
particular, de suerte que una vez desembalada la mercancía ese elemento
desaparecía.

1.4.4. Interpretación extensiva de la Resolución 388 de 2009 del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo

29. Explicó que la Resolución 388 de 2009 señalaba los requisitos de descripción
mínima de las mercancías objeto de importación y que dentro de su listado no se
encontraba la subpartida arancelaria 8536690000 correspondiente a partes
eléctricas, por lo que debía acudirse a su artículo 2, cuyos parámetros de
descripción se encontraban incorporados en la declaración de importación.

30. Argumentó que la entidad fundamentó su decisión de decomiso dando gran
relevancia al elemento de la referencia, con apoyo en un concepto jurídico del año
2005 y en una norma de 1996, sin que identificara expresamente ni el número del
concepto ni la disposición normativa invocada. Sostuvo que en todo caso ambos
documentos carecían de aplicabilidad para la época de los hechos, toda vez que
para la fecha de la aprehensión se encontraba vigente la Resolución 388 de 2009,
que era la norma llamada a regular la descripción de las mercancías objeto de
importación.

31. Afirmó que no existía disposición legal ni concepto que estableciera de
manera objetiva que para el tipo de mercancía importada el elemento

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individualizador fuera la referencia, más cuando aparecía en las cajas que
consolidaban varias unidades pero no en cada una de las piezas de la mercancía.

1.4.5. Indebida notificación de la Resolución 2348 del 28 de julio de 2010

32. Adujo que conforme a los artículos 562 y 567 del Decreto 2685 de 1999, la
copia del acto administrativo debía entregarse en la dirección informada cuando
esta fuera diferente a la que aparecía en la declaración de importación. Indicó que
la dirección informada fue: Edificio Pacific Trade Center oficina 601 A Calle 7 No. 3
A 11 Buenaventura, pero que la guía 1031952805 registró una dirección diferente y
que la correspondencia fue recibida por el señor Martín Vargas, quien no hacía parte
del personal vinculado a CI Ciles S.A., a la agencia de aduanas Sucomex S.A. ni a
la administración del Edificio Pacific Trade Center, por lo que la entidad incurrió en
una indebida notificación.

1.4.6. Configuración del silencio administrativo positivo

33. Adujo que de conformidad con el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999 el
término para resolver el recurso de reconsideración era de 3 meses contados a
partir de la fecha de su radicación, por lo que la entidad contaba hasta el 29 de julio
de 2010 para resolver y notificar el acto administrativo.

34. Indicó que dicha situación no se configuró, toda vez que la notificación por
correo no llegó a la dirección informada y fue entregada a persona distinta, con lo
que se verificó la ocurrencia del silencio administrativo positivo en los términos del
artículo 519 del mismo Decreto.

1.4.7. Violación del principio de la doble instancia

35. Alegó que los actos administrativos demandados fueron expedidos por la
misma funcionaria de la entidad que resolvió la resolución de decomiso, el derecho
de petición sobre el silencio administrativo y el recurso de reconsideración, por lo
que solicitó su anulación con la finalidad de que fueran estudiados por un equipo
diferente al que ya se había formado un concepto sobre el asunto.
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1.4.8. Falsa motivación

36. Adujo que los actos administrativos demandados se encontraban viciados de
falsa motivación por las siguientes razones: se fundamentaron en la Resolución 362
de 1992, derogada tácitamente por la Resolución 388 de 2009; la información sobre
las fechas de notificación de las actas de aprehensión era falsa, pues fueron 3 actas
cuya última fecha visible de notificación fue el 16 de febrero de 2010; era falso que
el elemento referencia fuera fundamental en la descripción de la mercancía, puesto
que este tipo de producto no se tipificaba ni individualizaba por ese elemento, dado
que dicha referencia no aparecía en los empaques individuales de cada pieza y era
falso que la notificación del recurso de reconsideración se hubiera efectuado de
forma oportuna.

1.4.9. Desviación de poder

37. Refirió que la entidad pretendió imponer la más gravosa de las sanciones a
un importador que actuó de buena fe, cumplió todos los trámites legales para
realizar su importación e incurrió en un error en la referencia atribuible a su
proveedor, quien había cambiado recientemente la referencia de su producto pero
incluyó el número anterior en los documentos de venta por ser el vigente al momento
de la negociación.

38. Indicó que la actuación administrativa no estuvo dirigida al cumplimiento de
las funciones de la entidad sino a evitar cualquier posibilidad de defensa del
administrado.

1.4.10. Violación del principio de buena fe

39. Adujo que las actuaciones acusadas evidenciaron el desconocimiento del
principio de buena fe que debía presumirse por disposición constitucional en todas
las actuaciones que el particular adelantara ante las autoridades, pues el importador
cumplió todos los requisitos legales para realizar la importación, pagó los tributos
aduaneros correspondientes y el error en la referencia fue atribuible al proveedor
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General Protech Group Inc., sin que en ningún momento se hubiera buscado
introducir mercancías sin el cumplimiento de las exigencias legales.

40. Destacó además que la carta del proveedor en la que se explicaba el cambio
de referencia había sido debidamente traducida por traductor oficial.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

41. La DIAN6 contestó la acción y se opuso a la totalidad de las pretensiones, al
considerar que no le asistía derecho al demandante y que las actuaciones surtidas
por la entidad se ajustaron a la situación fáctica y a la normatividad aduanera
aplicable al caso.

42. Frente al cargo de violación del debido proceso y del derecho de defensa,
precisó que la notificación del acta de aprehensión se surtió dentro de los términos
legales y que el acto fue debidamente notificado al declarante autorizado Sucomex
S.A., quien actuaba en calidad de representante del importador CI Ciles S.A.

43. En cuanto a las irregularidades en las actas de aprehensión, reconoció la
existencia de múltiples versiones pero adujo que la situación fue superada con la
expedición de la versión definitiva, que contenía los valores correctos y que todas
fueron objeto de notificación personal sin que se consignara observación alguna por
parte del notificado.

44. Frente a la aplicación del artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999,
afirmó que la causal de aprehensión se configuró válidamente, dado que en la
inspección física se constató que los tomacorrientes portaban la referencia DG20-
WW, distinta a la referencia DG25-WW consignada en la declaración de
importación, lo que constituía un error en la descripción de la mercancía que daba
lugar a la aprehensión y posterior decomiso.

6 Folios 222 a 231 del Cuaderno del Tribunal.

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45. Sobre la Resolución 388 de 2009, planteó que la exigencia de descripción
precisa e inequívoca de la mercancía se derivaba del propio Decreto 2685 de 1999,
con independencia de si la mercancía estaba o no sujeta a descripciones mínimas
especiales y que en el presente caso la referencia constituía un elemento
indispensable para la individualización de los tomacorrientes importados.

46. En relación con la notificación de la Resolución 2348 de 2010, afirmó que la
guía de Servientrega número 1031952805 acreditaba que la correspondencia había
sido remitida a la dirección correcta indicada por el recurrente, esto es, oficina 601A,
calle 7 No. 3A-11, Edificio Pacific Trade Center, ciudad de Buenaventura,
cumpliendo así con las exigencias legales de notificación. Destacó que en la casilla
de destinatario de la guía aparecía el nombre del representante legal de la empresa,
Víctor Jaime Suárez.

47. Sobre el silencio administrativo positivo, precisó que no operó por cuanto la
resolución fue expedida y notificada dentro del término legal de 3 meses previsto en
el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999, remitiendo para el efecto a los argumentos
expuestos en la Resolución No. 2839 del 20 de septiembre de 2010.

48. Respecto al cargo de doble instancia, precisó que las decisiones adoptadas
en cada etapa del proceso fueron proferidas por funcionarios competentes con las
facultades legales para actuar, en estricta observancia del principio de legalidad,
por lo que desestimó que se hubiera configurado violación alguna a dicha garantía.

49. Frente a los cargos de falsa motivación, desviación de poder y violación de
la buena fe, los negó en su totalidad. Sobre este último, se limitó a citar apartes
doctrinales y jurisprudenciales relativos al concepto de buena fe, sin desarrollar
argumentos adicionales frente a los hechos del caso.

III. SENTENCIA APELADA

50. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina en descongestión, mediante Sentencia 056 del 28 de junio de
2024, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:
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«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No habrá lugar a condena en costas.

TERCERO: Por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, a través de los canales digitales pertinentes,
dejando las anotaciones correspondientes en los archivos digitales de esta
Corporación.»7

51. Para arribar a esa decisión, encontró acreditado que la Resolución 135-201-
236-601 2348 del 28 de julio de 20108, por medio de la cual se resolvió el recurso
de reconsideración, fue expedida dentro de la oportunidad legal y notificada en la
dirección informada por el recurrente, circunstancia que impedía la configuración
del silencio administrativo positivo alegada por la parte demandante. En cuanto a la
circunstancia de que la correspondencia hubiera sido recibida por el señor Martín
Vargas persona sin vínculo laboral con la empresa, estimó que tal hecho no era
imputable a la entidad, cuya obligación se limitaba a verificar que la correspondencia
fuera entregada en la dirección indicada.

52. Frente a las irregularidades en las actas de aprehensión, reconoció la
existencia de 3 versiones, pero estimó que las correcciones realizadas fueron
válidamente notificadas de forma personal, sin que obrara en el expediente prueba
que acreditara vulneración alguna al derecho de defensa. Precisó que el acta de
aprehensión constituye un acto de trámite susceptible de corrección, siempre que
el administrado cuente con la posibilidad de ejercer su defensa antes de la
expedición del acto definitivo que define la situación jurídica de la mercancía.

53. Sobre el cargo de doble instancia, lo desestimó al verificar que la Resolución
de decomiso y la que resolvió el recurso de reconsideración fueron suscritas por
funcionarios distintos y que el trámite del derecho de petición sobre el silencio
administrativo correspondía a una actuación diferente resuelta mediante recurso de

7 Índice 00059 del expediente del tribunal, SAMAI. Archivo: 36Recepcion
exped_25_Sentenciapdf(.pdf).
8 El acto administrativo fue identificado por la parte demandante como Resolución 2348 del 28 de

julio de 2010, número que corresponde al sello seco impreso en el documento. El radicado completo
conforme al sistema interno de la DIAN es Resolución No. 135-201-236-601 2348. En esta
providencia se empleará el número abreviado.
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reposición de naturaleza horizontal, respecto del cual no era viable invocar dicho
principio.

54. Reconoció que los tomacorrientes no estaban sujetos a descripciones
mínimas especiales conforme a la Resolución 388 de 2009, pero consideró que aun
así la mercancía debía estar plenamente individualizada para garantizar que la
importada correspondiera a la declarada y evitar el ingreso irregular de mercancía
al país. Concluyó que la referencia constituía en este caso un elemento
indispensable para la individualización del producto, dado que el importador la había
consignado en su declaración y era necesaria incluso para realizar el pedido y la
compra de la mercancía.

55. Descartó el valor probatorio del dictamen pericial aportado en sede judicial
por el ingeniero electricista Dolcey Casas Rodríguez por dos razones: en primer
lugar, porque el perito se apoyó en documentos extendidos en idioma extranjero sin
traducción oficial efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o intérprete
oficial, conforme lo exigido por el artículo 251 del CGP y, en segundo lugar, porque
el dictamen careció de suficiente fundamentación técnica que permitiera llevar al
Juez a la certeza sobre la equivalencia entre las referencias DG25-WW y DG20-
WW.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

56. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia con base en los
argumentos que enseguida se exponen9.

57. Planteó que el problema jurídico que debió resolver el Tribunal era el
siguiente: si la mercancía amparada en la declaración de importación con
aceptación 3520100000166487-5 del 1 de febrero de 2010 estaba correctamente
declarada al tenor de lo establecido en la Resolución 388 de 2009 del Ministerio de

9 Índice 00064 del expediente del Tribunal, SAMAI. Archivo: 38_MemorialWeb_Recurso-
Recursodeapelacion(.pdf).
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Comercio; si la Resolución No. 1147 del 6 de abril de 2010 y la Resolución No. 2348
del 28 de julio de 2010 se encontraban falsamente motivadas y si el Oficio No. 135-
201-236-424 del 12 de agosto de 2010 y la Resolución No. 2839 del 20 de
septiembre de 2010 violaron el debido proceso y el derecho de defensa.

58. Afirmó que la respuesta a cada uno de esos interrogantes era afirmativa, por
cuanto los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa
motivación, en clara violación del debido proceso y del derecho de defensa y con
una interpretación extensiva de la Resolución 388 de 2009.

59. En cuanto al fallo recurrido, alegó que el Tribunal incurrió en una errada
interpretación de la norma y en falta de valoración de las pruebas aportadas al
proceso. Destacó que el propio Tribunal reconoció que la mercancía no estaba
sometida a descripciones mínimas conforme a la Resolución 388 de 2009, pero que
a continuación realizó una interpretación extensiva al exigir que la referencia fuera
el elemento individualizador de la mercancía, cuando tal exigencia no existía en el
ordenamiento legal.

60. Cuestionó que el Tribunal hubiera impuesto la referencia como elemento
esencial de individualización de la mercancía cuando tal obligación carecía de
respaldo en el ordenamiento jurídico, precisando que el juez no contaba con
facultades para ampliar o modificar lo previsto en una norma taxativa como la
Resolución 388 de 2009 y que en el presente caso no existía vacío normativo alguno
que habilitara al fallador para crear obligaciones adicionales a las allí contempladas.

61. Alegó que el fallo desconocía el principio de congruencia, por cuanto el
Tribunal reconoció que la mercancía se encontraba correctamente descrita
conforme a la Resolución 388 de 2009 pero falló como si no lo estuviera, incurriendo
en una contradicción interna. Precisó que la descripción de la mercancía en la
declaración de importación cumplía con las normas que regulaban la materia y que
mal haría el juez en fallar con una conclusión diferente.

62. Adujo que el peritaje realizado por el ingeniero electricista Dolcey Casas
Rodríguez demostraba que la mercancía objeto de decomiso se encontraba
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correctamente descrita al tenor de la normatividad vigente y que la causal de
aprehensión había sido aplicada de manera indebida sin tener en cuenta la
naturaleza del producto ni los elementos exigidos por la Resolución 388 de 2009.
Agregó que dicho peritaje cumplía con lo ordenado en la norma, pues se
fundamentó en el análisis de documentos aportados dentro del proceso con validez
probatoria.

63. Reiteró que la DIAN impidió un correcto ejercicio del derecho de defensa al
ocultar información sobre las diferentes actas de aprehensión notificadas, al realizar
una indebida notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
y al confirmar el rechazo al silencio administrativo positivo.

64. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia apelada y en su
lugar, acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

65. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante auto del 9 de
septiembre de 202410, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

66. En providencia del 6 de septiembre de 202411 el Despacho Sustanciador del
Consejo de Estado admitió el recurso de alzada.

67. Mediante auto del 25 de febrero de 202612, el Despacho Sustanciador corrió
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera concepto.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

10 Índice 00071 del expediente del Tribunal, SAMAI.
11 Índice 00006 del expediente digital, SAMAI.
12 Índice 00011 del expediente digital, SAMAI.

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68. La DIAN, actuando mediante apoderada judicial, presentó alegatos de
conclusión dentro de la oportunidad legal13.

69. Afirmó que en la presente instancia no fueron solicitadas ni decretadas
pruebas adicionales, razón por la cual sus alegatos se sustentaron exclusivamente
en el acervo probatorio incorporado y practicado en la primera instancia, el cual fue
debidamente valorado por el Tribunal al momento de proferir la sentencia recurrida.

70. Concentró su intervención en dos aspectos. De una parte, adujo la
improcedencia del silencio administrativo positivo alegado por la demandante, al
encontrarse acreditado que la Resolución 2348 del 28 de julio de 2010 fue remitida
oportunamente a la dirección indicada por el propio administrado mediante el
operador postal Servientrega, empresa habilitada para la prestación de servicios
postales conforme a la Ley 1369 de 2009.

71. Invocó jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según la
cual la validez de la notificación por correo no depende de que la comunicación sea
entregada directamente al destinatario, sino de que exista constancia de su entrega
en la dirección suministrada por el administrado, siendo usual que en el tráfico
ordinario del servicio de correos los envíos sean recibidos por las personas
encargadas de porterías o recepciones de edificios.

72. De otra parte, planteó la imposibilidad de establecer que la mercancía
encontrada durante la inspección estuviera amparada por la declaración de
importación. Precisó que la discrepancia entre la referencia DG25-WW declarada y
la referencia DG20-WW encontrada físicamente constituía un elemento relevante
para la identificación de la mercancía, dado que el artículo 2 de la Resolución 388
de 2009 exigía una descripción clara, precisa e inequívoca aun para las mercancías
no sujetas a descripciones mínimas especiales.

73. Destacó que la coexistencia en el mercado de ambas referencias como
productos diferenciados impedía asumir su equivalencia y que el material probatorio

13 Índice 00015 del expediente digital, SAMAI.

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obrante en el expediente no permitió establecer con el grado de certeza requerido
que la mercancía encontrada correspondiera a la declarada. Solicitó confirmar la
sentencia apelada e imponer condena en costas a cargo de la parte demandante.

74. La parte demandante guardó silencio dentro del término de traslado.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

75. El Ministerio Público no presentó escrito de intervención.

VIII. CONSIDERACIONES

76. De acuerdo con el 328 del Código General del Proceso14 (en adelante CGP),
aplicable por remisión del artículo 267 del CCA y en los términos del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, la Sala procederá a resolver la
controversia.

8.1. Competencia

77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201915, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

78. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

14 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
15 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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8.2. Cuestión previa

79. Antes de formular el problema jurídico, la Sala advierte que la recurrente
alegó en el recurso de apelación que la DIAN ocultó información sobre las diferentes
actas de aprehensión notificadas. Al respecto, la Sala advierte que dicho
planteamiento no fue formulado como cargo en la demanda.

80. En ese orden, es menester resolver si es procedente que en el recurso de
alzada interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, se agreguen
cargos que no fueron planteados en la demanda.

81. Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 137 y 208 del CCA16, la oportunidad que tiene el extremo activo de la
litis para exponer los puntos de hecho y de derecho que considera pertinentes para
atacar la validez del(os) acto(s) que se cuestiona(n) ante el Juez de lo Contencioso
Administrativo es en la demanda o en su reforma.

82. Siendo ello así, y habida cuenta de que los cargos a que se ha hecho
referencia no fueron formulados en el momento procesal oportuno, esto es, en el
libelo introductorio ni se presentó reforma a ese escrito, no puede la Sala abordarlos,
so pena de desconocer el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa

16 «Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa
deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se demanda.
3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia»
(Subrayas de la Sala).
«Artículo 208. Aclaración o corrección de la demanda. Hasta el último día de fijación en lista
podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en
el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez.
Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el
resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá
directamente con éste.» (Subrayas de la Sala).
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de que es titular la parte demandada al no haber tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre ellos en primera instancia.

83. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda), lo expuesto en la
contestación y el decisum, de modo que exista una total correspondencia; veamos:

«Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del
derecho procesal civil, en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede
reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra
petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o
negativamente, los límites de su potestad” 17 . En últimas, representa “un
principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente
relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida
coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones y la
decisión”18.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio
de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo
resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí
donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la
parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la
congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo
reclamado por las partes. En materia de contencioso de anulación de actos
administrativos, dado el carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades
que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de los cargos de
invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su fundamento normativo
(artículo 162.4 del CPACA), ello implica que el juez no puede fallar lo pedido
desbordando los cargos formulados por la parte actora» 19 . (Subrayas de la
Sala).

84. Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:

17 Sentencia T-450 de 2001.
18 Sentencia T-592 de 2000.
19 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-

41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
23

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Número de radicación: 76001 23 31 000 2011 00093 01
Demandante: CI Constructora de Iluminación y Eléctricos S.A.

«En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se
imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación
hechos, cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la
demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el
estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa de la contraparte en el
proceso”»20 (Subrayas de la Sala).

85. De modo que no tienen vocación de prosperidad los puntos esgrimidos en el
recurso de apelación pero no planteados en el libelo introductorio.

8.3. De la indebida aplicación del artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de
1999 y de la interpretación extensiva de la Resolución 388 de 2009 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

86. Le corresponde a la Sala establecer si son nulos por infracción de norma
superior los actos por medio de los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía
importada por la sociedad demandante y se resolvió el recurso de reconsideración,
si a juicio de la demandante los productos importados eran tomacorrientes y no
existía norma alguna que indicara cuáles eran los ítems a describir en la declaración
de importación cuando quiera que se pretendiera ingresar esa mercancía al territorio
nacional.

87. Para resolver este cargo, la Sala estima necesario referirse al marco
normativo que regula la obligación aduanera en materia de importación y las
causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

88. El artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 establece que la obligación aduanera
nace por la introducción de mercancía de procedencia extranjera al territorio
aduanero nacional y comprende entre otras obligaciones, la presentación de la

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de

octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
24

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declaración de importación con información veraz, precisa y completa sobre la
mercancía que se importa:

«Artículo 87. Obligación aduanera en la importación. La obligación
aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera
al territorio aduanero nacional.

La obligación aduanera comprende la presentación de la Declaración de
Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya
lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que
soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades
aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general,
cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas
correspondientes.»

89. A su turno, el artículo 118 del mismo estatuto dispone que el obligado a
declarar es el importador, entendido como quien realiza la operación de importación
o aquella persona por cuya cuenta se realiza, recayendo en su cabeza la
responsabilidad por el contenido de la declaración:

«Artículo 118. Obligado a declarar. El obligado a declarar es el importador,
entendido éste como quien realiza la operación de importación o aquella
persona por cuya cuenta se realiza.

Cuando el documento de transporte llegue consignado a nombre de un
Consorcio o Unión Temporal constituido para celebrar contratos con las
entidades estatales en desarrollo de la Ley 80 de 1993, los obligados a declarar
serán las personas jurídicas y/o naturales que lo conforman, quienes podrán
hacerlo a través del Administrador designado por el Consorcio o la Unión
Temporal para representarlas.»

90. El artículo 502 numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el
artículo 6 del Decreto 1161 de 2002, establece como causal de aprehensión y
decomiso de mercancías la siguiente:

«Artículo 502. Causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Dará
lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera
de los siguientes eventos:

1. En el Régimen de Importación:
[…]
1.6 Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Planilla de Envío,
Factura de Nacionalización o Declaración de Importación, o no corresponda con
la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en
la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su
descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista
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en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo
del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la
aprehensión» (Subrayas de la Sala).

91. Por su parte, el artículo 232-1 del mismo estatuto señala:

«Artículo 232-1. Mercancía no declarada a la autoridad aduanera. Se
entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera
cuando:

a) No se encuentre amparada por una Declaración de Importación;

b) No corresponda con la descripción declarada;

c) En la Declaración de Importación se haya incurrido en errores u omisiones
en la descripción de la mercancía, o

d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la Declaración de
Importación.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 128 21 del
presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los eventos
señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las
mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la
declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías
encontradas en exceso.

Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo, cuando
habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía
en la Declaración de Importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con
fundamento en el análisis integral de la información consignada en la
Declaración de Importación y en los documentos soporte de la misma, que la
mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones
no conlleven que la Declaración de Importación pueda amparar mercancías
diferentes, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar los errores u
omisiones a través de la presentación de una Declaración de Legalización sin
el pago de rescate» (Subrayas de la Sala).

21 Artículo 128. Autorización de levante. La autorización de levante procede cuando ocurra uno
de los siguientes eventos:
[…]
4. Cuando practicada inspección aduanera física, se detecten errores o se adviertan omisiones
parciales en la serie o número que identifican la mercancía, y el declarante, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la práctica de dicha diligencia, presenta Declaración de Legalización que los
subsane, sin sanción.
[…]
7. Cuando practicada inspección aduanera física se detecten errores u omisiones en la descripción,
diferentes de los señalados en el numeral 4 del presente artículo, o por descripción incompleta de la
mercancía que impida su individualización y el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a
la práctica de dicha diligencia, presenta Declaración de Legalización que los subsane, cancelando
una sanción del tres por ciento (3%) del valor en aduana de la mercancía por concepto de rescate.
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92. De la lectura de la disposición transcrita, encontramos que se entenderá que
la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando en la declaración
de importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la
mercancía. No obstante, la misma disposición prevé una excepción: cuando la
autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la
información consignada en la declaración de importación y en los documentos
soporte, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada y los errores u
omisiones no conlleven que la declaración pueda amparar mercancías diferentes,
no habrá lugar a su aprehensión.

93. Ahora bien, la Resolución 388 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo señala en su artículo 1 las mercancías que están sujetas a descripciones
mínimas especiales para su importación.

94. Definido así el marco regulatorio, lo que advierte esta colegiatura es que la
subpartida arancelaria 8536690000, correspondiente a los tomacorrientes
importados por CI Ciles S.A., no se encuentra incluida en el listado del citado artículo
1. Sin embargo, el artículo 2 22 de la misma resolución dispone que para las
mercancías respecto de las cuales no se indique descripción mínima, se requerirá
para su importación identificarlas de tal manera que la descripción sea clara, precisa
e inequívoca, señalando los elementos que las caracterizan tales como nombre
comercial, nombre técnico o científico, marca, modelo, tamaño, materiales de
construcción y demás características técnicas y el uso.

95. De lo anterior se desprende que la ausencia de descripción mínima especial
para los tomacorrientes en la Resolución 388 de 2009 no exonera al importador de
su obligación de identificar la mercancía de manera clara, precisa e inequívoca.
Dicha carga emana del propio Decreto 2685 de 1999 y se complementa con lo

22 Artículo 2. Para las mercancías respecto de las cuales no se indique descripción mínima en el

artículo anterior, se requerirá para su importación, identificarlas, de tal manera que esta descripción
sea clara, precisa e inequívoca, señalando los elementos que la caracterizan tales como: nombre
comercial, nombre técnico o científico, marca, modelo, tamaño, materiales de construcción y demás
características técnicas y el uso. Dichos elementos podrán incluirse en la medida en que sean
necesarios, o en su defecto, el importador deberá señalar aquellas especificaciones que permitan
identificar plenamente la mercancía de acuerdo con la naturaleza del mismo.
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dispuesto en el artículo 2 de la citada resolución, de manera que no puede
interpretarse que la falta de descripción mínima especial equivalga a ausencia de
obligación de descripción adecuada.

96. Sobre el tema que nos ocupa, esta Sección se ha pronunciado en los
siguientes términos:

«En lo atinente a la obligación de describir las mercancías en el régimen de
importación esta Sala ha sostenido que:

“[...] el cumplimiento de este requisito depende del tipo de mercancía que se
analice, pues hay ciertos productos respecto de los cuales determinados
aspectos resultan irrelevantes y otros en los que la indicación de dicha
información en la declaración de importación resulta totalmente imprescindible.

Así, una mercancía se entiende como declarada cuando a partir de la
descripción consignada en los documentos que la respaldan ésta se puede
individualizar de forma clara y de acuerdo con los elementos relevantes de su
naturaleza, por lo que en cada caso deberá determinarse si a partir de los datos
que se aportan es posible su particularización e identificación23 [...]”24

107. De acuerdo con la jurisprudencia citada supra, se confirma que la
mercancía objeto de aprehensión y decomiso no se encontraba amparada en
las declaraciones de importación aportadas por la apelante, en la medida que
su descripción no es suficiente para individualizarla de forma clara y según los
elementos relevantes de su naturaleza […]»25

97. Conforme a lo expuesto, la Sala evidencia que el fundamento del cargo
planteado por la accionante carece de asidero, por cuanto que, muy a pesar de que
no se halle una orden de descripción en la Resolución 388, lo cierto es que el deber
de describir las mercancías a fin de identificar su correspondencia con las
efectivamente ingresadas al territorio nacional deviene del Estatuto Aduanero
(Decreto Ley 2685 de 1999) y del propio artículo 2 de la mencionada resolución.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 22 de

octubre de 2020, radicado: 76001-23-31-000-2012-00656-01, Consejero Ponente: Hernando
Sánchez Sánchez.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 26 de

septiembre de 2020, radicado: 13001-23-33-000-2014-00147-01, Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 10 de

abril de 2025. Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, Radicación núm.:
25000-23-41-000-2014-00458-01.
28

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98. Definido lo anterior, corresponde a la Sala dilucidar si son nulos por violación
de norma superior, los actos que decomisaron una mercancía y resolvieron el
recurso de reconsideración si estima la demandante que del peritaje practicado en
sede judicial se desprende que la mercancía se encontraba debidamente descrita.

99. Se encuentra acreditado en el expediente y no es objeto de controversia
entre las partes que en la declaración de importación 3520100000166487-5 del 1
de febrero de 2010 se consignó la referencia DG25-WW, mientras que durante la
diligencia de inspección física la autoridad aduanera encontró tomacorrientes con
referencia DG20-WW. Esta discrepancia entre la referencia declarada y la
encontrada físicamente fue lo que dio origen a la aprehensión y posterior decomiso
de la mercancía.

100. Ahora bien, el peritaje realizado por el ingeniero electricista Dolcey Casas
Rodríguez, construyó sus conclusiones sobre la carta de confirmación del proveedor
General Protech Group Inc. y el certificado de cumplimiento No. E231858,
documentos que como pasa a explicarse, carecían de valor probatorio en los
términos de la ley procesal.

101. La Sala parte de lo dispuesto en el artículo 251 del CGP:

«Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el
extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del
castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso
con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los
dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados
directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la
traducción, el juez designará un traductor.»

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este
o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo
establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el
evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento
internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente
autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia
en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul
o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará
previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul
colombiano.

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Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán
otorgados conforme a la ley del respectivo país.»

102. Al respecto, esta Corporación ha precisado que la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respectiva
traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada,
sino como el debido cumplimiento de un mandato legal. En efecto, en sentencia del
19 de marzo de 2026, esta Sección señaló:

«[…] Vistas las normas procesales en comento, para la Sala es claro que el
documento que se encuentra en idioma extranjero debió aportarse con su
respectiva traducción oficial al idioma castellano para que pudiese ser valorado
como prueba en la actuación administrativa adelantada por la DIAN.

En oportunidades anteriores, esta Sala ha dilucidado en relación con el alcance
y la finalidad de las exigencias que presentan las normas procesales para la
valoración de los documentos que han sido otorgados en idioma extranjero, en
el siguiente sentido:

Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los
documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la
respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal,
conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 de noviembre de
2020, al sostener: La Sala considera que no le asiste la razón a la parte
demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la
no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que
carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos
8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que
contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia
desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal26.

En consideración a lo anterior, la Sala encuentra que el documento denominado
Purchase Invoice SET 12897 del 23 de agosto de 2010 es un borrador que no
coincide con los documentos que acreditan la exportación de oro al cliente
Republic Metals Corporation y que además no podía ser valorado por la DIAN
como prueba ante la ausencia de la traducción oficial que exige el artículo 260
del CPC para su apreciación, el cual resulta extensivo a las actuaciones
administrativas por expresa remisión del Decreto 2245 de 2011 y del CPACA
[…]»27 (Cursivas del texto original).

103. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la carta de confirmación
del proveedor General Protech Group Inc. y el certificado de cumplimiento No.

26 Consejo de Estado; Sección Primera, sentencia de 23 de septiembre de 2021, radicado

11001032400020120002900, Consejero Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de marzo de 2026, radicado: 05001 23 33

000 2013 00596 01, Consejero Ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro.
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E231858 obran en el expediente tanto en su versión original en idioma inglés como
en su traducción al español 28 . Sin embargo, dicha traducción fue aportada
directamente por la parte demandante con su escrito de demanda, sin que sea
posible establecer que fue elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o
por un intérprete oficial, conforme lo exige el artículo 251 ya citado. En esas
condiciones, ninguno de los dos documentos cuenta con el valor probatorio
necesario para acreditar la equivalencia entre las referencias alegada por la
recurrente.

104. Un dictamen pericial que se fundamenta en documentos carentes de valor
probatorio en los términos de la ley procesal no puede adquirir por esa vía la certeza
que el Juez requiere, con independencia de la metodología técnica empleada por el
perito.

105. Entonces, al no contar con prueba idónea que acredite la equivalencia entre
las referencias DG25-WW y DG20-WW, no es posible concluir que la mercancía se
encontraba debidamente descrita ni que la causal de aprehensión no se configuró.

106. En consecuencia, este cargo no está llamado a prosperar.

8.4. Del cargo de indebida notificación del acto administrativo que resolvió el
recurso de reconsideración

107. Corresponde a la Sala determinar si son nulos por violación del derecho de
defensa y del debido proceso los actos que decomisaron una mercancía y
resolvieron sobre el recurso de reconsideración, si según la demandante la
notificación no se surtió en la dirección informada y fue recibida por una persona sin
vínculo alguno con la sociedad demandante.

108. Para resolver tal interrogante la Sala se remite a lo dispuesto en el artículo
562 del Decreto 2685 de 1999, vigente para la época de los hechos, que establece

28 Carta de confirmación visible a folios 53 (inglés) y 54 (español), Certificado de cumplimiento en

folios 55 (Inglés) y 56 (español), del Cuaderno del Tribunal,
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que la notificación de los actos administrativos debe efectuarse en la dirección
informada por el declarante en la declaración de importación o a la dirección
procesal cuando el responsable haya señalado expresamente una dirección
diferente.

«Artículo 562. Dirección para notificaciones. La notificación de los actos de
la Administración Aduanera deberá efectuarse a la dirección informada por el
declarante en la Declaración de Importación, Exportación o Tránsito o a la
dirección procesal, cuando el responsable haya señalado expresamente una
dirección, dentro del proceso que se adelante para que se notifiquen los actos
correspondientes, en cuyo caso la Administración deberá hacerlo a dicha
dirección.

Cuando no exista Declaración ni dirección procesal, el acto administrativo se
podrá notificar a la dirección que se establezca mediante la utilización de los
registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, guías telefónicas,
directorios especiales y en general, la información oficial, comercial o bancaria.
Cuando no sea posible establecer la dirección del responsable por ninguno de
los medios señalados anteriormente, los actos administrativos se deberán
notificar mediante la publicación en un diario de amplia circulación».

109. Está acreditado que la sociedad demandante señaló como dirección para
notificaciones la correspondiente al Edificio Pacific Trade Center, oficina 601A, calle
7 No. 3A-11, ciudad de Buenaventura. Igualmente, obra en el expediente la guía de
Servientrega 1031952805, según la cual la Resolución 2348 del 28 de julio de 2010
fue remitida a esa misma dirección y entregada el 29 de julio de 2010 a una persona
de nombre Martín Vargas, identificada con cédula de ciudadanía No. 16.509.433,
esto es, dentro del término legal de 3 meses, previsto en el artículo 515 del Decreto
2685 de 199929. Este hecho se acredita plenamente con la prueba de entrega que
reposa en la Resolución 2839 del 20 de septiembre de 2010:

29 Artículo 515. Recurso de Reconsideración. Contra el acto administrativo que decida de fondo

procede el Recurso de Reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los quince (15) días
siguientes a su notificación. El término para resolver el Recurso de Reconsideración será de tres (3)
meses contados a partir de la fecha de su interposición.
Parágrafo. El término para resolver el Recurso de Reconsideración se suspenderá por el término
que dure el período probatorio cuando a ello hubiere lugar.
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30

110. Frente al argumento de que la correspondencia fue recibida por el señor
Martín Vargas, persona sin vínculo con la empresa, la Sala comparte la postura del
Tribunal de primera instancia y de la DIAN en sus alegatos de conclusión: la
obligación de la entidad se limita a remitir la notificación a la dirección indicada por
el administrado mediante un operador postal autorizado, sin que le sea exigible
verificar la identidad o el vínculo laboral de la persona que recibe la correspondencia
en dicha dirección.

111. Adicionalmente, la Sala advierte que la propia parte demandante solicitó en
el decreto de pruebas el testimonio del señor Martín Vargas, con el propósito de
acreditar que dicha persona no tenía vínculo laboral con CI Ciles S.A., con la
agencia de aduanas Sucomex S.A. ni con la administración del Edificio Pacific Trade
Center. Sin embargo, en la audiencia de pruebas celebrada el 31 de enero de 2017
ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, el señor
Martín Vargas no se hizo presente, sin que la parte demandante insistiera en su
práctica.

112. En esas condiciones, la demandante no cumplió con la carga probatoria que
le correspondía, para acreditar la irregularidad de la notificación que alegaba.

30 Folio 141 del Cuaderno del Tribunal.

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113. En consecuencia, la Sala concluye que la notificación de la Resolución 2348
del 28 de julio de 2010 se surtió válidamente, al haber sido remitida dentro del
término legal a la dirección indicada por el propio administrado mediante un
operador postal autorizado. Este cargo no está llamado a prosperar.

8.5. De la configuración del silencio administrativo positivo

114. A continuación, esta colegiatura determinará si son nulos los actos
administrativos por medio de los cuales se negó la declaratoria del silencio
administrativo positivo, si según la demandante se configuró frente al acto que
resolvió el recurso de reconsideración, dado que su notificación se produjo luego de
vencidos los 3 meses previstos para ese efecto.

115. Este cargo encuentra su sustento en el de indebida notificación analizado en
el acápite anterior y dado que se descartó que la Resolución 2348 se notificó
irregularmente, entonces este cargo tampoco tiene vocación de prosperar. ç.

8.6. De la falsa motivación

116. La Sala definirá si son nulos por falsa motivación, los actos administrativos
por medio de los cuales se ordenó el decomiso de una mercancía y se resolvió el
recurso de reconsideración, si según la demandante se fundamentaron en normas
derogadas, en una interpretación errónea de la normativa aplicable y en hechos que
no correspondían a la realidad de la operación de importación, concretamente en
cuanto a la notificación de la Resolución 2348 del 28 de julio de 2010.

117. De cara al asunto es de importancia traer a colación providencia de esta
Sección en la que se estudió el vicio de falsa motivación31:

«El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos,
a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la
indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde
el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno,

31 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del

29 de agosto de 2024 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00201 00.
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lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el acto
administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar
los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la
expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que
invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en
el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del
orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que
debe existir entre la parte motiva y la resolutiva, pues esta última debe ser la
consecuencia lógica de lo indicado en aquélla» (Subrayas del texto original).

118. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la recurrente enmarca
este cargo en tres reproches: que era falso que la referencia constituyera un
elemento esencial de individualización de la mercancía, que era falso que la
notificación de la Resolución 2348 se hubiera efectuado de forma oportuna y que
los actos se fundamentaron en la Resolución 362 de 1992, norma derogada para la
época de los hechos.

119. Frente a los dos primeros reproches, se advierte que ya fueron objeto de
análisis en los acápites anteriores de esta providencia. El primero fue resuelto en el
numeral 8.2. donde se estudió la aplicación del Decreto 2685 de 1999 y el segundo
en el numeral 8.4. al analizar el cargo de indebida notificación. En consecuencia, se
está a lo definido allí.

120. Queda por precisar si los actos administrativos se fundamentaron en la
Resolución 362 de 1992, norma derogada tácitamente por la Resolución 388 de
2009.

121. Al respecto, la Sala observa que aun cuando dicha resolución hubiera sido
efectivamente derogada por la Resolución 388 de 2009, ello no afecta la validez de
los actos demandados pues el fundamento jurídico determinante de la decisión de

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decomiso no fue la Resolución 362 de 1992 sino el numeral 1.6 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999, norma que se encontraba plenamente vigente para la época
de los hechos y cuya aplicación al caso concreto fue jurídicamente ajustada. La
referencia a una norma derogada en la motivación de un acto administrativo no
configura por sí sola la causal de falsa motivación cuando el fundamento jurídico
determinante de la decisión es una norma vigente y aplicable.

122. Lo anterior encuentra sustento en pronunciamientos de esta Corporación. Se
destaca lo resuelto por la Sección Segunda32:

«El actor creyó que se configuraba por la circunstancia de que en la expedición
de los actos acusados se dijo que se actuaba en ejercicio de facultades legales
y en especial del artículo 24 del decreto 3130 de 1968, que como ya se vio no
es aplicable al orden territorial; pero haber invocado esa norma, no determina
que la motivación de aquellos sea falsa, dado que enunciar el fundamento
jurídico del acto no constituye su motivación, sino una simple formalidad, que
de ser equivocada no genera la nulidad del acto. Adviértase en los actos
acusados, que sus motivos fueron expuestos posteriormente a tal enunciado,
respectos de los cuales el actor no ha formulado acusación alguna de ser
falsos».

123. Así como por la Sección Cuarta, que determinó33:

«De otra parte la decisión de fijar las tarifas permanecería inmodificable, por
cuanto la norma citada en el acuerdo demandado, para el desarrollo de las
facultades normativas ejercidas por el concejo, esto es, el artículo 313 de la
Constitución Política, sobre la competencia de los concejos municipales para
“votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos”.

El artículo 338 superior establece que estos órganos de representación popular,
en tiempos de paz, podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, y
“fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables y las tarifas de los impuestos”; así mismo, que en materia de tasas
los acuerdos pueden permitir que la autoridades fijen la tarifa que cobren a los
contribuyentes, “como recuperación de los costos de los servicios que presten
o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema o método
para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto deben ser
fijados en la Ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

Como las anteriores disposiciones fueron invocadas en el acuerdo acusado,
permitían al concejo municipal su expedición.

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero ponente: Nicolas Pajaro Peñaranda, sentencia

del 10 de mayo de 2001, Radicación: 469-00.
33 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera ponente: Martha Teresa Briceño De Valencia,

sentencia del 15 de marzo de dos mil 2012, Radicación: 47001-23-31-000-2010-000-31-01(18757)
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Adicionalmente, el sustento normativo del acuerdo recae en las normas
constitucionales y legales vigentes al momento de la expedición del acto y las
que el Acuerdo especialmente mencionó, sin que pueda decirse, como lo afirmó
la parte demandante, que allí no se incorporó el artículo 168 de la Ley 769 de
2002. Ello porque la expresión “en uso de las facultades constitucionales y
legales”, es una invocación o incorporación al acto, de todas las normas
vigentes aplicables al momento de expedirse el acuerdo, sobre las cuales recae
el juicio de legalidad que se llegare a efectuar y que no se entienden ni
derogadas ni desconocidas por el hecho de no mencionarse expresamente,
pues como acto administrativo de carácter general es inferior en jerarquía a las
fuentes del derecho.

Establecido como se tiene que las tarifas fijadas recayeron sobre una tasa, su
determinación le correspondía al concejo municipal, según dispone el artículo
338 constitucional, y la mención al artículo 168 de la Ley 769 de 2002,
simplemente es un desarrollo de la norma superior, por lo que la falta de
incorporación expresa en el Acuerdo demandado no afecta su legalidad, pues
de haberse invocado dicha norma, la regulación contenida en el Acuerdo
hubiese sido la misma. En consecuencia se negará el cargo».

124. Por las razones expuestas, este cargo no está llamado a prosperar.

8.7. De la incongruencia del fallo de primera instancia

125. Finalmente se determinará si el fallo de primera instancia incurrió en
incongruencia interna, si en criterio de la demandante reconoció que la mercancía
no estaba sujeta a descripciones mínimas conforme a la Resolución 388 de 2009 y
simultáneamente concluyó que el error en la referencia configuraba la causal de
decomiso.

126. Del estudio del fallo de primera instancia, se traen los siguientes apartes que
se consideran relevantes para resolver sobre el cargo:

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127. Es claro que el Tribunal no concluyó que la mercancía estuviera
correctamente descrita ni que la Resolución 388 de 2009 fuera la única norma
aplicable. Por el contrario, en sus propias consideraciones el fallador citó y analizó
los artículos 502 numeral 1.6 y 232-1 del Decreto 2685 de 1999, a partir de los
cuales construyó la exigencia de descripción clara, precisa e inequívoca de la
mercancía, para luego concluir que la ausencia de descripciones mínimas
especiales en la Resolución 388 de 2009 no equivalía a ausencia de obligación de
descripción adecuada conforme al estatuto aduanero.

128. En esa medida, el a quo no incurrió en contradicción alguna. Sus dos
conclusiones son compatibles entre sí: de un lado, reconoció que la mercancía no
estaba sujeta a descripciones mínimas especiales conforme a la resolución
ministerial y del otro, concluyó que, no obstante lo anterior, debía estar plenamente
individualizada conforme al Decreto 2685 de 1999.

129. En esa medida, no se vislumbra la incongruencia enrostrada, pues reconocer
que la mercancía no estaba sujeta a descripciones mínimas especiales no equivale
a afirmar que podía declararse sin plena individualización.

130. Por lo señalado el cuestionamiento no tiene vocación de prosperidad.

34 Índice 00059 del expediente del tribunal, SAMAI. Archivo: 36Recepcion
exped_25_Sentenciapdf(.pdf), capturas de pantalla de los folios 35 y 36.

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8.8. Condena en costas

131. De conformidad con el artículo 171 del CCA, en consonancia con el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo
en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u
oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de
colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de
recursos con un interés meramente dilatorio”35.

132. En el caso concreto la parte demandante acudió al proceso sin abusar de su
derecho a acceder a la Administración de Justicia; por tanto, no hay lugar a imponer
condena en costas.

133. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.

Ricardo Hoyos Duque.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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